B.IA.LEGAL

SCP 0882/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48871-2022-98-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; puesto que, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal ahora accionada, después de despedirlos injustificadamente, se resiste a cumplir la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, que conmina a su inmediata reincorporación laboral, al mismo puesto laboral que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 204 vta. a 213 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER, la tutela solicitada provisionalmente en favor de Martha Veizaga Ala, José Luis Jiménez Loayza, Nelson Martínez García y Roly Martínez Sullca, ordenando el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, de conformidad a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la tutela provisional y extraordinaria vinculada a la ejecución inmediata e integra de la conminatoria laboral en tanto se defina la situación laboral del trabajador en vía recursiva en sede administrativa o revisión judicial
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0882/2023-S3 Sucre, 10 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48871-2022-98-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 001/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 204 vta. a 213 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Martha Veizaga Ala, José Luis Jiménez Loayza, Nelson Martínez García y Roly Martínez Sullca contra Ana Paola Calderón Bustos, Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Montero.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes por memorial presentado el 29 de junio de 2022, cursante de fs. 20 a 33, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Iniciaron su relación laboral con el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, en diferentes gestiones -2016, 2018, 2019 y 2020-, ocupando el cargo de “Servicios” y desempeñando sus funciones sin ningún inconveniente. Empero, el 12 de mayo de 2021, fueron despedidos arbitrariamente sin motivo alguno, ni proceso interno en el que puedan defenderse, afectando su estabilidad laboral y sin considerar que existe “… un CONFLICTO COLECTIVO LABORAL suscitado entre la parte patronal y sus trabajadores emergentes de la presentación de un PLIEGO DE PETICIONES Y RECLAMACIONES QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD LABORAL de todos los trabajadores…” (sic) del Gobierno Autónomo Municipal de Montero. Ante su despido injustificado, presentaron denuncia y solicitaron su reincorporación laboral ante el Jefe Regional de Montero del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien previa audiencia, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, por la que se conminó a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Consejo Municipal ahora accionada, a su inmediata reincorporación al cargo que ocupaban; sin embargo, la nombrada incumplió dicha conminatoria.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45.I, 46.I.1 y 2 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, emitida por la Jefatura Regional de Montero del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y en consecuencia, se ordene su inmediata reincorporación al cargo que ocupaban al momento de su ilegal despido; asimismo, al pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales desde su retiro hasta su restitución.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 5 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 196 a 204 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: a) La acción tutelar se interpuso ante el incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022, la cual puede ser recurrida por el Consejo Municipal hoy accionado en la vía judicial; empero, la jurisdicción constitucional debe hacerla cumplir mediante la tutela provisional, en tanto se promuevan acciones en la vía administrativas o judicial; b) En el presente caso no se cuenta con una resolución administrativa que revoque la señalada Conminatoria tampoco una acción de control judicial con el mismo propósito; por lo que, dicha Conminatoria se encuentra vigente; c) La Máxima Autoridad Ejecutiva del Consejo Municipal ahora accionada, hizo referencia a la falta de inmediatez, en razón a la fecha de despido de sus personas, citando jurisprudencia que fue reconducida en su entendimiento, teniendo como base el carácter irrenunciable de los derechos laborales, tomando en cuenta que las normas laborales deben interpretarse en favor del trabajador; d) La Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 data de 10 de febrero y fue notificada al Concejo Municipal el 15 de febrero de 2022, por lo cual está dentro de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional, cuyo objeto es el cumplimiento de dicha conminatoria; e) La Máxima Autoridad Ejecutiva del Consejo Municipal hoy accionada alegó actos consentidos, haciendo referencia a la firma en el memorando de despido; sin embargo, no es más que la constancia de recepción y no de aceptación, por ello se presentó la denuncia a la Jefatura Regional de Montero del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que demuestra el rechazo del acto vulneratorio; f) Les hicieron llegar finiquitos, indicando que presuntamente efectuaron depósitos “…a una cuenta bancaria del Banco Unión…” (sic); empero, los finiquitos no fueron firmados por sus personas, por lo cual los importes depositados no fueron aceptados, retirados o cobrados; por lo que, la relación laboral no fue extinguida; y, g) “…no estamos frente a la jurisdicción Ordinaria, estamos frente a la jurisdicción constitucional (…) invocando incumplimiento precisamente de una…” (sic) de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, si la Máxima Autoridad Ejecutiva del Consejo Municipal hoy accionada no está de acuerdo, tiene la vía de impugnación administrativa para revocarla. Por lo expuesto, solicita se conceda la tutela y se disponga el cumplimiento inmediato e íntegro de la señalada Conminatoria al cargo que desempeñaban, por estabilidad laboral, al pago de sus salarios devengados en cumplimiento de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Ana Paola Calderón Bustos, Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal de Montero, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 5 de julio de 2022, cursante de fs. 156 a 161 vta., así como en audiencia, manifestó que: 1) Los accionantes Martha Veizaga Ala, José Luis Jiménez Loayza y Roly Martínez Sullca, presentaron una acción de amparo constitucional el 2 de diciembre de 2021; sin embargo, al ser interpuesta erróneamente, tuvieron que retirarla, ya que la formularon contra el Alcalde y no contra el Concejo Municipal; 2) Efectuado el computo desde la desvinculación laboral de los accionantes cuya data es el 13 de mayo de 2021, hasta la presentación de la acción de amparo constitucional, transcurrieron más de siete meses; es así que, el plazo de los seis meses para la presentación de la acción tutelar se encuentra vencida, por lo cual su presentación fue extemporánea; además, la denuncia a la Jefatura Regional de Montero del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, fue presentada el 3 de enero de 2022, transcurriendo ocho meses, plazo superabundantemente vencido para presentar la acción de amparo constitucional; 3) Los accionantes demostraron mala fe, ante su inacción, ya que aguardaron que transcurra el tiempo, con el objeto de cobrar una cuantiosa suma de dinero por concepto de sueldos devengados sin realizar trabajo alguno; 4) Los accionantes alegaron el incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022, “…al efecto mi persona como Ex MAEC del ente deliberativo y hoy abogada de la institución, no recibió diligencia alguna al respecto, quedando mi persona sorprendida con dicha actuación, toda vez que la última actuación presenciada por mi persona, fue la audiencia de fecha 26 de enero de 2022…” (sic); además de esa deficiencia, la reincorporación laboral no procede sin que medie orden de autoridad judicial competente para su cumplimiento, en virtud a que los accionantes no cumplieron con los requisitos para ocupar “dichos puestos”; por lo que, se vulneró el derecho al debido proceso; 5) Los accionantes incurrieron en actos consentidos libre y expresamente, en razón a que firmaron sus respectivos memorandos de desvinculación en señal de conformidad; asimismo, sus beneficios sociales fueron abonados a sus cuentas bancarias personales; 6) Los accionantes no demostraron que Willan Perales Cortez ahora tercero interesado, tenga un interés legítimo, correspondiendo que la causa sea presentada únicamente contra la persona o servidor público que cometió la omisión indebida y que cuenta con legitimación pasiva, apartándose del desarrollo del proceso al tercero interesado; y, 7) No hicieron llegar al Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, ningún pliego de los trabajadores concerniente a un conflicto colectivo laboral, como indican engañosamente en la acción de amparo constitucional; por lo que, no existe ningún conflicto laboral colectivo. Por lo que, solicitó que se rechace in limine o se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional o se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Willan Perales Cortes, Presidente del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 5 de julio de 2022, cursante de fs. 156 a 161 vta. reiteró lo expuesto por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal ahora accionada.

I.2.4. Resolución

La Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 001/2022 de 5 de julio de 2022, cursante de fs. 204 vta. a 213 vta., concedió la tutela solicitada y dispuso el cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022, en los siguientes términos: i) La reincorporación inmediata de los accionantes a su fuente laboral en el Gobierno Autónomo Municipal de Montero, al cargo que ocupaban al momento de su desvinculación laboral de 13 de mayo de 2021; y, ii) El pago de sueldos devengados desde el despido hasta su efectiva reincorporación, manteniendo su antigüedad y demás derechos que por ley les corresponda; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) La jurisdicción constitucional no constituye una instancia más en el proceso, dedicada a la ejecución de las decisiones administrativas o con funciones de policía para el cumplimiento de las mismas, al contrario, es un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, mediante el cumplimiento de conminatorias de reincorporación laboral, contando el empleador con la jurisdicción ordinaria para demostrar si ilegalidad, por lo cual en la presente acción tutelar corresponde la verificación del cumplimiento o no de la conminatoria por el empleador; b) Los accionantes dependían laboralmente del Concejo Municipal de Montero; empero, por motivos de restructuración administrativa se prescindió de sus servicios desde el 13 de mayo de 2021, mediante memorandos firmados por la “…Secretaria Municipal del Concejo Municipal de Montero…” (sic), despidos contra los que se emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022, que fue notificada el 15 de febrero de 2022, sin que se hubiese dado cumplimiento a la misma; c) Del incumplimiento de la citada Conminatoria emerge la vulneración de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral denunciados por los accionantes; d) “…la revisión de files y la desvinculación laboral como emergencia en caso de falta de requisitos esenciales para acceder a la función pública, posteriores informes en relación a los accionantes y las falencias en sus files y en consecuencia los memorándums respectivos, sin embargo de ello, dicho trámite INTERNO y UNILATERAL no constituye un proceso disciplinario y no permite derecho a la debida defensa de los accionantes, no cursan principios de contradicción y otros que hacen al DEBIDO PROCESO, previo establecido para la desvinculación laboral conforme a derecho, en consecuencia no se puede considerar dicho trámite administrativo interno y unilateral como equivalente a un proceso de desvinculación laboral bajo los parámetros establecidos…” (sic), razón por la que la señalada Conminatoria debe ser cumplida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal hoy accionada; e) Es potestad de la jurisdicción constitucional ordenar el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, lo que amerita disponer su inmediato cumplimiento en atención a los principios de protección de los trabajadores, in dubio pro operario; f) La notificación con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022, fue cumplida debidamente; y, g) Respecto a lo alegado en torno a la acción de amparo constitucional formulada con anterioridad por los accionantes, la cual fue retirada, no merece pronunciamiento; puesto que, el retiro implica tener por no presentada la acción tutelar, en consecuencia no surte ningún efecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa: 1) Memorando 001/16 de 6 de enero de 2016, expedido por el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, mediante el cual designó a Roly Martínez Sullca -hoy coaccionante-, en “Servicios” del Consejo Municipal de Montero (fs. 11); 2) Memorando 002/18 de 10 de enero de 2018, emitido por el Secretario Municipal del citado Consejo Municipal, mediante el cual se designó a Martha Veizaga Ala -ahora accionante-, en “Servicios” de la Dirección Administrativa y Financiera (fs. 2); 3) Memorando 005/19 de 11 de febrero de 2019, emitido por el Secretario Municipal del señalado Consejo Municipal, mediante el cual se designó a Nelson Martínez García -ahora coaccionante-, en “Servicios” de Contabilidad y Finanzas (fs. 8); y, 4) Memorando 19/20 de 10 de febrero de 2020, expedido por el Secretario Municipal del mencionado Consejo Municipal, a través del cual se designó a José Luis Jiménez Loayza -hoy coaccionante-, en “Servicios” de Contabilidad y Finanzas (fs. 5). II.2. Constan Memorandos todos de 12 de mayo de 2021, emitidos por la Secretaria Municipal del Concejo Municipal de Montero, a través de los cuales comunicaron la desvinculación laboral de: i) Martha Veizaga Ala accionante, por Memorando 13/21 (fs. 3); ii) José Luis Jiménez Loayza coaccionante, por Memorando 17/21 (fs. 6); iii) Nelson Martínez García coaccionante, por Memorando 18/21 (fs. 9); y, iv) Roly Martínez Sullca coaccionante, por Memorando 09/2021 (fs. 12). II.3. Mediante Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, el Jefe Regional de Montero del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruyó a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Montero que proceda a la reincorporación laboral de los accionantes al mismo puesto que ocupaban al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de su reincorporación, sea en el plazo de tres días hábiles improrrogables a partir de la notificación con la citada Conminatoria (fs. 18 a 19 vta.); es así que, la señalada entidad fue notificada el 15 de febrero de 2022 (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; puesto que, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal ahora accionada, después de despedirlos injustificadamente, se resiste a cumplir la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, que conmina a su inmediata reincorporación laboral, al mismo puesto laboral que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la tutela provisional y extraordinaria vinculada a la ejecución inmediata e integra de la conminatoria laboral en tanto se defina la situación laboral del trabajador en vía recursiva en sede administrativa o revisión judicial

En el marco de la Constitución Política del Estado y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, mantuvo una situación pendular en su desarrollo entre una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales contenidos en la conminatoria laboral, exigiendo que esta, se encuentre debidamente fundamentada y motivada o exigiendo la realización de una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados para conceder la tutelay una posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos. En lo que concierne a esta segunda posición -favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral- la jurisprudencia constitucional afianzó la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitivo, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial. Convirtiéndose en un deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial, a decir de la jurisprudencia en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el 1 Respecto a la posición restringida al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, estableció que: “…ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna, ello debido a que:

(…)

Bajo el entendido de que las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido, al menos deben desarrollar las razones que fundamentan la conminatoria y por supuesto una conminatoria clara, es decir, no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos;

Si bien la justicia constitucional en atención a las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, debe otorgar tutela transitoria disponiendo la reincorporación provisoria de la o el trabajador no puede hacerlo si la orden no cuenta con los mínimos elementales que la hagan efectiva, lo contrario resultaría inejecutable, debiendo en su caso, previamente subsanarse en la vía administrativa previamente a que la justicia constitucional disponga su ejecución” (las negrillas nos corresponden). 2 Concerniente a la posición restringida al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0900/2013 de 20 de junio, manifestó: “…la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados” (las negrillas son nuestras). 3 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, expresó que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas son nuestras). 4 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expresó que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, (…) no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen).

empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros). En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, estableció que:“…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras). Esta misma jurisprudencia afianzo esta posición expresando que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria hubiese emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente 5 La jurisprudencia establecida en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial; citada por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otras. 6 Efectuado el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, estableció que: “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas fueron añadidas). 7 Cita jurisprudencial que fue señalada textualmente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0088/2014-S3 de 27 de octubre, SCP 1500/2014 de 16 de julio, SCP 1760/2014 de 15 de septiembre, SCP 0240/2015-S2 de 26 de febrero, SCP 0510/2015-S1 de 22 de mayo, SCP 0203/2017-S3 de 21 de marzo, SCP 0594/2017-S2 de 19 de junio, entre otras.

además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de junio, al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación;…” (las negrillas nos corresponden). La señalada jurisprudencia, estableció que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta su fuente laboral que constituye el 8 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, -cita la SCP 0591/2012 de 20 de junio-, refirió que: “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.

Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que refirió que: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas fueron añadidas). El marco normativo, reglamentario y jurisprudencial relativo a la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo; puesto que, ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados, constriñe a la parte patronal, a la autoridad administrativa y a la jurisdicción constitucional su cumplimiento o ejecución inmediata e integra de dicha conminatoria, por el objeto de protección de la acción de amparo constitucional que concierne al derecho a la estabilidad laboral, el pago de sueldos devengados, la seguridad social y otros derechos conexos, que incumbe no solo al titular sino a su entorno familiar, además la tutela provisional y extraordinaria que corresponde otorgar en la jurisdiccional constitucional, en tanto se defina la situación jurídica del trabajador con la substanciación de la vía recursiva en sede administrativa o la revisión de la conminatoria en sede judicial.

Los razonamientos jurídicos citados textualmente en líneas precedentes con el título “De la tutela provisional y extraordinaria vinculada a la ejecución inmediata e integra de la conminatoria laboral en tanto se defina la situación laboral del trabajador en vía recursiva en sede administrativa o revisión judicial”, fueron extraídos del Fundamento Jurídico III.2. de la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; puesto que, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal ahora accionada, después de despedirlos injustificadamente, se resiste a cumplir la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, que conmina a su inmediata reincorporación laboral, al mismo puesto laboral que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan. De la revisión de los antecedentes se tiene que cursa: a) Memorando 001/16 de 6 de enero de 2016, expedido por el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, mediante el cual designó a Roly Martínez Sullca coaccionante, en “Servicios” del Consejo Municipal de Montero; b) Memorando 002/18 de 10 de enero de 2018, emitido por el Secretario Municipal del citado Consejo Municipal, mediante el cual se designó a Martha Veizaga Ala accionante, en “Servicios” de la Dirección Administrativa y Financiera; c) Memorando 005/19 de 11 de febrero de 2019, emitido por el Secretario Municipal del señalado Consejo Municipal, mediante el cual se designó a Nelson Martínez García coaccionante, en “Servicios” de Contabilidad y Finanzas; y, d) Memorando 19/20 de 10 de febrero de 2020, expedido por el Secretario Municipal del mencionado Consejo Municipal, a través del cual se designó a José Luis Jiménez Loayza coaccionante, en “Servicios” de Contabilidad y Finanzas (Conclusión II.1.). Sin embargo, este vínculo laboral fue interrumpido mediante Memorandos todos de 12 de mayo de 2021, emitidos por la Secretaria Municipal del Concejo Municipal de Montero, a través de los cuales comunicaron la desvinculación laboral de: 1) Martha Veizaga Ala accionante, por Memorando 13/21; 2) José Luis Jiménez Loayza coaccionante, por Memorando 17/21; 3) Nelson Martínez García coaccionante, por Memorando 18/21; y, 4) Roly Martínez Sullca coaccionante, por Memorando 09/2021 (Conclusión II.2.). Ante su desvinculación laboral, los accionantes acudieron a la Jefatura Regional de Montero del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitiéndose la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, que instruyó a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal ahora accionada que proceda a la reincorporación laboral de los accionantes al mismo puesto que ocupaban al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de su reincorporación, sea en el plazo de tres días hábiles improrrogables a partir de la notificación con la citada Conminatoria; es así que, la señalada entidad fue notificada el 15 de febrero de 2022 (Conclusión II.3.). En ese contexto se ingresará a verificar si la omisión o renuencia a cumplir la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal hoy accionada es evidente y vulneratoria a los derechos fundamentales de los accionantes; empero, previamente se responderá a las cuestiones procesales o de forma planteadas por la nombrada en su informe a la acción de amparo constitucional. De las cuestiones procesales formuladas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal ahora accionada. Se afirma que los accionantes incurrieron en actos consentidos libre y expresamente, al momento de firmar los memorandos de desvinculación en muestra de conformidad del presunto acto lesivo; a pesar de ello, es necesario aclarar que este acto, básicamente, no es más que la constancia de la realización del acto de comunicación con el memorando de desvinculación laboral; por lo que, no puede significar un acto de aceptación del despido, que configure un acto consentido libre y expresamente, por tanto una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional o denegatoria de la tutela solicitada. Otra cuestión planteada en el informe de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal hoy accionada, es la inobservancia del principio de la inmediatez, por la presunta presentación extemporánea de la acción de amparo constitucional. Al respecto es necesario precisar que las normas reglamentarias laborales -Decreto Supremo (D.S.) 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 495, 1 de mayo de 2010- que regulan el procedimiento administrativo de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, disponen que la conminatoria de reincorporación laboral es de ejecución inmediata, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tienen efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria; en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional a la estabilidad laboral tomando en cuenta la inmediatez. En ese marco, el Consejo Municipal de Montero, fue notificado con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022, el 15 de febrero de 2022; por lo que, a partir de la renuencia o resistencia del cumplimiento de la conminatoria, los accionantes tenían la facultad de presentar la acción de amparo constitucional para la protección de su derecho constitucional de estabilidad laboral, acción que efectivamente fue presentada el 29 de junio de 2022, consiguientemente, se puede concluir que la acción de defensa fue presentada dentro de los seis meses; por lo cual se cumplió con el principio de inmediatez, encontrándose esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional obligada a la revisión de fondo de la cuestión planteada. Respecto al problema jurídico planteado. Superada la cuestión procesal es necesario ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada en la presente acción tutelar. En ese entendido, si bien la jurisprudencia constitucional, se inclinó en sus diferentes fallos hacia la ejecución de las conminatorias de reincorporación laboral en las acciones de amparo constitucional presentadas, sin ingresar a analizar si la conminatoria de reincorporación laboral cuenta con una debida fundamentación o si los datos, hechos, circunstancias y pruebas que la sustentan, justifican tal determinación; empero, ésta posición no tiene como fundamento, únicamente hacer cumplir dichas conminatorias, en virtud a que el Tribunal Constitucional Plurinacional no es una entidad ejecutora de las conminatorias de reincorporación laboral, sino, es la entidad garante del respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En ese entendido, la jurisdicción constitucional otorga una tutela provisional de inmediata e íntegra ejecución, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto, salvaguardando los derechos y garantías de los trabajadores, protección que supera el interés personal del trabajador, alcanza su ámbito familiar; puesto que, un despido injustificado afecta al trabajador en su fuente laboral y medio de subsistencia; empero, también afecta su entorno familiar, al afectar su medio de subsistencia familiar, por lo que la tutela provisional se encuentra plenamente justificada, mientras se dilucide la situación jurídico laboral del trabajador, a través de la substanciación de los medios y recursos en sede administrativa -recurso de revocatoria y jerárquico- o la revisión judicial -en la jurisdicción laboral-, como se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. En ese marco normativo y jurisprudencial, ante la renuencia o resistencia en el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022, que conmina a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal ahora accionada para que reincorpore a los accionantes al mismo puesto laboral que ocupaban al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de su reincorporación, los nombrados se encontraban facultados para la presentar la acción de amparo constitucional en procura de la protección de sus derechos fundamentales. Este extremo, indudablemente constituye una vulneración a sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, seguridad social, salud y vida, ya que la entidad empleadora se resiste a cumplir lo determinado en la citada Conminatoria, que impide su continuidad laboral, consiguientemente le impide contar con los recursos económicos necesarios para su manutención y tomando en cuenta que la afectación de su derecho a la estabilidad laboral, conlleva la afectación de otros derechos fundamentales, debido al carácter interdependiente de éstos derechos, reconocido por el art. 13.I de la CPE. En ese entendido, corresponde a la jurisdicción constitucional otorgar la tutela solicitada de manera provisional, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que deje sin efecto la conminatoria de reincorporación laboral, ordenando el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022; sin perjuicio de que la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal hoy accionada, promueva su impugnación en sede administrativa mediante el recurso de revocatoria y recurso jerárquico o promueva el control judicial ante la autoridad judicial competente, para definir la situación jurídico laboral de los accionantes, sin que la impugnación administrativa o control judicial que se promueva, constituya un obstáculo para el cumplimiento inmediato e íntegro de la señalada Conminatoria. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 204 vta. a 213 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER, la tutela solicitada provisionalmente en favor de Martha Veizaga Ala, José Luis Jiménez Loayza, Nelson Martínez García y Roly Martínez Sullca, ordenando el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por estabilidad laboral RNC/17/2022 de 10 de febrero, de conformidad a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Notas al pie

9 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero de 2018, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

10 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 495 1 de mayo de 2010, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones “I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto: `III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’

II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos: `IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas fueron añadidas).

11 La SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0882_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 47e9bd046b7540960fce570b3e3de25c0f44429f07cccc6ad4facd655718b803

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