Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de mayo de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia externa; por cuanto, la autoridad fiscal demandada, en la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022, que ratificó la desestimación de la denuncia, con base en que la conducta denunciada era atípica, si bien reconoció los puntos de objeción; empero, al resolverlos asumió un criterio personal, lo que no se sujeta a los estándares constitucionales ni al bloque de constitucionalidad; por cuanto, explicó por qué el hecho atribuido a la Jueza de primera instancia era atípico y cuáles de los elementos constitutivos no estarían demostrados.
Ante ello, la autoridad demandada señala que: a) Los accionantes incurren en contradicción; por cuanto, no explican cómo la Resolución Jerárquica cuestionada, incurre en la lesión de los derechos invocados; y, b) La decisión de ratificar la desestimación de la denuncia, se basa en un análisis íntegro de la postulación de la Fiscal de Materia Analista, los fundamentos de los objetantes y los elementos de prueba que cursan en el cuaderno de investigación; por ende, es una Resolución Jerárquica debidamente motivada y fundamentada, debiendo tenerse presente que el derecho penal es de última ratio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 26 de enero, cursante de 64 a 67 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0889/2026-S2 Sucre, 5 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 53384-2023-107-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 08/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 64 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Quiroga Cruz y Felipe Javier Quiroga Cruz contra Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental de Oruro.
Por memoriales presentados el 17 y 18 de enero de 2023, cursantes a fs. 1 y 23 a 25; y, 28, los accionantes manifestaron lo siguiente:
Interpusieron denuncia penal contra Ana Adela Quispe Cuba, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro por la presunta comisión del delito de prevaricato; sin embargo, la misma fue desestimada por Requerimiento de Desestimación de 30 de marzo de 2022 por ser atípico; ante lo cual, el 18 de abril del mismo año plantearon objeción, cuestionando, por un lado, la vulneración al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, en virtud a que el citado requerimiento fiscal, no analizó si existieron o no los elementos del tipo penal de prevaricato, cuando debió establecer si hubo ausencia del “…aspecto de conocimiento o cognoscitivo…” (sic), por qué no existió el “aspecto conativo”; es decir, la desestimación se hubiera dado porque no se demostró que “…se falló manifiestamente contra la ley, lesionando el valor justicia?” (sic); y, por otro, el debido proceso en sus vertientes legalidad y seguridad jurídica.
La referida pretensión mereció la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022 de 7 de diciembre -por la que se ratificó la desestimación-, en la que Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental de Oruro -ahora demandado- no respondió a sus motivos de objeción, limitándose a la cita de jurisprudencia, expresando un criterio personal, lo que -a su entendimiento-constituía lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia externa.
Denunciaron la lesión de la garantía al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia externa, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se anule la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022, disponiéndose que la autoridad fiscal demandada resuelva la objeción al requerimiento de desestimación respetando sus derechos; es decir, revoque la referida decisión y ordene la remisión del caso ante el Fiscal de Materia pertinente para su respectiva investigación; y, b) Se condene a la parte demandada al pago daños, costas y costos.
Celebrada la audiencia pública el 26 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 63, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando señalaron que: sobre la supuesta contradicción en la que incurrieron en la acción de defensa, alegada por el Fiscal Departamental demandado en su informe; que, si bien dicha autoridad en la Resolución Jerárquica cuestionada, reconoció los puntos de objeción; empero, al resolverlos asumió un criterio personal, lo que no se sujetó a los estándares constitucionales ni al bloque de constitucionalidad; por cuanto, ni el Fiscal de Materia o la autoridad fiscal demandada explicaron por qué el hecho atribuido a la Jueza de instancia fue atípico y cuáles de los elementos constitutivos no estarían demostrados; entonces, la autoridad fiscal demandada ratificó la decisión del inferior sin hacer una “revisión exhaustiva” ni responder los puntos que hicieron conocer.
Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental de Oruro, por informe escrito cursante a fs. 35 y vta., sostuvo que: 1) El memorial de interposición, fue inconsistente y contradictorio; por cuanto, la parte accionante no señaló cómo y por qué la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022 incurrió en incongruencia omisiva y aditiva, o en indebida fundamentación y motivación, limitándose a expresar que no se respondió al memorial de objeción, lo que no condice con los fundamentos de la citada Resolución Jerárquica; 2) La mencionada Resolución Jerárquica, fue emitida realizando un análisis íntegro respecto a los fundamentos expuestos por la Fiscal de Materia Analista a través del Requerimiento de Desestimación, así como los fundamentos que fueron expuestos por los objetantes y los elementos cursantes en el cuaderno de investigación; ello, a efecto de emitir una decisión jerárquica debidamente motivada y fundamentada que concluyó en la no existencia de los elementos constitutivos del tipo penal atribuido, no habiendo sido posible su adecuación y concurrencia. En este marco, se estableció que era asimilable el principio de subsidiariedad, de última ratio y mínima intervención de la acción penal; y, 3) En consecuencia, no se generó ningún agravio a la parte accionante, ni se lesionaron sus derechos; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Ana Adela Quispe Cuba, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, no presentó escrito alguno ni acudió a la audiencia de garantías, pese su notificación cursante a fs. 33.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 08/2023 de 26 de enero, cursante de 64 a 67 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad fiscal demandada respondió al objeto principal de la impugnación de los accionantes en relación a la decisión de la Fiscal de Materia Analista -de desestimar la denuncia-; ello, en consideración al hecho delictivo denunciado relativo a que la Jueza de la causa civil de origen dispuso la nulidad de obrados en la referida demanda sin que corresponda a los presupuestos de ley; y, ii) La Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022 sí otorgó los fundamentos del porqué la conducta denunciada era atípica y, por consiguiente, no podría ser objeto de una investigación penal; es más, se refirió al derecho civil y a “otros argumentos”, por los cuales, la decisión de la Fiscal jerárquica optó por ratificar la desestimación de la denuncia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 72 a 74); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Requerimiento de Desestimación de 30 de marzo de 2022, Ximena Gladis Larama Rojas, Fiscal de Materia, desestimó la denuncia presentada por José Luis Quiroga Cruz y Felipe Javier Quiroga Cruz -ahora accionantes-, contra Ana Adela Quispe Cuba, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro -tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de prevaricato, previsto en el art. 173 del Código Penal (CP), conforme lo establecido en el art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en su componente “ATÍPICO” (fs. 6 a 11); decisión contra la cual los nombrados plantearon objeción, a través del memorial presentado el 18 de abril del mismo año, ante la referida autoridad del Ministerio Público (fs. 12 a 14). II.2. Mediante Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022 de 7 de diciembre, Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental de Oruro, -demandado- ratificó el Requerimiento de Desestimación descrito en la Conclusión precedente; consecuentemente, ordenó el archivo de obrados; ello, con base en el art. 305.IV del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, concordante con el art. 34.17 de la LOMP (fs. 15 a 19 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia externa; por cuanto, la autoridad fiscal demandada, en la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022, que ratificó la desestimación de la denuncia, con base en que la conducta denunciada era atípica, si bien reconoció los puntos de objeción; empero, al resolverlos asumió un criterio personal, lo que no se sujeta a los estándares constitucionales ni al bloque de constitucionalidad; por cuanto, explicó por qué el hecho atribuido a la Jueza de primera instancia era atípico y cuáles de los elementos constitutivos no estarían demostrados.
Ante ello, la autoridad demandada señala que: a) Los accionantes incurren en contradicción; por cuanto, no explican cómo la Resolución Jerárquica cuestionada, incurre en la lesión de los derechos invocados; y, b) La decisión de ratificar la desestimación de la denuncia, se basa en un análisis íntegro de la postulación de la Fiscal de Materia Analista, los fundamentos de los objetantes y los elementos de prueba que cursan en el cuaderno de investigación; por ende, es una Resolución Jerárquica debidamente motivada y fundamentada, debiendo tenerse presente que el derecho penal es de última ratio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a dicha temática, corresponde remitirnos inicialmente a lo establecido en los arts. 57 de la LOMP y 73 del CPP, que expresan de manera coincidente que, los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica, lo que alude a los elementos fundamentación y motivación como componentes de la garantía del debido proceso. Así, en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, se señaló que: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.
Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…". Respecto al delito de prevaricato, se tiene que, el art. 173 del CP establece que: “La Jueza o el Juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”. En este sentido, el prevaricato es un delito doloso que se produce: a) Cuando se descubre al juez cobrando, recibiendo favores, etc. por una decisión incluso la decisión sea correcta desde el punto de vista del derecho; y, b) Dicho dolo se presume cuando la decisión resuelve una causa de manera contraria a lo dispuesto por la norma. Sobre este último supuesto, se tiene que, la norma es manifiestamente controvertida cuando cualquier persona que habla el idioma del juzgador entendería que la norma está siendo contravenida pero no se cometerá dicho delito si existe doctrina, jurisprudencia y/o legislación contradictoria, en cuyo caso, el juez en su ámbito de competencia puede elegir el significado más adecuado a la resolución de una causa. Entonces, una debida fundamentación en una denuncia, resolución, etc. que verse sobre el delito de prevaricato, debe permitir identificar la regla legislativa y/o jurisprudencial no controvertida que la autoridad judicial habría ignorado o contravenido, pues de no existir ésta, la labor del Ministerio Público o de otra autoridad que juzga dicho, delito estaría usurpando competencias de la autoridad judicial que es juzgada, lo que afectaría a la independencia judicial y la separación de poderes.
Previamente a resolver la problemática identificada, resulta necesario aclarar que, José Luis Quiroga Cruz y Felipe Javier Quiroga Cruz -ahora accionantes- en su acción tutelar manifestaron que los puntos de objeción no fueron respondidos por Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental de Oruro -ahora demandado-, aludiendo a incongruencia externa; sin embargo, en la audiencia de garantías aclararon que, dicha autoridad reconoció los puntos de agravio contenidos en la objeción; empero, al resolverlos asumió un criterio personal no sujeto a los estándares constitucionales ni al bloque de constitucionalidad; por cuanto, la autoridad demandada, en similar sentido que la Fiscal de Materia Analista, no explicó por qué el hecho atribuido a la Jueza de primera instancia es atípico y cuáles de los elementos constitutivos no estarían demostrados, lo que hace a los elementos fundamentación y motivación, que debería contener la decisión fiscal cuestionada; por lo que, el presente análisis se circunscribirá a ese contexto de lesividad; en consecuencia, respecto al elemento congruencia externa, se debe denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la cuestión. Ahora bien, en el caso concreto la parte accionante alega que, dentro del proceso de división y partición, fueron demandados y, habiendo contestado la demanda, se presentó un incidente de nulidad en atención a que se habría respondido a la misma fuera de plazo procesal, la cual fue acogida por la autoridad judicial de primera instancia y que dio lugar a que la denuncia fuese desestimada; decisión que fue impugnada ante la autoridad fiscal ahora demandada, quien confirmó dicha decisión. Así, respecto a los puntos de objeción que básicamente se sostienen en que la Fiscal de Materia Analista a fin de desestimar la denuncia por atipicidad a través del Requerimiento de Desestimación de 30 de marzo de 2022, no explicó por qué la denuncia atribuida a la Jueza de primera instancia no se adecuaría a los elementos del tipo penal de prevaricato, limitándose a describir el Auto Interlocutorio de 21 de marzo de 2022, dictado en el proceso civil de origen, afirmando que se constituye en una Resolución manifiestamente contraria a las leyes, con plena conciencia y voluntad para querer consumarlo, sin explicar de modo alguno cómo dicho elemento subjetivo del tipo, concurriría en el caso (Conclusión II.1); al respecto, el Fiscal Departamental demandado, al iniciar el análisis del caso concreto, relató que la denuncia penal se refiere a la emisión de una resolución judicial de 21 de marzo de 2022, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, decisión judicial que se dictó dentro de un proceso en materia civil de división y partición (Conclusión II.2). En ese contexto fáctico, pasó a establecer los elementos constitutivos del tipo penal de prevaricato y de los presupuestos de tipicidad que están vinculados al principio de legalidad contenidos en los Autos Supremos 282/2015-RRC-L de 8 de junio y 495/2014-RRC de 23 de septiembre. Asimismo, de la citada jurisprudencia resaltó lo siguiente: ‘“Cuya configuración [del delito de prevaricato] se produce cuando el funcionario prevaricador se aparta del tenor literal del precepto o efectúa una aplicación normativa sujeta a criterios interpretativos manifiestamente extravagante e irrazonable, incompatible con el texto mismo de la norma (…) se trata de un tipo penal de carácter eminentemente doloso; no admitiendo la culpa’” (sic). Seguidamente, conforme a los alcances del contenido de la objeción planteada por los accionantes, estableció que, en el caso concreto, no es posible advertir la configuración típica e íntegra de cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal de prevaricato, previsto en el art. 173 del CP que, establece que el mismo es esencialmente doloso; es decir, para que toda acción dolosa o culposa sea objeto de la persecución penal de parte del Estado, se requiere la necesaria adecuación de la conducta del agente al tipo penal, sea por acción u omisión; lo cual, en definitiva, constituye la materialización del tipo previsto en la norma punitiva, aspectos que no son advertidos en los antecedentes inherentes a la denuncia de origen, resultando en falta de tipicidad; no es posible verificar cuál sería o hubiera sido la acción dolosa desplegada por la Jueza de primera instancia; en consecuencia, tales falencias imposibilitan subsumir la conducta al tipo penal de prevaricato. La autoridad fiscal demandada también precisó que, universalmente, el derecho penal es un derecho de última ratio, en el cual se constata también el principio de subsidiariedad del mismo, pues, este es el último recurso a usar a falta de otros medios menos lesivos; puesto que, si bien el derecho penal protege bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico tenga que ser protegido por esta vía, ni que ante cualquier afectación a los mismos deba intervenir el derecho penal. En el caso en cuestión, el conflicto emerge claramente de hechos jurídicos vinculados estrictamente al derecho civil, no siendo consistente pretender usar el derecho penal como un medio accesorio o supletorio de otros ámbitos del derecho, mucho menos a efecto de ejercer coerción para lograr otros fines. Estos razonamientos guardan coherencia con la posición de la Fiscal de Materia Analista en la Resolución de Desestimación objetada, cuyos fundamentos fueron descritos en la misma Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022. Así, se describió que dicha autoridad, estableció que: “De la compulsa de los antecedentes adjuntos a la denuncia, (…) se advierte que los ahora denunciantes dentro el proceso de División y Partición en materia civil, no habrían presentado en el plazo, ni horario establecido por el Art. 90 del C.P.C, la contestación a dicha demanda (…) ante tal circunstancia la parte afectada (…) en observancia del Art. 105 y 106 del C.P.C., interpone incidente de nulidad, el mismo que es aceptado por la autoridad Judicial ahora denunciada, quien emite la Resolución de fecha 21/03/2022 (…), declarando HA LUGAR a dicho incidente de NULIDAD, por lo que anula obrados, en previsión al Art. 109.II del C.P.C., criterio y/o razonamiento que asumió la Autoridad Jurisdiccional en el marco de sus funciones y atribuciones, no obstante de la inconformidad de tal resolución judicial, la parte que se cree afectada por la misma, tenía abierta la posibilidad de interponer el recurso idóneo para impugnar lo resuelto por la autoridad judicial, activando idóneamente lo establecido en el Art. 344 del C.P.C., interponiendo el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, para su revisión en segunda instancia por el Tribunal Departamental de Justicia…” (sic). En consecuencia, es posible concluir que esta exposición de fundamentos jurídicos y fácticos, demuestra que la autoridad fiscal demandada de manera concisa, pero suficiente y razonable, se refirió a los elementos constitutivos del tipo penal de prevaricato, estableciendo que, en el caso concreto, los mismos no se presentan al no corroborarse el dolo y constituirse en un hecho eminentemente civil, no siendo la vía penal la idónea para su discusión. Lo que también fue esgrimido por la Fiscal de Materia Analista quien incluso resaltó que, la decisión judicial cuestionada, pudo haber sido impugnada a través del recurso de reposición con alternativa de apelación a efecto de conseguir un pronunciamiento del Tribunal de alzada; por lo tanto, la conducta denunciada no se adecua a dicha figura penal. En ese marco, el deber de fundamentación y motivación de la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 98/2022, fue observado, en el marco de las exigencias mínimas desglosadas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establecen que, tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura tanto de forma como de contenido de las mismas; ello, en vinculación con los elementos constitutivos del tipo prevaricato, ameritando denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 26 de enero, cursante de 64 a 67 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0889_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1af36e338d35cf67e0b1375551e6e4986880bc35a0ae0d125ccc054866cb3437
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