B.IA.LEGAL

SCP 0867/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de octubre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
1 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52779-2023-106-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la defensa, igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia respecto al derecho de impugnación; toda vez que, dentro de un Proceso Sumario Administrativo, iniciado en su contra por Roxana Siñani Kantuta -autoridad sumariante de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)-, sin establecerse las acciones u omisiones realizadas por el mismo, y restringiendo su derecho a presentar pruebas; derivo en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno ENFE/SUM/02/2022 02/2022 de 16 de marzo que estableció la existencia de responsabilidad administrativa y su destitución de la referida empresa, mereciendo la interposición del recurso de Revocatoria; empero, mediante la Resolución ENFE/SUM/RR/01/2022 de 13 de abril, la autoridad sumariante accionada, en vez de resolver el recurso en los puntos impugnados, complementó el mismo y ratifico la Resolución, provocando un caos procesal; al efecto presentó recurso jerárquico; en el cual, desarrollo cuatro puntos de agravios; empero, mediante Resolución Jerárquica de 28 de abril de 2022, la máxima autoridad de ENFE resolvió ratificar la Resolución impugnada, con una completa falta de fundamentación y motivación; puesto que, solo se pronunció sobre dos de los cuatro agravios; fue notificado con la referida Resolución el 29 del mismo mes y año, jornada en la que también se emitió el Memorando MEN/PE/072/2022 de 29 de abril, mediante el cual lo desvincularon de su fuente laboral y obligaron a salir de las instalaciones de la institución, s…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 304/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 717 a 721, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos de la Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza Jurídica de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. De la inmediatez y el plazo máximo para el planteamiento de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0867/2024-S3 Sucre, 1 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 52779-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 304/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 717 a 721, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Carlos Lanchipa Gonzales contra Rodrigo Zabaleta Marin, Presidente; y, Maribel Daza Facio, Autoridad Sumariante, ambos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 57 a 71 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por más de tres años trabajó en ENFE; empero, el 18 de febrero de 2022, mediante Resolución Sumarial Administrativa Inicial ENFE/SUM/03/2022, Roxana Siñani Kantuta, Autoridad Sumariante de la referida institución estatal, inició un proceso en su contra sin establecer que acciones u omisiones hubiera realizado como encargado de activos fijos, menos aún refirió que disposiciones legales fueron contravenidas o las circunstancias señaladas en la resolución de inicio de proceso sumario, únicamente se transcribieron ciertas actas, informes, cites y notas; por lo que, en resguardo a su derecho a la defensa y presunción de inocencia, solicitó la ampliación de plazo, situación que se rechazó en dos oportunidades, restringiendo arbitrariamente su derecho a presentar los descargos pertinentes. Es así que, el 29 de marzo de 2022, incumpliendo los plazos establecidos por el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992; fue notificado con la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno ENFE/SUM/02/2022 de 16 de marzo, emitida por Maribel Daza Facio, que determinó su alejamiento del cargo que ocupaba en ENFE por “…contravención al ordenamiento jurídico administrativo de los Arts. 232 y 235 núm. 1), 2), 4) y 5) de la Constitución Política del Estado, arts. 3 parágrafos I y II inc. a) y 5) del Decreto Supremo N° 23318-A. art. 144, 146, 147, 150, 151, 155 del Decreto Supremo N° 181 y Arts, 65, 68 y 70 del Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, aprobado por la Resolución Ministerial Na 333/90 de 28 de junio de 1990, incluyendo presumiblemente el inciso c) e i) del art. 157 del antes citado reglamento” (sic). Ante esa situación, el 25 de abril de 2022, presentó memorial de recurso Jerárquico de Revocatoria, contra la referida resolución, en el que señalo todas las observaciones y hechos ilegítimos que vulneraron sus derechos constitucionales, solicitando la revocatoria de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno ENFE/SUM/02/2022; en ese sentido, Roberto Zabaleta Marin, Presidente a.i. de ENFE; el 28 de abril de 2022, emitió la Resolución Jerárquica con la cual fue notificado el 29 del mismo mes y año; evidenciando que carecía de fundamento e incumplía los plazos establecidos por el DS 23318-A, sin considerar todas las observaciones y quejas realizadas, el recurso jerárquico formulado procedió a “ratificar” la Resolución 02/2022; y, el mismo día, emitió el Memorando MEN/PE/072/2022 de 29 de abril, por el cual fue desvinculado de su fuente laboral y se le obligó a salir de la institución en el día, sin que el proceso concluya con la ejecutoria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la defensa, igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia respecto al derecho de impugnación; citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, ordenar: a) Se “…anule la Resolución Jerárquica de fecha 28 de abril de 2022…” (sic), emitida por Rodrigo Zabaleta Marin, disponiendo la emisión de una nueva resolución; b) Se anule la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno ENFE/SUM 02/2022 de 16 de marzo, emitida por Maribel Daza Facio por vulneración a la garantía del Juez natural; y, c) Deje sin efecto el Memorando MEN/PE/072/2022 de 29 de abril “…por el cual se desvincula al accionante de ENFE, en consecuencia se RESTITUYA a su fuente laboral área de activos, más el pago de salarios devengados e IMPONGA AL ACCIONADO EL PAGO DE COSTAS Y COSTOS EMERGENTES DE LA ACCIÓN” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala constitucional

Celebrada la audiencia pública el 9 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 714 a 716 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su demanda tutelar; así mismo manifestó que; 1) La acción de amparo constitucional principalmente versó por la vulneración de los derechos y garantías constitucionales referentes al Juez natural, a la falta de motivación y fundamentación a las resoluciones administrativas; y, el derecho al trabajo; 2) ENFE tiene en su marco normativo la Ley General de Transporte -Ley 165 de 16 de agosto de 2011-, cuya disposición transitoria establece como objetivo principal de esta empresa, el inventario de sus bienes; sin embargo, esto no se cumplió; 3) El accionante fue desvinculado el 2019; empero, retornó a su fuente laboral producto de una acción constitucional que protegió su inamovilidad; 4) Ante la interposición del recurso de Revocatoria, la autoridad sumariante accionada, no solo ratificó la resolución impugnada, también la complementó fundamentando que por la recarga laboral se habría equivocado; lo cual, de ninguna manera se podía admitir; puesto que, provocó un caos procesal que se hizo conocer a través del recurso jerárquico interpuesto; 5) El citado recurso expuso principalmente cuatro agravios; sin embargo, la Resolución Jerárquica de 28 de abril de 2022, solo hizo referencia a dos agravios, obviando la vulneración al principio del juez natural, como la lesión del derecho a la defensa y al debido proceso en sus elementos de legalidad y taxatividad; 6) Tenía el cargo de encargado de activos fijos y dependía de dos unidades administrativas; una a cargo del Jefe del Patrimonio de ENFE y la otra de la Administración Financiera de la referida institución; por lo que, si se alegó alguna contravención, también deberían estar procesados los funcionarios a cargo de tales dependencias; y, 7) En el proceso administrativo, no se pudo demostrar de manera clara y concreta, que contravenciones administrativas incumplió el accionante; vulnerando su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; en el entendido que concretamente se utilizó el terminó “presuntamente” al carecer de certeza respecto a los hechos por los cuales se lo proceso.

I.2.2. Informe del accionado

Rodrigo Zabaleta Marin, Presidente Ejecutivo a.i. del directorio de ENFE mediante informe escrito de 8 de diciembre de 2022, cursante de fs. 607 a 617; y, adjuntando al mismo el informe de Maribel Daza Facio, exautoridad Sumariante de la citada empresa; en audiencia ambos accionados a través de una misma defensa técnica solicitaron se deniegue la tutela, al efecto manifestaron que: i) El accionante mantuvo una relación laboral en dos periodos, el primero desde el 15 de enero de 2019 al 10 de diciembre del mismo año; y, en el segundo fue reincorporado el 29 de abril de 2022; ii) El solicitante de tutela se sometió a un proceso administrativo interno, que respetó el debido proceso, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo del peticionante de tutela; y, finalizó con la Resolución Jerárquica emanada el 28 de abril de igual año; habiéndose notificado con todos los actuados; iii) Todo el proceso administrativo se realizó en función al DS 23318-A, que aprueba el reglamento de la responsabilidad pública; iv) Respecto al plazo para la interposición la acción de amparo constitucional, estableció como último acto procesal, el del 29 de similar mes y año, y siendo que el memorial de la acción tutelar se presentó el 31 de octubre del mismo año, estaría fuera de plazo; por ende, su derecho precluyó y se extinguió por abandono negligente del solicitante de tutela; v) Con relación al principio de subsidiariedad; no fue agotado por el accionante; puesto que, una vez notificado con la Resolución Jerárquica, debió plantear una demanda contenciosa administrativa y recién acudir a la vía constitucional, señalando al efecto la SCP 0432/2018 de 27 de agosto, que hace referencia al principio de subsidiariedad y su aplicabilidad; vi) El art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, estableció que, cuando el Estado es parte de un proceso, no existen costos y costas; y, vii) La autoridad llamada por ley para conocer controversias laborales, como demandas de reincorporación, conforme determinó el art. 73.8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, son los juzgados públicos en materia de seguridad social.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 304/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 717 a 721, denegó la tutela; con base en los siguientes fundamentos: a) No obstante, a la identificación del objeto de la acción de amparo constitucional; se refirió al principio de inmediatez, previsto en el art. 129.II de la CPE, que expresamente establece: “La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” ; por lo que, previo a ingresar al análisis de fondo, realizó un estudio de las causales de improcedencia, puntualizando el mismo, en el plazo para la reclamación del presunto derecho vulnerado; citando al efecto la SCP 0245/2021-S3 de 26 de mayo y SCP 0349/2020-S3 de 23 de julio que precisaron el plazo máximo de la interposición de la acción de amparo constitucional de seis meses; y, b) Sin embargo, mediante auto de 1 de noviembre de 2022, se admitió la acción de amparo constitucional; de la revisión de antecedentes, se pudo verificar que concurría la causal de improcedencia, relativa al incumplimiento del principio de inmediatez; puesto que, el accionante fue notificado el 29 de abril de igual año, con la Resolución Jerárquica de 28 del mismo mes y año; activando este la acción de amparo constitucional el 31 de octubre de 2022; es decir fuera del plazo establecido. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, solicitó a la Sala una explicación, respecto a la consideración máxima del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional;

invocando al efecto al SC 0762/2003 de 6 de junio y la SCP 0975/2012 de 22 de agosto, las mismas que hacen una interpretación extensiva al principio de favorabilidad y pro actione del art. 129.II de la CPE; en razón a que el día 29 de octubre de 2022, cayó en un día inhábil y debió considerarse cómo primer día hábil el 31 del mismo mes y año, estableciendo que la ley no considera como un plazo cerrado los seis meses, en el entendido que en el transcurso de ese plazo, existieron días inhábiles que alargarían el mismo; al efecto la Sala estableció que el accionante en ningún momento de la audiencia menciono pertenecer a un grupo vulnerable; refirió también que el plazo es de seis meses en el que pudo activar la vía constitucional; sin embargo, dejo transcurrir el mismo; no obstante, consideró el “…acuerdo de Sala Plena TCP-AD-SP-021/2020 sobre la aprobación de 'Reglamento de Implementación del Buzón Digital constitucional y otras tecnologías en el TCP…” (sic), evidenciando que la acción de amparo constitucional no fue ingresada a través del buzón judicial si es que el plazo vencía en un día inhábil; toda vez que, de acuerdo a la documental adjunta se tenía la certeza de la notificación del accionante el 29 de octubre de 2022; por lo que, se dispuso “no ha lugar a la aclaración”.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Resolución Jerárquica de 28 de abril de 2022, emitida por Rodrigo Zabaleta Marin, Presidente Ejecutivo a.i. de la Empresa Nacional de Ferrocarriles -hoy accionado-; que resolvió el recurso jerárquico interpuesto por Roberto Carlos Lanchipa Gonzales -ahora accionante- contra la Resolución de recurso de revocatoria; proceso Sumario Administrativo Interno ENFE/SUM/RR/01/2022 de 13 de abril; mediante el cual Confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, declarando la “…EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA disponiendo la DESTITUCION DE ROBERTO CARLOS LANCHIPA GONZALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES…” (sic [fs. 4 a 6]). II.2. Mediante Formulario de Notificación realizada al impetrante de tutela, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a horas 10:00 del día viernes 29 de abril de 2022, con el “…Auto de fecha 28 de abril de 2022…” (sic); practicada de forma personal, firmando en constancia la coordinadora de presidencia a.i., y Roberto Carlos Lanchipa Gonzales (fs. 166). II.3. Por Boleta de sorteo de acción de amparo constitucional, en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), Número de Registro Judicial (Nurej) 204049268; Fecha de Recepción: 31 de octubre de 2022; Hora de Recepción: 10:43; Nombre del proceso: Acción de Amparo Constitucional; Lugar Asignado en el Reparto: Sala Constitucional Segunda; Accionante: Roberto Carlos Lanchipa Gonzales; y, accionados: Empresa Nacional de Ferrocarriles representada por Rodrigo Zabaleta Marin y Maribel Daza Facio -Autoridad Sumariante- (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la defensa, igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia respecto al derecho de impugnación; toda vez que, dentro de un Proceso Sumario Administrativo, iniciado en su contra por Roxana Siñani Kantuta -autoridad sumariante de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)-, sin establecerse las acciones u omisiones realizadas por el mismo, y restringiendo su derecho a presentar pruebas; derivo en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno ENFE/SUM/02/2022 02/2022 de 16 de marzo que estableció la existencia de responsabilidad administrativa y su destitución de la referida empresa, mereciendo la interposición del recurso de Revocatoria; empero, mediante la Resolución ENFE/SUM/RR/01/2022 de 13 de abril, la autoridad sumariante accionada, en vez de resolver el recurso en los puntos impugnados, complementó el mismo y ratifico la Resolución, provocando un caos procesal; al efecto presentó recurso jerárquico; en el cual, desarrollo cuatro puntos de agravios; empero, mediante Resolución Jerárquica de 28 de abril de 2022, la máxima autoridad de ENFE resolvió ratificar la Resolución impugnada, con una completa falta de fundamentación y motivación; puesto que, solo se pronunció sobre dos de los cuatro agravios; fue notificado con la referida Resolución el 29 del mismo mes y año, jornada en la que también se emitió el Memorando MEN/PE/072/2022 de 29 de abril, mediante el cual lo desvincularon de su fuente laboral y obligaron a salir de las instalaciones de la institución, sin que el proceso hubiera concluido con la ejecutoria. En revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Naturaleza Jurídica de la acción de amparo constitucional

La SCP 0871/2014 de 12 de mayo, respecto a la naturaleza jurídica de esta acción de defensa, estableció: “La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, es instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley. En cuanto a su procedencia, el art. 129.I de la Norma Suprema, precisa que esta acción tutelar se interpondrá: '…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados', conocido como el carácter subsidiario de la acción tutelar en análisis. La segunda de sus características es la inmediatez, establecida en el parágrafo II de la citada norma constitucional que determina que esta acción: '…podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial'. Asumiendo este razonamiento la SC 0002/2012 de 13 de marzo, precisó que: 'La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela'. De los preceptos constitucionales descritos, así como de la jurisprudencia que viene desarrollando el Tribunal Constitucional Plurinacional, concluimos que la acción de amparo constitucional, es una acción de defensa de todas las garantías y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los pactos y tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado conforme se infiere de la previsión contenida en el art. 410 de la CPE, exceptuando los derechos a la libertad y a la vida, que están tutelados por la acción de libertad; los tutelados por la acción de privacidad como son los derechos a la intimidad, privacidad personal o familiar, a la imagen, honra y reputación cuando se impida de alguna forma, conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de estos datos registrados en un archivo o banco de datos públicos o privados; así como los derechos colectivos que por su naturaleza están tutelados por la acción popular” (énfasis añadido).

III.2. De la inmediatez y el plazo máximo para el planteamiento de la acción de amparo constitucional

El art. 129.II de la CPE, respecto al principio de inmediatez, estableció que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de seis meses, computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; en consonancia, con dicho precepto constitucional, el art. 55.I del CPCo, prevé con claridad que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

Bajo ese contexto, y asumiendo el criterio emitido por la referida SCP 0871/2014; sobre el principio de inmediatez, señaló que: ”…La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'. Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: '...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'. Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada'” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la defensa, igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia respecto al derecho de impugnación; toda vez que, dentro de un Proceso Sumario Administrativo, iniciado en su contra por Roxana Siñani Kantuta -autoridad sumariante de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)-, sin establecerse las acciones u omisiones realizadas por el mismo, y restringiendo su derecho a presentar pruebas; derivo en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno ENFE/SUM/02/2022 de 16 de marzo que estableció la existencia de responsabilidad administrativa y su destitución de la referida empresa, mereciendo la interposición del recurso de Revocatoria; empero, mediante proceso Sumario Administrativo Interno ENFE/SUM/RR/01/2022 de 13 de abril, la autoridad sumariante accionada, en vez de resolver el recurso en los puntos impugnados, complementó el mismo y ratifico la resolución, provocando un caos procesal; al efecto presentó recurso jerárquico, en el cual desarrollo cuatro puntos de agravios; empero, mediante Resolución Jerárquica de 28 de abril de 2022, la máxima autoridad de ENFE resolvió ratificar la resolución impugnada, con una completa falta de fundamentación y motivación; puesto que, solo se pronunció sobre dos de los cuatro agravios; fue notificado con la referida resolución el 29 del mismo mes y año, jornada en la que también se emitió el Memorando MEN/PE/072/2022 de 29 de abril, mediante el cual lo desvincularon de su fuente laboral y obligaron a salir de las instalaciones de la institución, sin que el proceso hubiera concluido con la ejecutoria. Conforme establece el art. 129.I y II de la CPE “I.La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. II. La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. Establecido el problema jurídico y la pretensión de tutela constitucional; puesto que, esta acción de defensa se encuentra revestida de formalidades, previo a ingresar al análisis de la misma, es preciso señalar; con relación al principio de inmediatez y subsidiariedad, a fin de establecer si la acción de amparo constitucional interpuesta, superó las causales de improcedencia reglada, en lo que respecta a la existencia eventual de algún motivo que excluya la posibilidad de analizar el fondo del análisis del caso concreto. En virtud a ello, puntualmente refiriéndonos al principio de inmediatez, contemplado en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece: “I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace”. Bajo ese contexto y de la verificación realizada a la documentación cursante en el expediente constitucional; esto a fin de establecer si la presente demanda tutelar fue presentada en sede judicial, dentro del plazo estipulado en el artículo citado; se advierte que la boleta de ingreso y sorteo de causas en el SIREJ con Nurej 204049268, el accionante activó la vía constitucional el 31 de octubre de 2022 a horas 10:43 conforme se detalla en la Conclusión II.3 del presente fallo constitucional; por otro lado a fin de determinar el inicio del cómputo de los seis meses, que de acuerdo a lo establecido en el art. 55 del CPCo, define que el mismo es computable “a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”; en el caso concreto se tiene que con la Resolución Jerárquica de 28 de abril de 2022 emitida por Rodrigo Zabaleta Marín, Presidente Ejecutivo a.i. de ENFE -hoy accionado-, resolución identificada como el acto lesivo por la cual se acudió a la justicia constitucional; el accionante fue notificado el 29 del mismo mes y año a horas 10:00, de manera personal, tal como se observa del formulario de notificación descrito en la Conclusión II.2, de lo que se concluye que el impetrante de tutela tomó conocimiento de la Resolución Jerárquica emitida por la máxima autoridad administrativa de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) el 29 de abril de 2022 a horas 10:00, marcando con esto el inicio del plazo de los seis meses exigidos por la norma constitucional; por lo que, realizándose el computo del mismo, se establece que el accionante interpuso su demanda tutelar con posterioridad a los seis meses, dejando transcurrir un lapso de tiempo prolongado, sin activar inmediatamente la vía constitucional, a efecto de reclamar la vulneración de sus derechos y la protección efectiva de los mismos; puesto que, conforme a la Jurisprudencia desglosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional estableció que, “ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos (…) operando el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada'”. Concluyendo al efecto que, la presente acción de amparo constitucional adolece de la causal de improcedencia, en relación al principio de inmediatez, por la extemporaneidad en la que fue presentada la misma, lo que recae en la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo, no siendo necesario realizar el examen de cumplimiento del principio de subsidiariedad, en el entendido que el incumplimiento de cualquiera de estos dos principios, imposibilita el análisis del problema planteado; correspondiendo denegar la tutela peticionada. Finalmente y respecto a los extremos referidos por el accionante, en virtud a que el último día hábil para la interposición de la acción de amparo constitucional hubiera recaído en un día no laboral, lo que imposibilitó su presentación, debiendo entenderse que el plazo concluye en el día hábil siguiente, es menester precisar lo establecido en el art. 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, que refiere: “I. La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. II. Los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria conocerán las acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento, y se pronunciarán conforme con la Constitución Política del Estado y la presente Ley”; y en su art. 7 refiere que: “La justicia constitucional emana del pueblo y es única en todo el territorio boliviano”; en virtud a ello, a efecto que todo ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados, goce del acceso en todo momento a esta vía; por Acuerdo Administrativo de Sala Plena TCP-AD-SP-021/2020 de 20 de abril, se realizó la Aprobación de Reglamento de Implementación del “Buzón Digital Constitucional” y otras técnologias en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, para la recepción y registro desde la página web, “nuevos recursos, consultas, acciones, memoriales y otros de similar naturaleza” para su posterior registro en el sistema de gestión procesal; constituyéndose en un mecanismo idóneo para la presentación de acciones dentro de plazo;

evidenciándose que el impetrante de tutela tampoco hizo uso de este mecanismo tecnológico. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 304/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 717 a 721, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos de la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0867_2024-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 906da7858c27755e2fdb4538d98d2c48c8f4211dc8f7def65c8ee18df57c8446

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