Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 13 de agosto de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a ser juzgado en un plazo razonable, acceso a una justicia pronta y oportuna, presunción de inocencia, y el principio de seguridad jurídica; debido a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de desaparición forzada de personas se emitió la Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021; sin embargo, la misma fue revocada por la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59 de 6 de junio de 2023, cursante de fs. 163 a 166, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0881/2025-S2 Sucre, 13 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56737-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 59 de 6 de junio de 2023, cursante de fs. 163 a 166, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Suyo Puma y Celia López Quispe contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 12 de abril y 2 de mayo de 2023, cursantes de fs. 91 a 98 y 107 a 109, los accionantes manifiestan lo siguiente:
Son investigados dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de desaparición forzada de personas, a denuncia interpuesta el 8 de marzo de 2019 por Nancy López Dueñas -esposa de la presunta víctima-, señalando que la noche del 16 de febrero del mismo año, su esposo y padre de sus hijos se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, quien entonces recibió una llamada de su “supuesta amiga” con la cual sostenía una relación extramatrimonial de dos años -la accionante-; consiguientemente señaló que a primera hora del domingo 17 de igual mes y año, llamó varias veces a Edipo Eduardo Pérez Charaly -presunta víctima del proceso penal referido- pero el nombrado no contestó y le devolvió la llamada recién a horas 2:00 de ese día, fue entonces que ella escuchó el ruido de su moto y perros ladrando, luego el prenombrado apagó su celular y desde entonces refiere que no conoce de su paradero.
En ese contexto, el Fiscal de Materia a cargo del caso, emitió: a) Resolución Fiscal de Sobreseimiento por el delito de rapto de 10 de febrero de 2020, que fue ratificada por Resolución Fiscal Departamental MAAB S-061/20 de “15” -siendo lo correcto y en adelante 25- de marzo de igual año; y, b) Resolución de Rechazo de 10 de febrero de igual año, por el delito de desaparición forzada de personas, que fue revocada por la Resolución Fiscal Departamental MAAB OR- 201/20 de 25 de marzo del mismo año, con argumentos incongruentes respecto a la primera Resolución. Posteriormente se emitió una nueva Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada de personas, señalando que no existen suficientes elementos probatorios para determinar una imputación formal; no obstante, la misma fue objetada por Nancy López Dueñas; en consecuencia, se emitió la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22 de 15 de marzo de 2022, firmada por Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -demandado-, que revocó la Resolución de Rechazo del 10 de febrero de 2020, señalando que: 1) No se realizaron diferentes actos investigativos que permitan esclarecer los hechos, tomando en cuenta que aún no aparece la víctima del proceso penal; y, 2) De la relación fáctica de la denuncia se establece la existencia del hecho debiendo complementarse los actos de investigación pendientes. La Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22 ahora impugnada, carece de fundamentación y motivación, tratando de forzar una persecución penal, sin tomar en cuenta que: i) Los actos de investigación por los delitos de desaparición forzada de personas y rapto fueron realizados dentro de una sola causa, no fueron delitos denunciados por causas separadas; sin embargo, los elementos de investigación que sirvieron para emitir la Resolución Fiscal Departamental MAAB S-061/20 que ratificó Resolución Fiscal de Sobreseimiento por el delito de rapto, de manera incongruente fueron usados para emitir la Resolución Fiscal Departamental MAAB OR-201/20, sin considerar que se recabaron elementos de investigación suficientes para determinar una duda razonable a su favor, así como; ii) Los elementos investigativos fueron contrastados y resueltos de manera oportuna en su momento por el Fiscal de Materia asignado al caso; iii) La conminatoria sobre la etapa preliminar, ya que, la investigación duro más de cuatro años, y continúan siendo investigados; iv) Son perseguidos por delitos en la que los hechos no existen como es la desaparición forzada de personas, para el cual el elemento principal es la intervención de un agente estatal; por tanto, dicho delito no es atribuible a ellos; y, v) La Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22 es incongruente, puesto que no manifiesta un elemento nuevo o distinto que dé lugar a continuar con la investigación, siendo que el nexo de causalidad entre las resoluciones fiscales de sobreseimiento y rechazo emitidas, es el mismo. En cuanto al nexo de causalidad entre los hechos y derechos vulnerados que justifiquen la acción de amparo constitucional, los mismos pueden desarrollarse en audiencia de garantías, conforme a la SCP 0913/2016-S2 de 26 de septiembre.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a ser juzgado en un plazo razonable, acceso a una justicia pronta y oportuna, presunción de inocencia, y el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 116.I y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22, debiendo emitirse una nueva que ratifique la Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 160 a 162 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de sus abogados, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia de garantías, señalaron que: a) Se cumplieron con los actos de investigación en la etapa preliminar que duró más de cuatro años, la investigación concluyó con la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 10 de febrero de 2020; b) Habiéndose emitido la mencionada Resolución el delito de rapto, se vulneró el principio de seguridad jurídica y la presunción de inocencia, por continuar con la investigación por la presunta comisión del delito de desaparición forzada de personas; c) Se pretende seguir dos procesos por los mismos hechos, contraviniendo los arts. 117.II de la CPE y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en los que señalan que nadie puede ser procesado más de una vez por el mismo hecho; y, d) En la investigación no se tomó en cuenta que Edipo Eduardo Pérez Charaly -presunta víctima del proceso penal- dejó una carta señalando que si algo le pasaba responsabilizaba a su esposa Nancy López Dueñas de quien había recibido amenazas de muerte.
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 114 a 124 y en audiencia de garantías, a través de su representante, manifestó que: 1) El día de su desaparición Edipo Eduardo Pérez Charaly -presunta víctima del proceso penal-, se comunicó con su amigo Raúl Garnica Ibáñez que había peleado con su novia -se entiende con Celia López Quispe, ahora accionante-; asimismo, a través de la revisión de extractos de llamadas, desdoblamiento de Discos Compactos (CD) e informes policiales se tiene que dicha accionante fue la última persona que se comunicó con Edipo Eduardo Pérez Charaly; de igual manera, la prenombrada en la madrugada del 17 de febrero de 2019 se comunicó con el impetrante de tutela quien la recogió en su camioneta, información que la mencionada omitió en su declaración; 2) En la inspección ocular el accionante señaló que la noche del 16 de febrero de 2019, consumió bebidas alcohólicas con la impetrante de tutela. Además, se secuestró la camioneta del accionante sobre la cual están pendientes actos investigativos; 3) La Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021 no se encuentra fundamentada, se limita a señalar que no se encontraron elementos suficientes cuando en realidad se advierte la ausencia de actos investigativos para dar con el paradero de la presunta víctima del proceso penal; asimismo, no se emitieron requerimientos fiscales y no se solicitaron actos y declaraciones testificales, entre otros, a fin de esclarecer los hechos denunciados, siendo evidente la carencia de investigación para determinar lo sucedido y la participación de la parte impetrante de tutela; 4) La parte accionante no advirtió de la ampliación de denuncia por el delito de desaparición forzada de personas; y, 5) Si la parte accionante consideraba que la investigación esta vencida en sus plazos o que ha durado mucho tiempo, tienen los recursos pertinentes que les franquea la ley en la vía ordinaria.
Nancy López Dueñas, Roger Renaldo Pérez Charaly, Deymar Rolando Pérez Charaly, y Jimmy Daniel Pérez Charaly, en audiencia de garantías, a través de su abogado, señalaron que: i) La acción de amparo constitucional carece de todo sustento por lo que, piden en nombre de la presunta víctima del proceso penal y de sus familiares, que se continúe la investigación y se deniegue la tutela impetrada; y, ii) Roger Renaldo Pérez Charaly, señaló que desde la desaparición de su hermano se encuentra muy afligido, también le hace falta a sus hijos, toda la familia afectada con la desaparición, pide que se actué conforme a ley y que continúen las investigaciones para que se esclarezca la verdad de los hechos.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 59 de 6 de junio de 2023, cursante de fs. 163 a 166, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Fiscal Departamental demandado, tomó en cuenta todos los elementos del cuaderno de investigación, y respecto a la tipicidad del delito investigado, el derecho internacional prevé la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y que los casos de privación de libertad o desaparición forzada de personas, están en relación con torturas y homicidios; y, b) El demandado sustenta su decisión de continuar con la investigación en el entendido de que es necesario tener mayores elementos que permitan asumir una decisión conforme a derecho y en base a la verdad histórica de los hechos, siendo necesario contar con elementos de convicción que permitan determinar la participación de los denunciados en el hecho delictivo, siendo que no se realizaron varios actos investigativos y que la víctima aun no aparece, debiendo el Fiscal de Materia a cargo de la investigación completar los actos investigativos pendientes; en ese marco, no se advierte la lesión de los derechos reclamados como vulnerados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021, emitida por Basilio Villca Characayo, Fiscal de Materia asignado al caso, por la cual rechaza la ampliación de denuncia formulada de oficio y por los ciudadanos Roger Renaldo Pérez Charaly, Deymar Rolando Pérez Charaly, Jimmy Daniel Pérez Charaly y Nancy López Dueñas, en contra de Mario Suyo Puma y Celia López Quispe -parte accionante- (fs. 6 a 9). II.2. Consta Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22 de 15 de marzo de 2022, emitida por Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -demandado-, en la que resuelve revocar la Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021 (fs. 10 a 36). La misma que fue notificada al impetrante de tutela el 12 de octubre de 2022 (fs. 2).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a ser juzgado en un plazo razonable, acceso a una justicia pronta y oportuna, presunción de inocencia, y el principio de seguridad jurídica; debido a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de desaparición forzada de personas se emitió la Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021; sin embargo, la misma fue revocada por la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22, sin considerar que: 1) La referida Resolución no desarrolla un elemento nuevo o distinto que dé lugar a continuar con la investigación; 2) Se lesiona el principio del non bis in idem, puesto que, por los mismos hechos y dentro de la misma investigación se emitió la Resolución Fiscal Departamental MAAB S-061/20 que confirmó la resolución de sobreseimiento dispuesta a favor de ellos respecto a la presunta comisión del delito de rapto; sin embargo, con los mismos hechos se continuó la investigación por la presunta comisión del delito de desaparición forzada de personas; 3) En el referido delito, el elemento principal es la intervención de un agente estatal, lo que no ocurre en su caso, por tanto dicho delito no es atribuible a ellos; y, 4) La investigación duro más de cuatro años y continúan siendo investigados. Ante ello, el demandado alega que, la Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021 no se encontraba fundamentada, se limitaba a señalar que no se encontraron elementos suficientes cuando en realidad se advierte la ausencia de actos investigativos para dar con el paradero de la presunta víctima del proceso penal, no se emitieron requerimientos fiscales y no se solicitaron declaraciones testificales, entre otros, a fin de esclarecer los hechos denunciados. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que: “…Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…” (las negrillas nos corresponde); precepto concordante con el art. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que dispone: “…Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…”.
Al respecto, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señala que: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.
Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (el énfasis nos corresponde).
Asimismo, la SCP 1385/2016-S3 de 2 de diciembre, concluyó que: “…las Resoluciones que resuelvan una objeción de rechazo de denuncia, obligatoriamente deben encontrarse razonadas y con el debido sustento legal, sin que ello implique la exposición exagerada de consideraciones o citas legales sino más bien que contengan una estructura de forma y de fondo justificable de tal manera que permita a las partes conocer las razones por las cuáles se ha tomado tal determinación” (el remarcado es propio).
De la revisión de antecedentes, se tiene que el 8 de marzo de 2019, Nancy López Dueñas, formalizó denuncia por la presunta comisión del delito de privación de libertad y otros, por la desaparición de su esposo Edipo Eduardo Pérez Charaly -presunta víctima del proceso penal-; debido a que el 17 de febrero de 2019 cuando este se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con su amigo, recibió una llamada de Cecilia López Quispe -ahora accionante- con quien sostenía una relación extramatrimonial; asimismo, señaló que a primera hora del domingo 17 de febrero de 2019, llamó varias veces a su esposo, pero el mencionado no le contestó; no obstante, recién le devolvió la llamada a horas 2:00 de ese día, después escuchó el ruido de su moto avanzando y perros ladrando; sin embargo, su esposo apagó su celular y desde entonces no se conoce su paradero.
Los impetrantes de tutela fueron investigados por la presunta comisión del delito de rapto previsto en el art. 313 del Código Penal (CP), posteriormente se amplió la denuncia por la presunta comisión del delito de desaparición forzada de personas, previsto en el art. 292 bis. del citado Código; respecto al primer delito, se emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento el 10 de febrero de 2020 que fue confirmada por Resolución Fiscal Departamental MAAB S-061/20 de 15 de marzo de 2020; en cuando al segundo delito, se emitió la resolución de rechazo de 10 de febrero de igual año, la misma fue revocada por Resolución Fiscal Departamental MAAB OR-201/20 de 25 de marzo.
Posteriormente, Basilio Villca Characayo, Fiscal de Materia, emitió una segunda Resolución de Rechazo de denuncia el 2 de julio de 2021, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada de personas, señalando que son insuficientes los indicios para sustentar la imputación formal (Conclusión II.1); la misma fue objetada por Nancy López Dueñas -esposa de la presunta víctima-; en consecuencia, el Fiscal Departamental demandado emitió la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22 de 15 de marzo de 2022, revocando la Resolución de Rechazo de denuncia referida (Conclusión II.2).
En ese contexto, de la problemática planteada, la parte accionante refirió como punto 1) que la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22 vulnera su derecho al debido proceso por no encontrarse debidamente motivada y fundamentada, alegando que los elementos investigativos fueron contrastados y resueltos de manera oportuna por el Fiscal de Materia y la autoridad demandada no consideró los argumentos y valoraciones del Fiscal mencionado, que fundamentaron la Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021.
Al respecto la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22 señaló que la Resolución de Rechazo de 2 de julio de 2021, carece de fundamentación puesto que tan solo se limita a señalar que no se encontraron elementos suficientes, cuando en realidad la investigación no fue diligente, ya que, se hicieron diferentes llamadas del teléfono de la presunta víctima; en consecuencia, debió identificarse el lugar y las personas con las que mantuvo contacto, aspecto que, entre otros era necesario para llegar a la verdad histórica de los hechos a efectos de determinar una imputación formal o por el contrario emitir el rechazo respectivo luego de una investigación debida, no pudiendo ninguna resolución fiscal fundarse en la propia inactividad del Ministerio Público.
De lo señalado se advierte que la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/2022 se encuentra suficientemente motivada, fundamentada y es congruente en relación a los motivos por los cuales revocó la Resolución de Rechazo, que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la exigencia en cuanto a la fundamentación de las resoluciones que emiten un rechazo no necesariamente implica la exposición extensa de consideraciones o citas legales, sino un contenido claro y fundamentado.
Ahora bien, la parte accionante además reclamó como punto 2) la lesión al principio non bis in idem, puesto que se emitió la Resolución Fiscal Departamental MAAB S-061/20 que confirmó la resolución de sobreseimiento dispuesta en su favor por el delito de rapto; sin embargo, por los mismos hechos y dentro de la misma investigación, la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-337/22, dispuso continuar la investigación por el delito de desaparición forzada de personas, lo que lesionaría el principio nom bis in idem; y, el punto 3) La investigación duró más de cuatro años y hasta la fecha -se entiende de presentación de la acción tutelar- continúan siendo investigados.
Respecto a los referidos agravios, corresponde que la parte impetrante de tutela previamente a acudir a la justicia constitucional, debió apersonarse ante la autoridad a cargo del control jurisdiccional, conforme al art. 279 del CPP, pudiendo asimismo interponer las excepciones e incidentes que correspondan de forma que si los accionantes consideran que existió exceso en el plazo de investigación preliminar o si consideran que se lesionó el principio non bis in idem por la supuesta existencia de doble investigación por los mismos hechos, tienen expedita la vía ordinaria previamente a la justicia constitucional; en este sentido, de acuerdo a los arts. 129.I de la CPE y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional no procede cuando existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
Finalmente, respecto al punto 4) en referencia a que, en el delito de desaparición forzada de personas, el elemento principal es la intervención de un agente estatal, por lo que, dicho delito no es atribuible a personas naturales. Este aspecto se debe hacer valer ante las autoridades competentes no pudiendo sustituir la justicia constitucional a las autoridades penales ordinarias, ante las cuales debe en su caso plantearse dicho argumento.
En ese marco, considerando que la acción de amparo constitucional no puede interponerse en relación a agravios que no fueron previamente reclamados ante la instancia competente, respecto a los agravios referidos anteriormente, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59 de 6 de junio de 2023, cursante de fs. 163 a 166, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0881_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): ca0511ad032a79b8e18e8e359a40277bb4ccf7df6992c1eda119ce6b5a018608
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