B.IA.LEGAL

SCP 0881/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53858-2023-108-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, solicitó al Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Oruro, disponga se elabore dictamen pericial psicológico, con la finalidad de contar con pruebas para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, y así poder solicitar la cesación a su detención preventiva; sin embargo, su pedido fue rechazado, arguyendo que los puntos de pericia atacan el fondo del proceso investigado, sin establecer las razones por las cuales lo solicitado no tiene sustento y es inatendible, tomando en cuenta que requirió se determine si representa un peligro efectivo para la víctima desde el punto de vista de la naturaleza del hecho, cuando en la causa ya se está desarrollando el juicio oral, y este medio probatorio ya no se puede incorporar al juicio, dado que el momento procesal oportuno ya venció. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto; 2) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 3) La facultad del Ministerio Público para emitir requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva, dentro de la etapa de juicio; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  3. III.3. La facultad del Ministerio Público para emitir requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva, dentro de la etapa de juicio
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0881/2025-S1 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53858-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 35 a 39 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Rubén Suxo Cabezas contra Ely Caquegua Mamani, Mónica Jazmín Camacho Toco y Fidel Alavia Arteaga, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, cursante a fs. 14 a 17 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación se encuentra detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario de San Pedro de Oruro. El 10 de enero de 2023, cumpliendo con los presupuestos necesarios, solicitó la realización de un dictamen pericial con base a la Resolución 01/2023, argumentando que la obtención de la documentación estaba vinculada al derecho a la libertad con fines de una cesación a la detención preventiva y no para tratar el tema de fondo, así las autoridades demandadas emitieron la providencia dilatoria de 12 del mismo mes y año que, señaló: “Con carácter previo a resolver lo impetrado, aclare en que parte de la Sentencia Constitucional No 1/2023 define que este tribunal es competente a los fines de la obtención de elementos de prueba para cesación, considerando las pericias que ya fueron sustanciadas ante el Ministerio Público” (sic), ante tal determinación, formuló recurso de reposición el 19 de enero del 2023 que fue negado por extemporáneo. En ese contexto, por escrito de 30 del señalado mes y año, dio cumplimiento a la observación, sin embargo las autoridades providenciaron: “No ha lugar a lo impetrado, debiendo observarse lo que establece el 279 del Código de Procedimiento Penal” (sic); por lo que nuevamente interpuso el recurso de reposición el 3 de febrero del mismo año, argumentando que el caso está en juicio oral y que los medios de prueba de cargo y descargo ya fueron debidamente ofrecidos, mereciendo el Auto Interlocutorio 54/2023 de 7 de febrero, que niega la solicitud en base a que la pericia propuesta está abordando el fondo de la investigación, sin establecer las razones por las cuales lo solicitado no tiene sustento y es inatendible, tomando en cuenta que en ningún momento se está solicitando una pericia que vaya a atacar el tema de fondo, sino, que determine si el accionante es un peligro efectivo para la víctima desde el punto de vista de la naturaleza del hecho. Otro aspecto importante, es el referido a que en la causa se encuentra en juicio oral, se ofrecieron los medios probatorios y es ilógico asumir que esta pericia sea un medio probatorio que aborde el tema de fondo, porque ya no se puede incorporar al juicio, dado que el momento procesal oportuno ya venció. 1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia lesión a sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando los arts. 14.III, 23.I, 115.II, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y 7.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en su consecuencia, disponga dejar sin efecto la providencia de 31 de enero de 2023, y el Auto Interlocutorio 54/2023 de 7 de febrero, considerando que la obtención de la documental está vinculada al derecho a la libertad, se emita la providencia de admisión y traslado para viabilizar la misma.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración a la presente acción de libertad se realizó el 17 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 34, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a través de su representante, se ratificó de forma íntegra en su demanda tutelar y ampliando señaló: a) En el curso de la etapa preparatoria evidentemente se ha propuesto una pericia con la finalidad de solicitar la cesación a la detención preventiva, que fue materializada y utilizada en la audiencia de 20 de septiembre de 2022 a los fines de desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se hizo la compulsa y concluyó que el medio probatorio era insuficiente para desvirtuar el riesgo procesal porque no iba dirigida a la naturaleza del hecho, por lo que se interpuso recurso de apelación y fue confirmada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por esa razón se impetró un informe complementario conforme al art. 214 del CPP a la autoridad Fiscal, la que fue rechazada en dos oportunidades, por lo que se interpuso una acción de libertad que fue resuelta por el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del citado departamento a través de la Resolución 01/2023 el 6 de enero, que refiere que por mandato de la SCP 0609/2018-S3 de 31 de octubre, se estableció que cuando ya existe acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Fiscal de Materia, el imputado puede solicitar documentación al Tribunal donde se sustancia el juicio; b) Es ilógico que las autoridades demandadas como la representación del Ministerio Público indiquen que esta pericia va vinculada al tema de fondo porque la prueba que se va producir en juicio ya está incorporada y fue debidamente ofrecida, tampoco ésta revictimiza a la víctima; por cuanto está exclusivamente en relación a Rubén Suxo Cabezas -ahora accionante-; y, c) Lo que se solicitó es que se corra el traslado para que todas las partes puedan si lo veían por conveniente objetar, proponer nuevos puntos de pericia; sin embargo, no dieron curso, tampoco esta pericia ataca a la causa en sí, no es posible que las autoridades demaandadas asuman ese criterio y refieran que coloca en duda su imparcialidad, cuando en realidad ellos ya están llevando adelante el juicio oral.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ely Caquegua Mamani y Mónica Jazmín Camacho Toco, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro presentaron informe escrito que cursa a fs. 19 y vta., señalando que: 1) El accionante reclama en suma la competencia que tiene el Tribunal para facilitar la obtención de las documentales vinculadas al derecho a la libertad. Al respecto se refirió que conforme la SCP “…069/2018-S3 de fecha 31 de octubre” (sic), no está en cuestionamiento que el tribunal en el desarrollo del proceso penal pueda librar órdenes judiciales a objeto de obtener elementos lícitos de convicción que permitan al encausado presentar solicitudes de cesación de la detención preventiva, siempre que no vinculen a la pretensión de fondo que hace al objeto del proceso penal, empero en el presente caso, acontece que en el memorial de 10 de enero de 2023 impetró una pericia en base a 5 puntos, los puntos de pericia propuestos por el recurrente desde el 2 al 4 vinculan directamente al fondo del proceso penal, cuando señala: “2. Establecer, por medio de evaluación pericial psicológica clínica-forense aplicada al señor Rubén Suxo Cabezas, si existe la presencia de indicadores que determinen un posible comportamiento violento sexual, como las relaciones con el hecho denunciado y la naturaleza del mismo en el presente caso de presunta violación. 3. Valorar si existen algún tipo de trastorno mental que influya en la conducta para la comisión de un delito sexual relacionado a la tipología de la actual denuncia y la naturaleza del hecho denunciado. 4. Establecer en base a la pericia psicológica, si el señor Rubén Suxo Cabezas es o no un peligro efectivo para la presunta víctima o la sociedad, en relación con la denuncia establecida en el presente caso y la naturaleza del hecho” (sic), es decir estos cuatro puntos de pericia están relacionados con la denuncia establecida en el presente caso y la naturaleza del hecho, que van al fondo del proceso penal motivo de juzgamiento, por lo que el Tribunal en la providencia de 31 de enero de 2023 dispuso no ha lugar a lo impetrado, debiendo observar lo que establece el art. 279 del CPP; es decir, el Tribunal no puede realizar actos investigativos que comprometan su imparcialidad, en cuya consecuencia, no se ha afectado ningún derecho del accionante. Fidel Alavia Arteaga, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, no asistió a la audiencia tutelar ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 22.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia, en audiencia señaló: i) Lo que se cuestiona es el trabajo que realizó el órgano jurisdiccional y que mereció una suerte de acciones de libertad sobre el mismo petitorio, incluso el Ministerio Público también fue demandado, pero no se ha tutelado, por cuanto no solo se vela por los derechos del imputado sino también de la víctima; ii) El art. 209 del CPP prevé quienes se encuentran facultadas a objeto de la designación del perito, asignación y puntos de pericia, sin embargo, el solicitante de tutela interpuso una acción y emergente de ello se emitió la Resolución que disponía que mientras el Tribunal de sentencia no radique la acusación se continúa en la etapa preparatoria por lo que se dispuso aceptar el juramento del perito, esos puntos de pericia que ya fueron realizados y existe un dictamen presentado por la psicóloga forense Franny Cecilia Marín Uriona, pericia que se utilizó en la audiencia de 20 de septiembre de 2022, en aquella audiencia, el órgano jurisdiccional lo consideró insuficiente a efectos de una cesación a la detención preventiva, así se tiene del Auto 330/2022 de 20 de septiembre, que mereció una apelación incidental y resuelta por Auto de Vista 268/2022 que declaro improcedente el recurso y confirmó la decisión de primera instancia; iii) Ante esta situación el solicitante de tutela acudió nuevamente ante el Ministerio Público, el 5 de diciembre de 2022, impetrando informe complementario que mereció la providencia, “…estese a los actuados realizados dentro de la presente causa” (sic); iv) Posteriormente, presentó nuevamente un memorial, el 27 de diciembre de 2022, reiterando el informe complementario que fue providenciado por el Fiscal en suplencia legal, disponiendo el 29 del mismo mes y año, en lo principal “…estese al requerimiento de 9 de diciembre de 2022” (sic), por esto el Ministerio Público fue demandado, pese a que el dictamen pericial ya fue consentido y corresponde disponer la ampliación cuando son ambiguos, insuficientes o contradictorios; en ese sentido, ya se materializó el derecho a la presentación de la pericia ante el Juez A quo y el tribunal de apelación; por lo que, no puede desnaturalizar el procedimiento, por estos aspectos el Ministerio Público fue demandado y se denegó la tutela; v) El 10 de enero de 2023, acude ante el órgano jurisdiccional proponiendo pericia, desnaturalizando el trámite, porque a título del art. 214 del CPP solicita aspectos de la comisión de un delito sexual que va al fondo mismo de la causa, si bien alega que es a objeto de obtener la cesación a la detención preventiva, debieron ser propuestos en el momento de proponer los elementos de prueba, no lo hicieron y ahora ya está en plena etapa de juicio oral público y contradictorio, por ese motivo se rechazó el memorial; vi) Se debe considerar que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria, por lo que las autoridades demandadas con base en el art. 279 del CPP rechazaron lo solicitado; y, vii) En el caso debe existir ponderación de los derechos del imputado y la víctima, como los puntos de pericia van al fondo, se revictimizara a la víctima, lo que va contra la normativa internacional, las Leyes 348 de 9 de marzo de 2013 -Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-, y 548 de 17 de julio de 2014 -Código Niña, Niño y Adolescente; así el rechazo se encuentra enmarcado en derecho, por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 35 a 39 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la providencia de 31 de enero de 2023, el Auto Interlocutorio 54/2023 de 7 de febrero y concedió el plazo de cuarenta y ocho horas a las autoridades demandadas a objeto de convocar a una audiencia de designación y puntos de pericia, conforme los arts. 204 y 209 del CPP y considerar los puntos de pericia que estaría señalando el peticionante de tutela, bajo el principio de contradicción y si las mismas puedan ser objetadas o no y en definitiva será el Tribunal que emita la resolución. Dicha determinación se emitió bajo los siguientes fundamentos: a) La SCP 0609/2018-S3 de 31 de octubre, estableció que el Tribunal de Sentencia tiene atribuciones y facultades para poder emitir en todo caso la producción de elementos probatorios que hagan o que tengan vinculación a la cesación de la detención preventiva y no así propiamente al juicio oral; b) En el caso los miembros del Tribunal de Sentencia objetan los puntos periciales aduciendo que van y comprometen con relación al juicio oral, motivo por el cual hubieran desestimado la producción del peritaje; y, c) Sin embargo, dichas autoridades obviaron dar cumplimiento a lo que establece la tercera parte del art. 209 del CPP, estaban en la obligación, bajo el principio de oralidad, publicidad y de contradicción que rigen en todos los juicios orales, convocar a una audiencia con el propósito de considerar la solicitud de proposición de peritaje solicitado, a objeto que pueden consensuar con relación a la idoneidad del perito, los puntos de pericia y en su caso las partes podrán proponer u objetar los temas de la pericia, y en definitiva el propio Tribunal manifestarse con relación a los mismos, obviamente sin que afecte el fondo del proceso penal, aspecto procesal omitido.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa memorial presentado a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, el 10 de enero de 2023 por Rubén Suxo Cabezas en el que propone pericia psicológica, con los siguientes puntos de pericia:

“1. Determinar el perfil de personalidad del señor Rubén Suxo Cabezas. 2. Establecer, por medio de evaluación pericial psicológica Clínica-Forense, aplicada al señor Rubén Suxo Cabezas., si existe la presencia de indicadores que determinen un posible comportamiento violento sexual, como los relacionados con el hecho denunciado y la naturaleza del mismo en el presente caso de presunta Violación. 3. Valorar si existen algún tipo de trastorno mental que influya en la conducta para la comisión de un delito sexual relacionado a la tipología de la actual denuncia y la naturaleza del hecho denunciado. 4. Establecer en base a la pericia psicológica, si el señor Rubén Suxo Cabezas., es o no un peligro efectivo para la presunta víctima o la sociedad, en relación con la denuncia establecida en el presente caso y la naturaleza del hecho. 5. En base a la bibliografía de especialidad científica establecer la diferencia entre Informe Psicológico y Dictamen Psicológico Pericial” (sic [fs. 2 vta.]). Que mereció el decreto de 12 del mismo mes y año, que refiere: “En lo principal. - Con carácter previo a resolver lo impetrado, aclare en que parte de la Sentencia Constitucional No. 1/2023 define que este Tribunal es competente a los fines de la obtención de elementos de prueba para cesación, considerando las pericias que ya fueron sustanciadas ante el Ministerio Público” (sic [fs. 4]). II.2. Consta el escrito presentado por Rubén Suxo Cabezas, el 19 de enero de 2023 en el que se interpone recurso de reposición contra el decreto de 12 del mismo mes y año, el que fue respondido por Auto Interlocutorio 33/2023 de 20 del mes y año referido, en el que se desestima el recurso por haber sido interpuesto de manera extemporánea (fs. 5 a 6 vta.). II.3. Cursa el memorial de 30 de enero de 2023, con la suma: “CUMPLE LO DISPUESTO” (sic), emitiéndose la providencia de 31 de igual mes y año, que refiere: “En lo principal.- No ha lugar a lo impetrado, debiendo observarse lo que establece el art. 279 del Código de Procedimiento Penal” (sic [fs. 9 a 10]). II.4. Por escrito de 3 de febrero de 2023, el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición contra la providencia de 31 de enero del mismo año, por lo que las autoridades demandadas, mediante Auto Interlocutorio 54/2023 de 7 de febrero, declararon no ha lugar e improcedente la reposición interpuesta, argumentando que: “…en el presente caso acontece que en su memorial de fecha 10 de enero de 2023 impetra un trabajo pericial en base a 5 punto de pericia, pero los puntos de pericia propuestos por el recurrente desde el punto 2 al 4 se vinculan directamente al fondo del proceso penal, cuando señala: 2. Establecer, por medio de evaluación pericial psicológica clínica-forense aplicada al señor Rubén Suxo Cabezas, si existe la presencia de indicadores que determinen un posible comportamiento violento sexual, como los relacionados con el hecho denunciado y la naturaleza del mismo en el presente caso de presunta Violación. 3. Valorar si existen algún tipo de trastorno mental que influya en la conducta para la comisión de un delito sexual relacionado a la tipología de la actual denuncia y la naturaleza del hecho denunciado. 4. Establecer en base a la pericia psicológica, si el señor Rubén Suxo Cabezas es o no un peligro efectivo para la presunta víctima o la sociedad, en relación con la denuncia establecida en el presente caso y la naturaleza del hecho; es decir, estos cuatro puntos de pericia están relación con la denuncia establecida en el presente caso y la naturaleza del hecho, que van al fondo del proceso penal motivo de juzgamiento, de ahí que el Tribunal en providencia de fecha 31 de enero de 2023 se ha dispuesto no ha lugar a lo impetrado, debiendo observar lo que establece el art. 279 del Código de Procedimiento Penal, es decir, el Tribunal no puede realizar actos investigativos que comprometan su imparcialidad, en cuya consecuencia el Tribunal no advierte error en la providencia de fecha 31 de enero de 2023” (fs. 11 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, solicitó al Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Oruro, disponga se elabore dictamen pericial psicológico, con la finalidad de contar con pruebas para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, y así poder solicitar la cesación a su detención preventiva; sin embargo, su pedido fue rechazado, arguyendo que los puntos de pericia atacan el fondo del proceso investigado, sin establecer las razones por las cuales lo solicitado no tiene sustento y es inatendible, tomando en cuenta que requirió se determine si representa un peligro efectivo para la víctima desde el punto de vista de la naturaleza del hecho, cuando en la causa ya se está desarrollando el juicio oral, y este medio probatorio ya no se puede incorporar al juicio, dado que el momento procesal oportuno ya venció. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto; 2) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 3) La facultad del Ministerio Público para emitir requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva, dentro de la etapa de juicio; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto

El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional. Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones -interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-. El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:

Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional. Por otra parte, el art. 3.5 del citado cuerpo legal, hace referencia a los principios procesales de la justicia constitucional, entre los que se encuentra el principio de no formalismo, por el cual “…sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso”; siendo los fines del proceso, en armonía con las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que fueron detalladas en el art. 196 de la CPE, antes referido, precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales; consecuentemente, haciendo efectivos los principios constitucionales, procesales y la finalidad de la justicia constitucional, corresponde que este Tribunal propugne una protección efectiva de los derechos y garantías, exigiendo las mínimas formalidades para impartir una justicia constitucional pronta, efectiva y sin obstáculos, que respondan a las necesidades de la o el ciudadano. Lo anotado cobra mayor relevancia en las acciones de libertad, que dada su naturaleza jurídica, tienen entre sus características al informalismo, que supone la carencia de requisitos formales para su interposición y se manifiesta en la posibilidad de presentar esta acción de manera escrita u oral, sin requerir de la concurrencia de un abogado; la permisión de interponerla a nombre de otra persona, sin necesidad de mandato; la posibilidad de proteger hechos conexos no expresamente denunciados; y, de salvar los aspectos de derecho que fueron omitidos por la o el accionante, entre otros aspectos, conforme lo establece reiteradamente la propia jurisprudencia constitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal.

III.2. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través del Voto Aclaratorio de la SCP 0040/2018-S2 de 6 de marzo y Voto Disidente de la SCP 0204/2018-S2 de 22 de mayo, cuyos entendimientos fueron consolidados en las SSCCPP 0490/2019-S2 de 9 de julio y 0306/2020-S1 de 12 de agosto -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El debido proceso es una garantía procesal que busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana, a los derechos y garantías constitucionales, dentro de cualquier tipo de proceso, entendido éste como “…aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto…”. En el proceso penal, que es el medio por el cual se investigan hechos delictivos -para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio-, se permite establecer algunas restricciones a la libertad del procesado, dentro de ciertos límites previamente establecidos por la ley y sobre la base del principio de proporcionalidad, teniendo siempre en cuenta, el respeto del derecho a la libertad a partir del principio de presunción de inocencia. Ello justificó que se hayan establecido, para el proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos en los que por su propia naturaleza, no le serían aplicables. En ese sentido, el tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le da al debido proceso, está contemplado fundamentalmente en su art. 8, que desarrolla algunos principios del debido proceso penal asumidos por los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un garantismo del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él, el del Estado que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. Siendo por ello, necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad, al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial, en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. Existe una estrecha relación entre los derechos humanos y el proceso penal que se genera en la propia naturaleza de este tipo de proceso, donde se compromete la libertad personal del imputado. Como aspectos generales, el derecho de defensa en materia penal, debe ser no solo formal, sino también material; es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica, además el derecho de hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura algunas, por ese ejercicio. Las exigencias del principio del debido proceso se extreman en el campo del proceso penal, en el cual se manifiestan, entre otros, los principios de legalidad, de juez natural, de inocencia, in dubio pro reo, de doble instancia y los derechos de defensa en sí, a una sentencia justa, a la cosa juzgada, a la valoración razonable de la prueba, a la fundamentación de las resoluciones, etc. Ahora bien, ante la lesión de los elementos que componen la garantía del debido proceso, es posible acudir a la justicia constitucional, a través de las acciones de defensa, denunciando el acto ilegal lesivo de dicha garantía; sin embargo, respecto a qué acción de defensa es la idónea para su tutela, no existe unanimidad de criterios en la jurisprudencia constitucional, en especial en cuanto a su protección a través de la acción de libertad.

Efectivamente, sobre la protección del debido proceso vía acción de libertad, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, la cual estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción; es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, señaló que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, señalando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: i) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, ii) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, establece en su Fundamento Jurídico III.1, que:

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 5El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 6El FJ III.1, expresa: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: `Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…´; lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella”.

ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (Resaltado añadido). Asimismo, la referida Sentencia señala que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos con la libertad y la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos y garantías fundamentales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional; por consiguiente, cuando se trate de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, debe aplicarse el estándar jurisprudencial más alto, que es el entendimiento más favorable al acceso a la justicia constitucional, que fue desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembrey 0087/2014-S3 de 27 de 7El FJ III.3, refiere: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre. 8Tribunal Constitucional Plurinacional, Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional, SCP 2233/2013. Ficha Disponible en: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/16434 octubre, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado-, determina que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. Identificado el estándar jurisprudencial más alto, se tiene que ese debe ser el criterio rector en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tomando en cuenta que el debido proceso es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado, que en su momento, puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

De conformidad a lo anotado, la subregla que debería ser aplicable en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad es la siguiente: La garantía del debido proceso en materia penal, es tutelable por la acción de libertad, cuando: a) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, b) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir, de forma inmediata, los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.3. La facultad del Ministerio Público para emitir requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva, dentro de la etapa de juicio

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0873/2022-S1 de 31 de agosto, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a este tema, la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, estableció lo siguiente:

Modulación a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril

En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para 10La SC 160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ III.1, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que `Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.

obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló: “Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que:

1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. 1) del CPP- se constituye en parte contraria del mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado; (…)”.

De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales.

En este sentido, se tiene que la Constitución Política del Estado en su art. 225 establece que: I. “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía”.

La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 5, relativo a sus principios, entre los atinentes al caso, señala: “El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios: 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y las leyes; (…) 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral; (…) y 7. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones”.

La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia.

A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad.

Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Por su parte, la doctrina estableció que de este derecho constitucionalmente reconocido, acontecen dos consecuencias: la de “…no ser castigado por solicitar algo al Estado…” y “…la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (…). Tal derecho a respuesta –independientemente del contenido de ella–, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y ésta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar” (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999).

Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral (las negrillas pertenecen al texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, solicitó al Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Oruro, disponga se elabore dictamen pericial psicológico, con la finalidad de contar con pruebas para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, y así poder solicitar la cesación a su detención preventiva; sin embargo, su pedido fue rechazado, arguyendo que los puntos de pericia atacan el fondo del proceso investigado, sin establecer las razones por las cuales lo solicitado no tiene sustento y es inatendible, tomando en cuenta que requirió se determine si representa un peligro efectivo para la víctima desde el punto de vista de la naturaleza del hecho, cuando en la causa ya se está desarrollando el juicio oral, y este medio probatorio ya no se puede incorporar al juicio, dado que el momento procesal oportuno ya venció. De los antecedentes cursantes en el expediente tutelar se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rubén Suxo Cabezas por la presunta comisión del delito de violación, ya en etapa de juicio el accionante presentó memorial a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro el 10 de enero de 2023, en el que propone pericia psicológica, que mereció el decreto de 12 del mismo mes y año, que refiere: “En lo principal.- Con carácter previo a resolver lo impetrado, aclare en que parte de la Sentencia Constitucional No. 1/2023 define que este Tribunal es competente a los fines de la obtención de elementos de prueba para cesación, considerando las pericias que ya fueron sustanciadas ante el Ministerio Público” (sic [Conclusión II.1]). Si bien ante tal determinación interpuso recurso de reposición este fue desestimado por haber sido interpuesto de manera extemporánea (Conclusión II.2).

Por lo que el acusado a través del memorial de 30 de enero de 2023 indica que cumple lo dispuesto, emitiéndose la providencia de 31 de igual mes y año, que refiere: “En lo principal.- No ha lugar a lo impetrado, debiendo observarse lo que establece el art. 279 del Código de Procedimiento Penal” (sic [Conclusión II.3]).

En ese contexto, por escrito de 3 de febrero de 2023, el accionante interpuso recurso de reposición contra la providencia de 31 de enero del mismo año, emitiéndose por las autoridades demandadas el Auto Interlocutorio 54/2023 de 7 de febrero, que declaró no ha lugar e improcedente la reposición interpuesta (Conclusión II.4). Ingresando a la problemática concreta, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional se tiene que la garantía del debido proceso en materia penal, es tutelable por la acción de libertad, cuando: a) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, b) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir, de forma inmediata, los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa

Así en el caso en concreto, el accionante se encuentra detenido preventivamente dentro de un proceso penal, y contra el decreto de 31 de enero de 2023 que rechazó su solicitud interpuso recurso de reposición que de la misma forma declaró en el fondo no haber lugar a lo solicitado, por lo que se evidencia que se trata de un proceso penal en el que se agotó el medio de impugnación idóneo, por lo que corresponde analizar el derecho al debido proceso en la presente acción de libertad. Ahora bien, en cuanto a la denuncia del accionante, se tiene que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandados-, rechazaron su solicitud de pericia con el argumento de que los puntos de pericia atacaban el fondo del proceso penal, en ese contexto, de los antecedentes, se advierte que efectivamente después de cumplir lo observado por decreto de 12 de enero de 2023, las referidas autoridades rechazaron la solicitud con el decreto de 31 de enero y ante la interposición del recurso de reposición emitieron el Auto 54/2023 de 7 de febrero, en el que declararon, no ha lugar e improcedente la reposición interpuesta, con los siguientes argumentos: “… en el presente caso acontece que en su memorial de 10 de enero de 2023 impetra un trabajo pericial en base a 5 puntos de pericia. Pero los puntos de pericia propuestos por el recurrente desde el punto 2 al 4 se vinculan directamente al fondo del proceso penal, cuando señala `2. Establecer, por medio de evaluación pericial psicológica clínica-forense aplicada al señor Rubén Suxo Cabezas, si existe la presencia de indicadores que determinen un posible comportamiento violento sexual, como los relacionados con el hecho denunciado y la naturaleza del mismo en el presente caso de presunta Violación. 3. Valorar si existen algún tipo de trastorno mental que influya en la conducta para la comisión de un delito sexual relacionado a la tipología de la actual denuncia y la naturaleza del hecho denunciado. 4. Establecer en base a la pericia psicológica, si el señor Rubén Suxo Cabezas es o no un peligro efectivo para la presunta víctima o la sociedad, en relación con la denuncia establecida en el presente caso y la naturaleza del hecho” es decir, estos cuatro puntos de pericia están relación con la denuncia establecida en el presente caso y la naturaleza del hecho, que van al fondo del proceso penal motivo de juzgamiento de ahí que el Tribunal en providencia de fecha 31 de enero de 2023 se ha dispuesto no ha lugar a lo impetrado, debiendo observar lo que establece el art. 279 del Código de Procedimiento Penal, es decir, el Tribunal no puede realizar actos investigativos que comprometan su imparcialidad, en cuya consecuencia el Tribunal no advierte error en la providencia de fecha 31 de enero de 2023´” (sic). Si bien el art. 209 del CPP refiere: “(Designación y alcances). Las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones por valorarse. El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Las partes podrán proponer u objetar los temas de la pericia”; sin embargo en el caso, el rechazo a la pericia se encuentra debidamente motivada en base a criterios razonables, por cuanto resulta evidente que los puntos de pericia 2, 3 y 4 en la forma como fueron formulados van al fondo del mismo proceso penal que corresponde sean considerados en el juicio oral, público y contradictorio; en ese entendido, pretender que los jueces del Tribunal de Sentencia que conocen el juicio oral dispongan el traslado a las partes la solicitud de una pericia, para que luego se elabore el dictamen pericial que está relacionado al fondo, y en base a ello resuelvan la cesación de la detención preventiva, va contra lo dispuesto por el art. 279 del CPP, toda vez que en el punto 2 de la pericia, solicitado por el accionante: “establecer, por medio de evaluación pericial psicológica clínica-forense aplicada al señor Rubén Suxo Cabezas, si existe la presencia de indicadores que determinen un posible comportamiento violento sexual, como los relacionados con el hecho denunciado y la naturaleza del mismo en el presente caso de presunta violación” (sic), es decir se pide analizar temas relacionados al fondo de la acusación como viene a ser la autoría y su participación en el hecho; lo propio sucede con el punto 3 de la pericia solicitada, dado que pide: “valorar si existen algún tipo de trastorno mental que influya en la conducta para la comisión de un delito sexual relacionado a la tipología de la actual denuncia y la naturaleza del hecho denunciado” (sic), igualmente ocurre con el punto 4 donde el acusado solicita: “Establecer en base a la pericia psicológica, si el señor Rubén Suxo Cabezas es o no un peligro efectivo para la presunta víctima o la sociedad, en relación con la denuncia establecida en el presente caso y la naturaleza del hecho” (sic); estos temas no pueden ser considerados, dado el avance del proceso en el que se encuentra, corresponde a una etapa procesal destinada como es el juicio oral donde se debe debatir y probar el fondo del asunto, es decir, la culpabilidad o inocencia del acusado. En ese contexto, se tiene que las autoridades demandadas en aplicación de la misma jurisprudencia presentada por el accionante como es la SCP 0609/2018 de 31 de octubre, que en la ratio decidendi, cuando analiza el caso en concreto establece que el Tribunal de Sentencia Penal puede librar órdenes judiciales a objeto de obtener elementos lícitos de convicción que permitan al encausado presentar solicitudes de cesación de la detención preventiva, siempre que no vinculen la pretensión de fondo que hace al objeto del proceso penal. Lo establecido por la jurisprudencia constitucional, implica que si las solicitudes de producción de prueba invocando un eventual planteamiento de cesación de medida cautelar de detención preventiva vinculan la pretensión al fondo y comprometan la imparcialidad de los juzgadores, corresponde rechazar, porque la pretensión como la planteada por el ahora accionante está vinculada a la causa de fondo, en consecuencia, no puede ser objeto de orden judicial, que es lo que sucedió en el caso en concreto, por cuanto los Jueces del Tribunal de Sentencia demandados, explicaron que estos puntos de la pericia solicitada se vinculan directamente al fondo al estar relacionados a la culpabilidad o inocencia del acusado. En ese contexto, el debate sobre la culpabilidad le corresponde al Tribunal de sentencia realizarlo en juicio oral y contradictorio, que se encarga del fondo de la causa, por lo tanto, en caso de disponer la realización del dictamen pericial, la imparcialidad de este Tribunal sí se encontraría comprometida. En consecuencia, se advierte que las autoridades judiciales demandadas de manera concisa y clara al rechazar la solicitud de pericia en los términos efectuados por el solicitante, explicaron con razones suficientes su determinación que se ha basado en criterios razonables, por lo que no vulneraron el derecho a la libertad ni al debido proceso del accionante, y por lo que corresponde, en consecuencia, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder parcialmente la tutela impetrada, no obro de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La línea jurisprudencial sobre el principio de informalismo que rige a la acción de libertad, desarrollada en diferentes tópicos, puede ser encontrada en la sistematización de la jurisprudencial 2012-2015, efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; disponible en: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/3954.

2 Rodríguez Rescia, Victor Manuel, El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Recuperado desde: http://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf

3 El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal.” 4El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al

9 El FJ III.1, indica: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0881_2025-S1.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 336014f85f17bc6824de50433d6d09dbacef02300469b6a2ed082fca72d0a5c8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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