Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 9 de agosto de 2023
Concede la tutela
La impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de sus hijas menores de edad; toda vez que, durante su relación laboral como funcionaria dependiente de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nacieron sus hijas gemelas; sin embargo, pese al tiempo transcurrido la autoridad accionada no cumplió con el pago oportuno de los subsidios de lactancia correspondientes a abril y mayo de 2022 -de cada una de sus hijas-, solicitando por ello su otorgación en dinero, dado que su persona ya erogó los gastos por concepto de alimentación y otros para el resguardo de las menores de edad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 066/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 39 a 44 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546 de 1 de mayo de 2018, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero del subsidio de lactancia, -dos meses por cada una de las hijas de la impetrante de tutela- como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la mencionada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0869/2023-S3 Sucre, 9 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 48977-2022-98-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 066/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 39 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yissell Rea Berdecio, contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.
Por memorial presentado el 6 de julio de 2022, cursante de fs. 20 a 24, la accionante manifiesta lo siguiente:
De acuerdo al Memorándum S.D.O.P/39/2021 de 4 de enero, fue designada como “…ASISTENTE II-ENC. DE REGISTRO Y ENTREGA DE CHEQUE...” (sic) dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, relación laboral dentro la cual, el 10 de mayo del mismo año, nacieron sus hijas gemelas, fecha a partir de la cual solicitó de forma verbal el pago del subsidio de lactancia; sin embargo, pese al tiempo transcurrido no atendieron su solicitud, indicándole en la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) de dicha entidad que no se contaba con los recursos, pero que pronto le cancelarían dichos beneficios. Sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción de defensa su persona ya erogó los gastos de alimentación de sus hijas, adeudándole la entidad accionada cuatro subsidios de lactancia correspondientes a abril y mayo de 2022 -dos por cada una de sus hijas- en la suma total de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), asignaciones familiares que no fueron entregadas oportunamente, correspondiendo por ello su pago en dinero, considerando que con tal omisión se puso en grave riesgo la nutrición y formación física de las referidas menores, por lo que precautelando la salud y la vida de las mismas solicita la cancelación de las referidas prestaciones.
La impetrante de tutela señala como lesionados sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de sus hijas menores de edad; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45.I, II, III y V, 48.I, II, III y IV, 60 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 2 de la Declaración de los derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se ordene la cancelación de las asignaciones familiares devengadas consistentes en dos subsidios de lactancia por cada una de sus hijas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de julio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 38 y vta., presentes la peticionante de tutela asistida de su abogada, así como las representantes legales de la autoridad accionada y ausente el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó los argumentos de su demanda de acción de amparo constitucional.
José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de su representante legal, por informe escrito, cursante de fs. 36 a 37 vta., así como en audiencia, señaló lo siguiente: a) De conformidad a lo previsto por el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la SCP 0471/2012 de 4 de julio, respecto a la subsidiariedad, estableció como causal de improcedencia cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no utilizó un medio de defensa ni interpuso recurso alguno; asimismo, cuando en el plazo legal no se presentó ningún medio de impugnación o cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; b) Con relación a que los dos subsidios de lactancia (por cada hija) se cancelen de forma retroactiva y monetaria a favor de la impetrante de tutela dentro el plazo de tres días; el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, en su art. 4 inc. e) dispone que el subsidio de lactancia consiste en la entrega a la madre de productos alimenticios inocuos con alto valor nutritivo de origen nacional equivalente al pago de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) acorde a la norma vigente, por cada hijo (a) vivo desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad; y, c) Asimismo, el referido Reglamento en su art. 21 inc. a) establece la prohibición a los empleadores de otorgar el subsidio de lactancia en dinero, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada considerando tal impedimento, así también pide no se imponga la condenación de costas, daños y perjuicios en razón de lo establecido por el art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-.
Nathaly Dávila Antezana, Secretaria Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, citada como tercera interesada dentro de esta acción de defensa, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 31.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 066/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 39 a 44 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada, cancele en dinero a la peticionante de tutela cuatro subsidios de lactancia (dos por cada una de sus hijas) por estar autorizados por el ente gestor de salud y por encontrase devengados a la fecha de presentación de la presente acción de amparo constitucional, dentro el plazo de veinte días hábiles en el entendido que se deben realizar los trámites administrativos para su pago en efectivo, determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes que cursan en el expediente se evidencia que la accionante ingresó a trabajar en el cargo de “ASISTENTE II” en la Dirección de Administración y Finanzas dependiente de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, dando a luz a sus hijas el 10 de mayo de 2021, siendo por consiguiente dichas menores beneficiarias de los subsidios autorizados por el ente gestor de salud; 2) Sobre el derecho a la seguridad social, el art. 45.III de la CPE, establece que el mismo cubre también a las asignaciones familiares y otras previsiones sociales; asimismo, la Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011, que aprueba el Reglamento de Asignaciones Familiares establece que las mismas constituyen un régimen conformado por prestaciones en especie (prenatal y lactancia) y en dinero (natalidad y sepelio) que son otorgados por los empleadores a los beneficiarios (as) de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, así el subsidio de lactancia comprende la entrega de productos alimenticios inocuos no transgénicos con valor nutritivo de origen nacional, equivalente a un salario nacional durante los primeros doce meses de vida. Del mismo modo, el art. 111 del Código de Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, determina que este beneficio debe ser entregado en su totalidad al beneficiario (a) o a quien tenga la guarda del niño o niña, siendo obligación del Estado el garantizar el interés superior del menor; es decir, la prioridad en su atención en el ámbito familiar, social e institucional en procura de fortalecer su desarrollo y recibir protección en toda circunstancia; 3) En ese sentido, en el presente caso nace la necesidad de precautelar los derechos de las hijas de la impetrante de tutela en cuyo favor se formuló la presente acción tutelar, a fin de garantizarles el acceso a la seguridad social y en general a un desarrollo integral traducido en el resguardo de sus vidas emergente del derecho que tienen a recibir de manera oportuna los subsidios de lactancia en especie, reclamados oportunamente y que a la interposición de esta demanda constitucional se encuentran devengados; y, 4) El reclamo de la peticionante de tutela no fue desvirtuado por la parte accionada, por lo tanto encontrándose autorizados los subsidios devengados por el ente gestor como es la Caja de Salud Corporación Regional de Desarrollo (CORDES) corresponde ordenar a la entidad ahora accionada proceda al pago de los subsidios reclamados a favor de las referidas menores, en dinero, en aplicación de la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene designación Memorándum S.D.O.P/39/2021 de 4 de enero, mediante el cual, la Secretaria Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad ahora accionada-, comunicó a Yissell Rea Berdecio -hoy accionante-, que fue designada en el cargo de “…ASISTENTE II-ENC. DE REGISTRO Y ENTREGA DE CHEQUE…” (sic), dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la mencionada Secretaría, designación con vigencia hasta el 31 de diciembre del indicado año (fs. 3). II.2. Constan certificados de nacimiento de las menores AA y BB hijas de la impetrante de tutela, nacidas el 10 de mayo de 2021 (fs. 4 y 7). II.3. Cursan certificaciones de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, emitidas por la Caja de Salud CORDES; las cuales determinan respecto al subsidio de lactancia, que deben cancelarse en especie doce asignaciones familiares en favor de las menores AA y BB, a partir del 10 de junio de ese año hasta el 10 de mayo de 2022 (fs. 6 y 9).
II.4. Se tiene boletas de pago de sueldo de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni a nombre de la peticionante de tutela, cargo “ASISTENTE II” correspondiente a febrero y abril de 2022 (fs. 11 a 12). II.5. Consta Resolución 048/2022 de 11 de mayo, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; por la que, se le concedió la tutela solicitada por la accionante, en una primera acción de amparo constitucional, disponiendo el pago de tres subsidios de prenatal, veinte subsidios de lactancia -diez por cada menor- y dos subsidios de natalidad por encontrarse devengados (fs. 13 a 18 vta.).
La impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de sus hijas menores de edad; toda vez que, durante su relación laboral como funcionaria dependiente de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nacieron sus hijas gemelas; sin embargo, pese al tiempo transcurrido la autoridad accionada no cumplió con el pago oportuno de los subsidios de lactancia correspondientes a abril y mayo de 2022 -de cada una de sus hijas-, solicitando por ello su otorgación en dinero, dado que su persona ya erogó los gastos por concepto de alimentación y otros para el resguardo de las menores de edad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre este tópico procesal de connotación constitucional, inherente a la seguridad social a corto plazo y la excepción al principio de subsidiariedad, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1176/2022-S3 de 15 de septiembre y 1306/2022-S3 de 28 de septiembre, citando a su vez a la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, precisaron que: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiari[e]dad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la jurisprudencia constitucional efectuó un desarrollo de base normativa tanto constitucional como de legalidad ordinaria sobre el alcance y finalidad de este beneficio inherente a la seguridad social a corto plazo, así las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1519/2022-S3, de 21 de noviembre y 1566/2022-S3 de 2 de diciembre, entre otras señalaron lo siguiente: «La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, el art. 48.I de la Norma Suprema, prevé que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV del referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. Por su parte, el art. 5 inc. a) del Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, establece que: “Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva, en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral”. El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, que modificó el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, estableció, que se reconocían las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: “a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida” (el resaltado es nuestro). De igual manera, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero, sostuvo que: “El art. 45.II de la CPE, establece: ‘La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social´; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos…”». Asimismo, corresponde precisar que en cuanto al subsidio de lactancia, el art. 2.I del DS 4167 de 27 de febrero de 2020, que modificó el inciso c) del art. 25 del DS 21637 que a su vez fue modificado por el Artículo Único del DS 3546, estableció, que dicho subsidio consistía: “…en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce (12) meses de vida”. Por su parte, el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares, aprobado por Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, en su art. 4, establece las siguientes definiciones: “a) Asignaciones Familiares. Régimen de la Seguridad Social de Corto Plazo, consistente en prestaciones en especie (prenatal - lactancia) y en dinero (natalidad - sepelio), que son otorgados por los empleadores a la titular-beneficiaria de acuerdo a disposiciones legales vigentes. (…) d) Subsidio Prenatal. Prestación que consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento de la niña (o). e) Subsidio de Lactancia. Prestación en especie que consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce (12) meses de vida. f) Subsidio de Natalidad. Prestación que consiste en un pago único a la madre en dinero equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a). g) Subsidio de Sepelio. Prestación que consiste en un pago único a la madre en dinero, equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) por óbito o fallecimiento de cada hijo (a) menor a 19 años” (el resaltado corresponde al texto original).
De acuerdo a lo previsto por el art. 28 del señalado Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se podrá efectuar el pago retrasado del subsidio prenatal y de lactancia en los siguientes casos: “a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes, actualizando el valor del mismo al subsidio vigente. Asimismo, el SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes;
el SEDEM, remitirá de manera mensual ante la ASUSS un informe de los pagos retrasados por los empleadores. b) La ASUSS queda facultada para determinar las sanciones que correspondan por el retraso en el pago de subsidios” Así, el art. 19 del supra mencionado Reglamento, establece la posibilidad de la entrega excepcional del SUBSIDIO PRENATAL en dinero, debiendo el empleador a ese efecto realizar el trámite de autorización de pago ante la ASUSS, quien emitirá una Resolución Administrativa expresa, por beneficiaria (o), previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y del procedimiento establecido: a) NIT de la empresa;
b) FUNDEMPRESA actualizado; c) ROE emitido por el Ministerio de Trabajo; d) Copia Legalizada de Afiliación a Ente Gestor; e) Nota fundamentada sobre razones para el pago excepcional en dinero; y, f) Fotocopia de la Nota de Cargo girada por la ASUSS, ante la falta del cumplimiento a la obligación del pago de subsidio prenatal en especie. Así, respecto al trámite a desarrollarse para el pago con carácter retrasado del subsidio prenatal, el referido precepto normativo, a partir de su parágrafo II., señala que: “Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de 15 días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de 2 días hábiles posteriores al recojo de su solicitud ante oficinas de la ASUSS. III. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos su solicitud. Si la solicitud fuese aceptada, la ASSUS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio prenatal en dinero ante el solicitante.
IV. El EMPLEADOR será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero mediante depósito bancario a la beneficiaria del subsidio. V. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria” (el resaltado nos corresponde). En ese marco legal, se establece que, conforme la normativa aplicable a las asignaciones familiares se encuentra contemplada la posibilidad de que el subsidio prenatal sea efectivizado en dinero, situación que se halla condicionada al cumplimiento de los señalados requisitos y al trámite determinado en el citado Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida.
En tal sentido, teniéndose en cuenta que el SUBSIDIO PRENATAL consiste en la entrega a la madre gestante de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a sus necesidades, equivalente al pago de Bs2 000.-, conforme a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de embarazo, feneciendo al nacimiento de la niña o niño; debe considerarse que el incumplimiento del pago oportuno del mismo por parte del empleador, conlleva la afectación de los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a la alimentación, que repercute en la vida digna de la madre gestante y de la niña o niño que está por nacer, por lo que en caso de ser necesaria la compensación y pago con carácter retrasado de dicho beneficio; es decir, posterior al nacimiento del ser que se encontraba en gestación, y existiendo el requerimiento de la parte accionante del pago del mismo en dinero, se comprenderá que su otorgación en especie mediante los productos alimenticios necesarios en la etapa de embarazo de la madre beneficiaria, resulta inoportuna e ineficaz, dado que ya no cumple con la finalidad a la que estaba destinada. A tal efecto, también deberá considerarse: a) Que el reclamo realizado por la beneficiaria (o) en cuanto al pago de subsidio prenatal debe efectuarse de forma oportuna y no con excesiva posterioridad, aspecto que se justifica precisamente en el propósito de la entrega de dicho beneficio, cual es la contribución al desarrollo integral del ser en etapa de gestación; y, b) El cumplimiento de las correspondientes obligaciones que adquieren los beneficiarios, entre ellas la debida afiliación y la asistencia mensual de la madre gestante ante el Ente Gestor para su respectivo control prenatal. Asimismo, en cuanto al pago del SUBSIDIO DE LACTANCIA considerándose que el mismo se constituye en una prestación en especie y consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000.- acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce (12) meses de vida; ante el incumplimiento oportuno por parte del empleador y debiendo procederse a su compensación y pago con carácter retrasado; vale decir, posterior al cumplimiento del primer año de edad del menor beneficiario, se debe tener en cuenta que de acuerdo al mencionado Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares, se establece como prohibiciones: Art. 20. “(PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES). a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero”.
Art. 22. “(PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos a: a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero” (el énfasis es añadido). En consecuencia, respecto al subsidio de lactancia conforme a la norma vigente se dispone de manera expresa un impedimento para procederse de forma monetaria; por lo que, no resulta atendible su materialización en dinero.
La peticionante de tutela denuncia que durante su relación laboral como funcionaria dependiente de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nacieron sus hijas gemelas; sin embargo, pese al tiempo transcurrido el Gobernador de dicha entidad -hoy accionado-, no cumplió con el pago oportuno de los subsidios de lactancia correspondientes a abril y mayo de 2022 -de cada una de sus hijas-, solicitando por ello su otorgación en dinero, dado que su persona ya erogó los gastos por concepto de alimentación y otros para el resguardo de las menores de edad. Consideraciones previas Previamente, a ingresar al análisis de la problemática planteada, en atención a la observación efectuada por la parte accionada con relación al cumplimiento del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, resulta necesario precisar que conforme a los entendimientos asumidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, si bien la acción de amparo constitucional tiene una naturaleza esencialmente subsidiaria, por cuanto se activa únicamente ante la inexistencia de otras vías previstas por la ley; sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza de los derechos que se tutelan es posible hacer abstracción de dicho principio, por lo que en virtud a la protección especial de la que gozan tanto la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, así como el ser en gestación o nacido hasta un año de edad no opera tal requisito, al tratarse del régimen de asignaciones familiares, dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida, a la salud y alimentación tanto de la madre/progenitor como fundamentalmente del nuevo ser, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, correspondiendo aperturar de manera excepcional el ámbito de protección de la jurisdicción constitucional.
Del caso concreto Revisada la documental arrimada al expediente, se establece que la accionante ingresó a trabajar en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad ahora accionada- en el cargo de “…ASISTENTE II-ENC. DE REGISTRO Y ENTREGA DE CHEQUE…” (sic) dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría Departamental de Obras Públicas, mediante designación Memorándum S.D.O.P/39/2021 de 4 de enero, con vigencia hasta el 31 de diciembre de igual año, relación laboral dentro la cual el 10 de mayo de mismo año, nacieron sus dos hijas gemelas, conforme se acredita de los certificados de nacimiento adjuntos (Conclusiones II.1 y II.2). Como emergencia de ello, la impetrante de tutela realizó el respectivo trámite de afiliación de su hijas ante el ente gestor de salud como se constata de las certificaciones de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, emitida por la Caja de Salud CORDES; de las que se establece que en cuanto al subsidio de lactancia, corresponde cancelarse doce asignaciones familiares en especie en favor de cada una de las menores AA y BB, a partir del 10 de junio de ese año hasta el 10 de mayo de 2022 (Conclusión II.3); advirtiéndose que al no haber recibido los subsidios correspondientes en su oportunidad, la peticionante de tutela promovió una primera acción de amparo constitucional, resuelta mediante Resolución 048/2022 de 11 de mayo, emitida por la misma Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por la que se dispuso conceder la tutela impetrada por la prenombrada, disponiendo el pago de tres subsidios de prenatal, veinte subsidios de lactancia -diez por cada menor-, -correspondientes de junio a diciembre de 2021 y enero a marzo de 2022- y dos subsidios de natalidad al encontrarse todos devengados (Conclusión II.5); no obstante, la accionante reclama mediante la presente acción de defensa que la parte accionada volvió a incumplir con el pago oportuno los subsidios restantes de lactancia correspondientes a abril y mayo de 2022, a favor de sus hijas menores de edad, quienes al momento de la interposición de esta acción tutelar -6 de julio de 2022- contaban con más de un año de edad. Al respecto, del informe presentado por las representantes legales de la autoridad accionada en esta acción constitucional, se tiene que la entidad empleadora no presentó elementos de prueba que desvirtúen lo denunciado por la impetrante de tutela sobre el incumplimiento en el pago oportuno de las asignaciones familiares, limitándose a cuestionar la modalidad de pago en dinero que la peticionante de tutela exige, en razón a la prohibición a los empleadores de otorgar el subsidio de lactancia en dinero establecida por el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, solicitando se le otorgue un plazo de veinte días a fin de que se efectivice la entrega de las prestaciones reclamadas en caso de concederse la tutela impetrada. Bajo esos antecedentes que evidencian la situación fáctica en el presente caso y siguiendo el lineamiento de la jurisprudencia y normativa desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, queda claro que la provisión de las asignaciones familiares por parte del empleador debe ser de forma inmediata y oportuna, en razón a sus finalidades implícitas, orientadas a la protección reforzada de la madre gestante o progenitora y el núcleo protectivo esencial que es el desarrollo integral, la salud y vida del ser en gestación y de la niña o niño hasta un año de edad, siendo deber del Estado en todos sus niveles proteger y garantizar su entrega al formar parte del derecho a la seguridad social y encontrarse íntimamente ligados con el derecho a la salud, a la vida y a la alimentación de dichos beneficiarios; entendiéndose por subsidio prenatal la entrega a la madre gestante de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a sus necesidades y equivalente al pago de Bs2 000.-, conforme a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de embarazo, feneciendo el mismo al nacimiento de la niña o niño; subsidio de lactancia, la prestación en especie que consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs2 000.-, acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce meses de vida; y, subsidio de natalidad al pago único a la madre en dinero equivalente a Bs2 000.-, acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a).
En ese marco normativo, respecto a la denuncia de falta de pago oportuno de las asignaciones familiares que le corresponden a la accionante, se evidencia que en efecto se incumplió con la entrega de los dos subsidios de lactancia a favor de cada una de las hijas de la prenombrada; es decir, de abril y mayo de 2022, por lo que, al no haberse cancelado tales prestaciones, a pesar de la Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, emitida por la Caja de Salud CORDES, respecto a la impetrante de tutela y sus dos hijas menores de edad, el Gobernador accionado incurrió en la vulneración de los derechos invocados en la presente acción de defensa; pues se evidencia que con dicha inobservancia no sólo se vulneró el derecho a la seguridad social a corto plazo al no cancelar las prestaciones familiares oportunamente a la peticionante de tutela, sino también los derechos y protección del binomio madre-hijo vinculados a éste, ya que al igual que cualquier beneficio social el pago de las asignaciones familiares constituye una obligación prestacional del empleador, de cumplimiento inmediato, conforme lo previsto en el art. 48.I de la CPE, en razón a sus finalidades implícitas, orientadas a la protección reforzada de la madre gestante o progenitora y el núcleo protectivo esencial que es el desarrollo integral, la salud y vida del ser en concepción, y en el caso concreto de las dos niñas hasta un año de edad; razón por la cual, los subsidios de lactancia que reclama la accionante, debían satisfacerse conforme a los principios de oportunidad y eficacia que rige la seguridad social a corto plazo; considerando además que, conforme lo descrito en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de este fallo constitucional, el derecho a la seguridad social no solo comprende la garantía de acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños o niñas menores de un año, conlleva la obligación de otorgar las prestaciones que por derecho les corresponden, de manera que se cumpla su finalidad; por lo tanto, la lesión a este derecho también repercutió en la vulneración de los derechos a la vida, salud y alimentación de la impetrante de tutela y sus hijas. Correspondiendo en consecuencia, conceder el amparo que se solicita por el incumplimiento de pago oportuno de asignaciones familiares, correspondiendo en su efecto el pago retroactivo de los subsidios de lactancia devengados -abril y mayo de 2022 de cada una de las menores de edad-, en el marco de lo establecido por el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares, que determina: “a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes…”. En esa misma línea de análisis, con referencia a la modalidad de pago del subsidio de lactancia en dinero, dicha pretensión no puede ser atendida por este Tribunal, teniendo en cuenta que la normativa legal vigente aplicable al caso, consignada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, únicamente admite esa posibilidad y de manera excepcional respecto a la entrega del subsidio prenatal, en cuyo caso, debe efectuarse el trámite de autorización respectivo ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), entidad que acorde a sus competencias, emitirá una Resolución Administrativa expresa. Debiéndose resaltar asimismo que respecto al subsidio de lactancia la normativa descrita en el Fundamento Jurídico citado precedentemente prohíbe su pago en dinero, exigencia legal que se comprende se funda en la específica finalidad que persigue su otorgación, como es mejorar la alimentación durante el embarazo, extendiéndose esa cobertura al periodo de lactancia protegiendo de ese modo el derecho a la vida y a la salud tanto al ser en gestación o niño, así como de la madre, derechos que constituyen la piedra angular del derecho a la seguridad social, de lo que se entiende la necesidad de que el mismo sea otorgado en especie; pues su pago en dinero sin que existan mecanismos de control no cumpliría con lo pretendido por el Estado, debiendo considerarse también lo establecido por el art. 60 de la Norma Fundamental que establece la atención prioritaria, protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que se constituye en un mandato que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta al momento de realizar acciones en las que se encuentren involucrados sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales; no correspondiendo disponerse su pago en dinero conforme pretende la accionante.
Plurinacional No obstante lo anterior, este Tribunal no puede soslayar el alcance de la concesión de tutela inicialmente otorgada por la Sala Constitucional que provocó efectos jurídicos con relación a la modalidad de pago de las asignaciones familiares devengadas, en el entendido de que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40 del CPCo-; en función a ello, corresponde traer a colación lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia determinando, que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”
(las negrillas son añadidas). De modo que, con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica los efectos del presente fallo constitucional deben ser dimensionados, disponiéndose que si como consecuencia de la decisión asumida mediante la Resolución 066/2022 de 11 de julio, pronunciada por la Sala Constitucional -que ordenó que la autoridad accionada proceda al pago en dinero de cuatro subsidios de lactancia (dos por cada una de las hijas de la accionante), dentro el plazo de veinte días a partir de su legal notificación-, ya se hubiese procedido al pago en dinero de estas asignaciones familiares, dichos efectos quedan válidos y subsistentes; en razón a que retrotraer o modificar esta inicial determinación, agravaría la consecución de la finalidad que persigue este beneficio orientado a precautelar el bienestar de las niñas. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 066/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 39 a 44 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546 de 1 de mayo de 2018, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero del subsidio de lactancia, -dos meses por cada una de las hijas de la impetrante de tutela- como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la mencionada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO VOTO ACLARATORIO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0869_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 737ced0e400f1943bf17a1dc2cd933744bbec171bb3fef744c29c7caa2e175ae
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