Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de octubre de 2024
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos de petición, a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, a la sindicalización de los trabajadores y a la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, el Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba, hasta la interposición de la acción tutelar, no respondió a sus pedidos de afiliación al referido sindicato, efectuados y reiterados en diferentes fechas.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/01/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 108 a 109 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, respecto al derecho de petición sin disponer la emisión de la respuesta solicitada; puesto que, la misma ya fue emitida y notificada a los nombrados el 6 de enero de 2023. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Lidia Gabriela Becerra Cardozo y Rodrigo García Zambrana, en cuanto a los derechos a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, a la sindicalización de los trabajadores y a la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Dimensionar los efectos de este fallo constitucional, disponiendo que mantengan su validez de la afiliación que se materializó en cumplimiento de la Resolución 09/01/2023 de 9 de enero emitida por el Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0880/2024-S3 Sucre, 3 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52976-2023-106-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 09/01/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 108 a 109 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lidia Gabriela Becerra Cardozo, Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, Rodrigo García Zambrana; y, Mario Antonio Medina Salinas contra Sandra Elizabeth Cruz Martinez, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) Sistema Yacuiba.
Los accionantes por memoriales presentados el 1 y 5 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 31 a 34; y, 39 manifestaron lo siguiente:
En su condición de trabajadores permanentes de la empresa SETAR Sistema Yacuiba solicitaron al Directorio del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza SETAR Sistema Yacuiba , su afiliación -se entiende en dicho Sindicato- sin obtener respuesta de acuerdo a las siguientes solicitudes presentadas; el 5 de enero de 2018 por Lidia Gabriela Becerra Cardozo; el 28 de mayo de ese año por Rodrigo García Zambrana, “…Lidia Gabriela Becerra Cardozo y otros…” (sic); el 25 de igual mes de 2022 por Mario Antonio Medina Salinas; y, el 25 de julio de igual año por Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz. El 30 de mayo de 2018 se puso en conocimiento del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Yacuiba, la falta de respuesta por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de SETAR Sistema Yacuiba ante las solicitudes que presentaron los trabajadores Rodrigo García Zambrana, Lidia Gabriela Becerra Cardozo y “otros”. Posteriormente, el 30 de marzo de 2021, Rodrigo García Zambrana reiteró su solicitud de afiliación; asimismo, el 1 de noviembre de 2022 Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez, reiteraron esa petición. En ese contexto, realizaron solicitudes de afiliación en nueve ocasiones, empezando desde el 2018 hasta noviembre de 2022, sin recibir respuesta, ya sea positiva o negativa respecto a su “FILIACION AUTOMATICA”, que constituye un derecho que les asiste en el marco de la Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico como trabajadores permanentes de la empresa SETAR Sistema Yacuiba. Habiendo transcurrido un tiempo razonable sin que exista respuesta y al no existir medios de impugnación ante otra autoridad a quien acudir, formulan la acción de defensa.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos de petición, a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley; y en audiencia ampliaron, a la sindicalización de los trabajadores y a la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto, los arts. 24 y 51.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Que el Directorio del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza SETAR Sistema Yacuiba, les otorgue de forma inmediata respuesta a la petición de afiliación a dicho Sindicato; y, b) Se tutele su derecho a la afiliación sindical automática establecido en el “…CAPÍTULO XIII, DISPOSICIONES GENERALES Art. 53.- En el marco del Art. 69 del Estatuto de la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz y Fuerza de Telecomunicaciones, Agua y Gas de Bolivia” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 9 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 105 a 107 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestaron que también se les vulneró el derecho a la sindicalización de los trabajadores y a la garantía del debido proceso; ya que, “…el viernes en horas de la tarde…” (sic) -no indica la fecha- se les notificó con una respuesta a la “solicitud de afiliación” con la intervención de un Notario de Fe Pública, adjuntando un Acta Notarial de 6 de enero de 2023 que no tendría encabezamiento ni firma alguna, la cual refiere que en una asamblea del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba se hubiese decidido que no se los afilie a dicho Sindicato, determinación en la que se observó ausencia de fundamentación y motivación. No obstante, que sus filiaciones deben ser automáticas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Orgánico del Sindicato de Trabajadores Luz y Fuerza SETAR Yacuiba; empero, el mencionado Sindicato incurrió en medidas de hecho al denegar sus solicitudes de afiliaciones, al retardar las respuestas a sus peticiones el “Estatuto Orgánico de Setar” tomó una decisión ilegal y arbitraria, ya que los dirigentes de ese Sindicato se dieron la tarea de efectuar observaciones sobre aspectos de su vida privada e íntima; asimismo, con relación a Mario Antonio Medina Salinas, coaccionante, se alegó que: 1) Las acciones en favor del ejecutivo de la institución en desmedro y contra los trabajadores ante demandas laborales realizadas por los sindicalizados, demostrando falta de lealtad y ética hacia los trabajadores, desconociendo la obligación que tiene el nombrado de asumir defensa en su condición de trabajador jurídico; puesto que, su labor se encuentra sujeta a las responsabilidades establecidas por la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO); 2) Al no devolver en su momento los haberes depositados a su cuenta bancaria personal, debido a un error de la parte financiera de la empresa SETAR quien depositó dineros en las cuentas personales de varios trabajadores; que fueron devueltos oportunamente, siendo un aspecto con el que nada tiene que ver el Sindicato; 3) Por efectuar paralelismo sindical, lo cual no es evidente; ya que, no incurrió en dicha conducta en ningún momento de su vida sindical, y si bien dejó de trabajar en la institución hace diez años; empero, volvió a la misma; y, 4) Por beneficiarse del incremento salarial adquirido por el “Sindicato” de la gestión 2021, lo que aún no se concretó; debido a que, todavía no pagó; existe una simple “resolución” que se encuentra objetada en la vía correspondiente, lo cual no significa que este contra el mismo. En ese entendido, ninguno de esos cuatro motivos; señalan que no se le puede afiliar, tampoco se encuentran previstos como faltas disciplinarias, establecido por el art. 39 del Estatuto Orgánico del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza SETAR Sistema Yacuiba; ya que, ese artículo indica las causales de sanción a los afiliados al Sindicato. Por su parte el art. 40 de dicho Estatuto, señala que las sanciones serán impuestas por la asamblea general, previo proceso del acusado por el Tribunal de Honor; en su caso, se vulneró el debido proceso al no llevarse a cabo un procedimiento de acuerdo al citado Estatuto; puesto que, previamente deberían ser afiliados; además, debió conformarse el Tribunal de Honor; sin embargo, fueron sancionados sin ser parte del Sindicato y por hechos referidos a su vida privada.
Sandra Elizabeth Cruz Martínez, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba, mediante informe presentado el 9 de enero de 2023, cursante de fs. 102 a 104, manifestó que; i) Los accionantes refieren que presentaron solicitudes de afiliación a ese Sindicato mediante Notas de 5 de enero, 5 de marzo, 28 y 30 de mayo de 2018 y de 30 de marzo de 2021, alegando respectivamente que “hasta la fecha” -se entiende de la presente acción de defensa- no tuvieron respuesta formal; sin embargo, conforme lo establecen los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses; en ese caso, de forma objetiva se puede establecer que transcurrieron más de cuatro años desde la última solicitud efectuada por Lidia Gabriela Becerra Cardozo, accionante; y, un año y nueve meses desde la última Nota presentada por Rodrigo García Zambrana, coaccionante; resultando la “presente” acción tutelar extemporánea, por lo que, conforme con lo previsto por la SC 770/2003-R de 6 de junio, corresponde que se rechace la acción de defensa, respecto a los nombrados; ii) Con relación a Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionantes, que formularon sus solicitudes el 25 de mayo y el 25 de julio de 2022, y que reiteraron el 1 de noviembre de ese año, las mismas fueron consideradas en Asamblea General Ordinaria de 1 de agosto de igual año, en la cual se decidió por mayoría absoluta de los afiliados presentes rechazar su afiliación al Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba, tomando en cuenta la conducta y las acciones desplegadas por los proponentes contra los intereses del citado Sindicato, que se detalla a continuación: a) Por realizar acciones en favor de los Ejecutivos -patronal- en desmedro de los trabajadores, en las demandas laborales realizadas por los compañeros sindicalizados; b) Por falta de devolución o restitución de haberes que fueron depositados en demasía en sus cuentas personales, hecho que afectó y continúa afectando a otros compañeros de trabajo; c) Por realizar paralelismo sindical en anteriores gestiones con la intensión de formar un sindicato paralelo; y, d) Por negarse aportar económicamente para el pago de honorarios profesionales del abogado que representó al mencionado Sindicato en el proceso de laudo arbitral seguido contra la empresa SETAR Sistema Yacuiba, mediante la cual se consiguió el incremento salarial con carácter retroactivo a enero de 2022; iii) La determinación asumida en la Asamblea General Ordinaria de 1 de agosto de igual año, fue notificada de manera personal a Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionantes, mediante carta Notariada de 6 de enero de 2023, como se demuestra por los documentos que se adjunta al “presente” informe; por lo que, su derecho de petición fue reparado y restituido; y, iv) Asimismo, Mario Antonio Medina Salinas, coaccionante, mediante Nota de 15 de febrero de 2013, presentó su renuncia como afiliado al citado Sindicato, lo que debió tomarse en cuenta; en razón a lo establecido por el art. 53 del Estatuto Orgánico del referido Sindicato sobre la afiliación automática al mismo de los trabajares que ingresen a servicio de la empresa SETAR Sistema Yacuiba, “…siempre que no se oponga en forma expresa y por escrito a su incorporación de acuerdo a nuestro estatuto y reglamento…” (sic); por lo que, pide se declare improcedente la acción de defensa; y, se deniegue la tutela solicitada.
El Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/01/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 108 a 109 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Secretaria ahora accionada, proceda a afiliar a los accionantes en el plazo de tres días al Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Por los Memorandos G.G. 099/2017 de 2 de mayo, G.G. 050/2018 de 22 de febrero, G.G. 252/2019 de 31 de diciembre y G.G. 363/2021 de 30 de julio, se acreditó que los accionantes son trabajadores de la empresa SETAR Sistema Yacuiba y que en reiteradas oportunidades solicitaron su afiliación; sin embargo, no recibieron respuesta positiva o negativa a dicha petición; y al no existir respuesta por parte del Directorio de dicho Sindicato a ninguna de las solicitudes realizadas, que son inclusive desde la gestión 2018 se vulneró el art. 24 de la CPE; 2) Si bien se presentó documentación en la que consta la respuesta a las solicitudes, que son de 6 de enero de 2023; es decir, después de que se formuló la acción tutelar, lo cual no enerva la vulneración del derecho de petición por la respuesta tardía; 3) En cuanto a Lidia Gabriela Becerra Cardozo y Rodrigo García Zambrana, coaccionantes, se alegó que su acción de amparo constitucional es extemporánea, por no presentarla dentro de los seis meses de formular su petición, aclarando que a los nombrados no les corre el plazo; ya que, no recibieron respuesta alguna del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba; por lo que, no se puede computar el inicio de dicho plazo como señala el art. 129.II de la Norma Suprema; 4) Con relación al derecho a organizarse y ser parte del sindicato, al que se refieren los arts. 51.I de la CPE, 99 y 120 de la “Ley laboral sustantiva y adjetiva” -Ley General del Trabajo (LGT)-; y, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen el derecho de asociación en sindicatos, así como el art. 53 del Estatuto Orgánico del referido Sindicato, al no responder oportunamente de manera positiva o negativa a las solicitudes de los accionantes de aceptarlos como afiliados, se vulneró el derecho de sindicalización; y, 5) Habiéndose ampliado en audiencia con respecto a la “vulneración al debido proceso” en cuanto a los accionantes, con la concerniente respuesta de ser sancionados, en cuanto Mario Antonio Medina Salinas, coaccionante, por falta de lealtad y ética con los trabajadores, por la no devolución de dineros, paralelismo sindical y beneficio de incremento salarial gestión 2022 y no realizar aportes; y, con relación a Abigail Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionante, por compartir en redes sociales la denuncia en contra del Sindicato y la ejecutiva, por la no devolución de dineros, por el beneficio de incremento salarial de la misma gestión, y por no realizar aportes; de la documentación -se entiende cursante en el cuaderno procesal- se advierte que no se realizó el proceso disciplinario por el Tribunal de Honor, por lo cual, no se les procesó conforme lo dispuesto por art. 46 del Estatuto Orgánico, con lo que se vulneró el “derecho al debido proceso” establecido por el art. 115.II de la CPE; ya que, nadie puede ser sancionado sin un debido proceso.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Nota presentada el 5 de enero de 2018, ante Máximo de los Ríos, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores SETAR Yacuiba; Lidia Gabriela Becerra Cardozo -hoy accionante-, en su condición de trabajadora solicitó su afiliación al referido Sindicato (fs. 3); asimismo, por Nota presentada el 5 de marzo de ese año, reiteró su petición de afiliación al citado Sindicato (fs. 4). II.2. Cursa Nota presentada el 30 de mayo de 2018, ante el Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza SETAR Yacuiba; por la cual, Rodrigo García Zambrana -ahora coaccionante- y “otros”, reiteraron sus solicitudes de afiliación al referido Sindicato (fs. 5 a 6); asimismo, por Nota presentada el 30 de marzo del 2021 ante “Sandra Cruz” Presidenta del Sindicato de Trabajadores de SETAR Yacuiba, Rodrigo García Zambrana, coaccionante, pidió su afiliación, denotando que su anterior pedido efectuado el 2018, no fue respondido (fs. 9). II.3. Consta Nota presentada el 25 de mayo de 2022 ante Sandra Elizabeth Cruz Martínez, “Ejecutiva” del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza SETAR Sistema Yacuiba, mediante la cual Mario Antonio Medina Salinas -hoy coaccionante- solicitó que lo acepten como afiliado a ese Sindicato (fs. 10). II.4. Cursa Nota presentada el 25 de julio de 2022, ante al Sindicato de Trabajadores SETAR Sistema Yacuiba, mediante la cual, Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz -ahora coaccionante-, solicitó su afiliación al Sindicato del “SISTEMA YACUIBA” (fs. 11). II.5. Mediante Nota de 1 de noviembre de 2022 dirigida a Sandra Elizabeth Cruz Martínez, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba -hoy accionada-, por la cual Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz y Mario Antonio Medina Salinas, coaccionantes, reiteraron su solicitud de afiliación (fs. 12). II.6. Consta diligencia de citación a la Secretaria ahora accionada, con la acción de amparo constitucional, interpuesta en su contra por los accionantes, efectuada el 5 de enero de 2023 (fs. 41). II.7. Mediante Nota con Cite: OF.S.T.S.S.Y. 01/2023 de 6 de enero, dirigida a Mario Antonio Medina Salinas, coaccionante, por la cual, el Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de SETAR Sistema Yacuiba, encabezada por la Secretaria hoy accionada, respondió a su solicitud de afiliación refiriendo que en Asamblea General de dicho Sindicato de 1 de agosto de 2022, fue considerada su petición, la cual no fue aceptada por esa Asamblea General, por las siguientes consideraciones y valoraciones personales: “1.- Por sus acciones en favor de los ejecutivos de la Institución, en desmedro y contra de los trabajadores ante demandas laborales realizadas por nuestros compañeros sindicalizados. Demostrando falta de lealtad y ética hacia los trabajadores. 2.- Por la no devolución en su momento de haberes depositados a su cuenta personal bancaria en demasía, el cual al afecto y sigue afectando a sus propios compañeros de trabajo. 3.- Por haber efectuado paralelismo sindical en anteriores gestiones, renunciando a su afiliación al Sindicato. 4.- Beneficiarse del Incremento salarial conquistado y adquirido por el Sindicato de Trabajadores por la gestión 2022, negándose a aportar económicamente para el pago de honorarios profesionales” (sic [fs. 80]). Asimismo, cursa Nota con Cite: OF. S.T.S.S.Y. 02/2023 de 6 de enero, dirigida a Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionante; mediante la cual el Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza SETAR Sistema Yacuiba, encabezada por la Secretaria ahora accionada, respondió a su solicitud de afiliación, señalando que en Asamblea General del mencionado Sindicato de 1 de agosto de 2022, fue considerada su solicitud, la cual no fue aceptada por dicha Asamblea, por las siguientes consideraciones y valoraciones personales: “1.- Por compartir en redes sociales la denuncia en contra de nuestro Sindicato y Ejecutiva de los trabajadores en el paro sindical efectuado en defensa de nuestra fuente laboral. 2.-Por la no devolución en su momento de haberes depositados a su cuenta personal bancaria en demasía, el cual afecto a sus propios compañeros de trabajo por mucho tiempo. 3.- Beneficiarse del Incremento salarial conquistado y adquirido por el Sindicato de Trabajadores pro la gestión 2022, negándose a aportar económicamente para el pago de honorarios profesionales” (sic [fs. 88]). II.8. Cursa Acta Notarial de 6 de enero de 2023 elaborada por el Notario de Fe Pública 1 de Yacuiba del departamento de Tarija, en la cual señaló que en la referida fecha procedió a diligenciar y consiguiente entrega de Cartas Notariadas, ambas de fecha “‘Yacuiba, 06 de enero de 2023’ -Ref: ‘Respuesta a Solicitud de Afiliación Sindical”’ con Cite: OF. S.T.S.S.Y 01/2023 y 02/2023, dirigidas a Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionantes (fs. 97 y vta.)
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos de petición, a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, a la sindicalización de los trabajadores y a la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, el Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba, hasta la interposición de la acción tutelar, no respondió a sus pedidos de afiliación al referido sindicato, efectuados y reiterados en diferentes fechas.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0245/2021-S3 de 26 de mayo, citando a su vez a la SC 0128/2010-R de 10 de mayo, estableció que: «“El recurso de amparo constitucional, actualmente acción de amparo constitucional, instituido por el art. 128 de la CPE, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, que está regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez.
El principio de inmediatez en el ámbito procesal, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. El plazo encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida. Razonamiento que conforme a lo señalado por la SC 0770/2003-R de 6 de junio: ‘...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’.
(…)
El principio procesal de inmediatez también implica el seguimiento del recurso o reclamo, y la reacción oportuna ante el silencio a los mismos, puesto que el uso de los medios impugnativos previos a la acción de amparo constitucional, sean éstos en la vía judicial o administrativa antes de interponer el amparo, no debe ser en forma circunstancial u ocasional, sino, una vez activados los mismos, se debe exigir una respuesta oportuna y dentro de plazo, o en su defecto, si no hay un plazo específico, reiterar oportunamente el pedido, y si se mantiene la actitud lesiva, acudir a la jurisdicción constitucional como un medio reparador de tales derechos. Lo cual significa, que no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la ya citada SC 0770/2003-R aplicable al presente caso, señaló que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental’”» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0810/2012 de 20 de agosto, señala que el derecho de petición debe entenderse como: “…esa facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener a una pronta Resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho”.
En ese sentido, la SCP 0044/2021-S3 de 29 de marzo, establece que: «La SCP 0820/2019-S2, determinó que: “El art. 24 de la CPE, establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición”» (las negrillas nos corresponden).
La citada SCP 0044/2021-S3 refiriéndose al entendimiento señalado en la SCP 0820/2019-S2 de 17 de septiembre, estableció que: “‘…el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos’ (…). La SCP 1103/2019-S2 de 18 de diciembre, señaló que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando el derecho de petición.
De manera complementaria al entendimiento anterior, se tiene que la jurisprudencia constitucional en la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció que también se considera como vulnerado el derecho de petición cuando se presenta la negativa de recibir la solicitud o se obstaculiza su presentación; en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-236/05 de 14 de marzo de 2005), señaló que el núcleo esencial del derecho de petición incluye la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Con relación a la notificación o comunicación de la respuesta, la SCP 0462/2021-S3 de 12 de agosto, refiere que: «…la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-369/13 de 27 de junio de 2013 […] señaló que: “…la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma. Es por esto, que en sentencia T- 249 de 2001 esta Corporación precisó: ‘Cabe recordar que en relación con el derecho de petición, no basta que se expida la respuesta, sino que además, es necesario que ésta se notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestación la que solo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”’.
Además, sobre la notificación de la respuesta como componente del derecho de petición, David Cienfuegos Salgado refirió que: “…es claro y evidente que quien contesta debe buscar la forma de que su contestación llegue a conocimiento del interesado, máxime tratándose de una autoridad que debe guardar constancia de que fue recibida la respuesta que la ley ordena ya sea que se remita por correo o se entregue personalmente. Y como además en el juicio de garantías todo hecho está sujeto a prueba y la carga de esta incumbe a quien afirma (…) para satisfacer el mandato constitucional (…)
dicha autoridad debe acreditar que la contestación que dio, llego al conocimiento del interesado pues de otra suerte resultaría nugatoria la garantía aludida” (…).
El mismo autor refiere que queda abierta la posibilidad de explorar opciones que ofrezcan certidumbre; es decir, que permitan la demostración fehaciente de la notificación.
Conforme a lo expuesto, es evidente que no es solo la respuesta la que da cumplimiento a los términos del derecho de petición sino que es necesario que la misma sea efectivamente conocida por el peticionante; asimismo, la constancia de entrega de la respuesta puede ser escrita mediante la recepción o notificación que conste en papel. No obstante, ante la imposibilidad de esa forma de comunicación, es válida la notificación por cualquier medio de comunicación electrónica que permita tener constancia o certeza de la recepción, teniendo el obligado la carga de demostrar que el peticionante tuvo conocimiento de la respuesta emitida a su solicitud. Además, la comunicación verbal que no permita tener constancia de la recepción de la respuesta por el solicitante, también vulnera el derecho de petición» (las negrillas y el subrayado son nuestras).
La referida SCP 0044/2021-S3 citando a su vez, nuevamente el entendimiento de la SCP 0820/2019-S2, respecto al derecho de petición señaló que: “‘…a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación, -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, c) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito’”.
La SCP 0044/2021-S3, estableció que: “La SCP 0820/2019-S2, determinó que: ‘Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero’”.
La SCP 0820/2019-S2 de 17 de septiembre, concluyó que: “La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas.
Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R (…) precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre (…), determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor.
Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: ‘…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…’.
En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”.
La SCP 1044/2013 de 27 de junio, establece que: “El amparo constitucional es una acción de defensa de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que se activa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado, siempre y cuando dichos derechos no se encuentren protegidos por otras acciones de defensa previstas constitucionalmente.
La vigencia y aplicabilidad de esta acción se encuentra firmemente vinculada con la garantía de goce efectivo de los derechos fundamentales; sin embargo, el diseño procesal del amparo constitucional busca también resguardar y proteger los derechos de la parte demandada de forma que pueda ejercer ampliamente su derecho a la defensa, ello debido a que los procesos constitucionales no están exentos del cumplimiento de la garantía del debido proceso y sus elementos establecidos en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido la SC 0345/2011-R de 7 de abril, sostuvo que en general en las demandas de amparo constitucional: ‘…de manera posterior a su presentación no pueden alegarse nuevos hechos y derechos como vulnerados, alterando de manera relevante los hechos expuestos y que sirvieron de fundamento fáctico del recurso. Actuar de esa forma, resultaría incompatible con el sistema de garantías procesales prefijado en la Ley Fundamental, que impide cualquier forma de sorpresa en los procesos; y de hecho, cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción, situación que determinaría que el demandado esté frente a hechos nuevos, situándolo en una virtual indefensión, lesionando su derecho a la defensa y demás normas conexas del sistema de garantías procesales’, es decir, que luego de la notificación con la demanda de amparo constitucional es posible el abundamiento en la argumentación pero no la modificación o ampliación de los hechos, pues esto provocaría que la parte demandada se encuentre ante una nueva demanda de amparo.”
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos de petición, a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, a la sindicalización de los trabajadores y a la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, el Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba, hasta la interposición de la acción tutelar, no respondió a sus pedidos de afiliación al referido sindicato, efectuados y reiterados en diferentes fechas. Con relación a Lidia Gabriela Becerra Cardozo y Rodrigo García Zambrana
De la revisión de los documentos cursantes en obrados, se advierte que, mediante Nota presentada el 5 de enero de 2018, ante Máximo de los Ríos, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores SETAR Yacuiba; Lidia Gabriela Becerra Cardozo, accionante, en su condición de trabajadora solicitó su afiliación al referido Sindicato; asimismo, por Nota presentada el 5 de marzo de ese año, reiteró su pedido de afiliación al citado Sindicato (Conclusión II.1.).
De igual manera, Rodrigo García Zambrana, coaccionante, y “otros”, mediante Nota presentada el 30 de mayo de 2018, reiteraron sus peticiones de afiliación al Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza SETAR Yacuiba, alegando que fechas anteriores se presentaron diversas notas de solicitudes de afiliación al referido Sindicato y que transcurrió bastante tiempo no recibiendo respuesta; por lo que, reiteran su pedido; asimismo, por Nota presentada el 30 de marzo de 2021 ante “Sandra Cruz” Presidenta del Sindicato de Trabajadores de SETAR Yacuiba, Rodrigo García Zambrana, coaccionante, solicitó su afiliación al referido Sindicato (Conclusión II.2.).
De lo relacionado precedentemente, se advierte, que Lidia Gabriela Becerra Cardozo, accionante, presentó su última Nota el 5 de marzo de 2018, a través de la cual reiteró su solicitud de afiliación al Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores SETAR Yacuiba; por consiguiente, hasta la presentación de la presente acción tutelar de 1 de diciembre de 2022, trascurrió más de cuatro años y seis meses. Similar situación se presenta respecto del pedido formulado por Rodrigo García Zambrana, coaccionante, cuya última solicitud fue efectuada el 30 de marzo de 2021, lo que implica que transcurrió más de un año y ocho meses. En síntesis, Lidia Gabriela Becerra Cardozo y Rodrigo García Zambrana, coaccionantes, presentaron su acción de defensa fuera del plazo de los seis meses que establece el art. 129.II de la CPE, para acudir a la jurisdicción constitucional a reclamar sobre la falta de respuesta a sus pedidos de afiliación al Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba; puesto que, como señala la jurisprudencia constitucional en la SC 0128/2010-R el plazo “…encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida”. En consecuencia, la presente acción tutelar interpuesta por Lidia Gabriela Becerra Cardozo y Rodrigo García Zambrana, coaccionantes, no cumplió con el principio de inmediatez que la rige, el cual en su dimensión negativa implica la caducidad de la acción cuando no se la activa de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, eso es una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias dentro del referido plazo. Por lo tanto, dicho incumplimiento impide examinar el fondo de la denuncia; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto a Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz Con relación al derecho de petición Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada corresponde referirse a la observación efectuada por la Secretaria ahora accionada que considera que al notificarse el 6 de enero de 2023 con la respuesta a la solicitud de afiliación, formulada por Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionantes, con intervención de Notario de Fe Pública 1 de Yacuiba del departamento de Tarija, ya se hubiese reparado la vulneración del derecho de petición; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada.
Ciertamente el art. 53.2 del CPCo establece que la acción de amparo constitucional no procederá cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Con relación a esta causal de improcedencia, la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, señala que: “En este sentido, el art. 53 inc. 2) del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé como una de las figuras de sustracción de la materia o del objeto procesal a situaciones: '…cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado', para lo cual al menos debe verificarse que: i) Las pruebas aportadas por las partes, conforme sus pretensiones otorgan la certeza de que la pretensión procesal se ha extinguido; y, ii) Con el objeto de no afectar el procedimiento constitucional es preciso señalar que para determinar la sustracción del objeto procesal o materia por la cesación de los efectos del acto reclamado, el acto lesivo denunciado debe ser restituido antes de la citación con el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional" (las negrillas son nuestras). En el presente caso, no se cumple la segunda exigencia; puesto que, la citación de la Secretaria hoy accionada con la acción tutelar se realizó el 5 de enero de 2023 (Conclusión II.6.); en cambio, la notificación con la respuesta se efectuó recién el 6 del mismo mes y año (Conclusión II.8.); es decir, después de efectuarse la citación, razón por la cual no opera la causal de improcedencia reglada de cesación del acto reclamado; por lo que, corresponde ingresar a examinar el análisis de fondo. En ese marco, ingresando al análisis de fondo de la problemática planteada, se precisa que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional estableció que, el núcleo esencial del derecho de petición es el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna, formal, material y argumentada. Asimismo, la SCP 0820/2019-S2 se refiere a los requisitos que viabilizan la concesión de tutela, con relación del derecho de petición; señalando que : “…a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación,-motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, c) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito”. En ese entendido, en cuanto al primer requisito se tiene acreditado la existencia de la petición formulada por Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionantes. Ahora bien, de la revisión de los documentos que cursan en obrados, se evidencia que el nombrado, mediante la Nota presentada el 25 de mayo de 2022 ante la “Ejecutiva” del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de SETAR Sistema Yacuiba, solicitando que lo acepten como afiliado a ese Sindicato (Conclusión II.3.); asimismo, a través de la Nota de 1 de noviembre de igual año, reiteró su solicitud de afiliación (Conclusión II.5.). De igual manera, la nombrada por medio de Nota presentada el 25 de julio de ese año, ante al Sindicato de Trabajadores SETAR Sistema Yacuiba, solicitó su afiliación al mismo (Conclusión II.4.); y, por Nota de 1 de noviembre del mencionado año, reiteró su pedido de afiliación a dicho Sindicato (Conclusión II.5.). En cuanto al requisito de omisión de cualquiera de los componentes de la respuesta que debe brindar la autoridad o funcionario público al que se le formuló una petición, también se encuentra acreditado, en razón a que, hasta la interposición de la presente acción tutelar, la cual es del 1 de diciembre de 2022, la Secretaria ahora accionada no respondió al pedido de afiliación al Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba; ya que, como lo admite la nombrada, dicha respuesta recién le fue notificada a Mario Antonio Medina Salinas, y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionantes, el 6 de enero del 2023 (Conclusión II.8.). Asimismo, con relación a la oportunidad de la respuesta; es decir, al plazo legal, o en su caso, razonable en el que debe ser emitida, se puntualiza que, habiendo transcurrido hasta la interposición de esta acción tutelar -1 de diciembre de 2022- más de seis meses desde el primer pedido, efectuado el 25 de mayo de ese año por Mario Antonio Medina Salinas, coaccionante; y, más de cinco meses, desde la primera solicitud realizada el 25 de julio de igual año por Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionante; resulta evidente que dichos pedidos de afiliación al Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba, no fueron respondidos, dentro de un plazo razonable. Respecto al agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para realizar efectivo dicho derecho, amerita precisar que la normativa interna -Estatuto Orgánico- del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza de SETAR Sistema Yacuiba no prevé medios de reclamación o impugnación específicos para reclamar sobre la falta de respuesta al pedido de afiliación; por lo que, en este caso no es exigible dicho requisito. En síntesis, la falta de respuesta material y oportuna por de la Secretaria hoy accionada, a las solicitudes formuladas por Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, coaccionantes, ante la “Ejecutiva” del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza SETAR Sistema Yacuiba, el 25 de mayo y el 25 de julio de 2022, respectivamente, reiterado por ambos por Nota de 1 de noviembre de ese año, vulnera el derecho de petición, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada; empero, sin ordenar la emisión de la respuesta; puesto que, la misma ya se produjo (Conclusión II.7.), siendo notificados el 6 de enero de 2023 a dichos coaccionantes, conforme refiere el Acta Notarial de igual fecha, elaborada por el Notario de Fe Pública 1 de Yacuiba del departamento de Tarija (Conclusión II.8.). En ese contexto, con relación al derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, no corresponde pronunciamiento alguno; puesto que, esto se refiere al fondo de la respuesta de las peticiones formuladas, cuyo incumplimiento se reclama a través de esta acción tutelar. Con relación a la vulneración de los derechos a la sindicalización de los trabajadores y la garantía del debido proceso. Los accionantes en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa la cual fue ampliada denunciado la vulneración de sus derechos a la sindicalización de los trabajadores y la garantía del debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, en la que hubiese incurrido la Secretaria hoy accionada al denegar su afiliación, conforme le hizo saber mediante Notas con Cites: OF.S.T.S.S.Y. 01/2023 y OF. S.T.S.S.Y. 02/2023 de respuesta a sus solicitudes de afiliación 6 de enero de 2023 (Conclusión II.7.). Con relación a esta denuncia, si bien es cierto que en mérito al principio de favorabilidad y carácter expansivo de los derechos fundamentales, y acceso a la justicia constitucional ante casos de evidente vulneración, es posible la tutela de derechos no alegados por el accionante que resultan conexos con el hecho denunciado; sin embargo, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento jurídico III.3. de este fallo constitucional, ello no es posible respecto a hechos nuevos, con relación a lo cual la SC 0345/2011-R, estableció que “…luego de la notificación con la demanda de amparo constitucional es posible el abundamiento en la argumentación pero no la modificación o ampliación de los hechos, pues esto provocaría que la parte demandada se encuentre ante una nueva demanda de amparo”. Por consiguiente, con relación a la vulneración de los derechos a la sindicalización de los trabajadores y a la garantía del debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, amerita denegar la tutela solicitada con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. Sin embargo, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional revocará la concesión de la tutela otorgada por el Juez de garantías, en el marco de lo establecido por la jurisprudencia constitucional y el art. 28.II de del CPCo, corresponde dimensionar los efectos del fallo constitucional. Precisamente, la SC 0595/2010-R de 12 de julio, señaló que: “En caso de que este Tribunal en grado de revisión de oficio, revoca la concesión u otorgación de tutela dispuesta por el juez o tribunal de garantías, y en consecuencia deniega la tutela, el proceso judicial o administrativo, o actos demandados, vuelven al estado en que se encontraba al momento de la interposición de la acción de defensa, quedando sin efecto lo emergente de la disposición del tribunal de garantías; no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”. Por su parte, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, “…en atención a la facultad previsora establecida en el art. 28.II del CPCo, con la finalidad de evitar daños y perjuicios mayores, el Tribunal Constitucional Plurinacional, puede y/o debe dimensionar o modular los efectos de la decisión de revocatoria de la concesión de tutela, cuidando qué actos y hechos jurídicos pronunciados como emergencia de la concesión de la tutela, y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, son independientes y no importan una lesión del derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado...”
Finalmente, a objeto de no generar perjuicios mayores a los trabajadores que interpusieron esta acción tutelar y la renovación del conflicto en su relacionamiento con el Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa de SETAR Sistema Yacuiba; así como, el ejercicio y goce de los derechos sindicales que podrían estar ejerciendo y atendiendo al tiempo trascurrido entre la concesión inicial de la tutela y la emisión del presente fallo constitucional, amerita validar la afiliación que se materializó en cumplimiento de la Resolución 09/01/2023 emitida por el Juez de garantías. En mérito de lo precedentemente señalado, corresponde denegar la tutela solicitada, con relación a esta denuncia; empero, dimensionando los efectos del fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/01/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 108 a 109 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a Mario Antonio Medina Salinas y Abigail del Carmen Gutiérrez Cruz, respecto al derecho de petición sin disponer la emisión de la respuesta solicitada; puesto que, la misma ya fue emitida y notificada a los nombrados el 6 de enero de 2023. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Lidia Gabriela Becerra Cardozo y Rodrigo García Zambrana, en cuanto a los derechos a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, a la sindicalización de los trabajadores y a la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Dimensionar los efectos de este fallo constitucional, disponiendo que mantengan su validez de la afiliación que se materializó en cumplimiento de la Resolución 09/01/2023 de 9 de enero emitida por el Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0880_2024-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8578716b12999b70a413a18f1fecb87dc8db05de5d03d601135d72a42aa55c84
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