B.IA.LEGAL

SCP 0888/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53966-2023-108-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la vida, al trabajo, a la familia, a la dignidad, a ser oído, a una justicia plural, oportuna y transparente; a la garantía del debido proceso en sus vertientes defensa y legalidad; y, el principio pro actione; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, se tienen las siguientes irregularidades: i) Mediante memorial solicitó que su audiencia de revocatoria de sanciones alternativas programada para el 18 de enero de 2023, sea efectuada de forma virtual y no presencial, toda vez que trabaja en otra ciudad y tiene a su cargo a su hija menor de edad; sin embargo, debido a una confusión de la Auxiliar del Juzgado -quien le indicó que dicho acto se llevaría de forma virtual, enviándole el link-, solo asistió virtualmente, empero el Juez demandado no consideró su asistencia virtual ni la de sus abogados y dispuso la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra; y, ii) Pese a haber solicitado audiencia de modificación de sanciones alternativas dispuestas en su contra, la autoridad demandada no señaló su audiencia, dando preferencia a la solicitud de revocatoria de medidas impetrada por la parte víctima; en ese sentido, a través de esta acción de defensa solicita que la autoridad demandada señale nueva audiencia de consideración de modificación de medidas y en consecuencia, se suspenda cualquier emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, determinando la responsabilidad disciplinaria de…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 08/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente respecto a la segunda problemática analizada en el apartado III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia: 2° Disponer que el Juez ahora demandado, señale inmediatamente audiencia de modificación de sanciones alternativas impetrada por el peticionante de tutela, sea en caso de no haberse modificado su situación jurídica por el transcurso del tiempo; y, 3° DENEGAR en cuanto a la primera problemática analizada, sea conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Finalidad de la Ley 1173 en la modificación del art. 113 del Código de Procedimiento Penal y su diferenciación con el mandamiento de aprehensión por rebeldía
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. El derecho de acceso a la justicia de la víctima de hecho de violencia en razón de género y el estándar de la debida diligencia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0888/2025-S1 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53966-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Mary Isabel Gutiérrez Gutiérrez en representación sin mandato de Luis Miguel Mamani Prieto contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 9 a 11 vta., el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 Bis del Código Penal (CP), bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, fue imputado formalmente y luego se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, imponiéndosele mediante Sentencia 42/2021 de 12 de abril, una sanción de tres años de privación de libertad, en tal sentido podía acogerse a “sanciones alternativas”, es así que en aplicación del art. 24 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a efectos de cumplir algunas reglas y condiciones, entre las cuales, la más importante era su presentación en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz los días viernes, sábados y domingos; sin embargo, no existe ningún mandamiento u orden que respalde esta situación, toda vez que, en el referido Centro Penitenciario se necesita una orden para poder ingresar y pernoctar, además cabe recalcar que no se señaló la norma en la cual se respalda dicha condición o regla impuesta, por lo que se encontraría fuera del alcance de la ley. En ese sentido, a efectos de dar cumplimiento estricto a las condiciones impuestas por la autoridad competente, solicitó audiencia de modificación de medidas, que hasta la fecha de interposición de la presente acción, no fue programada; sin embargo, ante la petición de audiencia de revocatoria de medidas impetrada por la parte víctima, la misma fue señalada inmediatamente para el 18 de enero de 2023 a horas 14:00, buscando con ello, que vuelva a ingresar al Centro Penitenciario de San Pedro de dicho departamento. En la citada audiencia, se dictó un Auto totalmente atentatorio contra sus derechos a la libertad, al trabajo y a la familia, puesto que de la revisión del contenido del acta se indica que no se encontraba presente -físicamente-; sin embargo, estaba conectado en sala virtual y también su abogada, es así que se le explicó de manera puntual al Juez ahora demandado que se había solicitado mediante memorial que la audiencia sea virtual toda vez que se encontraba trabajando en la ciudad de Cochabamba, adjuntando además documentación fehaciente a efectos de que se evidencie el señalado aspecto; sin embargo, no se dio credibilidad al mismo y el decreto no salió en el tiempo oportuno; no obstante que, el 17 de enero de igual año, a horas 14:00 aproximadamente, su abogada se apersonó al Juzgado para conocer el decreto correspondiente al memorial de solicitud de audiencia virtual, empero no se encontraba descargado y la Auxiliar le indicó que se estaba dando curso a su desarrollo virtual y le envió el link, ese error garrafal le causó un gran perjuicio, pues en ese momento, no pudieron escuchar ninguno de sus fundamentos. Asimismo, mediante memorial de 19 de igual mes y año, se apersonó nuevamente solicitando se programe audiencia presencial a efecto de considerar la modificación de medidas y la revocatoria; sin embargo, la autoridad demandada respondió con un decreto totalmente ambiguo y fuera de la ley, sin basarse en ninguna norma o artículo indicando ‘“Estese a los datos del proceso”’ (sic), entendiendo que no se le permitió defenderse y ni siquiera se consideró su memorial. Finalmente, solicita se tome en cuenta que se lesionó su derecho al trabajo considerando que se encontraba trabajando en la ciudad de Cochabamba, además que está a cargo de su hija de quien tiene la guarda y custodia; por lo cual, el proceder totalmente parcializado y arbitrario de la autoridad demandada ocasionó que se encuentre en total indefensión y con bastante susceptibilidad ya que no existe motivo, razón o causa para que se emita o libre el mandamiento de aprehensión, ya que incluso solicitó se señale audiencia presencial, es decir, no se ve la necesidad de mover todo el aparato judicial y la Policía Boliviana como si fuera un “gran delincuente” que se estaría escondiendo, ya que se encontraba en toda la predisposición para poder acudir al llamado de la autoridad judicial.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El demandante de tutela, a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la vida, al trabajo, a la familia, a la dignidad, a ser oído, a una justicia plural, oportuna y transparente; la garantía del debido proceso en sus vertientes defensa y legalidad; y, el principio pro actione, citando al efecto los arts. 15, 21.7, 22, 23, 46, 62, 115, 117, 119, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada señale audiencia de consideración de modificación de medidas y en consecuencia, se suspenda cualquier emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, determinando la responsabilidad disciplinaria de cada uno de los funcionarios en aplicación de los arts. 187.10 y 14; y, 188 núm. 10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio-.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción de libertad el 8 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: a) Habiéndose apersonado mediante memorial ante la autoridad demandada, requirió que se señale nueva fecha de audiencia; toda vez que, no pudo asistir al acto procesal presencial ya que se le había señalado “que iba a ser virtual” (sic) más aún cuando la medida impuesta es una detención “domiciliaria” los fines de semana en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz pero no existe una ley o norma que pueda respaldar este tipo de medida o figura no obstante cumplió a cabalidad; b) A pesar de haberse apersonado voluntariamente mediante memorial cursante en obrados pidiendo una audiencia presencial, el mismo fue providenciado con un ‘“estece’ al acta” (sic), la cual considera que no es una respuesta a su solicitud, debiendo haber sido fundamentada conforme a ley; c) Se encontraba conectado virtualmente en la audiencia, habiendo existido una confusión por el mismo personal del Juzgado, error que es únicamente atribuible al Auxiliar, más aún cuando presentó un memorial pidiendo que el desarrollo sea de manera virtual sin que hubiera una respuesta hasta el “17 de enero la audiencia fue el 18” (sic), es decir la Auxiliar le indicó que la audiencia iba a ser virtual, tal cual se demuestra en la captura de pantalla de la conversación, en la que dicha funcionaria le envió el link al cual ingresaron de manera virtual sin que sea tomada en cuenta dicha situación; d) Además de ello, se considere que el Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento emitió circulares indicando que solamente en casos con alta relevancia, las audiencias deben llevarse de forma presencial, situación que en este caso específico no correspondía, más aun si se debe precautelar los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la familia, toda vez que el ahora peticionante de tutela está a cargo de la guarda y custodia de su hija menor en la ciudad de Cochabamba, además que no tiene familia con quién dejar a la niña y se ha demostrado que tiene predisposición de asistir; e) El 18 de enero de 2023 a horas 14:00, era la audiencia, es por ello que cinco minutos antes de su instalación los micrófonos de la Sala se encontraban abiertos evidentemente todas las partes estaban de manera presencial en la sala, sin embargo se escuchaban voces de fondo en la cual decían ‘“por que no ha venido por que no está el señor”’ (sic) y el juez indicó ‘“ha no ha venido entonces qué otra vez vuelva adentro unos meses no le va a hacer mal”’ (sic), por lo que estaba pidiendo los Discos Compactos -CD’s” de la Gestora de Procesos para peticionar que el Juez ahora demandado se excuse o recusarlo, toda vez que ya tiene un criterio denotando su parcialidad; y, f) Si es necesario que acuda a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, lo va a hacer, sin embargo, se considere que vive en la ciudad de Cochabamba y estaba con síntomas de dengue; por todo lo expuesto, solicita se conceda la tutela y en consecuencia ordene a la autoridad demandada señale audiencia de consideración de modificación de medidas, sea de manera presencial o virtual, suspendiéndose cualquier mandamiento de aprehensión en su contra. Ante la consulta del Juez de garantías, respecto a si la audiencia de 18 de enero de 2023, era para considerar la revocatoria de las medidas cautelares impuestas o para modificarlas; contestó que, la audiencia señalada era para ambos, es decir para la revocatoria y la modificación, pero al momento de la instalación de dicho acto procesal, únicamente se instaló la audiencia de revocatoria y se le hizo conocer que había una de modificación, sin embargo, el Juez demandado dijo que primero iba a llevar la de revocatoria y luego la de modificación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni se conectó a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su citación legal cursante a fs. 13.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 08/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 31 a 32 vta., denegó la tutela solicitada, no obstante dispuso que el Juez demandado señale audiencia para considerar la pretensión de la víctima en el proceso, así como la del ahora accionante; decisión asumida con los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes remitidos por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del mismo asiento judicial, cursan señalamientos de audiencia de 4 y 28 de noviembre de 2022, programando audiencia virtual, decretos que fueron firmados por el Secretario, conforme las facultades otorgadas por el Código de Procedimiento Penal modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; asimismo, en la audiencia de 11 de enero de 2023, cursante a fs. “400” -se entiende del cuaderno de control jurisdiccional-, se encontraba presente el impetrante de tutela sin asistencia técnica, el representante del Ministerio Público estaba conectado virtualmente, y según el contenido del acta en dicha audiencia se le designó abogado defensor de oficio; asimismo, el demandante de tutela pidió que la audiencia sea de manera virtual ya que se encontraría en la ciudad de Cochabamba y con una hija menor a su cargo, es por ello que pidió que sea bajo esa modalidad; sin embargo, la autoridad jurisdiccional señaló no ha lugar a la solicitud, debiendo justificar la misma; de lo que, se desprende que el ahora solicitante de tutela debió justificar el motivo de su ausencia en la audiencia antes referida; 2) Por otra parte, se convocó a audiencia de forma presencial para el 18 de enero de 2023, en la cual estaba presente la abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) y señaló que existía un memorial presentado solicitando que la audiencia sea realizada de manera virtual y según la Auxiliar les había indicado que dicho acto procesal sería de forma virtual y es por ello que les habría proporcionado el link para que se conecten virtualmente; sin embargo, en esa audiencia se dispuso librar mandamiento de aprehensión en contra del ahora peticionante de tutela porque no asistió a la audiencia programada; ante dicha determinación la abogada de la defensa, al amparo de los arts. 403 y 404 del CPP planteó reposición al pronunciamiento que fue declarado no ha lugar, en razón a que emitió un Auto y no así una providencia de mero trámite, por otra parte, la víctima -de la causa penal- requirió complementación para que se aclare el nombre y se expida mandamiento, ante lo cual el Juez de la causa -ahora demandado-aclaró respecto al nombre y número de cédula de identidad en el mandamiento de aprehensión; es decir, el impetrante de tutela tenía pleno conocimiento de que la audiencia iba a ser presencial; 3) Por memorial de 19 de enero de 2023 a horas 09:08, el demandante de tutela se apersonó y solicitó se señale audiencia de forma presencial, adjuntando también la captura de pantalla, que hizo referencia respecto a que la Auxiliar le proporcionó el link correspondiente para ingresar a la audiencia y pidió se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión; al respecto, se debe tener presente que el prenombrado tenía conocimiento que la audiencia era presencial, además que tenía aproximadamente una semana para justificar ante la autoridad jurisdiccional impedimento para no hacerse presente personalmente al Juzgado; sumado a ello, la finalidad de expedir el mandamiento de aprehensión es para que el solicitante de tutela sea conducido ante la autoridad demandada a fin de considerar tanto la petición de revocatoria y la modificación de medidas alternativas formuladas por él; y, 4) Finalmente, si bien es evidente que el petitorio formulado en el memorial de 19 de enero de 2023, la autoridad jurisdiccional providenció “estese a lo dispuesto” (sic) mediante acta de audiencia de 18 de enero de 2023; contra dicha respuesta el impetrante de tutela no hizo uso de ningún recurso como ser la reposición, por lo que existe subsidiariedad, debido a que no se agotó el reclamo en la vía ordinaria de modo que no corresponde deferir la acción de libertad; empero, sí disponer una vez que el demandante de tutela sea conducido ante ese despacho, deben considerarse ambas pretensiones tanto la revocatoria como la modificación de las medidas alternativas como sanción.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Miguel Mamani Prieto -ahora solicitante de tutela-, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis del CP; se tiene Auto Interlocutorio 72/2021 de 14 de mayo, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto -en suplencia de su similar Primero y ahora demandado- de la Capital del departamento de La Paz, por el que de conformidad a los arts. 2, 76 y 78 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, acepta la sanción alternativa en favor del peticionante de tutela, quien deberá cumplir detención de fin de semana desde el viernes a horas 19:00 hasta el día lunes a horas 06:00 en el Centro Penitenciario San pedro de La Paz; decisión que, ante el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte víctima, fue confirmada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, mediante Auto de Vista 232/2021 de 5 de julio (fs. 15 a 22 vta.). II.2. Cursa acta de audiencia virtual de revocatoria de sanciones alternativas de 11 de enero de 2023, suspendida por inasistencia de la abogada del acusado -ahora impetrante de tutela-, reprogramándose el actuado procesal para el 18 de igual mes y año a horas 14:00, a efectuarse de manera presencial; en la cual, el encausado ahora accionante solicitó que la audiencia sea desarrollada de forma virtual debido a que se encontraba en la ciudad de Cochabamba y además tiene una hija menor a su cargo; petición que fue declarada “no ha lugar” (fs. 26). II.3. Consta acta de audiencia suspendida de 18 de enero de 2023, en la cual el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- pronunció Auto de igual fecha, disponiendo librar mandamiento de aprehensión contra el ahora demandante de tutela; cursando además el Mandamiento referido (fs. 27 a 29). II.4. Mediante memorial presentado el 19 de enero de 2023, el demandante de tutela se apersona ante la autoridad ahora demandada y pide nuevo señalamiento de audiencia presencial y deje sin efecto el mandamiento de aprehensión dispuesto; asimismo, en el “otrosí 1”, solicita revisión de los actuados procesales indicando que solicitó audiencia de modificación de medidas, debiendo considerarse su pretensión al igual que la de revocatoria impetrada por la parte víctima; que fue providenciado en esa misma fecha por Juez demandado, indicando: “A lo principal, estese a lo desimpuesto mediante acta de audiencia de 18 de enero de 2023. Al otrosí.- A lo principal…” (sic [fs. 6 a 8]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la vida, al trabajo, a la familia, a la dignidad, a ser oído, a una justicia plural, oportuna y transparente; a la garantía del debido proceso en sus vertientes defensa y legalidad; y, el principio pro actione; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, se tienen las siguientes irregularidades: i) Mediante memorial solicitó que su audiencia de revocatoria de sanciones alternativas programada para el 18 de enero de 2023, sea efectuada de forma virtual y no presencial, toda vez que trabaja en otra ciudad y tiene a su cargo a su hija menor de edad; sin embargo, debido a una confusión de la Auxiliar del Juzgado -quien le indicó que dicho acto se llevaría de forma virtual, enviándole el link-, solo asistió virtualmente, empero el Juez demandado no consideró su asistencia virtual ni la de sus abogados y dispuso la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra; y, ii) Pese a haber solicitado audiencia de modificación de sanciones alternativas dispuestas en su contra, la autoridad demandada no señaló su audiencia, dando preferencia a la solicitud de revocatoria de medidas impetrada por la parte víctima; en ese sentido, a través de esta acción de defensa solicita que la autoridad demandada señale nueva audiencia de consideración de modificación de medidas y en consecuencia, se suspenda cualquier emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, determinando la responsabilidad disciplinaria de cada uno de los funcionarios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Finalidad de la Ley 1173 en la modificación del art. 113 del Código de Procedimiento Penal y su diferenciación con el mandamiento de aprehensión por rebeldía; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; c) El derecho de acceso a la justicia de la víctima de hecho de violencia en razón de género y el estándar de la debida diligencia; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. Finalidad de la Ley 1173 en la modificación del art. 113 del Código de Procedimiento Penal y su diferenciación con el mandamiento de aprehensión por rebeldía

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/2025-S2 de 10 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:

La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, tiene como principal finalidad procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas. Dentro de esas modificaciones, el art. 113 del CPP busca garantizar los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción, sin permitirse la sustanciación de procedimientos escritos, cuando este previsto audiencias orales; por lo que, se incorporó la facultad que, si el imputado o acusado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, estableciendo que debe ser emitido exclusivamente para lograr sea conducido ante su despacho para la celebración de la audiencia respectiva, sin que ello implique una privación arbitraria de la libertad.

En este sentido, el mandamiento de aprehensión regulado en el art. 113.II del CPP tiene un carácter estrictamente procesal y su ejecución debe observar los principios de necesidad y proporcionalidad, es decir, una vez logrado el objetivo de la comparecencia, la persona aprehendida debe ser puesta en libertad, salvo que en el mismo acto se convoque a una audiencia de aplicación de medidas cautelares para definir su situación jurídica. De lo contrario, se vulnerarían derechos fundamentales como el derecho a la libertad personal (art. 23.III CPE) y las garantías del debido proceso (art. 115 CPE).

Ahora bien, es pertinente diferenciar este tipo de mandamiento de aprehensión con el que se emite previo a la declaratoria de rebeldía, regulado en el art. 89 del CPP y siguientes, el cual, si bien comparte la finalidad de asegurar la presencia del imputado, tiene efectos jurídicos distintos en el sistema de justicia penal boliviano.

Art. 89.- (Declaratoria de rebeldía). El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido. Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá: 1. El arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión. 2. Las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado;

3. La ejecución de la fianza que haya sido prestada;

4. La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción; y,

5. La designación de un defensor para el rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo imputado. Cuando el imputado es declarado rebelde, el mandamiento de aprehensión se emite con la finalidad de someterlo nuevamente al proceso, pudiendo dar lugar a otras medidas procesales conforme la norma procesal penal anotada precedentemente, además de la interrupción del plazo de prescripción (art. 91 del CPP). En cambio, el mandamiento de aprehensión del art. 113.II del CPP no conlleva una declaratoria de rebeldía ni genera consecuencias procesales adicionales, ya que su único propósito es garantizar la comparecencia del imputado en la audiencia respectiva.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0504/2018-S2 de 14 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”.

2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.3. El derecho de acceso a la justicia de la víctima de hecho de violencia en razón de género y el estándar de la debida diligencia

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 1130/2019-S2 de 23 de diciembre, desarrolló el siguiente entendimiento: La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales en el que predominó y continua predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica, ya que en el caso de la mujer no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia, puesto que su situación no es asimilable, a otros sectores poblaciones que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad basada en la distribución de roles sociales que ha ido trascendiendo históricamente, lo cual engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello nos demuestra que la violencia hacia las mujeres y en particular la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que ha adquirido, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, menciona que: “La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos”. También, se señala que esta clase de violencia “Constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”. Esta Declaración entiende por “violencia contra la mujer” todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Así los Estados, por un lado, identifican los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones y los ubica en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Elementos que han sido evidentes para el constituyente boliviano, y que ha incidido en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en artículo 15 la disposición que señala: “I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado”. El reconocimiento de sus derechos a una vida digna y acceso a la justicia, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas (medidas legislativa, administrativas, etc.) que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.

Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional en su tarea es el referido al principio de interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas conforme no sólo al texto constitucional, sino también las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE, y la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estos contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y las obligaciones que genera para el Estado: - Debida diligencia: El Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer, que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), instrumento jurídico internacional del sistema universal de derechos humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, emitió la Recomendación 19, en la que se afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo Comité, en la Recomendación 33, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de “Belem do Para” -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. La Convención Belem do Pará ha sido ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia y en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al Estado, que está obligado a realizar acciones (legislativas, administrativas y judiciales) para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos la violencia en la familia.

En este marco, los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia, pues ha generado normas de desarrollo internas contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera especial en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la Investigación, señalando en el art. 59 que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello aún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe ser seguida de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El Capítulo III de la Ley, “Persecución penal”, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que establecen la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción.

Por otra parte, en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. (…) 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.

En el mismo capítulo, respecto a las directrices de procedimiento, el art. 87 establece que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán, entre otras, las siguientes directrices: (4) “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado fuera del texto)

Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley, que determina que todos los delitos contemplados en la Ley 348 son delitos de acción pública, de ahí la obligación no sólo de perseguir de oficio, sino también de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación que se refuerza con lo previsto por e art. 94 de la Ley 348, que bajo el nombre de “Responsabilidad del Ministerio Público”, señala que Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (negrillas fuera del texto). De lo anotado se concluye que, en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Ahora bien, sobre el derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, la jurisprudencia constitucional señaló que: “…la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica -Sentencia Constitucional 0600/2003- R de 6 de mayo, entre otras-. En cuanto a las perspectivas por las que puede ser abordada este derecho, que no tiene un carácter limitativo, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, estableció que el mismo implica:

“1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”. Por lo que, en situaciones de violencia en razón de género y en el marco del principio y estándar de la debida diligencia, el derecho de acceso a la justicia implicará no solo la posibilidad que tiene toda mujer en situación de violencia acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia sino también recibir una respuesta efectiva tanto en la investigación, sanción y reparación de sus derechos; respuesta efectiva que alcanza aquellas solicitudes de medidas de medidas de protección; exigencia que no se limita a dictarlas u otorgarlas; sino a lograr su ejecución. Por otra parte, es a partir del estándar de la debida diligencia que la jurisprudencia constitucional ha señalado que para su acceso, no es necesario agotar los medios de impugnación existentes y que es posible la presentación directa de la acción de libertad o de amparo constitucional, por el riesgo existente para los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de la víctima (En ese sentido, las SSCCPP 33/2012 y 19/2018-S2, entre otras).

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la vida, al trabajo, a la familia, a la dignidad, a ser oído, a una justicia plural, oportuna y transparente; a la garantía del debido proceso en sus vertientes defensa y legalidad; y, el principio pro actione; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, se tienen las siguientes irregularidades: 1) Mediante memorial solicitó que su audiencia de revocatoria de sanciones alternativas programada para el 18 de enero de 2023, sea efectuada de forma virtual y no presencial, toda vez que trabaja en otra ciudad y tiene a su cargo a su hija menor de edad; sin embargo, debido a una confusión de la Auxiliar del Juzgado -quien le indicó que dicho acto se llevaría de forma virtual, enviándole el link-, solo asistió virtualmente, empero el Juez demandado no consideró su asistencia virtual ni la de sus abogados y dispuso la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra; y, 2) Pese a haber solicitado audiencia de modificación de sanciones alternativas dispuestas en su contra, la autoridad demandada no señaló su audiencia, dando preferencia a la solicitud de revocatoria de medidas impetrada por la parte víctima. De los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Miguel Mamani Prieto -ahora demandante de tutela-, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis del CP, tramitado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se emitió Sentencia condenatoria 42/2021 de 12 de abril, en procedimiento abreviado, imponiéndosele una sanción de tres años de privación de libertad; y posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 72/2021 de 14 de mayo, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto -en suplencia de su similar Primero- del mismo asiento judicial, de conformidad a los arts. 2, 76 y 78 de la Ley 348, se acepta la sanción alternativa en favor del solicitante de tutela, quien deberá cumplir detención de fin de semana desde el viernes a horas 19:00 hasta el día lunes a horas 06:00 en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; decisión que ante el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte víctima, fue confirmada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, mediante Auto de Vista 232/2021 de 5 de julio (Conclusión II.1).

Posteriormente, se tenía previsto efectuar la audiencia virtual de revocatoria de sanciones alternativas el 11 de enero de 2023; sin embargo, debido a que el sindicado se encontraba sin su abogada defensora, la autoridad jurisdiccional -ahora demandada- dispuso la suspensión de la misma y señaló nuevo día y hora de audiencia en modalidad presencial para el miércoles 18 de igual mes y año a horas 14:00; en la cual, conforme desprende el contenido del acta referida, el encausado ahora impetrante de tutela solicitó que la audiencia sea desarrollada de forma virtual debido a que se encontraba en la ciudad de Cochabamba y además tiene una hija menor a su cargo; petición que fue declarada no ha lugar (Conclusión II.2). Llegada la fecha anotada -18 de enero de 2023- y ante la incomparecencia presencial del procesado, la autoridad jurisdiccional ahora demandada suspendió la audiencia y mediante Auto de igual data, ordenó se expida mandamiento de aprehensión en su contra, amparado en la previsión contenida en el art. 113 del CPP modificado por la Ley 1173, cursando asimismo el Mandamiento de referencia (Conclusión II.3). Determinada la problemática planteada y descritos los antecedentes corresponde efectuar el análisis y compulsa de los mismos a los fines de establecer si son o no evidentes las denuncias efectuadas en la demanda tutelar. i) En cuanto a la primera problemática

El demandante de tutela denuncia que pese a haber solicitado por memorial presentado el 13 de enero de 2023, ante el Juez titular del proceso penal que se le sigue, se modifique la modalidad de la audiencia de revocatoria de sanciones alternativas -es decir, presencial a virtual por causas de “fuerza mayor”-, dicha petición no fue considerada, habiendo existido inclusive una confusión por parte de la Auxiliar del Juzgado que le hizo incurrir en error, por cuanto le aseguró a su abogada que se había aceptado la virtualidad enviándole el link del mencionado actuado, empero el día del acto procesal -18 de enero de 2023-, fue sorprendido con la audiencia presencial, por lo que, pese a estar conectado virtualmente, la autoridad judicial no consideró su asistencia, ordenando librar mandamiento de aprehensión en su contra.

De la revisión del contenido del acta de audiencia suspendida de 18 de enero de 2023, se verifica que dicho acto procesal fue instalado con la presencia del Fiscal de Materia, el apoderado de la denunciante y su abogado, y respecto a la parte imputada, el Secretario informó que: “Ha sido convocada en anterior audiencia, se ha convocado en sala virtual, tampoco ha respondido señor juez la parte imputada ni su defensa al momento de ser llamado…” (sic), posteriormente se observa que existió un debate: advirtiéndose la participación -virtual-de la Mary Isabel Gutiérrez Gutiérrez, abogada -de la parte imputada-, quien en su intervención pidió se amplíe el informe -del Secretario-respecto al memorial presentado sobre solicitud de modificación de audiencia presencial a virtual, que mereció que el Secretario de dicho juzgado añada al informe: “De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional cursa memorial de fecha 13 de enero de 2023, a lo cual deviene el decreto de igual data que señala a lo principal estese a lo dispuesto mediante acta de audiencia suspendida de 11 de enero de 2023…” (sic); por su parte, el Ministerio Público indicó que habiendo sido notificado el acusado en anterior audiencia de forma personal con el señalamiento presencial de audiencia y no existiendo justificativo para la pretensión de la abogada de la defensa, pide se aplique el art. 113 del CPP; a su turno, la parte víctima mediante su abogado sostuvo que se debe recordar que en anterior audiencia -de 11 de enero de 2023- el encausado pidió que sea una audiencia virtual porque aparentemente radicaría en la ciudad de Cochabamba, aspecto que fue resuelto “no ha lugar” por el Juez de la causa, es decir que el peticionante de tutela conocía dicha circunstancia y, si bien presentó un memorial solicitando se cambie a modalidad virtual, ese extremo ya había sido resuelto, por lo que solicitó aplicación del art. 113 del Código citado; luego el SEPDEP indicó que recién asumió conocimiento y concluye la fase con la participación de Mary Isabel Gutiérrez Gutiérrez, abogada del imputado, quien aclaró “…ayer me apersone al juzgado y la señorita auxiliar me informó que la audiencia seria virtual y como existía una solicitud (…) hemos supuesto que se habría dado curso a mi memorial (…) razón por la cual me encuentro en la ciudad de El Alto, no tengo ningún impedimento de poder bajar, pero como la auxiliar me informó y de paso me envió el link, puedo presentar como prueba y ofrecer como descargo, aclarar que mi cliente no está escapándose y no esta en calidad de imputado, porque tiene sentencia condenatoria, entonces para aclarar la figura del proceso, él se encuentra en sala virtual su autoridad puede observar…” (sic); finalizada la audiencia, en uso de las facultades establecidas en el art. 113 del CPP, el Juez dispuso librar mandamiento de aprehensión contra el ahora impetrante de tutela por hacer caso omiso a sus disposiciones.

En el contexto descrito, se observa que el demandante de tutela tenía conocimiento efectivo de la realización de la audiencia de 18 de enero de 2023, de forma presencial, en la cual se consideraría la revocatoria de las sanciones alternativas dispuestas en su contra, habiéndose rechazado en audiencia anterior de 11 de enero de 2023, su solicitud de modificación de modalidad presencial a virtual, que igual fue suspendida en razón a haber acudido el acusado sin su abogada defensora; de modo que, la decisión asumida por la autoridad demandada, fue adoptada dentro del marco de las competencias otorgadas por el art. 113.II del CPP, disposición que es clara al establecer que: “…Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia…”, es decir que, el Juez demandado en uso de su poder ordenador y disciplinario, en conocimiento de las circunstancias particulares del caso, y resultando necesaria la presencia del procesado -ahora accionante- en la referida audiencia, dispuso librar el mandamiento de aprehensión como una medida necesaria para asegurar la comparecencia del prenombrado en la audiencia respectiva.

En consecuencia, no se advierte vulneración de derechos del acusado, más aun si se considera que en el presente caso se ha sancionado la comisión de un delito de violencia familiar o doméstica, y de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en el marco del principio y estándar de la debida diligencia, el derecho de acceso a la justicia implica no solo la posibilidad que tiene toda mujer en situación de violencia de acudir ante las autoridades judiciales o administrativas, para denunciar el hecho de violencia, sino también de recibir una respuesta efectiva tanto en la investigación, sanción y reparación de sus derechos; dicha respuesta efectiva alcanza aquellas solicitudes de medidas de medidas de protección; exigencia que no se limita a dictarlas u otorgarlas; sino a lograr su ejecución; por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a este apartado.

ii) Respecto a la segunda problemática

El solicitante de tutela también denunció que solicitó audiencia de modificación de sanciones alternativas sin que hasta la fecha sea programada; sin embargo, ante la petición de audiencia de revocatoria de medidas impetrada por la parte víctima, esta fue señalada inmediatamente, buscando con ello -a criterio suyo- que vuelva a ingresar al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.

Sobre esta denuncia, se tiene el memorial presentado el 19 de enero de 2023, por el cual, el peticionante de tutela se apersonó ante la autoridad ahora demandada y pidió nuevo señalamiento de audiencia presencial y deje sin efecto el mandamiento de aprehensión dispuesto; asimismo, en el “otrosí 1”, solicitó revisión de los actuados procesales indicando que requirió audiencia de modificación de medidas, debiendo considerarse su pretensión al igual que la de revocatoria impetrada por la parte víctima; escrito que fue providenciado en la misma fecha por el Juez ahora demandado, indicando: “A lo principal, estese a lo dispuesto mediante acta de audiencia de 18 de enero de 2023. Al otrosí.- A lo principal…” (sic [Conclusión II.4]).

En ese sentido, se observa que efectivamente el peticionante de tutela pidió la modificación de las medidas impuestas en su contra y que dicha petición no fue considerada por la autoridad demandada, condicionando la consideración de su solicitud a la ejecución del mandamiento de aprehensión ordenado, cuando lo correcto era señalarle que consideraría tanto su solicitud como la de la víctima en un mismo actuado procesal, es decir, la revocatoria y modificación de salidas alternativas, esto bajo los principios de concentración de actos del proceso y debida diligencia; de modo que, al no dar respuesta a la petición efectuada, incurrió en dilación indebida que atenta contra el derecho a la libertad personal del impetrante de tutela por inobservancia del principio de celeridad, con el que deben darse curso todas las solicitudes vinculadas con la libertad personal; en consecuencia, el problema jurídico planteado en este apartado se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, está destinado a agilizar los trámites que se encuentran vinculados con el derecho a la libertad física o personal; debiendo los servidores judiciales, cumplir con los plazos previstos en la ley, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Norma Suprema, correspondiendo conceder la tutela sobre este aspecto. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 08/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente respecto a la segunda problemática analizada en el apartado III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia: 2° Disponer que el Juez ahora demandado, señale inmediatamente audiencia de modificación de sanciones alternativas impetrada por el peticionante de tutela, sea en caso de no haberse modificado su situación jurídica por el transcurso del tiempo; y, 3° DENEGAR en cuanto a la primera problemática analizada, sea conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de

3 Preámbulo de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx.

4 Ibid.

5 Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1100 promulgada el 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación el 8 de junio de 1990.

6 FJ.III.1 de la referida Sentencia Constitucional 0600/2003- R de 6 de mayo.

7 FJ. III.1.1. de la mencionada SCP 1478/2012 de 24 de septiembre.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0888_2025-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 06e1c6130a3faecb67d89561b3868f413195e09ca48efb29b60d84d9a3ffed4b

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