B.IA.LEGAL

SCP 0884/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53908-2023-108-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos valoración de la prueba, motivación y fundamentación; por cuanto las autoridades demandadas -Tribunal de Sentencia y Vocal de apelación-, en sus determinaciones no expresaron las razones suficientes, ni han valorado la documental que adjuntó, que como nuevos elementos de prueba, demostraron que ya no concurrían los motivos que determinaron su detención preventiva, por lo que correspondía el cese de la misma y que sea sustituida por otra medida, lo que así no sucedió; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto los autos emitidos por las autoridades demandadas; y, b) Se disponga que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, instale audiencia de cesación a la detención preventiva, otorgando a su favor medidas menos gravosas a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 225 a 227 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la falta de fundamentación y motivación, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 2 de febrero de 2023, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y; b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita nueva resolución, debidamente fundamentada, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La cesación de la detención preventiva
  2. III.2. La exigencia de la debida fundamentación y motivación en las decisiones
  3. III.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0884/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53908-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 12/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 225 a 227 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfredo Titi Tito contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Omar Mollo Marca, Germán López Flores y Julieta Gutiérrez Lobo, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 199 a 204, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, el 25 de agosto de 2022 el Ministerio Público lo imputó, por el presunto delito de violación con agravante, hecho que se habría realizado en el cerro Colorado el 8 de agosto de 2022, siendo la víctima AA de catorce años, quien se encontraba acompañada de su sobrina NN de diez años. En la audiencia de medidas cautelares de 26 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Mixto de Challapata del departamento de Oruro, determinó su detención preventiva por el lapso de dos meses, a fin que se realicen los actos investigativos; en la entrevista y en esa audiencia la defensa de la víctima alegó que el presunto autor utilizó una capucha más barbijo para cubrirse la cabeza y rostro, además se hizo referencia al diagnóstico médico forense, en el que se señaló que hubo himen con desgarro de data reciente.

En 30 de diciembre de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, se llevó adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que se rechazó de manera ilegal su solicitud porque no se dio por enervado el riesgo procesal del art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en su componente ocupación, pese a haber acreditado su ocupación, habiendo sido rechazada porque consideraba que tendría dos ocupaciones como funcionario del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), como auxiliar de plomería, pero en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), se habría señalado que es agricultor, no habiéndose considerado el acta de declaración informativa y ampliatoria que presentó donde aclaró su ocupación como funcionario de SMAPA, además de haber adjuntado certificado de trabajo, boletas de pago, hoja de asistencia a su trabajo, habiendo sido aprehendido cuando ejercía esa función. Al estar acreditada su ocupación, también se habría enervado el riesgo del art. 234.2 del CPP, pues al tener trabajo tiene un arraigo natural, pero también fue rechazado. No se dio por enervado el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, pese a que adjuntó elementos de prueba suficientes para desvirtuarlo. La víctima expresó que el presunto agresor utilizó condón, es decir que no existiría semen para analizar; sin embargo en el certificado médico forense, en el que se diagnosticó himen con desgarro se tomaron muestras, se llegó a la conclusión que en el calzón de la víctima como en sus partes íntimas había espermatozoides; por lo que, su versión del uso de preservativo no es evidente; además en el dictamen pericial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), como es de Biología Forense y Genética Forense, se ha establecido que su perfil genético es diferente al obtenido de la muestra de referencia; es decir, que se excluía a su persona como presunto violador. Asimismo, el día y hora del hecho, su persona se encontraba en su trabajo, conforme las actas de los testigos que son sus compañeros de trabajo y vecinos, igual que las fotografías de los CDs y cámaras de grabación, que acreditarían aquello. Todos estos elementos demostraron su total inocencia e injustificada como ilegal detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, pese a ello el referido Tribunal de Sentencia hizo un análisis del grado de vulnerabilidad de la víctima quién lo habría reconocido como su presunto agresor. De igual manera, sostuvo que no se dio por enervado el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, porque existirían dos víctimas de catorce y diez años, a quienes podría influenciar en forma negativa, sin considerar que, en la audiencia de cesación, se aclaró con prueba idónea que no es el presunto responsable. Apelada la resolución por la que se rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, en audiencia y a través de Auto de Vista de 2 de febrero de 2023, declaró improcedente mi apelación y ratificó el rechazo de la cesación de detención preventiva, determinación que se asumió sin realizar una debida motivación ni valorar la prueba que acredita que el día del hecho se encontraba trabajando (actas de testigos, fotografías, planilla de asistencia y otros), tampoco se consideró la prueba científica del IDIF, pruebas que enervan todos los riesgos procesales; pese a ello no se tomó en cuenta el art. 239.1 del CPP, que señala que cesará la detención cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba, motivación y fundamentación, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto: a) El Auto Interlocutorio 161/2022 de 30 de diciembre; b) El Auto de Vista de 2 de febrero de 2023; y c) Disponer que en el plazo de veinticuatro horas el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro -donde se encuentra la causa- instale audiencia de cesación de detención preventiva, otorgando a su favor medidas menos gravosas a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 218 a 222, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) Desde el primer momento señaló no ser el responsable; 2) Existieron testigos -compañeros de trabajo-, vecinos y grabaciones en el lugar de su trabajo que señalaron que estaba en su trabajo, cuando se cometió el hecho; 3) Dijeron que no era suficiente, esperó cuatro meses desde su detención, para que lleguen los resultados de las pericias científicas; 4) Pese a los dos dictámenes periciales de biología y genética forense, no se dio curso a su solicitud de cesación de detención preventiva; 5) Los elementos de prueba llevan al convencimiento de que no existe el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP porque no es el autor del hecho; 6) Debieron valorar los elementos de prueba -dictámenes periciales, actas de entrevista, planillas, fotografías-, sin necesidad de que se diga que es inocente; 7) Lo propio ha ocurrido con el tema ocupacional, habiendo acreditado que es funcionario de SMAPA como auxiliar de plomería, a través de una declaración informativa fiscal, adjuntando boletas de pago, certificado de trabajo, planilla de asistencia, no se realizó una valoración integral de esos elementos de prueba; 8) Las autoridades judiciales han vulnerado el debido proceso, en sus elementos motivación, fundamentación y valoración de la prueba, provocando un procesamiento indebido; 9) Si de los elementos de prueba se evidencia que no tiene participación en el hecho, cómo podría llegar a influenciar en las víctimas; 10) Conforme el art. 239.1 del CPP, cesa la detención preventiva si hay nuevos elementos de convicción o se torne conveniente ser sustituida por otra medida, desde la detención domiciliaria hasta el arraigo; y, 11) El Vocal demandado manifestó que no tiene competencia para señalar si es inocente o culpable, pero no se ha pedido ese tipo pronunciamiento, solo un control de logicidad, de valor a los elementos presentados y bajo esos parámetros otorgue medidas cautelares menos gravosas.

I.2.2. Informe de los demandados

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia de garantías, hizo mención a aspectos de forma de la acción de libertad, señalando que: i) No se sabe si el planteamiento de la acción es porque corre peligro su vida, o ilegalmente perseguido o indebidamente procesado o privado de libertad; ii) Se ha denunciado falta de fundamentación y motivación, que debe cuestionarse a través de la interposición de una acción de amparo constitucional; y, iii) Forma parte de un Tribunal de cierre, convalidando o no lo expresado por el de instancia, pero la acción se plantea contra todos. Con relación a las referencias de fondo, señaló que: a) En cuanto a la acreditación de su fuente laboral, la certificación señala que prestó servicios, no dice que actualmente este prestando servicios o que esté en vacación; y, b) Se hizo énfasis en el informe de genética forense que descartaría su participación en el hecho, pero se trata de un delito de violación con agravante que se habría producido a una persona de catorce años y la intervención de otra de diez años y de acuerdo con el art. 193.c) del Código Niña, Niño Adolescente (CNNA), se tiene el principio de presunción de verdad que deben observar; además, la SCP 0353/2018-S2, hizo mención a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinaron que la declaración de la víctima es una prueba fundamental y también se dijo que: “La falta de evidencia médica no disminuye la verdad de la declaración de la presunta víctima”, soslayando el hecho de que no se pueden pronunciar sobre la culpabilidad o inocencia, como se solicitó en un recurso incidental en sentido de que esa prueba tendría características de inocencia, pronunciarse sobre cualquiera de esas hipótesis (culpable o inocente) conllevaría adelantar criterio. Omar Mollo Marca, Germán López Flores y Julieta Gutiérrez Lobo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro presentaron informe escrito cursante a fs. 217 y vta., en el que manifestaron que: 1) No se vulneró el debido proceso en ninguno de sus componentes; en una audiencia de cesación a la detención preventiva, la carga de la prueba corresponde a la parte acusada; 2) En lo que respecta a la actividad laboral, se realizó la valoración de una certificación de trabajo hasta septiembre de 2022; 3) En cuanto al peligro para la víctima se ha respetado la presunción de veracidad de la víctima, considerando la situación de vulnerabilidad y asimetría con relación al presunto agresor; y, 4) De acuerdo a la SCP 0239/2017-S3 de 27 de marzo, el acto que se refirió como vulneratorio, no es causa directa para la restricción de su libertad, habiendo considerado una audiencia de cesación a la detención preventiva, además que el tribunal atiende la causa en vacación no siendo el titular.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías constitucionales, por Resolución 12/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 225 a 227 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Las autoridades demandadas tienen la duda razonable de que el ahora accionante, desarrollaba dos actividades, como funcionario de SMAPA y como agricultor, no habiendo desvirtuado los riesgos del art. 234.1 y 2 del CPP; ii) Con relación al riesgo del art. 234.7 del CPP, el prenombrado presentó prueba científica en sentido que no correspondería a su perfil genético, pero por esa circunstancia no se puede fundar la inocencia del acusado, existiendo duda, pues esas pruebas pueden ser confirmadas o modificadas en juicio, son solo indicios y como señalan las autoridades demandadas no pueden adelantar criterio de culpabilidad o inocencia; y iii) La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, con protección reforzada para niñas, niños y adolescentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por un hecho cometido el 8 de agosto de 2022, Ubaldina Albino Calani, mayor de edad, presentó denuncia contra autores, cómplices y encubridores, por violación agravada, siendo la víctima NN de catorce años, abriéndose el caso registrado con el número 261/2022, en el que el Fiscal de Materia adscrito a la localidad de Challapata, por memorial presentado el 9 de igual mes y año, comunicó al Juez de Turno Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Challapata del departamento de Oruro, el inicio de las investigaciones (fs. 2 a 4). II.2. El 25 de agosto de 2022, el Fiscal de Materia presentó imputación formal contra Alfredo Titi Tito –accionante-, por la presunta comisión del delito de violación con agravante que se habría cometido contra la víctima NN de catorce años, hecho que habría sucedido en el Cerro Colorado, zona Este de la Localidad de Challapata, aproximadamente a horas 16:30 del 8 de igual mes y año (fs. 6 a 13). II.3. El Juez de la causa, el 26 de agosto de 2022 (fs. 14) en audiencia de aplicación medidas cautelares (fs. 57 a 62 vta.), emitió el Auto Interlocutorio 258/2022 de 26 de agosto, a través del cual dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro por el tiempo de dos meses (fs. 63 a 72); determinación que fue apelada por el nombrado y por Auto de Vista 247/2022 de 13 de septiembre, el recurso fue declarado improcedente, confirmándose la resolución(fs. 76 a 78). II.4. El 26 de octubre de 2022, el Fiscal de Materia formuló acusación formal contra el impetrante de tutela, como autor del delito de violación, con agravante (fs. 126 a 129). II.5. A conocimiento del Fiscal de Materia, el 8 de noviembre de igual año, se presentó el Dictamen Pericial Código Informe: INF-LAB-CLIN-GEN 0544/22, en el caso de la denuncia presentada contra el accionante, en el que se concluyó que del perfil genético de sexo masculino, es diferente al perfil genético obtenido de la muestra (fs. 158 a 161); En la misma fecha se emitió el Código Informe: INF.LAB.CLIN.BIOL.-655-2022 en el que se expresó que en la evidencia (calzón) colectada de la víctima de catorce años, se observó presencia de espermatozoides y se detectó la presencia de antígeno prostático específico (fs. 162 a 163 vta.). II.6. El 21 de diciembre de 2022, el accionante presentó solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 79); la audiencia se señaló para el 30 de diciembre de 2022 (fs. 80); en la que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro -codemandados-pronunciaron el Auto Interlocutorio 161/2022 de 30 de diciembre, por el que rechazaron la solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 169 a 171). II.7. Habiéndose planteado recurso de apelación, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista 26/2023-SP1 de 2 de febrero, por el que se declaró improcedente y confirmó la resolución apelada (fs. 184 a 190 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos valoración de la prueba, motivación y fundamentación; por cuanto las autoridades demandadas -Tribunal de Sentencia y Vocal de apelación-, en sus determinaciones no expresaron las razones suficientes, ni han valorado la documental que adjuntó, que como nuevos elementos de prueba, demostraron que ya no concurrían los motivos que determinaron su detención preventiva, por lo que correspondía el cese de la misma y que sea sustituida por otra medida, lo que así no sucedió; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto los autos emitidos por las autoridades demandadas; y, b) Se disponga que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, instale audiencia de cesación a la detención preventiva, otorgando a su favor medidas menos gravosas a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La cesación de la detención preventiva

La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado sobre los presupuestos de la cesación de la detención preventiva y el deber de valoración integral de los elementos de prueba y de las circunstancias descritas en los arts. 234 y 235 del CPP, estableciendo el siguiente razonamiento: “El análisis de la cesación de la detención preventiva debe partir de la consideración que las medidas restrictivas de la libertad son necesarias para asegurar los fines procesales legítimos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), persiguen evitar que la persona imputada por un delito, se sustraiga de la acción de la justicia u obstaculice el desarrollo eficiente de la investigación. Dichas medidas son impuestas por decisión judicial y se rigen por los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y jurisdiccionalidad, tal cual se lo desarrolla en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, en la Sentencia de 1 de febrero de 2006 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. En cumplimiento del principio de presunción de inocencia, la regla del proceso penal acusatorio debe ser la libertad de la persona procesada, mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. En suma la aplicación de la detención preventiva, que es la medida cautelar más restrictiva de la libertad, debe ser excepcional y racional. Las características personales del imputado o acusado y la gravedad del delito que se le imputa no son justificación suficiente para imponérsela. Asimismo, la imposición de la medida cautelar no puede constituir una pena anticipada.

Dada la excepcionalidad de la detención preventiva, el legislador boliviano ha previsto la posibilidad que una persona privada de libertad pueda solicitar la cesación de la detención preventiva, estableciendo varios supuestos en el art. 239 del CPP, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-».

La citada SCP 0011/2018-S2, refiriéndose a la obligación por parte de las autoridades judiciales de valorar integralmente los elementos de prueba presentados para desvirtuar los riesgos procesales previstos en los arts. 234 y 235 del CPP, precisó lo siguiente:

«El art. 239.1 del CPP señala que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; a partir de dicha causal, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención preventiva, y, 2) Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre muchas otras-. Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el imputado, debe determinar si su situación 2El FJ III.1, señala: “El art. 233 CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva, luego de realizada la imputación formal y el pedido fundamentado del Fiscal o del querellante, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; ambos requisitos deben concurrir de manera simultánea.

Por su parte, el art. 239.1) CPP, determina que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. De las disposiciones glosadas se establece claramente que la resolución judicial que resuelva la solicitud de la cesación de la detención preventiva, por la causal prevista en el art. 239.1) CPP, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y 2) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra”. 3El FJ III.1, establece: “Consecuentemente, es el imputado el que debe demostrar, con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva han sido modificados o ya no existen, para que sea el juez quien, analizando en forma integral todos esos nuevos elementos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a desvirtuar las causas que determinaron la detención preventiva, de no ocurrir ello, no podrá otorgarse la cesación de la detención; por lo mismo, el juzgador debe analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias que existan y que deben ser considerados para adoptar la decisión final. Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva”.

jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva». Por su parte, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, asume los entendimientos anteriores, señalando que las juezas, los jueces y los tribunales de alzada, deben efectuar una valoración integral de todas las circunstancias existentes y no basarse en una sola de ellas; además, tienen que considerarse los elementos de prueba de la parte acusadora y de la víctima.

Ulteriormente, la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, reiterando la jurisprudencia anterior, señala que la resolución que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez; y para ello, la autoridad judicial al tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de la cesación, expresando los motivos de hecho y derecho en que sostenga su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada.

La SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualiza los entendimientos asumidos por este Tribunal, que deben ser considerados al resolver problemáticas vinculadas o referidas a la cesación de la detención preventiva, enfatizando que es deber del juez y del tribunal de alzada, tomar en cuenta en forma integral los nuevos elementos de juicio aportados por el imputado, que demuestran que no concurren los motivos que fundaron la disposición de su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; así como los aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos subsisten».

En dicho orden, la SCP 0011/2018-S2 también se refirió a las condiciones para resolver la cesación de la detención preventiva sobre la base de la causal establecida en el 239.1 del CPP, determinando el siguiente razonamiento:

[C]onforme a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar. El razonamiento antes señalado, ha sido complementado por la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.1.1., se ha referido al fundamento normativo y fáctico de la resolución de apelación de la cesación de detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, en la que se hizo mención a la 1340/2005-R de 25 de octubre, que señaló que el análisis concurrente de los dos elementos previstos en el art. 239.1 del CPP, también vincula al tribunal de alzada; el cual, lo debe hacer en el marco de lo establecido en el art. 398 del citado Código; es decir, en una primera fase, el análisis de los requisitos que fundaron la medida y los nuevos elementos; y en una segunda fase, contrastando los elementos de juicio presentados en la primera, con los fundamentos de la apelación. En ese sentido, concluyó lo siguiente:

[A]sí, la SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualizando la línea relativa al contenido de la resolución del tribunal de alzada, que resuelve la apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, estableció que la resolución debe realizar el análisis ponderado de dos elementos:

1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, análisis que debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que dispone que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, es decir, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) ¿Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante?; y 2) ¿Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia?.

III.2. La exigencia de la debida fundamentación y motivación en las decisiones

Sobre la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las decisiones que resuelven medidas cautelares, recogiendo el desarrollo jurisprudencial sobre esta temática, se ha pronunciado la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, señalando lo siguiente:

«El derecho de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales son componentes del debido proceso, constituyendo un deber constitucional en la medida que no es posible controvertir una decisión judicial si en ésta no se dan a conocer los motivos de su determinación. Tanto la fundamentación como la motivación, permiten establecer un control judicial, académico o social, para la corrección de las decisiones judiciales […].

En cuanto a las medidas cautelares de carácter personal, el art. 233 de la misma norma procesal penal, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010 -Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal-, señala cuáles son los requisitos para que el juez imponga la medida cautelar de detención preventiva, indicando que:

Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible.

2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.

Adicionalmente, por mandato del art. 236 de la misma norma procesal, se exige que la resolución que disponga la detención preventiva, debe estar debidamente fundamentada y motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la referida SC 0012/2006-R, en su Fundamento Jurídico III.1.7, explica la necesidad constitucional de fundamentar y motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, las que rechazan el pedido de su imposición y las que modifican, sustituyen o revocan la misma, al señalar que:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, establece que deben expresar los motivos de hecho y derecho en los que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes.

Estos entendimientos se mantienen en la línea jurisprudencial de este Tribunal, debiendo ser considerados y aplicados por las autoridades judiciales al tiempo de sustentar sus decisiones.

Por otra parte, el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia […].

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP».

III.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo de 2019, refiriéndose a normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, estableciendo lo siguiente:

«La actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género […]. La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón de género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: …

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad…

Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación algún bajo apercibimiento…

4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad…

7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia…

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.

13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas…

15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).

En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).

Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres [...].

De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;[…].

III.4. Análisis del caso concreto

La problemática planteada por el accionante, radica en la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto Interlocutorio 161/2022 de 30 de diciembre, emitido por las autoridades demandadas que forman parte del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital de Oruro, a través del que se rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, decisión confirmada en apelación por Auto de Vista 26/2023-SP1 de 2 de febrero, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. En la acción tutelar y su ampliación en audiencia, se ha dejado establecido que después de estar más de cuatro meses detenido, cuando existieron nuevos elementos de prueba que demostraban que ya no concurrían los motivos para la detención preventiva, amparado en el art. 239 inc. 1 del CPP solicitó cesación de su detención preventiva, solicitud que fue rechazada, pese a que ya no se daban los riesgos procesales que motivaron su imposición.

1. En cuanto a la valoración integral de los riesgos procesales, para resolver de manera fundamentada la solicitud de cesación de la detención preventiva

Valoración de las circunstancias previstas en el art. 234.1 y2 del CPP. El accionante ha expresado que en cuanto al tema ocupacional ha acreditado que es funcionario de SMAPA como auxiliar de plomería, situación que habría demostrado con su ampliación de declaración informativa, adjuntando boletas de pago, planilla u hoja de asistencia, certificado de trabajo, incluso habiendo sido aprehendido cuando ejercía esas funciones, nada de eso se habría valorado manteniendo el riesgo procesal señalado en el art. 234.1 del CPP; al estar acreditada su ocupación, también se habría enervado el riesgo del art. 234.2 del CPP, pues al tener trabajo, tiene un arraigo natural y no abandonaría el país. De la revisión de obrados, se evidencia que cuando se emitió el Auto Interlocutorio 258/2022 de 26 de agosto y el Auto de Vista 247/2022 de 13 de septiembre, que son las decisiones a través de las que se impuso la medida cautelar de detención preventiva y se confirmó la determinación, en las que se razonó que existiría una contradicción, pues por un lado el imputado habría manifestado en su declaración informativa que es funcionario de SMAPA - auxiliar de plomería, pero también habría señalado ser agricultor, como se establecería en su cédula de identidad y en una certificación del SEGIP; en mérito a esos argumentos, se concluyó no estar acreditado el aspecto ocupacional. En forma posterior a la emisión de esas determinaciones, el imputado y luego acusado hizo conocer a las autoridades la existencia de nuevos elementos probatorios, como la ampliación de su declaración informativa de 16 de septiembre de 2022, en el que la que indicó que sería funcionario de SMAPA (fs. 101), además de otra documentación como papeletas de pago (fs. 94 a 97), certificado de trabajo (fs.98), planilla de asistencia (fs. 99) y otros. Esos fueron los nuevos elementos de convicción que presentó el acusado a su solicitud de cesación a la detención preventiva, solicitud denegada por las autoridades demandadas, como el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, que emitió el Auto Interlocutorio 161/2022 de 30 de diciembre, a través del que se desestimó la prueba pues la última papeleta de pago que presentó fue de julio de 2022, la planilla de asistencia sería de 8 de agosto de 2022, la certificación sería del 16 de septiembre de 2022 en la que se señala que “presto sus servicios” en SMAPA, no contándose con ninguna documental que garantice que va a retornar aquella actividad o a pro futuro. El Vocal demandado, que integra la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, quien emitió el Auto de Vista 26/2023-SP1 de 2 de febrero, validó el razonamiento anterior, además expresó que en la certificación se señaló que “presto sus servicios”, en tiempo pasado, no señala que presta servicios, siendo correcto el entendimiento que se dio a esa documental, no habiendo yerro en esa apreciación. Para desestimar el riesgo procesal establecido en el art. 234.1 del CPP, en cuanto al trabajo u ocupación se refiere, a partir de nuevos elementos que se presenten, que justifiquen conceder una cesación de detención preventiva y medidas sustitutivas, o en su caso denegar, es necesario que el juzgador, no se limite a una simple relación de los documentos, sino que es preciso que los valore a todos en forma razonable, como con relación a las circunstancias existentes en el caso, siendo esa una especial obligación del Tribunal ad-quem, que revisa los actos del inferior, conforme se ha expresado en el Fundamento Jurídico III.1 y III.2 de la presente sentencia constitucional. Cuando se estableció como riesgo procesal el no haber acreditado un trabajo, porque existiría contradicción entre el trabajo del imputado en SMAPA -auxiliar de plomería- con el señalado por el SEGIP en su documento de identidad que dice que es agricultor, es un razonamiento que el imputado trató de desvirtuarlo no solo con una ampliación de declaración informativa -que al final resulta ser una declaración jurada de los hechos sucedidos-, sino también con otra documentación, misma que fue desestimada, pero con ausencia de una adecuada motivación.

El Vocal demandado como integrante del Tribunal de alzada, se ha limitado a transcribir en cursivas el razonamiento que hizo el Juez de la causa en el Auto Interlocutorio 258/2022 de 26 de agosto (que se refirió a una supuesta contradicción en la declaración informativa); pero no se pronunció -ni el inferior- sobre la ampliación de declaración informativa, que a entender del solicitante -de cesación de detención preventiva-aclararía la contradicción de su ocupación, ese nuevo elemento debió ser valorado en forma expresa, para determinar lo que correspondiere, así sea para estimarlo o para desestimarlo. En cuando al otro documento, como es la planilla de asistencia al trabajo de 8 de agosto de 2022, en la que el imputado la habría firmado a horas 16:30, el Tribunal a-quo mencionó la existencia de dicha planilla, pero no expresó las razones por las que la desestimó y lo que es peor aún con relación a esa prueba, el Tribunal ad-quem no hizo una mención argumentada -así sea para desestimarla-, más aún si en el caso concreto, lo expresado en esa documental, tiene coincidencia en la fecha y hora del hecho denunciado, aunque no dé lugar. En cuanto a la última boleta de pago que presentó el solicitante, que correspondería a julio de 2022, debió el Tribunal ad-quem pronunciarse sobre la valoración de la misma que hizo el inferior; sin embargo, no expresó nada, constatándose una evidente ausencia u omisión de motivación. En la valoración del a-quo se desestimó la acreditación del trabajo por este elemento probatorio, debiendo haberlo considerado en relación a otros elementos con referencia a las circunstancias de lo sucedido, pues en el mes de agosto de 2022 el imputado ya se encontraba involucrado en el proceso de investigación, en ese mismo mes se produjo su detención, no siendo improbable que ya no haya prestado servicios completos ese mes o que no se le haya cancelado el salario total o solo una parte.

El único documento que ha sido valorado por ambos; es decir, por el Tribunal a-quo como ad-quem, es el relativo al certificado de trabajo, que al entender de las primeras autoridades, constaría que el imputado prestó servicios en SMAPA, lo que no aseguraría que va a retornar a esa actividad en el futuro; criterio avalado por la autoridad de alzada, quién consideró que se: “trata de un tiempo pasado … hubo determinado con correcto entendimiento que esta documental no es suficiente para acreditar el aspecto ocupacional, por lo cual no hay yerro en esa apreciación”.

De la relación anterior, se tiene que las autoridades demandadas, se han limitado hacer una simple mención de los nuevos elementos que se habrían presentado, haciéndose una escueta valoración a un solo elemento probatorio, cual es el certificado de trabajo, desestimándolo porque a través del mismo evidenciaría que en el pasado existió esa relación laboral. Esa apreciación debió haberse efectuado en forma integral a otros medios probatorios que también debieron haber sido valorados en forma objetiva, conforme a las circunstancias que concurrieron en el caso, a fin que la persona que está siendo privada de su libertad personal o física, sepa los motivos por los cuales cada uno de los nuevos elementos aportados, no serían suficientes para desvirtuar la inexistencia del riesgo procesal relativo al trabajo contenido en el art. 234.1 del CPP, que trataron de justificar y demostrar.

Con relación al riesgo procesal establecido en el art. 234.2 del CPP, relativo al peligro de fuga por facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, tanto el Tribunal a-quo como ad-quem, no realizan prácticamente ninguna fundamentación y motivación, simplemente entienden que al no estar acreditado el uno (234.1 del CPP), no acreditaron un arraigo natural; por lo que, queda subsistente el otro (234.2 del CPP); si es esa la posición, en la línea de la jurisprudencia señalada, era preciso expresar razones y argumentos para llegar a ese tipo de desestimaciones, lo que se extraña en el caso de autos. Por todo lo que se ha violado gravemente, en cuanto a la garantía del debido proceso, al derecho a la libertad de locomoción, que tiene la parte accionante, así como en cuanto a su elemento de fundamentación, motivación y valoración de la prueba. Valoración de las circunstancias previstas en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. En la acción de libertad se ha manifestado que la víctima habría expresado que el presunto autor se cubrió cabeza y rostro, porque a tiempo de cometer el hecho delictivo habría usado barbijo y capucha, pese a que su persona negó el hecho, fue detenido preventivamente, meses después, cuando llegaron resultados de pruebas periciales científicas, solicitó cesación de su detención preventiva, adjuntando nuevos elementos, como los informes del IDIF de Biología Forense y Genética Forense, en los que se estableció que su perfil genético es diferente al obtenido de la muestra de la víctima, lo que excluiría a su persona como presunto violador, enervando el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, con relación al art. 235.2 del mismo CPP. El Tribunal a-quo demandado, señaló que el motivo para la concurrencia del peligro para la víctima es: a) La situación de vulnerabilidad, la asimetría de las niñas, niños y adolescentes con el presunto agresor; b) Debiendo valorar el relato de la víctima, que goza de presunción de veracidad, conforme se establece en la SCP 353/2018-S2; y c) Haciendo un equilibrio respecto a las documentales presentadas, pues la prueba genética debe ser objeto de debate en juicio. A su vez, el Tribunal ad-quem, ratificó esos criterios, realizando una transcripción textual y contrastando lo expresado por el a-quo como con la resolución primigenia -258/2022-; ha ratificado el criterio de vulnerabilidad de la víctima, el valor de su declaración y en cuanto a las nuevas pruebas presentadas como: actas de declaraciones de testigos, o que el día del hecho estaría en su trabajo, o la prueba científica, corresponde pronunciarse sobre las mismas en juicio, no pudiendo establecerse: “sobre la inocencia o culpabilidad del justiciable”. La solicitud que tramitó el ahora accionante, fue una de cesación a la detención preventiva, siendo obligación de las autoridades jurisdiccionales que conozcan la misma, efectuar una valoración integral no solo de las circunstancias señaladas en los arts. 234 y 235 del CPP, sino también una valoración integral, objetiva y razonable de todos los elementos de prueba que presenten las partes, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. De la relación de antecedentes se evidencia que la defensa del acusado, ha presentado una serie de documentación que como nueva prueba acreditaría o justificaría la inexistencia de un riesgo procesal -art. 234.7 del CPP-, así ha presentado actas de entrevistas de declaraciones testificales de descargo de vecinos y varias de compañeros de trabajo, que expresaron que el día y la hora en la que se cometió el presunto hecho, se encontraba en su trabajo, se fue aproximadamente a las 16.30, alguno señaló que al poco tiempo, 16.40 lo volvieron a ver en la calle (fs. 142 a 155); lo que también se acreditaría con la planilla de asistencia al trabajo, pues el día y la hora del presunto hecho estaba en su trabajo o saliendo del mismo (fs. 99); como por fotografías y cámaras (fs. 112 a 115); también el acta de toma de muestras (fs. 130 a 134); así como pruebas científicas que se habrían presentado (fs. 158 a 161 y fs. 162 a 163). En el marco de los precedentes establecidos en el Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente decisión constitucional, correspondió al Tribunal a-quo, cumplir con su obligación de realizar en forma adecuadamente fundamentada y motivada, una valoración integral, razonada y objetiva de todos los elementos de prueba que la defensa habría presentado, no salva ese tipo de obligación, cuando se hace una mención o un detalle de los documentos (eso no constituye valoración). En aquellos casos o en aquellas circunstancias en los que realmente se realiza una valoración, se puede establecer claramente si realmente existieron nuevos elementos de convicción, que demuestren que ya no concurren los motivos que determinaron la detención, o por lo menos que demuestren la conveniencia de que la medida sea substituida por otra, o también para llegar a la conclusión de que no existieron nuevos elementos de convicción que sean suficientes para desestimar el riesgo procesal; valoración que con jurisdicción y competencia tendría que ser revisada y controlada por el Tribunal ad-quem.

De la revisión de obrados, se tiene que las autoridades demandadas, a lo mucho que han hecho es mencionar o detallar la existencia de ciertos elementos probatorios como: actas de entrevistas, planilla de asistencia, fotografías de cámaras, respecto a los cuales no han expresado un solo razonamiento (ni a favor ni en contra); solo se ha hecho una referencia con relación a los informes periciales (a los que se hará mención en el siguiente apartado de esta sentencia). En consecuencia, no hay una adecuada motivación respecto a los nuevos elementos presentados por el solicitante de cesación a la detención preventiva, que justifique la concesión o no de ese pedido. Al haberse negado la solicitud de cesación a la detención preventiva (aunque sin una adecuada motivación), queda claro que, con lo determinado por las autoridades, se ha mantenido el riesgo procesal señalado por el art. 234.7 del CPP. Ese riesgo procesal también se ha mantenido con relación al establecido por el art. 235.2 del CPP, respecto al cual han considerado que, por la existencia de dos víctimas adolescentes, las mismas podrían ser influenciadas de manera negativa por el acusado. En consecuencia y por lo hasta acá expresado, se ha evidenciado que las autoridades demandadas no han realizado una adecuada fundamentación y motivación, porque no han efectuado una apreciación objetiva e integral de todos y cada uno de los elementos probatorios presentados, a ser analizados en el caso concreto, para determinar si correspondía concederse o rechazar lo solicitado; con lo que se ha violado el derecho a la libertad de locomoción de la parte accionante, de igual manera se ha lesionado la garantía al debido proceso, en cuanto al derecho a tener una resolución adecuadamente fundamentada y con una correcta valoración de los elementos probatorios.

2. En cuanto al deber de la debida diligencia de las autoridades, al realizar una valoración objetiva y razonable de elementos probatorios de cargo como de descargo, cuando se conoce un hecho de violencia en razón de género

Además de lo expresado en cuanto a la apreciación objetiva e integral de los medios probatorios, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, hacer una mención a la necesaria valoración, que en el marco de una debida diligencia, debió haberse realizado de las pruebas científicas y genéticas, respecto a las cuales la autoridades demandadas han considerado que esas prueba deben ser objeto de debate en juicio, porque apreciarse cuando se va a resolver una solicitud de cesación de detención preventiva, implicaría pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad del acusado; ese extremo aseverado por las autoridades demandadas, no es cierto como se pasa a demostrar. Una de las condiciones para resolver la cesación de la detención preventiva, a partir del art. 239.1 del CPP, es que debe valorarse la nueva prueba aportada por la o el imputado, es decir por la defensa o por la parte que está siendo acusada, cuando ya se ingresa a la tramitación del juicio oral, pero además también se debe valorar en forma razonable la prueba que ha sido presentada por la parte acusadora o por la víctima, como la posición de la misma, para ello debiendo realizar un necesario análisis ponderado, conforme se manda en el precedente jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo. La ponderación y la razonabilidad, solo se podrá lograr si la autoridad aplica a cabalidad los alcances de los principios que sustentan el deber de la debida diligencia que debe cumplir toda autoridad del poder público, de forma especial las autoridades jurisdiccionales, que cuando conocen un hecho de violencia sexual contra la mujer, deben otorgar medidas de protección en forma inmediata, más aún cuando se identifica como posibles víctimas involucradas a niñas, niños o adolescentes; en cuyo caso deben aplicar la perspectiva de género y parte de ello es asumir los precedentes jurisprudenciales, que han sido señalados por las autoridades demandadas, tal el razonamiento contenido en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, pero también de manera especial lo expresado en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, que es la que se refirió al alcance del valor de la declaración de la víctima. Dicho deber de la debida diligencia, como obligación que deben cumplir las autoridades jurisdiccionales, también alcanza a otras autoridades del poder público en general, tal las autoridades que integran el Ministerio Público a cuyo cargo y responsabilidad se encuentra el proceso investigativo, así en el marco del art. 86 de la Ley 348, deben aplicarse los principios procesales a cabalidad, entre éstos está la legitimidad de la prueba, la verdad material, la carga de la prueba y otros, que se encuentran detallados en Fundamento Jurídico III.3. de la presente decisión constitucional. En todo proceso penal que se atente contra la integridad sexual de una mujer, más aún si se trata de una niña o una adolescente, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público, quién como responsable de la investigación, deberá recolectar las pruebas que sean necesarias en los delitos de violencia en razón de género, asegurando no revictimizar a la mujer, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con el apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad, reiterando que la carga de la prueba, corresponde al Ministerio Público y no así a la víctima. De obrados no se evidencia que la autoridad del Ministerio Público o Fiscal de Materia asignado al caso, frente a un hecho de violencia sexual tan grave como el que se ha denunciado en el caso de autos, ha cumplido a cabalidad ese su deber de actuar con la debida diligencia necesaria, en cuanto no asumió que la carga de la prueba se encontraba bajo su responsabilidad, pues de la imputación formal que presentó (fs. 6 a 12), así como de la acusación formal que formuló (fs. 126 a 129) se constata que las pruebas que ofreció casi todas se encuentran vinculadas al hecho delictivo sucedido, a partir de la denuncia, declaración informativa de la denunciante (hermana de la víctima), el informe de la víctima (médico y psicológico) y acta de reconocimiento de la persona en el desfile identificativo (fs. 135 a 139). Con relación a la determinación de la persona que sería la imputada o responsable de la comisión del acto delictivo solo queda la información que ha dado la víctima y que consta en el Informe Psicológico en el que la adolescente de catorce años y víctima ha manifestado que: “Estaba con chulo negro … su cara estaba pintada con marcador estaba con barbijo” (fs. 191 a 194); posteriormente, la misma participó en el desfile identificativo, en el que: “la víctima reconoce en las dos vueltas del desfile identificativo … al Sr. Alfredo titi tito”. En consecuencia, esos son los elementos probatorios de cargo, que presentó el Fiscal de materia, para la identificación del presunto autor del hecho, evidenciándose en este punto una insuficiencia investigativa, que correspondió ser adecuadamente controlada por el Juez Cautelar; autoridades que; sin embargo, no son demandadas en la presente acción tutelar. Conforme se ha expresado, para determinar si es viable o no una solicitud de cesación de detención preventiva, la autoridad judicial tiene la obligación de realizar un análisis ponderado de los elementos probatorios que presenten ambos sujetos procesales; por una parte, están los nuevos elementos de prueba que presenta la parte imputada o la parte acusada, conforme se ha expresado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta sentencia; por otra parte y en el marco de los precedentes señalados y también conforme a lo expresado en Fundamento Jurídico III.3. de este fallo, están los elementos de prueba aportados por el Fiscal de materia, quién en el marco de una debida diligencia, tiene la responsabilidad de ofrecer la prueba de cargo en todo proceso, más aún cuando se trata de aquellos que devienen de una denuncia e investigación sobre la transgresión de la integridad sexual de mujeres, niñas y adolescentes. En el caso que motiva la presente acción de tutela, el acusado ha presentado dos informes periciales del IDIF (INF-LAB-CLIN-GEN 0544/22 e INF.LAB.CLIN.BIOL.-655-2022), en los que se concluyó que el perfil genético de la muestra de sexo masculino, es diferente al perfil genético obtenido de la evidencia colectada de la víctima; esos informes, se constituirían en la principal prueba presentada por el acusado, como nuevos elementos que demostrarían que no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva, o que tornarían conveniente que sea sustituida por otra medida (en el marco de lo regulado por el art. 239.1 del CPP). Esos informes periciales, considerados como prueba científica, no fueron valorados por el a-quo, como por el ad-quem, porque entienden que una prueba genética debe ser objeto de debate en juicio, o que pronunciarse sobre las mismas sería adelantarse sobre la inocencia o sobre la culpabilidad del justiciable; ese entendimiento, no ha considerado que los informes científicos, por el tipo de trámite y el momento procesal en el que se encontraba, no estaban sometidos a la discusión que pueda darse sobre su contenido en el desarrollo del debate, a partir de lo cual se podría llegar a la conclusión de la culpabilidad o inocencia del acusado. Conforme a lo que se estaba tramitando (en un momento procesal anterior al desarrollo del juicio), correspondía a las autoridades demandadas determinar si en el caso concreto, se daban las condiciones para resolver la solicitud de cesación de detención preventiva, en ese mérito y en ese marco, debió establecerse si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, contribuían a demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron la detención preventiva o que si concurren los mismos; para el efecto, de manera necesaria precisaba valorar esos informes periciales en forma integral y con relación a otros elementos probatorios, para considerar si en el caso concreto, correspondía concederse o rechazarse la solicitud de cesación de detención preventiva, expresando los motivos de hecho (no como hechos probados y definitivos) como de derecho, que sean suficientes para fundamentar y sostener válidamente lo que tenga que determinarse en el trámite presentado (de cesación de detención preventiva, no del debate del juicio oral y público). Por lo expresado, en el trámite de cesación a la detención preventiva, en el marco de la debida diligencia que como deber tiene que ser cumplido por toda autoridad jurisdiccional, correspondió a las autoridades demandadas, realizar una valoración razonable de todos los elementos de prueba, tanto las de cargo como las de descargo. En cuanto a la identificación del presunto autor del hecho, se tiene entre la prueba de cargo, lo manifestado por la víctima y que consta en el Informe Psicológico (que hizo mención al chulo, cara pintada, barbijo), contrastándose con el acta del desfile identificativo; asimismo, considerando la prueba de descargo, en cuanto a los informes científicos presentados y demás nuevos elementos probatorios, realizando una valoración objetiva, integral y razonable de los mismos, obviamente sin descuidar la naturaleza del hecho denunciado y la especial situación de vulnerabilidad de la víctima. Esa valoración no se evidencia en las decisiones impugnadas en la acción tutelar, máxime si se considera la determinación asumida por el Tribunal de alzada, que tenía competencia para revisar la decisión del a-quo, además del deber y la obligación de fundamentar y motivar la resolución que resolvió el trámite referido, lo que no se constata en la especie; por lo que, justifica concederse la tutela planteada. El realizar una valoración integral de la prueba de cargo como de descargo, habría permitido que las autoridades demandadas, lleguen a determinar si los nuevos elementos probatorios presentados son suficientes para conceder la solicitud de cesación de detención preventiva y establecerse medidas sustitutivas, o no son suficientes; ese razonamiento también habría permitido realizar una valoración de todas las circunstancias previstas por los arts. 234 y 235 del CPP, a fin de establecer que existen o que no existen los riesgos procesales de peligro de fuga u obstaculización, manteniéndose la detención preventiva o sustituyéndose esa medida con otra u otras que se consideren más convenientes. Por todo lo expresado se tiene que, en el caso concreto, las autoridades demandadas, han violado la garantía al debido proceso, en cuanto al derecho a la libertad de locomoción que tiene la parte accionante, así como en cuanto a su elemento de fundamentación, motivación y valoración de la prueba. De otro lado, será durante el desarrollo del juicio oral y público, donde las pruebas de cargo como de descargo serán controvertidas en el fondo de su contenido, a partir de lo cual, el Tribunal de Sentencia, en el marco de una debida diligencia, deberá aplicar los enfoques de género y diferencial, dando una apreciación y valoración integral a todas las pruebas, estableciendo el equilibrio necesario entre los derechos de la víctima y su situación de vulnerabilidad, como con relación a los derechos de libertad de la parte acusada. Finalmente, corresponde aclarar que el Vocal codemandado, quién como parte del Tribunal ad-quem, emitió el último fallo dictado en instancia de apelación, siendo la autoridad competente para subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados, respecto a la actuación del Tribunal a-quo, se dispondrá únicamente la nulidad de la última resolución impugnada, para que sea dicha autoridad la que emita un nuevo pronunciamiento, conforme los entendimientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 225 a 227 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la falta de fundamentación y motivación, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 2 de febrero de 2023, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y; b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita nueva resolución, debidamente fundamentada, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Los párrafos 66 y 67…

4 El FJ III.3, refiere: “…cuando se trata de la valoración objetiva e integral de los elementos probatorios en la cesación de detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, es deber del juez y también del tribunal de alzada tomar en cuenta en forma integral los nuevos elementos de juicio aportados por el imputado que demuestran que no concurren los motivos que fundaron se disponga su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; y los aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos subsisten, exigencia que está prevista en la ley, conforme lo establece el párrafo segundo del art. 234 del CPP, respecto al peligro de fuga que establece que para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo igual redacción el art. 235 del CPP, respecto al riesgo procesal de peligro de obstaculización. Ello, en razón a que para acordar y mantener una detención preventiva hay que valorar todas las circunstancias que concurren en cada caso, teniendo en cuenta el criterio favorable al derecho a la libertad personal o física. En efecto, para que una resolución judicial de detención preventiva o de rechazo de cesación a la detención sea fundada en derecho, debe pronunciarse cuidadosamente evaluando todas las circunstancias concurrentes en el caso, es decir, toda la prueba disponible en el momento en que ha de adoptarse la decisión que hubiere sido aportada por las partes, por lo que no podrá fundarse una resolución judicial basándose únicamente en una circunstancia existiendo otras que puedan confirmar la inexistencia de los peligros de fuga y obstaculización”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0884_2025-S3.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 31ea1d172134f7aaa5c19012c0d2fc961eff1f66411b92d08b3f54af70d8c999

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