Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la educación y a la propiedad; alegando que, en su calidad de estudiante de la carrera de medicina de la UPDS, mediante tres cartas presentadas el 27 de febrero, 8 y 19 de mayo de 2023, solicitó información respecto al destino de los Bs20 000.- correspondiente al costo total del internado rotatorio de la gestión 2023; asimismo, se le descuente de ese monto, el precio del seguro obligatorio que la Universidad pretende que cancele, el mismo que asciende a Bs3 500.-, debido a que ya cuenta con un seguro de salud particular en la Compañía BISA Seguros y Reaseguros S.A.; sin embargo, dicha institución educativa a través de sus representantes -ahora demandadas-, de manera verbal rechazaron su pedido, sin otorgarle una respuesta de forma escrita, limitándose a convocarle a una reunión e indicándole que no era posible aceptar su petición. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 108 de 12 de junio de 2023, cursante de fs. 70 vta. a 71 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, enmarcado dentro los alcances del derecho de petición, previsto en el art. 24 de la CPE, conforme a los términos expresados por la aludida Sala Constitucional y los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR respecto al derecho a la educación.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0866/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56239-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 108 de 12 de junio de 2023, cursante de fs. 70 vta. a 71 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fátima Melgar Cuellar en representación de Salet Jeampierre Bauroro Melgar contra Paola Carmiña Pericón de Chazal, Rectora Regional e Inés Rosado Quintanilla, Vicerrectora Administrativa ambas de la sede Central Santa Cruz de la Universidad Privada Domingo Savio Sociedad Anónima S.A. (UPDS).
Por memoriales presentados el 1 y 5 de junio de 2023, cursantes de fs. 27 a 39 y 46 a 47 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
En su calidad de estudiante de la carrera de medicina, cursando el último semestre, el 27 de febrero de 2023 a través de su representante, presentó una carta a la UPDS, solicitando se le informe en qué serían invertidos los Bs20 000.-(veinte mil bolivianos) que corresponden al costo total del internado rotatorio de la gestión 2023; asimismo, pidió el descuento de Bs3 500.- (tres mil quinientos bolivianos), por el pago del seguro de salud privado, que serían cancelados del monto que corresponde al referido internado. A tal efecto, la Vicerrectora Administrativa de dicha institución educativa -ahora codemandada-, le manifestó que el seguro de salud privado era obligatorio para los estudiantes del internado rotatorio y del valor de su costo también saldría para cancelar el indicado seguro, el cual es de aproximadamente de Bs3 500.-. Sobre ese punto, le indicó que su madre venía pagando un seguro de salud en la Compañía BISA Seguros y Reaseguros S.A., con una antigüedad desde el 20 de noviembre de 2019, con vigencia de la póliza desde el 20 de octubre de 2022 hasta el 20 de octubre de 2023. Razón por la cual, no veía necesario pagar dos seguros por la misma persona, no estando en condiciones de erogar ese gasto; ya que, estaría vulnerando las garantías económicas de su familia. Por otra parte, analizados los requisitos para el postulante, incluidos en la Convocatoria al Internado Rotatorio Gestión I-2023, emitida por el Comité Regional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CRIDAI), se evidencia que no es obligatorio el seguro privado nacional; puesto que, cualquier estudiante que esté habilitado al referido internado y no cuente con los recursos necesarios para acceder a un seguro privado, debe inscribirse al Sistema Único de Salud (SUS), previsto en la Ley 1152 de 20 de febrero de 2019. Sin embargo, si no cancelaba el monto total del internado, no podría ingresar al mismo, correspondiente del 1 de julio de 2023 hasta el 1 del mismo mes de 2024, no teniendo la posibilidad de graduarse y menos de titularse. En virtud a ello, le convocaron a una reunión para el 28 de abril de 2023, en instalaciones de la indicada entidad educativa, a la cual asistió su madre, donde las autoridades demandadas, de manera verbal rechazaron su requerimiento, indicándole que no era posible su petición, ya que de hacerlo quedaría como un precedente para todos los demás estudiantes de esa Casa Superior de Estudios. Posteriormente, el 8 de mayo de 2023 reiteró su solicitud de no pago del seguro de “salud privado”, exigiendo una respuesta de manera escrita, reiterando la misma el 19 de igual mes y año, con similares argumentos expresados en sus dos cartas anteriores, evidenciando falta de contestación a las tres solicitudes presentadas, limitándose a convocarle a una reunión; hecho que contraviene la ley, la moral y la ética, al obligarle a tomar un segundo seguro médico de salud, pese a que ya cuenta con uno particular.
Denunció la lesión de sus derechos a la educación y a la propiedad, sin citar norma constitucional alguna, según se advierte del memorial de subsanación (fs. 46 a 47 vta.).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) No se le obligue al pago del seguro médico privado exigido por la UPDS, cuyo costo asciende a Bs3 500.-; y, b) Solo cancele por concepto de pago del internado rotatorio de la gestión 2023, en la suma de Bs16 500.- (dieciséis mil quinientos bolivianos), descontado del monto anterior.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 65 a 70, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante y ésta por intermedio de su abogado, reiteró los términos de su acción tutelar, y ampliándolos manifestó que: 1) En las tres cartas que presentó, manifestó que la UPDS, está omitiendo una obligación que tienen de otorgarle la información que así lo requería como beneficiario precisamente del internado rotatorio, indicándole que cuenta con el seguro de salud de BISA Seguros y Reaseguros S.A., el cual realiza todas las coberturas necesarias, y que por lo tanto, no era necesario que cancele el monto del referido seguro que le exige la indicada Universidad; 2) La omisión de dicha entidad, significa una aceptación tácita de dar por cierto lo reclamado; asimismo, el CRIDAI, institución pública dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, no puede exigirle de manera imperativa, que pague un seguro privado de salud como condición para ingresar a la citada institución educativa; máxime, si ya tiene uno cuya cobertura es amplia; y, 3) Tampoco le respondieron sobre el detalle escrito de los Bs20 000.-; extremo que también implica una aceptación de su contenido al omitir indebidamente su pronunciamiento, afectando su derecho a la educación y a su patrimonio, al mantener la exigencia de cancelar el seguro, como condición para hacer el internado, no pudiendo obligarle a tener un doble seguro, siendo el único el del SUS; pidiendo se declare procedente la presente acción tutelar.
Paola Carmiña Pericón de Chazal, Rectora Regional e Inés Rosado Quintanilla, Vicerrectora Administrativa, ambas de la sede Central Santa Cruz de la UPDS, a través de su abogada en audiencia de garantías, manifestaron que: i) Existe una vía idónea para el reclamo efectuado por el accionante a través de esta acción tutelar, y es que todas las Universidades Privadas están sujetas al control del Ministerio de Educación, y de manera específica al Reglamento General de Universidades Privadas, cuyas disposiciones son plenamente aplicables al presente caso; puesto que, el descuento del seguro vinculado a un tema de un internado, son situaciones que están bajo la supervisión de dicha Cartera de Estado y no pueden ser dilucidadas a través de una acción de amparo constitucional; ii) Por ello, en el caso que se analiza, concurre una causal de improcedencia reglada, vinculada al principio de subsidiariedad, lo que debe generar que la tutela invocada sea denegada, sin ingresar al análisis de fondo; porque esta instancia no puede definir hechos, sino tutela derechos una vez agotados todos los mecanismos intra procesales de defensa; iii) De acuerdo a la documentación presentada, el peticionante de tutela, para llegar a esta situación, cumplió con todas las fases y los semestres educativos diseñados para la carrera de medicina, en cada semestre el seguro de salud tiene un alcance integral, habiendo cubierto el pago del mismo; por tanto, existen actos consentidos, como una causal de improcedencia que también genera la denegatoria de la tutela demandada, siendo la SCP “0763/2013” la fundadora de línea respecto a este tema; iv) El prenombrado de manera libre decidió estudiar en esa Universidad, cancelando la matrícula curricular correspondiente que incluía el seguro de salud durante los años de estudio, y este pago no generó ningún tipo de reclamo ni impugnación, considerando que existe una entidad supervisora en este ámbito como es el Ministerio de Educación; v) La jurisprudencia constitucional estableció que en los actos de libre disposición como el afiliarse a una universidad privada, cubrir por ejemplo con los seguros sin impugnación, implica un acto consentido; por lo que, esta acción de defensa debe ser denegada; además de no existir en la misma una relación de causalidad, una coherencia entre los derechos denunciados como afectados y el petitorio, el cual implica reducir el monto vinculado al seguro de salud; y, vi) A través de este mecanismo constitucional, no se pueden definir hechos como se pretende en el presente caso, sino se tutelan derechos; en esa línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló la auto restricción vinculada a los hechos controvertidos; por lo que, los mismos no pueden ser definidos por la justicia constitucional, porque no es una instancia de apelación o casación; pidiendo que, en aplicación del precedente en vigor y la jurisprudencia vinculante, esta acción tutelar sea denegada.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 108 de 12 de junio de 2023, cursante de fs. 70 vta. a 71 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la UPDS, en el plazo de cinco días dé una respuesta escriturada, debidamente fundamentada y motivada, a las peticiones realizadas por el accionante, con base en los siguientes fundamentos: a) En el presente caso se evidencia una controversia -entre la Universidad y el peticionante de tutela-, que aún no se halla resuelta, señalándole respuestas verbales y no escritas. Razón por la que, no puede acudir ante las autoridades que regulan el sector, imposibilitando que pueda ejercer cualquier otro derecho como los reclamados en esta acción de defensa; b) Esa falta de respuesta no se puede concebir ni siquiera en el ámbito privado; dado que, las observaciones hechas por la Comisión de Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (UN), recomiendan a los Estados viabilizar cualquier tipo de solicitud que permita el ejercicio derivado de algún derecho; y, c) En tal sentido, el peticionante de tutela al no contar con una contestación escriturada a efectos de que pueda activar cualquier otro mecanismo de defensa de los derechos que reclama, corresponde conceder la tutela impetrada, para que dicha institución educativa le brinde una respuesta fundamentada y motivada a las peticiones que efectuó.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante carta presentada el 27 de febrero de 2023, Fátima Melgar Cuellar madre de Salet Jeampierre Bauroro Melgar -ahora accionante-, solicitó a Paola Carmiña Pericón de Chazal, Rectora Regional e Inés Rosado Quintanilla, Vicerrectora Administrativa, ambas de la sede Central Santa Cruz de la UPDS -hoy demandadas-, se le extienda un informe sobre los Bs20 000.- que tiene el costo del internado rotatorio, donde se especifique en qué será invertido dicho monto a su favor; asimismo, pidió descontar el precio del seguro de salud que la Universidad pretende que cancele en calidad de madre del peticionante de tutela (Bs3 500.-); dinero que debe ser restado del monto total del valor del referido internado (fs. 14 a 17). II.2. Por nota presentada el 8 de mayo del mismo año, la madre del impetrante de tutela, reiteró su pedido de no pago del seguro de salud para el internado rotatorio de la carrera de medicina de la gestión 2023, al tener seguro privado particular, pidiendo respuesta de manera escrita a la carta de 27 de febrero de igual año (fs. 18 a 23). II.3. A través de la nota presentada el 19 de mayo del referido año, la progenitora del solicitante de tutela, reiteró su solicitud supra, pidiendo contestación escrita a su carta de 8 de similar mes y año (fs. 24 a 25).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la educación y a la propiedad; alegando que, en su calidad de estudiante de la carrera de medicina de la UPDS, mediante tres cartas presentadas el 27 de febrero, 8 y 19 de mayo de 2023, solicitó información respecto al destino de los Bs20 000.- correspondiente al costo total del internado rotatorio de la gestión 2023; asimismo, se le descuente de ese monto, el precio del seguro obligatorio que la Universidad pretende que cancele, el mismo que asciende a Bs3 500.-, debido a que ya cuenta con un seguro de salud particular en la Compañía BISA Seguros y Reaseguros S.A.; sin embargo, dicha institución educativa a través de sus representantes -ahora demandadas-, de manera verbal rechazaron su pedido, sin otorgarle una respuesta de forma escrita, limitándose a convocarle a una reunión e indicándole que no era posible aceptar su petición. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0304/2013-L de 13 de mayo, haciendo alusión a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de 7 de marzo de 2005, Corte IDH, (Ser. C) No. 122 2005, sostuvo que dicho razonamiento: “…fue asumido por la Corte Constitucional de Colombia, mediante su Sentencia T-146/10 de 4 de marzo, en el siguiente sentido: 9. El principio iura novit curia es un principio que rige el proceso de acción de tutela así no se invoque y, la falta de un recurso a la sentencia condenatoria de los congresistas no viola el derecho de toda persona a recurrir la sentencia condenatoria que se le imponga ante el juez o tribunal superior.
9.1. El principio general del derecho iura novit curia, que significa 'el juez conoce el derecho', es una de las columnas vertebrales de la acción de tutela. En la medida que la tutela es un judicial informal que puede ser interpuesto por personas que desconocen el derecho, es deber del juez de tutela, en principio, analizar el recurso más allá de lo alegado por el accionante. La manera como se ha entendido y reiterado el principio iura novit curia en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, es que, en virtud de éste, «el juez posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente»” (el resaltado corresponde al texto original). Sin embargo, la citada SCP 0304/2013-L, aclaró de manera pertinente que: “…la aplicación de este principio no deberá entenderse, en el sentido de que la parte accionante, no tenga la obligación de hacer mención y fundamenta de los derechos que consideran fueron vulnerados; sino más bien, deberá entenderse en el sentido, de que sí tienen el deber de cumplir con aquel requisito en todas las acciones de defensa; por lo que este principio, sólo será aplicado por el Juez constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados; puesto que si obrara en sentido contrario, se estaría pretendiendo que el Juzgador constitucional, identifique -ante la negligencia de las partes- los derechos lesionados, lo cual no puede ser admisible” (las negrillas y subrayado son añadidos).
En ese mismo sentido, la SCP 0793/2012 de 20 de agosto, señaló que: “Ante la falta de cita de artículos dentro de una acción de amparo constitucional; a efectos de otorgar una tutela efectiva de los derechos denunciados ha creado una línea jurisprudencia amplia, la misma que se encuentra plasmada en el AC 0202/2011-RCA de 3 de junio, que señala: 'El art. 97.IV de la LTC, establece que el accionante deberá: 'Precisar los derechos o garantías que se consideran restringidos, suprimidos o amenazados'. La normativa transcrita no puede ser interpretada restrictivamente hasta la exigencia al accionante, de invocar el artículo de la Constitución Política del Estado en el que se encuentra consagrado el derecho fundamental o garantía constitucional que se alega vulnerado; dicho razonamiento implica un excesivo formalismo a momento de considerar el contenido de un escrito de acción tutelar, ello considerando que mientras se explican los hechos y en qué consisten los derechos considerados lesionados con el respectivo nexo de causalidad entre los mismos y la causa de pedir, la jurisdicción constitucional no deberá desconocer la fundamentación por falta de cita de la normativa en la cual se encuentran consagrados los derechos fundamentales o garantías constitucionales supuestamente vulnerados” (énfasis añadido). Entendimientos reiterados por la SCP 1126/2019-S2 de 18 de diciembre.
Jurisprudencia reiterada En virtud a la problemática que nos ocupa, resulta prudente establecer que, la SC 0835/2005-R de 25 de julio, determinó la auto restricción de la justicia constitucional, para pronunciarse sobre otros derechos, estableciendo que: “…cuando se denuncia la lesión de varios derechos fundamentales o garantías constitucionales, por el principio de subsidiariedad que rige al recurso de amparo, la jurisdicción constitucional debe resolver previamente el derecho de petición cuando de su tutela dependa que el recurrente pueda obtener una respuesta por parte de las autoridades recurridas que resuelvan lo demandado en el recurso de amparo, que de perjudicarle podrá impugnar esa decisión, acudiendo a las instancias ordinarias previstas por Ley, que son las primeras llamadas a tutelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, abriéndose el ámbito de protección del amparo siempre que se hubieren agotado las vías llamadas por Ley; puesto que, al existir una solicitud pendiente de resolución, este Tribunal no puede pronunciarse sobre el particular, por cuanto serán las autoridades recurridas, las que respondan a los reclamos realizados por la actora” (las negrillas son añadidas).
Razonamiento que fue reiterado de manera uniforme por el Tribunal Constitucional de transición, en la SC 1481/2011-R de 10 de octubre; y, por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0629/2012, 0898/2019-S1 y 0745/2020-S3 por mencionar algunas.
El art. 24 de la CPE señala que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
Al respecto, la SCP 1807/2013 de 21 de octubre, sostuvo que: «…el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables. (…) También recordó que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada, conforme entendieron las SSCC 0776/2002-R, 1121/2003-R, al señalar que este derecho se estima lesionado “…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho”. (…) Finalmente, la citada SC 119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al derecho de petición, recordó que “…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: ‘…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión’”. A este respecto, puntualizo que: “La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo contenido del derecho de petición, conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: ‘…a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.
Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)’. Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios (…). Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”. En este entendido la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho a la petición: 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y 4) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. Además, se ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta de respuesta material en tiempo razonable y; iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho» (las negrillas nos corresponden). Razonamientos reiterados por la SCP 1215/2017-S1 de 17 de noviembre.
En la presente causa, el accionante a través de su representante (madre), denuncia la lesión de sus derechos a la educación y a la propiedad; por cuanto, en su calidad de estudiante de la carrera de medicina de la UPDS, mediante tres cartas presentadas el 27 de febrero, 8 y 19 de mayo de 2023, solicitó información respecto al destino de los Bs20 000.- que corresponde al costo total del internado rotatorio de la gestión 2023; asimismo, se le descuente de ese monto, el precio del seguro de salud obligatorio que la Universidad pretende que cancele, el cual asciende a Bs3 500.-, debido a que cuenta con un seguro de salud particular en la Compañía BISA Seguros y Reaseguros S.A.; sin embargo, dicha institución educativa a través de sus representantes -ahora demandadas-, de manera verbal rechazaron su pedido, sin otorgarle una respuesta de forma escrita, limitándose a convocarle a una reunión e indicándole que era imposible su petición. Con carácter previo al análisis del presente caso, es pertinente aclarar que, si bien en el memorial de subsanación de la acción de amparo constitucional, el accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la educación, en su condición de estudiante de la referida carrera universitaria; sin embargo, revisados los antecedentes procesales arrimados al expediente, se evidencia que el acto lesivo identificado por el prenombrado para la interposición de este mecanismo de defensa, es la falta de respuesta de manera escrita a sus dos peticiones puntuales, expresadas en las tres cartas que presentó; en particular, respecto al descuento del monto que tendría que cancelar por concepto del seguro de salud obligatorio que estaba dentro de los requisitos de la Convocatoria al Internado Rotatorio de Medicina gestión 2023; monto que ascendía a la suma de Bs3 500.-. En ese contexto, habiéndose precisado el objeto procesal, la problemática en estudio se resolverá de acuerdo a los alcances del derecho a la petición previsto en el art. 24 de la CPE; derecho que, si bien no fue mencionado por el peticionante de tutela como vulnerado; empero, se lo asume también como aludido del contenido de su demanda presentada, así como lo vertido en la audiencia de garantías, en aplicación del principio iura novit curia, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no constituyéndose por ello dicha omisión en un óbice para que la justicia constitucional despliegue su labor prevista en el art. 196 de la referida Norma Suprema.
Una vez aclarado dicho aspecto, y conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el ejercicio del derecho a la petición, supone que una vez planteada la misma por particulares o servidores públicos a entidades o autoridades públicas, debe necesariamente ser objeto de una respuesta oral o escrita, pronta y oportuna en el fondo de lo pedido, dando contestación material a lo solicitado, sea en sentido positivo o negativo a sus intereses, dentro de un plazo razonable o en el determinado por las normas legales previstas, exponiendo las razones del por qué no se la acepta y explicando lo requerido, o dando curso a la misma; vale decir, otorgando una contestación debidamente motivada. Para ello, la parte accionante debe demostrar: 1) La existencia de una solicitud oral o escrita; 2) La falta de respuesta material en tiempo razonable; y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de ese derecho. En ese marco, con relación al primer requisito, de la revisión de obrados se advierte que, Fátima Melgar Cuellar en representación del impetrante de tutela, presentó una primera carta el 27 de febrero de 2023, solicitando a Paola Carmiña Pericón de Chazal, Rectora Regional e Inés Rosado Quintanilla, Vicerrectora Administrativa, ambas de la sede Central Santa Cruz de la UPDS -ahora demandadas-, un informe sobre los Bs20 000.- que tiene el costo del referido internado rotatorio; asimismo, pidió descontar el precio del seguro de salud que la Universidad pretende que cancele en calidad de madre del solicitante de tutela, que asciende a la suma de Bs3 500.- del monto total del internado; solicitud que fue reiterada a través de las notas presentadas el 8 y 19 de mayo del mismo año, solicitando una respuesta de manera escrita a sus requerimientos. En virtud a ello, respecto al segundo requisito, no se observa la existencia de una contestación material en tiempo oportuno por parte de las demandadas, que aborde el fondo del asunto planteado; constando simplemente lo manifestado por el accionante en su acción tutelar, al señalar que el Vicerrector Académico de la mencionada institución educativa, en la reunión sostenida con la madre del nombrado, le habría indicado de manera verbal, que era imposible aceptar su petición; extremo que no fue controvertido por la parte demandada, a través de su abogada en la audiencia de garantías. Finalmente, en lo concerniente al tercer requisito, no se evidenció la presencia de medios de impugnación expresos a los cuales pueda acudir el peticionante de tutela, a objeto de hacer efectiva su pretensión.
Por todo lo argumentado, se advierte la vulneración del derecho de petición bajo los términos establecidos en el art. 24 de la CPE, e identificado en esta acción de defensa, al no haberse evidenciado la existencia de una respuesta material a lo solicitado de manera pronta y oportuna en el fondo de lo pedido, sea en sentido positivo o negativo y dentro de un plazo razonable, exponiendo las razones del por qué no se la acepta o dando curso a la misma; vale decir, otorgando una contestación debidamente motivada, respecto a las solicitudes expresadas por la madre y representante del impetrante de tutela, conforme se tiene desarrollado en la jurisprudencia glosada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en tal sentido, corresponde conceder la tutela demandada. Con relación al derecho a la educación, corresponde aclarar que su lesión a decir del accionante, se produjo como consecuencia de la falta de respuesta de forma escrita, al descuento del monto que tendría que cancelar por concepto del seguro obligatorio, inmerso dentro los requisitos de la Convocatoria al Internado Rotatorio de Medicina de la gestión 2023. En ese marco, no es posible emitir un pronunciamiento al respecto, al existir una solicitud pendiente tendiente a resolver las mismas cuestiones que fueron planteadas en la presente acción de defensa; correspondiendo en tal mérito, que la jurisdicción constitucional resuelva previamente el derecho de petición, de cuya tutela depende que el peticionante obtenga una contestación que atienda la supuesta transgresión del citado derecho, según se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 108 de 12 de junio de 2023, cursante de fs. 70 vta. a 71 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, enmarcado dentro los alcances del derecho de petición, previsto en el art. 24 de la CPE, conforme a los términos expresados por la aludida Sala Constitucional y los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR respecto al derecho a la educación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo.Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0866_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
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