Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de agosto de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; asimismo los principios de celeridad y legalidad; toda vez que, los demandados incurrieron en las siguientes irregularidades: a) La falta de celeridad y control en los trámites judiciales y administrativos por parte de la autoridad jurisdiccional incurriendo en una mora procesal, por el que no pudo instalarse la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) El Secretario, no cumplió con lo dispuesto por el Juez de hacer seguimiento de los antecedentes de la apelación, recoger y adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional; omisión que imposibilitó se realice la audiencia de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 3) Protección de los derechos de los privados de libertad; 4) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 008/2021 de 7 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso vinculado con el principio de celeridad y al derecho a la libertad, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
1.1° Se dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas, bajo supervisión de la autoridad judicial demandada, el Secretario codemandado proceda a recoger el legajo de la apelación incidental de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de la cual emergió la Resolución 635/2019 de 26 de diciembre; cumplida dicha diligencia, la autoridad judicial dentro del plazo de cuarenta y ocho horas proceda a señalar audiencia para su resolución; siempre y cuando como emergencia de la concesión de tutela por el Juez de garantías esta ya se hubiese materializado. 2° Se llama la atención al Juez y Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, por la dilación incurrida en la tramitación del proceso penal, cuyo proceder debe ser corregido en lo futuro; y, en caso de advertirse una situación similar, se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura para un procesamiento disciplinario.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0871/2023-S1 Sucre, 1 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 40225-2021-81-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 008/2021 de 7 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Brayan Limachi Besares en representación sin mandato de Erick Yembert Villca Aruquipa contra Aldo Rubén Portugal Mamani y Yoni Quispe Humana, Juez y Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial de, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 6 de mayo de 2021, cursante de fs. 13 a 16, el accionante a través de su representante sin mandado, manifestó lo siguiente:
El 25 de septiembre de 2020 la autoridad demandada dispuso la suspensión de la audiencia de cesación a su detención preventiva, en razón a que el “legajo” de apelación no se encontraba inserto en el cuaderno de control jurisdiccional y ordenó al secretario interino -codemandado- realice el seguimiento de la “ubicación” del legajo y remita el caso al Tribunal de turno; toda vez que, se encuentra con acusación formal. En reiteradas ocasiones se contactó a través de llamadas telefónicas con el Secretario interino, quién le informo que el legajo se encontraba en la Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz y que el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Tribunal de Caranavi el 18 de agosto de 2020.
Ante la falta del diligenciamiento de recoger el legajo, el 14 de enero de 2021 solicitó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la extensión de fotocopias legalizadas, las cuales recogió en marzo de similar año por motivos de la segunda ola del Covid-19-19, donde tomo conocimiento que el legajo no fue recogido hasta esa fecha. Ante la información que el cuaderno fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi, el 19 de abril de igual año presentó memorial solicitando cesación a la detención preventiva acompañando la copia legalizada de la Resolución 635/2019 de 26 de diciembre; sin embargo, el 22 de similar mes y año mediante decreto se le hizo conocer que el cuaderno fue remitido el 20 de abril de 2021 sin el legajo de la apelación de forma incompleta y solo con la firma del Juez; por lo que, el Tribunal no puede tomar conocimiento, en razón que se quebrantaría la seguridad jurídica. En esos antecedentes se evidencia la mora procesal ocasionada por los demandados, al no adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional el testimonio de apelación, lesionando su derecho a la libertad ante la imposibilidad de instalarse la audiencia de cesación a la detención preventiva, detención que solo fue dispuesta por cuatro meses; empero, hasta el 12 de abril de 2021 cumplió un año de detención, lesionando el principio de celeridad, el debido proceso y la legalidad de su detención.
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; como también, los principios de celeridad y legalidad, citando los arts. 23.I y III, 115 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, se recoja el legajo de la apelación y se conmine a la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo señalado en la norma.
Celebrada la audiencia pública el 7 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 39 se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente su demanda; y, en audiencia señaló que: a) Se puede establecer la responsabilidad del Juez de Palos Blancos respecto a la omisión de realizar el control de las actuaciones y trámites pendientes del juzgado, con relación al recojo del legajo del testimonio de apelaciones, conforme se escuchó de los informes; b) Los funcionarios tienen que ir a recoger las apelaciones a las Salas Penales, no siendo responsabilidad de esta instancia si los funcionarios provinciales no cumplen con el recojo; ante esas circunstancias, en varias oportunidades se comunicaron con el exfuncionario para proveer los recaudos para sus pasajes; c) Se sorprenden cuando la autoridad demandada alega la pasividad del ahora accionante; sin embargo, su persona no tiene la autoridad para remitir ni recoger esos actuados; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga que un funcionario recoja dicho testimonio y se complete el cuaderno de control jurisdiccional; asimismo, se establezca la responsabilidad del funcionario que por su negligencia no se pudo realizar la audiencia de cesación a la detención preventiva, disponiendo que dicho actuado se pueda efectuar en el distrito judicial de Palos Blanco o de Caranavi.
Aldo Rubén Portugal Mamani, Juez Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 7 de mayo de 2021m cursante a fs. 20 y vta. señaló: 1) Es evidente que el cuaderno de control jurisdiccional radicaba en su juzgado, el cual fue remitido al Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la ciudad de La Paz por la vacación judicial de fin de año de 2019, durante ese periodo el imputado interpuso recurso de apelación el mismo que tuvo conocimiento la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, el Juzgado de turno devolvió el proceso sin el legajo de apelación; 2) El 17 de agosto de 2020 el Ministerio Público presentó acusación formal en contra del imputado; por lo que, mediante Auto de 18 de similar mes y año dispuso su remisión al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi; 3) El 23 de septiembre de igual año, el imputado solicitó cesación a la detención preventiva, la cual fue señalada para el 25 del mismo mes y año, dicha audiencia tuvo que ser suspendida por no encontrarse el legajo de la apelación adherido en el cuaderno de control jurisdiccional; por lo que, no pudo considerarse la petición de cesación a la detención preventiva conforme estable la SCP 552/2017-S1 y se dispuso que por secretaría se haga el seguimiento; sin embargo, el funcionario interino Víctor Noel Mendoza Huancollo renunció al cargo en forma intempestiva, asumiendo el cargo el actual Secretario, quién mediante informe oral señaló que la acusación fue remitido al Tribunal de Sentencia sin el legajo de apelación, solicitando se considere su legitimación conforme a la SCP 427/2015-S2, toda vez que instruyó al personal de apoyo jurisdiccional su remisión desde agosto de 2020; 4) El imputado desde la suspensión de la audiencia mostro una pasividad en sus pretensiones, siendo que el control jurisdiccional correspondiente a las peticiones de cesación se debe atender hasta antes que radique la acusación; y, 5) el Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, recién devolvió el cuaderno de control jurisdiccional, en la cual no advirtió ninguna solicitud de cesación y conforme señaló la SCP 0540/2016-S2 la norma procesal penal no prevé posibilidad alguna que permita extender la competencia del Juez de Instrucción Penal, para realizar actos jurisdiccionales posteriores a la presentación de una acusación formal y conforme la SCP 367/2017-S1 con relación a la competencia de los jueces frente al requerimiento conclusivo, ya que no existe un saneamiento previo que impida al Tribunal o Juez de Sentencia asumir competencia para conocer y resolver cuestiones planteadas por la partes, más aún una cesación a la detención preventiva, en razón que la apelación incidental no tiene carácter suspensivo, como hace entender el Auto de 21 de abril de 2021 del Tribunal de Sentencia de Caranavi, lo contrario es cuando está pendiente de resolver incidentes o excepciones, los cuales deben resolverse antes de la remisión con la acusación. Yoni Quispe Humana, Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 7 de mayo de 2021, cursante a fs. 38, señaló que: i) Asumió el cargo de secretario el 29 de octubre de 2020 y en septiembre estaba a cargo del ex Oficial de Diligencia -Víctor Noel Mendoza Huancollo- quién no cumplió la disposición del Juez de recoger los legajos apelación y tampoco remitió la acusación ante el Tribunal de Caranavi de forma oportuna, siendo responsabilidad de este funcionario; ii) Nadie se comunicó con su persona, ni el funcionario de Sala Penal Segunda, más al contrario desde que asumió el cargo, cada dos semanas va a la ciudad de La Paz cuando le comunican, por la distancia desde la localidad Palos Blancos, es más su persona no tenía certeza de los legajos de apelación hasta que un día fue al Juzgado de Instrucción de la Zona Sur de la Ciudad de La Paz para recabar información de este proceso, tampoco le dieron razones; y, iii) Respecto a la remisión de la acusación no se ha remitido en su debido tiempo porque su persona se encontraba solo y sin oficial diligencias desde de noviembre 2020; sin embargo, en marzo de 2021 remitió los antecedentes, teniendo que pedir el favor a una persona para que entregue el expediente al Tribunal de Caranavi.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 008/2021 de 7 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, concedió la tutela solicitada, disponiendo que “…las autoridades demandadas tanto jurisdiccional como de apoyo jurisdiccional procedan a disponer el recojo inmediato del legajo de apelación de la Sala Penal Segunda del TDJ – La Paz, a efectos de que adjunte a obrados originales todos los antecedentes completos y se disponga la remisión correspondiente al Tribunal respectivo al existir Acusación, debiendo remitir subsanadas las observaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, conforme al decreto de 21 de abril de 2021.” (sic), conforme a los siguientes fundamentos: a) Al memorial de acción de libertad se adjunta impresiones de memorial de solicitud de audiencia a la cesación preventiva dirigido al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, con sello de cargo de 19 de abril de 2021; asimismo, oficio de remisión de antecedentes por acusación fiscal, decreto de 21 de abril de 2021 del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, señalando que no siendo permisible ante los trámites pendientes de consideración y resolución en la fase anterior del proceso penal los mismos queden sin ser resueltos; por lo que, tal resolución debió ser advertida por la autoridad demandada a tiempo de radicar la causa en su despacho, disponiendo la devolución del expediente a objeto de resolver cuestiones pendientes y permitir el saneamiento procesal para evitar perjuicios disponiendo que por Secretaría se devuelvan obrados al Juez Publico Mixto Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Palos Blancos; de igual forma se tiene un acta de audiencia y resolución a la cesación a la detención preventiva, también se adjunta Resolución la 635/2019 de 26 de diciembre emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el cual se confirmó la resolución del juez a quo; también cursa radicatoria de 28 de enero de 2020 del Juez demandado de Palos Blancos, decreto de 28 de agosto de 2020, que dispone la remisión de antecedentes al Tribunal de Sentencia de Caranavi, al existir acusación por el Ministerio Publico; asimismo se tiene acta de audiencia y resolución de 25 de septiembre del 2020, de igual forma cursa nota de remisión de antecedente al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi con sello de cargo del 20 de abril del 2021 y providencia de 21 de similar mes y año; finalmente nota de fecha 6 de mayo de igual año de devolución de actuados originales del Tribunal de Sentencia de Caranavi al Juzgado Cautelar de Palos Blancos con cargo de recepción de 7 del mismo mes y año del juzgado cautelar de Palos Blancos; y, b) Por informe del Secretario de la Sala Penal Segunda en Suplencia Legal, se tiene que en el turno de vacación judicial se resolvió la apelación a la medida cautelar y se emitió la Resolución 635/2019 de 26 de, el cual fue notificado; el referido cuaderno de apelación se encuentra en dicha Sala Penal; toda vez que, los funcionarios del Juzgado de Origen no procedieron a recoger, pese a que procedió a comunicarse con el secretario del juzgado de origen de Palos Blancos a fin de remitir obrados; de esos antecedentes se tiene que el proceso se encontraría en el Juzgado Cautelar de Palos Blancos y que el legajo de apelación se encuentra en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de lo cual se evidencia que los antecedentes de la apelación no fueron recogidos.
Por decreto Constitucional de 6 de julio de 2022, cursante a fs. 47, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria. A partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de julio de 2023, cursante a fs. 71, se reanudó el cómputo de plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota de 18 de diciembre de 2019, suscrita por Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo (por turno de vacación judicial) de la Zona Sur del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante el cual, remitió la apelación incidental interpuesta por Erick Villca Aruquipa -ahora accionante- a la Sala Penal Segunda del mismo distrito judicial, conforme se advierte del sello de recepción de dicho Tribunal (fs. 21 y vta.) II.2. Se advierte nota de 30 de diciembre de 2019, suscrita por Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante el cual, remitió obrados en originales al Juzgado Público Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, el mismo que fue entregado el 27 de enero de 2020 conforme se advierte del sello de recepción de dicho Juzgado (fs. 22).
Asimismo, por decreto de 28 de enero de 2020, la autoridad judicial radica el proceso penal con el objeto de control jurisdiccional y de conocimiento de las partes. (fs. 22 vta.) II.3. Por Memorial de 23 de septiembre de 2020, Erick Villca Aruquipa -ahora accionante- solicitó al Juez Público Civil y Comercial de, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva. (fs. 23 vta. a 24) II.4. Cursa decreto de 24 de septiembre de 2020, emitido por el Juez Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, mediante el cual señaló audiencia para el 25 de igual mes y año con el objeto de considerar la cesación a la detención preventiva impetrada por el imputado. (fs. 24 vta.) II.5. Por Acta de Audiencia Pública y Resolución de cesación a la detención preventiva de 25 de septiembre de 2020, suscrito por Aldo Rubén Portugal Mamani, Juez Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, por la cual dispuso la suspensión de la audiencia al no estar conectado el imputado y por no encontrase los antecedentes de la apelación en el cuaderno de control jurisdiccional, disponiendo que por secretaría se haga el seguimiento de la apelación, asimismo se remita los antecedentes conforme se dispuso el 18 de agosto de 2020, y, una vez puesto en conocimiento los resultados de la apelación, señalará día y hora de audiencia de consideración de la referida cesación con el objeto de no vulnerar el principio de seguridad jurídica y debido proceso conforme estableció la SCP 552/2017-S1. (fs. 25 y vta.) II.6. Consta nota de 16 de octubre de 2020, suscrito por Aldo Rubén Portugal Mamani, Juez Público Civil y Comercial de, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, mediante el cual se dispuso la remisión de los antecedentes del proceso penal en contra de Erick Yembert Villca Aruquipa, en cumplimiento del Auto de 18 de agosto de 2020, al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi; el mismo que fue recibido el 20 de abril de 2021, conforme se advierte del sello de recepción del Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero. (fs. 27) II.7. Por decreto de 21 de abril de 2021, suscrito por Wilmer Demetrio Centellas Machicado y Raúl Canqui Coro, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Copacabana del departamento de La Paz, en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi, señalan que el expediente puesto a su conocimiento, se encontraría pendiente de Resolución de una solicitud de cesación a la detención preventiva y tampoco fue adjuntado los antecedentes de la apelación conforme dispuso la autoridad a quo, aspecto que no pueden ser subsanados o convalidados, disponiendo la devolución de obrados al Juez de Palos Blancos. (fs. 28) II.8. Mediante Nota de 6 de mayo de 2021, Wilmer Demetrio Centellas Machicado, Juez del Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Copacabana del departamento de La Paz, remitió el expediente de Erick Aruquipa Villca al Juez Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, en cumplimiento a la providencia de 21 de abril de 2021 (fs. 28 vta.) II.9. Por Informe de 7 de mayo de 2021, emitido por Hernán Kiffer Aranda, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dirigiéndose al Juez de garantías, refiriendo que dentro del proceso penal en contra Erick Villca Aruquipa, la Sala Penal resolvió la apelación a la medida cautelar, emitiendo la Resolución 635/2019 de 26 de diciembre, el cual fue notificado; y, el referido cuaderno de apelación se encuentra en dicha Sala; toda vez que, los funcionarios del juzgado de origen no procedieron a recoger el referido cuaderno. (fs. 37)
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; asimismo los principios de celeridad y legalidad; toda vez que, los demandados incurrieron en las siguientes irregularidades: a) La falta de celeridad y control en los trámites judiciales y administrativos por parte de la autoridad jurisdiccional incurriendo en una mora procesal, por el que no pudo instalarse la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) El Secretario, no cumplió con lo dispuesto por el Juez de hacer seguimiento de los antecedentes de la apelación, recoger y adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional; omisión que imposibilitó se realice la audiencia de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 3) Protección de los derechos de los privados de libertad; 4) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.
El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que, básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:
Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:
Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente-concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:
…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.
En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:
a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre)
b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo)
c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero)
d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio)
e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo)
La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, posterior a la SCP 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:
d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley.
Asimismo, la 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas, bajo el siguiente texto:
…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.
Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva.
4 “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”
Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el pazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.
De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero6, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código.
5 En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 6 En su F. J. III 2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”
De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.
El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:
Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado. Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “ La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “ La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.
De acuerdo art. 8.II de la Constitución Política del Estado (CPE), la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo uno de los fines y funciones especiales según el art. 9.2 de la misma norma suprema, el de: “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. Además de estar concebida como un valor, la dignidad también está consagrada como un derecho fundamental así se tiene establecido en el art. 21.2 de la CPE, la cual refiere que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, el derecho a la dignidad, teniendo junto al derecho a la libertad un carácter inviolable, imponiendo al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo, como lo reconoce el art. 22 de la Norma Fundamental. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte del bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410.II de la CPE, al respecto establece en su art. 11.1, que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. Ahora bien, en ese marco normativo constitucional y convencional, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0338/2003-R de 19 de marzo , reiterada por la SC 1694/2011-R de 21 de octubre y la SCP 0251/2012 de 29 de mayo , entre otras, ha establecido que la dignidad “designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente”. Asimismo la SC 2134/2013 de 21 de noviembre afirma: “El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la 11 “La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente. El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia. De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan".
12 Sobre la dignidad humana La Constitución Política del Estado, en su art. 8.II, ha dejado establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe (art. 9.2 CPE). Por otra parte a través del art. 21 ha consagrado a la dignidad como un derecho fundamental, cuando se refiere: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. Asimismo en el art. 22 ha establecido: “La dignidad y la libertad de la persona inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. De lo referido la CPE hace entrever que la dignidad debe ser considerada como un valor y un derecho fundamental. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su art. 11.1 dice: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.
existencia; de tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”.
Por su parte, sobre la dignidad humana el tratadista Stern , afirma “la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales, por tanto son derechos humanos suprapositivos que han sido positivados en la Constitución y vinculados a una serie de objetivos para asegurar la condición existencial del hombre como persona individual y ser social”; al vulnerar uno sólo de tales derechos fundamentales, estamos lesionando la dignidad humana porque privamos al ofendido de la posibilidad de ejercer en forma plena la facultades que le corresponden como ser humano, especialmente cuando el atentado es contra la vida; así, el mismo autor, continúa señalado:
De ahí que pueda sostenerse que los preceptos constitucionales que consagran la idea de dignidad humana no sean meras declaraciones, sino que resulten ser fuente directa de prescripciones normativas, cuya contravención indudablemente puede acarrear, como consecuencia jurídica, la inconstitucionalidad del acto en que tal contravención se materializa. Conforme a lo señalado precedentemente, es deber del legislador, al formular las leyes, adecuar las normas para que ninguna de estas atenten contra la dignidad humana que constituye un atributo o condición propia del ser humano; por lo tanto, un valor básico y fundamental de los derechos humanos, reconocido por la norma suprema y por tanto, puedan ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad. En esa misma línea de razonamiento y respecto a las personas privadas de libertad, la Constitución Política del Estado en el art. 73.I, garantiza ese derecho en los siguientes términos “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana” e impone al Estado el deber de velar por el respeto de sus derechos, conforme establece el art. 74.I. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala al respecto en su art. 10.1 que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
En sintonía con lo anotado precedentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las Américas” , en la cual se reconocen los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de libertad, a través de principios tales como:
Trato humano - Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; Igualdad y no -discriminación - Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad. Las normas constitucionales y convencionales citadas precedentemente, así como los razonamientos desarrollados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permiten concluir que las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una condena o una medida cautelar. En esa línea de razonamiento, la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, establece de manera expresa el respeto a su dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, así como la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; los mismos son sujetos de derechos, en cuyo mérito pueden ejercer todos los derechos que no estén afectados por la condena o por esta Ley, fuera de ellas no son aplicables ninguna otra limitación. En correspondencia con el marco legal citado, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, estableció:
… la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela por parte del Estado. En esa misma línea de razonamiento se pronunció la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico de la SCP 1624/2013 de 4 de octubre, al señalar:
… la privación de libertad, implica la restricción de aquellos derechos que, por la naturaleza de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva), se vean afectados, sin lesionar el derecho a la dignidad de las personas y menos sus derechos a la vida o a la integridad física; pues los mismos bajo ninguna circunstancia quedan disminuidos como efecto de la privación de libertad, siendo más bien los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados …
Asimismo, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0192/2018 de 14 de mayo, citando la SCP 0618/2012 de 23 de julio, ha expresado que “es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema”. En atención a las citas constitucionales, convencionales y jurisprudenciales precedentes, habida cuenta del carácter universal de los derechos fundamentales que asumió el constituyente, estableciendo por lo tanto el deber de respetar el valor intrínseco de todo ser humano, traducido en su dignidad; que si bien en virtud a la potestad sancionadora del Estado, es legítimo sancionar y disponer medidas cautelares en los casos y según las formas previstas en la ley, no es menos importante el respeto de sus derechos de los privados de libertad.
En ese entendido, las persona privadas de libertad encuentran limites a su libertad personal, por la naturaleza restrictiva de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva); empero, eso no implica que los demás derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, se vean afectados, más al contrario se mantienen incólumes los mismos, así se tiene el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida, a la educación, el acceso a la justicia, que tienen como sustrato la dignidad humana, cuya limitación o supresión se torna en una restricción ilegítima, injustificada, que si bien pueden verse disminuidos en el ejercicio pleno de algunos derechos, no obstante, no pueden ser suprimidos. En esa comprensión el privado de libertad que por su condición temporal y excepcional se encuentra limitado en su libertad personal, se halla en estado de vulnerabilidad, en situación de desventaja y desigualdad; por lo que, es el Estado, el que asume la responsabilidad de velar por el respeto de sus derechos -excepto el de libertad personal cuya limitación fue impuesta conforme a las formas y según los casos que la ley establece-, lo contrario significaría una exclusión, en desmedro de su condición humana, de su derecho a la dignidad, extremo que se encuentra reñido con los valores -como el de dignidad- que fundan o sustentan la Constitución del Estado Plurinacional.
Por último, y considerando todo lo desarrollado, debemos afirmar, que dentro de los fines y funciones del Estado está el de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en el art. 9.4 de la CPE, y en ese marco, todos los niveles del Estado (Central, departamental y municipal) tienen la obligación de adoptar medidas y acciones en favor de los sectores vulnerables, dentro de los que se encuentran los privados de libertad; ello con el objetivo de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos de éste grupo de personas, quienes por diferentes circunstancias de la vida se encuentran internos en centros penitenciarios; considerando que no perdieron otros derechos inherentes al ser humano, siendo los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados.
En ese entendido es la instancia judicial y administrativa, en la que se dilucidan los derechos de las personas privadas de libertad quienes tiene el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, pues de lo contrario estaría consintiendo una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad.
Judicial Sobre esta temática, la SCP 1572/2003-R de 4 de noviembre, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional- señaló que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias no tienen legitimación pasiva, porque no ejercen la jurisdicción como los jueces sino que, cumplen sus órdenes e instrucciones, salvo que contradigan o alteren las mismas, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y 1093/2010-R de 22 de agosto y 1521/2014 de 16 de julio. Ahora bien, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre , dentro de una acción de libertad desarrolló el fundamento jurídico respecto a la legitimación pasiva en funcionarios subalternos, reiterando el entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 1093/2010-R de 23 de agosto, la que a su vez repitió la SC 0332/2010-R de 17 de junio.
19 El F.J.III.2 señaló que: ”Cabe recordar que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 20 En el F.J.III.4, sobre la legitimación pasiva en funcionarios subalternos refirió que: “Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 23 de agosto, reiteró: “…la jurisprudencia de éste Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció ´…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…). Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'. Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno” (las negrillas nos corresponden).
Por su parte la SCP 0326/2014 de 21 de febrero , desarrolló el fundamento jurídico sobre la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional en acción de libertad, reiterando el entendimiento desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1121/2012 de 6 de setiembre, 0691/2012 de 2 de agosto y 1093/2010-R, expresando que la referida acción debe dirigirse contra las personas o autoridades que son responsables del acto ilegal y que lesiona sus derechos, posibilitando así que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese en el análisis de la problemática planteada, en este entendido la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial; por lo que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, en consecuencia carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, considerando que su función es acatar órdenes o instrucciones de su superior, excepto cuando no asumen la determinación de la autoridad jurisdiccional y siempre y cuando implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Asimismo, la referida SCP 0326/2014 fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0965/2014 de 23 de mayo, 1521/2014 de 16 de julio y 359/2016-S1 de 17 de abril.
21 El F.J. III.4, señaló que: “La acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal y que una vez interpuesta la misma la autoridad judicial ordenará “…la citación, persona o por cédula, a la autoridad o persona denunciada…” (art. 126.I de la CPE), de ahí que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que incurrió en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos tutelados por este mecanismo de defensa. Al respecto, la SCP 1121/2012 de 6 de septiembre, estableció: “En consecuencia se tiene que, el ciudadano que pretenda activar la acción de libertad, tiene el deber de dirigir dicha acción de defensa contra la o las personas o autoridades responsables o ejecutantes del acto considerado ilegal y que lesiona sus derechos, los cuales necesariamente deben encontrarse vinculados o conexos con el derecho a la libertad; a contrario sensu, se neutraliza la acción de libertad impidiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de la problemática planteada; razón por la cual, se constituye en un requisito fundamental para que el Tribunal de garantías y este Tribunal en revisión, puedan dilucidar aspectos inherentes al hecho objeto de tutela” .
Con relación a los funcionarios de apoyo judicial, el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial, cuyas funciones según los arts. 94, 95, 101 y 105 de la citada disposición legal, son de apoyo judicial, dirigida al buen funcionamiento de los diferentes despachos. Entonces, si el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces que son los encargados de impartir justicia y cuyas decisiones generan efectos o consecuencias jurídicas susceptibles de lesionar un derecho subjetivo o interés legítimo, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, dado que su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. En otros términos, las servidoras y los servidores de apoyo judicial, no cuentan con legitimación pasiva para ser demandados; por cuanto por expresa disposición de los arts. 83, 94, 95, 101 y 105 de la LOJ, su función se limita a acatar órdenes del Juez o Tribunal a cargo del conocimiento de la causa.
En ese sentido también se pronunció la SCP 0691/2012 de 2 de agosto, al afirmar: “Debido a que el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales; si el órgano jurisdiccional, conocedor del acto u omisión del funcionario subalterno, no reconduce el procedimiento y lo convalida, asume la responsabilidad, deslindando al funcionario (SC 1093/2010-R de 27 de agosto)”.
Siguiendo el desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, sobre este tema en la acción de libertad realizó un cambio de línea respecto al entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y en la 1279/2011-R de 26 de septiembre, señalando que:
…Cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones;, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente,…
22 En el F.J.III.2 señaló que: “…el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras [las negrillas nos corresponden]). En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: “ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo” (las negrillas son nuestras). Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y el subrayado son añadidos). De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”.
La referida SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0759/2015-S2 de 24 de junio, 0244/2016-S2 de 21 de marzo, 1110/2017-S2 de 23 de octubre, 0798/2018-S3, 0259/2019-S1 de 15 de mayo, entre otras. Finalmente, asumiendo el cambio de línea jurisprudencial de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada precedentemente, tomando en cuenta el entendimiento expresado en las Sentencias Constitucionales 1572/2003-R y 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció como sub regla que tales funcionarios carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares; tomando en cuenta que no cumplen una función jurisdiccional, estableciendo como excepción a la citada sub regla para ser demandados en dichas acciones tutelares en tres supuestos, los cuales son los siguientes:
…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva… La referida SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0048/2018-S1 de 23 de marzo, 0638/2019-S1 de 22 de octubre, 0882/2019-S2 de 25 de septiembre, 0055/2020-S3 de 12 de marzo, entre otras.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; asimismo los principios de celeridad y legalidad; toda vez que, los demandados incurrieron en las siguientes irregularidades: a) La falta de celeridad y control en los trámites judiciales y administrativos por parte de la autoridad jurisdiccional incurriendo en una mora procesal, por el que no pudo instalarse la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) El Secretario, no cumplió con lo dispuesto por el Juez de hacer seguimiento de los antecedentes de la apelación, recoger y adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional; omisión que imposibilitó se realice la audiencia de cesación a la detención preventiva. Bajo esos antecedentes, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación de la problemática realizada precedentemente; en ese sentido, es preciso efectuar una contrastación de los antecedentes descritos en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional del cual se colige que por vacación judicial de fin de año la autoridad demandada remitió el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de turno de la ciudad de La Paz, radicado en el juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en dicha instancia el ahora accionante interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue remitido a la Sala Penal Segunda mediante nota de 18 de diciembre de 2019. Asimismo se advierte nota de 30 de diciembre de 2019, mediante el cual el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la ciudad de La Paz remitió obrados en originales al Juzgado de origen, el mismo que fue recibido el 27 de enero de 2020 y fue radicado mediante decreto de 28 de similar mes y año, con el objeto de control jurisdiccional y de conocimiento de las partes. (Conclusión II.2). El imputado mediante memorial de 23 de septiembre de 2020, solicitó se fije día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, solicitud que mereció respuesta por decreto de 24 del mismo mes y año, en el cual se señaló audiencia para el 25 de igual mes y año con el objeto de considerar dicha solicitud; empero, la misma fue suspendida conforme se tiene del acta y la Resolución, en razón de la inasistencia del imputado y los antecedentes de la apelación que no se encontraban en el cuaderno de control jurisdiccional y se desconocía el resultado de la apelación; por lo que, el Juez demandado ordenó que por Secretaría se haga el seguimiento sobre la apelación, asimismo dispuso que se remita los antecedentes al juzgado o tribunal de turno conforme se dispuso el 18 de agosto del mismo año; y, una vez puesto en conocimiento los resultados de la apelación, señalará día y hora de audiencia de consideración de la referida cesación con el objeto de no vulnerar el principio de seguridad jurídica y debido proceso conforme estableció la SCP 552/2017-S1. (Conclusiones II.3, II.4 y II.5) Por nota de 16 de octubre de 2020, la autoridad demandada remitió los antecedentes del proceso penal en contra del ahora impetrante de tutela, al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi; el mismo que fue recibido el 20 de abril de 2021, conforme se advierte del sello de recepción (Conclusión II.6) y por decreto de 21 de abril de 2021, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Copacabana del departamento de La Paz, en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi, dispusieron la devolución del proceso puesto que se encontraría pendiente de Resolución de una solicitud de cesación a la detención preventiva y tampoco fue adjuntado los antecedentes de la apelación, aspectos que no podían ser subsanados o convalidados. (Conclusión II.7); sin embargo, el cuaderno de control jurisdiccional recién fue devuelto al Juzgado de Origen el 6 de mayo de 2021 mediante nota suscrito por Wilmer Demetrio Centellas Machicado, Juez del Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Copacabana del departamento de La Paz. (Conclusión II.8) De igual forma se advierte Informe de 7 de mayo de 2021, emitido por Hernán Kiffer Aranda, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en suplencia legal; en el cual, refirió que el cuaderno de apelación se encontraba en dicha Sala; en razón que los funcionarios del juzgado de origen no recogieron los antecedentes de la apelación. (Conclusión II.9) Ahora bien, conforme a los antecedentes, se pasará a analizar las denuncias realizadas por el impetrante de tutela, y al ser una autoridad judicial y un personal de apoyo jurisdiccional los demandados, serán analizadas de forma separada para una mejor comprensión de la siguiente manera: a. Con relación al Juez Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz. El impetrante de tutela denuncia la falta de celeridad y control en los trámites judiciales y administrativos por parte de la autoridad jurisdiccional demandada; toda vez que, la audiencia de cesación a la detención preventiva de 25 de septiembre de 2020, fue suspendida por dos razones, la primera por falta de notificación al Penal de San Pedro para que el imputado pueda estar presente de forma virtual en dicha audiencia y segundo porque los antecedentes de la apelación no cursaban en el cuaderno de control jurisdiccional, teniendo que ser suspendida dicha audiencia; asimismo, la referida autoridad ordeno que por Secretaríaa se haga seguimiento de la apelación y de igual forma se remita el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado o Tribunal de turno; toda vez que, el Ministerio Público presentó acusación formal en contra del imputado, en cumplimiento del Auto de 18 de agosto de similar año; empero dicha remisión recién fue dispuesta mediante nota de 16 de octubre de 2020 al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi y recepcionada en esa instancia el 20 de abril de 2021. Bajo los elementos fácticos descritos, resulta pertinente remitirnos a la Jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que desarrolló la modalidad de acción de libertad de pronto despacho, cuyo propósito es otorgar celeridad en los trámites y solicitudes realizados por personas que se encuentran privadas de libertad, mismos que deben ser atendidos y diligenciadas con la mayor prontitud posible. Asimismo, conforme establece el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución Constitucional, el principio de celeridad impone a quienes imparten justicia, que deben actuar con la mayor diligencia, despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal. Ahora bien, conforme a esos precedentes jurisprudenciales y de los antecedentes traídos en revisión se advierte una dilación en el trámite de los actuados procesales; toda vez que, la audiencia de cesación a la detención preventiva de 25 de septiembre de 2020 tuvo que ser suspendida por una omisión en la notificación al Penal de San Pedro y la falta de los antecedentes de la apelación; si bien, esos actuados no son efectuados por la autoridad judicial; empero, dicha autoridad no observó el incumplimiento de sus órdenes que debieron ser acatadas por el funcionario de apoyo jurisdiccional respecto al seguimiento de los antecedentes de la apelación, motivo por el cual fue suspendida la audiencia de cesación a la detención preventiva, toda vez que, ante una posible concesión de dicha solicitud el ahora accionante pudo hacer cesar las medidas cautelares en su contra; por lo que, correspondía a la autoridad judicial demandada efectuar un control del proceso y velar por el cumplimiento de sus instrucciones por parte de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; en tal sentido, no es posible que el juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene el compromiso con el juzgado; conforme refirió la SCP 0427/2015 de 29 de abril ; bajo ese razonamiento se establece una omisión por parte del Juez demandado. De igual forma el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), instituye que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese referido contexto, en la jurisdicción ordinaria propiamente dicha, el art. 30.3 del mismo cuerpo legal indica que la celeridad establece la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.
De la norma anotada anteriormente, la aplicación del principio de celeridad en aquellos casos relacionados con la privación de libertad resulta ser más imperante; razón por la cual, las actuaciones jurisdiccionales deberán proponerse a la brevedad posible. Bajo esos razonamientos, se advierte que la autoridad jurisdiccional demandada al omitir el control jurisdiccional en los actuados procesales dentro del proceso penal; además de disponer la suspensión de la audiencia sin señalar una nueva dentro del plazo de 48 horas, establecido por el art. 113.II del CPP, no ajustó su actuar a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, vulnerando los derechos del ahora accionante, quién se encuentra privado de libertad; por ello la vulneración es más grave, ya que según la jurisprudencial expuesta en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual señala que los derechos fundamentales de los privados de libertad, no pueden verse afectados por actos dilatorios, ya que en su condición de privados de libertad, sólo pierden justamente su libertad y no así sus otros derechos que se mantienen vigentes; por ello, el Estado tiene la obligación de atender sus solicitudes con prontitud, considerando su situación vulnerable; en ese marco, se advierte que el demandado ante la inobservancia en los trámites en el proceso penal en su juzgado, vulneró los derechos del imputado dada su situación, esto como consecuencia de que se trate de persona privada de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado. Consecuentemente, al resultar evidente dicha omisión por parte del demandado en sus funciones de Juez de control jurisdiccional; es imperante otorgar la tutela en favor del accionante, ya que dicha autoridad demandada lesionó su derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad y por consiguiente al de libertad, por contravenir la normativa procesal penal y no realizar seguimiento de los antecedentes de la apelación incidental, los cuales no fueron recogidos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resolvió el referido recurso el 26 de diciembre de 2019; habiendo transcurrido un año y cuatro mes que no se pudo adherir el testimonio de apelación al expediente del proceso penal en contra del ahora accionante; por tal motivo, el juez accionado debe tener claro que dicha conducta es contraria al orden constitucional y tiene la responsabilidad de evitar incurrir en una similar vulneración en contra de otros ciudadanos en similares circunstancias; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.
b. Respecto al Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz El accionante denuncia que el Secretario no cumplió con lo dispuesto por el Juez de hacer seguimiento de los antecedentes de la apelación, recoger y adjuntar al cuaderno de control jurisdiccional; omisión que imposibilitó se realice la audiencia de cesación a la detención preventiva. De antecedentes, se advierte que el codemandado Yoni Quispe Humana, actual Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, asumió funciones el 29 de octubre de 2020; y de antecedentes se advierte la nota de 16 de octubre de 2020, mediante el cual la autoridad judicial dispuso la remisión (Conclusión II.6); sin embargo, el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi recién el 20 de abril de 2021, de lo cual se advierte que el actual secretario codemandado desde que asumió funciones hasta la remisión al Tribunal de Sentencia de Caranavi; demoró más de cinco meses, ocasionando una dilación que vulnera los derechos del ahora accionante. Otra omisión incurrida por el funcionario judicial fue la remisión del expediente incompleto; es decir, sin los antecedentes de la apelación que no fueron recogidas conforme dispuso el Juez en el Auto de 25 de septiembre de 2020. En tal sentido, se colige que el Secretario codemandado incurrió en inobservancia de sus funciones conforme establece el art. 94.I.15 de la Ley 025 el de cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones, en ese antecedente normativo, se advierte que dicho funcionario inobservó el cumplimiento de sus funciones incurriendo en dilación en el recojo de los antecedentes de la apelación y la remisión del cuaderno de control jurisdiccional incompleto al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi; en ese contexto, corresponde remitirnos a la jurisprudencia constitucional la cual se encuentra descrita en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional que con referencia a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, estableció que los mismos son pasibles a ser demandados en los supuestos en las que la denuncia emergen del incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por el superior en grado, premisa normativa que se subsume a lo denunciado; en ese marco, corresponde acoger el presente reclamo y conceder la tutela impetrada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 008/2021 de 7 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso vinculado con el principio de celeridad y al derecho a la libertad, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
1.1° Se dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas, bajo supervisión de la autoridad judicial demandada, el Secretario codemandado proceda a recoger el legajo de la apelación incidental de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de la cual emergió la Resolución 635/2019 de 26 de diciembre; cumplida dicha diligencia, la autoridad judicial dentro del plazo de cuarenta y ocho horas proceda a señalar audiencia para su resolución; siempre y cuando como emergencia de la concesión de tutela por el Juez de garantías esta ya se hubiese materializado. 2° Se llama la atención al Juez y Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, por la dilación incurrida en la tramitación del proceso penal, cuyo proceder debe ser corregido en lo futuro; y, en caso de advertirse una situación similar, se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura para un procesamiento disciplinario. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.”
2 En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en
cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”
3 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.”
7 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”
8 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”
9 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.”
10 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.
13 STERN, K. (2009). Jurisdicción Constitucional y Legislador. Editorial DYKINSON, S.L. Madrid. Pág. 24.
14 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Bolivia mediante Ley No. 2119, promulgada el 11 de septiembre de 2000.
15 La Organización de Estados Americanos a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN la crítica situación de violencia, hacinamiento y la falta de condiciones dignas de vida en distintos lugares de privación de libertad en las Américas; así como la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad mental privadas de libertad en hospitales psiquiátricos y en instituciones penitenciarias; y la situación de grave riesgo en que se encuentran los niños y niñas, las mujeres, y los adultos mayores recluidas en otras instituciones públicas y privadas, los migrantes, solicitantes de asilo o de refugio, apátridas y personas indocumentadas, y las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados; CON EL OBJETIVO de aportar al proceso de preparación de una Declaración Interamericana sobre los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión por el Consejo Permanente, en seguimiento a la Resolución AG/RES 2283 (XXXVII-0/07); ADOPTA los siguientes PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26).
16 Al respecto la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, prescribe el respeto a la dignidad y la prohibición de trato cruel o inhumano en los arts. 2.III, 5.I, 9, entre otros.
17 “…es imprescindible dejar establecido que los derechos fundamentales, le son reconocidos a las personas en virtud a esa calidad de seres humanos, concepto dentro del cual no puede efectuarse discriminación alguna respecto a su situación esporádica de privados de libertad, esto como consecuencia de que aun cuando se trate de personas privadas de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado y que, aún encontrándose en calidad de sujetos pasivos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad y libre locomoción, no dejan de formar parte de la sociedad y por ende del Estado, gozando, por tanto, de la protección del aparato estatal con referencia a sus derechos y garantías, los cuales, en caso de ser lesionados, suprimidos o amenazados, son susceptibles de tutela.”
18 Art. 9. CPE “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y las Ley: 4) Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución”
23 “…la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dicha…” (las negrillas son añadidas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0871_2023-S1.pdf · páginas 1 a 34.
Huella digital del PDF (SHA-256): c9d8efde4e61af45e3304063804c81bfd7f80fa6088b6cbf60c211bc43a32b7f
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