Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de agosto de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia que el Alcalde accionado, a través de la RA 065/2021 y por nota DESP. G.A.M.T. GJTT CITE 0614/2022; resolvió en instancia jerárquica, anular todo el proceso administrativo de aprobación del plano de levantamiento topográfico de inmueble hasta “…fojas útiles “1” inclusive…”; empero: a) Sin atender los agravios que se formularon en los tres recursos jerárquicos y la contestación a los mismos; b) No efectuó una valoración integral de la prueba solicitada ni otorgó valor probatorio al Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021; pese a que constituye prueba plena de acuerdo a lo establecido en el art. 1296 del CC y que los arts. 31 y 32 del Reglamento a la Ley 2341 exigen su consideración para la resolución de un recurso administrativo; y, c) Omitió las reglas o subreglas determinadas para poder disponer la nulidad de obrados; vulnerando con ello su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación de las resoluciones, valoración de la prueba y congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 469 a 474 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 20 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0883/2023-S3 Sucre, 10 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49004-2022-99-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 75/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 469 a 474 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lorenzo Antonio y Nativa, ambos Figueroa Cazón y Marina Mercado Figueroa contra Jhonny Marcel Torres Terzo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tarija.
Por memoriales presentados el 4 y 8 de julio, ambos de 2022, cursantes de fs. 379 a 390; y, 398 y vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
El 2004, Juan Bernardino -ahora fallecido-, Agustín y Juana Olga, todos Figueroa Segovia y Lucio Mercado Altamirano -hoy fallecido-, iniciaron y concluyeron la tramitación de planos de levantamiento topográfico de inmuebles denominados El Churquial, La Cañada y El Monte, signado con el número de Trámite 878/2004 de 16 de octubre, los cuales se encuentran ubicados en la zona Lourdes de la ciudad de Tarija con una superficie total de 1998265.00 m, registrado con la matrícula computarizada 6.01.1.03.0001901. Posteriormente, dicho trámite fue extraviado físicamente, reponiéndose el mismo mediante Resolución “397/2012” de 30 de octubre, llegándose dicha resolución a publicar mediante periódico de prensa a nivel nacional; asimismo, cabe advertir que dichos planos fueron aprobados con absoluta regularidad según la normativa vigente en ese momento y con todos los requisitos, no existiendo ningún tipo de sobreposición con ninguna persona en ese momento. Sin embargo, luego de más de dieciséis años, Teresa Rina Moreno Benítez, Lucila Elena Moreno Gonzales y Heberto Pedro Moreno Molina -ahora terceros interesados-, el 24 de septiembre, 13 y 16 de noviembre, todos de 2020 -respectivamente- presentaron un recurso de revocatoria contra la referida aprobación de planos de levantamiento de inmueble, alegando que fue aprobado sobre un predio que estaría dentro del parque Las Barrancas, aunque cabe advertir que no existe prueba alguna de esta alegación en el expediente administrativo; inclusive un Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021 de 29 de abril, -emitido más adelante- descartó esta posibilidad. Por otra parte, cabe hacer notar que estas personas son descendientes de Camilo Moreno de Peralta y Gareca, anterior propietario del parque Las Barrancas, que fue transferido al Municipio según Decreto Ley (DL) “7807” de 29 de agosto de 1966; por lo que, en la actualidad dichos descendientes tiene matrícula “0” en Derechos Reales (DD.RR.). En tal sentido, luego de la contestación de la parte contraria: Agustín y Juana Olga, ambos Figueroa Segovia y Lucio Mercado Altamirano -ahora fallecido-, “Ciro” Limber Velásquez Velásquez; así como los herederos de Juan Bernardino Figueroa Segovia, entre ellos “Ivar”, Lorenzo Antonio, Rosa Susana, Juliana, Catalina, Elvira y Nativa, todos Figueroa Cazón, se dictó la Resolución Administrativa (RA) 065/2021 de 19 de enero, en la que el Director General de Ordenamiento Territorial Urbano del GAM de Tarija determinó desestimar el recurso de revocatoria. Ante esta determinación, el 8 y 10 de febrero, ambas de 2021, Teresa Rina Moreno Benítez, Heberto Pedro Moreno Molina y Lucila Elena Moreno Gonzales plantearon un recurso jerárquico, que luego de su contestación por la parte contraria, motivó la emisión del Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021, por el Encargado de la Unidad de Levantamiento Topográfico de la referida Dirección General de Ordenamiento Territorial, con base al cual no se puede determinar técnicamente y hasta la fecha, si existe o no sobreposición del inmueble de la familia Moreno con su propiedad, ya que la superficie de los mismos es de “0”; empero, dicho informe no fue tomado en cuenta mucho menos la prueba ofrecida que ofrecieron Agustín y Juana Olga, ambos Figueroa Segovia y Lucio Mercado Altamirano -fallecido-, “Ciro” Limber Velásquez Velásquez; así como los herederos de Juan Bernardino Figueroa Segovia. De esa forma, se dictó la RA 065/2021 de 23 de junio, la cual, apartándose de toda la prueba y recursos, así como la contestación a los recursos jerárquicos, dispuso anular el proceso hasta “fojas útiles “1” inclusive”. Resolución con la que se les notificó el 11 de febrero -sin indicar el año- y fue objeto de solicitud de complementación y aclaración el 14 de febrero de 2022; dictándose por ello el “…auto de complementación de fecha 31 de marzo de 2022” (sic), que fue notificado el 4 de abril de igual año -2022-.
Siendo ambas Resoluciones las que vulneraron sus derechos constitucionales; ello porque la RA 065/2021, no resolvió ninguno de los agravios de los tres recursos jerárquicos y menos las contestaciones, lo que hace que la resolución sea incongruente e insuficiente motivada; puesto que, los recursos jerárquicos tenían cinco agravios y la contestación a los mismos comprendia cinco puntos, que no fueron considerados, ya que solo se realizó una relación in extensa de los antecedentes procesales lo que no reemplaza la fundamentación y motivación requerida. Por otro lado, tanto el recurso jerárquico de Teresa Rina Moreno Benítez de 8 de febrero de 2021, como la contestación de sus personas y Agustín Figueroa Segovia pidieron la valoración de prueba de manera integral; sin embargo, eso no sucedió, pues del único punto en el que se sustenta la resolución cuestionada para poder declarar la nulidad de obrados es en una afirmación realizada por Agustín Figueroa Segovia, ya que la resolución cuestionada indica que: “‘…que en la pag. 5 de la contestación realizada por el Sr. Agustin Figueroa Segovia expone que la recurrente no tiene legitimación activa para reclamar la nulidad (…) toda vez que se trata supuestamente de sobreposición en el parque de las barrancas, el cual seria patrimonio del Estado (…)’” (sic); sin considerar otra prueba ofrecida y menos el Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021. Entonces, al ser una apreciación subjetiva de la autoridad accionada ello no puede constituir un elemento de prueba que sustente su premisa fáctica y normativa, pues para ese fin debió realizar una valoración integral de la prueba, tal como establece la jurisprudencia constitucional; entre otras, la SCP 1020/2013 de 27 de junio; además, el accionado no consideró ni prueba objetiva ni menos los requisitos, reglas o subreglas determinadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional para poder disponer la nulidad, entre ellas la referida en la SCP 0765/2018-S4 de 14 de noviembre. Ahora bien, a fin de sustentar la carga argumentativa que se exige en la jurisdicción constitucional para revisar la motivación de una resolución y si la valoración de la prueba responde a parámetros constitucionales de razonabilidad sobre la valoración de la prueba; entre otras, la referida en la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, se tiene que: a) La prueba que no fue valorada son el Título de Propiedad de 1935, además de la Escritura Pública de 30 de junio de 1964, Titulo Ejecutorial 632142 y Ejecutorial 24/2010 extendido por la Jueza de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la Capital del departamento de Tarija en el proceso ordinario de adición de superficie, límites y colindancias seguido contra presuntos propietarios; así como la fotocopia de la demanda iniciada por la recurrente en el Juzgado Público Sexto en lo Civil y Comercial de la misma Capital y departamento; fotocopia del trámite administrativo de deslinde donde la recurrente actuó con Testimonio de Poder 1315/2013 de 20 de junio, pero en particular el Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021; y, b) La relevancia constitucional radica en que la prueba omitida de valoración o de pronunciamiento sobre su valor concreto, puede llevar a corroborar que inclusive a la fecha no se puede determinar técnicamente si existe o no sobreposición del inmueble de la familia Moreno con su propiedad, ya que la superficie de los mismos es cero, además que la prueba tenía el valor establecido en el art. 1296 del Código Civil (CC) aplicable bajo el régimen de supletoriedad, que establece que los despachos, títulos y certificados públicos expedidos por los representantes del Gobierno y sus agentes autorizados sobre materias de su competencia y con las correspondientes formalidades legales, hacen plena prueba; empero, la Resolución cuestionada no consideró ninguna norma que asigne valor probatorio y menos manifestó un valor probatorio sobre esta prueba. Asimismo, los arts. 31 y 32 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003 -Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo- exige que para la resolución de un recurso administrativo se debe considerar los informes técnicos, como requisito esencial del mismo; en tal sentido, al no valorarse este elemento probatorio, se lesionó el derecho a una resolución motivada, a una valoración integral de la prueba y por ende el debido proceso, ya que no se cumplió con los requisitos de esta instancia procesal; de manera que, en caso de concederse la tutela impetrada, la resolución final que resuelve el recurso jerárquico podría ser distinta.
La parte impetrante de tutela, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación de las resoluciones, valoración de la prueba y congruencia; sin citar precepto constitucional o convencional que los reconozca.
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto la RA 065/2021 y el “…auto de complementación fecha 31 de marzo de 2022…” (sic), que resolvió la aclaración y complementación solicitada; 2) Se ordene el pronunciamiento de una nueva Resolución debidamente motivada y considerando los principios y jurisprudencia constitucional sobre las nulidades; y, 3) La imposición de costas procesales.
Efectuada la audiencia pública virtual el 14 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 463 a 468 vta., por la parte accionante, en presencia de Marina Mercado Figueroa asistida por su abogado y en ausencia de Lorenzo Antonio y Nativa, ambos Figueroa Cazón; por la parte accionada, la autoridad edil accionada por intermedio de su representante legal. Asimismo, se encuentra presente la representante del Ministerio Público; y, en lo referente a los terceros interesados, en presencia de Lucila Elena Moreno Gonzales acompañada de su abogado y Sergio Camilo Moreno Oroza -coheredero y representante de Yolanda, Verónica, Valeria, Martín y Heberto Mariano, todos Moreno Oroza, todos herederos Heberto Pedro Moreno Molina-; así como en ausencia de Teresa Rina Moreno Benítez, Agustín, Juana Olga, Juan Bernardino, todos Figueroa Segovia y “Ciro” Limber Velásquez Velásquez; se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela por intermedio de su abogado, se ratificó en el contenido de los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los términos de su acción de defensa, mencionó que: i) Con respecto a los alegatos del tercer interesado Sergio Camilo Moreno Oroza y la representante del Alcalde accionado, referente a que la acción de amparo constitucional fue planteada fuera de los seis meses, se debe considerar una aclaración importante referida al contexto y pluralidad de partes que intervinieron en el proceso administrativo; pues quienes plantearon el recurso de revocatoria fue Teresa Rina Moreno Benítez; posteriormente, se agrega Lucila Elena y Heberto Pedro Moreno Molina representado por su hijo, contra la aprobación del plano de levantamiento topográfico de inmueble que correspondía a Juan Bernardino Figueroa -quien falleció durante el planteamiento del mencionado recurso-, Agustín y Juana Olga, ambos Figueroa Segovia, quienes eran básicamente las personas que habrían logrado la aprobación del referido plano; además de Wilson Mercado Altamirano; es decir, que eran cuatro personas los titulares de la nulidad que se planteó y en ese sentido, se incluyeron los herederos de Juan Bernardino Figueroa Segovia, que ahora son accionantes -Lorenzo Antonio y Nativa, ambos Figueroa Cazón-; asimismo, ambas partes en su momento solicitaron que se incluyan a personas que compraron de la familia Figueroa Mercado y justamente ahí ingresó “Ciro” Limber Velásquez Velásquez como tercer interesado quien también participó en la etapa de impugnación del proceso administrativo; además que todos intervinieron con un gran número de abogados y “…quienes han sido objeto de declaración y complementación han sido los siguientes señores Carlos Mercado, Enrique Mercado, “Ciro” Limber Velázquez Velázquez, Marina Mercado, Florinda Mercado, Eva Mercado y Nativa Figueroa…” (sic); y la importancia de considerar lo mencionado radica en que los referidos informes pretenden que se concluya que se activó esta acción de defensa fuera de tiempo, cuando fue el GAM de Tarija la entidad negligente, ya que no realizó un seguimiento minucioso de las partes que intervinieron en el proceso administrativo, lo que bajo el principio de informalidad no puede ser trasladado a su parte; ii) El Tribunal Constitucional Plurinacional en la “SC 424/2016” indicó que en el hipotético caso de que por el principio de informalidad, sino consta la notificación del acto impugnado “…debe tenerse y entenderse que el recurso fue interpuesto….” (sic); por otro lado, nunca se obró de mala fe como acusa la parte accionada, ya que se explicó a la jurisdicción constitucional lo relativo a que plazo de caducidad comienza a correr desde la notificación con la Resolución que conceda o rechace la solicitud de complementación, aclaración y enmienda, conforme establece el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), lo cual en el caso concreto fue resuelta el 31 de marzo de 2022 y se notificó con la Resolución el 4 de abril de igual año; ello porque no se podía computar desde antes la posibilidad de plantear el amparo constitucional con el objeto de cuestionar o efectuar una impugnación general a la RA 065/2021, pues si se revisa la resolución que resolvió la solicitud de aclaración y complementación -RA 069/2021 de 9 de julio- inclusive consideró un agravio planteado en la presente acción de defensa, referente a la omisión valorativa del Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021, señalando la RA 069/2021 que la RA 065/2021 expresó claramente la valoración que se dio a los medios probatorios; asimismo, se aclaró lo establecido en el art. “48” que establece, salvo disposición en contrario, los informes serán facultativos y no obligaran a la autoridad administrativa a resolver el recurso con base en los mismos; es decir, se pronunció inclusive sobre el por qué no se valoró el informe y son estos aspectos los que se tomó en cuenta para presentar la acción de amparo constitucional; por lo que, solicitaran que se rechace esta solicitud de denegatoria “…porque no hay improcedencia ya en esta etapa, de negatoria a la acción de amparo…” (sic, fs. 465 vta.); iii) Dentro de la prueba presentada se encuentra la RA 065/2021 que inicialmente resolvió el recurso de revocatoria, dictada por el entonces el Director General de Ordenamiento Territorial, que explicó que es la familia Moreno la que desistió del reconocimiento judicial de la Ordenanza Municipal (OM) 122/1999 que derogó la Resolución 06/1998, dejando sin efecto la transacción realizada con el Alcalde Municipal; de modo que, al estar fuera de la vida jurídica, no se puede aplicar un valor legal al plano realizado -se infiere de levantamiento topográfico de inmueble- producto de esa transacción porque la norma legal que da nacimiento a este acto jurídico fue derogada, en esa línea, se les explicó a la familia Moreno que lo planteado en el recurso de revocatoria es errado, porque solicitaron la nulidad de una resolución que ordenó la reposición de un trámite que ya existía y pertenecía a los terceros interesados Juan Bernardino -fallecido-, Agustín y Juana Olga, todos Figueroa Segovia y Lucio Mercado Altamirano -fallecido- y en este contexto se interpuso el recurso jerárquico que planteó la familia Moreno; iv) La propia Resolución que resuelve la solicitud de aclaración y complementación es contradictoria -no se aclaró la fecha de la misma- porque no tomó en cuenta a pesar de que la autoridad accionada, de acuerdo a lo previsto en el art. 32 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, señala que tiene la obligación de considerar el informe técnico, incumpliendo así este precepto, porque constituye un requisito esencial previo a la emisión del acto administrativo; v) “… a partir de la resolución de aclaración, nos da a entender que al que debe incorporarse es a la propia Alcaldía porque supuestamente el plano que se pretende declarar nulo tendría sobre posición con el parque Las Barrancas …” (sic) lo cual no tiene ningún sustento probatorio y precisamente el Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021 aclaró esa situación y nos permite afirmar con certeza que esa resolución se basó en un criterio subjetivo sin respaldo probatorio como exige el al principio de verdad material y la jurisprudencia constitucional; vi) La Resolución -sin referirse a cuál ni clarificar en el contexto de los alegatos- abuso de la figura de las nulidades “…que no se ha sustentado en ninguna autonomía de los principios para poder declarar nulo este acto…” (sic) y ello repercutió en el hecho de que no exista una resolución que resuelva el fondo de la problemática como sí existía con la “…resolución N° 065/2021…” (sic) del Director General de Ordenamiento Territorial que rechazo el recurso de la familia Moreno porque no existía prueba de un interés legítimo “…que permita plantear esta enmienda…” (sic); vii) Cuando la familia Moreno planteó este recurso de revocatoria uno de los argumentos del Director General de Ordenamiento Territorial, fue que ellos ya fueron notificados por edictos; por tanto, no podrían reclamar esta situación; por lo que, la nulidad de todo el procedimiento es “infértil” no llevará a ningún lado solo “…ha retrotraído una nulidad por nulidad…” (sic); viii) Se debe ejercer un control de constitucionalidad no de revalorización de la prueba sino de parámetros constitucionales de razonabilidad; y, ix) En cuanto a las autorestricciones el Tribunal Constitucional estableció que en determinados casos concretos, la revisión de esta labor en el marco de derechos y garantías que se realizan por los Tribunales Ordinarios y autoridades administrativas.
Jhonny Marcel Torres Terzo, Alcalde del GAM de Tarija; mediante informe escrito cursante a fs. 455 a 457 vta. y a través de su representante legal en audiencia manifestó que: a) Los accionantes fueron parte del proceso administrativo en el que se emitió la RA 065/2021, que fue notificada el 1 de julio de 2021, dentro de plazo hábil y bajo constancia en el domicilio procesal fijado al efecto, adjuntándose a efecto de acreditación la notificación recibida por su abogado Víctor Hugo Pereira, tramitador autorizado por los accionantes en su memorial de 28 de mayo de 2021; ya que se demostró que sus propios clientes suscriben los memoriales en los que se le otorgó poder de representación como tramitador; coherente ello con la confesión del abogado de la parte accionante, en esta audiencia, en lo referente a que fue abogado de otras partes que también participaron en el proceso administrativo y cursa en obrados también las notificaciones de las personas que estuvieron bajo su patrocinio con la RA 069/2021; de ahí que ya transcurrió más de un año y tres días para la interposición de este amparo constitucional contra el acto lesivo que se denuncia; b) El 2 de julio de 2021, Marina Mercado “Segovia”, Abel Mercado Figueroa; Antonio, Nativa y Juliana, todos Figueroa Cazón, solicitaron aclaración y complementación a la RA 065/2021; por lo que, en atención a ello se emitió la RA 069/2021 que resuelve no ha lugar a la solicitud presentada, siendo este último fallo notificado a los accionantes el 15 de septiembre de 2021; entonces la parte accionante refiere sin referir el año y de mala fe, que fueron notificados con un supuesto acto el 11 de febrero y contradictoriamente señalan que en fecha 14 de febrero de 2022, supuestamente presentaron nota de solicitud de complementación, que hubiese motivado al Alcalde el pronunciamiento mediante una nota, DESP. G.A.M.T. GJTT CITE 0614/2022 de 31 de marzo, notificada el 4 de abril de igual año; c) Habiendo concluido el proceso administrativo en el marco de lo previsto en los arts. 69 y 70 de la Ley 2341 y sin existir asunto pendiente se devolvieron antecedentes a la Dirección General de Ordenamiento Territorial del mismo GAM de Tarija, a ser la instancia de origen y ejecutora de acuerdo a la estructura organizacional de la entidad; d) Cinco meses después -se deduce de notificada la RA 069/2021- y al margen del cualquier procedimiento, los accionantes se dirigieron ante el Alcalde -ahora accionado- a solicitar información, recibiéndose la nota presentada con este objeto en el GAM de Tarija, el 16 de febrero de 2022; asimismo, dicha solicitud fue respondida conforme establece el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) el 4 de abril de 2022, que es el acto que se pretenden hacer valer de manera fraudulenta ante el descuido de la jurisdicción constitucional; es decir, transformando la petición formulada, como un mecanismos que forma parte de un procedimiento ya concluido y ejecutoriado, sin observar la tramitación administrativa y plazos señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento; incurriendo así en una causal de improcedencia que por inobservancia del plazo de caducidad, establecido en el art. 129 de la CPE; es por tal razón que inclusive mediante Auto 156/2022 de 5 de julio, la Sala Constitucional solicitó a la parte accionante que puntualice cuáles serían los posibles documentos que deberían aparejarse para dilucidar estos aspectos, lo cual sin embargo no fue cumplido por el accionante; e) El art. 48 de la LPA, señala que la consideración del referido informe técnico que alude y cuya presunta omisión reclama la parte accionante es facultativa para la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GAM de Tarija; salvo disposición contraria; sin embargo es un punto que no debería considerarse ni merecer argumentación, debido a la improcedencia señalada; y, f) El debido proceso y el principio de verdad material que alegan que fue vulnerado en su triple dimensión no fue demostrado a través de documental adjunta. 1.2.3. Intervención de los terceros interesados Sergio Camilo Moreno Oroza, en su condición de tercer interesado en representación de Heberto Pedro Moreno Molina, a través de memorial cursante a fs. 461 y en audiencia manifestó que: 1) La RA 065/2021, fue notificada el 1 de julio de 2021 y posteriormente, el 15 de septiembre del mismo año, las partes fueron notificadas con la RA 069/2021, que resolvió la solicitud de complementación y aclaración a la misma; entonces transcurrió más de un año, con respecto a la primera y más de diez meses con relación a la Resolución que resolvió la solicitud de complementación y aclaración, pretendiendo los accionantes ocultar la resolución que cerró el proceso administrativo, pues no es posible ni correcto de que existan sucesivas peticiones de aclaraciones y complementaciones; sin embargo, dicha prueba está arrimada en obrados; 2) Con una petición de informe realizada luego de seis meses se procura poner en vigencia el plazo de caducidad para la interposición de esta acción tutelar, lo que es materialmente imposible, porque la misma constituye un solicitud independiente al proceso y resolución administrativa; entonces no puede modificar la RA 065/2021 ni la RA 069/2021; y, 3) La parte accionante no demostró en sus alegaciones escritas como orales cómo se le menoscabo algún derecho constitucional; asimismo, realizó una exposición de la interpretación de la legalidad ordinaria que no es objeto del amparo constitucional. Lucila Elena Moreno Gonzales, a través de su abogado en audiencia manifestó que: “…solamente vamos a secundar a la Alcaldía y también al abogado que acaba de verter argumentos, nada más” (sic). Juana Olga y Juan Bernardino, ambos Figueroa Segovia no asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 402 a 404.
Janeth Beatriz Soliz, Fiscal de Materia, en audiencia solicitó que la Resolución a emitirse en esta acción tutelar, sea en “concordancia” al texto constitucional y que se verifique que el fallo que es objeto de análisis, este debidamente fundamentado y motivado.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 75/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 469 a 474 vta., denegó la tutela, por inobservancia del principio de inmediatez, bajo los siguientes fundamentos: i) Los arts. 129 de la CPE, 51 del CPCo y la jurisprudencia constitucional sancionan la negligencia o dejadez con la que actúa del titular de derechos y garantías constitucionales frente a la presunta vulneración a los mismos; en esa línea, se estableció un plazo para que se ejerza las acciones que considere necesarias en la jurisdicción constitucional, con el objeto de que cesen esas vulneraciones; y, ii) En las pruebas que cursa en el proceso “a fojas 442” se encuentra la notificación de 1 de julio de 2021 efectuada a Juliana, Abel, Nativa, Lorenzo Antonio, todos Figueroa Cazón y Marina Mercado Figueroa, con la RA 065/2021, en el domicilio procesal ubicado en calle Daniel Campos 842, tercera planta, oficina de Víctor Hugo Pereira; asimismo, cursa un memorial en original con cargo de recibido de 2 de julio de igual año, suscrito por Marina Mercado Figueroa, Abel, Lorenzo Antonio, Nativa y Juliana, todos Figueroa Cazón, en el cual indican que fueron notificados con la copia de la RA 065/2021 y en el plazo establecido y con carácter previo a instaurar las acciones judiciales en la vía constitucional y penal solicitaron enmienda y complementación a esta Resolución. Por otro lado, cursa RA 069/2021, que dispuso declarar no ha lugar a la solicitud de aclaración y complementación formulada, quedando por ello la RA 065/2021 firme y subsistente en todas sus partes, también cursa notificación el 15 de septiembre de 2021 con la referida RA 069/2021, en el mismo domicilio procesal. Por lo tanto, no puede considerarse que la solicitud de aclaración y complementación efectuada, se haya presentado el 16 de febrero de igual año, porque en esta fecha se presentó una carta firmada por varias personas que en suma solo solicitan información; relacionándose la misma con el ejercicio del derecho a la petición y como señala que se les pueda emitir un informe, nota, resolución y pronuncie sobre aspectos detallados en la misma; de igual modo, la respuesta mediante nota, DESP. G.A.M.T. GJTT CITE 0614/2022 en atención a esta última solicitud, no constituye una Resolución Administrativa, sino una carta que contiene una respuesta puntual y formal a cada punto específico que se requirió; a diferencia del memorial presentado el 2 de julio de 2021, en el que -como se mencionó- sí se hace expresa la solicitud de aclaración y complementación a la RA 065/2021 y consta el nombre de los accionantes junto a otras personas que firman este memorial, así como firma y sello de abogado, un formato definido y precisión; entonces desde el 15 de septiembre del referido año; fecha a partir en la que se notificó la RA 069/2021 hasta la interposición de la acción de amparo constitucional, sobrepasó superabundantemente el plazo de los seis meses de caducidad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de recurso de revocatoria de 24 de septiembre de 2020 presentado por Janet Patricia Melogno Moreno en representación legal de Teresa Rina Moreno Benítez -ahora terceros interesados- solicitando la nulidad del Informe Legal 0213/”2016” -lo correcto es 2004- de 23 de agosto, correspondiente al Trámite 878/2004 de 16 de octubre, así como la Resolución “397/2012” de 30 de octubre, que dispuso la reposición ilegal del Trámite 878/2004, al realizarse sin considerar que el predio aprobado se encontraba en el parque Las Barrancas, transgrediéndose así las leyes que rigen el mismo (fs. 1 a 7 vta.). II.2. En el proceso administrativo de aprobación de plano de levantamiento topográfico de inmueble a favor de Juan Bernardino, Agustín y Juana Olga, todos Figueroa Segovia y Lucio Mercado Altamirano, se presentó el 13 de noviembre de 2020, un recurso de revocatoria del acto de aprobación que data de 2006 hasta el vicio más antiguo de procedimiento, suscrito por Lucila Elena Moreno Gonzales, ya que no fue parte del referido proceso, pese a que incide en la pérdida de su propiedad, vulnerándose su derecho al debido proceso, defensa, igualdad administrativa y otros (fs. 14 a 19 vta.). II.3. Se tiene memorial presentado el 16 de noviembre de 2020, por el que Heberto Pedro Moreno Molina -actualmente fallecido- se adhirió al recurso de revocatoria presentado por Teresa Rina Moreno Benítez de 24 de septiembre de 2020, solicitando que se anule y revoque totalmente el Informe Legal 0213/2004 y el Trámite 878/2004 que dio lugar a la aprobación del plano de levantamiento topográfico de 11 de octubre de 2006 a favor de los hermanos Figueroa y la Resolución “397/2012”, que dispuso la reposición del trámite 878/2004 (fs. 8 a 13). II4. En atención al memorial de recurso de revocatoria presentado por Janet Patricia Melogno Moreno en representación de Teresa Rina Moreno Benítez de Ávila, el Director General de Ordenamiento Territorial del GAM de Tarija, resolvió dicho recurso a través de la RA 065/2021 de 19 de enero (fs. 66 a 85). II.5. Se tiene recursos jerárquicos de 8 y 10 de febrero, ambos de 2021, presentados por Janet Patricia Melogno Moreno en representación de Teresa Rina Moreno Benítez, Lucila Elena Moreno Gonzales y Heberto Pedro Moreno Molina contra la RA 065/2021 (fs. 86 a 102 vta.; 104 a 120 vta.; y, 121 a 128). II.6. A través de RA 065/2021 de 23 de junio, el Alcalde del GAM de Tarija, en consideración de los recursos jerárquicos presentados por Janet Patricia Melogno Moreno en representación de Teresa Rina Moreno Benítez, Lucila Elena Moreno Gonzales y Heberto Pedro Moreno Molina contra la RA 065/2021, resolvió anular obrados hasta fojas útiles 1 (uno) inclusive, debido a que en la sustanciación de la causa no se procedió a la legal notificación con cada uno de los actuados procesales a los legitimados, disponiendo la prosecución del proceso administrativo conforme lo establecido por la norma especial, así como la notificación a todas las partes y terceros interesados identificados en obrados, debiendo acudirse a todos los medios legales para el efecto y en el término consignado en la normativa, bajo responsabilidad de la Dirección Jurídica del GAM de Tarija (fs. 148 a 184). Resolución con la que se notificó el 1 de julio de 2021 a Abel y Marina Mercado Figueroa; así como Juliana, Nativa, Lorenzo Antonio, Figueroa Cazón con la RA 065/2021 (fs. 438). II.7. Marina Mercado “Segovia”; Abel, Lorenzo Antonio, Nativa y Juliana, todos Figueroa Cazón, solicitaron a través de memorial recibido el 2 de julio de 2021, aclaración y complementación a la RA 065/2021, con la que mencionan que fueron notificados el 1 de julio de 2021, reiterando asimismo, domicilio procesal en calle Daniel Campos 842, segunda planta, “OVG Abogados” (fs. 436 y 437). II.8. Se tiene RA 069/2021 de 9 de julio, que en atención a la solicitud de enmienda y complementación efectuada el 2 de igual mes y año, a la RA 065/2021, así como la solicitud de aclaración presentada el 5 de julio de referido año por Agustín Figueroa Segovia, dispuso no ha lugar a la solicitud de aclaración y complementación de la RA 065/2021, quedando la misma firme y subsistente en todas sus partes (fs. 458 a 460). Resolución con la que se notificó a Marina Mercado “Segovia”; Abel Mercado Figueroa; Lorenzo Antonio, Nativa y Juliana, todos Figueroa Cazón, el 15 de septiembre de 2021, a horas 12:55, en domicilio procesal ubicado en calle Daniel Campos 842, segunda planta, oficina OVG abogados (fs. 432). II.9. Consta Nota presentada por Carlos, Enrique, Eva, Florinda y Marina, todos Mercado, Yamil García; y, Nativa, Carmen y “Siro”, todos Figueroa, en el despacho del Alcalde Municipal del GAM de Tarija, el 16 de febrero de 2022 y por la cual solicitan informe, nota o resolución sobre: 1. ¿Cuál es el alcance específico de la anulación?; 2. ¿A qué obrados se refiere?; 3. ¿Se ha considerado como fundamento la extemporaneidad de los recurrentes de primera instancia?; 4. ¿Se ha observado que los mismos documentos (actos administrativos) la misma recurrente los ha presentado como prueba en un proceso judicial, lo cual prueba su conocimiento previo?; y, 5. ¿Ha valorado el INFORME TÉCNICO U.L.T.-139/N.N.N.-016 de 29 de abril de 2021, emitido por el Arq. Never Narváez, con Referencia de: “análisis respecto a aprobación trámite n° 878/2004. c.i. 913/2021 (despacho)?” (sic), fijando como domicilio procesal calle Daniel Campos 842, segunda planta (fs. 431). Asimismo, consta respuesta a la misma, a través de la nota DESP. G.A.M.T. GJTT CITE 0614/2022 suscrita por el Alcalde del GAM de Tarija, la cual fue notificada el 4 de abril de 2022, a Víctor Hugo Pereira, abogado, en el domicilio procesal definido en la Nota (fs. 429 y 430).
La parte accionante denuncia que el Alcalde accionado, a través de la RA 065/2021 y por nota DESP. G.A.M.T. GJTT CITE 0614/2022; resolvió en instancia jerárquica, anular todo el proceso administrativo de aprobación del plano de levantamiento topográfico de inmueble hasta “…fojas útiles “1” inclusive…”; empero: a) Sin atender los agravios que se formularon en los tres recursos jerárquicos y la contestación a los mismos; b) No efectuó una valoración integral de la prueba solicitada ni otorgó valor probatorio al Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021; pese a que constituye prueba plena de acuerdo a lo establecido en el art. 1296 del CC y que los arts. 31 y 32 del Reglamento a la Ley 2341 exigen su consideración para la resolución de un recurso administrativo; y, c) Omitió las reglas o subreglas determinadas para poder disponer la nulidad de obrados; vulnerando con ello su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación de las resoluciones, valoración de la prueba y congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Sobre la temática aludida, la SCP 0539/2021-S3 de 30 de agosto, haciendo mención a la SCP 0376/2019-S1 de 12 de junio, que asumió a su vez el razonamiento jurisprudencial establecido al respecto manifestó que: «Precisando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional respecto al plazo de caducidad en la interposición del amparo constitucional, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, señaló: “El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’. La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: ‘La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida. En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio ‘pacta sunt servanda’. Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’. Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: ‘Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa’”». Sobre el principio de la inmediatez, el art. 129.II de la CPE prescribe que “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”, concordante con dicha disposición constitucional, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. Bajo ese marco legal, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo -entre otras-recogiendo el criterio uniforme emitido por la justicia constitucional, sobre el principio de inmediatez estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'. Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: '...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'. Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada’”. Por otro lado, la SCP 1677/2012 de 1 de octubre, sobre la extemporaneidad de la presentación de la acción de amparo constitucional como causa para la denegatoria de la tutela, sostuvo que: “El principio de inmediatez, que debe ser observado en la esfera del derecho constitucional, entre otros aspectos a tiempo de deducir esta acción tutelar, responde a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, así como la finalidad de conceder la tutela -cuando corresponda-, en términos de eficacia y oportunidad, por cuanto la inmediatez de resguardar y proteger derechos constitucionales, podría resultar ineficaz, si se deja transcurrir demasiado tiempo. Es así que, el legislador a efectos de que la ciudadana o el ciudadano boliviano obtenga una efectiva administración de justicia constitucional, ha previsto este presupuesto constitucional, cual es la de presentar su demanda en un plazo no mayor a los seis meses a computarse desde la comisión del hecho lesivo o desde el momento en que se notificó la última decisión en sede judicial o administrativa. (…)
Concluyendo podemos manifestar, que por regla general el transcurso del tiempo, tiene vital importancia en los diversos campos del derecho, así por ejemplo en el derecho civil el dejar transcurrir el tiempo puede tener dos efectos, la extinción de un derecho cuando su titular no los ejerce en el tiempo previsto por ley art. 1492 del Código Civil (CC) o la constitución de un derecho por el transcurso del tiempo art. 134 del CC; por otro lado, en la jurisdicción penal el transcurso del tiempo también tiene un rol importante, así se advierte en el instituto jurídico de la prescripción art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Del mismo modo en el ámbito del derecho constitucional, también tiene sus efectos, como ocurre en el caso que se analiza, sobre el momento en que se presentó esta acción de defensa respecto del momento en que se hubo causado la vulneración de derechos; en consecuencia, el plazo previsto por ley que reviste a esta acción tutelar tiene dos componentes uno positivo y otro negativo, el primero con la finalidad conceder la tutela, en términos de eficacia y oportunidad y el segundo entendido como un principio que sanciona la dejadez y descuido del accionante” (las negrillas nos corresponden).
La parte accionante denuncia que el Alcalde accionado, vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación de las resoluciones, valoración de la prueba y congruencia, a través de la RA 065/2021 de 23 de junio y por nota DESP. G.A.M.T. GJTT CITE 0614/2022 de 31 de marzo; resolvió en instancia jerárquica, anular todo el proceso administrativo de aprobación del plano de levantamiento topográfico de inmueble hasta “…fojas útiles “1” inclusive…”; empero: 1) Sin atender los agravios que se formularon en los tres recursos jerárquicos y la contestación a los mismos; 2) No efectuó una valoración integral de la prueba solicitada ni otorgó valor probatorio al Informe Técnico U.L.T.-0139/N.N.N-016/2021 de 29 de abril; pese a que constituye prueba plena de acuerdo a lo establecido en el art. 1296 del CC y que los arts. 31 y 32 del Reglamento a la Ley 2341 exigen su consideración para la resolución de un recurso administrativo; y, 3) Omitió las reglas o subreglas determinadas para poder disponer la nulidad de obrados.
Identificado así el objeto procesal, corresponde determinar previamente, si la presente acción tutelar supera la causal de improcedencia reglada referida al principio de inmediatez, esgrimida por la Sala Constitucional como un argumento de denegatoria, conforme al cual la acción de amparo constitucional es procedente cuando su activación es realizada dentro del plazo de seis meses de caducidad determinado por la norma -art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55.I del CPCo-, computables a partir de la comisión del acto que supuestamente vulneró derechos y garantías constitucionales o de notificada la última decisión administrativa o judicial que desconoció derechos invocados por la parte accionante, plazo luego del cual la facultad de presentar dicha acción precluye, impidiendo poder realizar algún análisis de lo cuestionado y revisar el fondo de la problemática planteada. Y ello porque, de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la oportunidad de la interposición de la acción tutelar se encuentra estrechamente vinculada con el objetivo que convencional y constitucionalmente se atribuye a las acciones de defensa, de constituir mecanismos rápidos, eficaces y que brinden una protección inmediata; de tal manera que, si ello no se efectiviza por la inacción injustificada de quien tenga que plantearla, se limita la posibilidad de que por medio del amparo constitucional se analice los supuestos actos u omisiones lesivas de derechos y garantías constitucionales; como una consecuencia de esa dejadez o descuido en el que incurre el interesado que se ve desprovista de la urgencia e interés en su protección y/o restitución inmediata, oportuna y eficaz. En ese orden, para la finalidad de análisis propuesta; es decir, la de establecer si la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta antes del vencimiento del plazo de caducidad, es menester remitirnos a los antecedentes adjuntos en el expediente, de cuya revisión se evidenció que tanto la aprobación de plano de levantamiento topográfico de inmueble dispuesta a favor de Juan Bernardino -actualmente fallecido- Agustín y Juana Olga, todos Figueroa Segovia y Lucio Mercado Altamirano -hoy fallecido- derivada del trámite administrativo signado con número 878/2004 de 16 de octubre; el Informe Legal 0213/2004 de 23 de agosto; así como su reposición dispuesta mediante Resolución “397/2012” de 30 de octubre, fueron objeto de impugnación a través de distintos memoriales (Conclusiones II.1, II.2 y II.3); emitiendo el Director General de Ordenamiento Territorial del GAM de Tarija en consideración al recurso de revocatoria presentado por Tina Rina Moreno Benítez y terceros afectados, la RA 065/2021 de 19 de enero, (Conclusión II.4) desestimando la impugnación formulada, por cuestiones de orden procesal y material, entre ellas, la presunta presentación extemporánea del recurso; así como argumentando que no se vulneró ninguna normativa menos omitió el procedimiento establecido, pues señala que se sustentó en la existencia de documentación técnica, administrativa y legal que justificaron la aprobación cuestionada. Posteriormente, contra dicha Resolución, Teresa Rina Moreno Benítez, Lucila Elena Moreno Gonzales y Heberto Pedro Moreno Molina plantearon el recurso jerárquico contra de la RA 065/2021 (Conclusión II.5) con base en lo cual, el Alcalde del GAM de Tarija -ahora accionado- resolvió a través de RA 065/2021 anular obrados “…hasta fojas útiles 1 (uno) inclusive…” (sic), en razón a que en la sustanciación de la causa no se procedió a la legal notificación a los legitimados, con cada uno de los actuados procesales, disponiendo la prosecución del proceso administrativo conforme lo establecido por la norma especial, así como la notificación a todas las partes y terceros interesados identificados en obrados, debiendo acudirse a todos los medios legales para el efecto y en el término consignado en la normativa, bajo responsabilidad de la Dirección Jurídica del GAM de Tarija (Conclusión II.6). En tal contexto, este Tribunal concluye que la interposición de la presente acción de amparo constitucional fue realizada fuera del plazo de seis meses establecido por la normativa y jurisprudencia constitucional glosada en el citado Fundamento Jurídico III.1, debido a que, Marina Mercado “Segovia”; Lorenzo Antonio y Nativa, ambos Figueroa Cazón -ahora accionantes-, entre otros, luego de su notificación efectivizada el 1 de julio de 2021 con lo resuelto en la RA 065/2021; suscribieron un memorial presentado ante el Alcalde accionado, el 2 de mismo mes y año, solicitando la aclaración y complementación a la citada RA 065/2021, y en el que mencionan textualmente que tomaron conocimiento de esta Resolución jerárquica el 1 de julio de 2021 y reiterando a su vez su domicilio procesal en calle Daniel Campos 842, segunda planta, OVG Abogados (Conclusión II.7).
De ahí que, en atención a esta solicitud de aclaración y complementación, el Alcalde accionado pronunció la RA 069/2021 de 9 de julio, resolviendo no dar lugar a este requerimiento, quedando como consecuencia de ello la RA 065/2021 firme y subsistente en todas sus partes (Conclusión II.8). Finalmente, se evidenció que la notificación a Marina Mercado “Segovia”; Lorenzo Antonio, Nativa y Juliana, todos Figueroa Cazón, con esta última determinación se efectuó el 15 de septiembre de 2021, a horas 12:55, en el mismo domicilio procesal fijado por los accionantes en su solicitud de aclaración y complementación que realizaron, ubicado en calle Daniel Campos 842, segunda planta, oficina OVG abogados (Conclusión II.8) fecha a partir de la cual se encontraban habilitados para acudir a la jurisdiccional constitucional en defensa de sus derechos al considerar este acto lesivo a los mismos. De ahí que, a partir de ese entonces -15 de septiembre de 2021- comenzó a computarse el plazo de los seis meses de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional, precluyendo conforme a ello la oportunidad de la activación de este mecanismo de defensa, el 15 de marzo de 2022; no obstante, se evidenció que los accionantes acudieron esta jurisdicción constitucional recién el 4 de julio de 2022.
Consecuentemente, subsumiendo este supuesto fáctico al precedente desarrollado en el citado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se incurrió en una causal de inactivación reglada de la acción de amparo constitucional, por incumplimiento del principio de inmediatez; puesto que, no acudieron de manera diligente, rápida y oportuna, ante la jurisdicción constitucional, impidiendo a través de la presente acción de defensa que este Tribunal pueda ingresar a analizar el fondo de las denuncias planteadas y luego de establecer la vulneración o no de derechos disponer lo que corresponda; razón por la que, corresponde denegar la tutela invocada por los accionantes. Asimismo, en lo concerniente a la nota presentada por Carlos, Enrique, Eva, Florinda y Marina, todos Mercado, Yamil García; y, Nativa, Carmen y “Siro”, todos Figueroa, en el despacho del Alcalde Municipal del GAM de Tarija, el 16 de febrero de 2022 y por la cual solicitan informe, nota o resolución sobre: 1. ¿Cuál es el alcance específico de la anulación?; 2. ¿A qué obrados se refiere?; 3. ¿Se ha considerado como fundamento la extemporaneidad de los recurrentes de primera instancia?; 4. ¿Se ha observado que los mismos documentos (actos administrativos) la misma recurrente los ha presentado como prueba en un proceso judicial, lo cual prueba su conocimiento previo?; y, 5. ¿Ha valorado el Informe Técnico U.L.T.-139/N.N.N.-016 de 29 de abril de 2021, emitido por el Arq. Never Narváez, con Referencia de: “…análisis respecto a aprobación trámite N° 878/2004. c.i. 913/2021 (despacho)?...” (sic) corresponde señalar que del planteamiento ambiguo de la misma -al requerir su atención a través de la nota, resolución o informe- y su contenido, se advierte que no está orientada propiamente a cuestionar la resolución que puso fin a la fase recursiva de la que devino el acto administrativo -RA 065/2021- que dicho sea de paso concluyó con la RA 069/2021 que resolvió la solicitud de aclaración, complementación o enmienda; por lo que, esta última nota, DESP. G.A.M.T. GJTT CITE 0614/2022, si bien motiva que se proporcione información vinculada a la citada RA 065/2021, no constituye un mecanismo o recurso idóneo ni reconocido legalmente para impugnar esta determinación ni menos la respuesta a tal solicitud de información representa un acto administrativo o última decisión en este procedimiento, que pueda ser considerado por este Tribunal, a efecto del cómputo del plazo de caducidad.
Finalmente, es menester aclarar que pese a advertirse que las notificaciones a Teresa Rina Moreno Benítez, Agustín Figueroa Segovia y “Ciro” Limber Velásquez Velásquez, en su condición de terceros interesados -dispuesta por la mediante Auto 160/2022 de 8 de julio- no fueron efectivizadas. No obstante, al concurrir en el caso concreto, una causal de improcedencia reglada -conforme se analizó- una eventual subsanación no modificaría la imposibilidad de que esta jurisdicción ingrese al análisis de fondo del acto lesivo denunciado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 469 a 474 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0883_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5b74264bbe482a8019fd57f3eeb33773f1e508626f228f83d332878707910c84
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →