Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de agosto de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a la remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la “…GARANTIA A TRIBUNALES Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS” (sic), y al debido proceso; toda vez que, fue despedida de manera injustificada del Instituto Educativo “Los Pinos”, donde ejercía funciones de Secretaria, razón por la cual acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, instancia en la que se emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021, que determinó su reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; sin embargo, hasta la interposición de la acción, la parte empleadora no dio cumplimiento a la misma. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 133/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo del problema jurídico-constitucional formulado; y, 2° Llamar la atención a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expresadas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, sobre incumplimiento de plazos y el debido proceso constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0889/2023-S3 Sucre, 10 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49014-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 133/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pamela Andrea Taboada Muñoz contra Carlos Alberto Virrueta Orgaz, representante legal del Instituto Educativo “Los Pinos”.
Por memorial presentado el 11 de abril y 9 de mayo ambos de 2022, cursantes de fs. 36 a 42 vta.; y, 52 a 53 vta., la accionante, manifiesta lo siguiente:
El 29 de abril de 2021, fue convocada a la oficina de Carlos Alberto Virrueta Orgaz -hoy accionado-, donde le manifestaron su desvinculación laboral como Secretaria de nivel inicial y primario del Instituto Educativo “Los Pinos” pretendiendo notificarle con el Memorándum IELP/010/2021 de 29 de abril, que se rehusó firmar. El mismo día en horas de la noche recibió un texto en su celular con dos archivos adjuntos, el Instructivo 04/2021 y Memorándum IELP/010/2021, por el que le notificaron mediante copia digital su despido, instándole a entregar la documentación a su cargo. Al siguiente día, 30 de abril de 2021, se apersonó a las oficinas del accionado quien le indicó que los motivos de su desvinculación eran de carácter netamente económico, en razón a lo cual su persona reclamó: a) Que existen cargos de menor relevancia para la educación virtual por la situación de pandemia por la que atravesaba el país que no fueron objeto de recortes; b) Pese a aludir temas económicos, fueron asignados nuevos cargos de personal como el Departamento de Asesoría Legal a pesar que en ese momento los Tribunales de Justicia no estaban trabajando de manera regular; c) Discriminación hacia su persona toda vez que extrañamente no fue aceptada en el Sindicato de Trabajadores de dicha institución; pese a que el 17 de marzo de igual año presentó su solicitud de afiliación al Sindicato, que fue recibida y le aceptaron los Bs100.- (cien bolivianos) como cuota inicial; sin embargo, coincidentemente dos días previos a su desvinculación le devolvieron su aporte indicándole que no estaban recibiendo nuevos miembros en el Sindicato; d) No se consideró que cuenta con una enfermedad de base y necesita el seguro médico; e) Que tiene una familia y es madre de dos hijos que necesitan estabilidad emocional, educativa, alimenticia y económica; y, f) No se consideró su excelente desempeño y responsabilidad laboral. Ante dicha situación, considerando que su despido no se refiere a que hubiera infringido las causales contenidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario, acudió ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social denunciando su despido injustificado y luego del trámite correspondiente, la Jefa Departamental de Trabajo de La Paz pronunció la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021 de 24 de mayo, por la que se dispuso su reincorporación en el mismo puesto que ocupaba, más el pago de sueldos devengados y demás beneficios. Determinación que no fue cumplida tal cual se evidencia por el Informe VR-145-A/2021 de 12 de octubre, emitido por el Inspector Departamental de Trabajo de La Paz; debido a lo cual acude a la justicia constitucional en busca de la restitución de sus derechos y garantías lesionados, para lo cual cita la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que aplicó el precedente en vigor sobre el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral. Finalmente, agrega que no se respetó su derecho a la estabilidad laboral que le garantiza la Constitución Política del Estado, además que fue objeto de discriminación por la entidad accionada debido a que de manera selectiva se resolvió despedirla por el solo hecho de ser mujer trabajadora, sin que haya existido un proceso por faltas disciplinarias u otras infracciones que ameriten su destitución como sanción. Asimismo no se consideró que tiene una enfermedad de base -no indica cuál-, ni la situación de pandemia por la que atravesaba el país, omitiendo inclusive las normas laborales pronunciadas en pandemia que buscaban resguardar la salud y fuentes de trabajo.
La impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a la remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la “…GARANTIA A TRIBUNALES Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS” (sic), y al debido proceso, citando al efecto los arts. 35, 37, 38.II, 45, 46, 48.II y V; 50, 115.II, 117.I, 119.I, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: 1) Ordene el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021, vale decir su reincorporación de forma inmediata al mismo puesto de trabajo que ocupaba a momento de su retiro injustificado; 2) El pago de salarios devengados desde su desvinculación ilegal hasta la fecha de su reincorporación efectiva; 3) La restitución del derecho a la seguridad social disponiendo que la entidad accionada proceda a su afiliación en los entes gestores de salud y de pensiones; y, 4) Se condene el pago de costas y costos procesales a la entidad accionada.
Celebrada la audiencia pública virtual de 13 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 64 a 66 vta., presentes la parte peticionante de tutela y accionada, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar.
Carlos Alberto Virrueta Orgaz, representante legal del Instituto Educativo “Los Pinos” en audiencia solicitó se deniegue la tutela solicitada, en virtud a los siguientes argumentos: i) El actual Directorio de la institución ingresó en el mes de noviembre 2020, encontrándose una difícil y terrible situación económica debido a la rebaja del 70% del alumnado por el corte del año escolar que se dio en julio de ese año y la poca afluencia de alumnos a las clases virtuales optativas, situación que dejó un déficit económico en la gestión 2021, que obligó a realizar un nuevo presupuesto, es decir, no existió discriminación hacia la impetrante de tutela sino una causa de fuerza mayor, toda vez que el presupuesto de la institución educativa únicamente alcanzaba para asegurar primero la parte académica que incluye sueldos de profesores, que además tienen un sindicato y están protegidos por la Ley General del Trabajo; por lo que se vieron en la necesidad de recortar la parte administrativa; ii) En 2021 el Directorio de la institución tomó la decisión de realizar desvinculación a determinadas personas, prescindiendo de cualquier tipo de criterios subjetivo, toda vez que el Colegio era insostenible económicamente debido a la situación de pandemia, es decir, el porcentaje de padres de familia que debían pensiones superaba el 50% del presupuesto, a los cuales no se podía hacer ningún tipo de coacción o cohesión para que cancelen más allá de lo permitido por el Ministerio de Educación, notas o solicitudes que no eran suficientes para conseguir el 100% de las pensiones, que es la única fuente de ingresos que tiene el Instituto educativo, además de ello el 2021, el Instituto tuvo que hacer una rebaja de 25% a las pensiones por órdenes del Ministerio referido; iii) Ante el pronunciamiento de la Conminatoria de reincorporación emitida por la Autoridad del Trabajo plantearon impugnación en sus fases administrativas y concluyó con el recurso jerárquico -no indica el resultado- en el cual se demostró las razones de la desvinculación de la peticionante de tutela por cuestiones netamente presupuestarias y de insostenibilidad económica de la institución; y, iv) Por todo lo expuesto, se evidencia que el Colegio no actuó de manera dolosa o maliciosa, mucho menos de discriminación, no habiendo contratado nuevo personal en los puestos de las personas que fueron desvinculadas; es decir, no incrementó su personal administrativo.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 133/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 67 a 70 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en el art. 128 de la CPE y tiene presupuestos de procedibilidad que corresponden ser verificados, previo a ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada: a) La subsidiariedad, en el caso de autos la accionante acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021, sin que exista recurso ulterior; sin embargo, debido a las características del caso tratándose de una acción de hecho, toda vez que con dicha disposición se estaría atentando la vida, familia y salud, es aplicable la excepcionalidad del principio de subsidiariedad; y, b) La inmediatez, tomando en cuenta que la Conminatoria de reincorporación pronunciada en favor de la impetrante de tutela fue emitida el 24 de mayo de 2021, y notificada a la parte accionada según sello de recepción el 2 de julio de ese año; y, de acuerdo a la carátula del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) se tiene que la presente acción constitucional fue interpuesta el 11 de abril de 2022; es decir, fuera del plazo establecido de seis meses, necesarios para cumplir con el principio de inmediatez, previsto en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por cuanto la demanda tutelar debía ser presentada hasta el 2 de enero de 2022, en virtud de lo cual, no se puede ingresar a su análisis de fondo. En vía de aclaración, enmienda y complementación la parte peticionante de tutela solicitó se aclare que conforme al art. 129.II de la CPE el cómputo del plazo para la presentación del amparo constitucional debe realizarse a partir de la última resolución administrativa constituyéndose este a partir del Informe VR-145-A/2021 de 12 de octubre, por lo que se encontraría dentro el plazo establecido por el art. 55 del CPCo. Ante lo cual la Sala Constitucional señaló que la Conminatoria de Reincorporación fue notificada a la parte empleadora el 2 de julio de 2021, a partir de la cual debe computarse el plazo de los seis meses para la presentación de esta acción de defensa, por lo que no ha lugar a la petición de complementación y enmienda, pero sí a la solicitud de aclaración realizada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Memorándum DG-023/2019 de 1 de febrero, de designación, por el cual Vladimir Halas Orihuela, Presidente del Directorio del Instituto Educativo “Los Pinos” designó a Pamela Andrea Taboada Muñoz -ahora accionante- como Secretaria del Nivel Inicial y Primario de dicho Instituto educativo (fs. 6). II.2. Por Memorándum IELP/010/2021 de 29 de abril, Carlos Alberto Virrueta Orgaz, Presidente del Instituto Educativo “Los Pinos” agradeció los servicios de la impetrante de tutela, indicándole que se dispuso la eliminación del cargo “secretaria de primaria” que ocupaba, alegando para ello varias cuestiones económicas (fs. 5). II.3. Se tiene Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021 de 24 de mayo, emitida por la Jefa Departamental de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la que conminó la reincorporación de la accionante al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido en el Instituto Educativo “Los Pinos”, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; con cargo de recepción por la entidad accionada el 2 de julio de 2021 a horas 14:18 (fs. 46 a 51). II.4. Consta Informe VR-145-A/2021 de 12 de octubre, emitido por Cesar Garnica Chávez, Inspector Departamental de Trabajo de La Paz, indicando que la entidad accionada no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021 (fs. 33).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a la remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la “…GARANTIA A TRIBUNALES Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS” (sic), y al debido proceso; toda vez que, fue despedida de manera injustificada del Instituto Educativo “Los Pinos”, donde ejercía funciones de Secretaria, razón por la cual acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, instancia en la que se emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021, que determinó su reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; sin embargo, hasta la interposición de la acción, la parte empleadora no dio cumplimiento a la misma. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre esta causal reglada de improcedencia instituida en función al alcance y finalidad oportuna e inmediata de resguardo de los derechos protegidos por esta acción de defensa, la amplia jurisprudencia establecida al respecto, entre esta, la SCP 0366/2018-S1 de 31 de julio, citando a su vez a la SC 0481/2002-R de 24 de abril, estableció que: “…la inmediatez es una de las características esenciales del Recurso de Amparo como garantía constitucional, lo cual importa que la persona que se cree agraviada en sus derechos fundamentales debe acudir a esta vía en forma rápida a fin de que se le preste la protección oportunamente, siempre que demuestra el acto ilegal o la omisión indebida que acusa”.
Del mismo modo, la SC 1773/2004-R de 11 de noviembre, concluyó señalando que: “…es preciso aclarar que el principio de inmediatez del amparo constitucional tiene un doble efecto, el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al derecho fundamental restringido o suprimido de manera ilegal o indebida, y, el segundo, negativo está referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado deberá presentar el recurso de manera inmediata, máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte recurrente hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos…”.
La actual Constitución Política del Estado, en su art. 129.II dispone, que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; disposición reiterada por el Código Procesal Constitucional en su art. 55.I, que establece: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
Así, la SCP 0169/2015-S3 de 6 de marzo, sostuvo que: “De acuerdo a la citada normativa constitucional, se concluye que la norma procesal constitucional ha establecido que el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, es desde la comisión de los actos denunciados o el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, esta última condición normativa debe ser analizada en cada caso en concreto tomando en cuenta las particularidades que puedan presentarse” .
Sobre la temática, la SCP 1237/2022-S3 de 26 de septiembre, citando a su vez a la SCP 0076/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo que: «El art. 10 del Decreto Supremo (DS) 28699, modificado por el Artículo Único II del DS 0495, establece que: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (…) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.
V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’-se aclara que la palabra ‘únicamente’ del parágrafo IV, fue declarada inconstitucional por SCP 0591/2012 de 20 de julio-; ello, es concordante con lo determinado en el art. 2 de la Resolución Ministerial 868/10 de 26 de octubre de 2010, que estipula lo siguiente: ‘IX. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y no admite recurso ulterior alguno, pudiendo únicamente ser impugnada en la vía judicial cuya interposición no implica la suspensión de la reincorporación’, esa misma norma en su art. 3, prevé que: ‘Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’.
Bajo ese contexto, cabe reiterar lo establecido en la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, la cual concluyó que: En la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, se estableció que el plazo comienza a computarse desde la notificación con la conminatoria de reincorporación, señalando: ‘EPSA BUSTILLO Mancomunitaria Social, fue notificada con la Resolución Administrativa de conminatoria de reincorporación el 13 de octubre de 2011, conforme se evidencia por el sello de recepción que cursa en la parte superior de fs. 4, y la acción de amparo constitucional fue presentada el 2 de mayo de 2012, conforme el cargo de recepción de fs. 16 vta., advirtiéndose que la presentación estuvo fuera del plazo de seis meses para cumplir el principio de inmediatez, establecido en la Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional (…) por lo que la accionante no puede pretender que se active la jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos, luego de haber precluido su derecho para accionar en esta vía, lo contrario implicaría, desconocer la naturaleza y los principios rectores de esta acción’.
Por otro lado la SCP 1511/2013 de 30 de agosto, entendió que el plazo de los seis meses deberá ser computado desde el momento en que la 8 conminatoria adquiere ejecutoria; es decir, desde el agotamiento de la vía administrativa, señalando: ‘En el caso analizado, se constata que la accionante formuló recurso jerárquico, solicitando se hagan respetar sus derechos, el cual fue desestimado por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de RM 068/13 de 30 de enero; consecuentemente, el plazo de caducidad previsto en el art. 129 de la CPE, debe ser computado desde la notificación a la accionante con dicha determinación, actuación que si bien no consta en obrados, aun contando dicho plazo a partir de la fecha de esa Resolución (30 de enero de 2013), se constata que la acción de amparo constitucional fue presentado el 26 de marzo del mismo año; es decir, dentro de los seis meses señalados en el art. 129 de la Norma Suprema’.
Al respecto de la jurisprudencia glosada, habrá que considerar que la vía administrativa quedará agotada con la emisión de la Resolución que pone término a todo el proceso de reincorporación; es decir, eventualmente el recurso jerárquico; sin embargo, ante la noción de ejecución inmediata de la conminatoria se plantea una situación sui géneris; puesto que por una parte la conminatoria debe efectivizarse inmediatamente, pero de otro lado es posible que se hayan activado mecanismos de impugnación que se encuentran pendientes de resolución.
Por todo lo relatado, corresponde precisar que ante la negativa por parte del empleador de dar cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura del Trabajo abre inmediatamente la posibilidad de activar la acción de amparo constitucional, no siendo necesario esperar hasta que la vía administrativa se encuentre en estado de ejecutoria. De ahí que corresponde establecer la reconducción del entendimiento a la SCP 0809/2012, que el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria”» (las negrillas son nuestras).
La impetrante de tutela alega que, fue despedida de manera injustificada del Instituto Educativo “Los Pinos”, donde ejercía funciones de Secretaria, razón por la cual acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, instancia en la que se emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021 de 24 de mayo, que determinó su reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; sin embargo, hasta la interposición de la acción, la parte empleadora no dio cumplimiento a la misma.
Delimitado el reclamo que motivó la interposición de esta acción de defensa y la pretensión de la peticionante de tutela, de que se haga cumplir la conminatoria de reincorporación emitida a su favor, es necesario previamente referirse al cumplimiento por parte de la accionante del principio de inmediatez característico de esta acción tutelar y cuya observancia es de inexcusable cumplimiento, siendo un presupuesto procesal-constitucional a partir del cual opera el control tutelar de constitucionalidad ejercido por este Tribunal, lo cual importa conforme al entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que la persona que se cree agraviada en sus derechos fundamentales debe acudir a esta vía en forma rápida a fin de que se le preste la protección oportuna, en caso de evidenciarse una lesión de derechos. En ese marco procesal, es necesario contextualizar la situación fáctica planteada a partir de la revisión de antecedentes y de lo manifestado por la propia impetrante de tutela, de lo cual se tiene que por Memorándum DG-023/2019 de 1 de febrero, la misma fue designada como Secretaria del Nivel Inicial y Primario del Instituto Educativo “Los Pinos”; sin embargo, a través del Memorándum IELP/010/2021 de 29 de abril, se le agradeció sus servicios, motivo por el cual denunció su despido injustificado ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, solicitando su reincorporación laboral, instancia administrativa en la que se emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 074-A/2021, por la que conminó la reincorporación de la peticionante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido en el Instituto Educativo “Los Pinos”, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, conminatoria que fue de conocimiento de la institución accionada el 2 de julio de 2021 a horas 14:18 -conforme se constata del cargo de recepción por la referida institución- que evidencia su notificación en la señalada fecha (Conclusiones II.1 a II.3).
A partir de dicho contexto, corresponde considerar y aplicar los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional y que fueron desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, mismos que establecen que el cómputo del plazo de inmediatez, en el caso de reincorporación laboral emergente de una conminatoria emitida en la vía administrativa, comienza a correr a partir del momento en que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria, luego de su legal notificación, ello en razón a que el art. 10.IV y V del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 modificado por el artículo único del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, establece que la impugnación a ese acto administrativo no implica suspensión de su ejecución y que ante el incumplimiento del mismo, la trabajadora o el trabajador puede interponer las acciones constitucionales que corresponda.
Sin embargo, en el caso en examen se evidencia que la accionante, no cumplió con el referido principio de inmediatez en el entendido que conforme la propia impetrante de tutela puso de manifiesto en el sustento argumentativo de la presente acción tutelar, a pesar de la emisión de la Conminatoria de reincorporación a su favor, esta no fue cumplida por la parte empleadora, desde su conocimiento asumido por la notificación realizada el 2 de julio de 2022, y que se comprobaría a su vez por el Informe VR-145-A/2021 el 12 de octubre de 2021, del cual se evidenciaría dicho incumplimiento, fecha a partir de la cual la parte peticionante de tutela -de manera errónea- considera como válida para efectuar el cómputo para la interposición de la presente acción tutelar; no obstante, como se tiene establecido por la jurisprudencia constitucional y su aplicación en el presente caso, el cómputo se realiza desde la notificación con la conminatoria de reincorporación al empleador y que es extrañada en su cumplimiento, por lo que en la situación fáctica dicho término feneció el 2 de enero de 2022; empero, la accionante presentó esta acción tutelar de manera extemporánea el 11 de abril de igual año; es decir, después de más de nueve meses desde que el empleador fue notificado con la determinación que dispuso su reincorporación, y se entiende habría sido renuente a cumplirla.
Consecuentemente, al encontrarse la presente acción de defensa fuera del plazo de seis meses establecido por el art. 129.II de la CPE concordante con el art. 55.I del CPCo, no es posible efectuar el análisis de fondo de la problemática expuesta, correspondiendo denegar la tutela solicitada, por la referida causal reglada de improcedencia.
Resuelta la problemática traída en revisión, corresponde referirse al trámite aplicado a este acción de defensa, pues siendo presentado el memorial de subsanación de la acción el 9 de mayo de 2022, por Auto de 11 del mismo mes y año (fs. 54), la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admitió la misma, señalándose audiencia recién para el 13 de junio del mismo año, alegando la existencia de audiencias señaladas con anterioridad, pero sin considerar dicha Sala los plazos establecidos por la norma procesal que impelen a su conocimiento inmediato, no siendo un justificativo la existencia de audiencias programadas, cuando además ello no fue probado ni demostrado, no advirtiéndose una situación material de imposibilidad del cumplimiento del plazo procesal en más de un mes de admisión de la acción.
Asimismo se tiene que, habiéndose emitido la Resolución 133/2022 venida en revisión el 13 de junio de 2022; sin embargo, se procedió a la remisión del expediente el 15 de julio de igual año, según consta en el sello de recepción del Courier (fs. 73), desconociendo la previsión contenida en el art. 38 del CPCo, que dispone el plazo de veinticuatro horas para la remisión del expediente de acciones de defensa ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de lo cual corresponde llamar la atención a la precitada Sala Constitucional por no observar en su actuaciones, los plazos y el trámite dispuesto para las acciones tutelares puestas a su conocimiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 133/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo del problema jurídico-constitucional formulado; y, 2° Llamar la atención a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expresadas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, sobre incumplimiento de plazos y el debido proceso constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0889_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 864b3c2c2de3b8fba2694415499c7fa98a4a431d519473f5c7551eff787f5d67
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