Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de mayo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho al trabajo; y, de la garantía del debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentació, valoración de la prueba e incongruencia omisiva; toda vez que, habiéndose emitido la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022 a su favor; la Ministra ahora demandada en conocimiento del recurso de revocatoria interpuesto por la parte empleadora emitió la RM 040/23 determinando revocar totalmente dicha decisión administrativa; empero, en sus argumentos: 1) Omitió los contratos desde 2013, limitándose a los celebrados el 2021 y 2022; 2) No analizó la continuidad laboral en mismas funciones, salario y puesto laboral, ni la falta de refrendación de contratos; y, 3) No aplicó el art. 2 del DL 16187 sobre prohibición de contratos sucesivos o temporales para tareas permanentes. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 83/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 284 vta. a 289 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0878/2026-S2 Sucre, 5 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57385-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 83/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 284 vta. a 289 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iver Carlos Quique Vásquez contra Verónica Patricia NaviaTejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Por memoriales presentados el 28 de abril y 8 de mayo de 2023, cursantes de fs. 221 a 229; y, 232 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Ingresó a trabajar en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) -hoy tercera interesada- de manera continua desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2022, como encargado de relaciones públicas, periodo en el cual, la referida institución le hizo suscribir once contratos laborales, algunos a plazo fijo y otros bajo la modalidad de consultoría, aunque siempre cumpliendo las mismas funciones, sin interrupciones, pese a que algunos contratos reflejaban ciertos intérvalos de tiempo y que los encargados de Recursos Humanos (RR.HH.) condicionaban la suscripción de cada nuevo contrato a la solicitud previa de cancelación de los beneficios sociales correspondientes; no obstante, en septiembre de 2022, fue desvinculado de su fuente laboral bajo el argumento de que su contrato había concluido. Frente a lo cual, acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, presentando una solicitud de reincorporación laboral, en cuyo proceso administrativo demostró con documentación suficiente la existencia de la relación laboral, conforme a los arts. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979; y, 46, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado (CPE), que prohíben la utilización de contratos sucesivos a plazo fijo o contratos temporales en tareas permanentes de una institución, resolviendo en primera instancia, el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz dependiente del citado Ministerio emitir la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022 de 7 de octubre, ordenando a la UAGRM proceda a su reincorporación al mismo puesto que ocupaba, más el pago de los sueldos devengados. Determinación contra la cual la UAGRM interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante la Resolución Ministerial (RM) 040/23 de 9 de enero de 2023, que revocó totalmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022, con arbitraria motivación; toda vez que, en el Considerando V inc. 2) omitió pronunciarse sobre los contratos suscritos desde 2013, limitándose a considerar únicamente los celebrados entre 2021 y 2022, lo que implica que no realizó una valoración integral de la prueba presentada, sino de manera parcial mediante argumentos incompletos en desmedro de sus derechos. Por otro lado, en el Considerando V inc. 3), solo hace referencia a fundamentos y citas jurisprudenciales relativos a los contratos de consultoría, obviando fundamentar sobre los contratos a plazo fijo y la aplicación del art. 2 del DL 16187, que prohíbe más de dos contratos sucesivos o la contratación temporal para tareas permanentes, extremos que fueron expuestos en la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022, limitándose a manifestar de manera extra petita que si bien reconoce la existencia de contratos a plazo fijo en varias gestiones, pero advierte que no consta ningún reclamo administrativo previo por desvinculación arbitraria al término de los mismos; asimismo, omitió pronunciarse sobre la naturaleza de los contratos y el trabajo desempeñado que fue el mismo durante todo el periodo laboral en igual lugar y similar sueldo, mucho menos respecto a los argumentos que sostienen la citada Conminatoria de Reincorporación Laboral con relación a la falta de refrendación o visado de los contratos, en contravención del art. 22 de la Ley General del Trabajo (LGT).
Denunció la lesión de su derecho al trabajo; y, de la garantía del debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 115.I, 46.I.2, 48.II y III y 49.III de la CPE; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la RM 040/23, y se emita una nueva resolución acorde a los principios, garantías y derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema.
Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de junio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 278 a 284 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado ratificó los argumentos expuestos en su memorial de demanda de la presente acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia manifestó que: a) Trabajó en la UAGRM desde 2013 y específicamente como responsable de contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables desde septiembre de 2016 hasta abril de 2022, fecha en que se le comunicó la finalización de su contrato; b) Contra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022, la parte empleadora interpuso recurso de revocatoria -adecuado a revisión-, dando lugar a la RM 040/23, la cual incurrió en graves omisiones, pues no valoró los contratos suscritos ni la norma que los prohibía, que en cambio sí fueron valorados en primera instancia, limitándose al último contrato de consultoría individual en línea; ignoró el art. 48.II de la CPE referente a la protección al trabajador y primacía de la relación laboral; y señaló erróneamente que el trabajador debió denunciar ante autoridad administrativa, lo que no ocurrió porque asistía regularmente a su fuente laboral; y, c) La RM 040/23 vulnera el debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación e incongruencia omisiva, pues no describe ni valora individualmente las pruebas ni establece la relación de causalidad entre hechos y pretensiones, contraviniendo la SCP 1237/2022-S4 de 22 de septiembre.
Verónica Patricia NaviaTejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante legal, mediante informe escrito cursante a fs. 276 y vta., así como en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: 1) La RM 040/23 fue emitida de manera fundamentada y motivada. Del recurso de revisión interpuesto por la UAGRM se evidenció que, si bien la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022 se basó en presuntos contratos a plazo fijo suscritos entre 2017 y 2021, también existía el Contrato Administrativo F.C.C.A.S.C.G.F. UAGRM 054/2022 -Contratación Menor de Consultor Individual de Línea como Apoyo Administrativo en modalidad virtual-, suscrito por el propio accionante. Dicho contrato, vigente del 6 de abril al 6 de septiembre de 2022, se regía por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y las normas presupuestarias, y durante su vigencia el impetrante de tutela presentó informes mensuales, lo que configuró actos consentidos en el marco de la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre; 2) Conforme a la SCP 0014/2014 de 4 de noviembre, el Ministerio de Trabajo carecía de facultad para pronunciarse sobre relaciones laborales previas; toda vez que, al concluir la relación laboral de 2021, el accionante fue contratado bajo la modalidad de consultor en línea, ajena a la Ley General del Trabajo y a las atribuciones de dicha Cartera de Estado, cuyo conocimiento corresponde a la vía contencioso administrativa; 3) El reclamo de falta de valoración probatoria carece de carga argumentativa suficiente de acuerdo a lo establecido en la SCP 0841/2017-S2 de 14 de agosto, pues el accionante no identificó qué pruebas fueron indebidamente valoradas o ignoradas, ni demostró el nexo entre la presunta vulneración y la afectación directa de derechos, incumpliendo además la exigencia de relevancia constitucional; y, 4) Los antecedentes del caso derivan de un proceso administrativo laboral reglado, por lo que la pretensión del accionante busca una revisión extraordinaria de la actividad interpretativa de su Ministerio, lo cual no es competencia de la jurisdicción constitucional, salvo que se demuestre ausencia de fundamentación, omisión valorativa o incorrecta aplicación del orden jurídico, extremos no acreditados en la demanda.
Vicente Remberto Cuelllar Tellez, Rector de la UAGRM, a través de su representante legal, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela requerida por lo siguiente: i) El accionante no acudió oportunamente ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz. Suscribió contratos a plazo fijo en 2017, 2018, 2019 y 2021, el último con vigencia al 30 de diciembre de 2021. Posteriormente, celebró el Contrato Administrativo 054/2022 bajo modalidad de consultoría en línea del 6 de abril al 6 de septiembre de 2022, sujeto a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y fuera de la competencia del Ministerio de Trabajo. Conforme la SCP 0135/2013-L de 20 de marzo, el plazo para acudir tras un despido injustificado es de tres meses; sin embargo, el impetrante de tutela presentó su denuncia recién el 15 de septiembre de 2022, nueve meses después de la conclusión de su último contrato, evidenciando falta de diligencia procesal e inobservancia del principio de subsidiariedad; ii) Existen hechos controvertidos que impiden la intervención de la jurisdicción constitucional, pues no es su atribución definir derechos no consolidados, labor que corresponde a la jurisdicción ordinaria o administrativa. En el caso, deben dilucidarse en la vía ordinaria laboral: a) La existencia de contratos a plazo fijo y el pago de beneficios sociales, lo que demostraría que el trabajador aceptó la conclusión de su relación laboral y que no corresponde su reincorporación; b) La suscripción de un contrato de consultoría en línea, cuyo carácter administrativo debe ser determinado por la justicia laboral si se alega que encubre una relación laboral; y, c) La falta de visado de los contratos; y, iii) No todo defecto procesal amerita tutela constitucional; para que una vulneración adquiera relevancia constitucional, debe demostrarse que la irregularidad procesal tuvo efecto determinante en el resultado final del proceso. En el caso, los defectos alegados no cumplen tales condiciones, pues aun si se anulara la resolución impugnada, el resultado sería el mismo, dado que el trabajador no presentó su denuncia dentro del plazo legal.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 83/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 284 vta. a 289 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Como hechos no controvertidos se identificó la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que ordenó la reincorporación del accionante y el pago de salarios devengados conforme al Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010; dicha Conminatoria fue impugnada mediante recurso de revocatoria por la UAGRM, dando lugar a la emisión de la RM 040/23, objeto de la presente acción tutelar; b) Los hechos controvertidos giran en torno a la presunta falta de fundamentación, motivación y congruencia de la RM 040/23, así como la presunta vulneración al derecho al trabajo, pues el impetrante de tutela sostiene que no se consideraron los contratos a plazo fijo de gestiones anteriores que demostrarían la continuidad laboral; c) De la revisión de la mencionada Resolución se evidencia que, en su considerando quinto, numeral tercero, se efectuó un análisis detallado y motivado sobre las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, citando, entre otros, la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio, en cuya fundamentación se explicó que los contratos de consultoría en línea poseen un régimen jurídico especial, distinto de la relación laboral, pues el consultor no tiene la calidad de empleado ni de servidor público en esencia, encontrándose sujeto al régimen administrativo de las referidas Normas Básicas y la Ley de Administración y Control Gubernamentales; d) La RM 040/23 argumentó que, si bien existieron contratos a plazo fijo en 2017, 2018, 2020 y 2021, el impetrante de tutela aceptó voluntariamente una nueva relación jurídica mediante el Acta de Adjudicación 11/2022 de 30 de marzo y el Contrato Administrativo 054/2022, por lo que no se evidenció una desvinculación laboral arbitraria o intempestiva tras la conclusión del contrato de consultoría en línea; y, e) Considerando la carga argumentativa desarrollada por la autoridad accionada conforme al art. 2 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 3 de octubre de 2022-, así como la SCP 0129/2019-S4 de 17 de abril, se concluye que la relación contractual del peticionante de tutela no se encontraba bajo la jurisdicción laboral, sino dentro del régimen administrativo, que cuenta con su propio procedimiento de impugnación contencioso administrativo en el marco de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo. Por tanto, la determinación del Ministerio de Trabajo de revocar la Conminatoria y rechazar la denuncia por estabilidad laboral es razonable y legalmente fundada, más aún cuando existen hechos controvertidos sobre la modalidad de la relación laboral, que corresponden ser resueltos por la jurisdicción competente.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 293 a 295); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022 de 7 de octubre, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, por la cual requirió a la UAGRM -ahora tercera interesada- proceda a reincorporar de manera inmediata a Iver Carlos Quique Vásquez -hoy accionante- a su fuente laboral, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado en aplicación del DS 0495, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley (fs. 37 a 39). II.2. Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, la UAGRM interpuso recurso de revocatoria (fs. 15 a 18), que fue resuelto por RM 040/23 de 9 de enero de 2023, pronunciada por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandada-, quien en aplicación de lo dispuesto por el parágrafo VI del art. 3 de la Ley 1468, determinó revocar totalmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022, rechazando la denuncia de reincorporación laboral presentada por el impetrante de tutela (fs. 2 a 6).
El accionante denuncia la lesión de su derecho al trabajo; y, de la garantía del debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentació, valoración de la prueba e incongruencia omisiva; toda vez que, habiéndose emitido la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022 a su favor; la Ministra ahora demandada en conocimiento del recurso de revocatoria interpuesto por la parte empleadora emitió la RM 040/23 determinando revocar totalmente dicha decisión administrativa; empero, en sus argumentos: 1) Omitió los contratos desde 2013, limitándose a los celebrados el 2021 y 2022; 2) No analizó la continuidad laboral en mismas funciones, salario y puesto laboral, ni la falta de refrendación de contratos; y, 3) No aplicó el art. 2 del DL 16187 sobre prohibición de contratos sucesivos o temporales para tareas permanentes. En lugar de ello, se pronunció de forma extrapetita, señalando que el trabajador no cuestionó oportunamente sus desvinculaciones previas. La autoridad demandada, respecto al acto lesivo que se le atribuye, señaló que: i) La RM 040/23 fue emitida de manera fundamentada y motivada, tras un análisis exhaustivo de los antecedentes del caso; ii) El contrato de 2022 fue de consultoría en línea, ajeno a la Ley General del Trabajo, lo que impide considerar las relaciones laborales previas entre 2017 a 2021, sin que el refrendo ministerial de estas últimas modifique dicha conclusión; iii) Al concluir la relación laboral a plazo fijo en 2021, el impetrante de tutela entabló una nueva relación contractual como consultor en línea, regida por normas administrativas y, por tanto, ajena a las atribuciones de esta Cartera de Estado; iv) Dicha controversia debía ventilarse ante la jurisdicción contencioso administrativa; y, v) En cuanto al reclamo por falta de valoración probatoria, el accionante no cumplió con la carga argumentativa suficiente que exige la jurisprudencia constitucional para activar la revisión excepcional de la actividad interpretativa realizada por la autoridad administrativa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Los arts. 129.I de la CPE y 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) consagran el principio de subsidiariedad, imponiendo a la parte accionante la carga de agotar previamente los medios legales idóneos antes de acudir a la acción de amparo constitucional, salvo circunstancias excepcionales debidamente acreditadas. En materia laboral, con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022- el 3 de noviembre de ese año, operó un cambio normativo sustancial en la protección de los derechos laborales. Mediante su Disposición Abrogatoria, quedó abrogado el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y, mediante su Disposición Derogatoria, se derogaron los Parágrafos III, IV y V del art. 10 y el art. 13 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006. Dichas disposiciones, con anterioridad, facultaban a la justicia constitucional a conocer y hacer cumplir conminatorias de reincorporación laboral. A partir de la vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, esa atribución fue conferida a la jurisdicción ordinaria especializada en materia laboral.
En coherencia con lo expuesto, el art. 15 de la Ley 1468 dispone textualmente: “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común” (las negrillas fueron añadidas). De lo expuesto se infiere que la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales ha previsto un mecanismo específico de impugnación judicial contra los actos administrativos en materia de restitución de derechos laborales, ya sea la Resolución de Restitución de Derechos Laborales -art. 3- o la Resolución Ministerial que, al resolver el recurso de revisión -art. 13-, la confirme o revoque, el cual debe ser activado por la parte que se considere agraviada ante la jurisdicción laboral, conforme al procedimiento laboral común. En consecuencia, cualquier cuestión de hecho y derecho emergente de la vía administrativa debe ser dilucidada inicialmente ante la judicatura laboral, medio idóneo y previo establecido por el legislador y solo luego, de persistir la vulneración, de la jurisdicción constitucional. El aludido criterio ha sido sostenido de manera reiterada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en Autos Constitucionales recientes, entre ellos el 0044/2024-RCA de 15 de febrero, 0142/2024-RCA de 16 de mayo, 0067/2025-RCA de 13 de febrero y 0092/2025-RCA de 25 de marzo, en los cuales se confirmó la improcedencia de acciones de amparo constitucional interpuestas contra resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitidas en vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, precisamente por la existencia de la vía impugnativa prevista en el art. 15 de dicha Ley, que permite a la parte accionante presentar sus justificaciones y pruebas ante la instancia ordinaria competente. En la misma línea, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1277/2025-S2 de 28 de octubre; 0422/2025-S3 de 23 de mayo, entre otras.
Como elemento relevante del caso, consta que emitida la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022 de 7 de octubre -favorable al accionante-, la Ministra de Trabajo, al resolver la impugnación interpuesta por la parte empleadora, dictó la RM 040/23 de 9 de enero de 2023, revocando totalmente aquella Conminatoria y rechazando la denuncia de reincorporación laboral presentada por el impetrante de tutela (Conclusiones II.1 y II.2). Siendo esta Resolución la que el accionante considera como acto lesivo a sus derechos.
1468 y adecuación del recurso de revocatoria a recurso de revisión
Previo al análisis del problema jurídico, corresponde determinar si la RM 040/23 de 9 de enero de 2023 fue emitida conforme al ámbito de vigencia temporal de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales y en consecuencia, si el recurso de revocatoria interpuesto por la UAGRM fue adecuado al recurso de revisión previsto en dicha Ley. Para ello, debe precisarse que la SCP 0835/2023-S3 de 1 de agosto, haciendo un análisis de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, aclaró que “…la misma entrará en vigencia en el plazo de treinta días calendario, computable a partir de su publicación; y no así de su promulgación como se hizo constar en dicho fallo constitucional; por lo que, al haber sido publicada dicha Ley, el 3 de octubre de 2022, se tiene que el cómputo de los treinta días fenecería el 2 de noviembre de ese año; entrando en vigencia recién desde el 3 del citado mes y año…”; en ese marco, el recurso de revocatoria contra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022 fue interpuesto por la UAGRM el 3 de noviembre de 2022 (Conclusión II.2), esto es, el mismo día de la vigencia plena de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales. El art. 30.II del Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, aprobado mediante RM 1377/22 de 1 de noviembre de 2022, establecía textualmente: “A partir de la vigencia plena de la Ley 1468, no se admitirá la presentación de Recursos de Revocatoria, correspondiendo a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo calificar y determinar el procedimiento que corresponda, es decir, que tales recursos deben ser calificados como Recursos de Revisión, correspondiendo sean resueltos conforme al art. 13 de la Ley 1468 y los arts. 20 y siguientes del presente Protocolo” (el subrayado es nuestro).
Si bien el recurso interpuesto fue de revocatoria, al haber sido presentado el mismo día de la vigencia plena, la autoridad administrativa competente -hoy demandada- actuó conforme a la nueva normativa, adecuando su tramitación al recurso de revisión y resolviendo la impugnación bajo los parámetros del art. 13 de la Ley 1468, como expresamente se señaló en la RM 040/23. De ello se sigue que la RM 040/23 constituye una Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales emitida en el marco de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, específicamente resolviendo un recurso de revisión contra una resolución de primera instancia -la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022-. Por tanto, el régimen aplicable a dicho acto administrativo es el previsto en el art. 13 de la citada Ley.
El accionante cuestiona la RM 040/23 alegando falta de fundamentación, motivación, valoración probatoria e incongruencia omisiva, así como vulneración a su derecho al trabajo. Sin embargo, del análisis de los antecedentes procesales se evidencia que el impetrante de tutela no agotó la vía de impugnación judicial antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales establece que la Resolución de Restitución de Derechos Laborales -acto de primera instancia, equivalente a la otrora Conminatoria de reincorporación laboral- es impugnable mediante recurso de revisión -art. 13-. De manera que, la Resolución Ministerial que la confirme o revoque, puede ser impugnada ante la jurisdicción laboral, conforme al procedimiento laboral común. En otros términos, la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022 exige que cualquier cuestión de hecho y derecho emergente de la vía administrativa -en el caso concreto, las relativas a la continuidad laboral y a la supuesta aplicación indebida de la normativa sobre contratos de consultoría- sea dilucidada inicialmente ante la jurisdicción laboral, y solo luego, de persistir la vulneración, ante la justicia constitucional.
En el presente caso, el accionante no acreditó haber activado el mecanismo de impugnación judicial previsto en la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 170-A/2022, ni ha argumentado y/o demostrado que el mismo sea ineficaz, insuficiente, o que exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. Por tanto, al existir un medio legal alternativo, la acción de amparo constitucional interpuesta directamente contra la RM 040/23 incumple el principio de subsidiariedad. Por tanto, corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 83/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 284 vta. a 289 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0878_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2f170fbf085ac5e3549d71579abd825cdd5b7e0ccc7bd0f0948bdaf189eea540
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