Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de octubre de 2024
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, y congruencia a la valoración razonable de la prueba; a la propiedad privada y a los derechos de las personas adultas mayores a una vida digna; ello en mérito a que los Vocales accionados, dentro de un proceso ejecutivo, resolvieron confirmar el Auto de 31 de agosto de 2023 (Auto 966), apelado de su parte, mediante la emisión del Auto de Vista 117 de 28 de mayo de 2024; sostiene que el Auto de Vista que ahora impugna no se pronunció específicamente sobre los agravios planteados en su recurso de apelación, limitándose a resumirlos, para luego realizar una breve descripción de algunas actuaciones procesales para finalmente concluir que los agravios presentados de su parte no resultaban ciertos, afirmando que la Jueza de la causa compulsó de manera correcta los actos procesales tramitados, manifestando que ello demostraba la improcedencia de su solicitud de nulidad y tercería de derecho excluyente, lo que implica una total falta de fundamentación, motivación y congruencia de la resolución judicial, constituyéndose en un acto arbitrario que no toma en cuenta los reclamos efectuados en cuanto a la tercería de dominio excluyente y la solicitud de nulidad de todos los actos llevados a cabo dentro del proceso sin haber sido notificados, y sin referirse al hecho que ambos accionantes son personas adultas mayores, que merecen una protección preferente por parte del Estado, al pertenecer a un grupo vulnerable. Por tal motivo, los ahora acci…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° REVOCAR en parte la Sentencia 11/24 de 25 de julio de 2024, cursante de fs. 870 vta. a 877, emitida por El Juez Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia DENEGAR en todo la tutela solicitada. 2° Se llama severamente la atención a: Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, conminándole a cumplir la Ley 1104; con la advertencia que, en lo posterior se le remitirá al Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0873/2024-S3 Sucre, 2 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 66044-2024-133-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/24 de 25 de julio de 2024, cursante de fs. 870 vta., a 877, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Humberto Benjamín Velarde Guzmán y Miriam Virginia Pérez de Velarde contra Freddy Pérez Chavarría y Silvia Jaqueline Martínez Blacutt, Vocales de la Sala Civil Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 12 de julio de 2024, cursante de fs. 785 a 808, el accionante expresó lo siguiente:
El 21 de octubre de 2016, Alejandro Antonio Ayaviri Urenda, interpuso demanda ejecutiva contra Mariana Antelo Céspedes y José María Cuellar Del Rivero, misma que fue resuelta en primera instancia por la Jueza de la causa mediante Sentencia de 28 de octubre, por la que se resolvió el embargo de los bienes de los ejecutados previamente mencionados; El 16 de enero de 2017, la Oficial de Diligencias del Juzgado que conoce esta causa, elaboró el acta de embargo del inmueble inscrito en Derechos Reales (DD.RR.), bajo matrícula computarizada 70130200002146 que es de su propiedad y que pretenden arrebatarle de forma ilegal; por lo cual, deja constancia que el embargo no se encuentra registrado en DD.RR., sino hasta el 8 de diciembre de 2021.
El 23 de marzo de 2017, el Juez de la causa, mediante providencia, determinó que no podía aplicarse lo determinado por el art. 414 del Código Procesal Civil (CPC), debido a que el inmueble se encontraba a nombre de una tercera persona; El 7 de abril del mismo año, mediante providencia se tiene por presentado el avalúo del inmueble, sin considerar que no se registró el embargo, vulnerando de esa manera el contenido del art. 417 del CPC, que establece que solo puede realizarse el avalúo una vez practicado el embargo, y este solo es oponible a terceros una vez registrado en DD.RR., art. 411.II del CPC, congruente con el art. 1538. I y II del Código Civil (CC). El 5 de marzo de 2018, mediante Auto de Vista, la Sala Civil Segunda sostiene que la Jueza de la causa no obró de manera correcta, en mérito a que el acta de embargo efectuada el 16 de enero de 2017, si bien no adquirió publicidad sino hasta cuando la misma fue inscrita en DDRR el 3 de abril del mismo año, no se actuó conforme a lo establecido por el art. 1538.I y II del CC, que dispone que ningún derecho real sobre inmuebles surte efecto contra terceros sino desde el momento que se hace público, más aun cuando resulta evidente que Fernando Baldivieso Albuquerque tiene su derecho propietario inscrito con anterioridad a la publicidad del embargo. El 10 de mayo de 2018, los accionantes, compraron la propiedad que se encuentra actualmente afectada, mediante testimonio de Escritura Pública 195 de transferencia, otorgada por Notaria de Fe Pública 94, e inscrita den DD.RR. el 16 de mayo de 2018, del anterior propietario Fernando Baldivieso Albuquerque. El 11 de marzo de 2019, de manera incongruente, la referida Jueza, dispuso el remate del referido inmueble, sin notificarles, tampoco evidenciar el derecho propietario, ni que se encuentre registrado el embargo en DD.RR.; irregularidades por las cuales, se encuentra viciado de nulidad, según lo estipulado por el art. 424.I del CPC; al haberse señalado dos audiencias de remate, sin contar con un embargo registrado, no verificar el derecho propietario, siendo contrario a lo dispuesto en el proceso, además de incumplir lo dispuesto por el art. 411 del CPC; el 8 de diciembre de 2021, recién el demandante inscribió de forma ilegal e irregular su embargo y anotación preventiva. Por memorial presentado el 21 de julio de 2022, interpusieron tercería de dominio excluyente y se solicitó la nulidad del remate; la Jueza de la causa, mediante Auto 692/2022 de 12 de agosto resolvió rechazar el incidente presentado de su parte, sin abordar lo expuesto en su memorial y fundamentando tan solamente respecto del régimen legal de las notificaciones, además de manifestar que no habría adjuntado el depósito judicial del 20% del valor de la subasta, citando al efecto el art. 360.II del CPC.
Por tal motivo interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el referido Auto 692/2022, indicando la falta de congruencia en la Resolución apelada, siendo que no se pronunció respecto a su pretensión; El 16 de septiembre del mismo año, mediante Auto 818/2022, la Jueza de la causa determina mantener su Resolución, rechazando el recurso de reposición y concediendo el recurso de apelación en el efecto devolutivo. El 17 de mayo de 2023, mediante Auto de Vista 156/2023, la Sala Civil Quinta resolvió indicando que la Jueza de la causa no realizó una debida compulsa y atención de todos los agravios indicados en el incidente de nulidad y tercería interpuesta de su parte, además de no haber determinado con claridad los hechos atribuidos por las partes procesales, determinando anular obrados; El 31 de agosto de 2023, la referida Jueza nuevamente determina rechazar el incidente de nulidad propuesto de su parte, determinación que se dio sin prácticamente fundamentación alguna, más allá de citar los arts. 360.II y 424 del CPC; posteriormente, el 11 de octubre de 2023, el demandante solicitó que se ordenara el desapoderamiento, lo que fue concedido en el plazo de las veinticuatro horas. El 16 de octubre de 2023, por memorial interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 31 de agosto (Auto 966), sosteniendo que durante la sustanciación del proceso no fue notificado, además que este no era parte del proceso, y que su derecho propietario estaba registrado antes del embargo, por lo que se vulneró su derecho a la defensa, a la propiedad y al debido proceso; El 28 de mayo de 2024, la Sala Civil Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 117, por el cual se vulneró de manera flagrante sus derechos a la defensa, propiedad, debido proceso en su elemento de la fundamentación, motivación y congruencia. El Auto de Vista 117, que ahora impugna no se pronunció específicamente sobre los agravios planteados en su recurso de apelación, limitándose a resumirlos, para luego realizar una breve descripción de algunas actuaciones procesales para finalmente concluir que los agravios presentados de su parte no resultaban ciertos, afirmando que la jueza de la causa compulsó de manera correcta los actos procesales tramitados, manifestando que ello demostraba la improcedencia de su solicitud de nulidad y tercería de derecho excluyente. Afirmó que el Auto de Vista ahora impugnado por esta acción tutelar no abordó todos los actos denunciados de nulos de su parte (es más, no se pronuncia sobre ninguno); tampoco existe pronunciamiento sobre los agravios reclamados en su recurso de apelación, como tampoco se advierte que se haya pronunciado sobre su derecho propietario y su registro realizado en DD.RR., mucho antes que el embargo, siendo evidente la falta de fundamentación, como la valoración de las pruebas presentadas de su parte, lo que implica una arbitrariedad por parte de los Vocales accionados.
Añadió que ambos son personas adultas mayores; por lo tanto, pertenecientes a un grupo vulnerable de prioritaria atención, por lo que los actos que ahora denuncian afectan sus derechos a una vejez digna y un trato justo, cuando sus personas merecen un trato respetuoso y la protección de sus derechos patrimoniales y humanos.
Señaló como lesionados sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia; a la valoración razonable de la prueba; a la propiedad privada; a los derechos de las personas adultas mayores; citando al efecto los arts. 19.I; 56.II; 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó que se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: Dejar sin efecto el Auto de Vista 117 de 28 de mayo de 2024, ordenando a las autoridades accionadas emitir un nuevo auto de vista que respete el derecho a la defensa y al debido proceso, incluyendo una correcta fundamentación, motivación y congruencia; además de ordenar la nulidad de obrados y disponer que se les aparte de dicha ejecución como propietarios del referido bien inmueble.
Celebrada la audiencia pública el 25 de julio de 2024, según consta en acta cursante de fs. 858 a 870 vta., en la que se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y en el desarrollo de la audiencia, respecto a la solicitud del tercero interesado y el informe de las autoridades accionadas, añadió los siguientes puntos: a) En cuanto a la falta de competencia del Juez de garantías, alegado por el tercer interesado, como por parte de las autoridades accionadas en su informe, se tiene que el inmueble objeto del proceso ejecutivo, del cual nace esta acción tutelar, se encuentra ubicado en el Urubó, siendo que el derecho vulnerado en este caso es el derecho a la propiedad privada; por lo que, aplicando la verdad material, específicamente el art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que hace referencia a la competencia de los jueces y tribunales en materia constitucional, se tiene que la parte peticionante de tutela podrá presentar la acción tutelar ante el juzgado que estime competente en razón de domicilio; por lo cual, en este caso se presentó en la localidad la Guardia tomando en cuenta el domicilio de los accionantes; b) Respecto a que ya se hubiera presentado otra acción tutelar con identidad de sujeto objeto y causa, tal extremo resulta falso, y que en esa ocasión se solicitó una tutela de carácter temporal, y era aplicable única y exclusivamente a un acto que todavía no fue resuelto y que correspondía a la jurisdicción ordinaria, cuyo fondo es completamente distinto al de la presente acción tutelar; y, c) El art. 36 del CPCo determina cual es el procedimiento que rige para la audiencia de una acción tutelar, en el que no existe procedimiento ni jurisprudencia constitucional para declinatoria de competencia, porque se sobreentiende que la tutela de derechos constitucionales hace a una emergencia que merece un pronunciamiento inmediato y que además va a ser revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Silvia Jaqueline Martínez Blacutt y Freddy Pérez Chavarría, Vocales de la Sala Civil Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, autoridades judiciales accionadas, por informe escrito presentado el 18 de julio de 2024, cursante de fs. 821 a 825, alegaron los siguientes extremos: 1) La parte accionante no cumplió con los presupuestos constitucionales de la doctrina de las autorestricciones para que su acción de amparo constitucional sea tutelable; puesto que, no se explicó por qué la labor interpretativa impugnada resulta ser insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica; tampoco, se precisaron los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete con esa interpretación; no se estableció el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicarse la interpretación que considera debió efectuarse y los derechos y garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, que supuestamente fueron lesionados con dicha interpretación, como cuál la relevancia constitucional; al no cumplirse con tales presupuestos, conforme lo indicado por la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, corresponde su improcedencia, debiendo denegarse la tutela; 2) Se interpuso esta acción tutelar como otra instancia ordinaria más, lo cual es incorrecto, ya que los argumentos presentado dentro de la misma son los mismos que se expresó dentro de sus recursos ordinarios (reposición y apelación), que ya fueron resueltos por la jurisdicción ordinaria; 3) En el presente caso, la acción tutelar fue presentada en el asiento judicial de La Guardia, que se encuentra a menos de 20 km, establecidos por el art. 3 de la Ley de creación de las Salas Constitucionales (Ley 1104 de 27 de noviembre de 2018); por lo que, el Tribunal de garantías no es competente, a fines de poder resolver la presente acción tutelar, por lo que corresponde remitir obrados al juez o tribunal competente del asiento o distrito judicial, que en este caso sería la Sala Constitucional de turno de la capital, siendo que las autoridades accionadas, así como el tercero interesado tienen su domicilio en la ciudad de San Cruz de la Sierra, así como identificar el lugar donde supuestamente se cometió el presunto acto u omisión ilegal o indebida; 4) En cuanto a la valoración de la prueba, corresponde hacer mención al principio de la unidad de la prueba, que implica que resulta inadmisible pretender que las pruebas en un proceso solamente beneficien a quien la presentó, ya que las mismas tienen como objeto el determinar la verdad real de los hechos, por lo que no corresponde su valoración aislada, debiendo estas ser integradas y contrastadas conforme a lo establecido por el art. 1286 del CC y 1245 del CPC; y, 5) Respecto a la falta de fundamentación y congruencia alegada, dentro del presente caso, si bien el Auto impugnado resulta conciso en su contenido y en fundamentación, se realizó un análisis prolijo y crítico de cada una de las pruebas y hechos acaecidos en el trámite del proceso, en el fondo se dictó una resolución en forma correcta y permite conocer los motivos o las razones jurídicas en que se funda la decisión, toda vez que se desglosó los presupuestos de un proceso civil y se han valorado todas las pruebas adjuntas al expediente judicial, constatándose que la misma está debidamente motivada, fundada en derecho, y además es congruente en los argumentos expuestos, existiendo coherencia entre lo razonado y lo resuelto.
Fernando Baldivieso Alburquerque, por memorial presentado el 19 de julio de 2024, cursante a fs. 227 y vta., afirmó lo siguiente: i) Adquirió el inmueble objeto del proceso ejecutivo , ubicado en la Urbanización Santa Cruz de la Colina II, de José María Cuellar del Rivero y Mariana Antelo Céspedes, registrando su derecho propietario en DD.RR., y que se encuentra inscrito en el asiento A-4; enterándose posteriormente que dicho inmueble estaba siendo embargado dentro de un proceso ejecutivo, iniciado por Alejandro Antonio Ayaviri Urenda contra los anteriores propietarios; ii) Por tal motivo, ante la vulneración de sus derechos, se apersonó ante la Jueza de la causa, logrando que la Sala Civil Segunda revoque la decisión de la Jueza, y se reconociera que no procedía la afectación de su inmueble, ya que no se registró el embargo en DD.RR.; y, iii) En uso de su derecho propietario, procedió a vender el referido inmueble a Humberto Benjamín Velarde Guzmán y su esposa, mismos que procedieron al registro de su derecho propietario; los Vocales accionados no valoraron de manera correcta la vulneración al debido proceso cometida por la Jueza de primera instancia, quien después de reconocer que no procede la afectación de dicho inmueble, aprovecharon que había vendido el mismo y procedieron a perseguir de manera ilegal a los nuevos propietarios. Alejandro Antonio Ayaviri Urenda, por memorial presentado el 18 de julio de 2024, cursante de fs. 832 a 834, promovió declinatoria de competencia, por lo que solicitó que se dicte resolución expresa, fundamentada y motivada de declinatoria de competencia como Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, que se aparte del conocimiento y sustanciación de la acción de amparo constitucional interpuesta por Humberto Benjamín Velarde Guzmán y Miriam Virginia Pérez de Velarde contra Freddy Pérez Chavarría y Silvia Jaqueline Martínez Blacutt, Vocales de la Sala Civil Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sosteniendo que: El accionante el 14 de noviembre de 2023, ya activó otra acción de amparo constitucional, presentado ante la Sala Constitucional Cuarta (AAC N° 211/23), prácticamente bajo los mismos argumentos; por lo que al admitir la presente acción tutelar, por parte de una Jueza de garantías constitucionales sin competencia para administrar justicia constitucional en razón de territorio, ha vulnerado el derecho constitucional al juez natural en la vertiente de competencia, además de lo dispuesto por el art. 29.7) del CPCo; por lo que, no procede la admisión de esta acción de amparo constitucional, al tener otra acción de defensa presentada con identidad de objeto sujeto y causa, debiendo el Juez Publico Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia, apartarse del conocimiento de esta acción tutelar. En el desarrollo de la audiencia, Alejandro Antonio Ayaviri Urenda, por medio de su abogado, manifestó lo siguiente: a) El proceso ejecutivo, iniciado por su persona, contra Mariana Antelo Céspedes y José María Ayaviri del Rivero, que en ese momento eran los propietarios legales del presente derecho propietario; se tiene que tener presente que la deuda aún persiste, en el monto de $us 37.200 (dólares americanos), y que se ofreció el referido bien inmueble en garantía hipotecaria; mismo que fue transferido de manera fraudulenta a los accionantes, existiendo falta de lealtad procesal, manifestando que tales actos se encuentran en una investigación penal por la falsedad de documentos y el uso de instrumento falsificado de dominio público; y, b) Sostiene que el accionante no se apersonó después del desapoderamiento, sino que se lo hizo desde el 9 de noviembre de 2017, con una tercería excluyente, lo que implica que este ya tenía conocimiento del proceso ejecutivo, y que posteriormente hizo un abandono absoluto del mismo, volviendo a presentarse el 21 de julio de 2022; es decir, seis o siete años después de su primer apersonamiento, existiendo negligencia de su patrocinio, lo que implica la preclusión de los derechos, cumplimiento de plazos, por lo que corresponde la aplicación del art. 1492 (efecto extensivo de la prescripción) concordante con el art. 1507 (Todos los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción en el plazo de cinco años), correspondiendo en el presente caso el aplicar el art. 53.2) del CPCo, por la evidente existencia de actos consentidos libre o expresamente, pues desde el 9 de noviembre de 2017 tuvo conocimiento de este proceso, de la existencia de la deuda y que dicho bien inmueble fue adquirido bajo tales circunstancias; y, c) Respecto a la otra acción de amparo constitucional presentada por el accionante, le sorprende que este diga que su contenido sea diferente, porque claramente el objetivo de suspender el desapoderamiento es el mismo, denunciando a su vez la vulneración del debido proceso por falta de fundamentación, motivación y congruencia.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante la Resolución 11/24 de 25 de julio de 2024, cursante de fs. 870 vta. a 877, por la que determinó conceder parcialmente la tutela, disponiendo en consecuencia: dejar sin efecto el Auto de Vista 117 de 28 de mayo de igual año, debiendo los Vocales accionados emitir un nuevo Auto de Vista, considerando el derecho a la defensa, el respeto a los derechos del adulto mayor, bajo la visión de la Constitución y el dominio del ius covín de las cartas internacionales; se deniega la tutela en cuanto a realizar una valoración y revisión de todas las vulneraciones procesales por no ser este un Tribunal casacional; Tales determinaciones se dieron sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la presunta vulneración del derecho a la defensa, que tiene directa relación con el derecho de acceso a la justicia, debemos entender que esta se vulnera cuando se omite la publicidad interna o externa del proceso, distorsionando la potestad del Estado de impartir justicia (art. 178.II de la CPE); en ese sentido, se tiene que la Jueza Pública Octava rechazó el incidente de nulidad y la tercería de dominio excluyente, planteado por el accionante; determinación que fue ratificada en apelación por los Vocales accionados haciendo referencia a la falta de pago del 20% del valor de la subasta, aplicando el art. 360.II del CPC; al respecto, se considera que si el bien inmueble ya se encontraba adjudicado a favor del ejecutante Alejandro Antonio Ayaviri Urenda, resultaba innecesario la aplicación del parágrafo II del art. 360 del CPC; 2) En cuanto al derecho a la propiedad privada, no puede ser definido ni dilucidado por medio de una acción de amparo constitucional; puesto que, claramente esta acción tutelar no puede constituirse en un recurso de casación o de otra instancia ordinaria, quebrando el límite de competencia de este Tribunal de garantías; 3) En cuanto al desapoderamiento reclamado en la nulidad, se tiene que el accionante se apersonó el 9 de noviembre de 2017, por lo que se podría atribuir que este conocía del proceso, como lo afirman las autoridades judiciales accionadas, “sin tomarse en cuenta que dicha intervención en realidad puesto en conocimiento de parte por providencia del 13 de noviembre de 2017” (sic) no tuvo respuesta positiva ni negativa por la autoridad judicial de primera instancia; empero, se tiene que la administración del condominio “Santa Cruz de la Colina”, certifica que dicho inmueble se encuentra ocupado por los ahora accionantes, en calidad de anticresistas, desde el mes de diciembre de 2014, y a partir de mayo de 2018 a la fecha de emisión del certificado, estos se encontraban en calidad de propietarios; El hecho que se libre mandamiento de desapoderamiento el 30 de mayo de 2022, y que este se ejecutara el 15 de junio del mismo año, por lo que no se puede atribuir a torpezas de los impetrantes de tutela la omisión de la autoridad judicial de primera instancia, que debió previamente realizar la intimación para que estos realicen de manera voluntaria la entregue y desocupación del inmueble, conforme a lo establecido por el art. 427.II del CPC; por lo que, se constata la vulneración del derecho a la defensa del accionante; y, 4) En cuanto al derecho a una vejez digna, se tiene que bajo el marco constitucional la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013; por la cual, se determina que sus derechos son inviolables, indivisibles y progresivos; se tiene que los accionantes acreditaron ser adultos mayores y que pertenecen a ese grupo vulnerable; por lo que, sus pedidos y solicitudes deben ser tratados de manera preferente, y no sufrir maltrato, más aun cuando se trata al trato digno, a vivir bien y a la vivienda entre otros. En la vía de la complementación y enmienda, el abogado de la parte accionante, solicitó que se pronuncie sobre la vigencia de la medida cautelar y no se ejecute el mandamiento de desapoderamiento entre tanto se emita un nuevo Auto de Vista, por el inminente peligro que los accionantes puedan ser desapoderados, mientras se resuelva el Auto de Vista. El tercer interesado (Alejandro Antonio Ayaviri Urenda), pidió complementación y enmienda, en cuanto al punto principal, que viene a ser la prescripción, el consentimiento y la convalidación de los actuados procesales, que han sido tramitados durante la sustanciación de este proceso, siendo que el peticionante de tutela por cuerda separada de su señora, se apersonó al presente proceso el 9 de noviembre de 2017, y ante su dejadez, se sustanció el proceso, siendo actualmente cosa juzgada. El Juez de garantías, respecto al pedido de la parte accionante, sostuvo que al haberse concedido en parte la tutela impetrada, corresponde mantener la medida cautelar, hasta la emisión del nuevo Auto de Vista, por parte de las autoridades accionadas, a objeto de evitar un daño irreversible e irreparable; Con relación a lo solicitado por el tercer interesado, se tiene que la omisión que se advirtió no fue generada por la parte accionante, sino por la autoridad judicial; por lo que, no declara no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda del tercer interesado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado ante el Juez Público Civil y Comercial Octavo, el 9 de noviembre de 2017, Humberto Benjamín Velarde Guzmán -ahora accionante-, dentro del proceso coactivo seguido por Alejandro Antonio Ayaviri Urenda contra Mariana Antelo Céspedes, solicitó que se admita su participación como tercero excluyente, sosteniendo que suscribió un contrato de anticresis con Mariana Antelo Céspedes y José María Cuéllar del Rivero el 24 de diciembre de 2014, mismos que eran propietarios de la casa ubicada en la Urb. Santa Cruz de la Colina II Lote 1, manzano 6; afirmando que hasta ese momento no le devolvieron su dinero $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses), y que al momento de presentar el memorial, el actual propietario es Fernando Baldivieso Alburquerque; por tal motivo solicitó que en este proceso se incluya la anotación preventiva por la suma de los $us30 000, conforme a lo establecido por el art. 359 del CPC (fs. 114 y vta.); por Auto de 30 de noviembre del mismo año, la Jueza Pública Civil y Comercial Octava, declaró IMPROBADA la TERCERÍA DE DOMINIO EXCLUYENTE; determinando la prosecución de la ejecución de sentencia, hasta el pago de lo adeudado, debiendo librarse al efecto la provisión ejecutoria para su cumplimiento por el Registrador de DD.RR. (fs. 120 a 121 vta.). II.2. Humberto Benjamín Velarde Guzmán, por memorial presentado el 21 de julio de 2022, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo del departamento de Santa Cruz, en la vía incidental y en ejecución de sentencia, interpone tercería de dominio excluyente e invocó la nulidad de remate, frente a los actos viciados de nulidad; siendo estos los siguientes: 1) La errónea interpretación y peor aplicación del art. 414.I del CPC, que establece que todo acto jurídico de disposición o de constitución de gravámenes del bien embargado será ineficaz respecto del embargante y que no se afectará el curso ni sus resultados; sosteniendo la autoridad jurisdiccional, sin valoración objetiva de los hechos, de manera cronológica, de las fechas y datos de los registros públicos, se concluyó que el embargo se hubiera efectivizado el 16 de enero de 2017, cuando el Oficial de Diligencias no trabó el embargo en dicha fecha, sino que redactó el acta de embargo; 2) Errónea interpretación de aplicación del art. 411.II del CPC, tomando en cuenta que el acta de embargo de su bien inmueble es de 16 de enero de 2017, cuando este embargo recién se registró en DD.RR. el 3 de abril del mismo año, cuando el registro de su derecho propietario fue sesenta días antes; concluyendo que de permitirse ese tipo de interpretaciones, la oficina de DD.RR. no tendría razón de existir; 3) Vulneración y desconocimiento del art. 1538 del CC, cuyo contenido establece que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde su publicación (inscripción del título en DDRR); considerando que la juzgadora ingresó de manera muy peligrosa y desatinada al análisis de las cuestiones que no corresponde a la naturaleza del incidente en cuestión, llegando a ordenar la cancelación de la inscripción del derecho propietario del anterior dueño, así como de su derecho propietario, en los asientos de titularidad sobre dominio A-4 y A-5; cuando no se encontraba dirimiendo el derecho propietario, sino que se trata de un proceso ejecutivo, el cual la autoridad tenía que hacer alguna observación o cuestionar la legitimación activa como la titularidad de los ejecutados, tendría que hacerlo al momento de acoger la demanda previa a la emisión de una sentencia inicial totalmente errónea, pero no en ejecución de fallos ni al tramitar un incidente de tercería de dominio excluyente, que es de puro derecho; por lo que, cualquier otra consideración que precise debate o contradicción, se halla reservada para el procedimiento ordinario (fs. 374 a 382).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, y congruencia a la valoración razonable de la prueba; a la propiedad privada y a los derechos de las personas adultas mayores a una vida digna; ello en mérito a que los Vocales accionados, dentro de un proceso ejecutivo, resolvieron confirmar el Auto de 31 de agosto de 2023 (Auto 966), apelado de su parte, mediante la emisión del Auto de Vista 117 de 28 de mayo de 2024; sostiene que el Auto de Vista que ahora impugna no se pronunció específicamente sobre los agravios planteados en su recurso de apelación, limitándose a resumirlos, para luego realizar una breve descripción de algunas actuaciones procesales para finalmente concluir que los agravios presentados de su parte no resultaban ciertos, afirmando que la Jueza de la causa compulsó de manera correcta los actos procesales tramitados, manifestando que ello demostraba la improcedencia de su solicitud de nulidad y tercería de derecho excluyente, lo que implica una total falta de fundamentación, motivación y congruencia de la resolución judicial, constituyéndose en un acto arbitrario que no toma en cuenta los reclamos efectuados en cuanto a la tercería de dominio excluyente y la solicitud de nulidad de todos los actos llevados a cabo dentro del proceso sin haber sido notificados, y sin referirse al hecho que ambos accionantes son personas adultas mayores, que merecen una protección preferente por parte del Estado, al pertenecer a un grupo vulnerable. Por tal motivo, los ahora accionantes solicitan que se les conceda la tutela impetrada y se disponga Dejar sin efecto el Auto de Vista 117, ordenando a las autoridades accionadas emitir un nuevo Auto de Vista que respete el derecho a la defensa y al debido proceso, incluyendo una correcta fundamentación, motivación y congruencia; además de ordenar la nulidad de obrados y disponer que se les aparte de esa ejecución como propietarios del referido bien inmueble.
Sobre este tema en particular, se tiene que la 0658/2019-S2 de 7 de agosto de 2019, sistematizando la jurisprudencia constitucional, estableció lo siguiente: “Si bien el art. 53.2 del CPCo, claramente indica que la acción de amparo constitucional, no procederá contra actos consentidos libre y expresamente, por cuanto ésta viene a ser una causal de improcedencia de la presente acción de defensa; misma, que fue desarrollada de manera amplia por la jurisprudencia constitucional; es así, que el mismo Tribunal Constitucional en la SC 0700/2003-R 1 de 22 de mayo, señaló que toda persona, tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de los demás; por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad, que afecta su derecho, por considerar que esa lesión no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes. La citada Sentencia Constitucional, también fue reiterada por las SCC 0589/2010-R, 0725/2010-R y 0231/2010-R, entre otras. La SC 0345/2004-Rde 16 de marzo, concluyó para que se abra la tutela, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance se pueda acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado, al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias. Finalmente, la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre en su Fundamento Jurídico III.5., estableció las siguientes sub reglas sobre la existencia de un acto consentido:
…1) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos. El Fundamento Jurídico que precede se encuentra desarrollado en la SCP 0058/2019-S2 de 3 de abril”.
La SCP 0890/2013 de 20 de junio, recogiendo entendimientos respecto a los hechos controvertidos en la acción de amparo constitucional, tanto del anterior Tribunal Constitucional como del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la naturaleza jurídica de la citada acción de defensa, tutela derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos ni reconocer derechos; los que deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.5, establece: “…el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: ‘…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: ‘…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos’; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: ‘…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…’; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: ‘…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante’; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: ‘…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…’. El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: “‘De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional”; 2)La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: ‘…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria’; y, 3) Asimismo, la SCP1130/2012 de 6 de septiembre, desarrolló, en sentido de que si bien se puede activar directamente la acción de amparo constitucional, cuando existan medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, pero también restringe y limita, cuando concurre hechos controvertidos, así, refiere: ‘…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”. Entendimiento que ha sido asumido en la SCP 0151/2018-S2 de 30 de abril.
En cuanto al tema la SCP 0857/2017-S1 de 27 de julio, citando a la SCP 0468/2014 de 25 de febrero, indicó que: “La primera parte del art. 115.II de la CPE, establece que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio del debido proceso; el cual, como garantía, encuentra su consagración en el art. 117.I de la Ley Fundamental, al señalar que: Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso'. Al respecto, la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, estableció que: '…el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo'.
El debido proceso se encuentra integrado por varios elementos, entre ellos, el derecho a la defensa; consagrado de manera autónoma en el ya citado art. 115.II de la CPE. Sobre el mismo, la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, identificó dos connotaciones: 'La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio'.
La segunda característica de las anotadas, guarda estrecha relación con las actuaciones comunicacionales, dado que la finalidad de estas últimas es asegurar el ejercicio del derecho a la defensa de manera amplia e irrestricta, en ese sentido; respecto a éstas y a sus exigencias legales.
Así, el Tribunal Constitucional, respecto de las comunicaciones procesales a través de la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, estableció que: '...los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida'.
Asimismo, la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, determinó: 'Tanto la normativa procesal vigente como la jurisprudencia emitida por este órgano, establecen y refrendan que en la sustanciación de los procesos jurisdiccionales como administrativos, se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva y por ende del debido proceso; de modo que, las actuaciones comunicacionales deben cumplir con su eficacia material, asegurando que el contenido de los fallos y resoluciones emitidos en dichas instancias, sean de conocimiento de las partes del proceso, de lo contrario, se estaría provocando indefensión'.
A través de la SC 0335/2011-R de 7 de abril de 2011, se indicó que: '…la finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino que la determinación judicial o administrativa llegue a conocimiento del destinatario; en ese sentido, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, refirió: «…aun cuando la notificación sea defectuosa, pero que llegue a conocimiento de la parte, se tendrá por cumplida y como válida…»’.
Asumiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica –Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; párrafos 158 y 160– se señaló que el derecho a recurrir el fallo es: ‘una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (…) que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho’; asimismo, precisó la directa vinculación del derecho a recurrir con el derecho a la defensa, determinando que: ‘sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa (arts. 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga (…) la oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior arts. 8.2 inc. h) de la CADH’.
En ese contexto, el Reglamente de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, establece las normas legales para efectuar las notificaciones; así, el art. 70 estipula: ‘Las notificaciones, salvo disposición contraria, serán ejecutadas de la siguiente forma:
a) Serán notificadas en forma personal a la parte interesada, las resoluciones que produzcan efectos individuales, en el domicilio señalado; b) Las resoluciones finales del proceso de saneamiento, reversión y expropiación serán notificadas a las partes interesadas en forma personal; y, c) Las resoluciones de alcance general serán publicadas, en un medio de alcance nacional por una sola vez y radiodifusora local de mayor audiencia definida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por un mínimo de tres ocasiones, asegurando su mayor difusión””.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia a la valoración razonable de la prueba; a la propiedad privada; los derechos de las personas adultas mayores a una vida digna; ello en mérito a que los Vocales accionados, dentro de un proceso ejecutivo, resolvieron confirmar el Auto de 31 de agosto de 2023 (Auto 966), apelado de su parte, mediante la emisión del Auto de Vista 117 de 28 de mayo de 2024; sostiene que el Auto de Vista que ahora impugna no se pronunció específicamente sobre los agravios planteados en su recurso de apelación, limitándose a resumirlos, para luego realizar una breve descripción de algunas actuaciones procesales para finalmente concluir que los agravios presentados de su parte no resultaban ciertos, afirmando que la Jueza de la causa compulsó de manera correcta los actos procesales tramitados, manifestando que ello demostraba la improcedencia de su solicitud de nulidad y tercería de derecho excluyente, lo que implica una total falta de fundamentación, motivación y congruencia de dicha resolución judicial, constituyéndose en un acto arbitrario que no toma en cuenta los reclamos efectuados en cuanto a la tercería de dominio excluyente y la solicitud de nulidad de todos los actos llevados a cabo dentro del proceso sin haber sido notificados, y sin referirse al hecho que ambos accionantes son personas adultas mayores que merecen una protección preferente por parte del Estado, al pertenecer a un grupo vulnerable.
Los accionantes sostienen que su derecho a la defensa fue vulnerado debido a que dentro del proceso ejecutivo, que sigue Alejandro Antonio Ayaviri Urenda contra Mariana Antelo Céspedes y José María Cuellar Del Rivero, el 16 de enero de 2017, la Oficial de Diligencias del Juzgado que conoce esta causa, elaboró el acta de embargo del inmueble inscrito en DD.RR., bajo matrícula computarizada 70130200002146, mismo que es de su propiedad y que pretenden arrebatarle de forma ilegal, por lo que deja constancia que el embargo no se encuentra registrado en DD.RR., sino hasta el 8 de diciembre de 2021; que dichos actos posteriores de avalúo y remate del bien inmueble no les fue notificado, teniendo estos total desconocimiento del proceso ejecutivo; por lo que, se les hubiera dejado en un estado de completa indefensión.
Al respecto, se tiene que el ahora accionante, el 9 de noviembre de 2017, se apersonó dentro del mencionado proceso ejecutivo, presentando una tercería de dominio excluyente, en la que alegó ser anticresista; solicitando que, fuera incluido en el proceso tomando en cuente su derecho preferente sobre dicho bien inmueble; tal petición, fue declarada improbada por Auto de 30 de noviembre del mismo año. Lo previamente descrito implica que el ahora accionante no puede alegar que tenía total desconocimiento de dicho proceso ejecutivo, menos aún alegar indefensión; puesto que, siempre tuvo pleno conocimiento del trámite del referido proceso ejecutivo, como de las partes intervinientes y que el inmueble sobre el cual aduce tener su derecho propietario consolidado, era objeto precisamente de embargo y remate dentro de la ejecución de la sentencia, que contaba con autoridad de cosa juzgada. Por ello, si tenemos en cuenta que el derecho a la defensa, tal y como lo establece el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, implica el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio; resulta claro, que dentro del presente caso, conforme a los antecedentes expuestos previamente, no se advierte que el derecho a la defensa haya sido vulnerado por las autoridades accionadas; correspondiendo denegar la tutela impetrada.
Como se advirtió previamente, el ahora accionante, el 9 de noviembre de 2017, se apersonó dentro del mencionado proceso ejecutivo, presentando una tercería de dominio excluyente, solicitud que fue rechazada en esa oportunidad; posteriormente, el siguiente acto del ahora accionante dentro del proceso ejecutivo se dio el 21 de junio de 2022, ante el mismo Juzgado, presentando en la vía incidental y en ejecución de sentencia, en la vía incidental tercería de dominio excluyente e invocando la nulidad de remate, frente a los actos que consideró como viciados de nulidad. De lo previamente detallado, resulta claro que el accionante volvió a intervenir en el proceso ejecutivo después de más de cuatro años, denunciando la vulneración de su derecho a la defensa y solicitando la nulidad de todo lo obrado, en mérito a que tanto los avalúos realizados como las audiencias de remate llevadas a cabo eran irregulares y lesivas a sus derechos fundamentales, cuando claramente se demostró que los impetrantes de tutela siempre tuvieron conocimiento del proceso ejecutivo, como del hecho que el bien inmueble en el que se encontraban viviendo como anticresistas primero, y luego como supuestos propietarios, fue embargado e incluso rematado, sin que el ahora peticionante de tutela haya interpuesto ningún memorial denunciando esas supuestas irregularidades, lo que claramente se constituyen en actos consentidos, habiendo precluido su derecho de reclamar la nulidad de tales actos procesales. Por lo previamente detallado, el impetrante de tutela, al no haber activado los medios y recursos legales que tenía a su alcance, a pesar de siempre haber tenido conocimiento del proceso ejecutivo, tal negligencia en causa propia claramente se constituye en actos consentidos, como lo determina la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo entonces aplicando la misma, denegar la tutela impetrada, sin analizar el fondo de lo solicitado respecto a la supuesta falta de fundamentación, motivación y congruencia del Auto de Vista impugnado de su parte.
Con relación al derecho a la propiedad supuestamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, de la revisión de antecedentes, ante las evidentes controversias que existen respecto a la validez del embargo y la inscripción del mismo en DD.RR. por parte de los ahora accionantes, se concluye que el mismo se encuentra controvertido, y en mérito a la jurisprudencia citada dentro del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, no corresponde que el mismo sea definido por la jurisdicción constitucional, correspondiendo denegar la tutela sobre este punto en particular.
Las autoridades judiciales accionadas, dentro de su informe escrito, como el abogado del tercer interesado (Alejandro Antonio Ayaviri Urenda), dentro de la audiencia, sostuvieron que esta acción tutelar fue presentada en el asiento judicial de La Guardia, mismo que se encuentra a menos de 20 km establecidos por el art. 3 de la Ley de creación de las Salas Constitucionales (Ley 1104 de 27 de noviembre de 2018), por lo que el Juez de garantías no es competente, a fines de poder resolver la presente acción tutelar, por lo que corresponde remitir obrados al juez o tribunal competente del asiento o distrito judicial, que en este caso sería la Sala Constitucional de turno, siendo que las Vocales accionados, así como el tercero interesado tienen su domicilio en la ciudad de San Cruz de la Sierra, así como identificar el lugar donde supuestamente se cometió el presunto acto u omisión ilegal o indebida. La respuesta dada por el Juez de garantías no se dio dentro de la Sentencia 11/24, sino en el desarrollo de la audiencia de esta acción tutelar, en el que se sostiene que el domicilio del accionante se encontraría en la urbanización Santa Cruz de la Colina, referencia de la “localidad de poronga”, que es parte del municipio de Porongo en la localidad del Urubó, que corresponde a su asiento judicial, además que una vez al tomar conocimiento íntegro de la acción tutelar como de las respuestas, corresponde asumir conocimiento de la misma; citando al efecto la SC 2040/2010-R de 9 de noviembre. Al respecto, es necesario el advertir que la jurisprudencia citada por el referido Juez, fue emitida el 2010, cuando no existían las Salas Constitucionales; por lo cual, la aludida jurisprudencia no resulta aplicable al contexto jurídico que tenemos actualmente, en el que el art. 3 de la Ley 1104, en su parágrafo I determina lo siguiente: Artículo 3°.- (Ámbito territorial)
encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas.
Dentro del presente caso, se tiene que el municipio de la Guardia se encuentra a 19 km de las Salas Constitucionales; por lo que, efectivamente correspondía que el Juez Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia, declinara su competencia y remitiera el caso a la Sala Constitucional correspondiente; sin embargo, precautelando por el principio de economía procesal, como el principio de celeridad, corresponde dar prevalencia a la justicia material sobre el derecho formal, y analizar la problemática planteada, a objeto de evitar aun mayor dilación en la resolución del presente caso, pero advirtiendo al referido Juez que en lo futuro dé aplicación material al art. 3.I de la Ley 1104, correspondiendo llamarle severamente la atención, y en caso de reincidencia, remitir directamente antecedentes al Consejo de la Magistratura. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela parcialmente, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° REVOCAR en parte la Sentencia 11/24 de 25 de julio de 2024, cursante de fs. 870 vta. a 877, emitida por El Juez Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia DENEGAR en todo la tutela solicitada. 2° Se llama severamente la atención a: Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, conminándole a cumplir la Ley 1104; con la advertencia que, en lo posterior se le remitirá al Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
1 En el FJ III.1: “Bajo dicho entendimiento el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo”. FJ III.2 (…) “…para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0873_2024-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): f2a919f1fb5bf9a00edd74b93d3c939d481cb976b5c68d29f5325cb45824815f
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