B.IA.LEGAL

SCP 0886/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 9 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48191-2022-97-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante considera que el Auto Supremo 929/2021, lesiona sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, errónea interpretación de la legalidad ordinaria, omisión en la valoración probatoria y como consecuencia el derecho a la propiedad privada; toda vez que, las autoridades demandadas: a) No analizaron ni interpretaron los arts. 490, 511, 532, 544, 545 y 548 del CPCabrg, con el que se tramitó el proceso ejecutivo y la adjudicación judicial; b) Realizaron una interpretación defectuosa, arbitraria e ilógica de la naturaleza jurídica de la venta judicial, incurriendo en un absurdo legal tratar de relacionar las Escrituras Públicas 292/98 y la 615/2010, ya que la primera viene de un contrato entre privados y la segunda del Estado, fruto de un proceso judicial en el que existe Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y donde interviene un Juez; y, c) Incurrieron en omisión valorativa de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 que contiene la venta judicial realizada en favor de su causante; razón por la cual, solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto Supremo 929/2021, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y, 2) Se disponga se dicte nueva resolución efectuando una correcta interpretación de la legislación ordinaria, contenida en los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 070/2022-SCII de 9 de junio, cursante de fs. 152 a 156, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos establecidos por la Sala Constitucional y conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria
  3. III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0886/2023-S1 Sucre, 9 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 48191-2022-97-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 070/2022-SCII de 9 de junio, cursante de fs. 152 a 156, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Baltazar Virreira Arnez contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 4 de mayo de 2022, cursantes de fs. 98 a 105, y el de subsanación de 10 de igual mes y año (fs. 109 a 111), el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La que en vida fue su esposa Nazaria Fernández Caraballo, mediante Escritura Pública 92/2003 de 4 de julio, concedió un préstamo de dinero de $us15 000.-(quince mil dólares estadounidenses) a favor de Omar Hugo López Zambrana como deudor principal y Ángela Tatiana Alcalá Herbas como garante solidaria y mancomunada, con la garantía hipotecaria de un lote de terreno con una extensión de 191,09 m, ubicado en la Av. Mecapaca 6563, zona de Bella Vista, Seguencoma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Ante el incumplimiento de la obligación se inició proceso ejecutivo y luego de cumplidos los trámites previstos por ley se emitió la Sentencia 19/05 de 31 de enero de 2005, mediante la cual el Juez de Partido en lo Civil Segundo de la Capital del departamento de La Paz, declaró probada la demanda, disponiendo el trance y remate del bien inmueble hipotecado.

Posteriormente, mediante Acta de Remate de 4 de marzo de 2010, su causante Nazaria Fernández Caraballo se adjudicó el referido lote de terreno, girándose la minuta de adjudicación judicial, la misma que es protocolizada junto a otros actuados procesales en la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 de 21 de julio e inscrita en Derechos Reales (DD.RR.) en el Asiento A-2 de la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0031928, el mismo que posee actualmente en su calidad de heredero forzoso de la nombrada causante. Pese a que el proceso ejecutivo tiene Sentencia ejecutoriada, Rosa Chura Vda. de Valda y Mery Valda Chura, el 18 de mayo de 2012, presentaron demanda de nulidad de contrato de compra venta con pacto de rescate, cancelación de registro y rehabilitación de partida más pago de daños y perjuicios contra Omar Hugo López Zambrana y Nazaria Fernández Caraballo, por ilicitud de causa y motivo del contrato previstos en el art. 549 numerales 1, 2 y 3 del Código Civil (CC); es decir, por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, pidiendo la nulidad de la Escritura Pública 292/98 de 22 de diciembre de 1998 -contrato de venta con pacto de rescate-, y de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 -adjudicación judicial-, proceso que fue resuelto por el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz por Sentencia 107/2019 de 14 de marzo, que declaró probada en parte la demanda, disponiendo la nulidad del contrato de compra venta con pacto de rescate 292/98 y la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, de adjudicación judicial; cambiando la causal legal que había sido invocada en la demanda por la de pacto comisorio previsto por el art. 1340 del CC. Ante esta determinación, se interpuso recurso de apelación, resuelto por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista 520/2020 de 1 de octubre; por el cual, confirmó la Sentencia; decisión que fue recurrida en casación y fue resuelta por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 929/2021 de 18 de igual mes, declarando infundado el recurso de casación, Resolución que lesiona sus derechos al debido proceso y a la propiedad privada, al haber efectuado una interpretación arbitraria de la legalidad ordinaria. Las autoridades demandadas en el Auto Supremo emitido, no analizaron ni interpretaron los arts. 490, 511, 532, 544, 545 y 548 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) con el que se tramitó el proceso ejecutivo y la adjudicación judicial; asimismo, con referencia a la venta judicial contenida en la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, realizó una interpretación defectuosa, arbitraria, absurda e ilógica de la naturaleza jurídica de la venta judicial, considerada como la venta más perfecta. Asimismo, considera que es un absurdo legal tratar de relacionar las Escrituras Públicas 292/98 y la 615/2010, ya que la primera viene de un contrato entre privados y la segunda del Estado, fruto de un proceso judicial en el que existe Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y donde interviene un Juez, incurriendo en omisión valorativa de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 que contiene la venta judicial realizada en favor de su causante. El Auto Supremo 636/2017 de 19 de junio, no es vinculante, ni reviste la calidad de cosa juzgada para el proceso donde se emitió el Auto Supremo 929/2021, como erróneamente determinaron las autoridades demandadas, porque el mismo se dictó en base al Auto Interlocutorio de 10 de marzo de 2015, que resolvió la competencia de la autoridad judicial en el conocimiento de la demanda de nulidad de Escritura Pública de Adjudicación 615/2010.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera vulnerados su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, errónea interpretación de la legalidad ordinaria, omisión en la valoración probatoria y como consecuencia el derecho a la propiedad privada, citando al efecto el art. 56 y 115. II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 929/2021, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y, b) Se disponga se dicte nueva resolución efectuando una correcta interpretación de la legislación ordinaria, contenida en los arts. 490, 511, 532, 545 y 548 del CPCabrg, referida a la venta judicial, aplicable al caso de autos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional se realizó el 9 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 142 a 151, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su demanda tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 9 de junio de 2022, cursante de fs. 138 a 141 vta., manifestaron que: 1) Respecto al supuesto erróneo alcance del Auto Supremo 636/2017, corresponde precisar que dicho Auto Supremo ya estableció un nexo entre la validez de ambas Escrituras Públicas, de ahí que, si el accionante consideraba erróneo el establecimiento de este nexo, debió plantear acción de amparo constitucional en contra del referido Auto Supremo; a este respecto se tiene el Auto Constitucional 0174/2018-RCA de 18 de abril; por el cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó la declaratoria de improcedencia de la acción de amparo constitucional planteada por el ahora accionante contra los anteriores y actuales Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por incumplimiento del principio de inmediatez; motivo por el cual, el Auto Supremo 636/2017 goza de los atributos de la cosa juzgada material, siendo por ello inimpugnable, inmutable y coercible; 2) Respecto a la errónea interpretación de la legalidad ordinaria; se tiene que el accionante sostiene esta vulneración afirmando que la interpretación del art. 1485 del CC, está directamente vinculada a los arts. 490, 511, 532, 545 y 548 del CPCabrg, respecto a las reglas de revisión del proceso ejecutivo mediante un proceso ordinario y la forma de conclusión del procedimiento de adjudicación; al respecto se aclara que la citada norma sustantiva, tiene directa vinculación con la competencia del Juez ordinario para conocer la controversia planteada, aspecto que fue resuelto en el Auto Supremo 636/2017 y que fue citado en el Auto Supremo 929/2021; por lo que, la cuestión competencial ya fue definida con la emisión del referido Auto Supremo 636/2017, sin que en la presente acción tutelar existan nuevos argumentos fuera de los ya superados en las resoluciones de cierre pronunciadas por esta Sala Civil; 3) En la acción de amparo constitucional, no se observa más que una reclamación o disconformidad con lo decidido, sin que exista carga argumentativa que demuestre cómo es que el Tribunal de casación vulneró los arts. 353 y 354 del CPCabrg sobre fijación de los puntos de hecho probar, y lo único que hace es reiterar que el auto de relación procesal no fijó como punto de hecho a probar la existencia del pacto comisorio; empero, ello fue debidamente analizado en el Auto Supremo ahora impugnado; y, 4) Sobre la omisión de valoración de la prueba, esa supuesta vulneración no contiene una mínima exposición o razonamiento que demuestre en qué consiste la omisión valorativa que enuncia, se limitó a citar el Auto Supremo 237 de 31 de agosto de 2001, emitido por la extinta Corte Suprema de Justicia que versa sobre la eficacia de la adjudicación judicial y que no fue citado en el recurso de casación; y concluye que se habría omitido valorar la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 de adjudicación judicial; es decir, no existe un nexo de causalidad, carga argumentativa ni relevancia constitucional expuesta sobre ese agravio; no obstante es necesario reiterar que la cuestión sobre la revisión de la validez de la adjudicación judicial, está directamente relacionada con el nexo establecido en el Auto Supremo 636/2017 que concluyó señalando que la pretensión de la parte demandante no es la revisión del proceso ejecutivo, ni la ordinarización del mismo, sino que como efecto de la revisión de la Escritura Pública 292/98, de la cual se pretende su nulidad porque no resultaría una venta con pacto de rescate, también se lograría la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, como efecto de la nulidad de la primera Escritura Pública, cuestionando efectivamente el derecho propietario sobre el inmueble motivo de la Litis; por lo que, se concluye que no se demostró la omisión valorativa denunciada; por lo cual, solicitan se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rosa Chura Vda. de Valda y Omar Hugo López Zambrana, no presentaron memorial ni informe escrito alguno, tampoco se presentaron en la audiencia de esta acción tutelar, pese a que fueron notificados conforme consta a fs. 130 de obrados. Mery Valda Chura, en audiencia a través de su abogado expresó que, lo resuelto en el Auto Supremo 929/2021, se encuentra debidamente fundamentado y motivado; por lo cual, lo alegado por el ahora accionante carece de sustento; toda vez que, en el informe de los Magistrados demandados, ha quedado establecido y aclarado que no se vulneró el debido proceso en ninguno de sus componentes; por otra parte, el accionante hace una defensa genérica de supuesta transgresión de normativa, sin explicar cómo y en qué forma habrían sido lesionados sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicita se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 070/2022-SCII de 9 de junio, cursante de fs. 152 a 156, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) En el caso examinado, respecto a la errónea interpretación del art. 1485 del CC y la consiguiente vulneración del art. 122 de la CPE, el impetrante solo hace una referencia de estos errores y relata lo expuesto por los Magistrados ahora demandados, sin proporcionar ningún otro elemento que permita el análisis constitucional, resultando evidente que no existe una explicación causal de las lesiones denunciadas; ii) En lo concerniente a la denuncia de omisión valorativa vinculada a una errónea interpretación y apreciación de la naturaleza jurídica de la venta judicial contenida en la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010; la labor valorativa de la prueba es privativa de los jueces de instancia, y solo en situaciones excepcionales como viene a ser cuando se casa un Auto de Vista como resultado de encontrar evidentes las denuncias de error de hecho o de derecho en dicha valoración corresponderá al Tribunal de casación valorar la prueba; otra situación es cuando el Tribunal no analizó o apreció erróneamente las pruebas en su labor de examinar los erros denunciados. En este caso, del análisis del recurso de casación se tiene que en su primer motivo denunció incongruencia del Auto de Vista recurrido, error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas y respecto a la naturaleza jurídica de la venta judicial; en tanto que en el segundo motivo denunció errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, pero referida a simples fotocopias y recibos, sin hacer referencia a la errónea valoración de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010; por lo que, en el marco de las denuncias planteadas en casación, los cuestionamientos no versaban respecto a la referida Escritura Pública; por lo cual, la causa petendi de la presente acción de defensa vinculada con la omisión valorativa o la valoración irrazonable de la prueba como parte del debido proceso, no encuentran sustento; iii) Respecto a la naturaleza de la venta judicial, el Auto Supremo cuestionado no contiene una suficiente fundamentación y motivación; sin embargo este aspecto no fue objeto del recurso de casación, sino únicamente mediante la denuncia de incongruencia omisiva en la que hubiese incurrido el Auto de Vista 520/2020, por no haber analizado ni resuelto los agravios de la apelación, entre otros los referidos a la naturaleza jurídica de la venta judicial; es decir, que el motivo del recurso de casación no era la interpretación de la naturaleza jurídica de la venta judicial, sino la falta de análisis y pronunciamiento por el Tribunal de apelación; por lo cual, una eventual concesión de tutela para expresar de manera amplia la fundamentación u motivación al tema, no tendría la eficacia de modificar el resultado de la decisión; iv) Respecto a la denuncia de arbitrariedad por pretender otorgar calidad de cosa juzgada a lo resuelto por el Auto Supremo 636/2017; del análisis de antecedentes, se concluye que efectivamente el Auto Supremo ha dilucidado la controversia si resultaba o no viable que la jurisdicción ordinaria civil, mediante la demanda de nulidad del documento de venta con pacto de rescate que, se constituye en el antecedente dominial de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 pueda conocer y resolver la vinculación de esta última con el documento acusado de nulidad de manera principal; y concluyó que el análisis de esa vinculación era posible, por consiguiente se podría resolver también respecto a la nulidad de la escritura de la adjudicación judicial, determinación como se tiene de los antecedentes, fue cuestionada en acción de amparo constitucional, pero se declaró improcedente; y, v) La Sala concluye que las denuncias de lesión al debido proceso, por insuficiente motivación e incongruencia, errónea interpretación de las normas y omisión valorativa de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010; no resultan ser evidentes.

II.CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Testimonio de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 de 21 de julio, a través de la cual el Juez de Partido Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz giró la minuta de transferencia en favor de la adjudicataria Nazaria Fernández Caraballo, respecto al lote de terreno signado con la Letra B, ubicado en la zona de Seguencoma, calle 14 de septiembre 6563, con una superficie de 191,09 m (fs. 10 a 13 vta.). II.2. Consta la demanda de nulidad de contrato de compra venta con pacto de rescate, cancelación de matrícula y rehabilitación de partida en la oficina de DD.RR., más el pago de daños y perjuicios, presentada el 31 de mayo de 2012 por Rosa Chura Vda. de Valda y Mery Valda Chura, en la que invocando los arts. 452 inc. 2) y 3); 546; 549 inc. 1), 2) y 3); 552; 553; y, 1430 del CC, demanda la nulidad de contrato de compra venta con pacto de rescate, insertada en la minuta de 10 de mayo de 1996, protocolizada en la Escritura Pública 292/98 de 22 de diciembre de 1998, cancelación de la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.008436 y rehabilitación de partida 01051487 de 29 de septiembre. Asimismo, de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 y la cancelación de la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0031928, sea por ante las oficinas de DD.RR., más daños y perjuicios y costas procesales, demanda dirigida contra Omar Hugo López Zambrana y Nazaria Fernández Caraballo (fs. 18 a 24). II.3. Se tiene el Auto Supremo 636/2017 de 19 de junio, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de justicia, que casó el Auto de Vista 145/2016 de 15 de abril, dictado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso antes referido, disponiendo que éste continúe conforme a las pretensiones expresadas por las partes, con el fundamento siguiente: a) Los Tribunales de instancia determinaron que para la pretensión de nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, no resultan competentes, por cuanto la revisión de un proceso ejecutivo, debe realizarse dentro de un proceso de ordinarización planteado dentro de los seis meses, conforme establece el art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF) -Ley 1760 de 28 de febrero de 1997-; y, b) En este caso, la pretensión de la parte demandante no es la revisión del proceso ejecutivo, ni la ordinarización del mismo, sino que como efecto de la revisión de la Escritura Pública 292/98 de la cual se pretende su nulidad porque no resultaría una venta con pacto de rescate, también se lograría la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, como efecto de la nulidad de la primera Escritura Pública, cuestionando efectivamente el derecho propietario sobre el inmueble objeto de la Litis respecto a los demandados (fs. 40 a 43). II.4. Mediante Sentencia 107/2019 de 14 de marzo, el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, declaró probada en parte la demanda de nulidad de contrato y escritura pública respecto al lote de terreno de 405 m, ubicado en calle Mecapaca 6563, de la zona Bella Vista-Seguencoma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, registrado bajo la Partida 01051487, y en su mérito dispuso: 1) La nulidad del contrato de compra venta con pacto de rescate de 10 de mayo de 1996, suscrito entre Omar Hugo López Zambrana y Rosa Chura Vda. de Valda y Mery Valda Chura, sobre el lote de terreno registrado bajo la Partida 01051487, protocolizado el documento mediante Escritura Pública 292/98. Asimismo, como consecuencia de la nulidad dispuesta sobre el contrato de compra venta con pacto de rescate, se declaró la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, sobre adjudicación suscrita por el Juez de Partido Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Paz, a favor de Nazaria Fernández Caraballo; dejándose salvados los derechos de acreencia que tiene la codemandada respecto a su deudor Omar Hugo López Zambrana, para hacerlos valer por el conducto legal competente; 2) Como efecto de la nulidad dispuesta, procederse a la cancelación del Asiento de propiedad inscrito en favor del codemandado Omar Hugo López Zambrana bajo la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0031928, así como los registros consecuentes a este como efecto de la división y partición realizada sobre dicho inmueble por el nombrado codemandado que constan registrados con Matrículas Computarizadas 2.01.0.99.0031928 y 2.01.0.99.0031927, procediéndose asimismo a la cancelación del registro propietario que bajo el Asiento A-2 se halla inscrito a favor de Nazaria Fernández Caraballo sobre la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0031928. Rehabilitándose el registro propietario de titularidad de las demandantes que constaba bajo la Partida 01051487 sobre el indicado inmueble; y, 3) Se declara improbada la demanda en cuanto a la pretensión de pago de daños y perjuicios (fs. 44 a 53). II.5. Interpuesto el recurso de alzada por Carlos Baltazar Virreira Arnez -ahora accionante-, fue resuelto por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través del Auto de Vista 520/2020 de 1 de octubre, que confirmó la Sentencia 107/2019 (fs. 54 a 56 vta.). II.6. Planteado el recurso de casación por el ahora impetrante de tutela contra el Auto de Vista 520/2020, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció el Auto Supremo 929/2021 de 18 de octubre (fs. 57 a 65), declarando infundado el recurso; con base en los siguientes fundamentos:

i) Respecto a que el Auto de Vista no se pronunció sobre todos los puntos apelados, se tiene que el mismo con relación a los numerales 1 y 2 de los agravios formulados dio respuesta pronunciándose en específico; por lo que, los reclamos del recurso con relación a ello son repetitivos y sin fundamento. Con referencia a la vulneración al principio registral del tracto sucesivo y la naturaleza jurídica de la venta judicial plasmados en los agravios 3 y 4, se tiene que ese aspecto ya fue aclarado en la primera fase del proceso, mismo que fue concluido con el Auto Supremo 636/2017, que definió y aclaró la viabilidad de la pretensión, estableciendo que el objeto de la demanda no es que se revise el proceso ejecutivo, ni la ordinarización del mismo, sino que, como efecto de la revisión del contrato de compraventa con pacto de rescate inmerso en la Escritura Pública 292/98, del cual pretende la nulidad, se logre también la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, teniendo dicha resolución el valor de cosa juzgada; por lo que, no corresponde referirse nuevamente a ello; ii) El recurrente sostuvo error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas por ser simples fotocopias así como otras que constituyen ser simples recibos con vulneración al art. 1306 del CC. De la revisión al proceso, no se observa impugnación alguna a la prueba documental reclamada, que además de ser prueba ajena al hoy recurrente, resulta insustancial pretender cuestionarla en esta fase del proceso, al no haber sido observada oportunamente en primera instancia en el marco de los arts. 125 inc. 2) y 31.V del Código Procesal Civil (CPC); por lo cual, sus reclamos resultan intrascendentes y no conllevan a ninguna vulneración de los arts. 1311 y 1306 del CC;

iii) En cuanto a la vulneración de los arts. 353 y 354 del Código adjetivo civil, cuestionando que la demanda no mencionó al pacto comisorio previsto por el art. 1340 del CC y en ninguno de los puntos de hecho a probar se hizo referencia de probar o desvirtuar el pacto comisorio, omisión que vulnera el derecho a la defensa previsto por el art. 115 de la CPE, apareciendo la referencia al mismo recién en la Sentencia y el Auto de Vista impugnado. Sobre este punto, el art. 1340 del CC refiere que: “I. Cualquiera sea la época de su celebración, es nulo el pacto por el cual se conviene en que la propiedad de la cosa hipotecada o pignorada pase al acreedor cuando el deudor no pague su deuda dentro del término fijado. II. Es igualmente nulo el pacto por el cual el constituyente autoriza al acreedor a vender directamente la cosa pignorada o hipotecada. Si se prueba que éste fue el motivo determinante del contrato, éste es nulo”; del análisis del auto de relación procesal, se observa que el objeto del proceso para la parte demandante fue demostrar la nulidad del contrato de compraventa con pacto de rescate, donde también se determinó demostrar el nexo causal entre la Escritura Pública 292/98 objeto de la presente demanda con relación a la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010; de lo cual se infiere que, a partir de la exposición de los hechos con relación a las pruebas arrimadas en el proceso, correspondió al juzgador calificar la pretensión en función a los hechos establecidos en la demanda, en tal sentido y dado que ambos contratos en un mismo día fueron suscritos por el acreedor con diferentes sujetos pero relacionados entre la acreencia, garantía, hipoteca y compraventa sobre el mismo bien inmueble, es que el juez estableció la concurrencia de un pacto comisorio el cual se halla expresamente sancionado con nulidad, es así que el acreedor además del contrato de préstamo, suscribió otro documento de compraventa con pacto de rescate sobre el bien inmueble con las garantes del anterior documento, compraventa suscrita por sus propietarias en su favor, que se subsume al citado art. 1340 del CC, que tipifica el pacto comisorio. En tal sentido es que el Auto de Vista, estableció respuesta concisa respecto al pacto comisorio, dando solución al agravio de la apelación. También, aclarar que el Auto de relación procesal, estableció como puntos de prueba, para la parte demandada: “Demostrar los hechos extintivos, impeditivos o modificatorios de los hechos a probar por la parte demandante…”; por lo cual, el recurrente dentro del proceso como medio de defensa, estaba obligado a desvirtuar ese nexo causal entre ambas escrituras públicas que configuraron el denominado pacto comisorio; por lo que, no puede aducir que hubiera existido una omisión en la calificación de los hechos y que la misma hubiera vulnerado su derecho a la defensa, puesto que bien sabía que precisamente en aras de su defensa estaba obligado a demostrar lo contrario a su contraparte; sin embargo, al no haber probado ni desvirtuado la prueba de los demandantes, no puede con meros argumentos en esta fase casacional, inculpar a modo de vulneración la calificación efectuada por el A quo en el Auto de 18 de noviembre de 2014, siendo que el juzgador de instancia estableció para ambas partes los hechos de probanza, en tales circunstancias no corresponde el supuesto reclamo de vulneración al derecho a la defensa; y, iv) El recurrente señaló vulneración de los arts. 1485 del CC y 122 de la CPE, porque el Auto de Vista impugnado sin tener competencia dejó sin efecto una Sentencia ejecutoriada, creando al efecto una inseguridad jurídica, al existir la imposibilidad de revisar este aspecto proveniente de un proceso judicial; es así que el Tribunal Supremo de Justicia a través de los Autos Supremos 325/2016 de 12 de abril y 533/2017 de 17 de mayo, estableció que este tipo de demandas tienen carácter improponible. Al efecto, se observa que el A quo por Auto de 10 de marzo de 2015, se declaró incompetente para el conocimiento de la demanda, mismo que fue confirmado por Auto de Vista 145/2016; no obstante, el tema de la competencia fue zanjado con el pronunciamiento del Auto Supremo 636/2017, mismo que claramente en la respuesta a los dos puntos de agravio sostuvo que la pretensión no es la revisión del proceso ejecutivo, ni de los actuados que se efectuaron en dicho proceso, sino la pretensión es la nulidad de la Escritura Pública de adjudicación realizada en el proceso ejecutivo, observando que el bien inmueble que se remató no es de propiedad del deudor, porque existe una venta con pacto de rescate plasmada en la Escritura Pública 292/98, la misma que no sería tal y de la cual la parte demandante pretende también su nulidad, resultando la pretensión de nulidad de la Escritura Pública y adjudicación una pretensión accesoria de la primera, que se produciría también si resulta procedente la nulidad con pacto de rescate. La pretensión de la parte demandante no es que se revise el proceso ejecutivo, ni la ordinarización del mismo, sino que como efecto de la revisión de la Escritura Pública 292/98, de la cual se pretende su nulidad, porque no resultaría una venta con pacto de rescate, también se lograría la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, como efecto de la nulidad de la primera Escritura Pública, cuestionando efectivamente el derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis respecto a los demandados. En tal sentido, los agravios relativos a que la actuación de los jueces de instancia carecería de competencia porque se pretendería dejar sin efecto una sentencia judicial, resultan repetitivos considerando que ese aspecto fue ventilado intraproceso, llegando a resolverse mediante el Auto Supremo citado que tiene el valor de cosa juzgada; y, en cuanto a los Autos Supremos invocados, se tiene que son ajenos al caso concreto, porque el Auto Supremo 325/2016 corresponde a la nulidad de una venta judicial y en el Auto Supremo 533/2017 cuestionan el acta de embargo y remate que se efectuaron dentro de otro proceso coactivo, lo que demuestra que no existe analogía con el caso presente.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante considera que el Auto Supremo 929/2021, lesiona sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, errónea interpretación de la legalidad ordinaria, omisión en la valoración probatoria y como consecuencia el derecho a la propiedad privada; toda vez que, las autoridades demandadas: a) No analizaron ni interpretaron los arts. 490, 511, 532, 544, 545 y 548 del CPCabrg, con el que se tramitó el proceso ejecutivo y la adjudicación judicial; b) Realizaron una interpretación defectuosa, arbitraria e ilógica de la naturaleza jurídica de la venta judicial, incurriendo en un absurdo legal tratar de relacionar las Escrituras Públicas 292/98 y la 615/2010, ya que la primera viene de un contrato entre privados y la segunda del Estado, fruto de un proceso judicial en el que existe Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y donde interviene un Juez; y, c) Incurrieron en omisión valorativa de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 que contiene la venta judicial realizada en favor de su causante; razón por la cual, solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto Supremo 929/2021, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y, 2) Se disponga se dicte nueva resolución efectuando una correcta interpretación de la legislación ordinaria, contenida en los arts. 490, 511, 532, 545 y 548 del CPCabrg, referida a la venta judicial, aplicable al caso de autos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollará los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; ii) Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria; iii) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria

En relación a la interpretación de la legalidad ordinaria por la justicia constitucional, la SCP 0231/2018-S2 de 28 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.3, refirió que: En torno a la interpretación de la legalidad ordinaria, en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre se indicó que si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa, no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; dicho razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre.

Posteriormente, a partir de las SSCC 0718/2005-R de 28 de junio y 0085/2006-R de 25 de enero, se estableció la carga argumentativa como requisito para el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria. La interpretación de la legalidad ordinaria y su carga argumentativa, como criterio de autorestricción para el ejercicio del control de constitucionalidad, fue también ratificada de forma uniforme por las SSCC 0083/2010-R de 4 de mayo y 1038/2011-R de 22 de junio, entre otras y confirmada por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo. Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, en una interpretación del modelo constitucional vigente a partir del 2009, se recondujo el entendimiento al sentido original del canon de constitucionalidad en la interpretación, plasmado en la SC 1846/2004-R; suprimiendo los requisitos de carga argumentativa exigidos en las líneas antes vigentes, para la interpretación de la legalidad ordinaria.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente entendimiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, 11El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 13El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”.

la SC 0115/2007-R de 7 de marzo sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba, cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y 14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 15El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes procesales se desprende que mediante Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, el Juez de Partido Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz suscribió la minuta de transferencia en favor de la adjudicataria Nazaria Fernández Caraballo, respecto al lote de terreno signado con la Letra B, ubicado en la zona de Seguencoma, calle 14 de septiembre 6563, con una superficie de 191,09 m.

Por otra parte, el 31 de mayo de 2012, Rosa Chura Vda. de Valda y Mery Valda Chura interponen demanda de nulidad de contrato de compra venta con pacto de rescate, cancelación de matrícula y rehabilitación de partida en la oficina de DD.RR., más el pago de daños y perjuicios, invocando los arts. 452 incs. 2) y 3), 546, 549 incs. 1), 2) y 3), 552, 553 y 1430 del CC, contra Omar Hugo López Zambrana y Nazaria Fernández Caraballo -causante del ahora accionante-; dentro de dicho proceso, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 636/2017, por el que resolvió casar el Auto de Vista 145/2016, dictado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que confirmó la resolución del Juez A quo; disponiendo que el indicado proceso continúe conforme a las pretensiones expresadas por las partes, con el fundamento que, los Tribunales de instancia determinaron que para la pretensión de nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 de adjudicación judicial, no resultan competentes; por cuanto, la revisión de un proceso ejecutivo, debe realizarse dentro de un proceso de ordinarización planteado dentro de los seis meses, conforme establece el art. 28 de la LAPCAF; sin embargo, en este caso, la pretensión de la parte demandante no es la revisión del proceso ejecutivo, ni la ordinarización del mismo, sino que como efecto de la revisión de la Escritura Pública 292/98 de la cual se pretende su nulidad porque no resultaría una venta con pacto de rescate, también se lograría la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, como efecto de la nulidad de la primera Escritura Pública, cuestionando efectivamente el derecho propietario sobre el inmueble objeto de la Litis respecto a los demandados.

Tramitado el referido proceso, la Jueza de primera instancia pronunció la Sentencia 107/2019, declarando probada en parte la demanda de nulidad de contrato y escritura pública respecto al lote de terreno de 405 m, ubicado en calle Mecapaca 6563, de la zona Bella Vista - Seguencoma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, registrado bajo la Partida 01051487, y en su mérito dispuso la nulidad del contrato de compra venta con pacto de rescate de 10 de mayo de 1996, suscrito entre Omar Hugo López Zambrana y Rosa Chura Vda. de Valda y Mery Valda Chura, sobre el lote de terreno registrado bajo la Partida 01051487, protocolizado el documento mediante Escritura Pública 292/98, y como consecuencia de la nulidad dispuesta declara la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, sobre adjudicación suscrita por el Juez de Partido Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a favor de Nazaria Fernández Caraballo; salvando los derechos de acreencia que tiene la codemandada respecto a su deudor Omar Hugo López Zambrana, para hacerlos valer por el conducto legal competente. Como efecto de la nulidad dispuesta, dispuso la cancelación del Asiento de propiedad inscrito en favor del codemandado Omar Hugo López Zambrana bajo la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0031928, así como los registros consecuentes a este como efecto de la división y partición realizada sobre dicho inmueble por el nombrado codemandado que constan registrados con Matrículas Computarizadas 2.01.0.99.0031928 y 2.01.0.99.0031927, procediéndose asimismo a la cancelación del registro propietario que bajo el Asiento A-2 se halla inscrito a favor de Nazaria Fernández Caraballo sobre la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0031928. Rehabilitándose el registro propietario de titularidad de las demandantes que constaba bajo la Partida 01051487 sobre el indicado inmueble; y, declara improbada la demanda en cuanto a la pretensión de pago de daños y perjuicios.

Decisión contra la cual el ahora impetrante de tutela interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través del Auto de Vista 520/2020, que confirmó la Sentencia 107/2019, decisión que motivó al ahora impetrante de tutela a interponer recurso de casación, resuelto por Auto Supremo 929/2021, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, lo declara infundado.

En ese contexto, corresponde precisar previamente que el ahora accionante en el recurso de casación, conforme señala en su acción tutelar, acusó que: a) El Auto de Vista 520/2020 no se pronunció sobre todos los puntos apelados con relación a los numerales 1, 2, 3 y 4 relativos a la Sentencia extra petita; error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas y respecto a que la resolución impugnada vulneró el principio registral de tracto sucesivo y naturaleza jurídica de la venta judicial; b) Error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, con vulneración al art. 1311 del CC, por ser simples fotocopias, así como las que constituyen ser simples recibos con vulneración al art. 1306 del CC; c) Vulneración de los arts. 353 y 354 del CPC, ya que la demanda con su fundamento de hecho y legal no mencionó al pacto comisorio previsto por el art. 1340 del CC, trasladándose dicha omisión al Auto de relación procesal; en ninguno de los puntos de hecho a probar se hizo referencia de probar o desvirtuar el pacto comisorio, omisión que vulnera el derecho a la defensa previsto por el art. 115 de la CPE, apareciendo la referencia al mismo recién en la Sentencia y el Auto de Vista impugnado; y, d) Vulneración de los arts. 1485 del CC y 122 de la CPE, porque el Auto de Vista impugnado sin tener competencia para ello dejó sin efecto una Sentencia ejecutoriada, creando al efecto una inseguridad jurídica y paralela respecto a la venta judicial, al existir la imposibilidad de revisar una venta judicial proveniente de un proceso judicial; es así que el Tribunal Supremo a través de los Autos Supremos 325/2016 y 533/2017, estableció que este tipo de demandas tienen carácter improponible.

Por otra parte, en su acción tutelar el accionante considera que el Auto Supremo 929/2021, lesiona sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, errónea interpretación de la legalidad ordinaria, omisión en la valoración probatoria y como consecuencia el derecho a la propiedad privada; toda vez que las autoridades demandadas 1) No analizaron ni interpretaron los arts. 490, 511, 532, 544, 545 y 548 del CPCabrg, con el que se tramitó el proceso ejecutivo y la adjudicación judicial; 2) Realizaron una interpretación defectuosa, arbitraria, absurda e ilógica de la naturaleza jurídica de la venta judicial, incurriendo en un absurdo legal tratar de relacionar las Escrituras Públicas 292/98 y la 615/2010, ya que la primera viene de un contrato entre privados y la segunda del Estado, fruto de un proceso judicial en el que existe Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y donde interviene un Juez; y, 3) Incurrieron en omisión valorativa de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 que contiene la venta judicial realizada en favor de su causante.

Ahora bien, en cuanto a la denuncia del accionante en su acción tutelar que las autoridades ahora demandadas no analizaron ni interpretaron los arts. 490, 511, 532, 544, 545 y 548 del CPCabrg, con el que se tramitó el proceso ejecutivo y la adjudicación judicial; del análisis del Auto Supremo ahora confutado, se advierte que respecto a la citada normativa, expresó que el Auto de Vista sintetizó en un apartado cada uno de los agravios referidos en el recurso de apelación, efectuando una descripción de todo lo realizado por el Juez A quo, refiriendo con relación a la apreciación de las pruebas y la sentencia extra petita, que la A quo examinó el conjunto de pruebas con base a los arts. 397 del CPCabrg y 145 del CPC con relación al art. 1286 del CC, tales como la existencia de dos contratos, los antecedentes referidos al inmueble de 405,05 m ubicado en la zona de Bella Vista-Seguencoma, hasta la subasta del mismo, estableciendo que la Jueza de primera instancia habría efectuado la compulsa debida de las pruebas producidas y de su pertinencia en el caso de autos; concluyendo que el Auto de Vista dio respuesta a dichos agravios pronunciándose en específico y que su reclamo en casación con relación a ellos son repetitivos y sin fundamento. Seguidamente, con referencia a la vulneración al principio registral del tracto sucesivo y la naturaleza jurídica de la venta judicial plasmados en los agravios 3 y 4, el Auto Supremo ahora confutado señaló que dicho aspecto concluyó con el Auto Supremo 636/2017, que definió la viabilidad de la pretensión al establecer que el objeto de la demanda no consiste en la revisión del proceso ejecutivo, ni la ordinarización del mismo, sino que, como efecto de la revisión del contrato de compraventa con pacto de rescate inmerso en la Escritura Pública 292/98, del cual pretende la nulidad, se logre también como consecuencia la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, teniendo esta resolución el valor de cosa juzgada; por lo que, no corresponde referirse nuevamente a ello.

Sobre este punto, se advierte que el Auto Supremo 636/2017, emitido en el indicado proceso, dilucidó la controversia referida, el mismo que fue cuestionado en acción de amparo constitucional, pero se declaró improcedente por Auto Constitucional 0174/2018-RCA de 18 de abril, por incumplimiento del principio de inmediatez, aspecto que ha sido verificado en el Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional; es decir, que sobre este punto quedó firme toda discusión sobre este aspecto; es decir, en lo que concierne a la competencia del Juez para conocer y resolver la demanda de nulidad.

En cuanto a que los Magistrados demandados realizaron una interpretación defectuosa, arbitraria e ilógica de la naturaleza jurídica de la venta judicial, incurriendo en un absurdo legal tratar de relacionar las Escrituras Públicas 292/98 y la 615/2010, ya que la primera viene de un contrato entre privados y la segunda del Estado, fruto de un proceso judicial en el que existe Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y donde interviene un Juez; el Auto Supremo ahora cuestionado, sobre este agravio, expresó que, dentro del referido proceso de nulidad el Juez de primera instancia mediante Auto de 10 de marzo de 2015, se declaró sin competencia para el conocimiento de la demanda, mismo que fue confirmado por Auto de Vista 145/2016; sin embargo, este tema de la competencia fue zanjado con el pronunciamiento del Auto Supremo 636/2017, el mismo que sostuvo que la pretensión no es la revisión del proceso ejecutivo, ni de los actuados que se efectuaron en dicho proceso, sino la pretensión es la nulidad de la Escritura Pública de adjudicación realizada en el proceso ejecutivo, observando que el bien inmueble que se remató no es de propiedad del deudor, porque existe una venta con pacto de rescate plasmada en la Escritura Pública 292/98, la misma que no sería tal y de la cual la parte demandante pretende también su nulidad, resultando la pretensión de nulidad de la Escritura Pública y adjudicación una pretensión accesoria de la primera, que se produciría también si resulta procedente la nulidad con pacto de rescate, concluyendo que ese aspecto fue ventilado intraproceso, llegando a resolverse mediante el Auto Supremo citado que tiene el valor de cosa juzgada.

Respecto a esta temática, de obrados se evidencia que el Auto Supremo 636/2017 resolvió la controversia respecto a la competencia del Juez A quo para conocer el proceso, habiendo sido parte del mismo el ahora accionante, estableciéndose su situación jurídica sobre su intervención en la litis y las razones por las cuales debía continuar el proceso, determinación que si bien fue cuestionada a través de una acción de amparo constitucional, sin embargo como se refirió anteriormente, dicha acción tutelar fue declarada improcedente, debido a que el ahora accionante dejó transcurrir más de seis meses, quedando así cerrado todo debate en relación a este reclamo.

Sobre la denuncia que las autoridades ahora demandadas incurrieron en omisión valorativa de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010 que contiene la venta judicial realizada en favor de su causante. Revisado el Auto Supremo, se puede evidenciar que en su contenido ha determinado que la validez de la adjudicación judicial, está relacionada con la vinculación establecida en el Auto Supremo 636/2017; por cuanto, se reitera lo que se estaba cuestionando en sí es la Escritura Pública 292/98, referida a una venta con pacto de rescate y en consecuencia el derecho propietario del inmueble demandado, determinando que la pretensión de la parte demandante no consistía en la revisión del proceso ejecutivo, ni de los actuados que se realizaron en ese proceso, sino que como efecto de la revisión de la Escritura Pública 292/98 de la cual se pretende su nulidad y llegado el caso como consecuencia de ello, también se lograría la nulidad de la Escritura Pública de Adjudicación 615/2010, la misma que tenía como base una venta viciada de nulidad, buscando así que el fallo a dictar resulte eficaz, considerando los alcances de una Sentencia que comprende a las partes que intervinieron en el proceso, por lo que no se observa omisión valorativa alguna, aspecto que tampoco fue impugnado en casación conforme se evidencia en los puntos recurridos señalados anteriormente; más aún si el accionante no ha demostrado que las referidas escrituras no estaban relacionadas o los motivos por los cuales siendo parte del proceso ordinario no podría disponerse su nulidad, nexo que como se indicó anteriormente ya fue establecido en el referido Auto Supremo.

Conforme se tiene expresado en el Fundamento jurídico III.1 del presente fallo, toda autoridad que pronuncie una resolución debe necesariamente exponer los hechos, así como la fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las partes que se obró conforme a la normativa vigente; caso contrario, se vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, privando a las partes de conocer cuáles son las razones que sustentaron su decisión. Respecto a la congruencia, es entendida como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado por las partes y lo resuelto por la autoridad jurisdiccional o administrativa, implica también la concordancia que debe existir entre la parte considerativa y la parte dispositiva del fallo.

En este caso, no se advierte que las autoridades demandadas hayan emitido una decisión infundada, inmotivada, incongruente o contradictoria, puesto que del examen del Auto Supremo 929/2021, de manera clara y precisa, expresa los motivos que dieron lugar a declarar infundado el recurso de casación, el mismo que contiene la cita de disposiciones legales, la doctrina legal aplicable que sustentan la determinación asumida, así como una exposición de los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución, tampoco se observa que haya existido una equivocada interpretación legal, advirtiéndose que el fallo emitido se encuentra dentro de los márgenes de razonabilidad y equidad y de ninguna manera puede considerarse arbitrario, no se observa que se hayan quebrantado los principios constitucionales uniformadores del ordenamiento jurídico, conforme al razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, menos se advierte omisión valorativa de prueba, conforme se expuso precedentemente, máxime si en el presente caso, el Auto Supremo ahora confutado se refirió a cada uno de los agravios recurridos, en la forma que fueron impugnados, efectuando un análisis concreto, claro y preciso respecto a todos los puntos centrales efectuados en el recurso de casación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 070/2022-SCII de 9 de junio, cursante de fs. 152 a 156, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos establecidos por la Sala Constitucional y conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0886_2023-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 43e1e05b08f2c9f41d26302299fb6f7c7c1125523dbcf72a9af8ebb68ba9c34b

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