Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal y de circulación, al debido proceso y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada declaró la nulidad de la resolución que dispuso su detención preventiva apartándose del marco jurisprudencial constitucional, pues, únicamente podía revocar, modificar o ratificar la resolución apelada, conforme lo establecido por el art. 400 del CPP; además que, se encuentra innecesaria e ilegalmente detenido, pues pese a determinar tal nulidad, mantuvo su situación jurídica en statu quo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 27 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos establecidos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0870 /2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53804-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 10/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 27 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Daniel Averanga Bernal en representación sin mandato de Pedro Villca Alegre contra Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 15 de febrero de 2023, cursante a fs. 2 a 5 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; ante ello, planteó apelación incidental que fue resuelta por la Vocal ahora demandada a través de Auto de Vista 57/2023 de 14 de febrero, incurriendo en los siguientes agravios: Determinó anular la resolución de primera instancia, apartándose del marco jurisprudencial constitucional establecido por la SCP 0270/2017-S1 de 28 de marzo; toda vez que, los vocales deben circunscribirse a revocar, modificar o ratificar las resoluciones apeladas; es decir, lesionó su derecho al debido proceso, pues no existiría norma procedimental que le permita declarar la nulidad de una resolución de medidas cautelares; por lo que, debió a actuar conforme el art. 400 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Además, se encuentra innecesaria e ilegalmente detenido, por cuanto, la autoridad demandada, pese a haber declarado la nulidad de la resolución de primera instancia, mantuvo su situación jurídica en statu quo.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad personal y de circulación, al debido proceso y del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 57/2023 de 14 de febrero y se ordene a la Vocal demandada emita una nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública el 15 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 21 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, en audiencia de garantías ratificó los términos de su acción de libertad.
Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe escrito presentado el 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 13 a 15, sostuvo que: a) La jurisprudencia citada por el accionante no es vinculante; pues, la misma se pronunció en análisis de una resolución de cesación a la detención preventiva y no así de una resolución de aplicación de medidas cautelares; aclarando que la SCP 1116/2014 de 10 de junio, estableció que la nulidad de una resolución que impone una medida cautelar, debe ser totalmente excepcional, lo que fue debidamente fundamentado en el Auto de Vista ahora cuestionado; y, b) La omisión generada en primera instancia no puede ser subsanada por el Tribunal de alzada, pues, se requería de la remisión de las piezas procesales necesarias a los fines de asumir una decisión cabal que no vulnere los derechos de la víctima; además que, se dispuso la devolución de obrados en un plazo razonable; es decir, en veinticuatro horas a objeto de que se cumpla con lo dispuesto; por lo que, no existe lesión al derecho a la libertad del nombrado o apartamiento de la jurisprudencia constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 27 a 31, “declaró procedente” -siendo lo correcto concedió- la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 57/2023 y ordenando que la Vocal demandada emita una nueva resolución; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La Vocal demandada, determinó la nulidad de la Resolución apelada, ordenando se convoque a una nueva audiencia y se emita la resolución correspondiente; sin embargo, no consideró el art. 398 del CPP; es decir, debió pronunciarse sobre los aspectos cuestionados de la Resolución, con una adecuada fundamentación y motivación; tomando en cuenta también el art. 400 del citado Código, que establece la posibilidad únicamente de revocar o modificar una resolución; y, 2) De igual manera no se determinó la situación jurídica del imputado; pues, debió considerarse los arts. 21, 22 y 23 de la CPE, que garantizan la libertad de toda persona contemplando la excepcionalidad e instrumentalidad de la medida cautelar. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su representante, solicitó se otorgue un plazo a la autoridad demandada para que emita su resolución; en respuesta, el Juez de garantías complementó su resolución otorgando a la autoridad demandada el plazo de veinticuatro horas para emitir un nuevo auto de vista.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Pedro Villca Alegre -accionante- por la presunta comisión del delito de violación agravada, William Paredes Chire, Fiscal de Materia, emitió Imputación Formal de 6 de enero de 2023, en la cual solicitó también la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (fs. 20 a 23 vta. del anexo). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 35/2023 de 30 de enero, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro, por el que dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, y señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 28 de abril de 2023 (fs. 55 a 60 vta. del anexo). II.3. Consta Auto de Vista 57/2023 de 14 de febrero, por el cual Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, declaró la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el ahora impetrante de tutela y determinó la nulidad de la resolución de primera instancia, disponiendo que el Juez a quo, en el plazo de veinticuatro horas convoque a audiencia y emita nueva resolución en la que haga referencia a todos los aspectos tratados; aclara que no sugiere se determine la libertad del imputado, sino que resuelva lo que en derecho corresponda; ordenando además, que su persona de apoyo judicial devuelva obrados en el plazo de veinticuatro horas (fs. 80 a 83 del anexo).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal y de circulación, al debido proceso y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada declaró la nulidad de la resolución que dispuso su detención preventiva apartándose del marco jurisprudencial constitucional, pues, únicamente podía revocar, modificar o ratificar la resolución apelada, conforme lo establecido por el art. 400 del CPP; además que, se encuentra innecesaria e ilegalmente detenido, pues pese a determinar tal nulidad, mantuvo su situación jurídica en statu quo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a las atribuciones que tiene el Tribunal de alzada, el extinto Tribunal Constitucional en la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, estableció que: “Las Vocales recurridas, en el Auto de Vista impugnado, analizando la apelación, determinaron que el Juez Cautelar actuó en forma indebida, puesto que a más de no valorar la prueba, no fundamentó su determinación de disponer la detención preventiva de los imputados, ni examinó en forma individualizada las circunstancias de cada uno de ellos, declarando por ello la existencia de defectos absolutos para lo que invocaron el art. 169.3 del CPP que dispone que no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en ese Código; sin embargo, las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, refirió que: “…el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, aprobando o revocando el fallo del inferior, pues ese es el objetivo de dicha apelación incidental; sin embargo, en el presente proceso en distintas ocasiones los Vocales se limitaron a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta, sin considerar que en ese momento inclusive el imputado gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; consiguientemente se evidencia que no hicieron uso de las facultades que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, para ese efecto les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia contenía contradicciones, errores u otros, debieron revocarlo o aprobarlo previa valoración y análisis respectivo, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige los art. 124 y 173 del CPP y no anular más de tres veces la resolución del referido Tribunal de Sentencia por defectos; al no hacerlo, han incurrido en una omisión contraria a los derechos del imputado; pues se considera contrario al ordenamiento jurídico, la concurrencia de una seguidilla viciosa de anulaciones por parte del Tribunal ad quem, conllevando a una inseguridad jurídica que nunca podría terminar, pese de que dicho Tribunal podía definir directamente la situación jurídica del procesado” (énfasis añadido). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1471/2012, 2078/2012, 1382/2013, 0464/2023-S3, 0910/2023-S2, entre otras.
De la revisión y compulsa de los antecedentes remitidos a este Tribunal, se evidenció la emisión de imputación formal contra Pedro Villca Alegre -accionante- por la presunta comisión del delito de violación agravada, en la cual se solicitó también la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva. En mérito a ello, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro, a través de Auto Interlocutorio 35/2023 de 30 de enero, dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela, señalando audiencia de consideración de situación jurídica para el 28 de abril de ese año. Apelada tal determinación, la Vocal ahora demandada, emitió Auto de Vista 57/2023 de 14 de febrero, que declaró la procedencia del recurso de apelación; y, en el fondo determinó la nulidad de la resolución de primera instancia disponiendo que el Juez a quo, en el plazo de veinticuatro horas convoque a audiencia y emita nueva resolución en la que haga referencia a todos los aspectos tratados; aclaró que, no sugiere se determine la libertad del imputado, sino que resuelva lo que en derecho corresponda; ordenando además, que su personal de apoyo judicial devuelva obrados en el plazo de veinticuatro horas. A partir de lo descrito, se observa que el impetrante de tutela cuestiona el Auto de Vista 57/2023; alegando que este no se pronunció revocando, modificando o ratificando la resolución de primera instancia que dispuso su detención preventiva y en cambio, determinó la nulidad; en ese contexto, revisada tal determinación, la misma se emitió en razón de los siguientes argumentos: i) Como primer agravio presentado en apelación, se cuestionó la negativa en la provisión de copias de la Cámara Gesell; aspecto que si bien se fundamentó bajo el argumento que no se puede generar una revictimización, ello no implica se pueda dejar en indefensión al imputado; por lo que, es un aspecto que debe ser reparado; ii) Se manifestó que la resolución de primera instancia lesiona el principio de legalidad, pues al fundamentar la determinación, no se hizo un razonamiento uniforme al que se realiza en todas las causas; al respecto, el Juez de primera instancia, tomó en cuenta el art. 2 de la Ley de Protección a la Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, sin embargo, esta norma no se encuentra relacionada al delito de violación con agravante, sino a la violación de infante, niña, niño y adolescente; por lo cual, no es aplicable al caso concreto, ya que de la imputación formal se evidencia que la víctima nació el año de 1983; por ello, dicha norma no era aplicable, lesionando los principios de legalidad y seguridad jurídica; iii) Los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP, no fueron declarados procedentes; sin embargo sobre el art. 234.7 del citado Código, se determinó que este continuará vigente mientras el imputado “haga una pericia psicológica” y pueda acreditar que carece de peligrosidad. Sobre el peligro de obstaculización descrito por el art. 235.2 del CPP, el imputado refiere que se fundó en presunciones abstractas; pues la resolución de primera instancia estableció que podría influir en la víctima, poniendo en riesgo su integridad; aspecto que demuestra un razonar abstracto, pues, no se establece cual sería el elemento de convicción que demostraría que el imputado puede fácilmente tomar contacto con la víctima poniéndola en riesgo; iv) Como cuarto agravio, se cuestionó el tiempo de la detención preventiva y proporcionalidad; así, de la revisión de la resolución de primera instancia, se señaló que el Ministerio Público debe realizar entrevistas a testigos y realizar una pericia a la víctima; sin embargo, estos elementos probatorios no fueron incorporados al testimonio de apelación, impidiendo que como Tribunal de alzada se pronuncie al respecto, por lo que el agravio es procedente; v) Con relación al tiempo de la detención preventiva, se debe considerar que el art. 94 de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, ordena el juzgamiento acortando los plazos de investigación preliminar y preparatorio; sin embargo, para evaluar este aspecto, tampoco se remitieron los actuados procesales correspondientes; y, vi) Lo descrito permite establecer un incumplimiento respecto a la fundamentación de la resolución, además que no se especificó con base en qué prueba se asumió las determinaciones correspondientes, aspectos que no pueden ser subsanados por la vía de revocatoria, correspondiendo en consecuencia determinar la nulidad de la resolución emitida por el Juez de origen, hasta que la misma haga referencia a todos los aspectos que no se contemplan en su resolución, que vulneran el derecho a una resolución debidamente fundamentada y motivada; aclarando que la nulidad de la resolución no puede tener como consecuencia su libertad inmediata; dado que, la nulidad deriva en la necesidad de la renovación del acto al cual el imputado no ha acudido; por lo que, deberá aguardar a lo que se resuelva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro en el que se encuentra recluido. Ahora bien, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la finalidad del recurso de apelación contra la resolución de medidas cautelares es precisamente la aplicación de tales medidas; por lo que, los vocales no pueden dejar de pronunciarse sobre el objeto de alzada, ya que ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, incumbe a su vez la privación indebida de ese derecho; por lo que, se debe emitir la resolución correspondiente aprobando o revocando la resolución; pero, de ninguna manera se puede anular obrados pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ese es justamente el objeto del recurso. En ese marco, analizados los argumentos del Auto de Vista 57/2023 confutado, se advierte que la Vocal ahora demandada, incumplió con las reglas de competencia que le exigen determinar la revocatoria o ratificación del acto impugnado; pues, si bien se observa que en el examen del caso concreto analizó el fondo de cada agravio planteado; de manera totalmente incongruente definió la nulidad de la resolución que en primera instancia determinó la detención preventiva del ahora impetrante de tutela. En ese entendido, la autoridad demandada lesionó el derecho al debido proceso con afectación directa a la libertad del prenombrado, por dilatar innecesariamente la consideración de su situación jurídico procesal.
Corresponde agregar que, el actuar apartado de la ley de la Vocal ahora demandada, conllevó a que el impetrante de tutela se mantenga con detención preventiva también de manera ilegal; toda vez que, el art. 23.I de la CPE, es claro al establecer que la libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley; entonces, de ninguna manera se concibe una detención preventiva sin la existencia de una resolución que determine tal aspecto, lo cual fue omitido por la Vocal demandada quien ordenó se mantenga la detención preventiva del solicitante de tutela, sin que exista una determinación que analice los requisitos para que pueda aplicarse la misma (art. 233 del CPP); ello, a causa de la incorrecta nulidad dictada; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 27 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos establecidos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0870_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2ada0c62fc251416de216b578df09953eb02a1f46ea486c1298226bcbac2722d
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