B.IA.LEGAL

SCP 0886/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
53797-2023-108-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, desde el 10 de enero de 2023, fecha en la que se resolvió la apelación formulada contra la Resolución que rechazó la cesación a su detención preventiva, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no procedieron a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, lo cual genera que no pueda volver a presentar nueva solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto al Vocal demandado, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; exhortándole a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad; y,

2º DENEGAR la tutela solicitada con relación al Secretario de Cámara codemandado, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la devolución de antecedentes remitidos en recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Legitimación pasiva en acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0886/2025-S4 Sucre, 28 de julio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 53797-2023-108-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 02/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Marco Antonio Divico Jancko contra Jorge Andrés Pérez Maita, Presidente y Pablo Villafuerte Otondo, Secretario de Cámara, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de febrero de 2023, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de septiembre de 2022, el Ministerio Público presentó imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de estupro agravado, solicitando su detención preventiva por seis meses; lo que mereció que el Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 14 de octubre de igual año, disponga su detención preventiva por el lapso de tres meses, ante la concurrencia del riesgo de fuga establecido en el art. 234. 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, el 29 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva en el Juzgado de Sentencia Penal de Uncía del departamento de Potosí; en el cual, la autoridad judicial, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazó la petición; decisión contra la cual, interpuso recurso de apelación incidental, que fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. El Tribunal de alzada, mediante Auto de Vista de 10 de enero de 2023, en primera instancia admitió el recurso y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio de 29 de diciembre de 2022; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, las autoridades no devolvieron el cuaderno de apelaciones al Juzgado de origen, generando una dilación procesal que afectó su derecho a la libertad, al no poder solicitar una nueva audiencia de cesación a la detención preventiva por no contar con el Auto de Vista.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas disponga la remisión del cuaderno de apelación más el Auto de Vista de 10 de enero de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 19, presente el Vocal demandado, ausentes tanto el accionante como el Secretario codemandado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni presentó informe escrito alguno.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario público demandados

Jorge Andrés Pérez Maita, Presidente y Pablo Villafuerte Otondo, Secretario de Cámara ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe presentado el 14 de febrero de 2023, cursante a fs. 15 y vta., manifestaron lo siguiente: a) Mediante Acuerdo de Sala Plena 131/2022 de 25 de noviembre, se dispuso la vacación judicial colectiva para la gestión 2022, dejando a la Sala Penal Tercera de turno, debiendo gozar de su vacación a partir del 9 de enero de 2023; b) Es así que, la audiencia se desarrolló de forma excepcional el 10 de igual mes y año, con la participación del Vocal Relator Jorge Andrés Pérez Maita y un Oficial de Diligencias habilitado en suplencia legal, quienes no estaban de vacaciones; c) El Secretario codemandado se encontraba gozando de su vacación, y recién el 6 de febrero del citado año, se retornó a las labores judiciales en los despachos que estaban de vacación en el segundo turno, y a partir de esa fecha se regularizaron las remisiones pendientes; d) La Sala Penal Tercera, al quedar de turno durante la vacación, enfrentó una alta carga procesal, llegando a realizar hasta diez audiencias diarias; asimismo, señalaron que la normativa procesal no prohibía ni impedía solicitar la cesación a la detención previa la devolución del legajo de apelación al juzgado de origen; e) No se restringió el derecho a la libertad denunciado por el accionante; toda vez que, la resolución fue emitida oralmente dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP; y que el legajo de apelación ya fue remitido al juzgado de origen vía courrie; y, f) De lo manifestado, se concluye que el objeto de la presente acción de defensa constituía un hecho superado; ya que, el acto reclamado cesó tras la notificación con la acción tutelar, pues de acuerdo a la jurisprudencia constitucional no tendría sentido que la jurisdicción constitucional se pronuncie sobre el fondo cuando la pretensión del accionante ya fue satisfecha; por lo que, solicitaron denegar la tutela impetrada. El Vocal –demandado– en audiencia, a tiempo de ratificarse en el informe presentado señaló que: 1) El accionante a tiempo de interponer la presente acción de defensa, no especificó qué acción concreta habría realizado su persona para vulnerar el derecho a la libertad del imputado; y, 2) Toda vez que, resolvió el recurso de apelación incidental dentro del plazo establecido, en una audiencia en la que estuvieron presentes el impetrante de tutela y su abogado, no considera que exista elemento alguno que le imputara la vulneración del derecho a la libertad, y que el retraso restante era un trámite administrativo ya subsanado; por lo que, solicitó se declare infundada la acción de libertad y deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 19 a 22, denegó la tutela respecto al Vocal y el Secretario de Cámara demandados; y, concedió la tutela tomando en cuenta el principio de informalismo contra el personal de apoyo jurisdiccional; es decir, contra el Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, aun no se hubiera presentado la presente acción de defensa en su contra; tomando en cuenta, que fue el personal de apoyo jurisdiccional el que no hubiese remitido el Auto de Vista al juzgado de origen; bajo los siguientes fundamentos: i) El art. 251 del CPP, estableció que las resoluciones que dispusieran, modificaran o rechazaran medidas cautelares serían apelables con efecto suspensivo en un plazo de setenta y dos horas; y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones debían ser remitidas al Tribunal de alzada en un término de veinticuatro horas bajo responsabilidad; y una vez sorteado el caso, el Vocal de turno de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, debía resolver en audiencia sin más trámite y bajo responsabilidad dentro de los tres días siguientes a la recepción de las actuaciones, sin recurso ulterior; ii) De antecedentes, se estableció que el Vocal demandado, resolvió la apelación incidental mediante Auto de Vista de 10 de enero de 2023, dentro del plazo establecido; por lo que, no correspondía conceder tutela contra dicha autoridad; iii) En cuanto al Secretario codemandado, se informó que estuvo de vacaciones desde el 9 de igual mes y año; motivo por el cual, no participó en la audiencia de apelación incidental; por lo que, tampoco correspondía conceder tutela en su contra; iv) La jurisprudencia establece que la acción de libertad tiene carácter preventivo, correctivo y reparador, y que la modalidad de pronto despacho es el mecanismo idóneo para casos de vulneración de la celeridad relacionados con la libertad, atendiendo dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de personas privadas de libertad; y que las autoridades deben tramitar las solicitudes en los plazos legales, ajustándose a la naturaleza del derecho tutelado; v) Asimismo, la jurisprudencia constitucional estableció que la legitimación pasiva en la acción de libertad puede recaer sobre cualquier persona cuya acción u omisión cause vulneración o amenaza a los derechos tutelados, incluyendo tanto funcionarios jurisdiccionales como personal de apoyo y particulares; y, vi) En el caso concreto, si bien la jurisprudencia constitucional establece que si los actos ilegales denunciados cesaron, la acción puede considerarse como hecho superado; sin embargo, también se señaló que, bajo la modalidad innovativa, la jurisdicción debe pronunciarse respecto a la vulneración, incluso si esta ya cesó; por lo que, se acuerdo a lo indicado por el Vocal demandado, el Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí asistió en la emisión del Auto de Vista; y que al no haber remitido éste el cuaderno oportunamente, ello causo la vulneración de los derechos del accionante bajo el principio de celeridad; por lo que, correspondía conceder la tutela respecto al personal de apoyo jurisdiccional.

II. CONCLUSION

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Del libro de partes consta la remisión de antecedentes al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí (fs. 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, desde el 10 de enero de 2023, fecha en la que se resolvió la apelación formulada contra la Resolución que rechazó la cesación a su detención preventiva, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no procedieron a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, lo cual genera que no pueda volver a presentar nueva solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la devolución de antecedentes remitidos en recurso de apelación incidental de medidas cautelares

Siguiendo el mismo criterio jurisprudencial la SCP 0502/2022-S4 de 6 de junio, señalo lo siguiente:“ La SCP 0120/2018-S2 de 11 de abril indicó: ‘Al respecto la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre refirió que: El art. 115.II de la CPE, establece que: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones», así mismo el art. 178.I, del texto constitucional refiriéndose al principio de celeridad, considerando el carácter sumario y la finalidad que tiene esta acción, ha establecido que deben evitarse actos dilatorios en la tramitación de las acciones o recursos. En ese sentido, cuando una autoridad conoce de una petición que involucra el derecho a la libertad, dicha solicitud debe ser atendida con la mayor celeridad posible; pues de no hacerlo podría provocar una restricción injusta.

Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, agregó que: «…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…». De igual forma se razono en sentido de que, debe imprimirse celeridad en la apelación de medidas cautelares: «…por la jurisprudencia constitucional, que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva…», así lo estableció la SSCC 0304/2010-R de 7 de junio.

Además, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, agregó que la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior de impugnación: «No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda ». Por lo que cuando se provoca una dilación injustificada en la remisión de la documentación requerida y en esta estaría comprometida la libertad de la persona, se entendería una violación al debido procesoʼ. En esa línea la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación al recurso de apelación incidental en medidas cautelares, ha efectuado una modulación, relativa al plazo que el Tribunal de alzada tiene, para devolver actuados al juzgado de origen y lo ha hecho de la siguiente manera.

‘Se debe señalar que el Código de Procedimiento Penal, respecto al examen de las medidas cautelares de carácter personal, prevé en su art. 251, modificado e incorporado en virtud de la Disposición final segunda de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), lo siguiente: «La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, interpuesto el recurso, el cuaderno procesal en sus partes pertinentes, serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior».

Debiendo establecerse al respecto que el recurso de apelación establecido por el art. 251 del CPP modificado e incorporado en virtud de la Disposición final segunda de la LSNSC, es un medio por el cual se aspire hacer que se revoque supuestas lesiones, en el que el tribunal de alzada podrá corregir los errores en que hubiese podido incurrir el inferior, el trámite establecido por la normativa es sumario.

Sin embargo, dicho artículo, prevé expresamente los plazos en los cuales el juez a quo, debe remitir este recurso ante el Tribunal ad quem, el mismo que es de veinticuatro horas de recibida la apelación, estableciendo asimismo que el Tribunal ad quem, debe resolver la misma en el plazo de tres días. Sin embargo, dicho artículo, no señala el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el juez de origen; punto que fue analizado en la antes citada SSCC 0224/2004-R que establece la celeridad que debe existir en los procesos que involucren el derecho a la libertad de las personas, aspecto que debe ser modulado por la presente sentencia, ya que ante un vació legal, no se puede dejar en incertidumbre al imputado.

(…)

En ese entendido, y retornando al tema principal de la presente acción, respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado a cabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ʼresolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulteriorʼ, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horasʼ” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son añadidas).

III.3. Legitimación pasiva en acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Respecto del requisito esencial de la legitimación pasiva en la acción de libertad, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, precisó lo siguiente:“La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R” (las negrillas son nuestras). De la jurisprudencia expuesta; se infiere que la observancia de la legitimación pasiva en las acciones de libertad, entendida como la coincidencia existente entre la autoridad o persona particular que cometió el acto ilegal y la que fue demandada, constituye un requisito esencial, cuya inobservancia, neutraliza la acción tutelar impidiendo a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, desde el 10 de enero de 2023, fecha en la que se resolvió la apelación formulada contra la Resolución que rechazó la cesación a su detención preventiva, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no procedieron a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, lo cual genera que no pueda volver a presentar nueva solicitud de cesación a la detención preventiva.

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes procesales y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, el 28 de septiembre de 2022, el Ministerio Público presentó ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, imputación formal contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de estupro agravado, solicitando su detención preventiva por seis meses; lo que mereció que el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio de 14 de octubre de igual año, disponga su detención preventiva por el lapso de tres meses. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2022, en el Juzgado de Sentencia Penal de Uncía del departamento de Potosí se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, donde la autoridad judicial mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazó la solicitud; decisión contra la cual el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental; por lo que, se remitieron antecedentes ante el Tribunal de alzada; instancia que mediante Auto de Vista de 10 de enero de 2023, confirmó el Auto Interlocutorio de 29 de diciembre de 2022.

III.4.1. Respecto al Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí

El solicitante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, desde el 10 de enero de 2023, fecha en la que se resolvió la apelación formulada contra la Resolución que rechazó la cesación a su detención preventiva, hasta la interposición de la presente acción de defensa, el Vocal ahora demandado no procedieron a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, lo cual genera que no pueda volver a presentar nueva solicitud de cesación a la detención preventiva.

Conforme al contenido del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; en caso de la tramitación de una apelación de medida cautelar la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución únicamente, sino también al trámite posterior; es decir, el principio de celeridad no comprende solamente el conocimiento de la resolución de cesación a la detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino, también en forma posterior, como dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de devolución de los antecedentes del recurso de apelación.

Por lo que, si bien el art. 251 CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, no establece un plazo concreto para la devolución del Auto de Vista o antecedentes de la apelación incidental de medidas cautelares al Juez o Tribunal de origen; los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, son perfectamente asimilables a las modificaciones vigentes; entendiéndose que, se debe efectuar la devolución en el plazo de veinticuatro horas de haberse pronunciado la Resolución de alzada; siendo que, no se puede dejar en incertidumbre al imputado. Consiguientemente, de lo manifestado; se advierte que, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –ahora demandado– incurrió en la lesión del derecho al debido proceso en su elemento celeridad, íntimamente vinculado al derecho a la libertad del accionante; toda vez que, desde el 10 de enero de 2023, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia de apelación de medidas cautelares, el cuaderno procesal no fue devuelto al juzgado de turno debido a las vacaciones colectivas, hasta la interposición de la presente acción de defensa –13 de febrero de igual año–; es decir, más de un mes después de haber sido emitido el correspondiente Auto de Vista, lo cual constituye una dilación indebida.

Si bien del informe de los demandados se colige que la remisión de obrados ya se hizo efectiva por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; sin embargo, la misma se hubiera realizado con posterioridad a la interposición de la presente acción de defensa y fuera del tiempo que establece la norma para dicho efecto; lo cual hace concluir que definitivamente se provocó lesión a los derechos fundamentales y garantías constitucionales del ahora solicitante de tutela; por lo tanto, pese a haberse cumplido con la remisión de obrados, de todas maneras, procede la concesión de la tutela impetrada, dada su faceta innovativa, que tiene por finalidad evitar que en futuras solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad, se incurra nuevamente en dilaciones injustificadas.

Lo antes mencionado, permite concluir que sí existió una demora injustificada en la devolución del Auto de Vista que resolvió la apelación planteada por el solicitante de tutela; por lo que, corresponde exhortar al Vocal ahora demandado a que en futuras solicitudes que se encuentren a su cargo, que involucre el derecho a la libertad; en resguardo del principio de celeridad, debe guiar sus actuaciones con la diligencia que el caso amerita; asimismo, no basta con la emisión del Auto de Vista, sino que debe, efectuado el control sobre el personal subalterno a efecto de que, luego del pronunciamiento de la decisión de alzada sobre la apelación incidental planteada, se materialice la devolución de los antecedentes ante el Juzgado de origen, lo que en el caso presente no aconteció.

III.4.2. Respecto al Secretario de Cámara de la Sala Penal

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí

Según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, la legitimación pasiva se la adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la lesión de derechos fundamentales y aquella contra quien se dirige la acción de defensa, siendo la legitimación pasiva un requisito esencial, y su inobservancia impide al Tribunal Constitucional Plurinacional realizar el análisis de fondo de los hechos denunciados.

De los antecedentes del caso, se tiene que la presente acción fue interpuesta también contra el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, alegando que dicho funcionario judicial pese a haberse resuelto la apelación formulada contra la resolución de rechazo a la cesación a la detención preventiva del accionante, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no realizó la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen; sin embargo, de lo manifestado por el Vocal demandado se tiene que el Secretario de Cámara ni siquiera participo de la audiencia de apelación; ya que, se encontraba gozando de sus vacaciones desde el 9 de enero de 2023; situación que demuestra que de ninguna manera el prenombrado, participó de la audiencia de apelación, mucho menos pudo remitir el legajo procesal al Juzgado de origen.

En ese contexto, de lo relacionado precedentemente, se colige que al no existir coincidencia entre la persona que presuntamente cometió la lesión a los derechos del solicitante de tutela y el Secretario de Cámara ahora demandado, dicho funcionario judicial carece de legitimación pasiva para ser demandado en esta acción de defensa; por cuanto, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, el impetrante de tutela tenía la responsabilidad de identificar a la persona particular o funcionario público a quien se le atribuye los hechos que motivan la petición de tutela; exigencia que en el presente caso no fue cumplida, al no haberse demostrado que el funcionario judicial ahora demandado hubiera participado de alguna manera en los hechos denunciados; motivo por el cual, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto al Vocal demandado, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; exhortándole a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad; y,

2º DENEGAR la tutela solicitada con relación al Secretario de Cámara codemandado, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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