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SCP 0871/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52923-2023-106-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; toda vez que, en su condición de profesor de música se le siguió un proceso disciplinario con una serie de incongruencias y sin poder defenderse, ya que su persona se encontraba detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, -por el delito de estupro- y se le notificó con la recepción de su entrevista y la Resolución Administrativa sancionatoria de destitución y que hubiese cometido las faltas graves por supuestamente incurrir en faltas disciplinarias establecidas en los arts. 10 inc. t) (la inmoralidad) y art. 11 inc. m) (estupro) de la “RS 212414”, sin ninguna fundamentación ni motivación, no existiendo prueba que demuestre que hubiese cometido la citada falta grave; por ello, interpuso incidente de nulidad de notificación que también fue rechazada, sin una debida motivación y fundamentación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 407 vta. a 412, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0871/2024-S3 Sucre, 2 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 52923-2023-106-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 005/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 407 vta. a 412, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Montaño Ventura contra Pastor Pacsi Murillo, Presidente; Omar Reynaga Chávez, Promotor; y, Óscar Javier Ríos, Secretario Actuario; todos del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Pocoata provincia Chayanta del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 2 y 8 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 9; y, 25 a 26, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de octubre de 2021, se le inició proceso administrativo disciplinario a denuncia de Felicidad Lazcano Gareca, alegando que su persona en la gestión 2017 hubiese mantenido relaciones sexuales con su hija la adolescente AA y que se enteró el 20 de octubre de 2021, cuando era mayor de edad, por mensajes de celular y como maestro de música hubiese supuestamente incurrido en faltas graves disciplinarias, establecidas en los arts. 10 inc. t) (la inmoralidad) y 11 inc. m) (estupro) de la “RS 212414” -siendo lo correcto-Resolución Suprema 212414, Reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo de 21 de abril de 1993, llevándose adelante el citado proceso con una serie de incongruencias y sin poder defenderse, ya que su persona se encontraba detenido preventivamente en el penal de Santo Domingo de la localidad de Cantumarca, -por el delito de estupro- sin notificarle con algún actuado más que con la recepción de su entrevista y la resolución administrativa sancionatoria de destitución que es totalmente incongruente y sin ninguna fundamentación ni motivación, valoraron prueba del proceso penal que le inició el Ministerio Público; es decir, con pruebas que ese Tribunal no produjo para fundamentar su responsabilidad; es más, no se tomó en cuenta que el supuesto hecho se cometió hace cinco años y que la menor no fue su alumna, no existiendo prueba que demuestre que hubiese cometido la citada falta grave; asimismo, el Tribunal Disciplinario demandado no realizó una correcta interpretación de la referida normativa acerca de las faltas graves. Por lo señalado, interpuso incidente de nulidad de notificación, donde hizo conocer los agravios que sufrió dentro de ese injusto proceso; sin embargo, fue rechazado el citado incidente, negándole el derecho a la defensa, sin una debida motivación y fundamentación; asimismo, no se le notificó de manera personal menos a su defensa técnica con esa última resolución que resolvió el señalado incidente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; citando al efecto, los arts. 13 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar se deje sin efecto la Resolución Administrativa (RA) 02/2021 de 10 de diciembre y se dicte una nueva resolución en base a los antecedentes del proceso y realizando una correcta valoración, motivación, fundamentación y sea con daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala constitucional.

Celebrada la audiencia pública el 5 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 400 a 407, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción.

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda y amplió señalando que: a) En el proceso administrativo seguido en su contra se emitió la RA 02/2021 de destitución del ejercicio de sus funciones como maestro; por lo que interpuso recurso de apelación y fue resuelta mediante Resolución Administrativa Departamental en Grado de Apelación 04/2022 de 12 de enero por Edwin Marcelo Flores Luna Director Departamental de Educación Potosí, que confirmó la Resolución de primera instancia; sin embargo, no se le notificó con la referida Resolución de segunda instancia; y, b) El 13 de julio de 2022, planteó un incidente de nulidad que no fue resuelto de manera fundamentada y motivada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas.

Pastor Pacsi Murillo, Director Distrital de Educación de Pocoata, presentó informe escrito, el 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 129 a 139, señalando lo siguiente: 1) El impetrante de tutela no identificó de manera correcta la totalidad de las autoridades accionadas contra las que se debió interponer la presente acción tutelar, ya que dentro de los procesos disciplinarios en el magisterio existen dos instancias: la primera, la autoridad encargada de tramitar y sustanciar los procesos disciplinarios en contra de los maestros, directores de unidades educativas y personal administrativo, son los tribunales disciplinarios de las Direcciones Distritales de Educación; y, en segunda se encuentra la Dirección Departamental de Educación, es así que, el ahora accionante no mencionó que el proceso disciplinario concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa Departamental 04/2022 de 12 de enero, que le fue notificado de manera personal al solicitante de tutela el 23 de febrero de 2022; debiendo dirigir la presente acción de amparo constitucional contra la resolución de segunda instancia emitida por el Director Departamental de Educación de Potosí; por lo tanto, no se cumplió con la legitimación pasiva en el presente caso, de acuerdo al art. 33.2) del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) No identificaron ni notificaron a Felicidad Lazcano Gareca en su condición de tercera interesada como denunciante dentro del proceso disciplinario; por ello se debió declarar la improcedencia por no haber cumplido con los requisitos señalados en el art. 33.1) del CPCo; 3) De la lectura de la demanda se evidencia que no tiene una exposición precisa, clara y congruente, sino confusa, imprecisa e incongruente y su petitorio resulta totalmente contradictorio y malicioso, pues oculta a sus autoridades que en el proceso interpuso recurso de apelación que fue resuelto mediante Resolución Administrativa Departamental 04/2022 y ante la inobservancia de los requisitos de contenido de la acción de amparo se debió rechazar in limine la acción tutelar; 4) En el presente caso, el accionante incumplió con el plazo de inmediatez, toda vez que fue notificado con la Resolución Administrativa Departamental 04/2022, el 23 de febrero de 2022 y recién presentó su demanda de acción tutelar el 5 de diciembre del citado año, fuera de los seis meses señalados en el art. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, ya que debió interponer la acción de amparo constitucional hasta el 24 de agosto de 2022; y, 5) El impetrante de tutela solicitó en su demanda de acción de amparo constitucional se pronuncie sobre una resolución de primera instancia omitiendo inclusive la existencia de la citada resolución, sin ningún argumento fundamentado, claro y concreto, intentando convertir la justicia constitucional en una instancia casacional con nuevos hechos jamás alegados ante las instancias respectivas que tramitaron el proceso administrativo en los Tribunales de primera y segunda instancia respectivamente. La Dirección Departamental de Educación y el Tribunal Disciplinario Distrital a través de sus representantes legales, en audiencia informaron lo siguiente: i) De acuerdo al testigo Jorge Lima Apaza, el ahora accionante no quiso firmar la notificación con el Auto Inicial del proceso seguido en su contra, pero se le entregó una copia del Auto inicial; de igual forma, el solicitante de tutela fue notificado con la RA 02/2021; por ello, interpuso el recurso de apelación, que fue resuelto por Resolución Administrativa Departamental 04/2022, que fue puesta a conocimiento del impetrante de tutela tal cual consta su firma “en fs. 58” y fue notificado el 23 de febrero de 2022; ii) El accionante luego de más de cuatro meses presentó un incidente de nulidad fuera de procedimiento; por cuanto el art. 31 del “Decreto Supremo 23968”, señala que producido el fallo, en ese caso del Tribunal Disciplinario de Pocoata será elevado en revisión al Director Departamental con cuyo pronunciamiento concluye el proceso en la vía administrativa; sin embargo, pretenden que se considere el cómputo del incidente presentado; y, iii) El art. 24 de la Resolución Suprema 212414, establece que las partes dentro del plazo probatorio pueden presentar cualquier incidente o excepción, pero el incidente presentado por el demandante de tutela, fue fuera de plazo y una vez concluido el procedimiento administrativo, correspondía al hoy accionante interponer su acción de amparo constitucional desde la última Resolución Departamental. 1.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 005/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 407 vta. a 412, denegó la tutela solicitada, por no cumplirse con el principio de inmediatez, con los siguientes fundamentos: a) La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 2 de diciembre de 2022 y la última Resolución Administrativa Departamental 004/2022 de 12 de enero, fue de conocimiento del solicitante de tutela, el 23 de febrero de 2022, existe una firma y a partir de ello entendemos que el impetrante de tutela no fue honesto con su ahora abogado, porque la presente acción tutelar está dirigido a dejar sin efecto la RA 02/2021 (sentencia inicial) como si esta fuera la última resolución cuando en realidad personalmente recibió la última Resolución Administrativa Departamental 04/2022, que fue dictado como efecto de recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante y concretamente desde el 23 de febrero de 2021, los seis meses fueron vencidos para interponer una acción de amparo constitucional; en consecuencia, no es posible a partir de ello, considerar el fondo de esa acción de amparo constitucional, porque fue presentado fuera de plazo; b) La parte accionante trató de habilitar plazos a partir de la interposición de un incidente de nulidad procesal que en el fondo es por falta de notificación de actuados dentro del proceso disciplinario la que fue respondido con una nota de 25 de julio de 2022 por el Tribunal Sumariante señalando que ese caso ya concluyó y que no merecía respuesta; y, c) El proceso administrativo disciplinario fue de conocimiento del solicitante de tutela, por ello interpuso incluso un incidente de nulidad por defecto absoluto el 4 de septiembre de 2021, posteriormente solicitudes inclusive de que alguna entrevista se lleve en forma virtual; asimismo, interpusieron recurso de apelación en contra de la RA 02/2021 y habiéndose emitido la Resolución Administrativa Departamental 04/2022 que también fue de conocimiento de forma personal del solicitante de tutela, no siendo evidente que no conoció del proceso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso disciplinario seguido al profesor Raúl Montaño Ventura

-hoy accionante-, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Pocoata emitió la RA 02/2021, resolviendo sancionar con su retiro definitivo del ejercicio del Magisterio, por haber incurrido en los arts. 10 inc. t) (la inmoralidad) y 11 inc. m) (estupro), ambas faltas correspondientes a la Resolución Supremo 212414 (fs. 331 a 343). La citada Resolución fue notificado al impetrante de tutela y de manera personal el 13 de diciembre de 2021 (fs. 344). II.2. El 16 de diciembre de 2021, Raúl Montaño Ventura interpuso recurso de apelación en contra de la RA 02/2021, solicitando se anule la totalidad del proceso administrativo (fs. 359 a 370 vta.). II.3. Mediante Resolución Administrativa Departamental en Grado de Apelación 04/2022 de 12 de enero, emitido por el Director Departamental de Educación de Potosí, resolvió declarar infundado el recurso de apelación y en consecuencia confirmó la RA 02/2021 (fs. 374 a 394). La Resolución fue recibida por Raúl Montaño Ventura, el 23 de febrero de 2022, firmando y aclarando con nombre y apellido la referida firma (fs. 394). II.4. El 20 de julio de 2022, Raúl Montaño Ventura, presentó incidente de nulidad procesal ante el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Pocoata (fs. 396 a 398 vta.). II.5. Mediante nota de 25 de julio de 2022, el Presidente y Secretario -Actuario del Tribunal Disciplinario, señaló inadmisible el memorial de 20 del citado mes y año del solicitante de tutela (fs. 399).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; toda vez que, en su condición de profesor de música se le siguió un proceso disciplinario con una serie de incongruencias y sin poder defenderse, ya que su persona se encontraba detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, -por el delito de estupro- y se le notificó con la recepción de su entrevista y la Resolución Administrativa sancionatoria de destitución y que hubiese cometido las faltas graves por supuestamente incurrir en faltas disciplinarias establecidas en los arts. 10 inc. t) (la inmoralidad) y art. 11 inc. m) (estupro) de la “RS 212414”, sin ninguna fundamentación ni motivación, no existiendo prueba que demuestre que hubiese cometido la citada falta grave; por ello, interpuso incidente de nulidad de notificación que también fue rechazada, sin una debida motivación y fundamentación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…la jurisprudencia constitucional ha sido firme al señalar que la acción de amparo constitucional (…), debe plantearse dentro de un plazo oportuno, justo y razonable, debiendo el juez constitucional, valorar los elementos particulares de cada caso; así, mediante la SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, se determinó que: ‘…el recurso debe ser presentado dentro del término máximo de seis meses; la no observancia de este requisito, determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto, además de implicar el consentimiento tácito de los recurrentes con esa decisión…’, razonamiento al que se arribó ante la inexistencia de norma legal específica y la necesidad de establecer un plazo relativamente prudencial que si bien permita el ejercicio del derecho a la defensa, no atente contra la seguridad jurídica y el principio de celeridad que rige a la administración de justicia... A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (…), se estableció en el art. 129.II que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’…

De la interpretación sistemática y teleológica de las normas citadas supra en relación al art. 4.II de la Ley de Necesidad de Transición de los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, es posible concluir entonces que, la presentación de la acción de amparo constitucional debe efectuarse en el plazo de seis meses después de conocida la lesión o de notificada la última resolución administrativa o judicial que se considere vulneratoria, o de la que, en su caso, emerja de la solicitud de aclaración enmienda y complementación…

(…) …un requisito para la procedibilidad de la acción de amparo constitucional es precisamente la inmediatez (…), siendo que ‘…la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida’ (SC 0128/2010-R de 10 de mayo); de donde se infiere que la presente acción tutelar debe ser intentada dentro de los plazos establecidos por la norma y la jurisprudencia, plazo que es razonable, oportuno y justo y que tiene la finalidad de evitar que este mecanismo de defensa se convierta en una excusa que salve la desidia, negligencia o indiferencia de los actores procesales y que, como lógica consecuencia, genere una suerte de inseguridad jurídica en la sociedad.

En este sentido, al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aún cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; toda vez que, en su condición de profesor de música se le siguió un proceso disciplinario con una serie de incongruencias y sin poder defenderse ya que su persona se encontraba detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, -por el delito de estupro- y sólo se le notificó con la recepción de su entrevista y la Resolución Administrativa sancionatoria de destitución y que hubiese cometido las faltas graves por supuestamente incurrir en faltas disciplinarias establecidas en los arts. 10 inc. t) (la inmoralidad) y art. 11 inc. m) (estupro) de la “RS 212414”, sin ninguna fundamentación ni motivación, no existiendo prueba que demuestre que hubiese cometido la citada falta grave; por ello, interpuso incidente de nulidad de notificación que también fue rechazada, sin una debida motivación y fundamentación. Conforme a los antecedentes se evidencia que, en el proceso disciplinario seguido al impetrante de tutela en su condición de profesor, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Pocoata emitió la RA 02/2021 de 10 de diciembre, resolviendo sancionarlo con su retiro definitivo del ejercicio del Magisterio, por haber incurrido en los arts. 10 inc. t) (la inmoralidad) y 11 inc. m) (estupro), ambas faltas correspondientes a la Resolución Suprema 212414. La citada Resolución fue notificado el solicitante de tutela y de manera personal el 13 de diciembre de 2021 (Conclusión II.1.); posteriormente, el accionante interpuso recurso de apelación en contra de la RA 02/2021, solicitando se anule la totalidad del proceso administrativo (Conclusión II.2.); que fue resuelta mediante Resolución Administrativa Departamental en Grado de Apelación 04/2022, emitido por el Director Departamental de Educación de Potosí, que resolvió declarar infundado el recurso de apelación y en consecuencia confirmó la RA 02/2021. La Resolución fue recepcionada por el solicitante de tutela, el 23 de febrero de 2022, firmando y aclarando con nombre y apellido su firma como constancia (Conclusión II.3.). Finalmente, el 20 de julio de 2022, el demandante de tutela, presentó incidente de nulidad procesal ante el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Pocoata, alegando que en la tramitación de la litis no se lo citó con varios actuados administrativos y la sentencia no se le notificó de manera personal, realizando con ese hecho la inobservancia de los requisitos procesales indispensables para la tramitación de un proceso, solicitando nulidad de obrados (Conclusión II.4.); la solicitud fue respondida por nota de 25 de julio de 2022, por el Presidente y Secretario -Actuario del Tribunal Disciplinario, que señaló inadmisible el memorial de 20 del citado mes y año del ahora accionante, alegando que la RA 02/2021, le fue notificada de manera personal, pues consta su firma y rúbrica de puño y letra de su persona y también fue notificado a su abogado defensor y se le recordó que en todo el proceso siempre estuvo asistido su “jurista” (Conclusión II.5.). Establecidos los antecedentes procesales previamente a resolver el fondo de la problemática planteada por el accionante, corresponde referirse al principio de inmediatez con relación a la presentación de esta acción de defensa, por tratarse de un requisito de procedencia, en ese sentido, se tiene que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1., se dejó establecido que para la obtención de la tutela que brinda la jurisdicción constitucional, la parte accionante que considere vulnerados sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, debe activar la acción de amparo constitucional en el plazo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada con la última decisión administrativa o judicial. Ahora bien, de acuerdo a lo señalado por el mismo accionante a través de esta acción tutelar impugna la Resolución Administrativa 02/2021 de 10 de diciembre, que dispuso su retiro definitivo del ejercicio del Magisterio; por ello, en el petitorio de su demanda solicita se deje sin efecto la referida Resolución y que se emita una nueva; sin embargo, conforme a obrados la citada Resolución fue notificado al impetrante de tutela de manera personal el 13 de diciembre de 2021 y la presente acción tutelar fue interpuesta el 2 de diciembre de 2022; es decir, después de casi un año desde que tuvo conocimiento del supuesto acto lesivo que reclama en la presente acción de amparo constitucional, por lo tanto, se tiene que no cumplió con el plazo de los seis meses dispuesto por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Asimismo, es pertinente aclarar que el solicitante de tutela, en audiencia de la presente acción tutelar, amplió su demanda señalando que si bien interpuso recurso de apelación en contra la RA 02/2021 y fue resuelta por Edwin Marcelo Flores Luna, Director Departamental de Educación Potosí, que confirmó la Resolución de primera instancia; sin embargo, no se le notificó con la referida Resolución de segunda instancia. La aseveración no es evidente, por cuanto la Resolución Administrativa Departamental en Grado de Apelación 04/2022 de 12 de enero, emitido por el Director Departamental de Educación de Potosí, que resolvió declarar infundado el recurso de apelación y confirmó la RA 02/2021, fue recepcionada por el demandante de tutela, el 23 de febrero de 2022 y como constancia firmó y aclaró con nombre y apellido su firma; en consecuencia, después de más de nueve meses el impetrante de tutela acudió a la presente acción de defensa impugnando la Resolución de primera instancia del proceso administrativo seguido en su contra omitiendo manifestar que tuvo conocimiento de la Resolución de segunda instancia que confirmó la Resolución que dispuso su destitución; y aun considerando como acto lesivo la resolución de segunda instancia, tampoco se cumplió con los plazos de los seis meses, conforme establecen los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Finalmente, es pertinente señalar que en los procesos disciplinarios seguidos en el Magisterio existen dos instancias y luego de emitirse y notificarse a las partes con la Resolución de Segunda instancia concluye el proceso vía administrativa, de acuerdo al art. 31 del Decreto Supremo (DS) 23968 de 24 de febrero de 1995; no existiendo en la citada normativa educativa, recursos o incidentes que puedan ser presentados a la conclusión de los referidos procesos administrativos; por lo señalado, en el presente caso, el incidente de nulidad procesal presentado por el ahora accionante el 20 de julio de 2022 y que fue rechazado por nota de 25 del citado mes y año, por inadmisible; no puede ser considerado, como un recurso idóneo para el cómputo de inmediatez en la presente acción tutelar. En consecuencia, esta acción de defensa fue interpuesta fuera del plazo establecido en la normativa procesal constitucional, aspecto que no puede ser subsanado por este Tribunal por la necesaria observancia del principio de inmediatez que deviene de la propia naturaleza de este mecanismo de protección constitucional que se caracteriza por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida, reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, tal cual se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, tomando en cuenta que el objeto y alcance de esta acción tutelar tiene una connotación de atención pronta y oportuna de los derechos y garantías constitucionales lesionados, conforme a lo determinado en la mencionada normativa, estableciéndose como caducidad de reclamación seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o a partir de conocido el hecho; por ello, corresponde denegar la tutela solicitada, por cuanto el accionante no cumplió con el principio de inmediatez.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 407 vta. a 412, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0871_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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