Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 29 de agosto de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la petición y al trabajo en su componente de prohibición de trabajo forzoso; habida cuenta que, la presentación de diferentes memoriales a las autoridades demandadas solicitando se les aclare sobre la imposición de carga horaria, y la extensión de certificado y/o informe de control del marcado del registro biométrico de asistencia del SSU, no merecieron respuesta alguna, hasta la interposición de este mecanismo de defensa; por otra parte, por la falta de atención a su pedido interpusieron el recurso de revocatoria, que se encuentra pendiente de resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 114/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 114 a 123, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0870/2023-S2 Sucre, 29 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 49295-2022-99-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 114/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 114 a 123, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcelo Gustavo Camacho Valda y Osvaldo Boris Gonzales Huallpa en representación de Edgar Rafael Bustillos Gálvez y Ramiro Apolinar Gutiérrez Ramírez contra José Alfredo Jaldin Quiroz, Gerente General a.i.; Miguel Villaroel Canedo, Gerente de Servicios de Salud a.i.; y, Henry Campos Villazón, Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Seguro Social Universitario (SSU).
Por memoriales presentados el 28 de junio y 7 de julio de 2022, cursantes de fs. 42 a 48 vta.; y, 63 a 64, los accionantes a través de sus representantes expresaron que:
Son radiólogos desde hace más de veinticinco años en el SSU, desarrollando una jornada laboral de ocho horas diarias, y pese a que son funcionarios responsables, se les impuso “jornadas laborales especiales” consistentes en turnos cada fin de semana y por las noches durante varias gestiones, sobre cuyos extremos no fueron retribuidos conforme manda la Ley General del Trabajo; de forma verbal acudieron a la Jefatura de RR.HH. de dicha institución, reclamando: a) Respeto de la carga horaria del sector salud de seis horas diarias; b) Se pague las horas extras trabajadas dispuesta por el ente empleador; c) Cesen las jornadas laborales especiales de turno y se proceda a su cancelación de las mismas; y, d) El pago de los turnos de media jornada de los días sábados; petición respondida por esa unidad a través de la Nota RR.HH. 228/2021 de 9 de noviembre, por la que se les impuso cumplir la carga horaria de ocho horas diarias; pese a que sobrepasa las mismas entre seis horas trabajadas de jornada laboral ordinaria y turnos nocturnos; lo que, constituye en más horas laborales ordinarias con cargo a responsabilidad social. Ante ello, presentaron al Responsable de la señalada Jefatura las notas de 1, 5, 11 y 13 de abril de “2021” -siendo lo correcto 2022-, solicitando se les aclare sobre la imposición de dicha carga horaria, tomando en cuenta que el trabajo forzoso de “roles de turno” no forman parte de la jornada laboral ordinaria, con la advertencia de denunciar el referido hecho ante las autoridades de la judicatura laboral; asimismo, pidieron certificación y/o informe de control del marcado del registro biométrico de asistencia al SSU, sin merecer respuesta alguna, hasta la interposición de la presente acción tutelar. Acudieron ante su inmediato superior, Gerente de Servicios de Salud a.i. del SSU, a efectos de que haga cumplir la carga horaria laboral de ocho horas impuestas, instándole a que solicite ante la Jefatura de RR.HH. el horario fijo de ingreso y salida de jornada laboral ordinaria, con la aclaración que no aceptarían ningún rol de turno como parte de una jornada laboral ordinaria, al ser esta extraordinaria y no voluntaria, por haber sido asignada por parte del empleador; es así que, presentaron su queja formal en apego al Reglamento Interno de Trabajo de dicha entidad, que fue reiterada por escrito de 14 y 15 de abril de 2022; sin embargo, no fueron atendidas. Ante el silencio de la aludida Jefatura y Gerencia, por escrito de 4 de mayo de 2021, se apersonaron al Gerente General del SSU, conforme al art. 87 del Reglamento Interno de dicho ente, pidiendo que “…la Unidad de Recursos Humanos del Seguro Social Universitario aclare el ingreso y salida de jornada laboral ordinaria impuesta de 8 horas con cargo a responsabilidad civil, penal y laboral al no ser consentida ni voluntaria por los trabajadores y constituir trabajo forzoso” (sic), y la extensión del informe y/o certificado del registro del biométrico de asistencia; requerimientos que fueron insistidos por escrito de 6 de igual mes y año. Además, se encuentra en curso el recurso de revocatoria a la respuesta Nota CITE GG/014/2022 de 28 de enero “…por escrito de fecha 1/04/2022 y reiterado sea resuelto por escrito de fecha 4/05/2022...” (sic), que tampoco fue atendido. Con el fin de acreditar la falta de respuesta a los escritos denunciados el 9 de junio de igual año, realizaron una verificación a cargo de la Notaria de Fe Pública 27 de Cochabamba, no teniéndose respuesta alguna; aspecto que, les generó incertidumbre al haberles impuesto una jornada laboral especial sin su consentimiento.
Denunciaron la lesión a sus derechos a la petición y al trabajo en su componente de la prohibición de trabajo forzoso, citando al efecto los arts. 24 y 46.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se ordene al SSU que “EN EL DÍA” atiendan “…LA[S] SOLICITUDES EXPRESAS SEÑALADAS AL PUNTO V.I. DE LA PRESENTE ACCIÓN TUTELAR…” (sic), sea de forma integral motivada y congruente; 2) Que en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Gerente General a.i. del SSU, extienda la documentación e información de registro biométrico de control de asistencia de los trabajadores a quienes representan; 3) El Gerente General a.i. demandado, respete la jornada laboral ordinaria al sector salud de seis horas diarias y se inhiba de imponer trabajo forzado sin consentimiento de los trabajadores, sin justa remuneración, sea bajo responsabilidad social en caso de desobediencia; y, 4) Se condene al ente demandado al pago de costas y costos procesales conforme al arancel mínimo del “Colegio de Abogados”.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 111 a 113 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus representantes, ratificaron el contenido de la acción de amparo constitucional.
José Alfredo Jaldin Quiroz, Gerente General a.i., del SSU, mediante informe escrito presentado el 15 de julio de 2022, cursante a fs. 92, manifestó que: en cumplimiento al Auto de 8 de igual mes y año, se remitieron las respuestas a las notas de 1, 4, 14 y 15 de abril; y, a los memoriales de 5 y 6 de mayo todos del indicado año; las cuales se encuentran debidamente notificadas, aclarando que uno de los accionantes se estaba con baja médica. El referido Gerente General a.i., Miguel Villaroel Canedo, Gerente de Servicios de Salud a.i.; y, Henry Campos Villazón, Jefe de RR.HH., todos del SSU, a través de su abogado en audiencia de garantías, señalaron que: i) Todas las solicitudes realizadas por los accionantes, fueron atendidas; y, ii) Las autoridades constitucionales no tienen competencia para dirimir una controversia de orden laboral sobre las seis horas de trabajo o las dos horas utilizadas como horas volantes; toda vez que, existen canales jurídicos para dilucidar las mismas, el art. 44 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precisa las competencias de los jueces de trabajo respecto a conocer las acciones sociales individuales o colectivas suscitadas como emergencia de la aplicación de leyes laborales; por lo que, al existir hechos controvertidos e indeterminados, no corresponde que la jurisdicción constitucional se pronuncie al respecto, aclarando que el Decreto Supremo (DS) 6728 de 25 de marzo de 1964, establece la jornada especial para los médicos, dentista y farmacéuticos, señalando un tiempo de seis horas y un medio tiempo de tres horas, posteriormente el DS 9357 de 20 de agosto de 1970 amplió ese alcance para dentistas y bioquímicos, y por DS 20943 extendió ese extremo para enfermeras biotecnólogas y nutricionistas, sin que en ninguna parte de dicho Decreto Supremo hizo alusión a técnicos radiólogos, como sucede en el presente caso respecto a los accionantes, quienes realizan aquella función, careciendo del rango de un médico para aplicar esa normativa.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 114/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 114 a 123, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Las autoridades demandadas respondieron de manera escrita a las diferentes notas y escritos presentados por los accionantes, cumpliendo así con la obligación de atender los requerimientos de manera escrita, fundamentada y oportuna; b) Si bien en este mecanismo de defensa se denunció la falta de respuesta formal; en la audiencia de garantías, los impetrantes de tutela reconocieron que aunque de manera tardía obtuvieron pronunciamiento que resuelva sus pedidos; empero, habían sido incongruentes e inmotivadas; advirtiéndose que se explicó que la carga horaria sería de ocho horas de acuerdo a ley y que estarían sujetos a control biométrico; además, la certificación e informe solicitados, si bien no sería aceptada por los peticionantes de tutela; empero, ya no puede ser objeto de consideración a través de aquel derecho denunciado como lesionado; en consecuencia, no resulta que las autoridades demandadas transgredieron el derecho a la petición de los prenombrados, entendiendo que la fundamentación o motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino una respuesta concisa, clara que satisfaga al conjunto de los puntos requeridos; c) En cuanto a la revocatoria formulada y su falta de pronunciamiento impetrado por escrito presentado el 4 de mayo de 2022, pidiendo se resuelva dicho recurso planteado, existe una diferencia entre el derecho a la petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro de un proceso administrativo; la primera, es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimientos para el tratamiento de aquel derecho; y, la segunda, cuando se trata de una pretensión dentro de un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho a la petición, ameritando sea observado en el procedimiento administrativo, respecto a plazos y etapas procesales; por lo que, no puede ser atendida vía acción tutelar; no obstante de ello, de la documentación acompañada por los demandados ya se emitió respuesta a ese recurso, existiendo entonces sustracción de materia; y, d) En cuanto a la vulneración del derecho al trabajo en su componente a la prohibición de trabajo forzoso y conforme a la petición por los accionantes de tutela, la SCP 0629/2012 de 23 de julio, que confirmó la SC 0835/2005-R de 25 de julio, haciendo referencia a la autorestricción de la justicia constitucional de pronunciarse sobre otros derechos, cuando se denuncia vulneración de varios derechos fundamentales y garantías constitucionales, conjuntamente con el derecho a la petición, la tutela de ese último impide el análisis a través de la acción de amparo constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa escrito presentado el 4 de abril de 2022, por Edgar Rafael Bustillos Gálvez y Ramiro Apolinar Gutiérrez Ramírez -accionantes- ante Henry Campo Villazón, Jefe de RR.HH. del SSU -demandado-, con la suma “COMUNICA A FINES DE REGISTRO Y PIDE” (sic); petición reiterada por memoriales desplegados el 4, 11 y 13 de igual mes y año (fs. 8 a 11). II.2. Por memorial presentado el 4 de abril de 2022, a José Alfredo Jaldín Quiroz, Gerente General a.i. del SSU -ahora demandado-, los impetrantes impetraron “REVOCATORIA INFORMA CUMPLIMIENTO A CARGA HORARIA DE OCHO HORAS Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES” (sic), que fue reiterado por escrito recepcionado el 4 de mayo de igual año, en el que por segunda vez pidieron resuelva el recurso de revocatoria (fs. 16 a 19 vta.). II.3. Mediante oficio presentado el 14 de abril de 2022, ante Miguel Villaroel Canedo, Gerente de Servicios de Salud a.i. - demandado-; y, Rolando Severichs Rivera, Jefe de Imagenología, ambos del SSU, los peticionantes de tutela, comunicaron cumplir con la carga horaria de ocho horas bajo responsabilidad; solicitud que fue reiterada por escrito desplegado el 18 de similar mes y año (fs. 12 a 13 vta.). II.4. Por escrito recepcionado el 4 de mayo de 2022, por la Gerencia General del SSU, los solicitantes de tutela, presentando “QUEJA POR TRABAJO FORZOSO…” (sic); pedido reiterado el 6 del señalado mes y año (fs. 14 a 15 vta.). II.5. Por memorial presentado el 4 de abril del indicado año, ante el Gerente General a.i. del SSU, los peticionantes de tutela formularon recurso de revocatoria, que fue reiterado por literal de 4 de mayo del mismo año (fs. 16 a 19 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la petición y al trabajo en su componente de prohibición de trabajo forzoso; habida cuenta que, la presentación de diferentes memoriales a las autoridades demandadas solicitando se les aclare sobre la imposición de carga horaria, y la extensión de certificado y/o informe de control del marcado del registro biométrico de asistencia del SSU, no merecieron respuesta alguna, hasta la interposición de este mecanismo de defensa; por otra parte, por la falta de atención a su pedido interpusieron el recurso de revocatoria, que se encuentra pendiente de resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0843/2021-S2 de 23 de noviembre, haciendo alusión a la SCP 0983/2017-S2 de 18 de septiembre, sostuvo que: «…“El art. 53.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional no procederá: ‘Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas’. En relación a la activación paralela en concreto, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 1164/2016-S2 de 7 de noviembre, haciendo referencia a la interposición de un recurso de alzada por la parte accionante, contra una resolución sancionatoria, determinó que ésta: ‘…activó en forma previa dicho recurso, el cual a momento de plantear la presente acción tutelar, se encontraba en trámite, pendiente de resolución; entonces si las accionantes acudieron a esa vía idónea, deben aguardar que la respectiva autoridad, resuelva el recurso de alzada que fue interpuesto, y posteriormente el recurso jerárquico y una vez agotada dicha vía, y si acaso persiste la lesión al debido proceso y al trabajo que ahora invocan, recién podrá acudir a la jurisdicción constitucional para su reparación. Ahora bien, siguiendo la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, y en aplicación de lo establecido en el art. 53.1 del Código Procesal Constitucional, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto al haber activado las accionantes dos vías paralelas o simultáneas reclamando los mismos hechos, incurrieron en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, motivo por el cual no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática’. De la normativa y la jurisprudencia mencionadas, se concluye que cuando se activen dos vías paralelas, la ordinaria, sean éstas judiciales, administrativas o de otra índole, y la constitucional, denunciando la ilegalidad de un mismo acto, corresponde la aplicación del art. 53.1 del CPCo; pues los supuestos actos lesivos denunciados no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional, estando activada de manera simultánea la vía ordinaria. En tal sentido, no es admisible activar dos jurisdicciones de forma simultánea para efectuar similares reclamos, pues de ocurrir esa situación, se inviabilizaría la acción tutelar, ya que al activarse paralelamente la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades que se denuncian, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”» (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Conforme consta de los antecedentes, por escrito presentado el 4 de abril de 2022, al Jefe de RR.HH. del SSU -demandado-, los accionantes manifestaron que cumplirán la carga horaria laboral diaria de ocho horas, protestando sea considerado por la unidad a su cargo, a fin de no ser sujetos a trabajo forzoso sin remuneración; reiterada por memoriales con cargo de recepción de 4, 11 y 13 de igual mes y año (Conclusión II.1); el 4 de abril de ese año, los aludidos presentaron ante el Gerente General a.i. del señalado Seguro, oficio con suma “REVOCATORIA INFORMA CUMPLIMIENTO A CARGA HORARIA DE OCHO HORAS Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES” (sic), que fue recalcado el 4 de mayo de igual año (Conclusión II.2); mediante oficio desplegado el 14 de abril del señalado año, al Gerente de Servicios de Salud a.i. y al Jefe de Imagenología ambos del nombrado Seguro, los impetrantes de tutela dieron a conocer que acatarán la carga horaria que se les ordenó bajo responsabilidad civil, y que sería deber de las autoridades “…PROMOVER Y COORDINAR EL HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE JORNADA LABORAL DIARIA DE 8 HORAS PARA FINES DE REGISTRO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, sea considerado nuestro horario actual de 6 horas diarias…” (sic), aspecto que fue reiterado por escrito presentado el 18 de igual mes y año (Conclusión II.3); los solicitantes de tutela el 4 de mayo de 2022, acusaron queja por trabajo forzoso al Gerente General a.i. demandado reiterado el 6 del señalado mes y año (Conclusión II.4).
En el caso de autos, los accionantes denuncian la presunta lesión de sus derechos, por la falta de pronunciamiento de los demandados respecto a sus reiteradas solicitudes, dirigidas al: 1) Jefe de RR.HH. del SSU, recepcionadas el 4 abril (dos notas), 11 y 13 de abril de 2022, pidiendo considerar la carga horaria de ocho horas impuestas sin su consentimiento, informando que si bien cumplirán las mismas, se considere objeto de no ser sujetos de trabajo forzoso sin remuneración justa; 2) Gerente de Servicios de Salud a.i. y al Jefe de Imagenología, ambos del SSU, con cargo de recepción de 14 de abril de 2022, reiterado el 18 de igual mes y año, requirieron que la unidad de RR.HH. de dicho Seguro, promueva el horario fijo de ingreso y salida de las ocho horas diarias de trabajo que vienen cumpliendo, sin perjuicio de recobrar las dos horas extras que se les impuso inobservando el ordenamiento jurídico; asimismo, sean consideradas las seis horas de trabajo bajo responsabilidad al ser sometidos a trabajo forzoso y no remunerado; 3) Gerente General a.i. demandado del SSU, el 4 de mayo de similar año, reiterado el 6 del señalado mes y año, ante quien presentaron queja respecto a las ocho horas de trabajo diario impuestas sin su consentimiento y que por la Jefatura de RR.HH. de esa entidad aclaren el ingreso y salida de las ocho horas de carga laboral impuesta sin fraccionar ni forzar roles de turnos, bajo responsabilidad civil, penal y laboral, constituyendo trabajo forzoso; además, se les extienda certificado e informe del control biométrico de asistencia de 2021; y, 4) Gerente General a.i. del señalado Seguro, con cargo de recepción de 4 de abril y 4 de mayo de 2022, mediante los cuales presentaron recurso de revocatoria ante la falta de respuesta a sus pretensiones. Ahora bien, del contenido del recurso de revocatoria planteado, se advierte que los accionantes impetraron el pronunciamiento respecto a la carga horaria de seis horas que goza el sector salud, pero que estarían cumpliendo las ocho horas impuestas; sobre el bono de irradiación y sus derechos sociales constituidos; así como, respecto a la imposición de turnos de emergencia, los cuales deberían ser consensuados; contenido que además, de ser igual al de los diversos memoriales presentados por los aludidos ante los demandados, es el mismo al redactado en el memorial de la presente acción tutelar; lo que, conlleva a concluir que tanto las pretensiones expuestas mediante los escritos expuestos en la vía administrativa son similares con lo expresado en la acción de amparo constitucional interpuesta el 28 de junio de 2022. Conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el justiciable, denunciando los mismos actos lesivos acude de forma simultánea a la jurisdicción administrativa u ordinaria, y a la constitucional, inviabiliza el análisis de la acción de amparo constitucional; puesto que, al presentarse paralelamente ante diferentes jurisdicciones con el fin de que atiendan su reclamo, podrían generarse una duplicidad de fallos ocasionando una disfunción procesal contraria al ordenamiento jurídico. Bajo ese entendido, los impetrantes de tutela al haber interpuesto el recurso de revocatoria -pendiente de resolución conforme lo manifestado por los aludidos-, el cual tiene el mismo contenido al de las notas reclamadas y este mecanismo de defensa, activaron la vía administrativa, y con la presentación de esta acción tutelar con igual pretensión habilitaron la vía constitucional; es decir, que acudieron paralelamente a ambas jurisdicciones con la misma finalidad, bajo cuyas circunstancias impidieron que este Tribunal ingrese a conocer el fondo del asunto; es decir, inviabilizaron la posibilidad de revisar la problemática planteada; pues, ello constituye el objeto del recurso de revocatoria interpuesto; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática en cuestión. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 114/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 114 a 123, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0870_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1663533a9a2ad5b0f2360c23d30aae7f7a0316e9c75dcebcbd893ff941cd9b22
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