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SCP 0872/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de agosto de 2025
Acción
Acción de Libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53844-2023-108-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso vinculado a sus elementos de fundamentación, congruencia y legalidad; señalando que, el 28 de febrero de 2023, presentó incidente de conversión de la detención domiciliaria en días de privación de libertad efectiva, computables al término de la condena y al cumplimiento de periodo de condena, pero, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca -ahora demandado-, en lugar de señalar audiencia observó el incidente, dilatando la tramitación de su proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 95/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 50 a 56 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0872/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de Libertad Expediente: 53844-2023-108-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 95/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 50 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Héctor Fernando Durán Calvetty contra Juan Alberto Yebara Ortega, Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 y 31 a 36, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, mediante Sentencia 21/2020 de 20 de octubre, fue condenado a cumplir pena privativa de libertad de cuatro años en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca; dicha resolución fue recurrida en apelación y posterior casación, empero, en ambas instancias se ratificó la Sentencia impugnada, por lo que, al momento de formular esta acción de libertad ya se encontraba ejecutoriada. El proceso comenzó el 2017, a partir del cual cumplió detención domiciliaria, concretamente desde el 28 de agosto del citado año, durante algunos meses también cumplió con la detención preventiva, siendo que hasta la formulación de esta acción tutelar se encontraba privado de libertad por el lapso de cinco años, seis meses y ocho días. Por tal razón, el 28 de febrero de 2023, interpuso el incidente de conversión de detención domiciliaria en días de privación de libertad efectiva, esperando que el Juez demandado aplique el art. 432 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que establece que se debe convocar audiencia dentro de los cinco días siguientes a su presentación. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional contrariamente respondió al incidente varios días después, siendo notificado recién el 6 de marzo de 2023 con el decreto de 2 de mismo mes y año, observando el mismo con el siguiente argumento: “‘…previamente especifique de manera clara y concisa su incidente, sustentando legalmente en la Ley 2298, el Código de Procedimiento Penal y normas conexas de ser el caso, en el plazo de cinco días a partir de su notificación.’” (sic), incurriendo de esta forma la autoridad jurisdiccional en incongruencia externa, pues debe estar objetivamente vinculado al incidente planteado, debiendo haber relación entre lo pedido y lo resuelto, pero no especificó su observación ni indicó concretamente qué aspectos deben ser mejorados, dilatando y retardando innecesariamente el trámite, sin tomar en cuenta que se encuentra privado de libertad. Conforme al art. 342 del CPP, los incidentes deben resolverse sin mayor trámite, por estar vinculados a las penas y su ejecución, fijándose audiencia para resolver el incidente dentro de los cinco días siguientes. No obstante, esta autoridad no fijó audiencia en el término establecido, sino que también incurrió en el incumplimiento de los plazos procesales, puesto que dejó transcurrir seis días desde la presentación del incidente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado a sus elementos de fundamentación, congruencia y legalidad, citando al efecto los arts. 23 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el decreto de 2 de marzo de 2023 y en su efecto se señale audiencia para resolver su incidente a la brevedad posible; y, b) El pago de costas en caso de oposición.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 42 a 49 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: 1) No planteó recurso de reposición, porque ello implicaría esperar otras cuarenta y ocho horas para que el Juez demandado señale audiencia para resolver su incidente; y, 2) El Juez a quo debió convocar audiencia dentro de los cinco días legales, activándose la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, debido al incumplimiento del plazo procesal.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Alberto Yebara Ortega, Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca, en audiencia de garantías de 9 de marzo de 2023, señaló que: i) El memorial presentado por el accionante ingresó a despacho el 1 de marzo de 2023, siendo respondido al día siguiente, por lo que no entiende cual es la dilación; ii) Revisando la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y el Código de Procedimiento Penal, se observa que no existe el incidente planteado por el accionante, lo correcto era presentar el incidente de extinción de la acción penal, en el que forma parte de ese trámite el cómputo de la pena que están observando, no se rechazó o denegó nada, únicamente se observó; iii) El peticionante de tutela debió solicitar una complementación y enmienda o en su caso plantear un recurso de reposición, no debió presentar una acción de libertad; iv) No tenía conocimiento del proceso, ya que sólo le remitieron el mandamiento de condena, si el impetrante de tutela hubiera planteado el incidente de extinción de la acción penal, a través de Secretaría, se habría solicitado los antecedentes al Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, v) No se vulneró ningún derecho del solicitante de tutela, mucho menos se le privó de su libertad; por el contrario, se buscó reconducir el proceso para que plantee el incidente pertinente dentro del caso.

I.2.3. Intervención del Misterio Público

Mario Durán, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, señaló que esta acción debe denegarse, dado que, previamente debió presentar una solicitud de complementación y enmienda o, en su defecto, presentar un recurso de reposición y solo previa denegatoria de los mencionados correspondería acudir a la vía constitucional.

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 95/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 50 a 56 vta., concedió la tutela dejando sin efecto el decreto de 2 de marzo de 2023, disponiendo que el Juez demandado en el día señale audiencia para considerar el petitorio del accionante dentro de los parámetros de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y el Código de Procedimiento Penal, con base a los siguientes fundamentos: a) El incidente presentado por el accionante no utiliza una terminología precisa, siendo “…Incidente de conversión de la detención domiciliaria, en días de privación de libertad efectiva, computables al término de la condena y cumplido [el] periodo de condena…” (sic), el contenido de su solicitud es claro, el accionante busca que se compute el tiempo que estuvo bajo detención domiciliaria y preventiva, con el fin de que, tras la verificación correspondiente, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca determine que a la fecha de presentación del incidente, ya habría cumplido la pena impuesta en la sentencia condenatoria; b) Es importante señalar que el demandado no consideró que, conforme a la SCP 1664/2014 de 29 de agosto, tanto la detención domiciliaria como la preventiva son formas de privación de libertad equivalentes, debiendo descontarse cada día de detención domiciliaria por un día de pena efectiva; c) En este contexto, no era necesario que el accionante solicitara complementación y enmienda conforme al art. 125 del CPP respecto al decreto de 2 de marzo de 2023, ya que dicho proveído no modificaba sustancialmente la situación del solicitante de tutela; d) El recurso de reposición, previsto en el artículo 401 del CPP, procede únicamente contra resoluciones de mero trámite, es decir, aquellas que no resuelven cuestiones sustanciales del proceso. En este caso, el decreto de 2 de marzo de 2023 no es de mero trámite, pues observa un incidente presentado, lo que implica una decisión sobre el fondo del asunto; e) Por lo tanto, se concluye que el proveído del 2 de marzo de 2023, dilató indebidamente la tramitación del incidente planteado, impidiendo que se resuelva la situación jurídica del accionante; f) El fondo de su incidente, solicita que se compute el tiempo de su detención domiciliaria y preventiva para determinar el cumplimiento de su condena, la dilación dio lugar a la subsistencia del mandamiento de condena, razón por la cual el accionante se encuentra actualmente en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca; y, g) El Juez demandado no consideró que, ante la presentación de un incidente, correspondía señalar audiencia para su resolución, dentro de los parámetros de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y el Código de Procedimiento Penal, independientemente de la aplicación del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia 21/2020 de 20 de octubre, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, declaró a Héctor Fernando Durán Calvetty -ahora accionante- autor de la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, condenándolo a la pena privativa de libertad por cuatro años en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca (fs. 2 a 18).

II.2. Mediante mandamiento de condena de 24 de febrero de 2023, a través del cual el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, ordenó al Director del Centro Penitenciario San Roque del señalado departamento proceda a la aprehensión y detención del hoy impetrante de tutela, por hallarse ejecutoriada la Sentencia 21/2020, por la cual fue condenado a CUATRO AÑOS de reclusión, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Veimar Uribe Silva contra el ahora solicitante de tutela, por el delito de uso de instrumento falsificado (fs. 21). II.3. Según memorial presentado el 28 de febrero de 2023 ante el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca, el hoy peticionante de tutela, formuló incidente de conversión de detención domiciliaria en días de privación de libertad efectiva, computables al término de la condena y en cumplimiento del período de condena, pidiendo que se emita el mandamiento de libertad (fs. 25 a 30). II.4. Cursa decreto de 2 de marzo de 2023, mediante el cual Juan Alberto Yebara Ortega, Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca -ahora demandado- señaló que: “Se tiene presente el memorial de 28 de febrero de 2023, interpuesto por HECTOR FERNANDO DURÁN CALVETTY, previamente especifique de manera clara y concisa su incidente, sustentando legalmente en la Ley 2298, el Código de Procedimiento Penal y normas conexas de ser el caso, en el plazo de cinco días a partir de su notificación” (sic), el mismo registra con bolígrafo 6 de marzo de 2023 a horas. 09:20 (fs. 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso vinculado a sus elementos de fundamentación, congruencia y legalidad; señalando que, el 28 de febrero de 2023, presentó incidente de conversión de la detención domiciliaria en días de privación de libertad efectiva, computables al término de la condena y al cumplimiento de periodo de condena, pero, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca -ahora demandado-, en lugar de señalar audiencia observó el incidente, dilatando la tramitación de su proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0277/2025-S3 de 21 de abril asumiendo el entendimiento de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, expresó que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad”. (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado

La SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico señalando que: “La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso vinculado a sus elementos de fundamentación, congruencia y legalidad; señalando que, el 28 de febrero de 2023, presentó incidente de conversión de la detención domiciliaria en días de privación de libertad efectiva, computables al término de la condena y al cumplimiento del periodo de condena, pero, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca -ahora demandado-, en lugar de señalar audiencia observó el incidente, dilatando la tramitación de su proceso. Identificado el acto lesivo, corresponde remitirse a los antecedentes del caso, de los cuales se tiene que, el impetrante de tutela, por Sentencia 21/2020 de 20 de octubre, fue condenado a cumplir la pena privativa de libertad de cuatro años en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca (Conclusión II.1), resolución que fue recurrida en apelación y posterior casación, ratificándose la resolución impugnada en ambas instancias, encontrándose ejecutoriada ante el agotamiento de los recursos señalados, por lo que el 24 de febrero de 2023 se emitió mandamiento de condena en contra del ahora accionante (Conclusión II.2). Posteriormente, el 28 del mismo mes y año, el peticionante de tutela presentó memorial dirigido al Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Chuquisaca, formulando incidente de conversión de detención de domiciliaria en días de privación de libertad efectiva, pidiendo que se emita el mandamiento de libertad, debido a que, entre el tiempo que estuvo con detención domiciliaria y con detención preventiva, según su criterio, estuvo en privación de libertad combinada por cinco años, seis meses y ocho días (Conclusión II.3); empero, en lugar de señalar audiencia, mediante decreto de 2 de marzo de 2023, el Juez demandado observó su incidente decretando que “Se tiene presente el memorial de 28 de febrero de 2023, interpuesto por HECTOR FERNANDO DURÁN CALVETTY, previamente especifique de manera clara y concisa su incidente, sustentando legalmente en la Ley 2298, el Código de Procedimiento Penal y normas conexas de ser el caso, en el plazo de cinco días a partir de su notificación” (sic [Conclusión II.4]). Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, se debe precisar que la interposición del recurso de reposición contra el decreto observado, no resulta idóneo ni necesario que sea agotado para acudir a la jurisdicción constitucional, conforme la SC 0080/2010-R de 3 de mayo que determinó que: “…unificando las subreglas de subsidiariedad que rigen a las acciones de libertad, agregó que cuando existe privación de libertad y una evidente negligencia o dilación en la atención de una solicitud vinculada a ésta, por parte de las autoridades que rigen la actividad procesal, podrá activarse inmediatamente la acción de libertad para impugnar esa actitud lesiva a la libertad, sin que sea requisito imprescindible, el agotamiento previo del recurso de reposición previsto en los arts. 401 y 402 del CPP, aclarando sin embargo que: '…empero, lo que no está permitido es que el agraviado incumpliendo su deber de actuar con lealtad procesal, habiendo activado el recurso de reposición y estando en trámite el mismo en la jurisdicción ordinaria, de manera paralela active la acción de libertad en la jurisdicción constitucional, en ese caso no es posible ingresar al análisis de fondo”. En ese contexto, la primera premisa que es necesario analizar, se encuentra relacionada con la emisión de la Sentencia 21/2020 de 20 de octubre, misma que se encuentra ejecutoriada y que condenó al ahora accionante a una pena de cuatro años de privación de libertad, ello se encuentra directamente relacionado con la postulación del peticionante de tutela -expresada en su incidente-, al haber sobrepasado según su cálculo con cinco años, seis meses y ocho días, el período de privación de libertad ordenado en la condena, -ello en caso de estimar favorablemente el cómputo de la pena incluidos los días de detención preventiva y domiciliaria-. Aspecto, que deberá ser analizado por la jurisdicción ordinaria, siendo evidente que la sustanciación del incidente de conversión y nuevo cómputo de la pena se encuentra directamente vinculado a la libertad del accionante, motivo por el cual la protección que otorga la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho le alcanza, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que las autoridades judiciales que conozcan una solicitud de un recluso que en alguna medida implique una definición jurídica vinculada a la libertad del mismo, debe ser tramitada con diligencia en aplicación del principio de celeridad citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional y no como en el presente caso que se emitió un decreto dilatorio. Por lo que, ante la solicitud del impetrante de tutela con relación al incidente de conversión de detención domiciliaria en días efectivos de privación de libertad, el Juez demandado, lejos de actuar con celeridad y sustanciarlo emitió un decreto, indicando que, previamente especifique de manera clara y concisa su incidente, sustentando legalmente en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Código de Procedimiento Penal y normas conexas del caso (Conclusión II.4); señalando también en audiencia de garantías de la presente acción de libertad que, no existe el incidente planteado por el accionante y que debió plantear la extinción de la acción penal, observación que resulta injustificada y contraria a los postulados de una justicia pronta, plural, oportuna, gratuita y sin dilaciones, previstas en el art. 115 de la CPE; puesto que, cualquier eventual falta e imprecisión, debió superarse en audiencia; por lo que, corresponde conceder la tutela, en los mismos términos dispositivos que el Tribunal de garantías. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 95/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 50 a 56 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0872_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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