Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a una debida motivación y fundamentación, y los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, puesto que, la Vocal demandada ha mantenido en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, que revocó las medidas sustitutivas establecidas a su favor, disponiéndose su detención preventiva, sin considerar que: a) El juez a quo solo se pronunció sobre el art. 233.1 del CPP, cuando en juicio debió explicar la concurrencia de los dos requisitos; no se pronunció sobre los riesgos procesales para disponer su detención preventiva; y, se refirió a la revocatoria de medidas cautelares (que se da por incumplimiento del art. 247 CPP) y no a su modificación (de parte o de oficio, como se establece en el art. 250 CPP); y, b) Lo vertido por la autoridad demandada es incongruente al reforzar el art. 233.1 del CPP, cuando debió pronunciarse sobre el art. 233.2 del Adjetivo Penal, no así sobre el peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP. Por lo que solicitó se conceda la tutela, se declare probada la acción y se disponga que se emita una nueva resolución fundamentada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0881/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53831-2023-108-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 01/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mauro Plata Olivera contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 93 a 102, el accionante manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, se dispuso su detención preventiva por Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2021. En forma posterior por Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2022, el Juez de Sentencia Penal, Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Villa Montes del departamento de Tarija dispuso la cesación de su detención preventiva y la aplicación de la detención domiciliaria, que fue cumplida a cabalidad. Habiéndose desarrollado el juicio oral, público y contradictorio, se dictó Sentencia de 28 de octubre, condenándolo por diez años de presidio, y por consiguiente, se revocó las medidas que estaban establecidas a su favor, disponiéndose su detención preventiva en la carceleta pública de Villa Montes, hasta que cause ejecutoria la referida sentencia, contra la cual planteó recurso de apelación restringida; asimismo, formuló apelación incidental contra la determinación de su detención preventiva.
La Vocal demandada pronunció el Auto de Vista 289/2022-SP2 de 7 de noviembre, a través del cual declaró sin lugar al mencionado recurso de impugnación incidental, manteniéndose en todas sus partes la resolución recurrida; es decir, ratificando su detención preventiva; empero, sin haber respondido a los agravios expuestos por su defensa, lo que denota la ausencia de fundamentación y motivación, porque: a) El juez a quo no se pronunció respecto a los peligros procesales para disponer su detención preventiva; b) Asimismo, solo se refirió sobre el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) (probabilidad de autoría), cuando en la SCP 0089/2010-R de 4 de mayo, estableció que si se revocan las medidas sustitutivas y se impone la detención preventiva, debe explicarse la concurrencia de los dos requisitos del art. 233 del Adjetivo Penal; c) El argumento vertido por el “ad-quem” es incongruente porque refuerza el art. 233.1 del Adjetivo Penal, con relación al art. 234.7 del mismo Código, peligrosidad para la víctima y sociedad, cuando de antecedentes se evidencia que ese peligro no está activado, porque habría sido desvirtuado, en cuanto la víctima y su persona no habitan en la misma residencia, lo que no fue cuestionado por el Ministerio Público; d) Para la procedencia de una detención preventiva en un juicio oral, debe acreditarse riesgos procesales previstos en el art. 233.2 del CPP, no así peligro de fuga, por lo que se ha violado los principios de legalidad y seguridad jurídica, vinculado a su libertad; y, e) El “a-quo” se ha referido a la revocatoria de medidas cautelares, que solo se dan por incumplimiento del art. 247 del citado Código, siendo que las medidas cautelares pueden ser modificadas a petición de parte o de oficio conforme se establece en el art. 250 del Adjetivo Penal.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación, y los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23, 115.II, 116, 117.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la Vocal demandada dicte nueva resolución debidamente fundamentada y motivada en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de febrero de 2022, según consta en acta, cursante a fs. 110 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia, no obstante, a su notificación que cursa a fs. 104.
Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través del informe escrito de 16 de febrero de 2023, cursante a fs. 109, expresó que: 1) El solo agotamiento de la vía ordinaria no activa per se la jurisdicción constitucional, sino cuando se haya vulnerado los derechos a la libertad o la vida, que no se genera por la negativa de la modificación y revocatoria de medidas cautelares, que han sido tramitadas conforme al procedimiento penal; y, 2) La decisión asumida se ajustó a la ley y no ha vulnerado derecho alguno del encausado ni las garantías que se le tiene reconocidas.
La representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó que no se ha vulnerado ningún derecho, en cuanto se actuó conforme a procedimiento, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 01/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 111 a 115, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) En cuanto a la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y su procedimiento, en la etapa del juicio y recursos, el art. 233 del CPP, establece que para la imposición de medidas cautelares y/o su modificación, no es necesario que se demuestre el presupuesto material del art. 233.1 del Adjetivo Penal, pues en dicha etapa solo basta que se demuestre el presupuesto procesal por la necesidad de cautela; y, ii) A prima facie existiría una incongruencia externa en relación a la motivación de la decisión impugnada, no obstante debe tenerse presente que el motivo para la decisión de la detención preventiva, es lo expresado en el art. 234.7 del mismo Código; en consecuencia, la detención preventiva está delimitada por los arts. 233.1 y 234.7 de referido cuerpo normativo, siendo suficiente para garantizar el debido proceso en sus vertientes a la fundamentación y motivación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Ministerio Público presentó imputación formal contra Mauro Plata Olivera -accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual contra la niña NN; en la tramitación del proceso penal la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villa Montes del departamento de Tarija emitió el Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2021, disponiendo su detención preventiva por un lapso de cuatro meses, por la existencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 233.1, 2, 3; 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 3 vta. a 9 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2022, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero y de Sentencia Penal Segundo de Villa Montes del departamento de Tarija, en suplencia legal, otorgó al impetrante de tutela la cesación de su detención preventiva, disponiendo la detención domiciliaria, presentación de dos garantes, arraigo nacional y otros (fs. 14 a 21). II.3. El 31 de marzo de 2022, el Ministerio Público formuló acusación formal en contra del peticionante de tutela, por la comisión del ilícito de abuso sexual agravado (fs. 40 a 43 vta.); el representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes del departamento de Tarija, por memorial presentado el 28 de abril del mismo año, se adhirió al pliego acusatorio fiscal (fs. 44 a 45). II.4. En audiencia de juicio oral, público y contradictorio, el Juez de Sentencia Penal, Ejecución Penal y Juez Técnico de Villa Montes del citado departamento, realizó una entrevista a la niña NN tomando su declaración en Cámara Gesell (fs. 52 y vta.); valorándose esa declaración se emitió la Sentencia de 28 de octubre de 2022, por la que se ha declarado al acusado autor de la comisión del delito de abuso sexual agravado, imponiéndole una sanción de diez años de reclusión en la Carceleta de Palmar Chico, de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija (fs. 52 vta. a 55 vta.), que fue impugnada en recurso de apelación restringida por memorial presentado el 25 de noviembre de igual año (fs. 67 a 83 vta.). II.5. Por Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, se dispuso la detención preventiva del encausado; decisión que motivó que la defensa técnica plantee recurso de apelación incidental (fs. 55 vta. a 57 vta.). II.6. Mediante Auto de Vista 289/2022-SP2 de 7 de noviembre, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, -demandada-, declaró no haber lugar al recurso de apelación incidental planeado por el accionante, y manteniendo la resolución recurrida. En audiencia, el abogado de la defensa solicitó complementación y aclaración, con relación al art. 233 del CPP, es decir, no solamente con la probabilidad de autoría, sino también la concurrencia de peligros procesales; la Vocal demandada complementó su determinación expresando que en la etapa del juicio oral y público se ha desvirtuado la carta escrita por la niña a su madre (en la que indicaría que todo era mentira), porque la misma en el juicio ha declarado en Cámara Gesell reconociendo a su agresor, activándose el peligro procesal del art. 234.7 del CPP (referido por el Juez en su parte considerativa), siendo potencialmente peligroso para la víctima y la sociedad, dándose certeza en cuanto a la probabilidad de autoría (fs. 63 a 66 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a una debida motivación y fundamentación, y los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, puesto que, la Vocal demandada ha mantenido en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, que revocó las medidas sustitutivas establecidas a su favor, disponiéndose su detención preventiva, sin considerar que: a) El juez a quo solo se pronunció sobre el art. 233.1 del CPP, cuando en juicio debió explicar la concurrencia de los dos requisitos; no se pronunció sobre los riesgos procesales para disponer su detención preventiva; y, se refirió a la revocatoria de medidas cautelares (que se da por incumplimiento del art. 247 CPP) y no a su modificación (de parte o de oficio, como se establece en el art. 250 CPP); y, b) Lo vertido por la autoridad demandada es incongruente al reforzar el art. 233.1 del CPP, cuando debió pronunciarse sobre el art. 233.2 del Adjetivo Penal, no así sobre el peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP. Por lo que solicitó se conceda la tutela, se declare probada la acción y se disponga que se emita una nueva resolución fundamentada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, reafirmando lo señalado por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» [el resaltado es añadido].
La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación en un hecho punible
La SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, desde una perspectiva de género se ha pronunciado sobre los requisitos para la aplicación de la detención preventiva en delitos de violencia sexual, cuyo entendimiento jurisprudencial corresponde ser reproducido, al haber determinado lo siguiente: «[La] medida cautelar de detención preventiva que importa la afectación del derecho a la libertad del imputado, debe ser dispuesta por la autoridad judicial competente, previa verificación de requisitos establecidos por ley, con la indispensable justificación de su necesidad y finalidad. Al efecto, estas condiciones están establecidas en nuestra norma procesal penal, específicamente en el art. 233 del CPP, que recoge estas exigencias, al señalar que realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:
1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible.
2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. La consideración del primer requisito debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad que permita al juez, inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en presunciones. Sin embargo, con relación a la concurrencia de este primer elemento, referido a la probabilidad de autoría o participación en un hecho punible, en delitos contra la libertad sexual, debe tomarse en cuenta, que el proceso argumentativo adquiere otra connotación; puesto que, debe ajustarse a los estándares de protección normativa y jurisprudencial internacional y nacional generada con relación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, específicamente de la violencia sexual, que exige en delitos como los de abuso sexual, aplicar una perspectiva de género, en sujeción a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, como la observancia al principio de igualdad y consecuente prohibición de prácticas discriminatorias negativas contra las mujeres; debiendo tomarse en consideración, que la argumentación fáctica en estos supuestos, sea en la determinación de los hechos como en la valoración de la prueba, resulta más compleja, pues, es donde se manifiesta en mayor medida el sesgo de género; consecuentemente, el juez está obligado a tener una perspectiva de género, considerando la discriminación y violencia estructural hacia las mujeres, pero también, efectuando un análisis de la situación concreta de la víctima. Asimismo, la valoración de los elementos indiciarios debe ser efectuada en el marco del principio de igualdad, verificando que no exista un análisis o tratamiento discriminatorio, pero además, considerando en todo momento los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, es importante mencionar que la Corte IDH, en el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, señaló que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos; en se sentido, corresponde también mencionar al Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la cual señaló que la declaración de la víctima, se constituye en una prueba fundamental, tratándose de violaciones sexuales, y que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte IDH, es coherente con lo dispuesto en el art. 193.c. del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: “Para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo”. En ese sentido, la Corte IDH en el referido Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, estableció que en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima. Concretamente, en su párrafo 153, señaló:
violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes. Asimismo, la Corte IDH, estableció que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la víctima de violencia sexual -más aún, si es una niña, niño o adolescente- producidas por la expresión, uso del lenguaje, traducción, intervención de terceros, no resultan sustanciales, por cuanto, no es infrecuente que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir algunas imprecisiones. Así, los desacuerdos intrasujeto; es decir, las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. En ese sentido, en la valoración de la prueba de los hechos, en asuntos de violencia sexual, las declaraciones de la víctima, se constituyen en una prueba fundamental; y en el caso de las medidas cautelares, en una prueba indiciaria esencial para la acreditación del art. 233.1 del CPP; por cuanto, prueban la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible o en palabras de la Corte IDH, la existencia de: “…indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga” La consideración del requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, es la primera actividad que debe desarrollar el juez en la audiencia de consideración de medidas cautelares para la aplicación de la detención preventiva, escuchando al efecto, el argumento del fiscal y someterlo al contradictorio para determinar, si en el caso concreto, concurre este primer requisito, pues solo cuando esto sucede, se puede pasar al análisis del segundo. De igual modo, la previsión del numeral 1 del art. 233 del CPP, debe ser interpretada y comprendida conforme a la Constitución Política del Estado, en concreto, de acuerdo a la garantía de la presunción de inocencia; habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del sujeto; por lo tanto, a más que la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, surja de la acreditación de una presunta participación o autoría, dicho concepto -probable autoría o participación-, debe emerger de una valoración armónica e integral de los elementos de juicio que sean objetivos y concretos; siendo uno de ellos, la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual, en el marco de los estándares establecidos por la Corte IDH» [el resaltado es añadido].
Ha pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, se podrá solicitar la aplicación de cualquier medida cautelar, como es la detención preventiva, conforme se ha establecido por la primera parte de la regulación del art. 233 del CPP, solicitud que no solamente se podrá dar durante la primera fase investigativa, sino también puede ser formulada en cualquier momento del desarrollo del proceso penal, como es la fase o etapa del juicio oral, hasta antes de que exista sentencia condenatoria ejecutoriada; en dicha fase de juicio oral, quien tiene competencia para aplicar o modificar, así como para conocer y resolver cualquier solicitud de medidas cautelares es el juez o tribunal de sentencia penal. A efectos de que la autoridad competente (juez o tribunal de sentencia), pueda aplicar una medida cautelar durante el juicio oral, se tiene la previsión del art. 233 del CPP, que expresamente establece que: “En la etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo”, sobre esa regulación la SCP 0281/2021-S2 de 8 de julio, ha expresado que: [e]l art. 233 del CPP, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226 (…) más abajo el precitado precepto señala: `En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo» (…) en efecto, en fase de juicio oral al no existir actos investigativos que desplegar; en razón a que, ya existe requerimiento de acusación fiscal, corresponde necesariamente enervar los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema para obtener la cesación a la medida impuesta (las negrillas han sido marcadas).
La referida regulación del art. 233 del CPP, en la parte relativa a la etapa del juicio y recursos, que hace expresa remisión a los riesgos procesales establecidos en el art. 233.2 del CPP, que establece como requisito para la detención preventiva: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”; esa regulación debe ser considerada dentro de una armonización con otras disposiciones vinculadas, como son los arts. 234 y 235 del CPP. El Tribunal Constitucional, en la SC 0149/2003-R de 11 de febrero, ha entendido que:
[Q]ue, en las previsiones de los arts. 233, 234 y 235 CPP el legislador boliviano estableció las circunstancias necesarias que deben concurrir para que el Juez cautelar, a través de una resolución fundamentada, ordene la detención preventiva del imputado, que se da cuando concurren elementos de convicción para sostener que el mismo es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible “y” que no se someterá al proceso “u” obstaculizará la averiguación de la verdad. Que, al señalarse la “y”, como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir palabras o ideas, se entiende que para disponer una detención preventiva deben necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los incs. 1) y 2) del art. 233 CPP. No pue0de desconocerse que en cuanto al requisito del inc. 2) del art. 233 CPP -que configura el contenido de las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) o 235 (peligro de obstaculización) CPP-, se establece la “u” como conjunción disyuntiva que se emplea en lugar de la “o” y denota diferencia así como separación de ideas, es decir que alternativamente puede ser lo uno o lo otro; sin embargo corresponde dejar establecido que este razonamiento no impide a que en alguna situación, de manera conjunta se den todos los requisitos y criterios establecidos en las normas referidas.
Si bien, ese razonamiento estuvo dirigido a las actuaciones que se realizaron ante un juez de instrucción penal, durante el desarrollo de la etapa investigativa, no es menos evidente que esa reflexión se aplica tratándose de las actuaciones de un juez o tribunal de sentencia, durante el desarrollo de la etapa del juicio, en el que procede la aplicación de una medida cautelar como es la detención preventiva, como su modificación, acreditándose la existencia de los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del art. 233 del CPP. Como entendió el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia y así se ha expresado, el art. 233.2 del CPP en el contenido de su configuración, lleva implícito la existencia de los riesgos procesales relativos a que el imputado (en la fase de investigación) o acusado (durante el desarrollo del juicio) no se someterá al proceso, que en sí expresa el peligro de fuga relacionado en los distintos casos del art. 234 del CPP; a su vez, también conlleva la existencia del riesgo procesal referido a que el imputado o acusado obstaculizará la averiguación de la verdad, en el marco de las variadas situaciones que se encuentran relacionadas en el art. 235 del Adjetivo Penal. Queda absolutamente claro, que los riesgos procesales establecidos en el art. 233.2 del CPP en su regulación, conlleva la conjunción disyuntiva “u” (substituyendo a la “o”), lo que implica que de manera alternativa (no necesariamente en forma conjunta), en cualquiera de los casos de riesgos procesales establecidos en el art. 234 o en el art. 235 del CPP, son suficientes para que de darse los mismos, proceda la detención preventiva durante la tramitación de un juicio oral y antes de que la sentencia hubiere adquirido ejecutoria, en el marco de la regulación del art. 233.2 del CPP.
En ese mérito, el juez o tribunal de sentencia que está conociendo una solicitud de detención preventiva o una solicitud de revocatoria de medidas cautelares, en la etapa del juicio oral, público y contradictorio, así como, en apelación un Tribunal de alzada, deben cuidar que no se desconozca el principio de presunción de inocencia del procesado, conforme el art. 116.I de la CPE, pero también, deben asegurar que ese acusado se someterá al desarrollo del juicio, en cuyo mérito pueden aplicar la medida cautelar de la detención preventiva, en la medida que la libertad personal podrá ser restringida, en los límites señalados por la ley, así se prevé en el art. 23.I de la Norma Suprema, límite que para el desarrollo del juicio, se encuentra regulado de manera expresa en el art. 233.2 del CPP, que se refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Como se ha expresado, el alcance del art. 233.2 del CPP, deberá ser aplicado con relación a las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) y 235 (peligro de obstaculización) del CPP, en mérito a los cuales, se procederá a la detención preventiva, de manera alternativa en cualquiera de los supuestos señalados, pero también en forma conjunta -ambos supuestos-, e inclusive que en cada uno de dichos supuestos, cuando se den alguno o todos los casos e incisos de los mismos.
Otro aspecto que debe considerarse en los casos de delitos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, entre ellos, los casos de delitos de violencia sexual, es el deber de las autoridades de analizar la aplicación de los riesgos procesales desde una perspectiva de género. Así, en el marco de las normas internacionales e internas con relación a los casos de violencia hacia las mujeres y desde una perspectiva de género, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, se ha pronunciado sobre el riesgo procesal del peligro efectivo para la víctima o el denunciante, estableciendo que:
El peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.
Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP [ahora 234.7 del CPP] -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente” (La aclaración es nuestra).
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante (…) » [el marcado es nuestro]. Ahora bien, los estándares internacionales se han pronunciado sobre la obligación de los Estados de aplicar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad. Así, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través del Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, se pronunció sobre el estándar de la debida diligencia, cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de un caso de violencia o violación sexual cometida contra una niña, niño o adolescente, señalando que los Estados deben adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad, de tal forma que las autoridades deben actuar con la debida diligencia reforzada, estableciendo varios elementos de protección especial, siendo uno de esos componentes el referido a que:
5 Ibid., p. 89
Los Estados deben reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña, más si fue ejercida en la esfera familiar, en un ambiente en el cual debió ser protegida; en estos supuestos, las obligaciones de la debida diligencia y de adopción de medidas de protección deben extremarse; además las investigaciones y el proceso penal deben ser dirigidos con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podrían causar en la niña.
En el mismo orden de tutela reforzada con la que debe guiarse toda autoridad administrativa o judicial en los casos violencia sexual contra niñas, niños y/o adolescentes, la Corte IDH en el Caso Angulo Losada vs. Bolivia fortaleció los entendimientos sobre la debida diligencia reforzada y sus componentes esenciales, relacionados con el deber de protección especial en investigaciones y procesos penales relacionados con violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual y el deber de la no revictimización; en ese sentido, estableció, entre otros, los siguientes entendimientos:
Los Estados deben reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña, máxime si esta violencia sexual fue ejercida en la esfera familiar; en estos supuestos, la obligación de la debida diligencia y de adopción de medidas de protección deben extremarse; además, las investigaciones y el proceso penal deben ser dirigidos por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podría causar; y,
De lo contrario, los Estados se convierten en un segundo agresor, cuando comente distintos actos revictimizantes que se constituyen en violencia institucional; siendo que conforme al art. 1 de la Convención de Belém do Pará, se resalta que la violencia contra la mujer, también incluye, aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra.
Consiguientemente, recogiendo el desarrollo jurisprudencial interno y los estándares internacionales referidos, en los casos de delitos violencia sexual cometidos contra una niña, niño o adolescente, para la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, se debe adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad de la víctima, de tal forma que al momento de analizar los riesgos procesales se tome en cuenta también, conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional, su situación de extrema vulnerabilidad y desventaja, las características del delito y la conducta exteriorizada por el acusado contra la víctima, antes y con posterioridad a la comisión del delito, ponderando ante todo el riesgo con base en su condición de niña, niño y/o adolescente víctima, más aun si la violencia sexual fue ejercida en la esfera familiar.
Con carácter previo a delimitar la problemática planteada por la parte accionante, es preciso dejar establecido que se ha denunciado una serie de omisiones como actos ilegales que habría cometido el juez a quo, en la tramitación del proceso penal que se le ha seguido, por la supuesta comisión del delito de abuso sexual en contra de la niña NN, en el que se ha pronunciado el Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, sin una debida motivación y fundamentación; sin embargo, la acción tutelar ha sido planteada solo contra la Vocal demandada, quién como parte del Tribunal de alzada, pronunció el Auto de Vista 289/2022-SP2 de 7 de noviembre, determinación judicial que también habría sido emitida, sin una debida fundamentación, motivación e incongruencia. Es en ese escenario que se realizará el presente análisis, en función de la actuación de la Vocal demandada, quién pronunció el fallo dictado en apelación incidental, quien tenía la competencia para subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados contra el juez de primera instancia, correspondiendo determinar si se ha producido o no las lesiones denunciadas. En esta acción tutelar se denunció que el juez a quo no se habría pronunciado sobre la concurrencia de los dos requisitos del art. 233 del CPP (solo sobre el art. 233.1 del Adjetivo Penal), ni sobre riesgos procesales para disponer su detención preventiva, refiriéndose a la revocatoria de la medida cautelar (arts. 247 y 250 del citado Código); asimismo, con relación a la Vocal demandada se entiende que emitió un fallo incongruente reforzando el art. 233.1 del indicado Código, cuando debió pronunciarse sobre el art. 233.2 del CPP, no así sobre el art. 234.7 del CPP; lo que lesionaría derechos, garantías y principios constitucionales.
1) La fundamentación y motivación de la decisión a través de la que se ha dispuesto la aplicación de la detención preventiva por el juez a quo como por el juez ad quem, dando valor a la “declaración de la víctima” (niña NN), como una prueba esencial para la acreditación del art. 233.1 del CPP
El deber de fundamentación y motivación que tienen las autoridades judiciales cuando emiten una decisión a través de la que disponen detención preventiva, se encuentran vinculadas a las razones de derecho como de hecho en las cuales basan su convicción, conforme se ha expresado en Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional.
En el caso de autos, durante la fase investigativa la jueza de la causa en un primer momento dispuso la detención preventiva del accionante en la carceleta pública de Villa Montes, pero posteriormente se determinó el cese de su privación de libertad, otorgándose medidas cautelares menos restrictivas como la detención domiciliaria y otras, porque presentó y valoró un elemento de prueba, como fue una carta supuestamente redactada por la niña NN dirigida a su madre, en la que (refiriéndose al abuso sexual que habría sufrido por parte de la pareja de su madre) señaló que todo era mentira; en esa parte del proceso penal, la valoración de esa carta habría generado una duda en la autoridad judicial, que dio lugar a esa determinación de cesación de detención preventiva e imposición de medidas cautelares menos restrictivas, decisión que no fue apelada y en su oportunidad dio lugar a su ejecutoria (provisional, pero no definitiva).
El proceso penal siguió avanzando hasta que se llegó al desarrollo del juicio oral, público y contradictorio, en el que el Juez de Sentencia, que en la presente acción tutelar vendría a ser el juez a quo, valoró nuevos medios de prueba que se presentaron y se produjeron durante el desarrollo de la audiencia de juicio, como fue la declaración de la niña NN en Cámara Gesell, esta declaración llevó a la convicción en el juzgador en sentido de que: “…al no existir duda de la autoría del acusado ya que la menor-víctima en audiencia a través de la cámara gessel reconoció al acusado como agresor de este hecho criminal, no quedando duda sobre la autoría del acusado (…) quedando desvirtuada la teoría utilizada de la carta de retractación que supuestamente hubiera redactado la menor sobre el presente hecho, y además quedando desvirtuado que hubiera sido otra persona que hubiera realizado el presente hecho criminal, el suscrito considera en el tema de protección reforzada y la protección interseccional, considera viable la solicitud de revocar la medida sustitutiva impuesta al Sr. Mauro Plata Olivera…” (sic[Conclusión II.5]).
La precedente relación, ha expresado la motivación que ha realizado el juez a quo sobre los hechos fácticos que han sucedido en el caso concreto, si bien, no es una relación exhaustiva ni ampulosa, sin embargo no por ello puede decirse que la misma carece de motivación, si su relación es suficiente para evidenciar el razonamiento del juzgador, quien en la valoración de los hechos sucedidos, dio una apreciación y valoración a la declaración de la víctima -niña NN-, quien lejos de hacer mención a una retractación de los hechos en una supuesta carta escrita por la misma (elemento probatorio valorado en la fase anterior), al contrario afirmó y reconoció la existencia de los hechos denunciados, y como responsable de los mismos al acusado -Mauro Plata Olivera-.
Conforme se expresó en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, en todos los casos en los que hay denuncia de la supuesta comisión de delitos de violencia sexual, se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos sucedidos la “declaración de la víctima”; es que en este tipo de situaciones, difícilmente se puede obtener otro tipo de pruebas que sean más gráficas, científicas, documentales u otras, por lo que corresponde darse un correcto valor a las declaraciones de las víctimas, sin que ello implique la restricción del derecho de presunción de inocencia del acusado.
En el caso de autos, la defensa en la etapa investigativa presentó como un medio de prueba una supuesta carta escrita por la víctima, la cual fue desvirtuada por la posterior declaración de la víctima realizada con las seguridades correspondientes a su edad, como es la declaración de la niña NN a través de la Cámara Gesell, en que se han tenido los cuidados necesarios para no revictimizarla, prueba que fue correctamente valorada por el juez a quo por el carácter fundamental que asume la misma, en las circunstancias del hecho de violencia sexual denunciado como sucedido.
Ahora bien, la autoridad a quo no solo ha realizado una motivación de su determinación, cuando ha expresado la argumentación fáctica relativa a los hechos denunciados, que se acaba se hacer mención, sino que también ha efectuado una fundamentación y argumentación jurídica para justificar su determinación, así ha expresado que: “…al no existir duda de la autoría del acusado ya que la menor- víctima en audiencia a través de la cámara gessel reconocido al acusado como agresor de este hecho criminal, no quedando duda sobre la autoría del acusado (…) la protección reforzada a favor de la menor…” (sic[Conclusión II.5]).
Las razones expresadas se enmarcan en la regulación establecida en el art. 233.1. del CPP, que establece los requisitos para que proceda la detención preventiva, por una parte la existencia de elementos para sostener que con probabilidad el imputado o el acusado el autor del hecho, por otra que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.
En el caso de autos, es indudable que la fundamentación jurídica del juez a quo, se encuentra amparada en el art. 233.1 del CPP, como también así ha reconocido la parte accionante en su demanda; conforme se ha expresado en el referido Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la consideración del requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, es la primera actividad que debe desarrollar el juzgador en la audiencia en la que se va a considerar la aplicación de una detención preventiva, máxime en aquellos casos como el presente en el que existe una prueba indiciaria, esencial y fundamental como es la declaración de la víctima que es una niña NN, quien ha prestado su declaración en Cámara Gesell, prueba que sin duda, llevó a la convicción más que suficiente para sostener que el acusado, es con probabilidad el autor del hecho punible.
La valoración de pruebas fundamentales como la referida (declaración de la víctima), en las circunstancias del hecho que fue denunciado y juzgado, cuando de por medio existen intereses de grupos de especial tutela y protección como son, los de una niña NN, mujer en situación de especial vulnerabilidad por existir en su contra violencia sexual, no pueden ser ignoradas ni dejadas de ser consideradas, por ninguna autoridad del poder público, menos por jueces y tribunales que tienen la responsabilidad de impartir justicia en el caso concreto.
Toda esa motivación fáctica, como fundamentación jurídica realizada por la autoridad a quo, cuando la decisión llegó a conocimiento de la Vocal demandada, como parte del Tribunal de apelación o de alzada, ha validado o se ha confirmado esa determinación en cuanto a la argumentación fáctica y jurídica, cuando en el Auto de Vista cuestionado se ha expresado que en: “…la resolución del juez a quo (…) no se advierte que existe un agravio en cuanto a la determinación asumida (…) se encuentra debidamente fundamentada…” (sic[Conclusión II.6]).
Esa manifestación, de la autoridad demandada, evidencia la confirmación que hace ese tribunal de alzada, respecto a la fundamentación fáctica y jurídica que expresó el juez de la causa, que como se ha señalado, si bien, no es un razonamiento ampuloso, pero es suficiente para comprender que en el caso concreto, para determinar la detención preventiva del acusado, se ha cumplido con el requisito establecido en el art. 231. 1 CPP, por lo que se desestima la tutela planteada.
2) En la etapa del juicio oral y en apelación, la fundamentación y motivación de la decisión que dispuso la aplicación de la detención preventiva; en aplicación del art. 232.2 del CPP con relación al art. 234.7 del mismo Código, en delitos relacionados a violencia sexual contra niñas
Por su naturaleza la medida cautelar de la detención preventiva, es una medida provisional, y no definitiva, eso implica que durante la tramitación de un proceso penal, hasta antes de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, la autoridad judicial podrá aplicar esa medida, como también podrá dejarla sin efecto, imponiendo otras medidas alternativas. Este tipo de medidas, no es de exclusividad de la fase investigativa, sino de todo el proceso penal, conforme a ello el juzgador la impondrá cuando advierta la necesidad de su aplicación, así también, lo hará el juez o tribunal de sentencia en lo penal, cuando se esté en la fase del juicio, como se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente decisión constitucional. Es que la aplicación o la modificación de cualquier medida cautelar durante la etapa del juicio, no es una actividad automática, sino que responde a una serie de condicionantes como el pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, y cuando se den las exigencias contenidas en el art. 233 del CPP. En el caso que ha motivado esta acción tutelar, la parte accionante considera que las autoridades judiciales, solo se han pronunciado sobre el art. 233.1 del CPP (a lo que ya se ha hecho referencia en el punto anterior de la presente decisión constitucional, no habiéndose cometido por ello ninguna ilegalidad); de igual manera, en la acción de defensa se extrañó que las autoridades judiciales no se pronuncien sobre el requisito previsto en el art. 233.2 del CPP (solo sobre el referido art. 233.1), además, “…de la ausencia de pronunciamiento (Incongruencia Omisiva) en la concurrencia en relación a los (Peligros Procesales) – 234 numerales 4 y 7 -235 numeral 2, del CPP, para disponer la medida cautelar de carácter personal de última ratio…” (sic[fs. 101]). Tratándose de la etapa de juicio oral, de manera necesaria para que proceda la detención preventiva, se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el art. 233.2 del CPP, que refiere a los requisitos de la detención preventiva, relativos a la existencia de elementos de convicción suficientes, de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; en el marco del entendimiento constitucional expresado en el señalado Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, con referencia al art. 233.2, vinculado a los arts. 234 y 235, todos del CPP, que se pasa hacer el análisis en el caso concreto. Durante la tramitación del juicio oral, público y contradictorio, luego que la autoridad a quo tuvo conocimiento de la “declaración de la víctima” -niña NN-, determinó la decisión de proceder a la detención preventiva del acusado, no solamente porque ya no tendría duda sobre la autoría del acusado (en aplicación de lo establecido en el art. 233.1 del CPP), sino también porque se consideró que: “…hay que tomar en cuenta que las personas que comenten este delito son potencialmente peligrosos, no solo para la víctima sino para toda la sociedad, pueden volver a cometer la misma situación, y que por la misma experiencia se demuestra que las personas que comenten estos hechos vuelven incurrir en lo mismo, por lo que toda persona que comete delitos de abuso sexual, violación, son potencialmente peligrosos para el sector víctima, porque son mujeres y menores…” (sic[Conclusión II.5]). La fundamentación jurídica del juzgador de instancia, se encuentra enmarcada en la previsión del riesgo procesal relativo al peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, que establece que se da ese peligro cuando se puede sostener que el imputado no se someterá al proceso, buscando evadir la justicia, cuando se constituye en un peligro efectivo para la sociedad o para la víctima; que es precisamente lo que la citada autoridad judicial dejó expresamente dicho en su razonamiento, para justificar su determinación de disponer la detención preventiva del acusado. Conforme se refirió en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente decisión constitucional, el riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima (incluso más allá del peligro efectivo para la sociedad), supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de niñas víctimas de violencia sexual, por ello, es preciso razonar desde la perspectiva de género y niñez, que ayuda a efectuar el análisis considerando la situación de vulnerabilidad, las características del delito y la conducta exteriorizada por el acusado. En efecto, la perspectiva de género se constituye en una metodología necesaria en la impartición de justicia, porque permite, entre otros componentes, visibilizar factores de riesgo que ponen en situación de vulnerabilidad a una mujer, niña y/o adolescente por razones de poder fundadas en el sexo, género u orientación sexual; lo que obliga a investigar, juzgar y sancionar los casos de violencia sexual, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia. En el caso concreto, se trata de la niña NN que por el solo hecho de ser tal, se encuentra en una evidente situación de vulnerabilidad y desventaja con relación al presunto agresor, quién resulta ser una persona adulta que como pareja de su progenitora, ejerce poder sobre la misma, quién difícilmente va a poder oponerse a cierto tipo de presiones sean de naturaleza física o psicológica, por la natural edad de ambas partes, lo que deja a la niña en una situación de total desventaja y riesgo. En la acción tutelar que se resuelve, la parte accionante expresó, que con relación a su persona, no podría existir peligrosidad para la víctima y la sociedad, conforme el art. 234.7 del CPP, peligro que respecto a la niña NN no estaría activado y se habría desvirtuado en la investigación, porque la víctima no habita en la misma residencia, esa apreciación no tiene en cuenta que el delito de abuso sexual a la niña NN que se le atribuye, tiene sus propias características, pues el ambiente casi “natural” en el que se comete, es dentro del entorno familiar y doméstico que es la vivienda de la madre, lugar donde la niña no precisa vivir (como parecería entender el accionante), pero si es el espacio físico donde se queda por largo lapso de tiempo, en las visitas que tiene con la madre y su hermano, quienes de manera directa son parte de su familia consanguínea, siendo que el acusado convive con esa progenitora, y en tal situación el riesgo en el que está la víctima es evidente. Asimismo, no puede obviarse la conducta exteriorizada por este, quién expresó en su defensa, tanto en la etapa investigativa para obtener el cese de su detención preventiva, así como, durante el desarrollo del juicio, y también señaló en la presente acción tutelar, colocándose en una posición como si su persona no habría cometido ninguna conducta irregular, indicando que aquello se evidenciaría por una carta que con anterioridad habría sido entregada por la niña NN en la que se retractaría sobre los hechos denunciados y que todo era mentira. Ese tipo de carta debió haber sido analizada por el juez de la causa con una apreciación integral y otros medios probatorios que la confirmen, lo que no se ha evidenciado de los datos del proceso, pero al margen de ello, el contenido de la misma fue desvirtuada en forma posterior por la propia niña víctima, conforme su declaración efectuada en juicio en Cámara Gesell en la que reconoció los ilícitos cometidos en su contra, lo que demuestra una exteriorización de la conducta anterior y posterior del acusado, que deja en evidencia que la niña NN se encuentra en total situación de peligro y de vulnerabilidad. De ahí que el juez a quo, cuando ha llegado a establecer el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP (con estrecha relación con el art. 233.2 del CPP), no cometió ninguna ilegalidad, al reconocer ese tipo de peligro que más allá incluso al peligro de la sociedad, en el caso concreto se da un evidente peligro contra la niña NN, siendo su obligación reconocer esta situación, a fin de impedir que hechos de violencia sexual contra niñas se repitan o continúen. Además, conforme se ha desarrollado en el señalado Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, el art. 234.7 del CPP, deviene o tiene su origen en la previsión del art. 233.2 del Adjetivo Penal, cuyo contenido se encuentra configurado por la regulación del art. 234 del mismo Código relativo al peligro de fuga. En consecuencia, el reconocimiento de la existencia de un evidente peligro efectivo contra la víctima e inclusive contra la sociedad, justifica la determinación de la detención preventiva, conforme al art. 233.2 del CPP con relación al art. 234.7 del señalado Código, como así, ha reconocido la autoridad judicial, sin que por ello se considere que su determinación sea ilegal o no se ajuste a los parámetros establecidos en el art. 233 del CPP. Todo el razonamiento del juez a quo, fue cuestionado ante la Vocal demandada en la tramitación del recurso de apelación incidental que fue planteado por el ahora accionante; en el Auto de Vista impugnado, se ha validado todas y cada una de las actuaciones del inferior, llegándose a la conclusión que no había lugar al recurso de apelación incidental, lo que dio lugar a que el abogado de la defensa solicitara una complementación y aclaración, con relación al art. 233 del CPP y la concurrencia de riesgos procesales. La autoridad judicial demandada respondiendo a la solicitud de aclaración y complementación entendió que: “…en la etapa de juicio oral público y contradictorio la menor hubiera en Cámara Gesell reconocido como su agresor de este hecho criminal (…) no queda duda sobre la autoría del acusado (…) se ha activado el numeral 7 del art. 234 del CPP (…) en cuanto al peligro de fuga (…) siendo peligro efectivo para la sociedad o para la víctima (…) en juicio, la víctima ha reconocido a su agresor…” (sic[Conclusión II.6]).; es decir, que igual que el juez a-quo, dejó establecido que su determinación no solo se basó en la previsión del art. 233.1 del CPP, sino que más allá también se ha reconocido la existencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP que es una de las expresiones del contenido del art. 233.2. del Adjetivo Penal. Con esa determinación, la Vocal demandada no lesionó la garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, tampoco emitió un fallo incongruente, al contrario se evidencia que su decisión refleja una congruencia y concordancia tanto en el aspecto fáctico como en el jurídico; vale decir, no se considera que se hubiera cometido alguna omisión ilegal o incongruencia omisiva, que justifique la tutela planteada, habiéndose fundado la misma en el marco de lo regulado por el art. 233.2 del CPP, extrañado por la parte accionante, con relación a la previsión del art. 234.7 del CPP, teniendo en cuenta que para la aplicación de medidas cautelares en los casos de delitos violencia sexual cometidos contra una niña, niño o adolescente, la aplicación de la detención preventiva como medida cautelar, exige adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad de la víctima, de tal forma que para analizar los riesgos procesales se tome en cuenta también, conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional, su situación de extrema vulnerabilidad y desventaja, las características del delito y la conducta exteriorizada por el acusado contra la víctima, antes y con posterioridad a la comisión del delito, ponderando ante todo el riesgo con base en su condición de niña, niño y/o adolescente víctima, más aun si la violencia sexual fue ejercida en la esfera familiar. 3) En cuanto a la revocación/modificación de las medidas cautelares
Finalmente en la acción de tutela, se cuestionó que el juez a quo se refirió a la revocatoria de medidas cautelares, que solo se dan por incumplimiento del art. 247 del CPP, siendo que las medidas cautelares pueden ser modificadas ha pedido de parte o de oficio conforme se establece en el art. 250 del CPP. De la revisión que cursa en obrados, con relación al punto cuestionado la autoridad de instancia ha expresado que: “…en aplicación de lo que dice el art. 250 del C.P.P., Dispone revocar las medidas sustitutivas a favor de Mauro Plata Olivera, y dispone la detención preventiva del encausado en la Carceleta Pública de la ciudad de Villa Montes, hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada…” (sic[Conclusión II.5]). El art. 250 del CPP, establece que: “El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio”, norma que concuerda con la previsión del art. 247.2 del CPP que estipula como una causal de revocación de una medida cautelar que: “se compruebe que el imputado realiza actos preparativos de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad”, disposición que también se encuentra en estrecha relación con la previsión del art. 233.2 con relación a los arts. 234 y 235, todos del CPP, como se ha expresado en Fundamento Jurídico III.3 de esta decisión constitucional. De ahí que, sea de oficio o ha pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, la autoridad judicial bien podría modificar o revocar una medida cautelar; esa situación se ha dado en el presente caso, pues ha pedido fundamentado del Ministerio Público, se ha revocado la aplicación de otras medidas cautelares, imponiéndose la aplicación de la detención preventiva. De obrados se evidencia como el acusado se encontraba con la aplicación de medidas cautelares relativas a la detención domiciliaria y otras, sin embargo, por la valoración de nuevos elementos de prueba que se produjeron durante el desarrollo del juicio, como fue la declaración de la víctima la niña NN, se dieron las condiciones para que el juez a quo con una valoración fáctica y argumentación jurídica, conforme al art. 250 del CPP modificara o revocara esas medidas cautelares, imponiéndose otra como fue la detención preventiva, porque concurrieron causales relativas a la existencia del riesgo de que el acusado no se sometería al proceso, como se establece en el art. 247.2 del CPP, por constituirse en un peligro efectivo (peligro de fuga) para la sociedad y para la víctima, conforme la previsión del art. 233.2 con relación al art. 234.7 del CPP; aunque también pudo haber sido por la existencia de alguna de las circunstancias que obstaculicen la averiguación de la verdad (conforme el art. 235 del CPP). Por todo lo expresado, cuando la Vocal demandada emitió el Auto de Vista confutado, confirmando la decisión de la autoridad a quo conforme la previsión del art. 250 del CPP, no cometió ninguna ilegalidad ni se ha desconocido una de las causales del art. 247 del mismo Código, en consecuencia no existe razón que en este punto justifique la tutela planteada por el accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
153. En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de 1Párrafo 89. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf 2Párrafo 153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
3 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Párrafos 105 y 106. 4Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 101.
6 Corte IDH Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 350.
7 Corte IDH Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Resumen del párrafo 292. 8Corte IDH, Caso Angulo Losada vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 (Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones).
9 Entendimiento del párrafo 162.
10 Ibidem, resumen del párrafo 170.
11 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial de Bolivia.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0881_2025-S3.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): 07ea6716abb784dd558beaaf4b3e929e8c4150089a27f47e47e857945805fb4e
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