B.IA.LEGAL

SCP 0866/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 9 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
9 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48701-2022-98-AAC
Departamento
La Paz.
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario justo, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la integridad, a la dignidad y a la familia; puesto que, después de suscribir dos contratos laborales continuos con la Empresa ahora accionada, se mantuvo desempeñando sus funciones en tareas propias y permanentes hasta que fue cesado de sus funciones, sin considerar que su esposa se encuentra embarazada; por lo que, goza de inamovilidad laboral hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 113 a 117 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de la Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada por Carlos Isidro Morales Condoli, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, al salario justo, a la seguridad social, a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad y a la familia en cuyo meritó se ordena al Gerente Ejecutivo y al Gerente de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, ambos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados “EBA”, disponiendo:

a) La reincorporación laboral inmediata del accionante, al mismo cargo que se encontraba desempeñando a la conclusión del Contrato EBA-EVE-MOD 0610/2021 de 9 de septiembre, Contrato modificatorio al Contrato EBA-EVE -PLANTA 0243/2021 de 4 de enero, manteniendo su nivel salarial, en caso de no ser posible este último aspecto, en otro de similares características sin afectar su nivel salarial; y, b) Al pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos que le corresponde en protección de la garantía de la inamovilidad laboral, por el tiempo que comprende dicha garantía, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

2º DENEGAR la tutela respecto al derecho a la estabilidad laboral, a la pretensión de la reparación integral del daño causado, así como al pago de costas y costos del proceso, en atención a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y razonamientos desplegados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la inaplicabilidad de los actos consentidos por el carácter irrenunciable de los derechos laborales
  2. III.2. De la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0866/2023-S3 Sucre, 9 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48701-2022-98-AAC Departamento: La Paz. En revisión la Resolución 12/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 113 a 117 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Isidro Morales Condoli contra Javier Dante Freire Bustos, Gerente Ejecutivo y Bernardino Huallpa Chura, Gerente de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, ambos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados “EBA”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado 27 de abril de 2022, cursante de fs. 41 a 50 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de contador general, el 10 de marzo de 2020, comenzó a trabajar en la Empresa ahora accionada, a través de contratos a plazo fijo, en el cargo de Auxiliar IV ʽ“auxiliar de producción׳” (sic), mediante contrato firmado hasta el 31 de diciembre de 2020; continúo trabajando con un nuevo contrato de 4 de enero de 2021 hasta el 9 de septiembre de igual año, fecha en la que fue promovido al cargo de auxiliar II almacenes de insumos, con un contrato suscrito vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, sin interrupciones o rupturas, continuó trabajando por órdenes de las autoridades de la Empresa hoy accionada; incluso Ayde Quispe Mallqui, Jefe de Planta Caranavi de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados “EBA” requirió al Gerente de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, mediante Nota interna NI/GLAFS/2022-00034 I/2022-01144 de 24 de enero, el inicio del proceso de contratación de su persona, y con otra Nota de 2 de febrero de 2022, comunicó al referido Gerente, que su esposa se encontraba en estado de gestación, en el quinto mes de embarazo. De manera sorpresiva, el 26 de marzo de 2022, le cesaron de sus funciones en la Empresa hoy accionada, indicándole que debe entregar los activos a su cargo, sin considerar que se operó la tácita reconducción del vínculo laboral, así como la prohibición de doble contratación en tareas propias y permanentes de la Empresa hoy accionada, en la producción y distribución de alimentos saludables con calidad y responsabilidad social y al encontrarse su esposa en estado de embarazo; gozaba de la garantía de la inamovilidad laboral, aspecto de conocimiento de la Empresa hoy accionada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario justo, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la integridad, a la dignidad, y a la familia, citando al efecto los arts. 14.I, II, 15, 18, 21.2, 22, 45, 46.I y II y 48. I, II y VI, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) La reincorporación a su fuente laboral, al cargo de auxiliar II almacenes de insumos, con el salario que le corresponde; b) Le paguen los salarios devengados desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha; c) La inmediata regularización en cuanto a los subsidios que le correspondan; y, d) Se proceda a la reparación integral del daño causado, así como al pago de costas y costos del proceso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 106 a 112 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y Ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: 1) La prueba que estuvo prestando sus servicios hasta el 26 de marzo de 2022, en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados “EBA”, es que, en esa fecha efectuó la entrega de activos mediante acta suscrita; 2) Del Informe Social efectuado por el Servicio Legal Integral Municipales (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, se puede evidenciar que a raíz del despido injustificado se afectó la situación social de su familia; puesto que, tuvo que devolver el pequeño departamento que tenía en alquiler, al encontrarse imposibilitado de poder pagar el alquiler de Bs700 (setecientos bolivianos), motivo por el cual se vio obligado a volver a la casa de sus padres, en la que le dieron prestado una habitación con baño compartido, lo que causó una afectación psicológica de ansiedad y estrés; además, de una situación de vulnerabilidad de su esposa embarazada y del hijo o hija por nacer; 3) Puede ser que la parte ahora accionada alegue que su persona se encontraba desempeñando en otro cargo; empero, no le entregaron el contrato hasta el momento del despido, a pesar, de la comunicación interna del cargo que se encontraba desempeñando; 4) Ante la consulta si continúo trabajando por la promesa de que le iban a recontratar, su persona manifestó que sí; empero, en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - “EBA”, ya llevaron a otra persona en su lugar de manera sorpresiva sin hacerle conocer que ya no le recontratarían, por ello la nota de entrega del puesto de trabajo con la fecha de desvinculación; y, 5) Las empresas públicas por disposición de la Ley 446 de 26 de noviembre de 2013, se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo y al Código de Seguridad Social (art. 47).

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Javier Dante Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - “EBA”, mediante informe presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 102 a 105 vta.; así como en audiencia, manifestó que: i) No tienen asidero legal la vulneración al derecho al trabajo, a la estabilidad laboral; puesto que, los contratos suscritos por la referida Empresa y el accionante, constituyen contratos administrativos de prestación eventuales bajo la Partida 121, que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, por consiguiente fuera de la aplicación de la Ley General del Trabajo, conforme expresa la cláusula décima primera; ii) La inamovilidad laboral por gestación o incapacidad, solo es aplicable y obligatoria hasta la conclusión de su contrato, en el presente caso hasta el 31 de diciembre de 2021; iii) No es atribuible a la a la Empresa, la supuesta vulneración del derecho a la salud, a la seguridad social, a la integridad psicológica familiar, a la maternidad segura, con relación a su esposa gestante; puesto que, el accionante tenía la obligación de registrar a su esposa como beneficiaria en vigencia del contrato -hasta el 31 de diciembre de 2021-; tampoco, el cumplimiento de los subsidios, ya que no se encontraba casado -21 de enero de 2022- en vigencia del contrato, inclusive, podía haber realizado un reconocimiento ad vientre, para registrarlo; empero, no lo hizo; y, iv) Por las pruebas de descargo que se adjuntan, “…el accionante ha continuado apoyando las labores de la planta de Caranavi de la Empresa - “EBA” por el mes de enero, febrero y marzo de 2022 como personal manual, en tanto se apruebe la solicitud de nueva contratación realizada por la jefa de planta Ing. Aide Quispe de fecha 24 de enero de 2022 previa verificación de presupuesto, no solo del accionante sino de otros ex servidores públicos…” (sic), servicios; por los que, se procedió a su cancelación por día hábil trabajado, según planilla de pago de enero, extremo que no solo demuestra la aceptación expresa de la nueva modalidad temporal de contratación por el accionante, contradiciendo la continuidad laboral desde el 1 de enero al 26 de marzo de 2022; por lo que, no corresponde la reincorporación laboral, tampoco el pago de sueldos devengados y la regularización de subsidios, tomando en cuenta que las pretensiones formuladas en la presente acción de defensa se encuentran bajo la normativa de la Ley General del Trabajo, no aplicables a contratos administrativos. Por lo expuesto, solicita que se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 12/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 113 a 117 vta., Concedió en parte la tutela solicitada por el accionante con relación al derecho a la inamovilidad laboral, a la estabilidad laboral, en cuyo mérito se dispuso que la Empresa hoy accionada proceda al pago de subsidios en favor del “Bebe” hasta que cumpla un año de edad, así como cubrir los gastos médicos y el seguro de atención obstétrica de la madre gestante; y, Denegó la tutela porque el accionante convalidó la violación de derechos. Todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Si bien la inamovilidad laboral es universal porque protege a los trabajadores en el ámbito de la Ley General del Trabajo y funcionarios públicos; empero, no es absoluto, reconoce excepciones como a funcionarios en la modalidad de contratos sin proceso previo, sino de manera directa o por invitación personal del ejecutivo de la entidad pública que no están bajo la protección de la inamovilidad laboral emergente del embarazo o discapacidad; b) Si bien el accionante se encontraba cumpliendo funciones hasta el 31 de diciembre de 2021 y la Empresa ahora accionada no asumió conocimiento del estado de embarazo, sino, hasta el 2 de febrero de 2022, por información escrita del accionante, quien, recién procedió a la afiliación de su esposa Mónica Mamani Cayo, el 24 de enero del citado año, cuyo embarazo data del “mes de octubre”, lo que implica que consintió una vulneración a la inamovilidad laboral; puesto que, la Empresa hoy accionada hubiese asumido los recaudos necesarios para la contratación o la transferencia a otra área para otorgarle protección y cumplir la disposición de la Constitución Política del Estado; c) Con relación a la protección durante el embarazo, el parto y periodo postnatal, los beneficios en favor del hijo menor de edad hasta que cumpla un año, de funcionarios cuya relación laboral fue disuelta, no puede desconocerse los derechos fundamentales del recién nacido, el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía de recibir protección de su vida, a la salud y a la seguridad social; por lo que, el empleador del sector público o privado se encuentra en la obligación de otorgar los subsidios hasta que el hijo cumpla un año de edad, incluyendo la atención obstétrica durante el embarazo, parto, puerperio, aún cuando se haya extinguido la relación laboral; y, d) En ese entendido, “…la inamovilidad solo procedía cuando la entidad quien habría firmado un contrato hasta el 31 de diciembre habría tomado conocimiento antes de la disolución del presente contrato…” (sic); por lo que, era obligación del accionante poner en conocimiento de la Empresa hoy accionada, previa a la disolución del contrato, para que asuma los recaudos respecto al trabajador -accionante-, a su esposa y el niño por nacer, aspecto que solo sucedió dos meses después “2 de febrero” de haberse disuelto el contrato de trabajo, como reconoce el propio accionante. En vía de complementación el accionante a través de su abogado solicitó a la Jueza de garantías que se establezca: 1) Cuál es el plazo que la Empresa ahora accionada tiene para regularizar los subsidios o el seguro con el que debe contar la madre; y, 2) Solicitó se tenga presente y conste en el acta que la parte hoy accionada se negó a otorgar información que su autoridad requirió a efectos de que la jurisdicción constitucional tome conocimiento y resuelva el mismo, tomando en cuenta que el sujeto pasivo siendo funcionario público, tiene la obligación de presentar informe bajo alternativa de aplicarse la presunción de veracidad de los hechos, en caso de no presentarse informe. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías, señaló lo siguiente: que el plazo para que la Empresa ahora accionada deba realizar los trámites administrativos para que se cumplan los subsidios al accionante y continúe el aporte al Seguro de la Caja Nacional de Caminos, a efectos de que atiendan a la madre gestante, debiendo ser en cinco días hábiles. En vía de de aclaración, complementación y enmienda, la Empresa hoy accionada a través de su abogada solicitó a la Jueza de garantías que se aclare: i) En la parte considerativa su autoridad concluyó que la Empresa no cometió vulneración alguna; empero, no guarda relación con la tutela parcial otorgada y con lo dispuesto; ya que, el accionante procedió a la afiliación de su esposa el 26 de enero de 2022, cuando la cesantía de su seguro a corto plazo se encontraba de baja; y, ii) Su autoridad no valoró los aportes realizados, vinculados a los pagos diarios por personal manual y el accionante aceptó estos pagos y no contratación directa; iii) Otorgó tutela parcial, sin establecer lineamientos legales por los cuales la Empresa ahora accionada pueda efectivizar sus órdenes relacionados con el seguro social a la salud y a la vida, otorgación de subsidios, que no pueden generarse si no hay una relación contractual; es decir, se estaría prestando estos servicios de una persona que no tiene contrato laboral con la Empresa hoy accionada; y, iv) De la misma manera con los subsidios que se cancelan desde el sexto mes de gestación de la esposa del accionante, quien no se encontraba afiliada cuando existía la relación contractual, ahora que le correspondería los subsidios, ya no hay relación laboral; por lo que, “…anunciamos la complementación y enmienda como lo establece el Código Procesal Constitucional en la última parte, solicitando se entregue las copias en materia física de la resolución que su autoridad a emitido a efectos que también hacer valer los derechos…” (sic). En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías, decretó “…se tiene presente…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. La relación laboral entre la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA, representado legalmente por Mónica Patricia Córdova Pino, Gerente Ejecutiva Interina y Carlos Isidro Morales Condoli -ahora accionante- quedó establecida mediante: a) Contrato EBA-EVE-0082/2020 de 3 de marzo de 2020, Contrato administrativo de prestación de servicios eventuales, en calidad de ʽ“AUXILIAR IV OPERARIO PLANTA CARANAVI׳” (sic) dependiente de la Gerencia de Producción de Endulzantes y Frutas, desde el 11 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020; b) Contrato EBA-EVE -PLANTA 0243/2021 de 4 de enero, contrato administrativo de prestación de servicios eventuales, en calidad de “ʽAUXILIAR IV DE PRODUCCIÓNʼ de la PLANTA CARANAVI” (sic) dependiente de la Gerencia de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, desde el 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021; c) Contrato EBA-EVE-MOD 0610/2021 de 9 de septiembre, Contrato modificatorio al contrato administrativo EBA-EVE -PLANTA - 0243/2021, de prestación de servicios eventuales “ʽAUXILIAR IV DE PRODUCCIÓNʼ de la PLANTA CARANAVI” (sic) al nuevo cargo de “ʽAUXILIAR II ALMACENES DE INSUMOS”ʼ (sic), quedando subsistentes las demás cláusulas del contrato principal (fs. 61 a 66 vta.). II.2. Por Certificado de matrimonio emitido por la Oficialía 22001001, Libro LIBM-5, Partida 13, Folio 13, de 21 de enero de 2022, de la localidad de Caranavi del departamento de La Paz, se evidenció el matrimonio celebrado entre el accionante y Mónica Mamani Cayo, en la misma fecha; y, por Certificado de atención prenatal de 31 de enero de 2022, emitido por Gonzalo Laserna, Ginecólogo Obstetra, con Matrícula Profesional L-207 de la Caja de Salud de Caminos y R.A., certificó que Mónica Mamani Cayo, beneficiaria del esposo asegurado -accionante-, a partir de esa fecha -quinto mes de embarazo- se le otorgó su habilitación para el subsidio prenatal (fs. 5 a 6). II.3. Por Nota interna NI/GLAFS/2022-00034 I/2022-01144 de 24 de enero, emitida por Ayde Quispe Mallqui, Jefe de Planta Caranavi de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados “EBA”, solicitó el inicio del proceso de contratación para personal de planta de cítricos Caranavi del accionante como “Auxiliar I Almacén de Insumos”, de la Planta de Cítricos Caranavi, por tres meses (fs. 10). II.4. Mediante Nota interna NI/GLAFS/2022-00048 I/2022-01597 de 1 de febrero, emitida por Ayde Quispe Mallqui, Jefe de Planta Caranavi, al Gerente de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, ambos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA por el que remitió documentación de paternidad del accionante y Mónica Mamani Cayo con cinco meses de embarazo, con nota de recepción en la Empresa hoy accionada el 2 de febrero de 2022 (fs. 11). II.5. Mediante Acta de entrega de 26 de marzo de 2022, en las instalaciones de la planta procesadora de cítricos Caranavi - EBA, el accionante, entregó a Ayde Quispe Mallqui, Jefa de Planta Caranavi de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA, de todos los bienes y documentos que se encontraban bajo su custodia de la Unidad de Almacenes de la Planta de Caranavi, por su prestación de servicios manuales (fs. 28).

II.6. Mediante Informe INF/GLAFS/2022-00526 I/2022-07484 de 9

de mayo de 2022, emitido por Ayde Quispe Mallqui, Jefe de Planta Caranavi de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA, con la “Ref.: INFORME PERSONAL QUE COLABORO EN ACTIVIDADES DE PRODUCCION DURANTE EL MES DE ENERO - PLANTA DE CITRICOS DE CARANAVI”, por el que solicitó la recontratación de personal para la gestión 2022, en el mismo se consignó el nombre del accionante, en la Planta Procesadora de Cítricos Caranavi, como Auxiliar II Almacenes de Insumos “Cuadro 1. Personal para recontratación gestión 2022”, concluyéndose que, en tanto se tenga la aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en base a la verificación presupuestaria, decidieron colaborar trabajando en la modalidad de servicios manuales que son pagados por días hábiles (fs. 67 a 68).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario justo, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la integridad, a la dignidad y a la familia; puesto que, después de suscribir dos contratos laborales continuos con la Empresa ahora accionada, se mantuvo desempeñando sus funciones en tareas propias y permanentes hasta que fue cesado de sus funciones, sin considerar que su esposa se encuentra embarazada; por lo que, goza de inamovilidad laboral hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la inaplicabilidad de los actos consentidos por el carácter irrenunciable de los derechos laborales

El art. 48.III de la CPE consagra expresamente el carácter irrenunciable de los derechos laborales en los siguientes términos: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Esta norma constitucional tiene como antecedente, el reconocimiento del carácter irrenunciable y la nulidad de cualquier convención contraria que establece el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT). En ese marco constitucional, si bien de acuerno a la norma procesal constitucional, los actos consentidos constituyen una causal de improcedencia o denegatoria de la acción de amparo constitucional; empero, de la labor interpretativa del Tribunal Constitucional Plurinacional ha expresado que en el ámbito laboral, los actos consentidos libre y expresamente no operan como causal de improcedencia en la acción de amparo constitucional, en virtud al carácter irrenunciable de los derechos laborales.

III.2. De la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores

La Constitución Política del Estado vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son nuestras). Concerniente a esta materia, el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, reglamentó las condiciones de esta garantía constitucional en favor de madres o progenitores que trabajen en el sector público o privado, precisando que los beneficiarios de esta garantía, no pueden ser despedidos, ni afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. Esta garantía tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente que fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que el derecho que se debe proteger no es solo es el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la parte accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho, la vida. Complementando el alcance de esta garantía la jurisprudencia constitucional ha señalado que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo;

por lo que, no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas son nuestras). En ese entendido, la jurisprudencia constitucional estableció los siguientes criterios vincularos a la aplicación de la garantía de inamovilidad laboral.

III.2.1. En caso de mujeres embarazadas o padres progenitores se activa la excepción de la subsidiariedad

Siguiendo la línea de razonamiento, es preciso enfatizar también que, sin bien la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento previo de los medios o recursos intraprocesales judiciales o administrativos; sin embargo, tratándose de la salvaguarda de los derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de su fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar condicionado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad.

III.2.2. La comunicación del estado de embarazo no es condición para la protección de la inamovilidad laboral

La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año.

III.2.3. De la aplicación excepcional de esta garantía a contratos de trabajo temporales, eventuales o de obra, con las que se pretende eludir este beneficio

Si bien mediante disposición reglamentaria del DS 0012, se ha establecido limitaciones respecto a la garantía de la inamovilidad laboral disponiendo que no es aplicable a contratos laborales que por su naturaleza sean temporales, eventuales o de obra; empero, también estableció excepciones refiriendo expresamente “…salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio (las negrillas y el subrayado son nuestros). En otros términos, excepcionalmente es posible aplicar la garantía de inamovilidad laboral incluso en aquellas modalidades de contratos de trabajo temporales, laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad” (la negrillas son añadidas), jurisprudencia constitucional reiterada de manera uniforme en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0673/2013-L de 18 de julio, 0076/2012 de 12 de abril, entre otras. 8 El entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que determinó el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010-R de 25 de octubre y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1187/2012 de 6 de septiembre, 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otros. 9 El DS 0012 de 19 de febrero-2009, cuyo objeto es reglamentar las condiciones de aplicación de la garantía de la inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajen en el sector público o privado, establece limitaciones al respecto disponiendo en el art. 5: “ARTICULO 5.- (VIGENCIA DEL BENEFICIO).

I. No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio.

III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija” (las negrillas y subrayado son añadidos).

eventuales, de obra, de carácter civil y otras, con las que se pretenda eludir este beneficio e incumplir el alcance de esta norma.

En el ámbito de la jurisprudencia, ésta posición encuentra fundamento en la aplicación de los principios in dubio pro operario, pro homine y verdad material; puesto que, en un caso en el que la accionante -trabajadora del sector salud-denunció que fue desvinculada laboralmente, a pesar de que hizo conocer oportunamente a su empleador, su estado de embarazo, negándose a renovar su contrato laboral o dar continuidad a la relación laboral en tareas propias y permanentes, el Tribunal Constitucional Plurinacional otorgó la tutela solicitada por inamovilidad laboral, con la aclaración de que la renovación o continuidad laboral será hasta que el hijo menor de edad cumpla un año de edad; por lo que, no debe entenderse como reconocimiento de una relación laboral de carácter indefinido, sino una prolongación excepcional de este vínculo contractual, debido a la protección que brinda esta garantía -que incluye a la madre y al hijo menor de edad-. En esa comprensión corresponderá ordenar la reincorporación laboral en favor de la madre trabajadora o trabajador progenitor, el pago de los sueldos devengados, el cumplimiento de los subsidios y demás derechos sociales, hasta que el hijo menor cumpla un año de edad.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario justo, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la integridad y a la 10 Respecto a la aplicación excepcional de la garantía de inamovilidad laboral a contratos de trabajo temporales, eventuales o de obra, cuando con estas moralidades de contratos, se pretende eludir este beneficio e incumplir la norma, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1254/2022-S3 de 26 de septiembre, textualmente expreso: “…desde una interpretación favorable, aplicando los principios indubio pro operario, pro homine y de verdad material resulta viable aplicar en el presente caso la salvedad del art. 5.II del DS 0012, y resguardar la garantía de inamovilidad laboral de la accionante hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, por su condición de mujer embarazada, situación que fue demostrada mediante carnet de salud de la madre emitido por el Hospital Obrero 9 del departamento de Pando y Certificado de Atención Prenatal de 1 de octubre de 2021; aclarando que la renovación o continuidad del vínculo de trabajo con la entidad empleadora opera hasta que el menor de edad cumpla un año de edad, y no debe entenderse como el reconocimiento de una relación de tiempo indefinido sino como una prolongación excepcional y temporal del último vínculo contractual, ello debido a la protección excepcional y temporal que brinda la tutela de la garantía de inamovilidad laboral.

Por lo señalado precedentemente, al ser aplicable al presente caso la salvedad determinada en el art. 5.II del DS 0012, se evidencia la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral de la accionante; puesto que, no se dio continuidad laboral en el cargo que ejercía hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad, correspondiendo el pago de sus salarios devengados desde la conclusión de su ultimó contrato el 30 de agosto de 2021 hasta el día que cumpla un año de edad el menor; asimismo, es hasta esa fecha que será dispuesta la reincorporación laboral, en cumplimiento al art. 48.VI de la CPE” (las negrillas son añadidas).

dignidad; puesto que, después de suscribir dos contratos laborales continuos con la Empresa ahora accionada, se mantuvo desempeñando sus funciones en tareas propias y permanentes hasta que fue cesado de sus funciones, sin considerar que su esposa se encuentra embarazada; por lo que, goza de inamovilidad laboral hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que de la relación laboral entre la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - “EBA”, representada legalmente por Mónica Patricia Córdova Pino, Gerente Ejecutiva Interina y el accionante quedó establecida mediante: 1) El Contrato EBA-EVE-0082/2020, Contrato administrativo de prestación de servicios eventuales, en calidad de ʽ“AUXILIAR IV OPERARIO PLANTA CARANAVI׳” (sic) dependiente de la Gerencia de Producción de Endulzantes y Frutas, desde el 11 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020; 2) Contrato EBA-EVE-PLANTA 0243/2021, contrato administrativo de prestación de servicios eventuales, en calidad de “ʽAUXILIAR IV DE PRODUCCIÓNʼ de la PLANTA CARANAVI” (sic) dependiente de la Gerencia de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, desde el 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021; 3) El Contrato EBA -EVE-MOD 0610/2021, Contrato modificatorio al contrato administrativo EBA-EVE-PLANTA- 0243/2021, de prestación de servicios eventuales “ʽAUXILIAR IV DE PRODUCCIÓNʼ de la PLANTA CARANAVI” (sic) al nuevo cargo de “ʽAUXILIAR II ALMACENES DE INSUMOS”ʼ (sic), quedando subsistentes las demás cláusulas del contrato principal (Conclusión II.1.). Después de haber vencido el plazo del último contrato laboral suscrito, el accionante continuó prestando servicios a la Empresa hoy accionada, hasta la entrega o devolución de los bienes y documentos que se encontraban bajo su custodia, el 26 de marzo de 2022 -según el acta de entrega- (Conclusión II.5.), fecha de su desvinculación laboral. Lapso de tiempo en el que, el accionante, se unió en matrimonio con Mónica Mamani Cayo -21 de enero de 2022-, quien se encontraba en estado de gestación, con un tiempo de embarazo de cinco meses al 31 de enero de igual año (Conclusión II.2); situación de conocimiento de la Empresa hoy accionada, conforme Nota interna NI/GLAFS/2022 -00048 I/2022-01597 de 1 de febrero, emitida por Ayde Quispe Mallqui, Jefe de Planta Caranavi al Gerente de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, ambos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados – “EBA”, por el que remitió documentación de paternidad del accionante y Mónica Mamani Cayo con cinco meses de embarazo, con nota de recepción en la Empresa hoy accionada el 2 de febrero de 2022 (Conclusión II.4.). En ese contexto se revisará el problema jurídico identificado por el accionante, para ese cometido es necesario señalar que los hechos de relevancia jurídico constitucional están vinculados a trabajadores con contratos laborales a plazo fijo, vinculados al ámbito de la garantía constitucional de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad; empero, antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde pronunciarse a aspectos de orden procesal o de forma, presentados por la Empresa ahora accionada, así como, por la Jueza de garantías al desplegar el fundamento que sustenta la decisión asumida. Respecto a los presuntos actos libres y expresamente consentidos. Es la norma constitucional que de manera expresa y clara establece que los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse; sobre cuya base la jurisprudencia constitucional interpretó el alcance de los actos consentidos en el ámbito laboral, concluyendo que, en esta materia, los actos consentidos libre y expresamente no operan como causal de improcedencia en la acción de amparo constitucional, en virtud al carácter irrenunciable de los derechos laborales, conforme se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. En esa comprensión, la afirmación de la Empresa hoy accionada a través de su representante legal, de que el accionante aceptó la nueva modalidad de trabajo, no es aceptable; puesto que, el accionante continuó prestando servicios a la referida Empresa, después de haber vencido el plazo del último contrato laboral suscrito. Tampoco la afirmación de la Juez de garantías que el accionado convalidó la vulneración de derechos, ya que en el ámbito procesal constitucional estos aspectos vienen a configurar los actos consentidos libre y expresamente, los mismos que en materia laboral no surten efectos; por lo que no constituyen causal de improcedencia o denegatoria de la tutela solicitada, precisamente por el carácter irrenunciable de los derechos laborales. Efectuado el pronunciamiento sobre la cuestión procesal planteada por la Empresa ahora accionada y la Jueza de garantías, corresponde ingresar al análisis de fondo, dando un pronunciamiento al problema planteado en la acción de amparo constitucional. Respecto al problema jurídico planteado. El accionante, denuncia que fue cesado de sus funciones, no obstante haber continuado prestando servicios en tareas propias y permanentes; es decir después de vencido el plazo de su segundo contrato laboral continuó y sin considerar que su esposa se encuentra embarazada. En esa comprensión es necesario enfatizar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, tiene como finalidad de proteger no solo a la madre, sino, al hijo por nacer y hasta el año de nacimiento, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social, salud; ésta garantía incluye la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo; específicamente, el presente caso se encuentra vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad y su aplicación excepcional en los que se hayan suscrito contratos de trabajo temporales, eventuales o de obra, con las que se pretende eludir este beneficio, como se tiene explicado de manera ampliamente en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Como se tiene concluido, si bien el accionante inició su vínculo laboral con la Empresa ahora accionada con un contrato de trabajo a plazo fijo, prestando servicios eventuales, como “Auxiliar IV Operario Planta Caranavi”, desde el 11 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, vínculo de trabajo que continuó con otro contrato de similares características, desde el 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021; en el desarrollo de este último, fue promovido para prestar servicios eventuales en el cargo de “Auxiliar II Almacenes de Insumos”, desde el 9 de septiembre de 2021, hasta la conclusión del plazo fijado en el contrato principal. Sin embargo, al vencimiento del plazo del último contrato, el accionante continuó prestando servicios hasta el 26 de marzo de 2022, fecha en la que fue desvinculado y como efecto devuelto los bienes y documentos que se encontraban bajo su custodia. Esta prestación de servicios incluso con salarios disminuidos, no puede ser desvirtuado por la Nota interna NI/GLAFS/2022-00034 I/2022 -01144, emitida por Ayde Quispe Mallqui, Jefe de Planta Caranavi de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - “EBA”, que solicitó recontratación del accionante por tres meses (Conclusión II.3.); así como el Informe INF/GLAFS/2022-00526 I/2022-2022-07484, emitido por la referida Jefa de Planta Caranavi, por el que solicitó la recontratación del accionante junto a otras personas (Conclusión II.6.), bajo la excusa de la falta de contrato de trabajo a plazo fijo escrito, al contrario, confirmó la continuidad del vínculo laboral en las mismas tareas dentro la Empresa hoy accionada por el accionante. En ese entendido, la continuidad laboral del accionante o la prestación de servicios en las tareas propias y permanentes constituye fundamento para la aplicación excepcional de la garantía de la inamovilidad laboral en favor del accionante como progenitor, hasta que su hijo menor cumpla un año; ignorar ese extremo, constituiría una convalidación de la conducta del empleador destinada a eludir ese beneficio e incumplir la norma constitucional que reconoce la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres trabajadoras en estado de embarazo o trabajadores progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Otro aspecto vinculado a la problemática planteada por las partes es la omisión del accionante de comunicar oportunamente a la Empresa ahora accionada del estado de embarazo de su esposa, lo que daría lugar a liberación de las obligaciones emergentes de la garantía de la inamovilidad laboral, al respecto la jurisprudencia constitucional es amplia en señalar que la falta de comunicación del estado de embarazo no es condición para la efectiva aplicación de la garantía de la inamovilidad laboral, en ese entendido, en la especie, no son atendibles los argumentos expuestos por la Empresa hoy accionada, ni los fundamentos expuestos en la Resolución 12/2022 emitido por la Jueza de garantías para respaldar su decisión de denegar la tutela, fundado en la omisión del accionante de comunicar el estado de embarazo de su esposa. De los razonamientos esgrimidos, resulta evidente la conculcación de la garantía de inamovilidad laboral; empero, tomando en cuenta que la vulneración de un derecho o garantía conlleva necesariamente a la vulneración de otros derechos o garantías, por el carácter interdependiente de los derechos fundamentales y garantías constitucional previsto por el art. 13.I de la CPE, en la especie, la desvinculación laboral impide al accionante contar con los medios económicos necesarios para su subsistencia, la de su esposa y el hijo o hija por nacer, en suma a su familia, habida cuenta que la finalidad de la inamovilidad laboral es la protección de la madre gestante y la del hijo o hija por nacer, su estabilidad económica y emocional, lo que conlleva la vulneración del derecho al salario justo, a la seguridad social, a la salud, a la integridad física, a la dignidad y a la vida; por lo que, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, como entidad que vela por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante otorgar la protección que brinda la garantía de la inamovilidad laboral, ordenando para el efecto la reincorporación laboral del accionante como trabajador progenitor, el pago de los sueldos devengados, el cumplimiento de los subsidios y demás derechos sociales, hasta que el hijo menor cumpla un año de edad. Además, el respeto a las condiciones laborales en las que se encontraba, incluyendo el respeto de nivel salarial y la ubicación del puesto de trabajo, si este último aspecto resulta siendo materialmente imposible, de manera excepcional en un otro cargo similar sin afectar su nivel salarial; solo de esa forma esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, estará cumpliendo con la función constitucional que le corresponde, sin que ello implique el reconocimiento de una relación laboral de carácter indefinido, que daría lugar al reconocimiento al derecho a la estabilidad laboral, que en la especie no es el caso; puesto que, la protección que otorga ésta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra fundada esencialmente en el respeto a la garantía constitucional de inamovilidad laboral. Finalmente, respecto a las pretensiones de reparación integral del daño causado, al pago de costas y costos del proceso formulado en el petitorio de la acción de amparo constitucional, éstos no pueden ser considerados por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, en razón a los razonamientos desplegados para estimar la otorgación de la tutela solicitada y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 113 a 117 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de la Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada por Carlos Isidro Morales Condoli, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, al salario justo, a la seguridad social, a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad y a la familia en cuyo meritó se ordena al Gerente Ejecutivo y al Gerente de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, ambos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados “EBA”, disponiendo:

a) La reincorporación laboral inmediata del accionante, al mismo cargo que se encontraba desempeñando a la conclusión del Contrato EBA-EVE-MOD 0610/2021 de 9 de septiembre, Contrato modificatorio al Contrato EBA-EVE -PLANTA 0243/2021 de 4 de enero, manteniendo su nivel salarial, en caso de no ser posible este último aspecto, en otro de similares características sin afectar su nivel salarial; y, b) Al pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos que le corresponde en protección de la garantía de la inamovilidad laboral, por el tiempo que comprende dicha garantía, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

2º DENEGAR la tutela respecto al derecho a la estabilidad laboral, a la pretensión de la reparación integral del daño causado, así como al pago de costas y costos del proceso, en atención a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y razonamientos desplegados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO

Notas al pie

1 Respecto a la incompatibilidad de los actos consentidos como causal de improcedencia o denegatoria de la acción de amparo constitucional, por el carácter irrenunciable de los derechos laborales la SCP 0196/2019-S2 de 2 de mayo, expresó: “Asimismo, la SCP 0222/2012 determinó que, en materia laboral, los actos consentidos libre y expresamente no operan como causal de improcedencia en la acción de amparo constitucional, en virtud al carácter irrenunciable de los derechos laborales. En consecuencia, de acuerdo con los razonamientos jurisprudenciales citados, el acto consentido para operar como causal de inactivación de la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe entenderse objetivamente como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice como emergencia del acto considerado lesivo, dejando advertir que se hubiere conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su libre voluntad. De modo que no siempre podrá exigirse una manifestación expresa de voluntad, sino que ello podrá ser deducible de las acciones posteriores que realice como emergencia del acto considerado lesivo a sus derechos fundamentales y que para la justicia constitucional son manifestaciones de la voluntad indubitables e inequívocas. Asimismo, en lo que se refiere al ámbito laboral, no existe acto consentido por el carácter irrenunciable de los derechos laborales” (las negrillas son nuestras).

2 La Constitución Política del Estado fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referéndum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009.

3 El DS 0012, que Reglamenta las Condiciones de Inamovilidad Laboral de la Madre y Padre Progenitores que Trabajen en el Sector Público o Privado, establece en su art. 2, el alcance de esta garantía constitucional en los siguientes términos: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo” (las negrillas son nuestras).

4 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” (las negrillas nos pertenecen).

5 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/2000-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “…por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley” (las negrillas son nuestras). Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.

6 Respecto a la inamovilidad laboral la SCP 0424/2012 de 22 de junio, expresa textualmente: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados”. (las negrillas fueron añadidas).

7 Respecto a la excepción a la subsidiariedad en el caso de mujeres trabajadoras embarazadas o padres progenitores, la SC 0558/2011-R de 29 de abril, estableció: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0866_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 23fab5ceb6ca9018613ae7fa5b86e66fc45d86d9a7c524d1da070dd2770c67fa

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