Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de mayo de 2026
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba, pertinencia; a la propiedad, a la defensa y al principio de verdad material, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y legalidad; toda vez que, dentro el proceso administrativo de nulidad de cambio de nombre, la autoridad demandada, pronunció la RA 165/2023, sin solucionar el conflicto de fondo, limitándose a sugerir que se acuda a la instancia judicial correspondiente, sin fundamentar ni motivar las razones por las que se asumió la decisión de cambiar la titularidad de los inmuebles a nombre de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, no habiendo realizado un correcto análisis al resolver los agravios de su impugnación; incurriendo además en la omisión de valorar la prueba que justifica su pretensión, relativa al documento privado de 13 de julio de 2022, con reconocimiento de firmas, tampoco señaló concretamente las pruebas en que funda su decisión; viéndose impedida de poder registrar su derecho propietario. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2024 de 8 de febrero, cursante de fs. 2318 a 2323, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0865/2026-S3 Sucre, 22 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 61808-2024-124-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26/2024 de 8 de febrero, cursante de fs. 2318 a 2323, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Cristina Guzmán Azeñas en representación de Bertha Rina Suarez Parada contra Regys Medina Paz, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Montero del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 11 y 19 de enero de 2024, cursantes de fs. 121 a 144 y 148 a 161 vta., la accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Mediante documento privado de compra venta de bien inmueble de 13 de julio de 2022, con reconocimiento de firmas ante Notario de Fe Pública, adquirió de Yekaterine Balcázar Suárez, veintisiete (27) lotes de terreno ubicados en la Urbanización “Unión Paraíso”, zona noreste, distrito 8 del municipio de Montero, los cuales se encontraban registrados en Derechos Reales (DD.RR.) bajo matrículas individualizadas, con folios reales actualizados, libres de gravamen e hipoteca y con impuestos pagados; señaló que la vendedora acreditó su derecho propietario, el cual provenía del predio rústico denominado “La Unión y el Paraíso”. Con anterioridad a la venta efectuada a su favor, la propietaria realizó múltiples actos de disposición sobre el predio original, consistentes en subinscripción de dominio, ventas parciales a terceros, divisiones y particiones debidamente registradas en DD.RR., así como una cesión gratuita del 40% de la superficie al propio GAM de Montero para calles, avenidas, áreas verdes y equipamiento, quedando una superficie restante de 33 396,17 m²; por lo que, el fundo rústico originalmente descrito ya no existía en su configuración primigenia. En ese contexto, al momento de intentar registrar el cambio de nombre de los 27 lotes ante el GAM de Montero, se le informó que dichos inmuebles se encontraban registrados a nombre de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, en base a una supuesta minuta de transferencia de 11 de mayo de 1999, presentada únicamente en fotocopia simple, la cual hacía referencia a un fundo rústico de 186.9216 ha, inscrito bajo la partida computarizada 010370030, sin considerar que dicha superficie ya no existía, ni que el inmueble había sido objeto de múltiples transferencias y subdivisiones; dicho cambio de nombre fue realizado por el municipio sin exigir documento original protocolizado, sin verificar la correspondencia entre la partida mencionada y las matrículas individualizadas de los 27 lotes, sin exigir folio real actualizado, sin requerir aclaratoria entre vendedor y comprador, sin orden judicial y sin exigir el pago correcto del impuesto municipal a la transferencia con sus multas correspondientes, aceptando el registro en base a una simple fotocopia, afectando derechos de la accionante y de terceros. Ante tal situación, inició proceso administrativo solicitando la anulación del cambio de nombre y la emisión de plano de uso de suelo y certificado catastral a su favor e interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa (RA) 0378/2022 de 9 de diciembre, el cual fue rechazado mediante RA 05/2023 de 17 de enero; posteriormente interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por la RA 165/2023 de 9 de junio de 2023, confirmando totalmente la resolución anterior y señalando que la controversia debía ser dilucidada en la vía judicial, actuación que la accionante sostuvo vulneró sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la propiedad privada, reconocidos en la Constitución Política del Estado. En ese contexto, en cuanto al debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, denunció que la autoridad administrativa no analizó ni valoró adecuadamente la prueba aportada dentro del proceso administrativo, particularmente el documento privado de compra venta de 13 de julio de 2022, con reconocimiento de firmas ante Notaría de Fe Pública 97, mediante el cual Yekaterine Balcázar Suárez, transfirió a su favor veintisiete (27) lotes de terreno ubicados en la Urbanización “Unión Paraíso”, registrados en DD.RR. bajo matrículas individualizadas del 7.10.1.01.0026030 al 7.10.1.01.0026056, con folios reales actualizados, libres de gravámenes e impuestos pagados. Asimismo, sostuvo que no se valoró el folio real de la matrícula 7.10.1.01.0012013, ni la minuta aclarativa de 11 de agosto de 2008, registrada como subinscripción de dominio, así como el informe emitido por DD.RR. que acreditaba múltiples ventas parciales, divisiones, particiones y la cesión gratuita del 40% del terreno al propio GAM de Montero, mediante Instrumento Público 585/2014, quedando una superficie restante de 33 396,17 m² del predio rústico original denominado “La Unión y el Paraíso”. En ese entendido, afirmó que la autoridad administrativa omitió valorar que la supuesta minuta de transferencia de 11 de mayo de 1999, presentada en fotocopia simple, la cual hacía referencia a un fundo rústico de 186.9216 ha, inscrito bajo la partida computarizada 010370030, actualmente migrada a la matrícula 7.10.1.01.0012013, inmueble que dejó de existir en su configuración original debido a sucesivos actos de disposición registrados en DD.RR., pese a ello, el GAM de Montero dio curso al cambio de nombre a favor de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, afectando veintisiete matrículas distintas y sin exigir aclarativa contractual ni verificar correspondencia de superficies, dimensiones y objeto jurídico. Se denunció igualmente que no se exigió el pago correcto del impuesto municipal a la transferencia ni multas por el tiempo transcurrido desde 1999, aceptándose un pago sobre una base imponible de Bs80 000.- (ochenta mil bolivianos) y un monto de Bs64 800.- (sesenta y cuatro mil ochocientos bolivianos), sin observar que el valor real de los veintisiete inmuebles era sustancialmente mayor, vulnerándose el Decreto Supremo (DS) 24054 de 9 de junio de 1995. En relación con el principio de pertinencia y congruencia, sostuvo que la resolución impugnada no resolvió de manera exhaustiva los agravios planteados en el recurso jerárquico, limitándose a señalar que la autoridad administrativa no tiene competencia para dirimir derecho propietario y sugiriendo acudir a la vía judicial, sin pronunciarse sobre la aceptación de una fotocopia simple como sustento del cambio de titularidad, ni sobre la inexistencia actual del objeto descrito en la minuta de 1999, tal omisión constituye incongruencia omisiva, al no existir correspondencia entre lo solicitado y lo resuelto. Respecto a la fundamentación y motivación, afirmó que la resolución se limitó a transcribir normas constitucionales, del Código Tributario, Código Civil, Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento, sin realizar una valoración individualizada de las pruebas ni establecer el nexo de causalidad entre los hechos acreditados, la norma aplicable y la decisión adoptada, no se describieron los medios probatorios aportados, ni se les asignó valor probatorio específico, incumpliéndose los estándares jurisprudenciales sobre debida motivación como elemento esencial del debido proceso. Asimismo, acusó vulneración del principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al privilegiarse formalidades administrativas por encima de la realidad histórica registral acreditada en DD.RR., donde consta que el fundo rústico original fue objeto de múltiples ventas parciales, divisiones y cesiones, incluida la cesión al propio municipio; en cuanto al principio de legalidad, sostuvo que la autoridad administrativa infringió la Ley de Procedimiento Administrativo y el DS 27113, particularmente en lo relativo a competencia, objeto lícito del acto administrativo, motivación, elementos esenciales y nulidad de actos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, alegó que el acto administrativo carece de objeto válido al haberse autorizado un cambio de titularidad respecto de inmuebles urbanizados con matrículas individualizadas, sobre la base de una minuta que hacía referencia a un predio rústico cuya superficie ya no existe en los términos originales. Se denunció igualmente la vulneración del derecho a la propiedad consagrado en el art. 56 de la CPE, al impedirse el registro de su derecho propietario adquirido legítimamente mediante contrato válido, con documentación saneada, afectando su facultad de usar, gozar y disponer de los bienes; finalmente, el nexo de causalidad se configuró cuando la RA 165/2023, confirmó el cambio de titularidad efectuado por el GAM de Montero a favor de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, con base en un documento inconsistente y sin cumplimiento de requisitos legales, impidiendo a la accionante registrar sus derechos propietarios y ejercer plenamente su derecho de propiedad, la omisión de valoración probatoria, la incongruencia, la falta de motivación, la vulneración del principio de legalidad y la negativa a resolver el fondo del conflicto generaron indefensión y lesionaron directamente los derechos al debido proceso, defensa y propiedad, configurándose relevancia constitucional suficiente para la tutela solicitada.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba; a propiedad, a la defensa y al principio de verdad material, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y legalidad; citando al efecto los arts. 56 y 115.II, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución Administrativa 165/2023 de 9 de junio, emitida por Regys Medina Paz, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Montero; ordenando que, se dicte nueva resolución administrativa en un plazo prudencial, que cumpla con los estándares del debido proceso.
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de febrero de 2024, según consta en acta cursante a fs. 2302 a 2318, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) El GAM de Montero debió proceder al registro de cambio de nombre, emisión de certificados y planos catastrales a su favor respecto a los veintisiete (27) inmuebles adquiridos mediante compra venta, el 13 de julio de 2022 de Yekaterine Balcázar Suárez, ubicados en la urbanización “Unión Paraíso” de la ciudad de Montero; b) Pese a haberse realizado la anotación preventiva en DD.RR. e ingresado el trámite de cambio de nombre ante el Municipio, éste fue rechazado bajo el argumento de que los inmuebles figuraban a nombre de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, constituyendo esa situación la problemática central; c) La vulneración de los derechos al debido proceso, defensa, propiedad, legalidad, verdad material y a una decisión debidamente fundamentada y motivada, los cuales se centran en los siguientes agravios: 1) Primer agravio, la falta de valoración razonable de la prueba, pues la autoridad municipal habría omitido compulsar documentación relevante, entre ella la Escritura Pública 585/2014, por la cual el propio Jorge Edgar Balcázar Vásquez, como apoderado de Yekaterine Balcázar Suárez, transfirió al municipio amplias superficies destinadas a áreas públicas, así como múltiples transferencias parciales anteriores realizadas por la propietaria, lo que evidenciaría que la superficie original fue reducida progresivamente, quedando un saldo menor, y que el cambio de nombre cuestionado se basó en una minuta referida a un fundo rústico con partida computarizada que ya no existía, sin considerar las matrículas individuales de los 27 lotes urbanizados; 2) Segundo agravio, denunció la violación del debido proceso administrativo y de los principios de pertinencia y congruencia, al haberse dado curso al cambio de nombre con base en una fotocopia simple de minuta, con datos registrales desactualizados, sin superficie suficiente y respecto de un inmueble que habría dejado de existir en su configuración original, limitándose la autoridad a derivar a la vía judicial, pese a su competencia para revisar y anular actos administrativos irregulares; 3) Tercer agravio, acusó falta de fundamentación y motivación de la RA 165/2023, al no exponer con claridad hechos, valoración probatoria ni nexo entre hechos, normas y decisión, ni justificar el cambio de titularidad sobre un bien que habría mutado de rústico a urbano, añadió la vulneración de la verdad material y prevalencia del derecho sustancial, pues el municipio desconoció transferencias previas incluso en su favor, así como el principio de legalidad y normas del procedimiento administrativo relativas a competencia, motivación y elementos esenciales del acto administrativo; y, 4) Finalmente, sostuvo la afectación directa y permanente al derecho de propiedad de la accionante, al impedirle ejercer las facultades sobre los bienes adquiridos; d) Reforzó que el acto municipal implicaba una transgresión de derechos consolidados no sólo de la accionante y de la anterior propietaria, sino también del propio municipio, cuestionando que el trámite de inscripción urbana y generación de nuevas partidas hubiera sido gestionado por quien luego resultó beneficiado, y que los terceros interesados pretendieran ampararse en una minuta en simple fotocopia, invocando derechos expectaticios no consolidados; e) Observó además presuntas irregularidades en el pago de impuestos y multas por la transferencia tardía, señalando que el municipio habría omitido exigirlos, afectando su propio patrimonio, argumentando que no correspondía exigir subsidiariedad, por tratarse de una persona adulta mayor -sujeto de protección reforzada- y porque el acto municipal constituiría una vía de hecho al duplicar otorgaciones sobre derechos ya consolidados, generando una situación que impedía el uso, goce y disposición de la propiedad; y, f) Reiteró la solicitud de la nulidad total del trámite administrativo y no sólo la emisión de una nueva resolución, afirmando que correspondía al propio órgano administrativo revisar y anular el acto irregular, sin trasladar a su persona la carga de litigar en la vía ordinaria para defender un derecho que consideraba previamente consolidado.
Regys Medina Paz, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, a través de su representante, por informe escrito cursante de fs. 429 a 436, refirió que: i) La acción de amparo constitucional no constituye una instancia revisora de la legalidad ordinaria ni una etapa adicional de los procesos administrativos o judiciales, invocando la doctrina de autolimitación de la jurisdicción constitucional, conforme a jurisprudencia constitucional, según la cual el Tribunal Constitucional sólo puede revisar la interpretación de la legalidad ordinaria cuando se evidencie una lesión manifiesta de derechos fundamentales derivada de una interpretación arbitraria, ilógica, incongruente o carente de motivación suficiente; ii) La accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional para habilitar el control de constitucionalidad sobre la interpretación legal realizada por la administración, por cuanto se limitó a discrepar con el resultado de las resoluciones administrativas, sin demostrar de manera concreta y razonada la existencia de error evidente, arbitrariedad, omisión de reglas de interpretación ni el nexo causal entre la supuesta interpretación defectuosa y la lesión de derechos fundamentales; iii) Respecto a la valoración probatoria, señaló que esta constituye una atribución privativa de las autoridades que ejercen competencia en el caso concreto, siendo revisable en sede constitucional únicamente cuando se acredite: a) negativa a recibir medios probatorios ofrecidos, b) falta de compulsa de prueba incorporada; y, c) apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; extremos que no concurrieron, pues la documentación fue considerada dentro del marco de las competencias administrativas y la controversia giraba en torno a la validez sustantiva de títulos, aspecto que debía ser resuelto en sede jurisdiccional ordinaria; iv) En cuanto a la alegada falta de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones administrativas, sostuvo que las decisiones emitidas expusieron los antecedentes fácticos, la normativa aplicable, la competencia de la entidad municipal y la razón jurídica por la cual no era posible anular registros o modificar titularidades cuando existía controversia dominial y procesos judiciales pendientes, afirmando que ello demostraba la existencia de motivación suficiente y coherencia interna en los actos administrativos impugnados; v) Se afirmó que la invocación de principios como verdad material, prevalencia del derecho sustancial y legalidad no podía traducirse en la obligación de la administración de resolver una disputa sobre validez de títulos de propiedad, al tratarse de una materia reservada a la jurisdicción ordinaria civil y al sistema de DD.RR.; por lo que, la actuación municipal se habría limitado a respetar los límites de su competencia; vi) En relación con el derecho de propiedad, la autoridad indicó que la administración municipal no desconoció ni suprimió derecho propietario alguno, sino que se abstuvo de modificar registros catastrales ante la existencia de títulos y transferencias controvertidas, sosteniendo que el pago de impuestos municipales o la tramitación catastral no consolidan por sí mismos derecho propietario, el cual debe definirse en sede judicial; y, vii) En virtud de todo lo expuesto, la autoridad concluyó que las resoluciones administrativas impugnadas fueron emitidas por autoridad competente, dentro del marco de la legalidad, con motivación suficiente y respetando el debido proceso administrativo, no configurándose lesión de derechos fundamentales; por lo que, correspondía denegar la tutela solicitada. Asimismo, a través de su Asesor Jurídico, el GAM de Montero, en audiencia, ratificó la legalidad de la RA 165/2023, fundamentando su posición en los siguientes argumentos: 1) Señaló como elemento central la existencia de dos minutas de transferencia de 1999: una de 30 de abril, donde Jorge Edgar Balcázar Vásquez, figuraba como vendedor y Yekaterine Balcázar Suárez como compradora, y otra de 11 de mayo del mismo año, donde esta última figuraba como vendedora y el primero como comprador, siendo esta segunda la base del trámite de cambio de nombre iniciado el 22 de febrero de 2022 ante el municipio, a solicitud de Nelva Balcázar, respecto de 27 lotes, tramitados en carpetas individuales, concluidos el 11 de marzo de 2022; 2) Afirmó que durante dicho trámite no existió oposición, apersonamiento ni recurso alguno por parte de Yekaterine Balcázar Suárez, quien era la persona con legitimación para objetar, y que la hoy accionante adquirió los lotes con posterioridad, mediante minuta de 23 de julio de 2022, cuando el trámite municipal ya estaba concluido; 3) Indicó que, posteriormente la impetrante de tutela, solicitó administrativamente la nulidad de los cambios de nombre, petición que fue respondida mediante informe técnico que la remitía a la vía judicial, frente al cual interpuso recursos de revocatoria y jerárquico que fueron desestimados, dictándose finalmente la RA 165/2023, que confirmó las decisiones previas, destacando que el informe técnico impugnado no constituía propiamente una resolución administrativa recurrible, añadió que, pese a ello, el municipio dispuso el bloqueo administrativo de las partidas para resguardar derechos de terceros; y, 4) Sostuvo que los trámites de cambio de nombre cumplieron requisitos formales, incluyendo documentación de transferencia cuya existencia física fue certificada por notaría, pagos de impuestos municipales, planos, certificados catastrales e informes técnicos, negando omisiones tributarias, señaló además la existencia de un proceso ordinario civil en curso en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Montero del departamento de Santa Cruz, relativo al registro de transferencia a favor de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, ampliado con pretensiones de nulidad y cancelación de registros contra Yekaterine Balcázar Suárez y Bertha Rina Suárez Parada -accionante-, así como otras actuaciones judiciales y una contenciosa administrativa promovidas por la accionante, argumentando que ello activaba la causal de improcedencia del amparo por subsidiariedad, al existir vías idóneas para dilucidar la controversia sobre titularidad y validez de transferencias; finalmente, alegó la falta de citación de terceros interesados -herederos de Jorge Balcázar- en la acción de amparo constitucional, pese a su apersonamiento previo en sede administrativa, y solicitó se declare la improcedencia de la acción o, en su defecto, se deniegue la tutela por no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales y tratarse de una controversia que debía resolverse en la jurisdicción ordinaria.
Gaby Roxana Rivero Vda. de Balcazar en su calidad de heredera de Jorge Edgar Balcazar Vásquez, por memorial cursante de fs. 457 a 468 vta., señaló que: i) No se cumplió con el principio de subsidiariedad; toda vez que, la accionante promovió paralelamente procesos en la jurisdicción ordinaria, entre ellos una demanda civil ordinaria vinculada a la inscripción de transferencia y nulidad de contratos, así como un proceso contencioso administrativo contra el GAM de Montero, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70461010, radicado en la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, proceso ingresado el 21 de septiembre de 2023, existiendo identidad de sujeto, objeto y causa, lo que impedía la intervención de la jurisdicción constitucional por riesgo de duplicidad de decisiones y posible contradicción de fallos; ii) Invocó jurisprudencia constitucional que estableció que, si bien la acción de amparo constitucional no exige necesariamente agotar la vía contencioso administrativa, la activación simultánea de la jurisdicción ordinaria y constitucional vulnera el principio de subsidiariedad, pues la accionante optó por la vía judicial ordinaria para la tutela de sus derechos, no siendo admisible un doble pronunciamiento sobre la misma controversia; iii) No existió vulneración de derechos fundamentales, precisando que los agravios expuestos por la peticionante de tutela se centraron en cuestionamientos a la valoración de la prueba, motivación, fundamentación, congruencia, verdad material, legalidad y derecho de propiedad, aspectos que fueron desarrollados y resueltos dentro del marco de las competencias administrativas; iv) Respecto a la doctrina de autolimitación de la jurisdicción constitucional, señaló que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede constituirse en instancia revisora de la legalidad ordinaria ni de la valoración probatoria, salvo que se demuestre arbitrariedad manifiesta, error evidente, omisión de compulsa de prueba o ausencia total de motivación, extremos que no fueron acreditados por la accionante; v) La impetrante de tutela no cumplió con la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional para habilitar el control constitucional sobre interpretación legal y valoración probatoria, limitándose a expresar disconformidad con las decisiones administrativas sin demostrar de forma concreta la arbitrariedad ni el nexo entre la supuesta deficiencia interpretativa y la lesión de derechos fundamentales; vi) Respecto a la motivación y fundamentación, sostuvo que la RA 165/2023 expuso antecedentes, competencia, normativa aplicable y razones jurídicas que justificaban la decisión, recordando que la motivación no requiere extensión ampulosa, sino claridad, coherencia y correspondencia entre hechos, fundamentos y parte dispositiva; vii) Sobre el principio de congruencia, argumentó que las decisiones administrativas guardaron correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, sin contradicciones internas ni apartamiento del objeto del procedimiento, cumpliéndose tanto la congruencia externa como interna; viii) En relación al derecho de propiedad, afirmó que la administración municipal no desconoció titularidad alguna, sino que se abstuvo de modificar registros o anular actos ante la existencia de controversia dominial y procesos judiciales pendientes, materia reservada a la jurisdicción ordinaria, no consolidándose el derecho propietario por actuaciones tributarias o catastrales; y, ix) Concluyó que la Resolución Administrativa impugnada, fue emitida por autoridad competente, con motivación suficiente, respeto al debido proceso administrativo, valoración razonable de la prueba y sujeción a los principios de legalidad, pertinencia y congruencia, no configurándose lesión de derechos fundamentales; por lo que, correspondía denegar la tutela solicitada. Jeannine Balcázar Suarez, por intermedio de su abogado, en audiencia señaló que se adhiere a lo manifestado por la accionante, solicitando la nulidad de la RA 165/2023, al considerar que el GAM de Montero, realizó cambios arbitrarios en 27 matrículas computarizadas que no están insertas en la minuta que fue arrimada; puesto que, la venta que supuestamente hubiese realizado Yekaterine Balcázar Suarez a Jorge Edgar Balcázar Vásquez en 1999, solamente hace referencia a una matrícula y una partida computarizada que es la 0103370030; empero, la entidad municipal sin ninguna norma que lo ampare y sin competencia, realizó el cambio de nombre denunciado, debiendo tener en cuenta que el proceso contencioso administrativo al que se hace referencia fue retirado y se optó por acudir a la acción de amparo constitucional. En relación al trámite de urbanización y registro de las 27 matrículas, la tercera interesada precisó que dicho procedimiento se encontraba respaldado por la Ordenanza Municipal 008/2014, que autorizaba el cambio de fundo rústico a urbano en el área denominada “Urbanización Unión Paraíso”, y que el trámite de cambio fue realizado por Nelva María Balcázar Rivero, apoderada de Jorge Edgar Balcázar Vázquez, acreditando su calidad de heredera y conforme a los actos administrativos de registro existentes. Nelva María Balcázar Rivero, mediante memorial cursante de fs. 2283 a 2297 vta., indicó lo siguiente; a) En su condición de hija y heredera de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, sostuvo que los actos de disposición realizados entre los años 1999 y 2014 sobre el fundo rústico denominado “La Unión y Paraíso” fueron efectuados por su padre en calidad de comprador conforme a minuta de compra venta de 11 de mayo de 1999, con reconocimiento notarial de firmas, documento que nunca fue invalidado y que además habría sido complementado por un poder notarial que lo facultaba a realizar trámites administrativos y actos de disposición; señaló también que la vendedora Yekaterine Balcázar Suárez residía en el exterior desde 2002, no habría intervenido en actos posteriores ni percibido pagos por ventas parciales, sosteniendo que quien ejerció actos de dominio fue su progenitor, quien tuvo la condición de verdadero propietario; b) Tras el fallecimiento de su padre, los herederos iniciaron gestiones para perfeccionar el derecho propietario derivado de la minuta de 1999, obteniendo certificación notarial que acreditaba la existencia del reconocimiento de firmas en el archivo notarial, con base en lo cual tramitaron ante el GAM de Montero el registro de transferencia, el pago del impuesto municipal a la transferencia y la emisión de planos de uso de suelo y certificados catastrales, trámites que concluyeron sin observaciones en marzo de 2022, al haberse cumplido todos los requisitos exigidos por el municipio; c) Sobre esa base, sostuvo que la acción de amparo constitucional resultaba improcedente por subsidiariedad, debido a la existencia de un proceso judicial ordinario en curso con identidad de sujetos, objeto y causa, así como otros procesos paralelos promovidos por la accionante, entre ellos un proceso de “orden judicial” y un proceso contencioso administrativo contra el municipio solicitando la nulidad de la RA 165/2023 y la anulación del cambio de nombre a favor de su padre, del cual manifestó no haber sido notificada como tercera interesada; d) En cuanto al fondo, no existió vulneración de derechos y garantías constitucionales alegadas por la accionante, afirmando que los cuestionamientos formulados se referían en realidad a la valoración probatoria y a la interpretación de la legalidad administrativa, materias que son propias de la jurisdicción ordinaria y no susceptibles de revisión mediante acción amparo constitucional, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta que, a su criterio, no fueron demostrados; asimismo, la accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para evidenciar una lesión concreta derivada de una interpretación irrazonable o carente de fundamentación, limitándose a expresar discrepancia con lo decidido; y, e) La RA 165/2023 fue debidamente fundamentada y motivada, cumpliendo los elementos del debido proceso en cuanto a valoración razonable de la prueba, pertinencia, congruencia, motivación, verdad material y legalidad; por lo que, el hecho de que la decisión no resultara favorable a la accionante no implicaba lesión de derecho alguno; en consecuencia, señaló que la controversia constituía un conflicto complejo de titularidad dominial, con doble cadena de transferencias y la existencia de diversos procesos judiciales y administrativos paralelos, cuya resolución correspondía a la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, solicitando en mérito a ello que la acción de amparo constitucional sea denegada. Claudia Cristina Balcázar Salces, por intermedio de su abogado, en audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, señaló lo siguiente: 1) Se ratificó íntegramente en los argumentos expuestos e informados por el representante del GAM de Montero y por Gaby Roxana Rivero Vda. de Balcázar; y, 2) Afirmó que el verdadero propietario del inmueble siempre fue Jorge Edgar Balcázar Vásquez y no Yekaterine Balcazar Suárez, quien únicamente figuraba como titular en virtud de un contrato simulado destinado a evitar determinadas situaciones personales de aquel; razón por la cual, otorgó un poder amplio y suficiente, con facultades de disposición, a favor de su padre Jorge Edgar Balcázar Suárez, lo que permitió que su hija Nelva Balcázar Rivero procediera a la inscripción del derecho propietario con posterioridad a su fallecimiento.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 26/2024 de 8 de febrero, cursante de fs. 2318 a 2323, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la RA 165/2023, disponiendo se dicte nueva resolución debidamente fundamentado, motivado y congruente en el plazo máximo de tres días, conforme los argumento expuestos en audiencia; decisión que se basó en los siguientes fundamentos: i) La autoridad administrativa, en la RA 05/2023, afirmó que los impuestos sobre la transferencia habían sido cancelados y que no era competente para dirimir derechos entre particulares, recomendando acudir a un proceso judicial para la verificación de la validez de los actos de disposición de la propiedad, evidenciando así la limitación de sus competencias legales y administrativas; ii) La RA 165/2023 -impugnada-no contiene un análisis fundamentado, congruente y motivado de todos los argumentos presentados por la parte accionante, incluyendo aspectos relevantes sobre la validez de la minuta de 11 de mayo de 1999, el cambio de nombre de las 27 matrículas y la conversión de fundo rústico a urbano, dejando sin respuesta las observaciones de la recurrente; iii) La falta de fundamentación suficiente, congruencia y motivación en la resolución impugnada configura una vulneración del derecho al debido proceso de la impetrante de tutela, en su vertiente de fundamentación y congruencia, conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado; y, iv) En su calidad de Tribunal de garantías, y como instancia de puro derecho, tiene la obligación de tutelar los derechos fundamentales vulnerados y de establecer lineamientos claros a la autoridad demanda sobre la manera en que debe resolver el caso, garantizando que las resoluciones administrativas sean emitidas con la debida fundamentación, motivación y congruencia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergentes de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa; y, Finalmente, por decreto constitucional de 3 de marzo de 2026, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 2337); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 18 de mayo de 2026 (fs. 2394); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene la RA 0378/2022 de 9 de diciembre, pronunciada por la Autoridad Tributaria Municipal del GAM de Montero, dentro del proceso administrativo de nulidad de cambio de nombre solicitado por Bertha Rina Suárez Parada; desestimando la presentación del recurso de revocatoria formulado por la ahora accionante, contra el CITE:GAMM-DMR-NSR 40/2022 de 4 de octubre, en razón a que se trata de un informe técnico; asimismo con fines de saneamiento, dispuso que en el trámite administrativo de cambio de nombre, los veintisiete registros sean bloqueados, solo para trámites administrativos y no así para el pago de impuestos, hasta que se emita una resolución judicial en la cual se determine la titularidad del registro (fs. 93 a 96). II.2. Mediante la RA 05/2023 de 17 de enero, la Autoridad Tributaria Municipal del GAM de Montero, ante el recurso de revocatoria interpuesto por Bertha Rina Suárez Parada contra la RA 0378/2022; resolviendo confirmar el fallo impugnado, manteniendo firme y subsistente el mismo, rechazó el recurso de revocatoria, corrigiendo la mencionada Resolución Administrativa en las partes donde se consignó que fuesen veintisiete lotes de terreno; toda vez que, lo correcto es noventa y cuatro lotes ubicados en veintisiete manzanos (fs. 97 a 102). II.3. Cursa memorial presentado el 31 de enero de 2023, por la accionante, en la que formuló recurso jerárquico contra la RA 05/2023 (fs. 229 a 239). II.4. Por la RA 165/2023 de 9 de junio, el Alcalde del GAM de Montero, resolviendo el recurso jerárquico interpuesto por la impetrante de tutela, confirmó totalmente la RA 05/2023 de 17 de enero (fs. 103 a 117).
La accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba, pertinencia; a la propiedad, a la defensa y al principio de verdad material, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y legalidad; toda vez que, dentro el proceso administrativo de nulidad de cambio de nombre, la autoridad demandada, pronunció la RA 165/2023, sin solucionar el conflicto de fondo, limitándose a sugerir que se acuda a la instancia judicial correspondiente, sin fundamentar ni motivar las razones por las que se asumió la decisión de cambiar la titularidad de los inmuebles a nombre de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, no habiendo realizado un correcto análisis al resolver los agravios de su impugnación; incurriendo además en la omisión de valorar la prueba que justifica su pretensión, relativa al documento privado de 13 de julio de 2022, con reconocimiento de firmas, tampoco señaló concretamente las pruebas en que funda su decisión; viéndose impedida de poder registrar su derecho propietario. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo.
La SCP 0577/2013 de 21 de mayo de 2013, respecto a los límites que se autoimpone el Tribunal Constitucional Plurinacional en el análisis de los casos puestos a su conocimiento a través de la acción de amparo constitucional, señaló que: “La jurisprudencia constitucional, además de establecer los límites para la procedencia de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, adoptó para sí -en la justicia constitucional- la teoría del self-restraint, desarrollada en la doctrina, con el objeto de delimitar los ámbitos entre ésta y la jurisdicción ordinaria. Esta teoría del selft-restraint, de autolimitación con un amplio respaldo en la República Federal de Alemania, dio sus primeros frutos en materia de justicia constitucional ‘Más allá de los límites que el Tribunal (Constitucional) tiene como cualquier órgano de poder, resulta muy importante que sepa autolimitarse, es decir, el self-restraint, que el activismo judicial no sea desbordado, que aplique con prudencia las técnicas de la interpretación constitucional, que jamás pretenda usurpar funciones que la Constitución atribuye a otros órganos, que siempre tenga presente que está interpretando la Constitución, no creando una filosofía o moral constitucionales’”. En ese marco, se puede precisar que una de esas autolimitaciones que se impuso en la justicia constitucional es precisamente que no puede considerarse a esta jurisdicción como una instancia o etapa adicional de los procesos ya sean judiciales o administrativos; es así que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado que esta jurisdicción, dada su naturaleza y fines, se encuentra impedida de revisar o sustituir por otra la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los juzgadores y tribunales de las otras jurisdicciones, esto en virtud a que el art. 179.III de la CPE establece que: “La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”; por lo que, se la concibe como una instancia independiente del órgano judicial, razón por la que el Título III, Capítulo Primero de la Norma Suprema, regula al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, existiendo en dicho precepto una clara distinción entre ambas entidades de la estructura jurídica boliviana. En este entendido y toda vez que el art. 178.I de a CPE establece que “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica…”, que la labor interpretativa según su jurisdicción y competencia que la Norma Suprema reconoce a las otras jurisdicciones entre ellas la de los jueces y tribunales ordinarios, es exclusiva de éstos y no de la jurisdicción constitucional que conforme ya se refirió está concebida como una jurisdicción especializada, que tiene como objetivos el ejercer el control de constitucionalidad en los diferentes ámbitos normativo, tutelar y competencial, así como de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Ahora, si bien la interpretación legal que ejercen los jueces y tribunales de las otras jurisdicciones es independiente y de atribución exclusiva de éstos; por lo que, no puede ser perturbada con la utilización de acciones constitucionales, también se debe tener en cuenta que ninguna jurisdicción está exenta del control que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual puede ingresar a revisar la interpretación realizada por los juzgadores solo cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, fruto de una interpretación arbitraria, carente de fundamentación suficiente o con error evidente, para lo cual resulta importante la existencia de una carga argumentativa que acredite los presupuestos para que esta jurisdicción pueda ingresar en el análisis de fondo del acto lesivo denunciado.
En ese sentido, la SC 0085/2006-R de 25 de enero, respecto a la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria ha establecido que: “…si bien la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a las autoridades judiciales y administrativas; compete a la jurisdicción constitucional, en los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, el estudio, dentro de las acciones de tutela, de la decisión impugnada, a los efectos de comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional -razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución- o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales”. En ese orden, la citada Sentencia Constitucional, refirió además que: “…atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. Es importante resaltar que quien interpone la acción de amparo constitucional no debe limitarse realizar una relación o descripción de antecedentes de la causa o simplemente efectuar un análisis crítico de la interpretación realizada, sin establecer los derechos y la forma en que dicha interpretación vulneró los mismos, sino que debe explicar por qué considera que la interpretación es arbitraria y no es razonable, en tal entendido la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció que: “…para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional”. En este marco, se tiene claramente establecido que la interpretación de la legalidad ordinaria es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, no siendo posible a esta jurisdicción constitucional, irrumpir en esa labor como si la acción de amparo constitucional se tratase de un recurso de revisión o una etapa de casación; pues será posible sólo cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y exista evidente afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional; es así que la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, señaló que: “…cabe recordar que el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas”. Por otra parte, en cuanto a la valoración de la prueba efectuada por la autoridad ordinaria, la SC 1926/2010-R de 25 de octubre, estableció que: “…la valoración de la prueba resulta ser una atribución exclusiva de los jueces que ejercen jurisdicción y competencia en cada caso concreto, en ese sentido, debe señalarse que en relación a los roles propios de la función ejercida por los jueces y tribunales, el control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: i) No recepción de los medios probatorios ofrecidos; ii) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, b) Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad. Entonces, siguiendo el razonamiento plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R, entre otras, se tiene que solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los derechos fundamentales afectados; en ese contexto, debe determinarse que el análisis de una valoración probatoria por parte del órgano contralor de constitucionalidad sin cumplir las subreglas desarrolladas supra, generaría una disfunción tal que convertiría a este Tribunal en una instancia casacional o de revisión ordinaria, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional. En este contexto, a la luz de un debido proceso, en el marco de los roles del control de constitucionalidad y de acuerdo a la problemática concreta, se establece que solamente ante la celosa observancia de las subreglas anotadas precedentemente, se abriría la competencia del órgano contralor de constitucionalidad...” (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia extraída de la SCP 0823/2023-S4 de 28 de agosto.
Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde pronunciarse respecto a la observación formulada por la autoridad demandada y las terceras interesadas relativa al incumplimiento del principio de subsidiariedad, quienes sostuvieron que la ahora accionante habría activado paralelamente la vía contencioso administrativa contra la RA 165/2023, cuya nulidad también pretende mediante la presente acción tutelar. Al respecto, conforme al informe presentado por la Secretaria de Cámara de la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante a fs. 2381, se evidencia que si bien la accionante presentó demanda contencioso administrativa contra la referida RA 165/2023, la misma fue observada; sin embargo, no fue subsanada dentro del plazo otorgado y, en consecuencia, mediante Auto Definitivo 13 de 3 de junio de 2024, fue tenida por no presentada, determinación que posteriormente adquirió ejecutoria. Consecuentemente, al no existir una demanda contencioso administrativa en trámite o pendiente de resolución respecto de la RA 165/2023, no resulta evidente la existencia de una vía paralela activa que impida el conocimiento de la presente acción de amparo constitucional, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En tal entendido, de la revisión y análisis del memorial de acción de amparo constitucional, se advierte que si bien la accionante denuncia la lesión de múltiples derechos y principios constitucionales, tales como el debido proceso en sus vertientes de valoración razonable de la prueba, pertinencia, fundamentación, motivación y congruencia, los principios de verdad material, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y legalidad, así como sus derechos a la defensa y a la propiedad; se evidencia que el núcleo central de su reclamo constitucional se encuentra vinculado a la presunta falta de fundamentación, motivación y congruencia de la RA 165/2023 de 9 de junio, por cuanto sostiene que la autoridad demandada no habría otorgado respuesta efectiva a los agravios expuestos en el recurso jerárquico, limitándose a señalar que la controversia debía ser resuelta en la vía judicial ordinaria. En consecuencia, corresponde analizar en primera instancia si la autoridad demandada, al emitir la RA 165/2023, cumplió o no con los estándares constitucionales de fundamentación, motivación y congruencia desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Consiguientemente, delimitada la problemática constitucional en los términos expuestos, corresponde verificar los agravios formulados por la accionante en el recurso jerárquico y contrastarlos con las respuestas otorgadas por la autoridad demandada en la RA 165/2023. De la revisión del recurso jerárquico presentado por la accionante, se advierte que la misma denunció esencialmente: a) La vulneración del debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, alegando que no fueron adecuadamente consideradas en la minuta de transferencia de 13 de julio de 2022, el folio real 7.10.1.01.0012013, la minuta aclarativa de ubicación y demás documentación destinada a demostrar la improcedencia del cambio de nombre efectuado por la administración municipal; b) La vulneración de los principios de pertinencia y congruencia, al considerar que los aspectos centrales de su reclamo no habrían sido resueltos de manera integral; c) La falta de fundamentación y motivación de las decisiones administrativas, por no haberse desarrollado una valoración individualizada de los elementos probatorios ni explicado las razones jurídicas que sustentaron la determinación asumida; d) La vulneración del principio de legalidad, al haberse admitido un cambio de titularidad presuntamente efectuado sin observancia de los requisitos previstos por la normativa administrativa aplicable; e) La lesión de su derecho de propiedad, al impedirse el registro de los bienes adquiridos mediante contrato de transferencia; y, f) La vulneración de su derecho a la defensa. Sobre dichos agravios, se advierte que la RA 165/2023 en su Considerando II cita y transcribe la normativa jurídica sobre las atribuciones del Alcalde, la presunción de legitimidad de los actos de la administración tributaria, atribuciones especificas en la Ley de Inscripción de DD.RR., y la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), así como la Ordenanza Municipal 08/2014 de 18 de marzo, que ratificó la urbanización “Unión Paraíso”, aprobada por plan regulador; base de su decisión que se constituye en el fundamento jurídico de su fallo; en función a dicho fundamento; evidenciándose que la autoridad demandada desarrolló un análisis individualizado de cada uno de ellos; así, respecto al primer agravio, la autoridad demandada sostuvo que la documentación aportada por la recurrente fue considerada por las instancias administrativas; sin embargo, concluyó que la controversia planteada se encontraba vinculada a la definición y validez de derechos propietarios contrapuestos, aspecto cuya resolución excedía el ámbito competencial del GAM de Montero y correspondía ser dilucidado por la jurisdicción competente. En relación con el segundo agravio, referido a la presunta vulneración de los principios de pertinencia y congruencia, la autoridad demandada examinó las certificaciones emitidas por la Notaría de Fe Pública y demás antecedentes invocados por la recurrente, concluyendo que los mismos no permitían establecer, dentro del ámbito de competencia administrativa, la invalidez o falsedad del documento de transferencia de 11 de mayo de 1999; razón por la cual, correspondía acudir a la instancia jurisdiccional competente para resolver dicha controversia. Respecto al tercer agravio, la autoridad demandada señaló que las actuaciones administrativas se encontraban sustentadas en los principios de legalidad, buena fe y presunción de legitimidad de los actos administrativos, explicando que las decisiones asumidas respondían a los límites competenciales propios de la administración pública y a la imposibilidad de definir controversias sobre titularidad dominial mediante procedimientos administrativos. Sobre el cuarto agravio, la autoridad demandada, señaló que el art. 27 de la LPA, establece que, se considera acto administrativo, a toda declaración, disposición o decisión de la administración pública de alcance general o particular, emitida en el ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la referida ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado, por lo que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo; concluyendo que en el presente caso, la resolución administrativa que resuelve el recurso de revocatoria, ha cumplido con todos los presupuestos establecidos en la normativa y dentro del marco de las competencias establecidas, debiendo tener en cuenta que, la legalidad o falsedad de algún documento deberá ser declarado por la instancia judicial correspondiente. Finalmente, respecto al quinto agravio vinculado al derecho de propiedad, la autoridad demandada concluyó que la controversia planteada no podía ser resuelta mediante actuaciones administrativas, por involucrar aspectos relativos a la definición, eficacia y oponibilidad de derechos propietarios cuya determinación correspondía a la jurisdicción ordinaria.
Ahora bien, resulta necesario señalar que, si bien de las respuestas contenidas en la RA 165/2023, no se advierte puntualmente, la consideración del agravio sexto del recurso jerárquico, dicha omisión no resulta trascendente en la resolución del referido fallo, por cuanto, dicho agravio hace referencia a la vulneración del derecho a la defensa, reclamo que solo contiene la transcripción de normativa que reconoce el derecho a la defensa; empero, con total ausencia de carga argumentativa que explique cómo se hubiese transgredido tal derecho con la resolución impugnada, razón por la que, la falta de pronunciamiento sobre dicho extremo, no resulta de vital importancia, pues no habrá de modificar el fondo de lo decidido. De la contrastación efectuada entre los agravios expuestos en el recurso jerárquico y las respuestas contenidas en la RA 165/2023, este Tribunal advierte que la autoridad demandada no omitió pronunciamiento respecto a los aspectos esenciales sometidos a su consideración; en efecto, la resolución impugnada otorgó respuesta a las denuncias vinculadas con la valoración de la prueba aportada por la recurrente, la supuesta invalidez de la minuta de 11 de mayo de 1999, la alegada vulneración de los principios de pertinencia, congruencia y legalidad, así como al reclamo relativo al derecho de propiedad; explicando en todos los casos que la controversia planteada involucraba cuestiones relativas a la validez de títulos, nulidad documental y definición de derechos propietarios contrapuestos, materias cuya resolución corresponde a la jurisdicción ordinaria. En ese contexto, el hecho de que la autoridad administrativa hubiera concluido que tales cuestiones debían ser dilucidadas en sede judicial no constituye, por sí mismo, una vulneración del debido proceso ni evidencia incongruencia omisiva; puesto que dicha determinación constituye una respuesta expresa, fundada y coherente con la problemática sometida a su conocimiento, sin que la jurisdicción constitucional pueda sustituir el criterio de la autoridad administrativa por el simple hecho de que la conclusión asumida resulte desfavorable a la recurrente. En consecuencia, resulta evidente que en el presente caso, conforme lo citado y expuesto, la autoridad demandada cumplió con el deber de emitir una resolución fundamentada, motivada y congruente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional; razón por la que, tampoco se evidencia que se hubiesen lesionado el debido proceso en sus vertientes de valoración razonable de la prueba, pertinencia, verdad material, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y legalidad, así como su derecho a la defensa y a la propiedad, que en su reclamo estaban vinculados a la supuesta falta de fundamentación y motivación de la resolución administrativa ahora cuestionada. Si bien el accionante en la argumentación desplegada en su acción de amparo constitucional, cita la motivación y fundamentación que contradictoriamente refirió no existía en la RA 165/2023, para luego, cuestionar dichas respuestas que no se hubiese valorado razonablemente la prueba o que se hubiese incurrido en errónea interpretación de la legalidad ordinaria por que no se hubiese tomado en cuenta la integralidad de las normas contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo; se debe precisar que, los argumentos expuestos por la hoy solicitante de tutela, al margen de ser reiterativos del recurso jerárquico, no precisan por qué la labor interpretativa impugnada resulta, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que hubiesen sido omitidas por las autoridades demandadas; incurriendo la accionante en el error de confundir la naturaleza extraordinaria de la presente acción de defensa, que no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios. Razón por la que, la jurisdicción constitucional no puede inmiscuirse en esa labor particular, puesto que, si la impetrante de tutela pretendía cuestionar la labor valoratoria de prueba o la interpretación de la legalidad normativa efectuada por la autoridad demandada, correspondía que cumplan con la carga argumentativa requerida en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que evidencien y expliquen cómo dichas respuestas, en su interpretación de la legalidad ordinaria o la valoración de la prueba hubiesen vulnerado sus derechos; aspecto que no se evidencia en el caso en análisis; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2024 de 8 de febrero, cursante de fs. 2318 a 2323, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0865_2026-S3.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): b992c6a195a11bf0234d8733810eb04dcea485d71af3a79e93c7fca8ebd29bf7
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