B.IA.LEGAL

SCP 0869/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 28 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
49292-2022-99-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud, a la justa remuneración, al trabajo y a la alimentación; toda vez que, fue desvinculado de su fuente laboral sin considerarse que es padre de una persona con discapacidad grave sobre la que informó ser tutor judicialmente designado; y al margen que, el 3 de mayo de 2022, concluyó la vigencia del contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, continuó prestando servicios de forma ininterrumpida hasta el 31 de junio del mismo año, con el consentimiento del empleador; sin embargo, ese aspecto no fue tomado en cuenta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 069/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 133 a 140, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la aludida Sala Constitucional, sin costas procesales, honorarios profesionales, ni pago de daños y perjuicios.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a personas con discapacidad
  2. III.2. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona mayor de dieciocho años con discapacidad. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. El principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo
  4. III.4. Los contratos a plazo fijo y la garantía de inamovilidad laboral de la persona con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0869/2023-S2 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 49292-2022-99-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 069/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 133 a 140, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Yomeye Leigue contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador; y, Geisel Marcelo Oliva Ruíz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 15 de julio de 2022, cursantes a fs. 1, 58 a 65; y, 85 y vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Memorándum 110/06 de 15 de febrero de 2006, ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Departamental de Beni cumpliendo funciones como Ayudante Técnico de Conexiones Domiciliarias, desempeñando sus actividades de manera continua; asimismo, por Memorándum S.D.O.P/01/2020 de 2 de enero, fue designado como Tramitador IV dependiente de la Dirección de Obras Públicas de la citada Secretaría Departamental de Obras Públicas de la indicada institución; nombramiento con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año; posteriormente, a través de Memorándum S.D.O.P/05/2021 de 4 de enero, fue designado como Asistente IV de la Dirección de Desarrollo de Obras y Saneamiento Básico de la Secretaría Departamental de Obras Públicas de la citada Gobernación, hasta el 31 de diciembre del señalado año, siendo que además, el 10 de junio de esa gestión, fue designado mediante Memorándum S.D.O.P./167/2021, como Cotizador de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones bajo dependencia de la Dirección Administrativa y Financiera.

El 2022, la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del referido ente departamental, le ofreció suscribir Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-206/2022, que inicialmente rechazó al ser padre de un persona con discapacidad; empero, aceptó bajo la promesa de que sería recontratado; es así que, cumplió las funciones asignadas del 3 de enero al 3 de mayo de ese año, tal como se estipuló en el contrato laboral; sin embargo, conforme se demuestra de las listas de asistencia a su fuente de trabajo, continuó prestando sus servicios hasta el 31 de mayo del señalado año con conocimiento del empleador; no obstante, fue desvinculado. El Gobierno Autónomo Departamental de Beni, tenía pleno conocimiento de la existencia de su hija con discapacidad y que en tal virtud gozaba de inamovilidad laboral; situación que fue comunicada a la entidad departamental mediante Nota Cite 005 de 8 de febrero de 2022, así como, por la ficha social extendida por la Trabajadora Social-CODEPEDIS de 3 de junio de igual año; al margen que, se remitió al empleador para su conocimiento la Sentencia 146/2022 de 1 de junio, cuya parte resolutiva declaró probada la demanda de interdicción, nombrándolo como tutor de su hija con discapacidad; documentos con base en los cuales solicitó su reincorporación; empero no obtuvo respuesta, afectándose de esta forma los derechos a la salud y a la vida de su primogénita discapacitada, quien precisa de manera constante estar bajo observación de profesionales médicos; por lo que, al quebrantar sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la percepción de salarios, los derechos de su hija también fueron lesionados, sin considerar que pese a que la relación laboral hubiera concluido el 3 de mayo de 2022, continuó prestando sus servicios hasta junio de igual año, conforme prueban las planillas de dichos meses, operando en consecuencia la tácita reconducción del vínculo laboral.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud, a la justa remuneración, al trabajo y a la alimentación, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45.I, II, III y IV, 46, 48.I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su reincorporación y restitución al cargo de Tramitador I, con el mismo nivel salarial, al tener a su cargo una hija con discapacidad intelectual del 72%, así como el pago de salarios devengados correspondientes a mayo y junio de 2022, sea en el plazo de tres días, con imposición de costas procesales, honorarios profesionales y pago de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 131 a 132 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos de la acción tutelar presentada.

I.2.2. Informe de los demandados

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes presentó informe escrito el 19 de julio de 2022, cursante de fs. 123 a 125 vta. y en audiencia de garantías manifestó que: a) El Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-206/2022 fue suscrito voluntariamente por el accionante, conociendo este desde el inicio la fecha de conclusión de la relación laboral, siendo además que, al momento de la firma de ese acuerdo se realizó la revisión de la documentación que acredita su tutoría; aspecto que nuevamente fue revisado previamente a la desvinculación a efectos determinar si se trataba de personal que cuente con inamovilidad; b) Mediante Instructivos D.RR.HH. 20/2021 y 37/2021 de 27 de mayo y 14 de diciembre, respectivamente, se solicitó a todos los funcionarios de la entidad remitir documentación que respalde su inamovilidad; sin embargo, tal como consta en el Informe D.RR.HH- LEGAL 57/2022 de 18 de julio, el impetrante de tutela no se encontraba consignado en la planilla de funcionarios inamovibles, no habiendo cumplido en consecuencia con los requisitos exigidos para considerar su inamovilidad, al no haber tramitado en su debido momento la resolución de tutoría; omisión, descuido y dejadez que no pueden ser atribuidos a la institución; c) Por medio de este mecanismo de defensa, el solicitante de tutela pretende inducir al error a la justicia constitucional y subsanar una falta por irresponsabilidad propia del prenombrado, manifestando que no se hubiera reconocido su inamovilidad laboral en virtud a ser padre de una hija con discapacidad, sin tomar en cuenta que la condición de su hija debió ser demostrada por él mismo durante la relación laboral, lo que no ocurrió; d) De acuerdo a lo establecido por la SCP 0671/2017-S1 de 12 de julio, la inamovilidad laboral persiste solamente mientras dure la vigencia del contrato; es decir, que en el presente caso, al finalizar el vínculo contractual con el accionante y no contarse con las pruebas que acrediten causal de inamovilidad, no existió lesión alguna, siendo que la declaratoria de interdicción data de 12 de mayo de 2022, con posterioridad a la desvinculación, al margen de que la señalada resolución fue presentada por Olga Navarro y no así por el peticionante de tutela; e) La Nota Cite 005 de 8 de febrero de igual año, emitida por el Director del CODEPEDIS, no constituye documento emitido por autoridad competente que determine inamovilidad laboral, dado que dicha determinación corresponde a la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.); f) Con referencia al pago de salarios correspondientes a mayo, estas se hallaban habilitados en Caja; sin embargo, el impetrante de tutela no procedió a su cobro, conforme se tiene establecido en el Informe D.RR.HH. - LEGAL 57/2022 de 11 de julio, en cuyo numeral 7 se determinó además que el prenombrado no cuenta con resolución judicial respecto a su hija; y, g) El Decreto Supremo (DS) 3437 de 20 de diciembre de 2017, establece en su art. 4 los requisitos que deben ser cumplidos por los beneficiarios, madre, padre, cónyuge, tutor o tutora de personas con discapacidad para acceder a la inserción laboral obligatoria; entre ello, la presentación del carnet de discapacidad vigente, siendo que por otra parte, la Ley 977 de 29 de septiembre de 2017, en su art. 2.5, se estipula que el Estado garantiza la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, así como de la madre o padre, siempre y cuando cumplan la normativa vigente; texto que de igual forma se halla establecido en el art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-. En virtud a todo lo manifestado, solicitó se deniegue la tutela impetrada y no se conceda la reincorporación por inamovilidad ni pago de salarios devengados, tampoco el pago de costas, daños y perjuicios en atención al mandato contenido en el art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG). Geisel Marcelo Oliva Ruíz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de su representante en audiencia de garantías, se adhirió al informe del aludido Gobernador, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 069/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 133 a 140, concedió la tutela solicitada, ordenando a los demandados, proceder a recontratar al accionante en el mismo cargo que ocupaba anteriormente, en el que continuó trabajando con el consentimiento tácito del su empleador hasta el “30” -siendo lo correcto 31- de junio de 2022; es decir, al cargo de Tramitador I de la Dirección de Obras y Servicios Básicos dependiente de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; o en su caso, a otro cargo dentro de la institución que mantenga el mismo nivel salarial. Sea en el plazo máximo de cinco días de su notificación con la presente resolución; más el pago de salarios devengados desde la finalización del Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-206/2022, hasta su efectiva recontratación; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El solicitante de tutela es padre de una hija que padece discapacidad intelectual del 72%, debidamente acreditada mediante carnet de discapacidad y Resolución de declaratoria de interdicción y designación de tutor; aspectos que fueron de expreso conocimiento de las autoridades departamentales durante la continuación de actividades del nuevo Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en la continuidad de prestación de servicios laborales con consentimiento del empleador mediante notas puestas a su conocimiento el 3 y 14 de junio de 2022; 2) La especial situación del trabajador, debió merecer un mayor análisis en el marco de la jurisprudencia referida a las personas con discapacidad, como miembros de los grupos vulnerables de atención prioritaria y preferente, debido a su manifiesta indefensión y al encontrarse protegidas por normativa interna como convencional que resguardan entre otros, el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, bajo la comprensión de garantizarles una fuente de trabajo que les permita acceder a medios económicos suficientes que les aseguren desarrollarse plenamente y satisfacer sus más básicas necesidades para alcanzar una vida en condiciones dignas y acceder igualmente a los servicios médicos indispensables para tratar sus dolencias y rehabilitarse; 3) Dicha protección laboral, entendida como estabilidad laboral, fue expandida a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a individuos que posean una condición de discapacidad; pues, se comprende que una eventual ruptura del vínculo laboral tendrá consecuencias directas respecto a ese sector vulnerable; sin embargo, esto no implica una inamovilidad a ultranza, sino que, entre tanto el discapacitado o quien lo tiene a su cargo, no incurra en acciones que posibiliten su procesamiento y posterior destitución, esa estabilidad está constitucionalmente garantizada; por ello, su desvinculación o imposición de una sanción sin previo y debido proceso, resulta anticonstitucional y lesiva a los derechos del trabajador discapacitado o de quien lo tiene a su cargo; 4) Los grupos indefensos requieren de protección reforzada tanto de su familia como del Estado, al encontrarse en desventaja con relación al resto de la población, sea debido a que la discapacidad que padecen fuera física, psíquica, intelectual y/o sensorial; dado que, esta les imposibilita en muchos casos acceder por sí mismas a un medio de sustento que les permita vivir dignamente, siendo en muchos casos objeto de discriminación y exclusión social, lo que obliga al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas que reivindiquen sus derechos; y, 5) Ante la advertencia de lesión a derechos constitucionales de personas con discapacidad, resulta viable el acceso directo a las acciones de defensa que les permita lograr la restitución de sus derechos, admitiéndoseles acceder a un salario digno para su sustento y el de su familia, ameritando que la justicia constitucional les conceda la tutela impetrada, pues, la misma está destinada a garantizar los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades, debiendo entenderse también que si las circunstancias lo hacen necesario, el cambio de actividad o cargo, puede ser realizado, siempre y cuando no se desmejore su situación económica; es decir, que se mantenga su nivel salarial.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum 110/06 de 15 de febrero de 2006, la Jefe de la Unidad de Administración de Personal de la Prefectura -hoy Gobierno Autónomo Departamental- de Beni, designó al accionante en el cargo de Ayudante Técnico Conexiones Domiciliarias, dependiente del Área de Saneamiento Básico; asimismo, por Memorándum 100/07 de 1 de marzo de 2007, el peticionante de tutela fue designado en el mismo cago dependiente de Conexiones Domiciliarias de la Dirección de Infraestructura hasta el 31 de diciembre del señalado año; posteriormente, a través de Memorándum 2A/2011 de 1 de febrero, fue designado en el cargo de Ayudante Técnico I Conexiones Domiciliarias de la Unidad de Agua y Saneamiento Básico y Vivienda de la Dirección de Desarrollo de Obras y Saneamiento Básico y Electrificación, dependiente de la Secretaría Departamental de Desarrollo Vial y Obras Públicas, hasta el 30 de junio de 2011; consta también Memorándum 130/2012 de 17 de enero, por el que el solicitante de tutela fue designado como Ayudante II de la misma repartición, siendo igualmente por Memorándum S.D.O.P/01/2020 de 2 de enero, designado como Tramitador IV de la Dirección de Obras y Servicios Básicos de la Secretaría Departamental de Obras Públicas, con vigencia hasta el 31 de diciembre de igual año; con posterioridad, por Memorándum S.D.O.P/05/2021 de 4 de enero, el impetrante de tutela fue designado Asistente IV de la Dirección de Desarrollo de Obras y Saneamiento Básico de la Secretaría Departamental de Obras Públicas, hasta el 31 de diciembre de ese año; constando asimismo, el Memorándum S.D.O.P./167/2021 de 10 de junio, mediante el cual se designó al prenombrado, Cotizador de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas, sin modificar el cargo y nivel previamente asignado (fs. 13 a 19). II.2. A través de Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-206/2022 de 3 de enero, el accionante entabló relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, para ejercer el cargo de Tramitador I de la Dirección de Obras y Servicios Básicos dependiente de la Secretaría Departamental de Obras Públicas, pactándose una vigencia del vínculo contractual hasta el 3 de mayo de idéntico año (fs. 20 a 22). II.3. Mediante Informe de Registro DIR./CODEPEDIS-BENI-SIPRUNPDC-INF2. 0017/2022, de 7 de febrero, el CODEPEDIS BENI, informó que de la revisión del Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), se halla inscrita Carmen Yosune Yomeye Navarro -hija del peticionante-, con cédula de identidad 12377794 BN, registrada con el Código 08-19931230CYN, con discapacidad intelectual grave en un 72%; asimismo, se observa Ficha Social 002/2022 sin fecha de expedición, que ratifica el grado de discapacidad de la prenombrada (fs. 113 a 116). II.4. Por Certificación CODEPEDIS-BENI CITE 005 de 8 de febrero de 2022, el Director Departamental de CODEPEDIS-BENI, estableció que la hija del solicitante de tutela, padece un nivel de discapacidad grave en un 72% y que se encuentra registrada en el SIPRUNPCD, haciendo cita de la normativa pertinente respecto a la protección de personas con discapacidad y su derecho al trabajo (fs. 111 a 112). II.5. A través de memoriales presentados el 3 y 15 de junio de 2022, el impetrante de tutela hizo conocer al aludido Gobierno Autónomo Departamental, la Sentencia 146/2022 de 1 de junio, emitida dentro de la demanda de declaratoria de interdicción de su hija, así como su nombramiento como tutor, solicitando asimismo, se reconozca su inamovilidad laboral (fs. 28 a 31). II.6. Cursan planillas de asistencia correspondientes a mayo y junio de 2022, en las que se advierte la firma del solicitante de tutela como la constancia de su asistencia a su fuente de trabajo (fs. 32 a 50 y 67 a 84). II.7. Mediante Informe D.RR.HH- LEGAL 57/2022 de 18 de julio, el Asesor Legal de RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, estableció que el accionante, no cumplió con los requisitos previstos por la norma a efectos de determinarse su inamovilidad laboral, constatándose que la relación laboral emergente del Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-206/2022, concluyó el 3 de mayo de 2022, siendo que el salario correspondiente se encontraría abonado en caja a efectos de su cobro; asimismo, se determinó que si bien consigna en archivos el carnet de discapacidad de la hija del aludido, no existe constancia de resolución judicial de declaratoria de interdicción (fs. 94 a 95).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud, a la justa remuneración, al trabajo y a la alimentación; toda vez que, fue desvinculado de su fuente laboral sin considerarse que es padre de una persona con discapacidad grave sobre la que informó ser tutor judicialmente designado; y al margen que, el 3 de mayo de 2022, concluyó la vigencia del contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, continuó prestando servicios de forma ininterrumpida hasta el 31 de junio del mismo año, con el consentimiento del empleador; sin embargo, ese aspecto no fue tomado en cuenta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a personas con discapacidad

La acción de acción de amparo constitucional ha sido instituida por el constituyente en el art. 128 de la CPE, como una acción extraordinaria destinada a la protección y resguardo de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental frente a actos u omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen con hacerlo. Este mecanismo extraordinario de defensa de derechos y garantías constitucionales, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios, sustentándose en los principios procesales de inmediatez y subsidiariedad descritos en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que establece que esta acción “…se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; precepto normativo que determina que la acción de amparo constitucional, se configura como una herramienta de defensa inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el derecho lesionado, contexto en el cual, la dicho mecanismo de defensa se instituye como un mecanismo extraordinario para la tutela de derechos y garantías constitucionales de carácter específico, autónomo, directo y sumario, que no puede, en ningún caso, sustituir los procesos judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico, hecho que determina su carácter eminentemente subsidiario; pues, en virtud a su naturaleza jurídica, esta acción tutelar no puede considerarse como una vía alternativa ni supletoria de otras preexistentes. No obstante lo señalado, la jurisprudencia constitucional instituyó una serie de excepciones destinadas a obviar en determinadas y especialísimas situaciones la exigencia del agotamiento de las vías y mecanismos intraprocesales, sea por que la tutela podría resultar tardía ante un daño inminente e irreparable, o cuando se trate de grupos poblacionales de especial atención denominados grupos vulnerables; así, respecto a estas colectividades, la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, pronunciándose sobre la no incidencia de la subsidiariedad cuando se trata de derechos fundamentales inherentes a las personas con discapacidad, estableció lo siguiente: «Si bien el art. 129.I de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, mediante la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, este Tribunal en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: “…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”.

En igual sentido el art. 94 de la LTC, establece que: “…la acción procede siempre que no hubiere otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos y garantías”, por su parte, el art. 96.3 de la citada Ley, determina que: “…la acción no procederá contra resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno del mismo”; sin embargo, si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, así la SC 0739/2010-R de 26 de julio, señala que: “…el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ‘(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’”; Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada» (el resaltado y subrayado corresponde al texto original). Bajo dicho entendimiento, en aquellos casos en los que se denuncie la lesión de derechos fundamentales de personas con discapacidad o de las que se encuentran a cargo de las primeras, la acción de amparo constitucional, se configura como el mecanismo idóneo para invocar tutela constitucional, sin que pueda exigirse previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues se comprende que la problemática planteada adquiere inmediata relevancia constitucional al tratarse de un sujeto de protección especial y preferente en situación de debilidad manifiesta, además de la posibilidad que se trate de un acto discriminatorio.

III.2. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona mayor de dieciocho años con discapacidad. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0329/2023-S2 de 10 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SCP 0213/2021-S2 de 7 de junio, que cita a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, sostuvo que: «…“A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”. Acotando a los fundamentos desarrollados, es necesario puntualizar que, el citado art. 2.V. de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, textualmente señala: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Evidentemente, la garantía de permanencia laboral del trabajador que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad no es absoluta, pues, -como se dijo- está condicionada a su correcto desempeño; de manera que, no procederá cuando este incursione en una causal de desvinculación legal; pero también, es importante determinar que dicho beneficio no alcanza a todos los trabajadores que se encuentren en esa situación, sino, únicamente a aquellos que tengan bajo su cuidado a una o más personas en esa condición de vulnerabilidad que sean menores de edad, o siendo mayores, padezcan de una discapacidad grave o muy grave. A ese efecto, el art. 5 de la Ley General para Personas con Discapacidad establece los siguientes grados de discapacidad: ‘11. Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas 12. Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado. 13. Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades. 14. Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona’. En ese sentido, el trabajador que tenga bajo su cuidado a una o más personas mayores de dieciocho años con discapacidad leve o moderada, no se beneficiará con la inamovilidad laboral por dicha causa; puesto que, estas personas pueden ser incorporadas a una fuente laboral o bien dedicarse a una actividad económica independiente, en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, en el marco de la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad”. En este contexto, el DS 3437 de 20 de diciembre de 2017, estableció: “ARTÍCULO 4.- (REQUISITOS DE BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA). I. Las personas con discapacidad, la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, que deseen acceder al beneficio de inserción laboral, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Requisitos Generales: a) Cédula de Identidad vigente; b) Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC, del beneficiario, de la hija o hijo, tutelada o tutelado y cónyuge, según corresponda. 2. Además de los requisitos generales según cada caso concreto se presentarán los siguientes requisitos específicos: a) Para personas con discapacidad: Únicamente los requisitos generales detallados en el numeral 1 del presente Parágrafo; b) Para madre o padre: Certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad; c) Para tutora o tutor: Copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento; d) Para cónyuge: Certificado de matrimonio o copia legalizada de la resolución judicial de reconocimiento de unión libre que demuestre el vínculo conyugal con la persona con discapacidad grave y muy grave, según corresponda”. En cuanto a la forma de probar la discapacidad, la SCP 0546/2020-S2 de 13 de octubre, señala: “Tomando en cuenta que, las personas con discapacidad, se constituyen en un sector de vulnerabilidad de la sociedad, ampliamente protegido por la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales, así como por la normativa vigente en el Estado, la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal, emitió una línea jurisprudencial sólida, de protección de los derechos fundamentales de dicho sector, en el ámbito laboral, protegiendo así, su inamovilidad laboral; se entiende claro, si la persona que alegare tener una capacidad diferente, lo debe acreditar a través del carnet de persona con discapacidad pertinente, expedido por los CODEPEDIS; documento que se constituye en el único que acredita una condición de discapacidad en una persona, conforme a lo establecido en los Decretos Supremos (DDSS) 24807 de 4 de agosto de 1997, 1893 de 12 de febrero de 2014, así como en la Resolución Ministerial (RM) 1127, entre otros. Por lo que, la persona que, alegue una discapacidad, a fin de beneficiarse con la inamovilidad aludida, debe presentar el carnet de discapacidad correspondiente; por cuanto, al establecer el ordenamiento jurídico, que la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, se halla ligada a la necesidad que estos cumplan con el ordenamiento jurídico vigente y la inexistencia de causales que justifiquen su despido, establecidas en un proceso previo; resulta claro que, la condición de persona con discapacidad, debe estar debidamente confirmada y documentada -se reitera- mediante el carnet de discapacidad otorgado por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) o, por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC)”. Por su lado, la SCP 0321/2021-S4 de 20 de julio, estableció que: “El reconocimiento de los derechos constitucionales en favor de las personas discapacitadas, ha dado lugar a la emisión de normas convencionales, constitucionales, legales y reglamentarias, entre ellas, el art. 70 de la CPE, que regula el marco de su protección y su derecho al trabajo, así como a recibir la protección de sus familias. Por su parte, el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD), garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, cuando cumplan la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido; último supuesto que, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 3 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, debe efectuarse previo proceso interno. Por su parte, el art. 5 del referido Decreto Supremo, modificado por disposición del art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2008; señala que la inamovilidad beneficiará a los padres o tutores, que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y solo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de 18 años, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad. En caso de vulneración de la inamovilidad funcionaria del padre, madre o tutor que tiene a su cargo una persona con discapacidad, se abre la vía del amparo constitucional para la restitución del derecho vulnerado”. La SCP 0488/2017-S1 de 31 de mayo, ante el caso de una persona tutora de una persona con discapacidad señaló que: “…si bien el DS 29608 de 18 de junio de 2008, modificatorio del art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, menciona que este beneficio solo es hasta que su dependiente cumpla los 18 años, no obstante deja la opción que la inamovilidad laboral continúe si la discapacidad es de largo plazo o bien permanente, lo que da lugar a que en aplicación del principio de favoris debilis no sea factible que al simple cumplimiento de la señalada de edad de los hijos, los padres o madres sean apartados del beneficio de inamovilidad laboral, debido a que hacerlo significaría lesionar indirectamente los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, por ello en una interpretación acorde a la Constitución Política del Estado, se debe entender que los padres o madres que tengan bajo su dependencia a hijos con discapacidad, aun el mismo haya cumplido los 18 años, no les restringe el derecho a la inamovilidad laboral ipso facto, más aun cuando el CONALPEDIS debe actualizar el carnet cada determinado tiempo lo que supone que habrán revisiones especializadas de la persona con discapacidad periódicamente, para renovar el mencionado carnet, por ende mientras los progenitores demuestren que la discapacidad de su hijo continúa, los mismos seguirán gozando del derecho a la inamovilidad laboral, y es lo que se advirtió en el presente caso con relación a la accionante Herminia Segales de Márquez, quien acreditó ser madre de Violeta Bertha Segales, misma que cuenta con el carnet de discapacidad vigente, demostrando con ello que persiste su condición de discapacidad sensorial auditiva en el 50%”» (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.3. El principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo

El art. 180.I de la CPE, establece la verdad material como un principio jurisdiccional que debe ser considerado por el juzgador a tiempo de emitir sus resoluciones; entendimiento que no solo resulta aplicable al ámbito jurisdiccional, siendo extensible a todos aquellos ámbitos en los cuales se emiten resoluciones que afectan derechos subjetivos de la persona o que resuelven recursos en el marco de sus competencias. La SC 0713/2010-R de 26 de julio, precisó el siguiente razonamiento sobre la verdad material: “…abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras). A su vez, la SC 0747/2010-R de 2 de agosto, refiriéndose a este principio, indicó lo siguiente: “Empero, siempre partiendo de un equilibrio, debe tenerse en cuenta que dicha autoridad o tribunal de garantías está supeditada al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para conceder o denegar la tutela, debe partir de la revisión y análisis de los aspectos fácticos, en base a las pruebas objetivas, para luego establecer la norma constitucional, legal o jurisprudencia aplicable, y en definitiva llegar a una determinación no sólo correcta sino justa” (énfasis añadido); así también, la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, concluyó lo siguiente: “El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad fáctica sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento de las formas” (el resaltado nos corresponde). En ese mismo sentido, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez” (énfasis añadido). Se puede sostener entonces, que la verdad material busca la materialización del valor supremo “justicia”, procurando la realización de la justicia material como objetivo axiológico y último de la razón de ser del sistema judicial en general, el cual incluye no solo a la institucionalidad creada al efecto, sino también de las normas sustantivas que reconocen los derechos y las normas adjetivas destinadas a resolver los conflictos jurídicos suscitados en la sociedad. Por otra parte y complementando lo anteriormente dicho, se tiene al principio de prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, respecto al cual, la SC 0897/2011-R de 6 de junio, estableció que: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos. En este sentido, debe considerarse que la Constitución Política del Estado, en el art. 9 inc. 4), establece como fines y funciones esenciales del Estado, ʽGarantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución'. En coherencia con dicha norma, el art. 13.I de la CPE, establece que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos. Por otra parte, el art. 196 establece que: ʽEl Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales'. (…) …no debe de olvidarse que una de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales" (las negrillas son nuestras).

III.4. Los contratos a plazo fijo y la garantía de inamovilidad laboral de la persona con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad

Sobre el tema, la SCP 0410/2023-S4 de 5 de junio, refirió que: “La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en relación a los contratos a plazo fijo; señalando que, bajo esta modalidad de contratación tanto el empleador como el trabajador –sea del sector público o del privado– conocen desde el primer momento de la relación, la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación laboral; por lo que, más allá de ésta no sería dable el nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones emergentes de una relación laboral que ya no existe, no siendo posible obligar a un empleador a continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo establecido y acordado de antemano (SC 0587/2005-R de 31 de mayo). Sin embargo de lo señalado, también ha establecido la jurisprudencia constitucional que, en determinadas circunstancias, el contrato a plazo fijo suscrito entre el empleador y el trabajador puede generar efectos distintos, tomando en cuenta que bajo la indicada modalidad los empleadores buscan eludir la aplicación de la normativa social vigente, mostrando así el contrato simplemente una apariencia que va en desmedro de los derechos laborales o beneficios sociales, que como se tiene dispuesto en el art. 48.III y IV de la CPE, son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles. Así, por disposición del art. 12 la Ley General del Trabajo (LGT), el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio; empero, en una relación laboral pactada bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, pueden acaecer situaciones que la propia normativa laboral ha previsto, como se señala a continuación: 1) El art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo fijo se produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; 2) Por otra parte, el primer párrafo del art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979; establece que, no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, regla que debe ser aplicada conjuntamente lo regulado en la Resolución Ministerial (RM) 193/72 de 15 de mayo de 1972, respecto a que en todo caso debe tratarse de la realización de ‘labores propias’ del giro de la empresa; y, 3) Finalmente, el segundo párrafo del art. 2 del DL 16187; establece que, tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en ‘tareas propias y permanentes’ de la empresa. En los dos últimos supuestos, la indicada normativa dispone que, en caso de evidenciarse la infracción a tales disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe señalar que la RM 283/62 de 13 de junio de 1962, establece que: ‘El contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso el contrato deberá ser forzosa e imprescindiblemente suscrito en forma escrita y su duración no excederá de un año; podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa competente la necesidad absoluta de renovación que en ningún caso se extenderá por más de un año. Si vencido el término estipulado subsisten las actividades para las que el trabajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido’. De la citada normativa, se extrae que por regla general, el contrato laboral es indefinido y solo de manera excepcional es posible limitar su duración, cuando así lo imponga la naturaleza de la labor a realizar, caso en el cual, debe ser realizado necesariamente por escrito y ser debidamente justificando ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que, en el marco de sus competencias, advertido que el contrato laboral cumple la normativa laboral, visará el mismo; así como, su renovación de ocurrir aquello. En ese sentido, tal como ha señalado la jurisprudencia constitucional al analizar el marco normativo de los contratos a plazo fijo, también es posible establecer la estabilidad laboral, si al vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado o éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas, siempre que se trate de la realización de labores propias al giro de la empresa, o cuando el contrato fue pactado para realizar labores que son propias y permanentes de la entidad; por lo que, el solo cumplimiento del término pactado no implica de hecho la culminación de la relación laboral. Aplicando las normas laborales relativas a los contratos a plazo fijo al trabajo de las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, deben tenerse en cuenta las siguientes sub reglas: i) Si la persona fue contratada en la modalidad a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener al trabajador en el cargo aunque la discapacidad haya acontecido en el lapso de la prestación de servicios; ii) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez; es decir que, existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas y debidamente justificadas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 223, por cuanto, no operó su conversión en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; y, iii) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, o se suscribió contrato a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la entidad, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce su conversión en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 223, o sea que se debe respetar la inamovilidad laboral de la persona con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad. De esa manera se establece que, la persona con discapacidad y cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, gozan de inamovilidad laboral y, frente a un contrato a plazo fijo que fue renovado en más de dos ocasiones, o suscrito el mismo para realizar tareas propias y permanentes, éste será considerado como indefinido, entendimiento que al ser favorable para los derechos de los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, no contradice las previsiones contenidas en la Constitución Política del Estado, al contrario, son coherentes con ella”.

III.5. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud, a la justa remuneración, al trabajo y a la alimentación; toda vez que, fue desvinculado de su fuente laboral sin considerarse que es padre de una persona con discapacidad grave sobre la que informó ser tutor judicialmente designado; y al margen que, el 3 de mayo de 2022, concluyó la vigencia del contrato suscrito con el gobierno Autónomo Departamental de Beni, continuó prestando servicios de forma ininterrumpida hasta el 31 de junio del mismo año, con el consentimiento del empleador; sin embargo, ese aspecto no fue tomado en cuenta. Con carácter previo a ingresar a la resolución de la causa, conforme se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la subsidiariedad como uno de los principios procesales que hacen a la esencia y naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional que, dado su carácter inmediato y sumario en la protección de los derechos y garantías constitucionales, exige que con anterioridad a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico, habida cuenta que esta acción tutelar, concebida como un mecanismo extraordinario de defensa inmediato de carácter preventivo y reparador, destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales, no puede constituirse en una vía alternativa ni supletoria de otros procedimientos idóneos y eficaces al mismo efecto. No obstante, conforme se refirió de manera reiterada a través de la jurisprudencia constitucional emanada de este Tribunal, existen situaciones especialísimas que permiten hacer abstracción del principio de subsidiariedad, tal el caso de los denominados grupos vulnerables o en indefensión manifiesta entre los que se encuentran las personas con discapacidad, oportunidad en la cual, es posible aplicar la excepción a este principio a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos fundamentales; permisión que se hace extensiva a quienes tengan bajo su guarda a personas con discapacidad. En ese contexto, la línea jurisprudencial sentada respecto a la inamovilidad laboral de una persona discapacitada o de quien se encuentra a su cargo, ha tendido siempre a flexibilizar esta exigencia procesal, por cuanto se ha comprendido que la inestabilidad laboral o la pérdida de la fuente de trabajo de una persona que tiene bajo su dependencia a otra con discapacidad, incide de manera directa en los derechos de esta última; situación que en el presente caso, habilita a esta jurisdicción a ingresar al análisis de la problemática propuesta sin detenerse a verificar si existen o no medios de impugnación o mecanismos legales de defensa que debieran ser agotados con carácter previo a la activación de la acción de amparo constitucional. En consonancia con los entendimientos previamente señalados, y en el marco de los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, resulta preciso efectuar algunas consideraciones previas; así, debe tomarse en cuenta que a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, se implementa un nuevo modelo de organización jurídico-política o de Estado, orientado a la construcción de un Estado, Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en busca del vivir bien como su fin último, sustentándose en el respeto de valores y principios para su consecución; reconociendo a este efecto, en su art. 8.II, a la igualdad y a la justicia, entre otros, como valores sobre los que se sustenta el nuevo Estado Constitucional Plurinacional, que se rige esencialmente por la aplicación de valores y principios que conforman la parte axiomática del texto constitucional en cuyos parámetros se ejerce la actividad jurisdiccional. El reconocimiento y aplicación efectiva de los mismos, permite la directa aplicación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos por la Constitución Política del Estado reforzada por su art. 9.4, al disponer que es función del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Ley Fundamental, que como Norma Suprema, contempla un marco especial de protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, consideradas como un grupo vulnerable que merece un trato preferencial por parte del Estado; así, en el catálogo relativo a los derechos sociales y económicos se establece un trato prioritario a las 'personas discapacitadas', con la finalidad de lograr su desarrollo óptimo, al prescribir en el art. 70 de la CPE, que: “…Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna; 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales”. Dicho mandato constitucional, reconoce a las personas con discapacidad, el derecho a ser protegidos tanto por su familia como por el Estado, con la finalidad de evitar toda forma de discriminación sea al interior de su núcleo familiar o por el Estado a través de sus distintas reparticiones, obligando a garantizar la efectiva materialización de sus derechos fundamentales por medio de prestaciones y/o condiciones que permitan su desarrollo eficaz en un marco de igualdad, conforme prevé el art. 71 de la CPE. Entendimiento expuesto que armoniza con el contenido normativo del art. 46.I y II de la Norma Suprema, en cuyo texto establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración y salario justo, equitativo y satisfactorio, que asegure a la persona y a su familia una existencia digna; instituyendo al mismo tiempo, que esa fuente laboral sea estable y en condiciones equitativas y satisfactorias, imponiéndole al Estado la obligación de proteger el ejercicio del derecho al trabajo en todas sus formas; postulado que concuerda con el art. 49.III de la Ley Fundamental, superior que determina que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado. En armonía con las previsiones constitucionales señaladas en el parágrafo anterior, de acuerdo con lo expresado en el referido Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, corresponde al Estado desarrollar acciones afirmativas para la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad, traducidas en “…el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad…”, máxime si “…el citado art. 2.V. de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, textualmente señala: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación” (énfasis y subrayado añadidos [SCP 0329/2023-S2]).

Ahora bien, de conformidad a los antecedentes glosados a la presente acción tutelar y las Conclusiones arribadas en este fallo constitucional, se advierte que el 2006 el impetrante de tutela, ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, mediante Memorándum 110/06 de 15 de febrero de ese año, siendo designado como Ayudante Técnico Conexiones Domiciliarias, dependiente del Área de Saneamiento Básico; posteriormente por medio de nuevos Memorándums, la relación laboral de la señalada entidad departamental con el nombrado, persistió de forma continua, asumiendo durante su vigencia, varios cargos que le fueron asignados a través de los años y bajo distintas administraciones, hasta que finalmente, durante la gestión administrativa del Gobernador codemandado, suscribió el Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-206/2022 de 3 de enero, para ejercer el cargo de Tramitador I de la Dirección de Obras y Servicios Básicos dependiente de la Secretaría Departamental de Obras Públicas, pactándose una vigencia del vínculo contractual hasta el 3 de mayo de idéntico año; sin embargo, y pese al cumplimiento del término pactado, tal como se evidencia de las planillas correspondientes (Conclusiones II.1, 2 y 6), el peticionante de tutela continuó prestando sus servicios hasta el 30 de junio del referido año. De igual modo, conforme los antecedentes descritos en las Conclusiones II.3 y 4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que el CODEPEDIS BENI, mediante Informe de Registro DIR./CODEPEDIS-BENI-SIPRUNPCD-INF2. 0017/2022 de 7 de febrero, informó que de la revisión del SIPRUNPCD, se halla inscrita Carmen Yosune Yomeye Navarro -hija del accionante-, con cédula de identidad 12377794 BN, registrada con el Código 08-19931230CYN, con discapacidad intelectual grave en un 72%; asimismo, se observa Ficha Social 002/2022 sin fecha de expedición que, ratifica el grado de discapacidad de la prenombrada; siendo que adicionalmente a ello, mediante Certificación CODEPEDIS-BENI CITE 005 de 8 de febrero de 2022, el Director Departamental de CODEPEDIS-BENI, estableció que la hija del impetrante de tutela, padece un nivel de discapacidad grave en un 72% y que se encuentra registrada en el SIPRUNPCD, haciendo cita de la normativa pertinente respecto a la protección de personas con discapacidad y su derecho al trabajo. Asimismo, se advierte que, en pleno ejercicio de funciones, por memoriales presentados el 3 y 15 de junio de 2022, el peticionante de tutela hizo conocer al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, la Sentencia 146/2022 de 1 de junio, emitida dentro de la demanda de declaratoria de interdicción de su hija, así como su nombramiento como tutor, solicitando asimismo, se reconozca su inamovilidad laboral, lo que no ocurrió, habiendo sido desvinculado de su fuente laboral (Conclusión II.5).

Por su parte, los ahora demandados, manifestaron en su defensa que el contrato suscrito con el solicitante de tutela era de carácter eventual; por lo que, una vez cumplido el plazo estipulado, no correspondía mantener el vínculo laboral, al margen que extrabajador no demostró ni acreditó ser padre de una persona con discapacidad; pues, no habría presentado la documentación solicitada en varias oportunidades a los funcionarios de la entidad y que, el prenombrado, conociendo desde inicio la fecha de culminación de la relación contractual, no manifestó su desacuerdo; es más habría firmado el contrato haciendo evidente su conformidad. En el contexto fáctico antes descrito, corresponde a esta jurisdicción, determinar si existió o no lesión a los derechos reclamados, debiendo dejar establecido que, si bien el solicitante de tutela no expresó fundamentos relativos al derecho al trabajo, este Tribunal, a la luz del principio iura novit curia, teniendo presentes los argumentos expresados por el prenombrado, advierte con claridad que los mismos, derivan inescindiblemente del derecho al trabajo; pues, su existencia y materialización depende en esencia del primero; en tal sentido, corresponderá realizar el análisis respectivo de los antecedentes procesales, a efectos de determinar si dicho derecho, así como los demás conexos a este, denunciados por el impetrante, fueron vulnerados o no. En ese orden, considerando los antecedentes que acompañan a la acción de amparo constitucional, se advierte que las funciones asumidas por el peticionante de tutela en la Gobernación del Beni -antes Prefectura-, dieron inicio en 2006, siendo que a través de los años, le fueron asignadas diferentes funciones y cargos de forma continua. Es así que, ante el cambio de administración gubernamental en dicha Gobernación, el solicitante de tutela suscribió un último Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-206/2022 con vigencia de la relación hasta el 3 de mayo de idéntico año; sin embargo, tal como se advierte de las planillas adjuntas, continuó prestando sus servicios durante mayo y junio de 2022, con pleno conocimiento de la entidad empleadora, lo que no puede ser desconocido ni obviado por parte de este Tribunal, más teniendo incidencia con el derecho fundamental al trabajo protegido por nuestro ordenamiento jurídico constitucional y con mayor razón cuando se vincula con la inamovilidad laboral de un trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad. En ese sentido, y tal como se determinó en los fundamentos jurídicos III.3 y 4 de este fallo constitucional, corresponde en el caso particular, al margen de la exigibilidad de protección especial y preferente a las personas con discapacidad o quienes tienen una a su cargo, resulta imprescindible además aplicar el principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo; habida cuenta que, este implica la obligación de la autoridad demandada, de observar los hechos tal y como se presentaron; vale decir, analizarlos conforme ocurrieron en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier otra situación. En ese marco, resulta importante reconocer, que en el caso particular, se advirtió que el accionante suscribió contratos a plazo fijo en tareas propias de la entidad, desempeñado la función de Tramitador I, bajo la dependencia de la Dirección de Obras y Servicios Básicos de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, prestación de servicios que prosiguió pese al cumplimiento del último Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-206/2022; situación que, no fue observada ni invalidada por la entidad departamental, sino por el contrario, fue avalada y consentida por esta; pues, tal como se tiene de las planillas de mayo y junio de 2022, a partir del 4 de mayo de ese año, en que debió cesar el vínculo laboral, el solicitante de tutela continuó ejerciendo sus funciones, conforme se advierte de las mencionadas planillas de asistencia en las que se evidencia la firma del prenombrado entendiendo que aconteció con la anuencia de la institución demandada, situación que debe ser interpretada de conformidad a los cánones de favorabilidad y protección especial y preferente, establecidos en la normativa nacional respecto a las personas con discapacidad o aquellas que tengan una a su cargo; es decir, bajo una comprensión de resguardo de la inamovilidad laboral que en este caso particular, no solamente alcanza al trabajador, sino que esencialmente se encuentra destinada a proporcionar los recursos económicos suficientes que permitan a su hija -calificada con una discapacidad intelectual grave del 72%-, llevar una vida digna y acceder no solo a la atención médica requerida, sino también a otros elementos esenciales que precisa para subsistir; por lo que corresponde, -bajo dichos argumentos- conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 069/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 133 a 140, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la aludida Sala Constitucional, sin costas procesales, honorarios profesionales, ni pago de daños y perjuicios.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0869_2023-S2.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): 032f7d993c0a567287a2f0353a9b80886e07611d9af6d5963b79645815e7e68d

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