Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, a la salud, y, al debido proceso, por cuanto el Juez demandado, llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares -pesé a que su persona se encontraba delicado de salud internado en un hospital-, determinando su detención preventiva de ciento veinte días, sin considerar su estado de salud; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 06 de 28 de enero de 2023, cursante de fs. 68 vta. a 69 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos plasmados en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 10 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0882/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dával.0os Rojas Acción de libertad Expediente: 53862-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06 de 28 de enero de 2023, cursante de fs. 68 vta. a 69 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Pablo Cueto Paracagua y Edwin Ramos Cabezas en representación sin mandato de Hilarión Avalos Nava contra Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 46 a 54 vta., el accionante expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, el 20 de enero de 2023, se notificó a su abogado vía WhatsApp, con el señalamiento de dos audiencias: a) La primera audiencia virtual programada por la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para el 25 de enero de 2023, a horas 12:00, dentro del recuro de apelación incidental interpuesto dentro del referido proceso penal, que se encuentra radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Instrucción Cautelar Penal de la localidad de Guarayos del departamento de Santa Cruz, por la presunta comisión del delito de avasallamiento; y, b) La segunda audiencia presencial para horas 14:00 del mismo día mes y año, de consideración de medidas cautelares, a realizarse en el citado Juzgado dentro del mismo proceso. El 25 de enero de 2023, en horas de la mañana, pese a que se encontraba delicado de salud se entrevistó con su abogado, a efectos de coordinar los aspectos relativos a la presentación de la prueba para la audiencia de medidas cautelares programada dicha fecha, haciéndole conocer que se encontraba delicado de salud y que, desde el 12 de enero de 2023, se encontraba con un tratamiento médico para la diabetes. Sin embargo, a horas 13:00 del referido día, sufrió una descompensación y al haberse apersonado al centro médico; fue internado por el galeno que lo entendió suministrándole suero, situación que hizo conocer a su abogado. Por lo que, el prenombrado profesional junto a otro colega, quién no tenía conocimiento del proceso, se presentaron a la audiencia de medidas cautelares, con toda la documentación para asumir su defensa, una vez instalado dicho acto procesal, su abogado hizo conocer al Juez de la causa, que su persona fue internada en un centro hospitalario, debido a una descompensación de su salud, adjuntando documentación original consistente en: indicaciones médicas, receta médica de 12 de enero de 2023, certificado médico por el que acreditó que padecía diabetes, una enfermedad considerada terminal, indicación médica de 25 de similar mes y año, en el que refería textualmente “paciente ingresado el día de hoy a la clínica San Camilo, por presentar diabetes descompensado e infección urinaria” y certificado médico que refería el paciente Hilarión Avalos Nava de cuarenta y cinco años de edad, es atendido de emergencia con diagnóstico diabetes tipo II descompensada, infección urinaria alta, haciendo conocer su abogado a la autoridad jurisdiccional, que su persona tenía la voluntad someterse al proceso; por lo que, solicitó se continué con la audiencia programada, que su defendido se conectaría de manera virtual a la misma; sin embargo, ante dicha petición, el Fiscal inmediatamente solicitó al Juez de la causa que dos policías se hagan presentes en el hospital, que su persona sea enmanillado mientras se desarrolle la audiencia cautelar, con la clara intención de privarlo de su libertad pese a su delicado estado de salud, poniendo en riesgo su vida. En el desarrollo de la audiencia, la Fiscal de materia solicitó que su abogado de confianza Edwin Ramos Cabezas, quién preparó su defensa, no participe del referido acto procesal, mientras no cancele la multa establecida, toda vez que no justificó su inasistencia a una anterior audiencia programada, solicitud a la que se adhirió la parte civil; por lo que, la autoridad jurisdiccional ahora demandada sin correr traslado, tomó la determinación de coartar su derecho a la defensa por parte del referido profesional, motivo por el cual su abogado de confianza tuvo que abandonar la misma, quedando en su lugar el otro profesional quien no conocía el proceso, solicitando la suspensión única de la audiencia, a efectos de munirse de las pruebas, y asumir defensa de manera efectiva, solicitud que fue denegada por el Juez, disponiendo la suspensión de la audiencia por una hora para que su persona sea asistida por un abogado de oficio; una vez reinstalada la audiencia y ante la ausencia del abogado de oficio, el abogado Juan Pablo Cueto, asumió su defensa. De manera posterior el Fiscal informó a la autoridad demandada, que los policías entraron al hospital afirmando que su persona se encontraba bien de salud, motivo por la que la representante del Ministerio Público solicitó declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión en su contra, por lo que el Juez sin ningún informe policial solo por llamadas telefónicas, declaró su rebeldía, siendo conducido a la audiencia, amedrentado por los funcionarios policiales, quienes sin orden fiscal irrumpieron el centro de salud privado, allanaron el mismo, y solicitaron un informe médico con el argumento que su persona estaba fingiendo su enfermedad. Pese a las irregularidades cometidas por el Fiscal de materia, y avaladas por la autoridad jurisdiccional, se llevó a cabo la audiencia cautelar, determinándose su detención preventiva por ciento veinte días en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, determinación asumida sin considerar los certificados médicos presentados y la improcedencia de esta medida conforme establece el art. 232.I.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificada por la Ley de Protección a la Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, que establece que no procede la detención preventiva contra personas que se encuentren con enfermedad en grado terminal, debidamente certificado, menos se tomó en cuenta la certificación domiciliaria presentada por el Fiscal que de manera dolosa fue ocultada por el Juez demandado, quien además se negó a tomar la declaración testifical que corroboraría lo relacionado a su domicilio, aduciendo que esa prueba testifical puede ser presentada en juicio oral. Actos irregulares que pusieron en riesgo su salud y vida, toda vez que necesitaba que su enfermedad terminal Diabetes Mellitus Tipo II sea controlada, existiendo la excepción de la subsidiariedad.
Denunció la lesión sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, y, al debido proceso, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 115.I.II, 116.I, 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 68 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que, el 26 de enero de 2025, su abogado se apersonó al Juzgado para recabar fotocopias del proceso y constataron que el Fiscal de materia presentó al Juez de la causa el acta policial de verificación domiciliaria; empero, el Juez demandado de manera dolosa, en la fundamentación de la resolución indicó que no se presentó esa documentación.
Alberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero Ascención de Guarayos del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 28 de enero de 2023, cursante de fs. 62 a 66, solicitó se deniegue la tutela con base a los siguientes fundamentos: 1) El 25 del mismo mes y año, en audiencia de consideración de medidas cautelares, se determinó la medida excepcional de la detención preventiva del ahora accionante, por ciento veinte días, fijándose audiencia de cesación de la detención preventiva para el 25 de mayo del referido año; 2) La Resolución señalada supra, fue impugnada por el imputado -accionante-a través de sus abogados, estando a la espera de su Resolución; 3) Conforme la jurisprudencia constitucional, no es posible activar la vía constitucional, cuando se ha activado una impugnación por la vía ordinaria, para reestablecer los mismos derechos que el imputado refirió como vulnerados; por lo que, no procedería la aplicación de la excepción por subsidiariedad; 4) En la referida audiencia, si bien el abogado del imputado intentó justificar la inasistencia del ahora impetrante de tutela a ese acto procesal, debido a que se encontraba internado con respaldos médicos de una descompensación por diabetes, escuchada la explicación se corrió traslado al representante Ministerio Público para que se pronuncie sobre la petición del abogado, la autoridad Fiscal, manifestó su acuerdo que se desarrolle el mismo con el imputado conectado virtualmente; empero, solicitó prórroga de una hora, a efectos de que se disponga que dos policías resguarden al imputado en la clínica, en caso de que se determine la detención preventiva, toda vez que en una anterior audiencia virtual en el mismo caso, otros cuatro coimputados que habían sido enviados con detención preventiva al Centro de Rehabilitación de Santa Cruz, no se hicieron presentes en la EPI de Ascensión de Guarayos, para ser trasladados al referido Recinto Penitenciario, solicitud a la que se allanó la parte civil y a la que los abogados del imputado no se opusieron, motivo por el cual su autoridad determinó la prórroga solicitada; 5) Reinstalada la audiencia el representante del Ministerio Público recibió una llamada de uno de los policías que resguardaba afuera de la clínica quien le informó que el imputado se estaba retirando del citado mosocomio, por lo que la autoridad Fiscal les indicó que lo dejaran salir porque no se tenía una orden de aprehensión. A raíz de esa información el Fiscal tomó la palabra y solicitó que en atención a los arts. 87 y 89 del CPP, se declaré rebelde al imputado, toda vez que no estaba conectado virtualmente en audiencia, como habrían requerido sus abogados, minutos después el ahora accionante llegó al Juzgado para participar de manera presencial en el mismo, acto procesal en el que los abogados que lo patrocinaban no reclamaron en dicho acto que se estaría poniendo en riesgo la vida de su defendido, más al contrario asumieron su defensa; y, 6) Con relación a que se puso en riesgo la salud del imputado debido a que padece la enfermedad “terminal” de diabetes y que no se la hubiera considerado al momento de determinar su detención preventiva, en el certificado médico presentado por el imputado para justificar su inasistencia, no refirió que se encuentre el estado terminal, situación que fue corroborada por el mismo imputado, cuando salió de manera voluntaria de la clínica y llegó caminando al Juzgado para participar de su audiencia; en consecuencia, no se acreditó de que la referida enfermedad sea una enfermedad terminal, pues si bien es una enfermedad crónica se puede llevar a una vida normal con la ayuda de un tratamiento efectivo. Que a criterio del Juzgador en el desarrollo de la audiencia no mostró ningún síntoma referido por los abogados, estando lúcido; por lo que, no violó ningún derecho constitucional del solicitante de tutela.
Winter Rómulo Hinojosa Tellez, abogado del tercero interviniente, en audiencia de consideración de la acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela, con los mismos fundamentos expuestos en el informe presentado por el Juez demandado.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06 de 28 de enero de 2023, cursante de fs. 68 vta., a 69 vta., denegó la tutela impetrada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El proceso se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, lo que implica que dicho Tribunal tiene el control jurisdiccional del proceso penal seguido contra el accionante; motivo por el cual, todo reclamo debe ser puesto a conocimiento del referido Tribunal de Sentencia; ii) No se presentó documental que acredite que la vida del impetrante de tutela se encontraba en peligro; y, iii) No ingresó a revisar el fondo de lo denunciado, debido a que la Resolución cuestionada fue recurrida por el impetrante de tutela en la vía ordinaria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hilarión Ávalos Nava -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, en audiencia de medidas cautelares desarrollado el 25 de enero de 2023, se le impuso una detención preventiva de ciento veinte días, en el Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz (fs. 46 a 54 vta.). II.2. Consta Certificado Médico emitido en favor del impetrante de tutela por el que señaló que el mismo fue atendido de emergencia, por presentar malestar general, con diagnóstico diabetes tipo II descompensada e infección urinaria, internado por su enfermedad hasta su óptima recuperación (fs. 1). II.3. Cursa informe de la autoridad demandada, por el que se hizo conocer que la Resolución de 25 de mayo de 2023, que determinó la detención preventiva del impetrante de tutela fue apelada por el accionante, recurso que se encontraba pendiente de resolución por el tribunal de alzada; hecho no controvertido por el impetrante de tutela en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar (fs. 62 a 66).
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, a la salud, y, al debido proceso, por cuanto el Juez demandado, llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares -pesé a que su persona se encontraba delicado de salud internado en un hospital-, determinando su detención preventiva de ciento veinte días, sin considerar su estado de salud; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de 2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:
Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activó paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional (las negrillas son incorporadas). La sistematización precedentemente citada, fue desarrollada por la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio.
En el presente caso, el impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, a la salud, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, por cuanto, el Juez demandado, le impuso medida cautelar de detención preventiva, sin considerar su estado de salud. De acuerdo a los datos consignados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hilarión Ávalos Nava -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, en audiencia de medidas cautelares, le impusieron detención preventiva de ciento veinte días, en el Centro Penitenciario de Palmasola (Conclusión II.1), determinación que conforme el informe presentado por Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guarayos -ahora autoridad-, fue recurrida en apelación, señalando que en el presente caso no procede la excepción de subsidiariedad para activar la vía constitucional, cuando se ha activado una impugnación por la vía ordinaria, para reestablecer los mismos derechos que el imputado refirió como vulnerados, hecho que no ha sido controvertido por el impetrante de tutela en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar (Conclusión II.3), encontrándose la misma pendiente de Resolución por el Tribunal de alzada, por lo que, conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional, no es viable la procedencia de esta acción tutelar, cuando se activan de manera paralela tanto la jurisdiccional ordinaria y constitucional a objeto de reestablecer los mismos derechos; considerando que ello podría generar una disfunción procesal y ocasionar posibles pronunciamientos opuestos en diferentes jurisdicciones, al resolver un mismo conflicto, situación que acontece en el presente caso; por lo que, sin ingresar al fondo, corresponde denegar la tutela impetrada. Por otra parte, en relación a lo manifestado por el peticionante de tutela, en sentido de que se vulneró sus derecho a la vida y a la salud, considerando que la medida cautelar de detención preventiva, no puede ser aplicada cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal, sustentando el mismo conforme lo establecido en el art. 132.I.3 del CPP, modificado por la Ley 1443, la misma norma señala que esta debe estar debidamente certificada; por lo que, el accionante al haber sido diagnosticado con Diabetes (Conclusión II.2), que a su criterio, sería una enfermedad terminal, este Tribunal de acuerdo a los documentos que cursan en el expediente, no ha podido advertir este extremo, al no haber presentado documento idóneo por el que acredite que la enfermedad que padece se encuentre en grado terminal, disposición que como se señaló, debe estar debidamente certificada, como requisito en la normativa adjetiva penal aludida por el accionante, motivo por el cual conforme lo glosado en el presente fallo constitucional, sin entrar a mayores consideraciones, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 06 de 28 de enero de 2023, cursante de fs. 68 vta. a 69 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos plasmados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0882_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): bb77584d88724b2c4697d00afeb0d1a37574bdf3998b991fc7dfd7a336d436c1
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →