Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos, libertad, al debido proceso en sus componentes, defensa, presunción de inocencia, por procesamiento indebido, a la valoración de la prueba y fundamentación de sus decisiones, además de los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica y proporcionalidad; por cuanto, en la tramitación del proceso infraccional el Juez inferior dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, determinación confirmada en apelación por las autoridades accionadas, sin considerar que su persona acredito la existencia de domicilio, pese a que esa demostración correspondió a la parte acusadora, no existiendo el riesgo procesal establecido en el art. 290.I a) de la Ley 548, además se ha determinado la concurrencia del inc. e) del art. 290.I de dicha Ley (que no fue denunciado por fiscal ni asumió defensa) y enmendando ese error, sin debate dispuso que concurrió el riesgo del inc. b) de la indicada Ley, lamentablemente esa determinación fue ratificada en apelación por las autoridades accionadas; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se revoque el Auto de vista y; 2) Se emita nueva resolución enervando el inc. a y b del art. 290 de la Ley 548. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 32 a 41, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia:
DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0879/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 47892-2022-96-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 004/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 32 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Ricardo Mamani Torrez contra Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 10 a 12, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso infraccional seguido en su contra, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal Segundo de Corque del departamento de Oruro, llevó a cabo una audiencia de aplicación de medidas cautelares personales, disponiendo su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social “Renacer” de la señala capital, dando por concurrente los incs. a) y b) del Parágrafo I del 289 y los incs. a) y e) del art. 290 de la Ley 548 o Código Niña, Niño y Adolescente. En esa decisión, la autoridad judicial entendió que su persona, no presentó pruebas suficientes para acreditar su domicilio, cuando si lo hizo, habiendo acreditado que su domicilio se encuentra establecido en la Localidad de Corque. Con relación a ese riesgo procesal, correspondió a la parte acusadora cumplir con la carga de la prueba; pero la misma no presentó absolutamente nada. Asimismo en el auto interlocutorio, el juzgador determinó la concurrencia del inc. e) del art. 290 de la Ley 548 (referido a que pueda influir alguna persona relacionada al proceso), mismo que, no fue denunciado por la autoridad Fiscal, por lo que el Juez, enmendó ese su error y dispuso que en lugar del señalado inciso, concurrió el riesgo del inc. b) (haber tenido un comportamiento que manifieste voluntad de no someterse al proceso); es decir que sin debate, se determinó la concurrencia de ese inc. b) del art. 290 de la Ley 548, con lo que se vulneró su derecho a la defensa. La determinación del Juez de la causa, en apelación fue confirmada por los Vocales de la Sala Penal, que determinó una detención preventiva desproporcional, sin considerar el principio de proporcionalidad de la medida cautelar de carácter personal, ni realizar un debido control constitucional y convencional, en sus elementos de presunción de inocencia, en su condición de menor infractor.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en su vertiente defensa, fundamentación y valoración de la prueba; así como los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica y proporcionalidad, citando al efecto los arts. 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Revocar el Auto de Vista de 27 de abril de 2022; y, b) Emitirse nueva resolución enervando el inc. a) y b) del art. 290 de la Ley 548.
Celebrada la audiencia pública el 20 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Se exige a su defendido que presente documentales que acrediten que tiene domicilio establecido, cuando la carga de la prueba es atribuible a la parte acusadora, no a la parte imputada; 2) En la: “audiencia de medidas cauteles se ha determinado la concurrencia del inciso “a” en el debate pleno de la audiencia se ha determinado la concurrencia del inciso “e” del art. 298 de la Ley 548 … por un lapsus … la autoridad jurisdiccional se establece que se hubiera determinado el inciso “e” en vez del “d” y de manera oficiosa el mismo … cambia el inciso “e” por inciso “h” a fines de poder disponer la detención preventiva del menor infractor… en la parte resolutiva se inserta el inciso “b” el cual ni siquiera se ha considerado en audiencia” (sic); y, 3) No se trata de un defecto previsto en el art. 168 o un error de transcripción, se trata de un riesgo procesal que amerita confrontación, a fin de determinar si concurre o no el mismo.
Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe remitido ante el Tribunal de garantías de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 22 a 23 vta., expresaron: i) Dentro del proceso infraccional por la presunta comisión de violación de Infante, NNA, emitieron Auto de Vista 153/2022 de 27 de abril, transcribiendo partes relevantes de la mencionada determinación; ii) En cuanto a la no identificación de domicilio por el acusador, el Juez de instancia recurrió al principio de verdad material; iii) Han transcurrido años desde el ilícito y la víctima en su condición de mujer (adolescente), sigue siendo parte de un grupo vulnerable; iv) Pretender la existencia de un procesamiento indebido, por falta de motivación y fundamentación, es actuar contra los principios ético morales; y, v) Su sala no vulneró ningún derecho que afecte a la parte accionante, y el juez de instancia velo por el interés superior de la adolescente, efectuando una correcta ponderación de los derechos en conflicto.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 004/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 32 a 41, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) En cuanto a la falta de valoración del croquis de ubicación de su domicilio, se advierte el art. 290 inc. a) de la Ley 548, en el auto de vista se refirió al domicilio señalado por el infractor como ambiguo, siendo evidente la aplicación del principio de verdad material; b) Se ha demostrado el comportamiento reticente del infractor, habiéndose identificado ese comportamiento con la declaratoria de rebeldía; c) El apelante resultó ser menor de edad al momento de la comisión del ilícito, pero a la fecha es mayor de edad, debiendo tener un domicilio identificado de manera correcta y certera; d) No existe conculcación del derecho a la libertad en su vertiente de indebido procesamiento, menos aún advierte estado de indefensión; e) No se puede analizar pruebas consideradas por el Juez a quo como por el Tribunal de alzada, que resguardando los derechos de la víctima que resulta ser una mujer menor de edad; y, f) Las resoluciones se encuentran debidamente fundamentadas, no existiendo procesamiento indebido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de la tramitación del proceso penal seguido contra Rubén Ricardo Mamani Torrez, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal Segundo de Corque del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 04/2022, por el que en virtud a lo ordenado por el art. 289 incs. a) y b), con relación al art. 290 incs. a) y e) de la Ley 548, dispuso la aplicación de la medida cautelar personal de detención preventiva al adolescente en conflicto con la ley penal, quién al momento de cometer el delito atribuido en la imputación formal tenía 17 años, debiéndose cumplirse la medida en el Centro de Reintegración Social “RENACER” de la ciudad de Oruro, disponiendo librar mandamiento de detención preventiva contra el mismo (fs. 2 a 4). II.2. Habiéndose solicitado complementación y enmienda, la autoridad judicial emitió Auto de 3 de abril de 2022, a través del que aclaró que la detención preventiva se fundó en el art. 290 incs. a) y b) de la Ley 548, no así en el inc. e) de dicho precepto (fs. 5). II.3. El adolescente en conflicto con la ley penal, formuló recurso de apelación que fue resuelto por Auto de Vista 153/2022 de 27 de abril, a través del cual la Sala Civil, Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, confirmó el Auto Interlocutorio 04/2022 de 3 de abril, así como su auto aclaratorio (fs. 6 a 9).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos, libertad, al debido proceso en sus componentes, defensa, presunción de inocencia, por procesamiento indebido, a la valoración de la prueba y fundamentación de sus decisiones, además de los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica y proporcionalidad; por cuanto, en la tramitación del proceso infraccional el Juez inferior dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, determinación confirmada en apelación por las autoridades accionadas, sin considerar que su persona acredito la existencia de domicilio, pese a que esa demostración correspondió a la parte acusadora, no existiendo el riesgo procesal establecido en el art. 290.I a) de la Ley 548, además se ha determinado la concurrencia del inc. e) del art. 290.I de dicha Ley (que no fue denunciado por fiscal ni asumió defensa) y enmendando ese error, sin debate dispuso que concurrió el riesgo del inc. b) de la indicada Ley, lamentablemente esa determinación fue ratificada en apelación por las autoridades accionadas; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se revoque el Auto de vista y; 2) Se emita nueva resolución enervando el inc. a y b del art. 290 de la Ley 548. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. (...) [E] l art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. (…)
[C]abe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. (…) En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención de Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. (…) En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. (…) En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. (…)
Este razonamiento, ha sido desarrollado en SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto de 2018
Carácter excepcional de la medida cautelar de detención preventiva La Constitución Política del Estado, al tiempo de reconocer a toda persona, los derechos a la libertad y a la seguridad personal -art. 23.II de la CPE- instituye garantías para su efectividad en el tratamiento de adolescentes sometidos a procesos penales, estableciendo que debe evitarse la imposición de medidas privativas de libertad; y en su defecto, en caso de aplicarse, otorgarles una atención preferente en la administración de justicia, en la administración pública y en ámbitos de la Policía Boliviana. Aspecto que justifica la existencia de un sistema especial y diferenciado de justicia de adolescentes, que reconoce los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño en el procesamiento de adolescentes, entre ellos, el interés superior del niño. En este contexto, el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente instituye un sistema diferenciado, al establecer una jurisdicción y procedimiento especializado, que regula los procesos penales en los casos en que se atribuya al adolescente la presunta comisión de delitos. En ese marco, el art. 259 de referido Código, con relación al Sistema Penal, regula que: “El Sistema Penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de las medidas socio-educativas correspondientes (...)”. Sobre el particular, la SCP 0908/2012 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.2, señala: En síntesis, las leyes penales son el punto de referencia común para sancionar conductas tipificadas por el Código Penal, tanto para adolescentes como para adultos; la diferencia radica en su juzgamiento, pues para los primeros es más ágil y abreviado que para los segundos; sin perder de vista, de la necesidad, en ambos casos, del respeto más riguroso de las garantías constitucionales y legales; así como en el quantum de las penas, la cuales, para el caso de los menores se caracterizan por una variedad de medidas, dándose preferencia a las sanciones alternativas, en lugar de las privativas de libertad, con predominio de los aspectos de carácter pedagógico, por sobre otros aspectos de corte retributivo. (…) En el contexto, el art. 262 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), exige que la aplicación de sanciones y medidas socioeducativas sean proporcionales, en relación a dos componentes: el hecho punible y sus consecuencias; en el mismo sentido, el art. 262.II establece que la conducta del adolescente tampoco puede ser objeto de sanción, si la misma no lesiona el bien jurídico tutelado. En el orden jurídico internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, fundado en la doctrina de protección integral de la niñez, que reconoce los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, definidos como personas menores de 18 años -art. 1 de la citada Convención-; estableciendo que los Estados parte, deben asegurar que este grupo social, se beneficie de una serie de medidas especiales de protección y asistencia. Entre los principios generales sobre los que se sustenta la Convención sobre los Derechos del Niño, se encuentra el interés superior del niño -art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)-. Por su parte, el art. 37 inc. b) de la CDN, dispone que los Estados velarán porque: “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda” (las negrillas son añadidas). La misma norma internacional determina que si se aplica esta medida, debe respetarse la dignidad inherente a la persona humana, tomando en cuenta las necesidades de las personas de su edad. El razonamiento señalado, fue expresado en los argumentos del Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2, mismo que ha sido asumido en la SCP 0681/2022-S1 de 20 de julio.
La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.
En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. (…)
A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”.
En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:
…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas).
En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. (…)
[E]sta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.
El razonamiento expresado en el presente punto, ha sido dado en el análisis de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo.
La parte accionante, considera lesionado su derecho de libertad, así como la garantía al debido proceso, en sus elementos de defensa, fundamentación y valoración de la prueba, además de lesionarse los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica y proporcionalidad, porque el juez de instancia dispuso la aplicación de detención preventiva en su contra, por la concurrencia del inc. a) del art. 290 de la Ley 548, sin valorar la documental que presentó y que acreditó su domicilio, además se ha emitido un auto inconsistente, pues determinó la concurrencia del inc. e) del art. 290 de la Ley 548 y enmendado ese error dispuso la concurrencia del inc. b) de la misma previsión legal, ilegal determinación ratificada en apelación. A través del análisis que se pasa a desarrollar, corresponde establecerse si en el caso que ha motivado esta acción tutelar, se han lesionado o no los derechos denunciando en la acción de libertad. a) Necesaria aclaración previa, en cuanto al enfoque integral que se utilizará en la presente acción de defensa El proceso penal que da mérito a la presente acción de libertad, es uno en el que se debate la responsabilidad penal de adolescente, habiéndo iniciado este proceso el Ministerio Público contra Rubén Ricardo Mamani Torrez, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, Waldo Cotjiri Ibarra, Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal Segundo de Corque, del Departamento de Oruro, emitió el Auto interlocutorio de 3 de abril de 2022 y su complementario de la misma fecha, a través del que dispuso la detención preventiva del imputado, adolescente en conflicto con la ley penal, determinación apelada y resuelta por Auto de Vista 153/2022 de 27 de abril, pronunciado por Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil, Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Auto de Vista impugnado en la presente acción tutelar, en cuanto el impetrante de tutela considera que esa determinación es lesiva a sus derechos. Se deja establecido que el presente análisis se desarrollará considerando la determinación asumida por el Juzgador de instancia, decisión que al haber sido apelada y confirmada por los Vocales accionados, se constituye en el último fallo que también se considerará y evaluara, determinación emitida por el Tribunal competente, que conforme al principio de subsidiaridad, se constituyó en la autoridad superior que pudo subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto a la determinación asumida por el Juez inferior. Por otra parte, es necesario considerar que el proceso penal que dio mérito a la presente acción tutelar, deviene de un caso en el que existe un adolescente infractor que se vio involucrado en la presunta comisión de un delito, o lo que es lo mismo, se ha denunciado e imputado a un adolescente en conflicto con la ley penal, adolescente que por ser tal goza de una responsabilidad penal atenuada, en mérito a la protección constitucional reforzada que le corresponde, por encontrarse dentro de la franja etaria de 14 a 18 años, en el marco de lo regulado por el Código Niño, Niña y Adolescente o Ley 548. No se puede ignorar que dentro del proceso penal señalado, se tiene como víctima a una niña y/o adolescente, quién en su condición de mujer, supuestamente habría sufrido el delito de violación, violencia sexual denunciada, que se encuentra ampara en el marco de normas convencionales y nacionales determinadas, como la propia Ley 548, Ley 348 y otras; en el marco de las previsiones señaladas, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. En casos como el presente, en el que existen dos partes procesales contrapuestas, que forman parte de grupos vulnerables y que gozan de una especial protección, corresponde a las autoridades del poder público, judiciales y no judiciales, aplicar un enfoque integral del problema jurídico, máxime si se trata de autoridades constitucionales, como son los jueces y tribunales de garantías constitucionales y este Tribunal Constitucional, que en casos como el presente debe considerar los derechos de ambas partes en conflicto, más aún cuando emerjan de hechos de violencia en razón de género, en los que la justicia constitucional, no puede limitarse a considerar la denuncia efectuada por la parte accionante, sino que más allá que eso, debe también analizar los derechos de la víctima de violencia, conforme se ha expresado en Fundamento Jurídico III.3.2. del presente fallo constitucional. En consecuencia y conforme lo manifestado, en la presente acción de defensa se utilizará el enfoque integral, de manera especial porque se encuentra en debate hechos de violencia contra una mujer, adolescente, situación por demás de suficiente para controlar las actuaciones realizadas por las autoridades del poder público, no solamente policiales y del Ministerio Público, sino de manera especial, se determinará si en su razonamiento, las autoridades judiciales accionadas, que en apelación han conocido la determinación del juez inferior, si esas autoridades judiciales han aplicado o no un enfoque integral, que justifique denegarse o concederse la tutela planteada. b) Con relación al riesgo procesal de fuga y obstaculización previstos en el art. 290.I.a) de la Ley 548 (domicilio) En aquellos casos en los que existen situaciones de discriminación múltiple, a partir de diversas categorías como el género, edad y otras, deben aplicar un enfoque interseccional y de género, que debe tener una visión integral, cuidando el equilibrio que debe existir entre los derechos del imputado, más aún en aquellos casos en los que el mismo sea un adolescente responsable penalmente, con relación al cual se va aplicar una medida cautelar, de detención preventiva u otra, pero también no se puede invisibilizar los derechos de la víctima, teniendo especial cuidado en aquellas circunstancias en la que la misma es una mujer, menor de edad, que ha sufrido una situación de violencia sexual, todo en el marco de lo expresado en Fundamentos Jurídicos III.1., III.1.1., III.2., III.3. y III.3.1. de la presente decisión constitucional. El señalado enfoque integral, que obliga a las autoridades del poder público en general, pero de manera especial a las autoridades judiciales, asumir sus determinaciones considerando las situaciones procesales, que ponen en su consideración, ambos sujetos procesales, entre éstos el imputado y/o acusado, quién como responsable penal adolescente, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.2., puede oponerse y cuestionar la medida cautelar de detención preventiva, porque considera que no se han cumplido los requisitos procesales para su validez, al no concurrir todos o alguno de los riesgos procesales de fuga o de obstaculización. La medida cautelar de detención preventiva, puede ser impuesta contra un adolescente en conflicto con la ley penal, cuando la autoridad judicial ha realizado una evaluación integral de las circunstancias existentes, para determinar la existencia del riesgo procesal, relativo al peligro de fuga u obstaculización, previsto en el art. 290.I. a) de la Ley 548, pronunciándose en sentido de: “a. Que tenga facilidades o le puedan ser suministradas, para abandonar el país o permanecer oculto”. En la acción tutelar, la parte accionante considera que correspondió a la parte acusadora cumplir con la carga de la prueba relativa a la acreditación de su domicilio, pero la misma no presentó absolutamente nada, pese a eso su parte, presentó documental por la que acreditó que tiene domicilio establecido, pero el juzgador entendió que no se presentaron pruebas suficientes. En el caso de aplicación de medidas cautelares de detención preventiva, la autoridad fiscal debe demostrar que el imputado no tiene domicilio conocido, no tiene trabajo, no tiene familia, expresando las razones o la manera de cómo se darían los riesgos procesales que justifiquen la aplicación de una detención preventiva; sin embargo este tipo de actuación procesal del Ministerio Público, no implica que la institución deba asumir la carga de acreditar que el imputado tiene domicilio conocido, trabajo y familia, pues en la tramitación de un proceso contradictorio, esa actividad, corresponderá a la defensa del imputado quién deberá desvirtuar o acreditar lo contrario, es decir que no existe riesgo procesal alguno, porque el mismo tiene domicilio conocido, tiene una actividad o cuenta con familia. En consecuencia, el hecho que el riesgo procesal deba ser acreditado por la parte acusadora, debe ser entendido en el marco del razonamiento antes señalado, debiendo la autoridad fiscal participar en la audiencia, acreditando que el imputado y/o acusado no se someterá al proceso, porque el mismo por ejemplo, no tiene domicilio conocido; en ese mérito, la apreciación de la parte accionante, en sentido que la parte acusadora no cumplió con su obligación o con la carga de acreditar su domicilio conocido, no corresponde a una interpretación de la actividad del Ministerio Público, en todo caso y como se ha manifestado, es una obligación de la defensa acreditar precisamente que su persona, como acusado, si tiene un domicilio conocido, que enerve el riesgo procesal.
Ahora bien, habiéndose aclarado la posición de la parte accionante en cuanto al trabajo del Ministerio Público, corresponde analizarse la valoración que ha efectuado el juzgador de instancia, en cuanto al riesgo procesal del art. 289 inc. a) de la Ley 548, relativa al domicilio de la parte acusada y otros. De la revisión de obrados, se evidencia que en el auto emitido por el Juez inferior, entiende que no se enervó ese riesgo de fuga, porque la parte imputada: “no ha presentado ninguna documental para acreditar la situación de familia menos ha probado que tendría una ocupación con prueba documental fehaciente, limitándose a indicar que el imputado en su declaración a indicado que tiene su domicilio real, en la calle Sucre y Camacho de la localidad de Corque, así mismo hace mención a la existencia de un croquis … sin especificar la calle principal y la adyacentes … la certificación en … el SEGIP, se tiene solamente consignado como domicilio Localidad de Corque, razón por la cual no se tiene certeza”. En el razonamiento expresado, se evidencia que la autoridad de instancia, ha efectuado una valoración integral de las circunstancias existentes en el caso concreto, en cuanto no se ha acreditado que la parte imputada y/o acusada no solo no ha desvirtuado el riesgo de fuga u obstaculización por no haber acreditado adecuadamente domicilio, sino que también no ha presentado una documental que acredite su situación de familia, tampoco que tiene un trabajo o una ocupación con prueba fehaciente, como no se ha presentado documentación que acredite lo contrario (que tiene familia y/o que tiene ocupación), por ausencia de prueba se mantiene el riesgo procesal. Con relación a la documental que si se ha presentado y se ha realizado la valoración probatoria, se ha dado con relación al domicilio de la parte acusada, habiéndose contrastado dos pruebas, por una parte una declaración del imputado y un croquis presentado por el mismo (en el marco de la prueba de descargo, que serviría para acreditar que si tiene domicilio conocido) y otra que viene a ser una certificación del SEGIP (que como expresa en su memorial de apelación, sería una certificación presentada por el Ministerio Público o documental de cargo, que estaría destinada acreditar lo contrario; es decir, que el domicilio del mismo no es determinado, lo que genera dudas, evidenciando que no se tendría domicilio conocido y que justificaría el riesgo procesal). En esa contrastación de valoración probatoria, el Juez inferior razonó en sentido que la declaración del imputado en cuanto a su domicilio real, mismo que se encontraría entre Calles Sucre y Camacho, por sí solo no enerva el riesgo procesal, no permite la identificación plena del mismo, menos se aclara la ubicación con la presentación de un croquis, pues en el mismo ni siquiera se expresa la calle principal y adyacentes, tampoco se salva la omisión con la existencia de la certificación del SEGIP, que en forma general se refiere a un domicilio en la Localidad de Corque, en consecuencia, queda en evidencia que el imputado, luego acusado no tiene un domicilio fijo, manteniéndose el riesgo procesal u obstaculización, relativo al peligro de fuga. Por lo manifestado, se evidencia que el auto interlocutorio señalado, cuenta con una adecuada motivación, porque valoró correctamente las pruebas, a partir de las cuales llegó a decisión de disponer la detención preventiva del imputado, porque no se logró enervar el riesgo procesal, especialmente en cuanto al domicilio del mismo. Esa apreciación del Juez inferior, en apelación ha sido revisada por las autoridades accionadas, quienes frente a un fallo de instancia adecuadamente motivado en su valoración probatoria, fue confirmado en el Auto de vista cuestionado, por tanto no se ha lesionado la garantía al debido proceso, además no es cierto que se hubiera lesionado su derecho de libertad, menos que se habría lesionado el principio de seguridad jurídica, tampoco existe desproporcionalidad en la medida, porque la valoración probatoria resulta ser objetiva, por lo que mal puede haberse denunciado la existencia de un procesamiento indebido, en consecuencia con esa decisión no se ha cometido un acto ilegal que amerite conceder la tutela demandada. Tanto el Juez de instancia como los Vocales accionados, al reconocer la existencia del riego procesal relativo a no haber acreditado domicilio, en el marco de lo regulado por el art. 290.I a) de la Ley 548, además han efectuado un análisis a partir de un enfoque integral, en el que han considerado los derechos de ambas partes en conflicto, pero de manera especial han visibilizado los derechos de la víctima de violencia sexual; sin embargo el análisis de ese enfoque será desarrollado con mayor amplitud, en el último punto de la presente determinación constitucional -III.4. d-, al que se hace expresa remisión. c) Con relación al riesgo procesal de fuga y obstaculización previstos en el art. 290.I.b) de la Ley 548 (comportamiento durante el proceso) La parte accionante, considera que el Juez inferior ha emitido un auto inconsistente, pues en su contenido determinó la existencia del inc. e) del art. 290 de la Ley 548, sin que con carácter previo el mismo fuera denunciado por el Ministerio Público y como una forma de enmendar su error, en un auto complementario dispuso la concurrencia del inc. b) de dicha Ley, sin debate, vulnerándose su derecho de defensa. De la revisión de obrados se evidencia que el Juez de instancia, mediante Auto interlocutorio de 3 de abril de 2022, dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, en virtud de lo ordenado por el art. 290 inc. e) de la Ley 548 –entre otros-; posteriormente mediante un Auto de la misma fecha, sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, dispone: “se aclara que la detención preventiva se funda en el art. 290 inc a y b) de la Ley 548 y no así en el inc. e) del art. 290”. En consecuencia, de la relación precedente quedó establecido que la determinación de imponer la medida cautelar de la detención preventiva, en definitiva se basó en la aplicación del inc. b) del art. 290.I de la Ley 548; no siendo cierto lo aseverado por la parte accionante, que se habría aplicado el inc. e) sin que solicite el fiscal y sin debate, porque dicho inciso fue rectificado y quedó establecido que se trató del inc. b) no del inc. e), por lo que no es cierto que se habría lesionado sus derechos de defensa y el principio de presunción de inocencia. Ahora se pasa a establecer si la aplicación del inc. b) de la Ley 548, es una determinación arbitraria que viola o no los derechos denunciados por la parte accionante. Tanto el Auto Interlocutorio, como el último Auto, han sido pronunciados el 3 de abril de 2022, ambos integran una unidad, en cuanto el segundo, aclara lo determinado en el primero, por tanto en esa lógica, debe considerarse el contenido de la previsión que se aplica, que no es otra que el señalado art. 290.I. b) de la Ley 548 que establece que para decidir acerca de la concurrente del peligro de fuga u obstaculización, el juzgador realizará una evaluación integral de las circunstancias, en lo relativo a: “Que haya tenido durante el proceso o en otro anterior, un comportamiento que manifieste su voluntad de no someterse al mismo”. En el auto interlocutorio (primer auto), el Juez inferior, hizo referencia a: “que a la fecha ya se cuenta con una acusación fiscal, en la que señala que Rubén Ricardo Mamani Torrez, es con probabilidad autor del delito denunciado, máxime si este fue declarado rebelde en fecha 28 de agosto de 2020, por no comparecer ante la autoridad jurisdiccional, pese a su legal notificación, a efectos de determinar su situación procesal en la etapa investigativa, pues como ya se señaló ahora estamos en otra etapa procesal”, razonamiento a partir del cual, en el auto complementario de la misma fecha (segundo auto), el Juez inferior determinó la aplicación del art. 290.I.b) de la Ley 548 o la existencia del señalado riesgo procesal. Conforme ha apreciado el juzgador, dentro de la tramitación del proceso, en la etapa investigativa, el imputado asumió un evidente comportamiento que dejó en total evidencia, su voluntad de no someterse al proceso, en cuanto el mismo ha sido debidamente notificado, pese a eso no ha comparecido en oportunidad legal ante la autoridad jurisdiccional, lo que ha dado lugar a que el mismo sea declarado rebelde, razón por demás de suficiente para que en el caso de autos, exista un riesgo de fuga u obstaculización, adecuadamente establecido, razonado y determinado por el Juez inferior. Por lo expresado, el juez de instancia no ha cometido ninguna ilegalidad, cuando de manera fundamentada ha expresado las razones por las que consideró la existencia del señalado riesgo procesal, determinación que en apelación, ha sido avalada y confirmada por los Vocales accionados, quienes al referirse al punto apelado expresaron: “no halla respaldo alguno a fin de asumir determinación dando tutela a su pretensión recursiva, pues es evidente la demostración del comportamiento reticente del infractor que mereció incluso la declaratoria de rebeldía”; es que la reticencia del imputado (luego acusado), de someterse al proceso, justifica plenamente la determinación del riesgo procesal señalado en el art. 290.I. b) de la Ley 548. La adecuada fundamentación, que se ha dado en las decisiones cuestionadas, tanto del Juez inferior, como de los vocales accionados, permite aseverar que en el presente caso, no se ha dado un procesamiento indebido, pues se está frente a fallos judiciales, adecuadamente fundamentados, por lo que el reconocimiento del riesgo procesal señalado (art. 290.I b de la Ley 548), no resulta ser ninguna expresión de violación del principio de proporcionalidad, por todo ello no hay mérito a conceder la tutela planteada. Además del riesgo procesal señalado, establecido en el art. 290.I inc. b) de la Ley 548, reconocido por las autoridades accionadas, sin que por ello se haya cometido ninguna ilegalidad, corresponde hacerse mención a otras consideraciones expresadas por la parte accionante, quién en su memorial de acción de libertad expresó que en el auto interlocutorio, el juzgador determinó la concurrente del inc. e) del art. 290 de la Ley 548; asimismo en la audiencia tutelar, la parte impetrante de tutela, a tiempo ratificar su acción, también entendió que por un lapsus, determino el inciso e) en vez del d), cambiando por el inciso h) a fin de disponer la detención preventiva del infractor (punto I.2.1. de la presente decisión constitucional, transcripción textual). Ni en el auto interlocutorio ni en el auto de 3 de abril de 2022, tampoco en el impugnado Auto de vista 153/2022, se hizo mención a la aplicación del riesgo procesal establecido en el art. 290.I d) de la Ley 548, relativo a ocultar, suprimir o falsificar pruebas, nada de eso se ha considerado por las autoridades judiciales para establecer como riesgo procesal; tampoco dichas autoridades podrían referirse a un inc. h) del mencionado artículo, porque el mismo es inexistente, como se puede establecer de una elemental lectura de la mencionada previsión legal. En consecuencia, carece de sentido hacer referencias o menciones en cuando al alcance de los señalados incisos (uno de ellos inexistente). d) Con referencia a la aplicación del enfoque interseccional, de género, integral y de contexto de las autoridades accionadas En Fundamento Jurídico III.4. b) y c) de este fallo constitucional que anteceden, queda establecido que las autoridades accionadas no han cometido ninguna ilegalidad, al haber determinado la concurrencia de los riesgos procesales señalados en el art. 290.I. a) y b) de la Ley 548, conforme así se ha desarrollado. Ahora bien, con relación al alcance del inc) e del art. 290.I de la Ley 548, el mismo establece la existencia de riesgo de fuga u obstaculización, en aquellas circunstancias en la: “Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero”; esta previsión legal si ha sido mencionada e incluso transcrita en el Auto interlocutorio, sin embargo, por la aclaración que se dio en el auto complementario, su aplicación no fue la que determinó la existencia de los riesgos procesales que determinaron la detención preventiva del imputado y luego acusado, sino la aplicación del art. 290.I incs. a) y b) de la Ley 548, como se ha expresado precedentemente. Pese a lo antes expresado, es necesario tener presente que una persona relacionada al proceso, o participe del mismo, bien puede ser la víctima, que puede asumir o no la calidad de denunciante y/o querellante, su existencia jamás debería dar lugar a su invisibilidad, al contrario, siempre debe ser considerada para asumir una determinación en la que se declare la existencia de tal o de cual riesgo procesal, sin que por ello se relacione de manera necesaria, a la aplicación del inc. e) del art. 290.I de la Ley 548, máxime si se considera aquellos casos, en los que la víctima forma parte de grupos de especial vulnerabilidad, como se da cuando se trata de niño, niña, adolescente, adulto mayor, indígena, mujer y otros. En el razonamiento asumido por las autoridades judiciales, tanto del juez de instancia, como del tribunal de apelación, cuando han reconocido la existencia de los riesgos procesales señalados, contenidos en los incs. a) y b) del art. 290.I de la Ley 548, han tenido en cuenta la posición en la que se ha encontrado la víctima, que en el caso concreto se trató de una niña, luego adolescente mujer, que lejos de invisibilizarla o desconocerla, era necesario que consideren su existencia, cumpliendo con su deber convencional, aplicando un enfoque interseccional, de género, integral y de contexto, como se ha expresado en Fundamentos Jurídicos III.1. y III.3. del presente fallo constitucional, como así se ha dado y se pasa a demostrar (reiterando, sin que ello implique la aplicación o el reconocimiento del riesgo procesal del inc. e) del art. 290.I de la ley 548). Tratándose de procesos de niño, niña, adolescente responsables penalmente (Fundamento Jurídico III.2 de esta sentencia), en delitos de violencia también hacia niño, niña y adolescente mujer, que afecten su vida e integridad, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad (Fundamento Jurídico III.1. de esta decisión constitucional), las autoridades públicas, judiciales y no judiciales, en sus razonamientos y determinaciones, siempre deben aplicar los enfoques mencionados de interseccionalidad, de género, integral y de contexto del problema jurídico, a fin de lograr un adecuado equilibrio, entre los derechos del imputado, con los derechos de la víctima (así se ha señalado en Fundamento Jurídico III.3. de la presente determinación judicial). Si bien es cierto que la protección de los derechos de la persona que está siendo imputada o acusada es fundamental y determinante en la tramitación de cualquier proceso de naturaleza penal, más aún en aquellos casos de menores y adolescentes infractores, no es menos evidente que la protección también debe ser equilibrada en función de los derechos de la víctima, máxime si en aquellos casos, en los que la misma es una niña o adolescente, que por ser tal, forma parte de dos categorías tradicional y estructuralmente discriminadas, por la edad, como por su condición de mujeres víctimas de violencia (física, psicológica, sexual u otras). En los casos señalados, corresponde al Estado a través de sus diferentes instancias, aplicar los enfoques pertinentes, lo que así se ha dado en el caso de autos, tanto en la actuación del juez sentencia, como en la actuación de los vocales accionados, quienes además revisaron lo determinado por el inferior, a tiempo de confirmar el auto interlocutorio y su complementario. El Juez inferior ha entendido que: “la víctima a la fecha cuenta con 16 años de edad aproximadamente, por su condición de minoridad y condición de mujer (Adolescencia) está protegida por la Ley 348 y otras normas conexas”; esa visibilización de la víctima debe ser contra pesada con la posición de la parte imputada o acusada, más aún en casos en los que ambos pertenecen a grupos de especial protección, cuando se trata de niños y/o adolescentes. El equilibrio que las autoridades jurisdiccionales no deben perder, es el que tiene que existir entre los derechos de la víctima con los derechos de la parte imputada, que en el caso de autos, así mejor apreciada por las autoridades de apelación, ahora accionados, quienes al realizar una valoración y apreciación del riesgo procesal establecido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, en cuanto a la no existencia de un domicilio procesal, adecuadamente acreditado e identificado, entendieron que: “el fallo recurrido se refirió al domicilio señalado del infractor como ambiguo al no existir actualización del domicilio real, que resulta evidente … si bien el apelante resultó siendo menor de edad … a la fecha resulta siendo mayor de edad, y por ese solo hecho se entiende que debe tener establecido un domicilio identificado de manera correcta y certera”; en esa misma lógica también entendieron que: “El hecho de haber sido “menor de edad” a tiempo de la comisión de un hecho ilícito atribuido a su persona, no puede ser justificativo para ampararse bajo el razonamiento que expuso (en cuanto al domicilio), cuando se tiene verificado que la víctima aún continua en ese grupo vulnerable, además de su condición de mujer que también fue considerado por el juzgador”. Esa apreciación ha sido realizada con un enfoque interseccional y de género; por cuanto, considera la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima que se trata de una mujer (adolescente); de igual manera, hay una apreciación con enfoque integral, pues si bien en su apreciación tiene en consideración la existencia de una mujer víctima, también tiene presente la existencia de la otra parte que es el imputado y/o acusado; pero conforme a un enfoque de contexto, llegó a evidenciar la modificación de las condiciones del imputado, pues cuando cometió el supuesto hecho era un menor de edad, eso no impidió que con el paso del tiempo y el desarrollo del proceso, el mismo adquirió su mayoría de edad y como tal, tiene más responsabilidad en acreditar, adecuadamente su domicilio y poder enervar el riesgo procesal establecido en su contra. En el caso concreto, conforme a la valoración realizada por el Juez inferior y validada por las autoridades accionadas, en cuanto a la determinación del domicilio, se evidencia que el accionante, no demostró la existencia de un domicilio real que sea suficiente para desvirtuar el riesgo procesal establecido en su contra, más aún si se tiene en cuenta que esa determinación de domicilio no se encuentra respaldada por un documento público válido, puesto que por el contenido de la certificación del SEGIP (que fue presentada por el Ministerio Público), se ha generado una duda razonable en los juzgadores, en sentido de que el domicilio no está plenamente identificado, cuando expresa que el mismo (domicilio) se encuentra en la localidad de Corque, pero no se sabe exactamente dónde. En consecuencia; las autoridades accionadas, al haber confirmado en apelación la determinación del Juez inferior, razonado con enfoque interseccional, de género, integral y de contexto, en cuanto a la edad del acusado (ya mayor de edad), por la determinación en sentido de que no se enervo el riesgo procesal establecido en el art. 290 inc. a) de la Ley 548, no se ha cometido ningún acto ilegal.
Asimismo y conforme al razonamiento expresado con enfoque integral, el hecho que se haya reconocido el riesgo procesal establecido en el inc. b) del art. 290.I de la Ley 548 (Fundamento Jurídico III.4. d), no implica que el Juez de instancia y los vocales accionados, hayan reconocido el riesgo procesal establecido en el inc. e) del art. 290.I de la Ley 548 (que según expresó el accionante, no habría sido invocado por el Ministerio Público); por lo que, no es cierto que se hubiera lesionado el derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia de la parte accionada, correspondiendo por ello denegarse la tutela planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 32 a 41, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia:
DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
1 ARTÍCULO 261. (RESPONSABILIDAD DE LA Y EL ADOLESCENTE). I. La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la Jurisdicción Especializada y en la medida socio-educativa que se le imponga. (…)
2 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0879_2025-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): ef4acb05465fba70f56b467297c70e835cb31853affee0d06a1f18c203e51606
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →