B.IA.LEGAL

SCP 0887/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54039-2023-109-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, defensa, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba y presunción de inocencia; por cuanto: a) Dentro de la tramitación del proceso penal seguido en su contra, ha solicitó la cesación de su detención preventiva, solicitud a la que no se dio curso, sin haberse realizado una correcta valoración de la documentación que presentó en audiencia de cesación de detención preventiva y también en apelación; b) Respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, no se valoraron los certificados presentados, entre otros, el Informe Pericial que desvirtuó su agresividad o que sea un peligro para la víctima o sociedad; y, c) Tampoco se efectuó una correcta valoración con relación al art. 235.2 del CPP, debiéndose respetar su presunción de inocencia. Por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de 1 de febrero de 2023 y se emita nuevo fallo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 180 a 182 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La cesación de la detención preventiva
  2. III.2. La cesación de la detención preventiva y la presentación de prueba en instancia de apelación y su incidencia en los casos de violencia.
  3. III.3. Sobre los riesgos procesales de obstaculización, especial mención al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia contra la mujer desde una visión de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0887/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54039-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 180 a 182 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabiola Suárez Brito y Franz Menacho Heredia, en representación sin mandato de Víctor Alfonso Arembay Méndez contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 141 a 142, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que ha seguido el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de secuestro, se encuentra privado de libertad, con detención preventiva, por más de dieciocho meses. En la tramitación del señalado proceso, solicitó cesación de su detención preventiva que no se dio curso, habiendo planteado recurso de apelación incidental, que a través del Auto de Vista 39 de 14 de febrero de 2023, fue declarado admisible e improcedente por la Vocal demandada, ratificándose su detención, sin haberse dado estricto cumplimiento a lo establecido por el art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), tampoco se ha dado una correcta valoración y compulsa de la documentación presentada en la audiencia de cesación de detención preventiva y en apelación. Respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, relativo al peligro efectivo para la sociedad, quedó desvirtuado con los certificados presentados, de antecedentes penales Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), Certificado de No Violencia (CENVI), Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE), tránsito, servicios judiciales y otros. Con relación al peligro efectivo para la víctima, se desvirtuó con la documentación que se ha ofrecido, como es la solicitud de homologación de medidas de protección, garantías constitucionales al denunciante como a su entorno familiar, además de abundantes memoriales arrimados al cuadernillo de investigaciones y procesal. También está el informe emitido por la Psicóloga del Régimen Penitenciario, que estableció que no se constituía en un peligro para la víctima; en igual sentido el Informe Pericial del perito psicólogo a través de requerimiento fiscal y orden judicial; también en el Informe de Terapias Cognitivas (IITCUP), se desvirtuó que sea una persona agresiva; por lo que, no se constituye en peligro para la víctima y para nadie. Pese haberse desvirtuado el riesgo procesal, sigue detenido, porque el a-quo, así como el Tribunal ad-quem, no han efectuado una correcta valoración de la documentación que ha presentado, tampoco se ha efectuado una adecuada fundamentación. Si bien es cierto que existe una doble protección para la víctima que es mujer, también la jurisprudencia constitucional ha establecido que el riesgo procesal no se debe basar en presunciones, sino en pruebas fehacientes de peligro para la víctima, siendo que su persona no tiene ningún contacto con la víctima y su familia, encontrándose cumpliendo todas las garantías que ofreció, con las medidas de protección que el mismo solicitó que se homologuen. Tampoco se ha hecho valoración, con relación al art. 235.2 del CPP, debiéndose respetar la presunción de inocencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, como del debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba y presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de 1 de febrero de 2023; y, b) Se emita nuevo fallo considerando la jurisprudencia constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 16 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 179 a 180, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) El 18 de diciembre de 2022 el perito forense realizó una pericia y se dio cumplimiento a la terapia; 2) El 31 de diciembre de 2022 el perito presentó el informe, que se lo completó y presentó el 14 de febrero de 2023, que ha demostrado que con la terapia ocupacional ya no subsistiría el peligro efectivo para la víctima, que no ha sido valorado, vulnerándose el debido proceso; 3) El Ministerio Público en forma maliciosa presentó solo el oficio, no toda la terapia ni lo complementario presentado por el perito psicólogo; 4) Esa es la razón por la que el juez cautelar denegó la cesación de su detención preventiva, porque la pericia psicológica no habría sido presentada a ese despacho judicial; y, 5) En audiencia de apelación se presentó ese complemento de terapia psicológica de manera física, al que debió darse una correcta valoración, lo que no hizo la autoridad demandada, quién solo hizo mención a audiencias anteriores y no la última resolución en la cual se ha establecido las observaciones y por las cuales persistía el riesgo procesal, dejándolo en indefensión, vulnerándose su derecho a la libertad.

I.2.2. Informe de la demandada

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito remitido ante el Tribunal de garantías de esta acción de defensa, solicitó se deniegue la tutela impetrada; en el mismo ha expresado que: i) Se ha ratificado en la resolución emitida en 14 de febrero de 2023, toda vez que la parte accionante, pretendió ingresar nueva prueba que no fue considerada en el auto de apelación; ii) Ha realizado un análisis integral de los antecedentes del caso; y, iii) Se ha indicado al ahora accionante, cuáles fueron los motivos por los que se considera que existen los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP que quedaron latentes.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Sentencia de 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 179 a 180, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1181/2006-R, en función del principio de favorabilidad, ha establecido una línea de jurisprudencia en sentido que en la audiencia de medida cautelar, el Tribunal de alzada podrá valorar nuevos elementos de prueba; b) En audiencia de cesación de detención preventiva, la figura jurídica es otra, si el imputado presentó nuevos elementos, en segunda instancia no se puede valorar aspectos que no han sido apreciados en la audiencia de cesación de la detención preventiva; c) Los nuevos elementos de prueba que hayan sido obtenidos en forma posterior a la audiencia de cesación de la detención preventiva, deben ser del contradictorio en audiencia de cesación de la detención preventiva; es decir, que el nuevo elemento de prueba, debe haber sido discutido en la audiencia de cesación de la detención preventiva; d) En el caso que dio lugar a la acción tutelar, se estuvo en una audiencia de cesación de detención preventiva, por lo cual el procesado debió presentar ante la autoridad de primera instancia toda la documentación idónea y pertinente; e) En el Auto de Vista impugnado se ha actuado de manera correcta, porque no podía valorarse elementos de prueba que no fueron valorados por la autoridad de primera instancia y que no se ha corrido en traslado a las partes procesales, pues si así se hiciera se vulneraría el principio de igualdad de las partes procesales; f) Además, se vulneraría el art. 239.1 del CPP que establece que el imputado es quién debe presentar nuevos elementos de prueba, para desvirtuar los motivos por los que se encuentra detenido preventivamente; g) No es cierto que la autoridad demandada, haya valorado resoluciones anteriores para establecer que se encuentran subsistente el riesgo procesal o que haya tenido en cuenta aspectos que ya habrían sido considerados con anterioridad; h) El Auto de Vista impugnado de 14 de febrero de 2023, se ha emitido sobre la base de decisiones que no se encontraban ejecutoriadas, como son el Auto de Vista de 29 de noviembre de 2022 y en el Auto interlocutorio de 1 de febrero de 2023; y, i) No es evidente la vulneración al debido proceso, en el elemento fundamentación y motivación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dimar Salvatierra formalizó denuncia contra Víctor Alfonso Arembay Méndez, como presunto autor del secuestro de su hija María Esther Salvatierra, que dio lugar a que el Ministerio Público haya pronunciado la resolución de imputación formal contra el mismo; en audiencia de medidas cautelares de 11 de octubre de 2021, el Juzgado de Instrucción en lo Penal de la Capital Decimocuarto del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto 494/21 de 11 de octubre, por el que dispuso la aplicación de la detención preventiva contra el imputado por el término de ciento ochenta días, por existir riesgos procesales de fuga con relación al art. 234.1, 2,7 y 235.2 del CPP (fs. 3 a 7 vta.). II.2. El Juez del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en conocimiento de la solicitud de cesación a la detención preventiva, emitió el Auto 113/22 de 8 de abril, por el que negó dicha solicitud, dejándose establecido que el mismo mejoró su situación jurídica, en cuanto acreditó el elemento domicilio, manteniendo vigente el elemento trabajo previsto en el art. 234.1, igual el art. 234.2.7 y 235.2 del CPP (fs. 12 a 20 vta.).

II.3. Habiéndose impugnado la decisión que negó la solicitud de cesación de detención preventiva, en audiencia de apelación de medida cautelar, el Tribunal de alzada pronunció el Auto de Vista 151 de 19 de abril de 2022, a través del que se ha declarado admisible e improcedente el recurso de apelación planteado por el imputado, confirmándose la Resolución 113/22 de 08 de abril (fs. 21 a 29 vta.). II.4. A través del Auto Interlocutorio 58 de 12 de julio de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró infundada la solicitud de cesación de la detención preventiva, por mantenerse latente los riesgos procesales del art. 234.1.2.y 7 y el art. 235.2 del CPP (fs. 35 a 39 vta.). II.5. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en audiencia de apelación de la medida cautelar, pronunció el Auto de Vista 320 de 1 de agosto de 2022 por el que se resolvió declarar admisible e improcedente el recurso de apelación; en consecuencia, se ha confirmado la Resolución 58/22 de 12 de julio de ese año (fs. 40 a 47). II.6. La solicitud de cesación de detención preventiva, a través de Auto 17 de 19 de octubre de 2022, fue resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, habiéndose dispuesto denegar la solicitud de cesación de la detención preventiva, por quedar latente los riesgos procesales de fuga del art. 234.1 vertiente trabajo, 234.2.7 y 235.2 del CPP (fs. 48 a 52). II.7. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto 524 de 29 de noviembre de 2022, a través del que resolvió la apelación de la cesación de detención preventiva, declarando admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación, revocando en parte el Auto 17 de 19 de octubre de 2022, habiendo dado como acreditado el elemento trabajo, por lo que se enervó el peligro de fuga previsto en el art. 234.1 y 2, quedando por ratificado los riesgos procesales previstos en el art. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 54 a 63). II.8. Habiéndose solicitado nuevamente la cesación de la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto de 1 de febrero de 2023, a través del que se declaró infundada la solicitud de cesación de detención preventiva, previsto en el art. 239.1 respecto al art. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 47 a 50). II.9. En audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 39 de 14 de febrero de 2023, por el que se declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte acusada, confirmándose el Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2023, manteniendo firmes los riesgos procesales previstos al art. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 147 a 153).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, defensa, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba y presunción de inocencia; por cuanto: a) Dentro de la tramitación del proceso penal seguido en su contra, ha solicitó la cesación de su detención preventiva, solicitud a la que no se dio curso, sin haberse realizado una correcta valoración de la documentación que presentó en audiencia de cesación de detención preventiva y también en apelación; b) Respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, no se valoraron los certificados presentados, entre otros, el Informe Pericial que desvirtuó su agresividad o que sea un peligro para la víctima o sociedad; y, c) Tampoco se efectuó una correcta valoración con relación al art. 235.2 del CPP, debiéndose respetar su presunción de inocencia. Por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de 1 de febrero de 2023 y se emita nuevo fallo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La cesación de la detención preventiva

La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado sobre los presupuestos de la cesación de la detención preventiva y el deber de valoración integral de los elementos de prueba y de las circunstancias descritas en los arts. 234 y 235 del CPP, estableciendo el siguiente razonamiento: «El art. 239.1 del CPP señala que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; a partir de dicha causal, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención preventiva, y, 2) Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre muchas otras-. Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el imputado, debe determinar si su situación jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva».

elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra”.

2El FJ III.1, establece: “Consecuentemente, es el imputado el que debe demostrar, con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva han sido modificados o ya no existen, para que sea el juez quien, analizando en forma integral todos esos nuevos elementos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a desvirtuar las causas que determinaron la detención preventiva, de no ocurrir ello, no podrá otorgarse la cesación de la detención; por lo mismo, el juzgador debe analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias que existan y que deben ser considerados para adoptar la decisión final.

Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva”.

La citada SCP 0011/2018-S2 también se refirió a las condiciones para resolver la cesación de la detención preventiva sobre la base de la causal establecida en el 239.1 del CPP, determinando el siguiente razonamiento:

[C]onforme a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar. El razonamiento antes señalado, ha sido complementado por la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.1.1., se ha referido al fundamento normativo y fáctico de la resolución de apelación de la cesación de detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, en la que se hizo mención a la SC 1340/2005-R de 25 de octubre, que señaló que el análisis concurrente de los dos elementos previstos en el art. 239.1 del CPP, también vincula al Tribunal de alzada; el cual, lo debe hacer en el marco de lo establecido en el art. 398 del citado Código; es decir, en una primera fase, el análisis de los requisitos que fundaron la medida y los nuevos elementos; y en una segunda fase, contrastando los elementos de juicio presentados en la primera, con los fundamentos de la apelación. En ese sentido, concluyó lo siguiente:

[A]sí, la SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualizando la línea relativa al contenido de la resolución del tribunal de alzada, que resuelve la apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, estableció que la resolución debe realizar el análisis ponderado de dos elementos:

1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, análisis que debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que dispone que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, es decir, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) ¿Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante?; y 2) ¿Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia?.

III.2. La cesación de la detención preventiva y la presentación de prueba en instancia de apelación y su incidencia en los casos de violencia.

En el marco de la causal de cesación de la detención preventiva prevista en el art. 239.1 del CPP, conforme se ha señalado, se debe realizar una valoración integral de los nuevos elementos de convicción, que no solamente alcanza al juez de instrucción en lo penal o el tribunal a-quo, sino también al tribunal ad-quem, que es el que en apelación, conoce la resolución que conceda o que rechace la cesación de la detención preventiva.

Bajo dicho carácter, surge la interrogante si a tiempo de solicitar la cesación de la detención preventiva, ¿Es posible en etapa de apelación presentar esos nuevos elementos de prueba, que en principio no fueron presentados ante el Juez a quo, para desvirtuar los motivos que determinaron la detención preventiva?. Para responder dicha interrogante, se debe considerar que cuando una persona solicita la cesación de su detención preventiva, como imputado o acusado, en el marco de la causal prevista en el art. 239.1 del CPP, tiene el deber o la obligación de introducir esos nuevos elementos probatorios que demuestren que ya no concurren los motivos que determinaron esa decisión; por lo mismo, es el juez que en primera instancia debe considerar y realizar una valoración integral de esos elementos de prueba aportados, motivo por el cual, tratándose de una solicitud de cesación de la detención preventiva bajo la causal prevista en el art. 239.1) del CPP, no sería posible que el imputado o acusado en etapa de apelación pretenda directamente incorporar esos nuevos elementos probatorios para desvirtuar los motivos que determinaron su detención preventiva. Primero, porque el deber de analizar y compulsar los nuevos elementos de prueba, están a cargo del a-quo y que también alcanzan al tribunal ad-quem que es quién conoce la apelación de la resolución que ha rechazado la cesación de la detención preventiva; y, segundo, el carácter de la resolución de rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva, no causa estado, es una decisión que podrá ser modificada en cualquier momento, en tanto y en cuanto se presenten esos nuevos elementos de convicción que permitan demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron la detención preventiva.

Ahora bien, el que en apelación no se valoraron nuevos elementos de prueba, que no fueron apreciados en primera instancia, cuando se tramita una solicitud de cesación de detención preventiva, tiene estrecha relación con dos aspectos: por una parte y conforme se ha manifestado, esa medida no causa estado, en ese mérito completada la documentación cuya ausencia dio lugar a su negativa, inmediatamente puede volver a plantear su solicitud de cesación de detención preventiva; por otra parte, tiene vinculación con el principio de igualdad procesal, en mérito del cual ese tipo de solicitud no solo está a cargo de la parte imputada o acusada, sino que también ese tipo de solicitudes debe ser de conocimiento de la contra parte -acusador particular y/o víctima-, a fin que se produzca la contradicción sobre medios probatorios, que es preciso en cualquier debate judicial.

Particular análisis merece los casos vinculados con delitos de violencia en razón de género, considerando que de permitirse que los nuevos elementos de prueba, que no fueron valorados por el a-quo, sean analizados directamente por el tribunal de apelación, no solo podría provocar un afectación al principio de igualdad de partes, sino que provocaría un desbalance procesal con relación a la víctima, en atención a que en la audiencia de apelación de cesación de detención preventiva, no podría valorarse de manera directa nuevos elementos, sin que la defensa de la víctima no se haya pronunciado sobre la pretensión, máxime si no fueron analizados por el juez –aquo. Una actuación así podría tener un efecto revictimizante, contrario a los estándares nacionales e internacionales de protección en los casos violencia.

III.3. Sobre los riesgos procesales de obstaculización, especial mención al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia contra la mujer desde una visión de género

La SCP 0872/2018-S2 de 20 de diciembre reafirmando el precedente constitucional contenido en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, sobre el peligro efectivo a la víctima en delitos relacionados a la violencia, estableció lo siguiente: «[Para] la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización.

El segundo requisito referido al peligro de fuga y de obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, previstos en los arts. 234 y 235 del señalado cuerpo normativo. Sobre el peligro de fuga, contenido en el art. 234 del citado Código, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”. Dicha norma establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral de las mismas, entre las que se encuentra, el numeral 2 del art. 235 de ese cuerpo legal, referido a que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; así como el numeral 10 del art. 234 (ahora art. 234.7) del aludido Código, el “Peligro efectivo para la víctima o el denunciante”. […]

Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados por esta Sala, que consideró la normativa internacional e interna, transcritas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización; pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes.

Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos en base a criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente; pues, de lo contrario se produciría una “revictimización”; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra esta población.

Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye a dicho imputado y la conducta exteriorizada por éste contra las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si esa conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante.

Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad en la que se encuentran; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente.

En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación deben tomar en cuenta los derechos de la víctima evitando probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida cautelar a imponerse al imputado o la modificación que pretenda a quien se atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia.

Consiguientemente, en el marco de lo señalado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, considerando las normas internacionales e internas, en especial las medidas de protección a la mujer víctima de violencia a las que está obligado el Estado Boliviano, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que:

i) En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y, en general, mujeres, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, (…)». [el resaltado es añadido]

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante, ha denunciado que en la tramitación del proceso penal seguido en su contra, por la supuesta comisión del delito de secuestro, ha solicitado cesación de detención preventiva, pedido al que la autoridad judicial de primera instancia (Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal), no dio curso porque la pericia psicológica no fue presentada a ese despacho judicial, por cuanto el Ministerio Público de manera maliciosa solo presentó el oficio, no toda la terapia ni lo complementado por el perito psicológico; habiendo planteado apelación incidental, en audiencia si presentó de manera física el complemento de la terapia psicológica, con lo que ha demostrado que ya no existía peligro efectivo para la víctima, quedando desvirtuado el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, ese documento y otros, no fueron valorados por la autoridad demandada, quién además no ha efectuado una adecuada fundamentación; tampoco se ha hecho una correcta valoración con relación al art. 235.2 del CPP. Por todo lo que se pasa a analizar si lo alegado por la parte accionante resulta o no evidente:

1. Con relación al riesgo procesal de fuga, relativo al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, establecido en el art. 234.7 del CPP, en casos de violencia contra la mujer De la revisión de antecedentes que cursan en obrados y conforme a los datos que constan en Conclusiones de II.1 a II.9, de este fallo constitucional, se evidencia que contra el ahora accionante Víctor Alfonso Arembay Méndez –accionante-, Dimar Salvatierra formalizó denuncia en su contra, como presunto autor del secuestro de su hija María Esther Salvatierra, habiéndose dispuesto detención preventiva contra el imputado, quién solicitó reiteradas veces cesación de la detención preventiva, que fue negada y también en apelación. Amparado en el art. 239.1 del CPP, el impetrante de tutela, solicitó cesación de su detención y en audiencia de 1 de febrero de 2023, expresó haber desvirtuado el riesgo establecido en el art. 234.7, con el oficio que ha presentado al Tribunal a-quo que evidencia que ha sido atendido a través de consultas psicológicas, certificados del CENVI y REJAP; pedido al que el Tribunal a-quo no dio curso, en cuanto el oficio no es suficiente para desvirtuar dicho riesgo. La parte agraviada, planteó recurso de apelación, expresando que por irresponsabilidad del perito forense del ITTCUP ante el Tribunal a-quo no presentó el dictamen pericial psicológico concerniente a terapias ocupacionales, pero en forma posterior a la audiencia de cesación, ha presentado dicho dictamen al Tribunal de alzada que debió ser valorado, cumpliendo con el requisito que necesitaba para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP. La autoridad demandada emitió el Auto de Vista 39 de 14 de febrero de 2023, impugnado en la acción tutelar, por el que se confirmó el Auto apelado que negó la solicitud de cesación de la detención preventiva, por considerarlo correcto, en cuanto no se ha desvirtuado el riesgo del art. 234.7 del CPP, porque al Tribunal a-quo solo se le presentó un oficio, no así el informe pericial por lo que el mismo no ha sido valorado en su oportunidad, informe de evaluación psicológica que sí se ha presentado en alzada, cuando ya no se puede valorar una documentación que no se ha corrido en traslado a la otra parte; correspondiendo, que el imputado solicite una nueva audiencia de cesación de detención preventiva en la que presente el dictamen pericial psicológico para ser valorado. Cuando en la tramitación de un proceso penal, una de las partes, sea el imputado o el acusado ha solicitado la cesación de su detención preventiva, amparado en el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, que da la viabilidad de la cesación: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”. De acuerdo a ese fundamento normativo, la autoridad judicial -juez o tribunal- deberá realizar un análisis ponderado de los elementos de convicción que determinaron la imposición de la medida, contrastando con los nuevos elementos que se hubieran aportado y que demuestren que ya no concurren las razones por las que se determinó esa medida excepcional (de detención preventiva); ahora bien esos nuevos elementos deben tener una valoración integral, que como obligación no solo alcanza al a-quo, sino también al ad-quem, en este último caso se trata del tribunal que conoce en apelación la resolución que conceda o que rechace el pedido de cesación de detención preventiva, como así ha entendido expresamente la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, que se ha expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta decisión constitucional. Es decir que, tratándose de un trámite de solicitud de cesación de detención preventiva, conforme al razonamiento expresado en las SCP 0469/2018-S2, entre muchas otras, en el marco del art. 398 del CPP, se debe realizar una valoración integral de los nuevos elementos de convicción, que no solamente alcanza al juez de instrucción en lo penal o el tribunal a-quo, sino también al tribunal ad-quem, que es el que en apelación, conoce la resolución que conceda o que rechace la cesación de la detención preventiva. En el caso que motiva la presente acción de tutela, el 1 de febrero de 2023, Víctor Alfonso Arembay solicitó al Tribunal a-quo, cesación de su detención preventiva, adjuntando un oficio, no el Dictamen Pericial Psicológico que según el accionante desvirtuaría el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP; ante esa ausencia el Tribunal a-quo, negó ese pedido, por no haberse acreditado nuevos elementos de prueba. Esa determinación, es aceptada, por el ahora accionante, quién no cuestiona ese fallo, porque sería cierto que no se presentó ese documento extrañado, por una irresponsabilidad del perito forense del IITCUP (así expresa en la fundamentación de su apelación), también porque el Ministerio Público en forma maliciosa solo presentó un oficio y no toda la terapia (así expresa en la audiencia tutelar, cuando ratifica su acción). Conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco de lo regulado por el art. 239.1 del CPP, se tiene que cuando una persona solicita la cesación de su detención preventiva, como imputado o acusado, tiene el deber o la obligación de introducir esos nuevos elementos probatorios que demuestren que ya no concurren los motivos que determinaron esa decisión; no corresponde descargar esa obligación o responsabilidad en otros sujetos procesales, sea el perito forense o sea el Ministerio Público, como ha pretendido la parte solicitante de la tutela, para justificar el incumplimiento de su obligación. En esas circunstancias, la parte ahora accionante, en lugar de justificar su incumplimiento atribuyendo la responsabilidad de terceros, como se ha expresado, debió asumir la naturaleza de la institución de la detención preventiva, que se rige por el principio de provisionalidad, a ese fin correspondía volver a presentar su solicitud de cesación de detención preventiva, acompañando todos los medios de prueba que pudo haber considerado necesario, como es ese informe o dictamen pericial psicológico en forma completa, para que sea valorado por el a-quo como un “nuevo elemento de prueba”. Pero nada de eso hizo, pues en ejercicio de su derecho de impugnación, de manera directa planteó recurso de apelación del Auto -que razonablemente- negó su solicitud de cesación de detención preventiva, esperando que sea el ad-quem quién de manera directa y en segunda instancia, por primera vez valore ese nuevo elemento de prueba o dictamen pericial psicológico de 31 de enero de 2023, que expresaría que su salud mental se encontraría dentro de parámetros normales, sin signos psicopatológicos y que desvirtuaría el riesgo del art. 234.7 del CPP. Con esa forma de actuar, el ahora accionante no ha considerado la línea jurisprudencial que sobre la solicitud de cesación de detención preventiva, tiene desarrollada el Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto: 1.1) No ha tenido presente que el deber de analizar y compulsar los nuevos elementos de prueba, están a cargo del a-quo y que también alcanzan al tribunal ad-quem que es quién conoce la apelación de la resolución que ha rechazado la cesación de la detención preventiva; y, 1.2) La detención preventiva no causa estado, es una medida provisional y como tal, ante la negativa y los argumentos dados, bien pudo completar la información y volver a solicitar la cesación, pero no lo hizo así. En esas circunstancias, la autoridad demandada, en el Auto de Vista cuestionado, no ha cometido ninguna ilegalidad al confirmar la decisión del a-quo, por cuanto, conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta resolución constitucional, no podía de manera directa valorar nuevos elementos de prueba para determinar si se desvirtuó o no el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP. En efecto, de acuerdo, con lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, en apelación no se valora nuevos elementos de prueba, que no fueron apreciados en primera instancia, cuando se tramita una solicitud de cesación de detención preventiva, tiene estrecha relación con dos aspectos, por una parte y conforme se ha manifestado, esa medida no causa estado, en ese mérito completada la documentación cuya ausencia dio lugar a su negativa, inmediatamente puede volver a plantear su solicitud de cesación de detención preventiva; por otra parte, tiene vinculación con el principio de igualdad procesal, en mérito del cual ese tipo de solicitud no solo está a cargo de la parte imputada o acusada, sino que también ese tipo de solicitudes debe ser de conocimiento de la contra parte (acusador particular y/o víctima), a fin que se produzca la contradicción sobre medios probatorios, que es preciso en cualquier debate judicial. En el caso de autos, habría sido inadmisible que la autoridad demandada considere la enervación del riesgo procesal señalado en el art. 234.7 del CPP, cuando en obrados, queda en evidencia que los nuevos elementos de prueba no fueron valorados por el a-quo, lo que no abría la opción al ad-quem a valorar directamente, como ya se ha expresado; además en la audiencia de apelación de cesación de detención preventiva, no participó ni el Ministerio Público ni tampoco la parte civil, en esas circunstancias, mal podría haberse valorado de manera directa nuevos elementos, sin que la defensa de la víctima no se haya pronunciado sobre la pretensión de la parte acusada, hacerlo así habría implicado una revictimización. Finalmente, en este punto es necesario tener presente que, en este caso concreto, se trata de un proceso penal que se ha llevado adelante por la presunta comisión del delito de secuestro, ejercido con violencia contra una mujer, que por ser tal, tiene un tratamiento especial, conforme se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente sentencia constitucional, en la que se ha dejado sentado que en casos de violencia contra la mujer, la autoridad judicial debe evaluar la peligrosidad, que debe ser materialmente verificable y que opere como fundamento de la detención preventiva, caso contrario se produce una revictimización, que sí se habría dado, si es que sin la participación de la víctima se habría valorado prueba de manera directa en apelación para resolver la solicitud de cesación de detención preventiva, conforme se ha expresado; por todo lo que no se ha cometido ninguna ilegalidad que amerite la tutela ahora demandada. 2. Con referencia al peligro de obstaculización, relativo a que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente, establecido en el art. 235.2 del CPP, en casos de violencia contra la mujer El ahora accionante Víctor Alfonso Arembay Méndez, amparado en la previsión del art. 239.1 del CPP ha solicitado cesación de su detención preventiva, por cuanto habría desvirtuado el riesgo previsto en el art. 235.2. del CPP con: el contenido de lo expresado en varias sentencias constitucionales, informe social de 30 de marzo de 2022, de permanencia y conducta; solicitud a la que el Tribunal a-quo no dio curso, por Auto de 1 de febrero de 2022, por cuanto las certificaciones de permanencia y buena conducta no corresponden y el informe de 30 de marzo de 2022 ya fue valorado. Esa determinación fue impugnada a través de la interposición de un recurso de apelación incidental, con el argumento de que ha desvirtuado el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP porque ha ofrecido distintos memoriales: amplias garantías, el cuaderno de investigaciones en el que se evidencia que no hay un informe negativo en su contra, también certificaciones de permanencia y buena conducta que acreditan que su conducta es intachable, además de estar en la etapa de juicio oral, ya no hay actos investigativos que realizar, tampoco tiene acceso a las víctimas, menos puede influenciar en ellas, habiéndose enervado ese riesgo procesal. El señalado recurso de apelación ha sido resuelto por la autoridad demandada, quién ha pronunciado el Auto de Vista 39 de 14 de febrero de 2023, cuestionado en la acción tutelar, confirmando el auto apelado, porque no se ha desvirtuado el riesgo del art. 235.2 del CPP, haciendo mención a los Autos de 1 de febrero de 2023, Autos de Vista 534/2022 de 29 de noviembre, 320/2022 de 1 de agosto, 494/2021 de 11 de agosto, señalando que: i) El Informe Social de 30 de marzo de 2022 ya ha sido valorado; ii) No se puede valorar fotocopias simples del certificado de permanencia y conducta; iii) Los memoriales presentados por la defensa -amplias garantías, cuadernillo de investigaciones- no desvirtúan el riesgo; iv) El que exista una acusación, no desvirtúa el riesgo procesal, porque el peligro de obstaculización no solo está vinculado a la etapa preparatoria sino al juicio oral; v) No ha presentado ninguna prueba, que acredite que no influirá a partícipes, testigos, peritos; y, vi) En el proceso existe una asociación delictuosa, una cuarta persona habría financiado gastos operativos del secuestro, estando en libertad se puede comunicar con personas vinculadas al hecho ilícito. Conforme se ha expresado en Fundamentos Jurídicos III.3 de la presente sentencia, cuando los administradores de justicia van a considerar el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, referido a que el imputado influya negativamente en testigos, peritos o partícipes, en aquellos casos en los que presumiblemente hay una víctima mujer que ha sufrido violencia, es necesario que resuelvan el caso considerando criterios diferenciadores de género; en ese mérito, considerando la situación de desventaja en la que se encuentra la mujer respecto al imputado, la conducta exteriorizada de éste, como las características del delito cuya autoría se le atribuye, para determinar si esa conducta pone o no en riesgo los derechos de víctima. Ese mismo criterio deben tener las autoridades judiciales, cuando les corresponde analizar una modificación de una medida cautelar, como es la solicitud de cesación de detención preventiva, amparada en el art. 239.1 del CPP, es preciso que la misma, aprecie los nuevos elementos de prueba en forma integral, elementos que tendrían que acreditar que ya no concurren los motivos que la fundaron o que se ha tornado conveniente que la medida de la detención preventiva sea sustituida por otra; esa apreciación de los nuevos elementos de prueba, debe realizarse considerando los criterios diferenciadores de género antes expresados, más aún cuando se trata de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP. Ahora bien, la autoridad judicial -en primera o en segunda instancia-, cuando tenga que resolver una solicitud de cesación de detención preventiva, tratándose de casos en los que el supuesto hecho delictivo se ha realizado contra una mujer y además se ha ejercido violencia contra ella, debe cuidar en todo momento que no se generan circunstancias revictimizantes en su contra, pero ese cuidado no solo se dará en la etapa investigativa, sino que debe extenderse a toda la tramitación del proceso penal, que incluye aquella fase, así como la etapa de juzgamiento y sanción. El ahora accionante, cuando ha planteado recurso de apelación incidental, al igual que durante la tramitación de la acción tutelar, entiende que el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP estaría enervado, porque en la tramitación del proceso penal, ya no hay actos investigativos que realizar; sin embargo esa apreciación, no corresponde a derecho ni a los precedentes constitucionales desarrollados en Fundamentos Jurídicos III.3 de la presente sentencia constitucional, en cuanto queda claro que un proceso penal incluye la etapa investigativa, el juzgamiento y la sanción y en todas las fases del proceso, la autoridad judicial debe cuidar que no existan conductas que atenten contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes a una mujer sobre la que se ejerció actos de violencia, en ese mérito, el que no haya actos investigativos que realizar, desde ningún punto de vista enerva ningún riesgo procesal, o no se desvirtúa el riesgo procesal de obstaculización, solo porque exista acusación o se esté durante la tramitación del proceso penal. Asimismo en la acción tutelar, se ha cuestionado que en la decisión impugnada se ha hecho mención a Autos de Vista que estuvieran ejecutoriados, sin haberse valorado la documentación presentada y que desvirtuaría el riesgo del art. 235.2 del CPP; al respecto, entre la documentación presentada por el solicitante -ahora accionante- para pedir la cesación de detención preventiva, estaría un informe social de 30 de marzo de 2022, certificados de permanencia y buena conducta, amplias garantías, cuadernillos de investigaciones y otros documentos que ya fueron presentados por el mismo solicitante, en la tramitación de otras solicitudes de cesación de detención preventiva. En la misma lógica que tiene el accionante para cuestionar que la parte demandada se habría basado en decisiones judiciales que sobre sus solicitudes de cesación ya estarían ejecutoriadas, es el mismo razonamiento que debió considerar para presentar “nuevos elementos” de prueba, conforme establece el art. 239.1 del CPP, que desvirtúen el riesgo del art. 235.2 del señalado procedimiento; no es un nuevo elemento de prueba el informe de 30 de marzo de 2022 que ya fue valorado -como se ha reconocido en forma expresa por la parte demandada-, tampoco el cuadernillo de investigaciones y las certificaciones de buena conducta a las que hizo mención, que ya fueron analizados en oportunidades anteriores; realmente el único “nuevo elemento” que presentó y no se pudo valorar, lo hizo directamente en alzada -no ante el a-quo- como se expresó en el punto anterior. Por otra parte, se deja constancia, que la apreciación y la valoración de -nuevos- elementos de prueba que sirvan o justifiquen que una autoridad judicial decida sobre la solicitud de cesación de detención preventiva, conforme las previsiones de los arts. 234 y 235 del CPP, deben implicar una valoración integral de los mismos, que demuestren y acrediten que la víctima -mujer, sobre quién se ejerció actos de violencia- no se encuentre respecto a su agresor en circunstancias de desventaja. Es preciso que esa valoración sea realmente integral, no solo analizar la conducta exteriorizada de Víctor Alfonso Arembay al interior del penal -expresa que tendría una buena conducta-, sino también no se debe perder de vista las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado o al acusado, que en el caso concreto se trata de la supuesta comisión de un delito de secuestro contra una mujer con ejercicio de violencia, delito que por su naturaleza se ha realizado por un conjunto de personas que se encuentran vinculadas al ilícito al interior y fuera del recinto penitenciario. Se deja presente que los aspectos señalados deben ser analizados para resolver cualquier solicitud de cesación de detención preventiva, más aún cuando se funda en el peligro de obstaculización regulado en el art. 235.2 del CPP, vinculado a que el imputado no influya sobre la víctima -con quién puede no tener contacto o haber firmado a su favor actas garantías-, sino también que el mismo no influya sobre otros partícipes del hecho que ha sido denunciado, testigos o peritos. Por todo lo expresado, la autoridad demandada, al haber confirmado el Auto que denegó la solicitud de cesación de detención preventiva, por no haberse desvirtuado el riesgo establecido en el art. 235.2 del CPP, no ha efectuado ningún acto ilegal que vulnera derechos a la libertad, debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación, consecuencia, valoración de la prueba y presunción de inocencia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 180 a 182 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “El art. 233 CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva, luego de realizada la imputación formal y el pedido fundamentado del Fiscal o del querellante, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; ambos requisitos deben concurrir de manera simultánea. Por su parte, el art. 239.1) CPP, determina que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. De las disposiciones glosadas se establece claramente que la resolución judicial que resuelva la solicitud de la cesación de la detención preventiva, por la causal prevista en el art. 239.1) CPP, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y 2) cuáles los nuevos

3 Ibid., p. 89.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0887_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9b2aa4c63862a2309677a31bb9b809a50d14f986404ebf0557af97cc15b873b8

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