Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, en audiencia de medidas cautelares de carácter personal, la Autoridad demandada emitió el Auto Interlocutorio 10/2024 de 30 de enero, ordenando su detención preventiva. En mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental. El Juez y Secretario -demandados-, no transcribieron el acta y resolución de audiencia. Transcurrieron más de tres días y el cuaderno de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 2 de febrero, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal del El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional, disponiendo que el Juez y Secretario demandados, en el día remitan el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, salvo que por el transcurso del tiempo, el mismo ya hubiera sido remitido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0877/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62663-2024-126-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 3/2024 de 2 de febrero, cursante a fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noé Leonardo Albornoz Limachi contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Anticorrupción Penal Segundo; y, Rudy Quispe Huanca, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Tercero (en suplencia legal) ambos de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2024, cursante de fs. 9 a 11, el accionante, manifestó que:
Acusó que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público, a instancias de Maribel Choque Huayna y otros, por la presunta comisión del delito de robo agravado. En audiencia de medidas cautelares de carácter personal, la Autoridad -ahora demandada-, emitió el Auto Interlocutorio 10/2024 de 30 de enero, ordenando su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; en mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental. El Juez y Secretario -demandados-, no transcribieron el acta y la resolución de audiencia. Transcurrieron más de tres días y el cuaderno de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada, no habiéndose cumplido los plazos previstos por el Código de Procedimiento Penal.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, citando al efecto el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “… LA REMISION DEL LEGAJO DE APELACION INCIDENTAL DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024 Y SUS ELEMENTOS DE PRUEBAS OFRECIDAS EN LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, ante la instancia superior en grado…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de febrero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 20 a 21 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolo señaló que: a) Hasta el momento de la celebración de la audiencia de acción de libertad, las autoridades demandadas, no remitieron el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada; b) Conforme al art. 125 de la CPE; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0323/2018-S1 de “13 de abril” “lo correcto es 16 de julio” y 0199/2010-R de 24 de mayo, señalan los mecanismos de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, vía la presente acción tutelar; y, c) El Juez y Secretario demandados, vulneraron el debido proceso y el principio de celeridad. No cumplieron los plazos previstos en el art. 251 del CPP.
Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Anticorrupción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 2 de febrero de 2024, cursante de fs. 18 y vta., señaló que: 1) El 30 de enero de 2024, emitió la Resolución 10/2012, ante ello el impetrante de tutela, planteó el recurso apelación incidental. Ordenó al Secretario ahora codemandado, la remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada, en los plazos establecidos en la norma procesal penal; 2) Refirió que el Secretario codemandado, se encontraba en suplencia legal de su despacho, pues debió considerarse la elevada cargar procesal por la administración de dos Juzgados, amparándose en la SCP 0640/2020-S2 de 9 de noviembre; y, 3) Solicitó se deniegue la tutela impetrada. Rudy Quispe Huanca, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz (En suplencia legal), a través de informe escrito presentado el 2 de febrero de 2024, cursante de fs. 17 y vta., señaló que: i) En audiencia de medidas cautelares, de 30 de enero de 2024, el Juez demandado, dispuso detención preventiva al impetrante de tutela, quedando notificados con la Resolución el Ministerio Público y el abogado defensor; y, no así el accionante debido a que no estuvo presente. La notificación se diligenció el 31 de enero del mismo año vía Whatsapp; ii) De acuerdo al art. 404 del CPP, el impetrante de tutela, tenía un plazo de tres días, para presentar el recurso de apelación incidental; y, de forma escrita en caso de sentirse agraviado; iii) Fungió suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mencionó que la carga procesal de ambos juzgados es alta; sin embargo, cumplió con los plazos procesales. La Resolución 10/2024, fue impresa dentro el plazo de veinticuatro horas y fue notificada al solicitante de tutela; y, iv) Peticionó se deniegue la tutela.
La Jueza Segunda de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2024 de 2 de febrero, cursante de fs. 22 a 24, concedió la tutela solicitada, disponiendo que las autoridades demandadas, a primera hora del siguiente día, remitan el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada; con base en los siguientes fundamentos: a) La acción tutelar planteada por el impetrante de tutela, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad, ante demoras injustificadas por las autoridades demandadas. Para hacer efectivos los principios constitucionales previstos por los arts. 178.I, 180.I. de la CPE, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 1,3,4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); asimismo refirió la SCP 0247/2012 de 29 de mayo; b) No existe justificativo idóneo para dejar pasar en alto, la negligencia del Juez demandado; c) En relación a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, mencionó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0464/2018-S4 de 27 de agosto; y, 1437/2015-S2 de 23 de diciembre, señala que los funcionarios de apoyo judicial carecían de legitimación pasiva. Sin embargo, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las Sentencias Constitucionales 0032/2010-R de 17 de junio; y, 1169/2011-R de 26 de septiembre. La acción constitucional, puede ser dirigida incluso a personas particulares y personal administrativo; d) El art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que los funcionarios de apoyo judicial son sujetos de responsabilidad administrativa, civil, penal; y, con mayor razón en las omisiones vinculadas a los derechos fundamentales de las personas; e) El incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo judicial, debió observarse por el Juez demandado, al no hacerlo, corresponde la responsabilidad de ambas autoridades. Sus actos y omisiones, merecen un reproche en la vía constitucional; y, f) Refirió el art. 56 del CPP, señala que: “… el Juez o Tribunal será asistido con la debida diligencia del cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o un secretario… (sic).
Mediante acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso la optimización en la gestión de acciones de libertad; por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió con el sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 29 de enero de 2024, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Segundo del El Alto, el Fiscal de Materia presentó inicio de investigaciones e imputación formal en contra el peticionante de tutela; asimismo solicitó audiencia de medidas cautelares (fs. 2 a 7 y vta.). II.2. Consta proveído de 30 de enero de 2024, el Juez ahora demandado, señaló audiencia virtual de medidas cautelares, para el mismo día a horas 15:00 (fs. 8).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, en audiencia de medidas cautelares de carácter personal, la Autoridad demandada emitió el Auto Interlocutorio 10/2024 de 30 de enero, ordenando su detención preventiva. En mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental. El Juez y Secretario -demandados-, no transcribieron el acta y resolución de audiencia. Transcurrieron más de tres días y el cuaderno de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación al tema, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que: “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014 de 3 de enero y 0017/2016-S1 de 6 de igual mes. En ese sentido, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (las negrillas son nuestras). Entendimiento reiterado por la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio.
Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…)
La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas son nuestras).
El art. 83 de la LOJ, establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones, se hallan previstas en la citada ley. Sobre este tema, la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio, indicó que: “A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.
…este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’ Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero. De lo expuesto en líneas precedentes, queda establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación activa en dos supuestos: 1) En los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial; y, 2) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas” (las negrillas son nuestras).
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, en audiencia de medidas cautelares de carácter personal, por Auto Interlocutorio 10/2024 de 30 de enero, se ordenó su detención preventiva. En mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental. El Juez y Secretario -demandados-, no transcribieron el acta, ni la resolución de audiencia, transcurrieron más de tres días y el cuaderno de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada.
De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad.
En virtud al razonamiento jurisprudencial citado, en el caso que se analiza, se llevó acabo la audiencia de medidas cautelares el 30 de enero (Conclusión II.2), donde se emitió el Auto Interlocutorio 10/2024; y, el impetrante de tutela a través de su abogado en audiencia, de manera oral interpuso apelación incidental. A cuyo efecto el Juez demandado ordenó al Secretario ahora codemandado que el cuaderno de apelación, sea puesto en conocimiento del Tribunal de alzada. Sin embargo, no fue remitido. Ante ese incumplimiento, como director del Juzgado debió hacer seguimiento a fin que las referidas actuaciones se desarrollen sin dilaciones, desde la emisión del citado fallo (30 de enero de 2024), hasta la presentación de esta acción de defensa (2 de febrero de igual año). En ese sentido, transcurrieron tres días hábiles, desconociendo con ello el plazo previsto en el art. 251 del CPP, el cual establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo; y una vez formulado el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas; lo contrario, significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y el debido proceso. En ese sentido, corresponde conceder la tutela impetrada.
En ese marco, debe tenerse presente que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Así las cosas, la no remisión del referido trámite de apelación incidental, por parte de las autoridades -ahora demandadas-, dentro los plazos establecidos en la norma procesal, causó una demora o dilación injustificada en definir la situación jurídica del impetrante de tutela, quien se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Irregularidad que amerita ser reparada por este Tribunal.
Por otro lado con relación al Secretario codemandado, en su condición de servidor de apoyo judicial, debe señalarse que la misma tiene legitimación pasiva en esta acción de defensa; puesto que, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta resolución constitucional, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino las omisiones de carácter administrativo como ser: la falta o inoportuna elaboración del cuaderno de apelación y el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, entre otras, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de las personas. Aspecto que, en el caso en examen efectivamente aconteció; puesto que, el codemandado, debió cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones especificadas conforme al art. 94 de la LOJ, no solo en la elaboración del acta de la audiencia de consideración de medidas cautelares, sino además remitir los antecedentes ante el superior en grado, agotando todas las gestiones pertinentes y conducentes para dicho fin, y no tratar de justificar la demora en el envío, en una supuesta excesiva carga procesal (sin prueba objetiva alguna que refrende lo argumentado), afectando negativamente el buen desempeño de las labores jurisdiccionales.
En consecuencia, el Secretario codemandado, incumplió sus funciones como personal de apoyo jurisdiccional al no haber remitido el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada en los plazos previstos por el art. 251 del CPP, ordenado por el Juez ahora demandado, lo que vulneró el derecho a la libertad y al debido proceso del impetrante de tutela, al haber incurrido en una comisión indebida, vinculada con los referidos derechos; por ello corresponde conceder la tutela.
En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 2 de febrero, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal del El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional, disponiendo que el Juez y Secretario demandados, en el día remitan el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, salvo que por el transcurso del tiempo, el mismo ya hubiera sido remitido.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. (…).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0877_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): ca387e81c0375a8569cf0921cd3a92414c20529d751bd8156cf0004d0d97860c
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