B.IA.LEGAL

SCP 0880/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53808-2023-108-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, al estar detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, interpuso un incidente de aprehensión ilegal, que fue declarado infundado a través de Auto Interlocutorio 241/2021 de 17 de abril emitida por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; razón por la que, recurrió en apelación incidental a dicha determinación, señalándose audiencia virtual para la resolución del señalado recurso el 10 de enero de 2023 a horas 13:30; una vez instalada la audiencia virtual, su abogado consultó al Secretario de la Sala si se había notificado al impetrante de tutela, puesto que se encontraba detenido preventivamente, señalando el funcionario de apoyo judicial aguardar cinco minutos en sala; sin embargo, el Vocal accionado, instaló la audiencia manifestando que las partes no se encontraban presentes, declarando la perención de la fundamentación del recurso de apelación y en consecuencia su improcedencia, vulnerando de esa manera su derecho a la libertad y al debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia en Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto Henry David Sánchez Camacho, Vocal; y, José Andrés Escobar Lecoña, Secretario, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

2º Disponer se deje sin efecto el Auto de Vista 13/2023 de 10 de enero, y la audiencia virtual de apelación incidental de la misma fecha; y en consecuencia, se señale día y hora de nueva audiencia de consideración de la apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro horas, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya cambiado por el transcurso del tiempo, con la aclaración que no se dispone la libertad del impetrante de tutela y no se analiza el fondo de la apelación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso
  3. III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0880/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53808-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Brayan Omar Tito Condori contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal; y, José Andrés Escobar Lecoña, Secretario, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de enero de 2023, cursante de fs. 7 a 11 vta., el accionante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, mediante “Resolución 242/2021 de 17 de abril”, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva por el lapso de cinco meses en el Centro Penitenciario de Qalahuma del mismo departamento; empero, previo seguimiento de trámites de rigor, se le hizo el traslado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Al encontrarse detenido preventivamente, interpuso incidente sobre su aprehensión ilegal, que fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 241/2021 de 17 de abril emitido por el Juez antes mencionado, donde se declaró infundado el mismo; contra dicha determinación interpuso apelación incidental, señalándose audiencia virtual para el 10 de enero de 2023; día en el que su abogado ingresó a la plataforma virtual, donde hizo notar al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, que su defendido se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y si este hubiese sido notificado para asistir a la audiencia; sin embargo, dicho funcionario de apoyo judicial indicó que esté a la espera de cinco minutos sin dar ninguna otra explicación, pasado el tiempo señalado, el Vocal demandado instaló la audiencia de apelación incidental, señalando que las partes no se encontraban presentes en la plataforma virtual y que en aplicación del art. 50 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso la conclusión de la audiencia, concluyendo la sesión de la sala virtual, sin permitirle alegar la falta de notificación de su persona y la mención que se encontraba privado de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El inmediato desarrollo de la audiencia de apelación incidental, sea dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, a objeto de resolver el incidente de aprehensión ilegal; y, b) Establecer la responsabilidad civil, penal y administrativa de los demandados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 19 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 24 a 25, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) Una vez instalada la audiencia virtual para la resolución de la apelación incidental, la autoridad demandada, manifestó que al no estar presente el imputado, “se aplica el Art. 50 del reglamento de audiencias virtuales” (sic); y 2) No le permitió explicar a su abogado, que el imputado -ahora accionante-, no tenía conocimiento del señalamiento de audiencia, siendo esa la razón de su ausencia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 20 a 23 vta., manifestó: a) En audiencia virtual de apelación incidental, el accionante no se encontraba conectado al Sistema Cisco Webex, pese a su legal notificación, y sin justificativo alguno de su incomparecencia; por lo que, su negligencia no puede ser atribuible a las autoridades demandadas; b) El imputado tenía la obligación de estar conectado en audiencia quince minutos antes de la hora señalada conforme al Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, tampoco justificó su inasistencia de manera objetiva o documental, extremos que generaron la falta de argumentación o agravios para ser considerados y corroborados; además de estar vigente la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, que modifica el CPP estableciendo la creación del Reglamento “N° 19/2019 Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinaria en Audiencia en Materia Penal” (sic) y ante la ausencia de los recurrentes se aplicó el art. 49.III de la citada norma legal, que establece expresamente que ante la inasistencia de la parte apelante, se considera su abandono y renuncia tácita al recurso de apelación; c) Por los fundamentos anteriores, el Tribunal de alzada pretendió no vulnerar el principio de celeridad, y menos ingresar en retardación de justicia, al suspender audiencias sin justificación alguna, más aun considerando el plazo previsto por el art. 406 del CPP modificado por la Ley 1173; d) La parte accionante en ninguna parte de su acción de libertad, destruye los fundamentos del Auto de Vista 13/2023 de 10 de enero, por lo que estaría de acuerdo con lo dispuesto, y que sólo se limitó a solicitar el desarrollo de la audiencia; y, e) Que el abogado del impetrante de tutela al no entender los fundamentos del Auto de Vista apelado, tenía la obligación de solicitar explicación, complementación y enmienda. José Andrés Escobar Lecoña, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 16.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías por, Resolución 06/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 26 a 28 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Que mediante Auto de Vista 13/2023, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la perención de su derecho a fundamentar y la consiguiente inadmisibilidad del recurso de apelación incidental del impetrante de tutela, al respecto no se acreditó que el accionante no hubiera sido legalmente notificado para dicha audiencia o en su caso del encargado del Centro Penitenciario donde se encontraba privado de libertad, ni mucho menos que dicho extremo haya sido reclamado por su abogado antes de que la autoridad demanda emita la Resolución mencionada; 2) Si bien el Auto Interlocutorio 241/2021, objeto de la apelación declara infundado el incidente de aprehensión ilegal planteado por el accionante; empero, la detención preventiva del impetrante de tutela fue dispuesta mediante Resolución “242/2021 de 17 de abril” emitida por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, determinación que no es objeto de esta acción de libertad; y, 3) La presente causa, se encontraba radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, en la etapa del juicio oral; por lo que, fue procesado conforme a ley, no siendo evidente que las autoridades demandadas le hubieren vulnerado el derecho al debido proceso y a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Brayan Omar Tito Condori -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de asesinato, consta Auto Interlocutorio 241/2021 de 17 de abril, emitida por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, que resuelve declarar infundado el incidente de aprehensión ilegal planteado por el impetrante de tutela contra funcionarios policiales o el Ministerio Público; de igual manera, en el mismo fallo consta la interposición de recurso de apelación por parte del abogado del impetrante de tutela (fs. 3 a 5). II.2. Cursa Auto de Vista 13/2023 de 10 de enero, emitida por los Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como pronunciamiento al recurso de apelación deducido por el accionante, el cual establece dentro de su contenido que, la parte apelante, no se hizo presente en la audiencia virtual de la resolución de apelación pese a su legal notificación que cursa en obrados, manifestando que el tribunal de alzada cumplió con la obligación de notificar legalmente a las partes procesales y garantizar la presencia del ahora accionante; sin embargo, al no hacerse presente el imputado ni su abogado para fundamentar oralmente los agravios dentro del recurso de apelación planteado, se declaró la perención de su derecho a fundamentar y en consecuencia la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela (fs. 17 a 18 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, al estar detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, interpuso un incidente de aprehensión ilegal, que fue declarado infundado a través de Auto Interlocutorio 241/2021 de 17 de abril emitida por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; razón por la que, recurrió en apelación incidental a dicha determinación, señalándose audiencia virtual para la resolución del señalado recurso el 10 de enero de 2023 a horas 13:30; una vez instalada la audiencia virtual, su abogado consultó al Secretario de la Sala si se había notificado al impetrante de tutela, puesto que se encontraba detenido preventivamente, señalando el funcionario de apoyo judicial aguardar cinco minutos en sala; sin embargo, el Vocal accionado, instaló la audiencia manifestando que las partes no se encontraban presentes, declarando la perención de la fundamentación del recurso de apelación y en consecuencia su improcedencia, vulnerando de esa manera su derecho a la libertad y al debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 0691/2001-R de 9 de julio que la define señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril, establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción.

Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales.

Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló sub reglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo que se desarrollaran a continuación: i) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; ii) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; iii) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; iv) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las 7El FJ III.2, establece que: “…empero, ante una evidente y manifiesta vulneración del derecho a la libertad, de personas que no son naturales de nuestro país, como en el caso presente, y demostrado como está que el recurrente es extranjero habiendo acreditado ser ciudadano de la República del Congo, o en su defecto tratándose también de indígenas, quienes no tienen conocimiento del derecho positivo, ni de los medios para acceder a una buena defensa, se hace imperioso se otorgue la protección que brinda el recurso de hábeas corpus, por cuanto la formalidad observada no puede ser exigible a quienes se encuentran en una situación desventajosa, entendimiento que viene a constituir otra subregla, a la excepción de la legitimación pasiva, y que debe aplicarse en el caso presente, en el cual la demanda debió dirigirse contra la autoridad jurisdiccional, y no obstante esta omisión se debe declarar la procedencia del recurso, sin responsabilidad para la autoridad erróneamente recurrida, quien es representante del Ministerio Público, órgano distinto y de funciones diferentes a la autoridad jurisdiccional como es la Jueza Segunda de Instrucción Mixta cautelar de Villa Tunari”. 8El FJ III.3, precisa que: “La obligación de demandar a todos los miembros de un tribunal colegiado no es exigible en materia de hábeas corpus, sino únicamente en el recurso de amparo constitucional, que tiene naturaleza distinta al recurso planteado, por lo mismo no es de aplicación a éste, pues la Ley del Tribunal Constitucional como la doctrina constitucional emitida por esta jurisdicción ha eximido a la persona que recurra en hábeas corpus del cumplimiento de ciertos formalismos atendiendo la esencia del mismo y los fines que persigue; por consiguiente, la omisión del recurrente de plantear el hábeas corpus contra todos los integrantes del Tribunal Cuarto de Sentencia, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo del recurso, salvo que exista alguna otra omisión de parte del recurrente que haga imposible realizarla. Así, la SC 0360/2005-R, de 12 de abril; sin embargo, ello determina que bajo el principio general de que las concurrencias de un fallo judicial sólo alcanza a quienes participaran en la litis; en caso de procedencia, no se puede declarar responsables a las autoridades que no fueron demandadas”. 9El FJ III.1, señala que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe señalar que en el recurso de hábeas corpus no es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, lo que significa que la omisión en recurrir a todas las autoridades que incurrieron en la persecución, aprehensión, detención, apresamiento o procesamiento indebidos o ilegales, no impide a este Tribunal ingresar a realizar el análisis de fondo de la lesión denunciada, por lo mismo no corresponde un rechazo inmediato ante la presentación del recurso, sino estudiar las pruebas aportadas por la parte recurrente y resolver la problemática declarándola procedente o improcedente”. 10El FJ III.3.1, manifiesta que: “Por lo señalado, prima facie, debe establecerse que en mérito a la organización del Estado, el orden constitucional y el bloque de legalidad imperante, disciplinan para los diferentes órganos públicos, competencias, atribuciones y potestades públicas que deberán ser ejercidas por los servidores públicos, por lo que en virtud al ejercicio de estos roles, todos los actos u omisiones lesivas a derechos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, no implican afectaciones a derechos realizadas en ejercicio personal, en consecuencia, la identificación exigida por el art. 77.2 de la LTCP, tiene la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y la equidad de la parte demandada, pero en el caso de servidores públicos, la defensa que debe ser garantizada para la parte demandada, no es personal, sino como autoridades que responden a una potestad pública determinada, por tanto, la cesantía de servidores públicos que hayan originado el acto u omisión indebida, no implicará incumplimiento en etapa de admisibilidad de la exigencia plasmada en el art. 77.2 de acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; v) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; vi) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, vii) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la LTCP cuando no se identifique el nombre de la nueva autoridad en ejercicio de una determinada función pública, en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales; asimismo, para cumplir con la teleología del art. 77.2 de la LTCP, se tendrá por cumplido este presupuesto, cuando además se precise el domicilio asignado para el ejercicio de dicha función pública”. 11El FJ III.1, indica que: “Por consiguiente, no sería correcto sostener que la reparación de los actos lesivos denunciados por el accionante, sean reclamados ante una autoridad judicial que perdió competencia por inhibitoria; más aún cuando existe una autoridad judicial que ejerce plena competencia actual sobre la causa y con suficiente legitimación pasiva para conocer, sustanciar y resolver los recursos ordinarios que correspondan en derecho. En este sentido, no es posible sustentar la falta de legitimación pasiva de la autoridad accionada como causa para neutralizar la presente acción tutelar”. 12El FJ III.5, expresa que: “…se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa.

En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal”. 13El FJ III.2, establece que: “Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden contra particulares.

En ese ámbito debe precisarse que si se opta por la vía constitucional los accionantes deberán presentar la acción idónea para la defensa de sus derechos o garantías, atendiendo al ámbito de protección de cada acción; aclarándose además que, frente a vías de hecho de particulares; es decir, acciones que no tienen ningún respaldo en el derecho -sea del sistema ordinario o indígena originario campesino-, que se encuentren debidamente acreditas y se originen en una situación de desventaja del accionante respecto al demandado, con un claro abuso de poder, no corresponde denegar la tutela solicitada por subsidiariedad, en virtud, precisamente, a la ilegitimidad de dichos actos que no tienen ningún respaldo legal y menos constitucional”. 14El FJ III.5.1, precisa que: “Es pertinente aclarar que el Director de un Hospital, sea privado o público, tiene el deber de verificar que en la Institución a su cargo no se susciten situaciones irregulares, restrictivas de los derechos de sus pacientes, la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras. (las negrillas son nuestras)

III.2. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso

Sobre el particular, el art. 119.II de la CPE señala que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. Por su parte, la SCP 0647/2012 de 2 de agosto, estableció que: “…constituye una ‘potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ (SC 1534/2003-R). El derecho a la defensa, a su vez, comprende diferentes derechos; entre ellos el de ser asistido por un abogado, que se encuentra previsto en el art. 9 del CPP, el derecho a la defensa material, consagrado en el art. 8 del mismo cuerpo legal, el derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa (art. 340 del CPP), EL derecho a una comunicación privada con su abogado defensor (art. 84 del CPP), el derecho a que el Estado le otorgue un defensor cuando el imputado careciere de medios o no nombrare un defensor particular (art. 9 in fine del CPP), el derecho a acceder a las pruebas de cargo e impugnarlas y derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes (art. 121 de la CPE). Finalmente, dentro del derecho a la defensa, también se encuentra el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete” (negrillas añadidas). Por su parte, la SCP 0480/2019-S2 de 9 de julio, sostuvo que: “El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues, por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra parte, es la garantía que hace operativas a todas las demás;

por ello la inviolabilidad del derecho a la defensa, es la garantía fundamental con que cuenta el procesado, que se encuentra prevista en el art. 119.II de la CPE, que señala: ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios’. El derecho a la defensa tiene dos dimensiones; por una parte el derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y el derecho a la defensa material que se concreta en ‘el derecho a ser oído’ o ‘derecho a declarar en el proceso’. El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material que reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal, y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre; criterio jurisprudencial que es confirmado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, establece que el derecho a la defensa comprende el derecho a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia, entendimiento que fue confirmado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo” (el resaltado es nuestro).

III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial.

La siguiente Sistematización fue extraída de la SCP 0154/2019-S2 de 24 de abril, entre otras.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente 16El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, al estar detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa que fue declarado infundado a través del Auto Interlocutorio 241/2021 de 17 de abril, emitida por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; motivo por el cual, apeló dicha determinación, señalándose audiencia virtual para su resolución el 10 de enero de 2023; una vez instalada la audiencia virtual, su abogado consultó al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, si se le había notificado a su defendido, puesto que se encontraba detenido preventivamente; en respuesta, el funcionario de apoyo judicial se limitó a indicarle que estén a la espera de cinco minutos; sin embargo, de manera sorpresiva se instaló la audiencia en la que señaló que las partes no se encontraban presentes, consecuencia de ello se declaró la perención de la fundamentación del recurso de apelación y su improcedencia. De las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, el impetrante de tutela, al estar detenido preventivamente a raíz del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, interpuso un incidente de aprehensión ilegal, que fue resuelto por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, quien a través del Auto de Interlocutorio 241/2021 de 17 de abril, declaró infundado el referido incidente; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1). Emergente del referido recurso, el 10 de enero de 2023 se desarrolló la audiencia virtual a objeto de resolver la apelación incidental por el Vocal demandado donde se emitió Auto de Vista 13/2023 de 10 de enero que tras la inasistencia del impetrante de tutela y la de su abogado se resolvió declarar la perención de su derecho a fundamentar y en consecuencia determinar la inadmisibilidad de su recurso de apelación incidental (Conclusión II.2).

Al respecto, el art. 403.II del CPP establece que el recurso de apelación incidental procede en contra de las resoluciones que resuelven excepciones e incidentes y su tramitación está regulada por el art. 113 del referido Código, que en su numeral segundo si bien establece que la autoridad jurisdiccional en ningún caso podrá suspender las audiencias bajo su responsabilidad, pues la misma deberá hacer uso de su poder ordenador y disciplinario, y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes; en atención a ello, debe señalarse que el Vocal demandado más allá de verificar la notificación efectiva de las partes; en este caso al accionante, en su condición de director del proceso y primer garante de derechos fundamentales, tiene la obligación de garantizar la presencia de quienes se encuentran detenidos preventivamente en las audiencias programadas; toda vez que, al estar detenido preventivamente en un centro penitenciario es necesario que se le otorgue la respectiva autorización en el mismo para asistir a la audiencia o como en el caso particular al tratarse de una audiencia virtual se le otorgue los medios tecnológicos suficientes a objeto de conectarse a la sala virtual, ello en razón de que no exista lesión de sus derechos fundamentales.

En el mismo sentido, la autoridad demandada, con la finalidad de conocer las verdaderas razones por las cuales el impetrante de tutela no pudo asistir a la audiencia virtual también tenían la obligación de escuchar los argumentos del abogado patrocinante; sin embargo, conforme a lo expuesto por el accionante, se limitaron a declarar su inasistencia y su determinación fue fundada únicamente en la aplicación formal de lo establecido en el art. 49.III del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, situación que generó irregularidades en el desarrollo de la audiencia.

Al respecto, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional establece que, toda persona tiene el derecho a la defensa; es decir, a ser oída, a hacer valer sus argumentos, controvertir pruebas e impugnar las decisiones, y que esto trae consigo, el derecho a la defensa técnica, poder ser asistido por un abogado de su confianza o uno de oficio designado por una autoridad competente, y su derecho a la defensa material, que consiste en la posibilidad que tiene para defenderse por sí mismo e intervenir en todos los actos del proceso, siendo derechos irrenunciables; sin embargo en el caso en particular, la autoridad demandada, al declarar la perención de la fundamentación del recurso de apelación y en consecuencia la improcedencia de dicho recurso, sin permitir que el abogado de la defensa pueda al menos explicar las razones por las cuales el accionante se ausento a la audiencia virtual, generaron una afectación directa de su derecho al debido proceso en sus elementos de defensa técnica y material.

Ahora bien, es importante señalar que, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en su informe inherente a la acción de libertad manifestó que la legitimación pasiva se encuentra incompleta; toda vez que la Resolución 13/2023 de 10 de enero también fue suscrita por Rosmery Pabón Chávez, su similar de la Sala Penal Segunda, quien no fue demandada, al respecto, la Jurisprudencia Constitucional expresada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que si bien es imprescindible que la acción de libertad este dirigida en contra del sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención o procesamiento indebido; es decir, es la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados; sin embargo, la misma Jurisprudencia Constitucional desarrollo subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad en base al informalismo que las rige; en ese sentido, si bien, la acción de libertad interpuesta por el accionante está dirigida únicamente contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y no así en contra de su similar de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal, debe flexibilizarse la legitimación pasiva, en atención a la citada jurisprudencia puesto que cuando la acción está dirigida en contra de un tribunal colegiado, no es necesario recurrir a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, ya que es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente a objeto de obtener la tutela.

Con relación a la legitimación pasiva del Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la Jurisprudencia Constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, estableció que se puede determinar una responsabilidad en la lesión de derechos fundamentales por parte de un funcionario de apoyo judicial, siempre y cuando la vulneración de derechos fundamentales emerja del incumplimiento o la inobservancia de alguna función u obligación que se le confirió o ante el incumplimiento de las órdenes emanadas de la autoridad jurisdiccional; en el caso en particular, de los antecedentes de la acción tutelar no se evidenció documental alguna que acredite que el funcionario de apoyo judicial -ahora accionado- haya elaborado o remitido algún oficio por el cual hubiere informado al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sobre la audiencia señalada a objeto de que hagan posible la asistencia del detenido al referido acto procesal y poder garantizar su presencia con la finalidad de evitar la lesión de sus derechos fundamentales; razón por la cual, se establece su responsabilidad.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia en Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto Henry David Sánchez Camacho, Vocal; y, José Andrés Escobar Lecoña, Secretario, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

2º Disponer se deje sin efecto el Auto de Vista 13/2023 de 10 de enero, y la audiencia virtual de apelación incidental de la misma fecha; y en consecuencia, se señale día y hora de nueva audiencia de consideración de la apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro horas, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya cambiado por el transcurso del tiempo, con la aclaración que no se dispone la libertad del impetrante de tutela y no se analiza el fondo de la apelación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El cuarto Considerando, señala que: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 2El FJ III.5, indica que: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 3El FJ III.2, establece que: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

4 El FJ III.1, refiere que: “…en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos” 5El FJ III.4, expresa que: “Si bien es cierto que los funcionarios, contra quienes se planteó el recurso, carecen de legitimación pasiva para ser recurridos; no es menos evidente que estando debidamente acreditado que el recurrente fue aprehendido, luego detenido indebida e ilegalmente, corresponde otorgar la tutela solicitada, ello en sujeción a la jurisprudencia establecida por este Tribunal en sentido de que siendo cierta la detención ilegal acusada, a pesar de la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida, se declara procedente el hábeas corpus sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del recurrente”. 6El FJ III.1, regula que: “Puestas así las cosas, corresponde precisar que la aplicación de esta sub-regla de derecho no puede tener alcances ilimitados, puesto que la misma ha sido creada, única y exclusivamente, para resolver de manera excepcional aquellos supuestos en los que el recurso, por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal” (el subrayado es nuestro).

responsabilidad que emerge de sus funciones y atribuciones propias de máxima autoridad de un Centro hospitalario, aún cuando no hubiese sido dicha autoridad quien dispuso o impidió la salida del Hospital de un paciente por razones estrictamente económicas, pues corresponde a dicha autoridad asumir la responsabilidad por los hechos que se susciten bajo su Dirección por parte del personal, y en su caso, al conocer una situación irregular lesiva de derechos, está en la obligación de corregirlos o subsanarlos, lo que no ocurrió en el presente caso”.

15 El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0880_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): cdd50282e5a07a5815ac948b604e5454aa7fe74b11708aaa469396807dd35092

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