B.IA.LEGAL

SCP 0881/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 11 de septiembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
11 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
49451-2022-99-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, denunció la lesión de su derecho al trabajo digno, remuneración justa e inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y acceso a la seguridad social; puesto que, la parte demandada, determinó su desvinculación del cargo de Jefe de Unidad de Promoción Económica de la Sub Alcaldía de Mallasa sin considerar que tiene bajo su dependencia a su hermana con discapacidad; y, pese a que la Dirección General del Servicio Civil instruyo mediante Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08, su restitución al cargo que ocupaba; le fue asignado otro puesto con nivel jerárquico y salarial menor. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR, la Resolución 147/2022 de 29 de junio, cursante de fs.243 a 248, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER provisionalmente la tutela impetrada; y por ende, se dispone que la parte demandada, dé cumplimiento integral a la Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08 de 14 de enero de 2022, restituyendo a la accionante en el cargo que ocupaba con anterioridad a su despido, u otro de similar rango y nivel salarial. 2º Se efectúe la cancelación; así como, el pago de salarios devengados y demás derechos que correspondan, en los términos dispuestos en la Instructiva de Reincorporación Laboral Prenombrada; completando además los saldos adeudados por los sueldos ilegalmente disminuidos a la impetrante de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral
  2. III.2. De la aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022
  3. III.3.Inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquellas que tienen a una bajo su dependencia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0881/2023-S4 Sucre, 11 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 49451-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 147/2022 de 29 de junio, cursante de fs. 243 a 248, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Libertad Amparo Céspedes Beque contra Hernán Iván Arias Duran, Honorable Alcalde Municipal y María Del Carmen Navarro Gorena, Sub Alcaldesa de Mallasa ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de mayo de 2022, cursantes de fs. 115 a 131 vta., la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Prestó servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz desde el 3 de agosto de 2017, ante la suscripción de una serie de contratos eventuales sucesivos, hasta el 14 de septiembre de 2020; posterior a ello, fue promovida al cargo de Jefe de Unidad II –Jefe de Unidad de Promoción Económica– de la Sub Alcaldía de Mallasa, desempeñando dichas funciones hasta el 14 de julio de 2021, fecha en la que fue desvinculada arbitrariamente mediante Memorándum D.G.RR.HH. 03881/2021, sin considerar su situación de tutora interina de su hermana con discapacidad del 88%, conforme se acredita del carnet de discapacidad 02-19811207GCB, otorgado por el Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, responsabilidad que fue aceptada de forma voluntaria el 12 de marzo de 2021; es decir, antes de su despido.

Ante la presentación de varias notas ante el Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, especificando lo referido precedentemente, que era de conocimiento de forma anterior a su desvinculación inclusive, se le manifestó que carecía de la documentación idónea a efectos del reconocimiento de inamovilidad funcionaria, como ser la Resolución Judicial de Tutoría. Ante la negativa de reincorporación solicitada ante el Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz; toda vez que, ya contaba con la referida documental; es decir, Resolución de Tutoría 598/2021 de 26 de agosto, emitida por el Juzgado Público de Familia Primero del departamento de La Paz; interpuso una acción de amparo constitucional alegando la vulneración de su derecho al trabajo, inamovilidad laboral, salario justo, derecho a la vida, al acceso a la salud y a la seguridad social; sin embargo, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en calidad de Sala de garantías, emitió la Resolución 242/2021 de 11 de noviembre, denegando la tutela impetrada, por considerar que la accionante no había cumplido con el principio de subsidiariedad; puesto que, a su criterio, no hubiera agotado la vía administrativa de impugnación. Seguidamente, solicitó al Director General de Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, analizara su situación, y de ser factible, conmine al Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz a su inmediata reincorporación, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan; instancia que emitió la Instructiva de Reincorporación MTPES/VESCyCOOP/DGSC 08 de 14 de enero de 2022; decisión contra la cual, la entidad Municipal referida planteó recurso de revocatoria; no obstante, lo determinado en primera instancia fue confirmado mediante la Resolución Administrativa (RA) 07 de 18 de marzo de 2022 en revocatorio. Pese a la orden de reincorporación señalada, la Sub Alcaldía de Mallasa del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz no cumplió la misma; “me ha citado recién a mediados del mes de abril de la presente gestión para ofrecerme como portero sereno en la Sub Alcaldía San Antonio con un nivel salarial de 3000 bolivianos” (sic), vulnerando lo dispuesto por la instancia administrativa citada supra; pese a ello, tampoco se le solicitó ningún documento para proceder a su contratación; y, “tampoco quieren atenderme en ninguna de las Unidades correspondientes del G.A.M.L.P. a efectos de que me hagan entrega de una respuesta formal con relación a mi solicitud de reincorporación” (sic). Finalmente refiere que debe tomarse en cuenta la escala salarial de la entidad Edil precitada correspondiente a las gestiones 2021 y 2022; puesto que, en la misma se evidencia que el cargo asignado a su persona no es considerado de libre nombramiento; toda vez que, esta categoría se encuentra plenamente identificada dentro de la misma.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo digno y a la remuneración justa como efecto del despido injustificado, a la inamovilidad laboral, a la vida, al acceso a la salud y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 2, 14.II, 15.I y II, 18.I y II, 45.I, 46.I númeral. 1), 70 númeral. 1), 72 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene; a) Su reincorporación de forma inmediata al mismo puesto de trabajo que ocupaba a momento de su retiro en el cargo de Jefe de Unidad II, Jefe de Unidad de Promoción Económica de la Sub Alcaldía de Mallasa del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, dando cumplimiento a lo determinado en la Instructiva de Reincorporación MTPES/VESCyCOOP/DGSC 08 de 14 de enero de 2022; y, b) El pago de los salarios devengados y demás derechos laborales y sociales correspondientes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 29 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 239 a 242 vta., presentes la solicitante de tutela asistida de su abogada; y, el representante legal de la parte demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de defensa y ampliando los mismos, en audiencia, señaló lo siguiente: 1) Si bien se le ofreció un contrato de trabajo, el sueldo es menor al que percibía antes de su desvinculación; el cual ni siquiera cubre los gastos que debe erogar en favor de los cuidados de su hermana con discapacidad; 2) No se tiene conocimiento sobre el planteamiento de un recurso jerárquico en contra de la Instructiva de Reincorporación antes nombrada emitida en su favor; y, 3) “se ha pedido ante el Ministerio de Trabajo se proceda a una revisión del cumplimiento de la Instructiva de Reincorporación y se ha emitido un informe indicando de que el Gobierno Municipal Autónomo Municipal no habría dado cumplimiento hasta la fecha a la Reincorporación en el mismo cargo que se ha determinado” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Hernán Iván Arias Duran, Honorable Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo de Nuestra Señora de La Paz, a través de su representante legal, mediante informe cursante de fs. 210 a fs. 215 vta., y en audiencia manifestó lo siguiente: i) La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz denegó la tutela impetrada por la accionante por subsidiaridad; dado que, la Dirección de Servicio Civil no pronunció ninguna resolución; y, ii) Tomando en cuenta que la RA 07 de 18 de marzo de 2022, confirmó la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08 de 14 de enero de 2022, interpuso recuso jerárquico ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; el cual, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no fue resuelto; iii) Al no contarse con el cargo de Jefe de Promoción Económica, se efectivizó el Contrato Eventual Para Personal No Permanente C-4025 de 23 de mayo, en favor de la solicitante de tutela, cuyo plazo de vigencia fue establecido del 23 de mayo al 31 de diciembre de 2022, como dependiente de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.), en el cargo de Asistente Administrativo (Eventual IV) con un salario mensual de Bs4 789.- (cuatro mil setecientos ochenta y nueve bolivianos); cumpliendo así, la orden de reincorporación; iv) No existe inamovilidad para cargos de libre nombramiento y de confianza, al enmarcarse estos casos, en lo dispuesto por el art. 1.II de la Ley 321 de 20 de diciembre de 2012; y, v) Respecto a la inamovilidad de la impetrante de tutela por discapacidad de su hermana; dicho trámite administrativo dio lugar al Informe DGRH-UBSSO 272/2018 de 25 de junio de 2021, que en sus conclusiones estableció que, solamente se hubiera presentado la demanda de aceptación de la tutoría provisional; es decir que, no adjuntó una Resolución ejecutoriada; aspecto que, no fue subsanado por la aludida, hasta después de su desvinculación laboral. María Del Carmen Navarro Gorena, Sub Alcaldesa de Mallasa del departamento de La Paz, no se hizo presente en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar y tampoco remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 135.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 147/2022 de 29 de junio, cursante de fs. 243 a 248, concedió en parte la tutela impetrada, exponiendo las siguientes consideraciones de orden jurídico legal: a) La accionante tiene bajo su dependencia a la hermana con capacidades diferentes; consecuentemente, el hecho de que hubiese presentado solamente la constancia de aceptación de tutoría provisional o que el trámite se encuentre inconcluso, no implica que se tenga que esperar la resolución de declaratoria de tutoría definitiva para que se produzca la solicitud de la protección de los derechos que se consideran vulnerados; y, b) Si bien no se reincorporó de inmediato a la impetrante de tutela a su puesto de trabajo una vez emitida la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08, no es menos cierto que al haber suscrito el Contrato de Trabajo de 23 de mayo de 2022, la solicitante de tutela se sometió a las cláusulas establecidas en el mismo, encontrándose a la fecha de emisión de la presente resolución, trabajando en la institución demandada; al ser evidente que la accionante se encontraba trabajando nuevamente, no correspondía pronunciarse sobre su reincorporación; sin embargo, respecto a la asignación del mismo cargo que tenía anteriormente, similar nivel salarial y sueldos devengados, se dispone el pago de estos últimos y demás derechos laborales y sociales que le correspondiesen, a partir de la emisión del Memorándum de Agradecimiento de Servicios D.G.RR.HH.03881/2021 de 14 de julio.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa carnet de discapacidad signada con el número 02-19811207GCB expedido por el Ministerio de Salud y Deportes, correspondiente a Gladys Alejandra Céspedes Beque –hermana de la hoy accionante–, estableciendo que tiene una deficiencia física y motora del 88%; señalando además que, en caso de emergencia comunicarse con Libertad Amparo Céspedes Beque – impetrante de tutela– (fs. 7). II.2. Por Memorándum D.G.RR.HH. 3576/2020 de 14 de septiembre, la Directora de Gestión de RR.HH del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, designó a la solicitante de tutela en el cargo de Jefe de Unidad II y Puesto de Trabajo de Jefe de Unidad de Promoción Económica (fs. 25). II.3. A través de Certificación DGRH - UBSSO 012/2021 de 15 de abril, el Jefe de Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ocupacional del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, expuso que la solicitante de tutela se encuentra incluida en la relación de tutores de personas con discapacidad de la entidad (fs. 45). II.4. A través de Memorándum D.G.RR.HH. 3881/2021 de 14 de julio, emitido por el Director de Gestión de RR.HH. de la entidad precitada, se dispuso prescindir de los servicios de la accionante, en forma simple y llana (fs. 30). II.5. Mediante Nota Of. D.G.R.H. 1247/2021 de 17 de agosto, la Dirección de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal antes referido, respondiendo a la solicitud de la demandante respecto a la inamovilidad laboral, y en consideración al Informe DGRH. AL. 0976/2021 de 10 de agosto, le hace saber que la documental acompañada a tal fin, no acredita la condición de tutora de su hermana por no adjuntarse la resolución judicial correspondiente; motivo por el que, no goza de inamovilidad laboral (fs. 56 a fs. 58). II.6. Por Resolución 598/2021 de 26 de agosto, el Juez Público de Familia Primero del departamento de La Paz, declaró la interdicción de Gladys Alejandra Céspedes Beque y designó como tutora definitiva de la misma, a Libertad Amparo Céspedes –impetrante de tutela- (fs. 37 a 39). II.8. Cursa Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08 de 14 de enero de 2022, emitida por la Dirección General de Servicio Civil, disponiendo el retorno de la solicitante de tutela a su fuente laboral (fs. 88 a fs. 93). II.9. A través de RA 07 de 18 de marzo de 2022, el Director General del Servicio Civil, emitida dentro del recurso de revocatoria en contra de la determinación de reincorporación de la accionante, planteada por la parte demandada, confirmó en todas sus partes la instructiva citada supra (fs. 98 a 103). II.10. Mediante memorial presentado el 6 de abril de 2022, ante la Dirección General del Servicio Civil, la parte demandada interpuso recurso jerárquico contra la RA 07, que a la fecha de interposición no habría sido resuelto (fs. 143 a 146). II.11. Cursa Contrato Eventual para Personal no Permanente de 23 de mayo de 2022, firmado entre el Director de Gestión de RR.HH del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz y la impetrante de tutela, estableciéndose que esta última fungirá como dependiente de la Dirección de Gestión de RR.HH, en el cargo de Asistente Administrativo (Eventual IV) con un salario mensual de Bs4 789.- (cuatro mil setecientos ochenta y nueve bolivianos) (fs. 164).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, denunció la lesión de su derecho al trabajo digno, remuneración justa e inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y acceso a la seguridad social; puesto que, la parte demandada, determinó su desvinculación del cargo de Jefe de Unidad de Promoción Económica de la Sub Alcaldía de Mallasa sin considerar que tiene bajo su dependencia a su hermana con discapacidad; y, pese a que la Dirección General del Servicio Civil instruyo mediante Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08, su restitución al cargo que ocupaba; le fue asignado otro puesto con nivel jerárquico y salarial menor. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral

Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores; así como, su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales – administrativos o judiciales–, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi. En este marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010 al DS 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento al a conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo; siendo que, la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria. No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la RM 868/10. Es con base a dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo; ya que, desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo; siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional. Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo un mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. En este contexto la indicada RDC 0001/2021, estableció lo siguiente: “1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir: i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional –abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador. iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria citada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. 2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero”. Entendimientos estos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 de la CPE, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.

III.2. De la aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022

El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3). En armonía con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la L1468, como “a) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación”, determina que una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, determinándose: “I. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; o, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia. II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajador”. Por su parte, el art. 14 de la referida Ley, prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente: “I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión. II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución.

III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimada. IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes. VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley. VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia. VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley”. Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que: “I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.

II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales. III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador. IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo. V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador. VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba preconstituida. VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar. VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles. IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad. X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”, previéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común”. En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera, establece: “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación”, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. Finalmente, la Ley 1468 en comento, mediante las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, abrogó el DS 0495 y derogó los Parágrafos III, IV y V del Artículo 10 y el Artículo 13 del DS 28699. Ahora bien, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual, las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden ser impugnadas, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral, pudiendo además y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción, siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional. No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia 30 días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación” (sic.). En este contexto y a la luz de los principios protector, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699; así como los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer que la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de seis meses previsto en el art. 55 del CPCo, deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la RDC 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede. Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, ante las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinente.

III.3.Inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquellas que tienen a una bajo su dependencia

La CPE en su art. 14.II, prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

En cuando se refiere al grupo humano constituido por personas con discapacidad, que significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social; entendiéndose que precisan de atención médica especializada; de ese modo, las personas que se encuentran disminuidas en sus capacidades se encuentran en estado de vulnerabilidad y por ende, son sujetas de atención especial y de protección preferente por parte del Estado.

Así el art. 70 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona con discapacidad tiene derecho a ser protegida por el Estado y su familia; a acceder a una educación y salud integral gratuita; a la comunicación en un leguaje alternativo; al trabajo en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades y con una remuneración justa que le asegure una vida digna; y, al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Esta previsión constitucional se ajusta a las normas internacionales de protección a las personas con discapacidad que buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con capacidades diferentes, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable; previsiones normativas que han sido analizadas y sistematizadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0447/2014 de 25 de febrero, entre ellas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la OEA el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalan como obligaciones del Estado, de conformidad con las condiciones, prácticas y posibilidades nacionales, aplicar y revisar periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas discapacitadas con la finalidad de asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas discapacitadas; y, a promover oportunidades de empleo para las personas discapacitadas en el mercado regular del empleo, sobre la base de la igualdad de oportunidades y de trato con los trabajadores en general.

A efecto de materializar los postulados constitucionales y convencionales previamente glosados, la Ley de la Persona con Discapacidad –Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995– (L1678), estableció los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, quedando a partir de la promulgación de la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, Ley General Para Personas con Discapacidad, vigente únicamente la parte relativa a los derechos para las personas con discapacidad, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cargas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado; en ese contexto, el art. 6.h) de la citada Ley 1678, reconoce el derecho al trabajo remunerado.

En ese contexto, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 –Ley General para Personas con Discapacidad–, con el objeto de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral en todo el territorio del Estado Plurinacional y de cumplimiento obligatorio por todos los Órganos del Estado, así como por las instituciones públicas, privadas, cooperativas y/o de economía mixta, conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la misma Ley anotada.

En cuanto al derecho al empleo, trabajo digno y permanente, el art. 13 de la Ley anotada, dispone que: “El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades”.

Siendo taxativo el art. 34 de la misma Ley citada, en cuanto a la inamovilidad laboral de los mismos y personas cercanas a estas, al señalar que: “II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad” (las negrillas son nuestras).

De otro lado, la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017 –Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad–, tiene por objeto, entre otros, “establecer la inserción laboral en los sectores público y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave”, en su art. 2.V, dispone que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación”¸ entendiéndose que en la última posibilidad, no es aplicable el límite de edad.

Cabe aclarar que, el art. 5 inc. c) de la Ley 223 define a la persona con discapacidad, como “aquella persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”; condiciones descritas que impiden su desenvolvimiento de forma independiente en los distintos ámbitos de la sociedad para la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda y salud, en igualdad de condición que las demás personas, lo que justifica precisamente los criterios reforzados de protección de sus derechos, no solo por parte del Estado sino también por su familia, conforme a lo dispuesto en el art. 70.1 de la CPE, debido a que, en la mayoría de los casos, requieren el acceso a centros médicos especializados o la adquisición de insumos (instrumentos, prótesis, medicamentos, etc.) que posibiliten su desenvolvimiento pleno en condiciones dignas, con los que no cuentan los seguros obligatorios a corto plazo para los asegurados o beneficiarios.

Corresponde ahora referirse a la SCP 0049/2019-S1 de 3 de abril, en la que se expresa que la inamovilidad laboral admite excepciones en función al tipo de servidor público del que se trate; y así, considera que tal garantía no es transversal en el ámbito administrativo, pues puede verse limitado cuando se trata de servidores públicos de libre nombramiento que son reclutados sin procesos previos sino de manera directa por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico, que precisamente por las característica de confianza y especialidad, no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea esta producto de embarazo o de discapacidad, entendiéndose que las funciones que desempeñan tales funcionarios de libre nombramiento, son temporales y provisionales.

No obstante lo anterior, bajo un criterio armonizador de la normativa legal y constitucional antes descrita y en observancia de los principios y valores supremos glosados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, entre ellos el de “igualdad”, que a decir de la Declaración Constitucional 0002/2001 de 8 de mayo “…exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan”, que aplicado en la máxima o fórmula clásica, puede sintetizarse como “el deber de tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”; y el de “inclusión”, que de acuerdo a lo señalado en el art. 4 inc. c) de la Ley 223 –Ley General para Personas con Discapacidad–, por el cual se entiende que “todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de oportunidades”, en los diferentes ámbitos; permiten establecer que el derecho y garantía a la inamovilidad laboral de los servidores públicos que se encuentran en cargos de libre nombramiento y que cuenten con capacidades diferentes o sean cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con capacidades diferentes, previsto en los arts. 34.I de la Ley 223 y 2.V de la Ley 977, debe ser aplicado en el marco de lo dispuesto en los arts. 233 con relación al 70 inc. 1) y 71.II, todos de la CPE.

Así, si bien de acuerdo a lo dispuesto en el art. 233 de la CPE, los funcionarios de libre nombramiento, entre otros, no tienen derecho a la carrera administrativa y con ello a la estabilidad laboral, tomando en cuenta el nivel del cargo que ocupan y la forma de su designación o nombramiento, quienes pueden ser removidos o inclusive desvinculados de la función pública sin mayor exigencia de justificación por las autoridades que las nombraron, tomando en cuenta que responden a su confianza; dicha regla no es absoluta en tratándose de servidores públicos que ocupan puestos de libre nombramiento y que cuenten con capacidades diferentes o sean cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con capacidades diferentes, debidamente acreditadas, ello debido al derecho de protección reforzada del que gozan las mismas en cuanto a su derecho y garantía a la inamovilidad laboral, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo, de modo que, en esta situación, la entidad pública contratante no puede disponer su retiro o desvinculación de la entidad por el solo hecho de ocupar el cargo de libre nombramiento, estando facultada solo a disponer la remoción o reubicación del mismo a un puesto de carrera en la misma entidad, empezando por el máximo nivel existente, claro que, siempre que se cumpla con el perfil requerido por la norma interna, respetando en todo momento su derecho al trabajo y a la dignidad, entendimiento que permitirá al Estado cumplir su deber de protección y garantía de los derechos de la persona vulnerable, siendo ya una decisión del servidor público removido el aceptar o rechazar tal determinación.

Un razonamiento distinto, ya sea aplicando solo lo dispuesto en el art. 233 de la CPE, dejando en libertad a la entidad pública para desvincular laboralmente a las indicadas personas, sin mayor justificativo, por el solo hecho de estar en un cargo de libre nombramiento, además de dejar desprotegidas a las indicadas personas y de incumplir el Estado su deber de respeto y protección de sus derechos fundamentales, constituiría una supresión total del derecho a la inamovilidad laboral; por otra parte, si se aplica únicamente lo dispuesto en los arts. 34.I de la Ley 223 y 2.V de la Ley 977, de modo cerrado sobre la inamovilidad laboral de las indicadas personas en un puesto de libre nombramiento, es evidente que contrariaría lo estatuido en el art. 233 de la Norma Suprema, desconociendo que dichos puestos constituyen cargos de confianza de autoridades electas o designadas por estas, por lo tanto, de designación directa. Ahora bien, siendo que la protección que brinda el Estado a las personas con discapacidad, garantiza la inamovilidad laboral de los progenitores o de aquellas personas que tengan a su cargo una persona con discapacidad, en caso de que tal garantía sea vulnerada por un despido injustificado; vale decir, aquel que no obedezca al resultado de un proceso administrativo, el trabajador afectado, por la naturaleza de la protección inmediata de la acción de amparo constitucional puede acudir en forma directa a la misma o en su caso, solicitar su reincorporación a través de las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En la misma línea, como se ha señalado anteriormente, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0540/2021 de 14 de septiembre, al analizar el caso de los servidores públicos que gozan de inamovilidad laboral debida a su condición de padres progenitores, ha considerado que resulta legalmente posible que la Dirección del Servicio Civil, emita instructivas de reincorporación de los mismos, entendimiento que puede hacerse extensivo a los progenitores o tutores de personas con discapacidad que gozan igualmente, de inamovilidad laboral debida a la protección reforzada que brinda el Estado a los discapacitados como grupo vulnerable. Ello sin embargo, sin perjuicio de que la afectada o afectado interponga las acciones constitucionales que correspondan.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante, denunció la lesión de su derecho al trabajo digno, remuneración justa e inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y acceso a la seguridad social; puesto que, la parte demandada, determinó su desvinculación del cargo de Jefe de Unidad de Promoción Económica de la Sub Alcaldía de Mallasa sin considerar que tiene bajo su dependencia a su hermana con discapacidad; y, pese a que la Dirección General del Servicio Civil instruyo mediante Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08, su reincorporación al cargo que ocupaba; le fue asignado otro puesto con nivel jerárquico y salarial menor.

III.4.1. Cuestión previa de admisibilidad

Previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, corresponde pronunciarse respecto a la interposición de una acción de amparo constitucional anterior planteada por la impetrante de tutela en contra del codemandado; en el que, se alegó la vulneración de los mismos derechos descritos en la presente acción de defensa; en razón de la determinación de su desvinculación laboral; el cual, fue resuelto por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 242/2021 de 11 de noviembre, denegando la tutela impetrada, bajo el argumento de que la solicitante de tutela incumplió el principio de subsidiariedad al no haber agotado la vía administrativa de impugnación, previo a activar el presente mecanismo de defensa; determinación que se encuentra en revisión en este Tribunal (expediente 45301-2022-91-AAC). En ese marco, este Tribunal estima por conveniente, ingresar al análisis de fondo de lo demandado en la presente acción tutelar no obstante lo señalado en el párrafo anterior; habida cuenta que, en la presente acción tutelar, se solicita el cumplimiento íntegro de la Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08, que no fue motivo de análisis en la anterior acción planteada; puesto que, su emisión fue posterior a lo resuelto en la misma; constituyéndose en un objeto distinto que viabiliza su examen; considerando además, que la accionante pertenece a un grupo de protección reforzada dada su condición de tutora de una persona con discapacidad. Por lo que, a continuación corresponde ingresar al análisis de fondo de lo demandado.

III.4.2 Respecto al incumplimiento de la Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08 de 14 de enero, emitida por la Dirección General de Servicio

Civil

De los antecedentes anotados, se tiene que la impetrante de tutela es tutora de su hermana Gladys Alejandra Céspedes Beque, quien cuenta con carnet de discapacidad 02-19811207GCB, emitido por el Ministerio de Salud y Deportes; puesto que, padece una discapacidad motora del 88%. Se tiene también que la solicitante de tutela prestó servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz; siendo el último antecedente de prestación de servicios, el Memorándum D.G.RR.HH. 03576/2020 de 14 de septiembre; por el cual, asumió el cargo de Jefe de Unidad II -Jefe de Unidad de Promoción Económica-dependiente de la Unidad de Gestión Social y Promoción Económica de Mallasa; posteriormente, por Memorándum D.G.RR.HH. 01429/2021 de 4 de enero, fue ratificada en su cargo, hasta que se prescindió de sus servicios por Memorándum D.G.RR.HH. 03881/2021 de 14 de julio, pese a tener la condición de Tutora Interina de su hermana, tal y como consta por Certificación DGRH -UBSSO 012/2021 de 15 de abril emitida por el Jefe de Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ocupacional del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz; y aun, a la posterior acreditación de su condición de Tutora Definitiva declarada por Resolución 598/2021 de 26 de agosto, emitida por el Juez Público de Familia Primero del departamento de La Paz, con la que requirió su reincorporación, esta le fue negada. Habiendo recurrido ante la Dirección General de Servicio Civil, dicha instancia emitió en favor de la accionante, la Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08, disponiendo su reincorporación a su fuente laboral, al mismo cargo que ejercía cuando fue apartada de la institución o, a un cargo de similar nivel, y con idéntico salario.

La parte demandada interpuso recurso de revocatoria en contra de la determinación de reincorporación de la impetrante de tutela; empero, el Director General del Servicio Civil, a través de la RA 07, confirmó en todas sus partes la instructiva citada supra; consecuentemente, mediante memorial presentado el 6 de abril de 2022, ante la Dirección señalada, fue interpuesto recurso jerárquico que a la fecha no hubiera sido resuelto.

Finalmente, mediante Contrato Eventual para Personal no Permanente de 23 de mayo de 2022, firmado entre el Director de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz y la solicitante de tutela, se estableció que esta última funge como dependiente de la Dirección de Gestión de RR.HH., en el cargo de Asistente Administrativo (Eventual IV) con un salario mensual de Bs4 789.-.

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales; la cual, establece que con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo; por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no, y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional. La indicada protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas; sino, en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida. En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral, el cual está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la CPE, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Norma Suprema, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. En el contexto anterior, siendo que la protección que brinda el Estado a las personas con discapacidad, garantiza la inamovilidad laboral de los progenitores o de aquellas personas que tengan a su cargo una persona con discapacidad, en caso de que tal garantía sea vulnerada por un despido injustificado; vale decir, aquel que no obedezca al resultado de un proceso administrativo, el trabajador afectado, por la naturaleza de la protección inmediata de la acción de amparo constitucional puede acudir en forma directa a la misma o en su caso, solicitar su reincorporación a través de las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En la misma línea, como se expuso en el Fundamento Jurídico III.3, al analizar el caso de los servidores públicos que gozan de inamovilidad laboral debida a su condición de padres progenitores, ha considerado que resulta legalmente posible que la Dirección del Servicio Civil, emita instructivas de reincorporación de los mismos, entendimiento que se hace extensivo a los progenitores o tutores de personas con discapacidad que gozan igualmente, de inamovilidad laboral debida a la protección reforzada que brinda el Estado a los discapacitados como grupo vulnerable. Ello sin embargo, sin perjuicio de que la afectada o afectado interponga las acciones constitucionales que correspondan. Consecuentemente, las conminatorias de reincorporación, emitidas tanto por las Jefaturas Departamentales de Trabajo para los trabajadores que gozan de la protección de la Ley General del Trabajo o por la Dirección del Servicio Civil para los servidores públicos, deben ser cumplidas indefectiblemente y en su integralidad, lo que no ocurrió en el presente caso, cuando la autoridad demandada no reincorporó a la accionante a su puesto de trabajo, de conformidad a lo dispuesto en la ya mencionada Instructiva de Reincorporación de 14 de enero de 2022, originando que concurra a suscribir el Contrato de Trabajo de 23 de mayo del señalado año, imponiendo condiciones laborales diferentes a las que desempeñaba anteriormente, en desmedro de sus condiciones salariales; ya que, como dependiente de la Dirección de Gestión de RR.HH., en el cargo de Asistente Administrativo (Eventual IV), percibe un salario mensual de Bs.4 789.-; en tanto que, de conformidad a la Escala Salarial 2021-2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz (fs. 114), el cargo de Jefe de Unidad II, corresponde a un mando medio y tiene como haber básico el monto de Bs10 992.-, por tanto, el nivel salarial es mayor al anterior; así como, su nivel jerárquico.

Lo relacionado precedentemente, implica que la entidad demandada no cumplió en forma integral la Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08 de 14 de enero de 2022, que dispuso la reincorporación laboral de la impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba a tiempo de su despido, u otro de similar nivel y salario; vulnerando los derechos denunciados por la solicitante de tutela; por lo que, en base a los fundamentos expuestos en el presente fallo Constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada. Resulta necesario hacer notar a la Sala Constitucional que a partir de la vigencia de la RDC 001/2021 glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo Constitucional, el cumplimiento de la Instructiva emitida es integral; motivo por el cual, además de la reincorporación, debe disponerse el pago de sueldos y salarios devengados, incluyendo las nivelaciones salariales, por el sueldo disminuido a la accionante y otros derechos sociales que correspondan, como si nunca se hubiera producido la ruptura laboral, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos. En cuanto a que se encontrare pendiente la resolución del recurso jerárquico planteado por el empleador, no resulta óbice para el incumplimiento de la instructiva emitida por el Servicio Civil; dado que, la presente decisión tiene carácter provisional hasta que el recurso interpuesto se resuelva en otras vías, y es de cumplimiento inmediato. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, efectuó un análisis incorrecto de la causa.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR, la Resolución 147/2022 de 29 de junio, cursante de fs.243 a 248, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER provisionalmente la tutela impetrada; y por ende, se dispone que la parte demandada, dé cumplimiento integral a la Instructiva de Reincorporación Laboral MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 08 de 14 de enero de 2022, restituyendo a la accionante en el cargo que ocupaba con anterioridad a su despido, u otro de similar rango y nivel salarial. 2º Se efectúe la cancelación; así como, el pago de salarios devengados y demás derechos que correspondan, en los términos dispuestos en la Instructiva de Reincorporación Laboral Prenombrada; completando además los saldos adeudados por los sueldos ilegalmente disminuidos a la impetrante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Notas al pie

1 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0881_2023-S4.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 67c9c60cd7ccd4313849cfa7fa85a8abd76924a975f2537c1338c2df83ca12e8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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