B.IA.LEGAL

SCP 0882/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53885-2023-108-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal; toda vez que, cuando solicitó la cesación a la detención preventiva, le notificaron que existe un recurso de apelación pendiente y que debe proveer las fotocopias para la remisión al Tribunal de alzada; en consecuencia, desistió del referido recurso, y reiteró nuevamente la solicitud de cesación de la detención mediante memorial de 16 de febrero de 2023; empero, después de siete días, la autoridad ahora demandada, emitió la providencia sin programar audiencia, sino ordenando cancelar la suma de Bs1 000.- (un mil 00/100 bolivianos) por el desistimiento del recurso de apelación incidental con carácter previo al señalamiento de audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; c) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226; d) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; e) La acción de libertad innovativa; y, f) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 001/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del citado departamento; en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; con la aclaración que esta concesión no implica disponer la libertad del demandante de tutela; 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto la providencia de 24 de febrero de 2023; y, b) Que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del referido departamento -ahora demandada-, resuelva la solicitud efectuada por la peticionante de tutela, dentro de las veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional; y, señale audiencia conforme dispone el art. 239 del CPP, salvo que la misma ya se hubiere resuelto; y,

3° DENEGAR la tutela solicitada con relación a María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, sobre la base de la fundamentación de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  4. III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  5. III.5. La acción de libertad innovativa
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0882/2025-S1 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53885-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 001/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esther Chacón Marín en representación sin mandato de Jhonny Basilio Rojas contra María Teresa Apaza Paz, Jueza; y, María Esther Peláez Muruchi, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 5 a 6 vta., el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previstos y sancionados por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; la Jueza ahora demandada, por Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2022, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Sebastián del departamento de Cochabamba, y que actualmente sigue guardando detención; decisión que fue impugnada mediante recurso de apelación. Con el antecedente referido, habiendo transcurrido tres meses desde entonces, dicho recurso no fue remitido ante el Tribunal de alzada; situación que fue advertida por la defensa cuando solicitó la cesación a la detención preventiva, pero este memorial no ha sido providenciado en dos semanas, y ante el reclamo de la demora le comunicaron que existía una apelación pendiente; por lo que, su abogada patrocinante a objeto de regularizar la audiencia de cesación a la detención preventiva, desistió del recurso, reiterando una vez más la solicitud de cesación a la detención preventiva el 16 de febrero de 2023; empero, luego de haber trascurridos más de siete días, la autoridad demandada tampoco programó audiencia, y ante la insistencia en la retardación del señalamiento, fue notificado a través de su defensa con la providencia que determinó cancelar la suma de Bs1 000.- (un mil 00/100 bolivianos), por el desistimiento del recurso de apelación incidental con carácter previo al señalamiento de audiencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal, citando al efecto los arts. 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto la providencia de 24 de febrero de 2023; y, b) Se disponga que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en el plazo de cuarenta y ocho horas programe audiencia para la consideración de la cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 38, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliando sus argumentos en audiencia, señaló que: 1) El 16 de febrero de 2023, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva, transcurriendo siete días y ante la insistencia recién se le notificó con el proveído de 24 de igual mes y año; indicando que se diligencia la misma en esa fecha por la recargada labor y que solamente cuenta con una funcionaria, la misma indicó que debe cancelar la suma de Bs1 000.- por el desistimiento del recurso de apelación incidental presentado, con carácter previo al señalamiento de audiencia, arguyendo el “art. 393 del CPP”, y Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 julio de 2022- que hace mención a costas, no a multas; 2) Este es el hecho vulnerador del principio de celeridad y el derecho a la libertad, al encontrarse el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva con una condicionante, el pago de una multa de Bs1 000.- por el desistimiento de una apelación incidental que en tres meses no fue remitido por la Jueza ahora demandada, quien tenía el control sobre la labor de la Secretaría del citado Juzgado, incurriendo en una grave retardación, que daña la pronta y correcta administración de justicia vulnerando los arts. 22, 23 y 114.II de la CPE; 3) La Ley 1443 no advierte en ningún apartado que se deba pagar como multa la suma de Bs1 000.-, por el desistimiento de un recurso de apelación, tomando en cuenta que el legislador contempló como costas y no así como multa; el derecho de impugnación establecido en el art. 115 de la CPE; por lo que, el citado proveído de 24 del mencionado mes y año, vulnera el derecho a la defensa que está íntimamente ligado al derecho a la libertad de conformidad con el art. 22 y 23 de la Norma Suprema, las cuales fueron desconocidas por la autoridad judicial, si bien, la providencia aludida no está firmada por la Jueza ahora demandada, sino por la corresponsable que es la Secretaría también demandada, se entiende que la referida Jueza, es la que debe garantizar el cumplimiento de plazos y la que controla la administración de justicia; 4) Se tiene como antecedente que la apelación que se interpuso el 17 de octubre de 2022; empero, el 10 de febrero del 2023, recién refirió que no se puede señalar audiencia por el recurso de apelación incidental pendiente; es decir, no se remitieron en tres meses y esos aspectos deben ser verificados por la Jueza y cumplidos por la Secretaría, inclusive remitir en originales; por lo que, hay incumplimiento de deberes, por todo lo expuesto, en conclusión solicitó se conceda la tutela; y, 5) La acción de libertad va dirigida contra el proveído de 24 del citado mes y año, que condiciona el señalamiento de audiencia previo pago de costas, si bien, se hizo mención a la no remisión al Tribunal de alzada, fue únicamente como antecedente; por lo que, solicitó se emita la resolución correcta.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria judicial demandadas

María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 25 de febrero de 2023, cursante de fs. 20 a 21, señaló que: i) El presente proceso se ha iniciado a instancia del Ministerio Público de oficio contra Jhonny Basilio Rojas -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, incurso en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008; siendo imputado y cautelado por ese delito en la audiencia de medidas cautelares el 27 de octubre de 2022, donde se determinó su detención preventiva por el tiempo de ciento ochenta días. Resolución que fue apelada por la defensa y ordenado en el acto la remisión del cuaderno de apelación dentro del término de ley; no obstante ello, la Secretaría esperó que las fotocopias de la apelación sean proporcionadas por la parte apelante, como se explicó en audiencia por no contar la oficina con fotocopiadora, de esa situación tenía pleno conocimiento el imputado y su abogado; ii) Sin embargo, el impetrante de tutela se descuidó en hacer el seguimiento de su caso e impulsar su apelación, provocando su propia indefensión, de acuerdo al informe verbal de la Secretaría; iii) El cuaderno procesal no se encontraba en su despacho, por no ser devuelto por el Juez de turno de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, que en la vacación judicial lo estaba tramitando, el mismo que fue devuelto recién a mediados de enero de este año, siendo falso que su Juzgado no remitió el cuaderno de apelación durante tres meses; pues casi todo ese tiempo estuvo el proceso en el referido Juzgado de Colcapirhua, conforme demuestra los antecedentes del cuaderno procesal y el informe de la Secretaría demandada; iv) Por otro lado consta en el cuaderno procesal que se insistió a la defensa a proveer las fotocopias para la apelación que interpusieron; sin embargo, hicieron caso omiso, teniendo pleno conocimiento de la apelación, del que su abogada dice desconocer; v) La falta de revisión de su abogada del imputado respecto del recurso de apelación pendiente, de la cual tenían conocimiento, pues fueron notificados en audiencia, no puede atribuirse al personal del Juzgado y en caso de desistir de esa apelación, debe cancelar la suma dispuesta por “…el art. 39. 2 del CPP, y la Ley 1443…” (sic); justamente esa multa es para evitar interponer recurso por el solo hecho de presentarlos y luego olvidarse y causar dilación y desorden en el proceso, situación que conoce la abogada Esther Chacón Marin, pues en muchos de sus casos por delitos de narcotráfico que tiene en este mismo Juzgado, se multó a sus clientes por desistir de la apelación; y, vi) Hace constar que fijó para ese día -23 de febrero de 2023-, audiencia de cesación a la detención preventiva para Jhonny Basilio Rojas, ordenando previa cancelación de la multa correspondiente, “…conforme exige el art. 39 num. 2) del CPP aplicando el art. 113 de la Ley 1173…” (sic) que se habilitó para ese cometido en casos de fuerza mayor, como es este caso. Por todo lo expuesto solicitó se deniegue la acción de libertad. María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 25 de febrero de 2023, cursante a fs. 14 y vta., manifestó lo siguiente: a) El 27 de febrero de 2022, se llevó la audiencia de medidas cautelares en la que la defensa planteó recurso de apelación, el mismo que fue concedido mediante decreto, debiendo la abogada patrocinante, proveer fotocopias bajo su responsabilidad; b) Asimismo, el 5 de diciembre del referido año, por vacación judicial, la presente causa fue remitida al Juzgado Público de turno de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Uno de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, habiendo sido devuelto el 12 de enero de 2023; c) El 25 de ese mes y año, la defensa con otra abogada solicitaron cesación a la detención preventiva del ahora demandado y en respuesta a la misma se le hizo conocer de la apelación interpuesta y que debe proveer las fotocopias del expediente; así también, el 13 de febrero del mismo año, de oficio se conminó a la parte apelante para que en el término de veinticuatro horas remita las fotocopias; d) Por lo tanto el 14 del citado mes y año, el demandante de tutela desistió de la apelación en la que se tiene presente, el 17 de dicho mes y año, la defensa solicitó audiencia para la consideración de cesación de medida cautelar; sin embargo, a fin de aplicar la Ley 1443, que exige la cancelación de costas por el desistimiento de la apelación se le impuso cancelar una suma de Bs1 000.-; en la presente la parte accionante interpone acción de libertad en contra suya, por la no remisión del cuaderno incidental cuando ya ha sido desistida el 14 del citado mes y año; e) Respecto a la no remisión, si bien la normativa exige que la justicia debe ser pronta y gratuita para la sociedad; también la misma debe proveer a funcionarios públicos todos los recursos para dar cumplimiento a la misma conforme al Acuerdo 068/2015 del Consejo de la Magistratura en su art. 19 inc. f), que señala que se le deben proporcionar a los servicios del Órgano Judicial los recursos materiales e insumos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; toda vez que, se enviaron varias notas al encargado para la provisión de una fotocopiadora para ese Juzgado, pero fue respondido de forma verbal por el encargado de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), que no contaban con ese aparato para poder proveer; esa es la razón por la que solicitó a la parte apelante y en este caso tenían conocimiento desde el día que apelaron y los constantes decretos e incluso de oficio la provisión de material como es las fotocopias para su consiguiente remisión; y, f) Finalmente, respecto a la demora de los decretos, es necesario hacer notar que actualmente este despacho judicial solo cuenta con la Jueza y la Secretaria, y que desde mayo hasta el 15 de septiembre de 2022 no contaba con una Secretaria, hasta que asumió esas funciones a partirel 16 del mismo mes y año, en tal sentido siendo inhumano cumplir con todas las exigencias y los plazos que la ley exige a favor de la sociedad; esta situación ha sido puesta en conocimiento del Consejo de la Magistratura y Presidencia, solicitando personal de apoyo. Por consiguiente, pide se deniegue la tutela.

I.2.3. Participación de la tercera interviniente

Aleida Ilssen Mérida Morales, Fiscal de Materia en representación del Ministerio Público, presentó informe oral en audiencia, señalando lo siguiente: 1) La parte accionante que plantea el recurso de apelación está en la obligación de correr con las emergencias del citado recurso para que los reclamos que se pretenden sean escuchados; y, 2) Se observó dejadez por parte del solicitante de tutela en el seguimiento a su recurso de apelación y no cumplió las exigencias de la normativa respecto a esa renuncia; así, no puede alegar vulneración cuando es la misma persona que se “generó vulneración”, siendo “auto lesivo” al no coadyuvar con la remisión de antecedentes; por lo que, solicitó se rechace la tutela.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 001/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 39 a 41, concedió la tutela solicitada, debiendo la Jueza ahora demandada celebrar la audiencia señalada, resolverla y tramitarla hasta su conclusión como corresponde; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Bajo esos antecedentes y conforme lo referido por la abogada del solicitante de tutela, si bien la acción de libertad interpuesta se centra específicamente contra el proveído de 24 de febrero del 2023, que a decir de la parte accionante, condicionó el señalamiento de audiencia previo pago de las costas; sin embargo, se hizo mención a la no remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada en un plazo oportuno y que fue verificado de la revisión del expediente; por lo que, no es posible ignorar esta circunstancia que forma parte de la problemática, que nace con el proveído de 24 de igual mes y año; toda vez que, de la amplia jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional se tiene que ya se pronunció en relación a la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, en ese sentido las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, respecto a la posibilidad de flexibilizar el término de plazo para la remisión de recurso de apelación y sus antecedentes cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, suplencias o pluralidad de imputados, siendo preciso resaltar la SCP 1118/2015-S3 de 16 de noviembre, de igual manera en relación a los recaudos para la remisión de actuados ante el Tribunal de alzada, el Tribunal Constitucional Plurinacional razonó a través de la SC 0528/2014 de 10 de marzo, que cita a la SCP 0381/2013 de 25 de marzo, jurisprudencia que es aplicable a los fines de dar cumplimiento a la remisión de actuaciones procesales ante un Tribunal de alzada; ii) Habiendo solicitado el demandante de tutela audiencia de cesación a la detención preventiva, mediante memorial de 16 de febrero de 2023, se dio respuesta al mismo mediante proveído de 24 igual mes y año, el cual evidentemente resuelve que “con carácter previo” el ahora impetrante de tutela dé cumplimiento a lo dispuesto por el art. “396 num.2” del CPP y la Ley 1443, es decir, a cancelar costas por la renuncia al recurso de apelación, en la suma de Bs1 000.-, y que con su resultado se proveerá lo que corresponda; esta circunstancia lesiva a la defensa, evidentemente se constituye en una condicionante que no se encuentra dispuesta en el Código de Procedimiento Penal; toda vez que, se está tramitando dentro de un proceso penal la situación jurídica de un ciudadano con detención preventiva y es prioridad atender la solicitud planteada en resguardo de sus derechos constitucionales a la libertad, a la defensa y pronto despacho en esencial, más aún si no cuenta con una sentencia firme y ejecutoriada; a fin de que su solicitud sea atendida a la brevedad posible y conforme a procedimiento, así se tiene enmarcado este trámite en el art. 239 de la citada norma legal, correspondiendo dar cumplimiento a los plazos previstos por ley, que en este caso, si bien en una primera instancia a través del proveído de 24 del citado mes y año, no se dio cumplimiento; “…sin embargo se tiene de antecedentes que de oficio…” (sic), y se entiende que luego de haber presentado esta acción de libertad, la autoridad jurisdiccional recién señaló audiencia dentro del plazo determinado por ley; consiguientemente, si bien ya fue superada la pretensión del demandante de tutela de contar con un señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, no es menos cierto que estos aspectos deben ser debidamente cuidados en lo venidero, correspondiendo ante todo dar cumplimiento a la normativa y resguardando los derechos y garantías constitucionales, antes que cualquier otra formalidad o normativa facultativa como el art. “239 num 2” del CPP -siendo correcto art. 396.2 del CPP-, puesto que la misma claramente señala: “Los recursos se regirán por las siguientes reglas generales:… 2) Podrán ser desistidos con costas por la parte que los haya interpuesto…” (sic); entonces mal se puede entender de esta normativa que las costas son exigibles, como erróneamente refiere el proveído de 24 del precitado mes y año, debiendo en todo caso analizar y ponderar un derecho fundamental por encima de una sanción que nace del incumplimiento a la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada en el momento procesal oportuno.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2022, emitido por María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-; mediante el cual, dispone la detención preventiva en el Penal de San Sebastián Varones de ese departamento, del imputado Jhonny Basilio Rojas -ahora accionante-por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, por el tiempo de ciento ochenta días. Resolución que fue impugnada a través del recurso de apelación incidental establecido en el art. 251 del CPP, el cual se concedió mediante decreto y la remisión a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento “…previo sorteo a cargo de secretaria, debiendo la defensa proveer las fotocopias legalizadas a la brevedad posible bajo su responsabilidad” (sic [23 vta. a 27]). II.2. Consta memorial de 24 de enero de 2023, presentado por el impetrante de tutela; mediante el cual solicitó señalamiento de audiencia para la consideración de su cesación a la detención preventiva (fs. 31 y vta.). II.3. Por providencia de 10 de febrero de 2023, la Jueza ahora demandada, señaló: “Remitido a despacho en la fecha, por la excesiva carga procesal y contar con una funcionaria.- A LO PRINCIPAL y OTROSI.- De la revisión de antecedentes del caso, se tiene que el imputado JHONNY BASILIO ROJAS en audiencia de medidas cautelares ha apelado de la resolución, por lo cual debe resolverse previamente esa solicitud, debiendo proveer fotocopias legalizadas del cuaderno procesal para remitir la apelación a la autoridad Ad-quen, por lo cual no ha lugar al petitorio de cesación a la detención preventiva. AL OTROSI 2do. y 3ro. Por acompañado y a lo principal. Notifique funcionario público” (sic [fs. 32]). II.4. Mediante providencia de 13 de febrero de 2023, la autoridad ahora demandada, de oficio dispone: “…Se conmina a JHONNY BASILIO ROJAS para que en el termino de 24 Hrs. remita fotocopias legalizadas para la apelación de la Audiencia de Medidas Cautelares que interpuso ya en fecha 27.10.2022 llamando la atención por la demora al no contar este juzgado con fotocopiadora ni otros insumos.- Notifique Oficina Gestora” (sic [fs. 33]. II.5. Por memorial presentado el 17 de febrero de 2023, el ahora demandante de tutela solicitó audiencia para la consideración de su cesación de la medida cautelar de detención preventiva (fs. 34). II.6. A través de providencia de 24 de febrero de 2023, la Jueza ahora demandada, señaló: “Resuelto a la fecha, por la excesiva carga procesal y contar con una sola funcionaria.- A lo principal: Con carácter previo respondiendo al memorial que antecede, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 396 num.2) del C.P.P. y la Nueva Ley 1443 que exige cancelar costas por la renuncia de apelación, aplicando la suma de Bs. 1.000.- (un mil 00/100 bolivianos) a la parte apelante debiendo cancelar a la DAF y remitir la copia del mismo y con su resultado se proveerá lo que corresponde. Notifique oficina gestora” (sic. [35]). II.7. Consta la Resolución de 25 de febrero de 2023, emitida por la Jueza ahora demandada, mediante la cual fijó audiencia para el 28 de febrero de 2023, a horas 15:00 (fs. 36).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal; toda vez que, cuando solicitó la cesación a la detención preventiva, le notificaron que existe un recurso de apelación pendiente y que debe proveer las fotocopias para la remisión al Tribunal de alzada; en consecuencia, desistió del referido recurso, y reiteró nuevamente la solicitud de cesación de la detención mediante memorial de 16 de febrero de 2023; empero, después de siete días, la autoridad ahora demandada, emitió la providencia sin programar audiencia, sino ordenando cancelar la suma de Bs1 000.- (un mil 00/100 bolivianos) por el desistimiento del recurso de apelación incidental con carácter previo al señalamiento de audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; c) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226; d) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; e) La acción de libertad innovativa; y, f) Análisis del caso concreto.

III.1 La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, señala que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto al principio de celeridad exigido a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales, como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad es dispuesta por una orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R de 27 de julio.

III.3. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239 , que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal dejó estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones 4 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

5La detención preventiva cesará:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,

4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).

respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril -; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, así como el trámite que debe imprimirse a dicho pedido de acuerdo a la casual invocada, ha sido modificado mediante la Ley 1173 , que entró en vigencia el 4 de noviembre de igual año, e introdujo las modificaciones al art. 239 del CPP; empero, dicha Ley a su vez fue modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, y esta a su vez fue modificada por la Ley de Protección a las Victimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño y Adolescente, de manera tal que texto vigente del art. 239 del citado Código, es el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

6El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”. 7Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio;

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

No será aplicable el presente numeral en los delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas;

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código (las negrillas son añadidas). Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como cuando se funda en las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 de dicha norma, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarla con celeridad y dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.

III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre , ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

10El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 11El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 12El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 13El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.5. La acción de libertad innovativa

art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la 0266/2018-S2 de 25 de junio -entre otras- asumió el siguiente entendimiento: La línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo , se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la 14El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 15El FJ III.2, indica: “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 16El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.

indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. Luego, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto , complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma.

17El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 18El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del CPCo, que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.6. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal; toda vez que, cuando solicitó la cesación a la detención preventiva, le notificaron que existe un recurso de apelación pendiente y que debe proveer las fotocopias para la remisión al Tribunal de alzada; en consecuencia, desistió del referido recurso, y reiteró nuevamente la solicitud de cesación de la detención mediante memorial de 16 de febrero de 2023; empero, después de siete días, la autoridad ahora demandada, emitió la providencia sin programar audiencia, sino ordenando cancelar la suma de Bs1 000.- (un mil 00/100 bolivianos) por el desistimiento del recurso de apelación incidental con carácter previo al señalamiento de audiencia.

En ese entendido, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que de acuerdo al art. 239 del CPP modificado por la Ley Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en las causales previstas en los numerales 1, 2, 5 y 6 del citado cuerpo normativo, el Juez o Tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible; puesto que, el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida de la libertad física o personal, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del citado derecho está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Asimismo, la indicada jurisprudencia estableció claramente que ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley, para que la jueza señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132.1 del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad, cuando exista demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo. En consecuencia, se estableció que las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido por el art. 239 del CPP; es decir, de cuarenta y ocho horas, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. De la revisión del legajo constitucional, se advierte que la problemática en cuestión radica en no haber señalado audiencia de cesación a la detención preventiva hasta que el impetrante de tutela cancele la suma de Bs1 000.-, de multa por el desistimiento del recurso de apelación incidental contra la resolución de medidas cautelares; que fue objeto de apelación que no fue remitida ante el Tribunal de alzada. En ese contexto, conforme a los antecedentes del proceso penal de referencia, que fueron revisados por la Jueza de garantías, se tiene que en atención al memorial de 24 de enero de 2023, se providenció “…De la revisión de antecedentes del caso, se tiene que el imputado JHONNY BASILIO ROJAS en audiencia de medidas cautelares ha apelado de la resolución, por lo cual debe resolverse previamente esa solicitud, debiendo proveer fotocopias legalizadas del cuaderno procesal para remitir la apelación a la autoridad Ad-quen, por lo cual no ha lugar al petitorio de cesación a la detención preventiva...” (sic); posteriormente, la Jueza ahora demandada, de oficio mediante providencia de 13 de febrero del mismo año, conminó al imputado ahora peticionante de tutela para que en el término de veinticuatro horas, remita las fotocopias para la apelación; razón por la cual, por memorial presentado el 17 de igual mes y año, solicitó nuevamente el señalamiento de audiencia, siendo contestada por providencia de 24 de dicho mes y año, señalando: “Con carácter previo respondiendo al memorial que antecede, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 396 num. 2) del C.P.P. y la Nueva Ley 1443 que exige cancelar costas por la renuncia de apelación, aplicando la suma de Bs. 1. 000.- (un mil 00/100 bolivianos) a la parte apelante debiendo cancelar a la DAF y remitir la copia del mismo y con su resultado se proveerá lo que corresponde. Notifique oficina gestora” (sic [Conclusiones II.2, II.3, II.4, II.5 y II.6]). En ese entendido, se tiene que ante la falta de remisión del expediente hacia el Tribunal de alzada, el peticionante de tutela a través de su defensa tuvo que desistir de la apelación contra la resolución que ordenó su detención preventiva, para que le señalen nueva fecha de audiencia de cesación a la detención y solicitó en reiteradas oportunidades; pero la Jueza ahora demandada, condicionó el señalamiento de audiencia, indicando que primero se debe cancelar la suma Bs1 000.-, por concepto de costas procesales que implica el desistimiento de la apelación. La posición adoptada por la autoridad judicial al no haber señalado audiencia de cesación y disponer que el imputado previamente cancele la multa por concepto de costas procesales, constituye dilación indebida, primero, en la emisión de la providencia que se encuentra fuera de plazo, ya que debe ser emitida dentro de las veinticuatro horas, conforme señala el art. 132.1 del CPP, y segundo, el señalamiento de la audiencia, puesto que la misma debería ser fijada dentro del plazo de cuarenta y ocho horas previsto en los arts. 113.II y 239 de la citada norma legal, modificado por las Leyes 1173 y esta a su vez, por la Ley 1226, dado que ante el desistimiento de la apelación, la Jueza ahora demandada no debía determinar que con carácter previo pague una multa por el desistimiento de la apelación, cuando esta decisión fue tomada a causa del incumplimiento de remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada; por lo que, se reputan las mismas como dilatorias, puesto que la referida autoridad judicial no tomó en cuenta que el tratamiento del pedido de cesación a la detención preventiva debe ser atendido con diligencia y en el marco del principio de celeridad, en razón a que se encuentra involucrado el derecho a la libertad del impetrante de tutela, quien está privado de su libertad y a través de esta audiencia se podría modificar su situación jurídica.

Consiguientemente, es posible establecer la vulneración de los derechos del impetrante de tutela a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal, situación que amerita, de acuerdo con lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3 del presente fallo constitucional, conceder la protección que brinda esta acción de libertad traslativa o de pronto despacho, ante la existencia de una dilación indebida en el señalamiento de la audiencia. Por otra parte, de la lectura de los informes de la autoridad y funcionario policial ahora demandados, estos no pueden ser considerados a pesar de haber adjuntado descargos que acreditan la falta de personal y que el expediente fue enviado al Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, durante la vacación judicial; en razón a que la designación de la Secretaria fue mucho antes a la audiencia de medidas cautelares del solicitante de tutela, y sobre la remisión del expediente al juzgado de turno durante la vacación judicial, esto sucedió después de un mes y ocho días de haberse ordenado la remisión del expediente al Tribunal de alzada; por lo que, no existe pretexto alguno para no cumplir lo dispuesto en audiencia de medidas cautelares; asimismo, se han limitado ambas autoridades demandadas en justificar la dilación en la falta de provisión de fotocopias por parte del apelante, lo cual no condice con la subregla v), que a su vez indica que no corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al Tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione y los derechos de impugnación y acceso a la justicia, conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional. Por lo expuesto, resulta evidente el incumplimiento del plazo de remisión de antecedentes al Tribunal de apelación, establecido en el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, que señala: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad”; es decir, una vez interpuesto el recurso, la autoridad que haya resuelto imponer, modificar o rechazar las medidas cautelares de carácter personal, deberá remitir la apelación en el plazo estipulado, considerando además, el deber de toda autoridad que tenga conocimiento de un caso en el que se vea involucrado el derecho a la libertad física de una persona, de tramitarlo con la mayor celeridad posible, con la finalidad de evitar una lesión al referido derecho, por consiguiente, la providencia de 24 de febrero de 2023, es contrario por ser un acto dilatorio, teniendo en cuenta que la Jueza demandada no cumplió con la supervisión de la remisión del expediente al Tribunal de alzada, motivo por el resulta injusto que se imponga costas procesales cuando la responsabilidad deviene de la Jueza y de la Secretaria ahora demandadas, correspondiendo dejar sin efecto el decreto de 24 del mismo mes y año.

Finalmente, con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-; es preciso señalar que, conforme al Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que los funcionarios de apoyo judicial, carecen de facultades jurisdiccionales, estando sus funciones limitadas a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales, en ese entendido, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o que, mediante sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas. En consecuencia, del análisis de los antecedentes del legajo constitucional, se tiene que si bien existe prueba que acredita que esta funcionaria de apoyo judicial, ha incumplido la instrucción u orden impartida por el superior en grado -la Jueza ahora demandada-; en remitir el expediente al Tribunal de alzada; la cual ha provocado vulneración de los derechos del demandante de tutela; sin embargo, de la aclaración del accionante a través de su defensa efectuada en audiencia de acción de libertad, se tiene que este hecho solo fue mencionado como antecedente y no como problemática; toda vez que, el solicitante de tutela en su oportunidad desistió del recurso de apelación y solo apunta como hecho vulnerador la emisión del decreto de 24 de febrero de 2023; en consecuencia, no tiene legitimación pasiva para conceder la tutela solicitada en su contra. Como resultado de lo expuesto se tiene que la atención a la solicitud efectuada por su abogada -representante sin mandato- se produjo un día después que se impetró la acción tutelar, conforme se tiene de la Resolución de 25 de febrero de 2023, que señala audiencia para 28 del citado mes y año, a horas 15:00 (Conclusión II.7.).

Sin embargo, a pesar que se hubiere cumplido con el señalamiento de audiencia, se advierte que la providencia no fue emitida dentro de las veinticuatro horas; es decir, la autoridad judicial ahora demandada fijó fecha y hora de audiencia fuera de las cuarenta y ocho horas; extremo que no impide la concesión de tutela por la demora en el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; en consecuencia, en el marco de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que en la acción de libertad no solo se tutelan los derechos desde una dimensión subjetiva, sino también objetiva, evitando la reiteración de las conductas que menoscaban los principios, valores, derechos y garantías que fundamentan nuestro sistema constitucional.

Consecuentemente, al evidenciarse que existió demora de seis días en la emisión de la providencia y señalamiento de audiencia; vulnerando en consecuencia, el principio de celeridad como componente del debido proceso, corresponde conceder la tutela, pero en la vía innovativa al haberse cumplido con el señalamiento de audiencia de forma tardía, dejando establecido que esta decisión no implica de ninguna manera disponer la libertad del accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 001/2023 de 25 de febrero, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del citado departamento; en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; con la aclaración que esta concesión no implica disponer la libertad del demandante de tutela; 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto la providencia de 24 de febrero de 2023; y, b) Que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del referido departamento -ahora demandada-, resuelva la solicitud efectuada por la peticionante de tutela, dentro de las veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional; y, señale audiencia conforme dispone el art. 239 del CPP, salvo que la misma ya se hubiere resuelto; y,

3° DENEGAR la tutela solicitada con relación a María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, sobre la base de la fundamentación de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”. 9El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0882_2025-S1.pdf · páginas 1 a 28.

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