Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la defensa, a la igualdad, al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la aplicación objetiva de la ley, al juez natural y a la impugnación; alegando que, dentro del proceso ordinario de anulabilidad de contratos interpuesto contra los terceros interesados, pese a que, mediante Sentencia de 30 de mayo de 2018, el Juez de la causa declaró probada en parte la demanda principal e improbada con respecto al pago de daños y perjuicios, como también la reconvencional; en apelación, el Tribunal de alzada pronunció el Auto de Vista de 17 de mayo de 2021, ordenando la anulación de obrados sin reposición hasta fs. 12, inclusive, ordenando el archivo de obrados, salvando el derecho de acudir ante la autoridad competente familiar a objeto de determinarse el carácter de ganancialidad del bien motivo de la causa y con su resultado plantear la demanda de anulabilidad pertinente. Decisión que fue confirmada en casación por los Magistrados demandados, quienes dictaron el AS 874/2022 de 10 de noviembre, declarando infundados los recursos de casación que plantearon a su turno, sin la debida fundamentación, motivación ni congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 085/2023 de 29 de junio, cursante de fs. 986 a 991, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0863/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56212-2023-113-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 085/2023 de 29 de junio, cursante de fs. 986 a 991, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Alberto Cornejo Villarroel; y, Silvia Graciela Padilla Lowenthal y Javier Kiyoshi Chisaka Montán en representación legal de Michele May Cornejo contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 16 de marzo de 2023, cursantes de fs. 897 a 917 vta., la parte accionante, expresó que:
Michele May Cornejo instauró proceso ordinario de anulabilidad de contratos más daños y perjuicios contra Juan Rodríguez Torrico, María Elena Melendres de Rodríguez, Danilo Mauricio Núñez Rodríguez, Andrés y María Margoth Rodríguez Melendres -terceros interesados-, por las disposiciones y/o transferencias unilaterales emergentes de las cláusulas tercera y cuarta del documento privado de 29 de mayo de 2012, ante Notaría de Fe Pública 65, que contiene el contrato de 28 de ese mes y año; y, especialmente, las Escrituras Públicas 726/2013 y 727/2013, otorgadas el 12 de agosto de 2013 y 329/2014, otorgada 10 de marzo de 2014, todas ante Notaría de Fe Pública 65, concernientes a las transferencias unilaterales en perjuicio de la ganancialidad proveniente del vínculo matrimonial con Víctor Alberto Cornejo Villarroel, en relación a los inmuebles inscritos en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo matrículas computarizadas 3.01.1.02.0053363, 3.01.1.02.0053367 y 3.01.1.02.0053378. Habiendo respondido de forma negativa e interpuesto las excepciones de incompetencia, falta de legitimación o interés legal que surja de los términos de la demanda, impersonería de la actora, demanda defectuosa y acción reconvencional por acción negatoria; el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, dictó la Sentencia de 30 de mayo de 2018, declarando probada en parte la demanda principal e improbada con respecto al pago de daños y perjuicios, como también la reconvencional, anulando las Escrituras Públicas antes señaladas, disponiendo la cancelación de los registros en las Matrículas respectivas. Decisión que sujeta a recurso de apelación por los citados terceros interesados, mereció el pronunciamiento del Auto de Vista de 17 de mayo de 2021, que dispuso la anulación de obrados sin reposición hasta fs. 12, inclusive, ordenando el archivo de obrados, salvando el derecho de acudir ante la autoridad competente familiar a objeto de determinarse el carácter de ganancialidad del bien motivo del proceso y con su resultado formular la demanda de anulabilidad; ello bajo el argumento que el juez en materia familiar sería la autoridad llamada por ley, “…ya que al contar la actora con dos matrimonios, la presunta ganancialidad que alega sobre el bien deberá dilucidarse previa acreditación de cuál de los matrimonios resultaba válido y leg[í]timo, cuando el bien inmueble se incorporó a la comunidad ganancial, total o parcialmente” (sic). Contra el referido Auto de Vista, formularon a su turno recursos de casación, resueltos mediante el AS 874/2022 de 10 de noviembre, a través del que, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -demandados-, confirmaron el fallo impugnado, reafirmando la posición allí asumida con errores evidentes actuando con arbitrariedad, ignorando varias argumentaciones sobre la doctrina legal y/o jurisprudencia emanada del citado Tribunal, demostrando en exceso superficialidad al no abordar con completitud de comprensión que la jurisprudencia que fue referida por los demandados precisa que “…NO ES NECESARIA LA INSTAURACI[Ó]N DE PROCESO ANTE (…) JUEZ CIVIL CUANDO SE VERIFIQUEN CIERTAS CONDICIONES; al igual que NO REALIZAR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA PARTE ADVERSA PARA INTENTAR ANULAR EL MATRIMONIO DE LOS ACCIONANTES, como el PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL RECHAZANDO TAL PRETENSIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO; y, afirmando que NO EXISTE UNA CUESTIÓN CIVIL QUE DEPENDA DE UNA ACCI[Ó]N FAMILIAR SINO UNA CUESTIÓN NETAMENTE FAMILIAR (…), ello a sabiendas de que existen INNUMERABLES AUTOS SUPREMOS DICTADOS POR LA SALA CIVIL DECLARANDO LA ANULABILIDAD DE CONTRATOS POR FALTA DE CONSENTIMIENTO DEL C[Ó]NYUGE” (sic). Así, cuestionan que el AS 874/2022 -objetado-, no resolvió de forma legal los recursos de casación que formularon, incurriendo en error evidente al resolverlos de forma incongruente y contraria a la jurisprudencia emanada por la propia Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, lesionando sus derechos fundamentales, no habiendo cumplido la función nomofiláctica, disponiendo la anulación de obrados hasta el propio decreto de admisión de la demanda, asumiendo equivocadamente que puede aplicarse normativa abrogada o jurisprudencia dictada en torno a controversias sujetas a la misma; constando, una innegable incongruencia interna en la decisión asumida, así como con los datos del proceso, y arbitrariedad en la función nomofiláctica que la ley les asigna como Tribunal de casación, que es la de uniformar la jurisprudencia y proveer la realización del derecho objetivo; dando lugar a un fallo insuficientemente motivado, no teniendo fundamentación jurídica válida, estando en su caso la determinación de ganancialidad reconocida documentalmente por contrato notariado de 28 de mayo de 2022 -por parte de los demandados-, así como por las confesiones provocadas; efectuando los demandados, un relato superficial y exposición resumida del Auto de Vista impugnado y de los recursos planteados. En ese sentido, los terceros interesados no pueden desconocer su matrimonio ni tampoco negar el requerimiento legal que se hizo, sabía y pretendía, en sentido que debía existir consentimiento de la cónyuge para validar las transferencias de los inmuebles; tampoco es válido requerir su divorcio para poder ejercer sus derechos, considerando que la determinación de bienes gananciales solo se da con dicha figura jurídica.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la defensa, a la igualdad, al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la aplicación objetiva de la ley, al juez natural y a la impugnación, citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 2.3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDC);y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el AS 874/2022, emitido por los Magistrados demandados; ordenando pronuncien un nuevo fallo en el marco de los derechos fundamentales y garantías constitucionales invocados, determinando “…especialmente, se ATIENDA la impugnación (Recursos de Casación) en los términos previstos de los Artículos 219- 4, 271 y 277 del Código Procesal Civil, conforme al Principio Recursivo Pro Actione” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 29 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 975 a 985 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que los Magistrados demandados no consideraron la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que establece que “…es posible acudir directamente a la vía civil sin necesidad de acudir a la jurisdicción familiar cuando la carácter ganancias ya está dado en este caso a través de un documento una confesión provocada de cada uno de los demandados por lo cual no correspondía iniciar ningún proceso de carácter familiar es más los artículos 420, 421, 434 y 445 del código de las familias disponen que no existe posibilidad alguno conforme al artículo 198-199 de hacer un proceso de determinación de bienes gananciales, si no se disuelve previamente el matrimonio cosa que no ha sucedido a la fecha y no se pretende realizar tampoco…” (sic). En ese orden, agregaron que los demandados no podían ignorar que hay un intento de la parte demandada de anular su matrimonio que fracasó, existiendo “…un auto de vista que declara ejecutoriado este procedimiento negando la posibilidad de anular este matrimonio y que además las partes conocían como se establecen las confesiones provocadas que existía este matrimonio por algo lo exigen documentalmente el consentimiento de la señora Michelle Cornejo…” (sic). Finalizan, indicando que, el AS 874/2022 -emitido-, no resolvió las denuncias de valoración defectuosa en error de hecho y de derecho de la prueba documental del 28 de mayo de 2012, así como también de las confesiones provocadas; además de no acatar la propia jurisdicción que las mismas autoridades demandadas invocan al señalar que es posible acudir ante la jurisdicción civil para determinar cuestiones que son competentes conforme al art. “70-69” de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- , correspondiendo a la jurisdicción civil conocer todas las pretensiones reales mixtas y personales sobre bienes inmuebles, muebles, dinero, valores, cuando se consideren que son inherentes al referido ámbito civil.
Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 966 a 969, solicitando se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) La carga argumentativa de la parte accionante radica en que el AS 874/2022, dictado por sus autoridades, no habría cumplido su función nomofiláctica, al no considerar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que establecería que se puede acudir a la vía civil por el reconocimiento documental de la parte demandada de exigir el consentimiento del cónyuge por el documento privado de 28 de mayo de 2022. En ese orden, refieren que el citado fallo “…especificó que siendo la pretensión de la actora la anulabilidad de las transferencias realizadas a terceras personas, emergentes de las cláusulas tercera y cuarta del documento privado de 28 de mayo de 2012, Escrituras Públicas: Nº 726/2013 de 12 de agosto, Nº 727/2013 y Nº 329/2014 de 10 de marzo, porque su cónyuge habría dispuesto de esos bienes sin su consentimiento, planteadas desde el marco del art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que trata sobre la posibilidad de anular contratos por falta de consentimiento de la o el otro cónyuge, permitió concluir que no existía controversia de orden civil que dependa de una familiar, sino una pretensión de orden enteramente familiar; invalidez de orden familiar que se complejizo porque Víctor Alberto Cornejo, esposo de la actora (hoy también accionante), contrajo dos matrimonios, uno con Michele May Cornejo el 04 de noviembre de 1978 y el otro con Lourdes Blanca Loma Panozo el 13 de marzo de 1976 disuelto recién el 11 de agosto de 2014, motivo por el cual se señaló que se debería establecer previamente en un proceso de orden familiar a quién de las dos le corresponde los bienes gananciales generados en la construcción del edificio mencionado y por haber existido lazos matrimoniales vigentes, que no pueden ser de conocimiento de un Juez civil” (sic); b) Conforme a lo expuesto, el AS 874/2022, expuso los motivos que sustentaron su determinación, concluyendo que la controversia es de orden familiar que se subsumía en el art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), en relación a la disposición de los bienes comunes, resultando obligatorio el consentimiento de ambos cónyuges; por cuanto, el juez se halla reatado a determinar la ganancialidad del bien y la afectación de ese patrimonio por parte del otro cónyuge, no pudiendo confundirse con una invalidez en el orden civil, “…toda vez que Víctor Alberto Cornejo al contraer matrimonio con Michele May Cornejo y Lourdes Blanca Loma Panozo, es la competencia familiar la idónea para dilucidar a quién corresponde los bienes gananciales, situación que deben entender los accionantes; y si bien la anulabilidad por falta de consentimiento no figura en el catálogo de los procesos ordinarios de la Ley Nº 603; sin embargo, se supone que es una pretensión innominada, por lo que se debe tramitar ante un Juez familiar y no civil en cumplimiento del art. 222 del Código de las Familias y del Proceso Familiar” (sic). En ese sentido, no resulta evidente la inobservancia de la función nomofiláctica; al contrario, la forma de resolución es acorde a anteriores precedentes y al Código aludido; c) En cuanto a que, el AS 874/2022, no se habría pronunciado respecto a los arts. 510, 511, 518, 521, 1290, 1297 y 1538 del Código Civil (CC), ni que existiría procedimiento alguno que las personas con matrimonio vigente puedan efectivizar la división y partición de bienes gananciales; los impetrantes de tutela deben recordar que a efectos de la pretensión de la actora de anulabilidad de las transferencias en favor de terceras personas, “…se debe determinar la anulabilidad de los contratos cuestionados en la vía del proceso familiar, que considera la ganancialidad del bien, pues (…) correspondía establecer a quién de las dos esposas le pertenecía o no los bienes gananciales generados, tomando en cuenta la fecha de inicio de cada relación conyugal, por lo que el proceso debe ser sustanciado ante el Juez de Familia…” (sic); d) La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, determina que en los casos en los que un cónyuge transfiera un bien ganancial sin el consentimiento del otro cónyuge, la acción pertinente para reclamar la invalidez es la anulabilidad, ello independientemente que las partes del proceso aún sean o no cónyuges; considerando que la base de esta acción no se encuentra marcada por el vínculo conyugal de los sujetos procesales, sino por la característica ganancial que goza el bien, resultando ineludible establecer de forma objetiva los bienes gananciales generados en las dos relaciones conyugales que tuvo Víctor Alberto Cornejo Villarroel -coaccionante-; y, e) La parte peticionante de tutela pretende forzar el conocimiento de la causa ante un juez civil, no correspondiendo aquello, debiendo ser dilucidada por un juez familiar.
Juan Rodríguez Torrico, María Elena Melendres de Rodríguez, Danilo Mauricio Núñez Rodríguez, Andrés y María Margoth Rodríguez Melendres, a través de su abogado, en audiencia de garantías, señalaron: 1) El 18 de febrero de 2016, los demandantes de tutela interpusieron la demanda de anulabilidad, “…proceso que ha nacido muerto…” (sic); por cuanto, correspondía determinarse inicialmente la ganancialidad de los bienes objeto del proceso, estableciendo si le correspondían a la demandante de tutela Michele May Cornejo o a Lourdes Blanca Loma Panoso; 2) El impetrante de tutela Víctor Alberto Cornejo Villarroel, contrajo dos matrimonios; el primero, con Lourdes Blanca Loma Panoso, en 1976; y, con la copeticionante de tutela, en 1978; es decir, dos años después. Es decir que, estando casado en el Estado Plurinacional de Bolivia, contrajo matrimonio con la segunda mencionada, en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.); advirtiéndose que, el “…10 de julio del año 2009 realizan los primeros documentos privados (…) con el señor Rodríguez y su familia, el 26 de agosto del año 2010 realizan un segundo documento privado el 28 de mayo del año 2012 realizan un último documento privado donde el señor Víctor Alberto Cornejo, se arroja todas las responsabilidades, el muy bien sabía que en Bolivia hasta esa fecha seguía casado con la señora Lourdes Blanca Loma Panoso y no con la señora Michelle May Ferri…” (sic); y, 3) Recién el 11 de agosto de 2014, se pronunció la Sentencia de divorcio del coaccionante con Lourdes Blanca Loma Panoso; por lo que, en el Estado Plurinacional de Bolivia, hasta esa fecha seguían casados, persistiendo hasta ahí, los vínculos y los bienes de la comunidad de gananciales. En ese orden, concierne, reiteran, definir la ganancialidad de los bienes, fijando si son inherentes a la primera o segunda cónyuge, lo que debe ser realizado en la jurisdicción familiar.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 085/2023 de 29 de junio, cursante de fs. 986 a 991, denegó la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, con base en los siguientes fundamentos: i) El AS 874/2022, resolvió todos los aspectos demandados en el recurso de casación interpuesto por la parte accionante, considerando en su fundamentación el régimen de invalidez de los actos de disposición, los antecedentes de la demanda ordinaria y la normativa legal aplicable al caso; motivando su decisión de ratificar la nulidad dispuesta por el Auto de Vista cuestionado, bajo un análisis concreto y suficiente para poder desestimar los argumentos recursivos. En ese orden, no se puede considerar que el control de la labor nomofiláctica no hubiera sido realizado, siendo que, los Magistrados demandados ingresaron a resolver el fondo de lo cuestionado, no existiendo falencia argumentativa que hubiera incidido en el deber de fundamentación, motivación o congruencia sobre la obligación de otorgar una respuesta efectiva a las partes respecto a sus pretensiones, más aún cuando el objeto del litigio ordinario se debió a una disposición sobre bienes que las autoridades ordinarias asumieron como gananciales, y que fueron dispuestos de forma unilateral sin el consentimiento del otro cónyuge, en este caso, de la copeticionante de tutela, quien pidió la anulabilidad de tales actos invocando la aplicabilidad del art. 192 del “CF”; ii) En el marco de lo expuesto, al existir un primer matrimonio disuelto en agosto de 2014 y la homologación del segundo en el Estado Plurinacional de Bolivia, en octubre de 2014, actos posteriores a la suscripción del contrato de 28 de mayo de 2012, del cual emergieron las Escrituras Públicas 726/2013, 727/2013 y 329/2014, resulta coherente el razonamiento de las autoridades judiciales demandadas, en sentido que para poder dar aplicación a las cláusulas tercera y cuarta del documento de 28 de mayo de 2012, deba establecerse en forma previa el alcance de la comunidad de gananciales, considerando esencialmente, la existencia de dos matrimonios; por lo que, resultaría correcta la ratificación del Auto de Vista objetado, y la determinación del AS 874/2022, impugnado en la demanda tutelar, que estableció “…como correcta la decisión de la nulidad del proceso por falta de competencia considerando precisamente el objeto de la demanda, los hechos y las pruebas que han sido generadas en el proceso civil y que las autoridades accionadas consideran que tiene que ser resuelto en sede familiar…” (sic); iii) Los Magistrados demandados delimitaron y explicaron efectivamente los motivos recursivos para de forma unísona resolver lo cuestionado por la parte demandante de tutela, sin incurrir en omisión alguna o en errónea valoración probatoria que genere incongruencia. Al contrario, respondieron todos los aspectos impugnados, sin vulnerar, por ende, derecho fundamental alguno de la parte accionante; y, iv) En cuanto a la supuesta transgresión de los derechos de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica, y a la aplicación objetiva de la ley; la jurisprudencia constitucional determina que esta jurisdicción únicamente puede ingresar a revisar la actividad jurisdiccional de otros tribunales ante la innegable lesión de derechos o que la labor de las autoridades demandadas se aparte de las normas o entendimientos jurisprudenciales; lo que no fue evidenciado en el caso de examen, en el que no existe insuficiencia del fallo, más al contrario, “…se puede establecer que ante los hechos controvertidos evidenciados los accionados han razonado de manera coherente…” (sic); compeliendo la denegatoria de la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ordinario de anulabilidad de contratos más daños y perjuicios interpuesto por Michele May Cornejo -accionante- contra Juan Rodríguez Torrico, María Elena Melendres de Rodríguez, Danilo Mauricio Núñez Rodríguez, Andrés y María Margoth Rodríguez Melendres -terceros interesados-, por las disposiciones y/o transferencias unilaterales que se habrían realizado en perjuicio de la ganancialidad proveniente del vínculo matrimonial con Víctor Alberto Cornejo Villarroel -coimpetrante de tutela-, en relación a los inmuebles inscritos en la oficina de DD.RR., bajo matrículas computarizadas 3.01.1.02.0053363, 3.01.1.02.0053367 y 3.01.1.02.0053378; el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 30 de mayo de 2018, declarando probada en parte la demanda principal e improbada con respecto al pago de daños y perjuicios, como también la reconvencional, anulando las Escrituras Públicas antes señaladas, disponiendo la cancelación de los registros en las Matrículas respectivas (fs. 661 a 668). II.2. Por Auto de Vista de 17 de mayo de 2021, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió la apelación interpuesta por los terceros interesados contra la Sentencia descrita en la Conclusión precedente, anulando obrados sin reposición hasta fs. 12 inclusive, ordenando el archivo de obrados, salvando el derecho de la actora de acudir ante la autoridad competente familiar a fin de determinarse el carácter ganancial del bien motivo del proceso y con su resultado plantear la demanda de anulabilidad, conforme a los fundamentos esgrimidos en ese fallo. Con responsabilidad por no ser excusable, traducida en llamada de atención (fs. 778 a 783 vta.). II.3. El 8 de agosto de 2022, Michele May Cornejo a través de su representante -accionante-, planteó recurso de casación contra el Auto de Vista de 17 de mayo de 2021, así como contra el Auto de 20 de julio de 2022. Por su parte, el 16 de igual mes y año, Víctor Alberto Cornejo Villaroel -coimpetrante de tutela-, formuló también recurso de casación contra los indicados fallos (fs. 799 a 810 vta.; y, 822 a 839). II.4. El 9 de septiembre de 2022, Juan Rodríguez Torrico y Alessandro Rodríguez Melendres, por sí y representación de María Elena Melendres de Rodríguez; Danilo Mauricio Núñez Rodríguez; y, Andrés y María Margoth Rodríguez Melendres, contestaron los recursos de casación, solicitando se emita auto supremo declarando infundado dicho medio de impugnación, confirmando de forma total el Auto de Vista objetado, con costas y costos (fs. 844 a 855 vta.). II.5. Mediante Auto Supremo 874/2022 de 10 de noviembre, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundados los recursos de casación planteados a su turno por los peticionantes de tutela, con costas y costos (fs. 876 a 882).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la defensa, a la igualdad, al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la aplicación objetiva de la ley, al juez natural y a la impugnación; alegando que, dentro del proceso ordinario de anulabilidad de contratos interpuesto contra los terceros interesados, pese a que, mediante Sentencia de 30 de mayo de 2018, el Juez de la causa declaró probada en parte la demanda principal e improbada con respecto al pago de daños y perjuicios, como también la reconvencional; en apelación, el Tribunal de alzada pronunció el Auto de Vista de 17 de mayo de 2021, ordenando la anulación de obrados sin reposición hasta fs. 12, inclusive, ordenando el archivo de obrados, salvando el derecho de acudir ante la autoridad competente familiar a objeto de determinarse el carácter de ganancialidad del bien motivo de la causa y con su resultado plantear la demanda de anulabilidad pertinente. Decisión que fue confirmada en casación por los Magistrados demandados, quienes dictaron el AS 874/2022 de 10 de noviembre, declarando infundados los recursos de casación que plantearon a su turno, sin la debida fundamentación, motivación ni congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
de la legalidad ordinaria, que vulneren derechos fundamentales Respecto al intitulado, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, efectuando un análisis y extracto de la contextualización jurisprudencial emitida por el órgano de constitucionalidad en cuanto a la posibilidad de revisar la actividad jurisdiccional de otros tribunales; concluye que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa -argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Sobre el particular, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, haciendo referencia a diversos fallos constitucionales anteriores, estableció que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. (…) Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes… En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas son nuestras). Cabe resaltar de otro lado que, conforme a lo expuesto en la SCP 1537/2012 de 24 de septiembre: “…la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso concreto y citando las normas sustantivas y adjetivas que sustentan la parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido el fallo; asumiendo de esta manera la garantía del debido proceso, que exige plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la defensa, a la igualdad, al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia-, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la aplicación objetiva de la ley, al juez natural y a la impugnación; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ceñida en lo esencial a que, en el proceso ordinario de anulabilidad de contratos interpuesto contra los terceros interesados, los Magistrados demandados pronunciaron el AS 874/2022, declarando infundados los recursos de casación que plantearon contra el Auto de Vista de 17 de mayo de 2021 -que ordenó la anulación de obrados sin reposición hasta fs. 12, inclusive, ordenando el archivo de obrados, salvando el derecho de acudir ante la autoridad competente familiar a objeto de determinarse el carácter de ganancialidad del bien motivo de la causa y con su resultado plantear la demanda de anulabilidad pertinente-, sin la debida fundamentación, motivación ni congruencia. En ese marco, de las Conclusiones expuestas en el presente fallo constitucional se tiene que, en el proceso ordinario de anulabilidad de contratos más daños y perjuicios interpuesto por la accionante Michele May Cornejo contra los terceros interesados; el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, dictó la Sentencia de 30 de mayo de 2018, declarando probada en parte la demanda principal e improbada con respecto al pago de daños y perjuicios, como también la reconvencional, anulando las Escrituras Públicas cuestionadas, disponiendo la cancelación de los registros en las matrículas respectivas. La Sentencia mencionada fue sujeta a recurso de apelación, que resuelto mereció el Auto de Vista de 17 de mayo de 2021, mediante el que, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, anuló obrados sin reposición “hasta fs. 12” inclusive, ordenando el archivo de obrados, salvando el derecho de la actora de acudir ante la autoridad competente familiar a fin de determinarse el carácter ganancial del bien motivo del proceso y con su resultado plantear la demanda de anulabilidad, conforme a los fundamentos esgrimidos en ese fallo -Conclusiones II.1 y 2 de este fallo constitucional-.
En forma posterior, el 8 y 16 de agosto de 2022, los demandantes de tutela plantearon recurso de casación contra el citado Auto de Vista, constando respuesta de los terceros interesados contenida en el memorial de 9 de septiembre de ese año -Conclusiones II.3 y 4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-. En resolución de los citados recursos de casación, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció el AS 874/2022, declarando infundados los recursos de casación planteados a su turno por los demandantes de tutela, con costas y costos. Dicho fallo expuso en su Considerando I, los antecedentes del proceso; por su parte, en su Considerando II, detalló los agravios expuestos por los accionantes en sus recursos de casación, así como la respuesta de los terceros interesados a dicho medio de impugnación. A su vez, en el Considerando III, se expuso doctrina aplicable al caso, en relación a la invalidez de los actos de disposición. En ese orden, en el Considerando IV, se asumieron los siguientes fundamentos como sustento de la decisión de declarar infundados los recursos de casación: a) Respecto al recurso de casación formulado por la accionante Michele May Cornejo: 1) En cuanto a los puntos de agravio uno, tres, cuatro, cinco, seis y siete, se encontrarían dirigidos a cuestionar que el ad quem, habría aplicado indebidamente los arts. 222.II y 380 del CFPF, e invocó erróneamente los Autos Supremos 668/2016 de 27 de junio y 491/2012 de 14 de diciembre; por cuanto, los mismos expondrían con claridad la competencia del juez de familia siempre que exista una cuestión civil de la que dependa un tema familiar; por lo que, al no constar divorcio entre los accionantes no sería posible la interposición de ningún procedimiento familiar para determinar la ganancialidad de bienes. La infracción de los arts. 510, 518, 521, 523, 1289, 1290, 1297 y 1538 del CC, tomando en cuenta que el documento privado de 28 de mayo de 2012, fue aceptado por ambas partes resolviendo el conflicto sobre la competencia familiar y civil, en el marco de los arts. 1297 del CC y 192 del CFPF, encontrándose la ganancialidad reconocida por documento notariado, aplicándose indebidamente el art. 222.II del citado Código, pues la acción de la impetrante de tutela se habría limitado en la restitución de los departamentos conforme los términos del convenio inicial; sin embargo, determinó la nulidad sin disolver la comunidad de gananciales. Además, de existir error de hecho en la apreciación del documento de 28 de mayo de 2012, no cumpliéndose con el principio de verdad material. Sobre el particular, el AS 874/2022, indicó: i) De una revisión de antecedentes, se tendría que Michele May Cornejo contrajo matrimonio con Víctor Alberto Cornejo Villarroel, el 4 de noviembre de 1978, en EE.UU., matrimonio homologado en el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Resolución Administrativa (RA) 452/2014 de 21 de octubre. Su cónyuge adquirió un lote de terreno el 7 de enero de 1977, situado en la calle Samuel de Ugarte sin número, Distrito 11, manzana 19, con una extensión de 592 m². Por documento privado de compromiso de futuro de 10 de julio de 2009, su esposo juntamente con Juan Rodríguez Torrico y María Elena Melendres, acordaron que sobre la obra gruesa valuada en $us62 755.- (sesenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco dólares estadounidenses), se realizaría la continuación de la construcción de un edificio de cinco plantas denominado “ITAPEMA”, acordando que la planta baja, primer, segundo y tercer piso más sus áreas de estacionamiento sería de ellos, y el cónyuge conservaría la cuarta y quinta planta. Por documento privado de 28 de mayo de 2012, se modificó el primer acuerdo, determinando que el departamento 302 del tercer piso también pasaría a favor de los peticionantes de tutela. De otra parte, en audiencia preliminar de 9 de abril de 2018, se dispuso la notificación de Lourdes Blanca Loma Panoso, quien no compareció en el proceso; ii) La principal pretensión de la demandante de tutela sería la anulabilidad de las transferencias efectuadas a los terceros interesados, emergentes de las cláusulas tercera y cuarta del documento privado de 28 de mayo de 2012, Escrituras Públicas 726/2013 de 12 de agosto, de transferencia del departamento 302 del tercer piso y el parqueo 2; 727/2013 de la misma fecha, de venta del departamento 100, más patio de servicio de la planta baja más el parqueo 5; y, 329/2014 de 10 de marzo, que otorgó en calidad de venta el departamento 102 del primer piso y el 50% de acciones y derechos del parqueo 4, más el 7, mismos que Víctor Alberto Cornejo Villarroel habría dispuesto sin consentimiento de la codemandante de tutela; iii) La pretensión de anulabilidad de las transferencias efectuadas en favor de terceras personas, emergentes de las cláusulas del documento privado y Escrituras Públicas antes señaladas, fue planteada desde el marco del art. 192 del CFPF; en ese orden, no existe una controversia de orden civil que dependa de una familiar, tratándose de una polémica contenciosa de orden enteramente familiar; iv) En el marco de lo expuesto, el reclamo de los peticionantes de tutela no serían evidentes, advirtiendo que si bien la actora alega que el Auto de Vista incurrió en error al anular obrados con el argumento de falta de competencia en razón a que debía dilucidarse previamente en la vía familiar, su ganancialidad; de la revisión de la demanda se tiene que “…la demandante planteó la anulabilidad del contrato de 28 de mayo de 2012 y las Escrituras Públicas Nº 726/2013, 727/2013 y 329/2014, porque las transferencias realizadas en favor de terceras personas carecían del consentimiento de la actora, en el marco del art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar…” (sic), reiterando que no existía una cuestión de orden civil que se origine en una cuestión familiar, como erradamente manifestaría la impetrante de tutela, sino una controversia plenamente familiar; por cuanto, el art. 192 del CFPF, base de la demanda, prevé que es indispensable el consentimiento expresado por ambos cónyuges respecto a la disposición de los bienes comunes, “…invalidez que parte de un análisis de institutos propios de materia familiar, ya que el Juez está reatado a establecer la ganancialidad del bien y la afectación de ese patrimonio por parte del otro cónyuge, no pudiendo confundirse con una invalidez de orden civil, que tiene un componente de afectación de los intereses de los celebrantes del acto jurídico” (sic); v) El Tribunal de alzada razonó que Víctor Alberto Cornejo Villarroel -demandante de tutela-, al contraer dos matrimonios, uno con Michele May Cornejo -copeticionante de tutela-, el 4 de noviembre de 1978; y, otro con Lourdes Blanca Loma Panoso, el 13 de marzo de 1976, no estaba claramente previsto quién de las dos tendría derecho ganancialicio del bien inmueble. Por ende, al evidenciar la existencia de dos matrimonios, se advierte la necesidad que en primer lugar se establezca quién de las dos esposas tendría derecho sobre los bienes gananciales para pretender la anulabilidad de los referidos contratos; vi) Si bien la demanda de anulabilidad por falta de consentimiento no figura en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; en los procesos ordinarios; se “supone” que se trata de una pretensión innominada, tramitándose el mismo en materia familiar, no siendo de competencia en la vía civil conforme al art. 222.I del aludido Código, que prevé que la jurisdicción familiar es improrrogable e indeclinable y se ejerce por las autoridades judiciales instituidas en la Ley del Órgano Judicial y el referido Código. Así, pese a que la anulabilidad del contrato de 28 de mayo de 2012, y de las Escrituras Públicas cuestionadas fue planteada con base en el art. 383 del CFPF, no figurando en ese Código, en la parte de los procesos ordinarios, “…sin embargo como ya se manifestó precedentemente, la pretensión es innominada, consecuentemente, su tramitación es enteramente familiar, no correspondiendo conocer la causa al juez civil, ya que el art. 222 (…) establece que el ejercicio de la competencia privativa de los órganos jurisdiccionales en materia familiar, es improrrogable en razón de materia” (sic); vii) En virtud a lo expuesto, no corresponde acoger al reclamo relacionado a la errónea interpretación del art. 554 inc. 1) del CC, porque en el caso, el fundamento fáctico que sustenta la pretensión está abocado a la falta de consentimiento de uno de los cónyuges al disponer de bienes comunes, siendo aquello, se reitera, de orden enteramente familiar. No constando tampoco, en consecuencia, errónea valoración del contrato de 28 de mayo de 2012, siendo que la pretensión de la demanda es invalidar un acto de disposición de un bien aparentemente común de los esposos, dispuesto sin el asentimiento del otro, “…encontrándose en tela de juicio la calidad de bien, cuestionado por la recurrente quien considera que la autoridad competente en razón de la naturaleza del proceso no sería un Juez de Familia, lo cual no es evidente conforme se ha explicado…” (sic); viii) La parte recurrente aduce también que, el Auto de Vista objetado habría incurrido en una errónea invocación de los Autos Supremos 668/2016 y 491/2012, líneas jurisprudenciales que establecieron que el Código de Familias y del Proceso Familiar debe ser interpretado y aplicado por un juez de la materia conforme determina el art. 380 de ese cuerpo normativo, “…aplicable al caso (y actualmente el art. 222.II y el art. 192.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar) son de preferente aplicación en asuntos civiles como la nulidad derivadas de cuestiones familiares como la ganancialidad de los bienes objeto de la transferencia cuyo conocimiento corresponde a un juez en materia familiar; siempre que exista una cuestión familiar de la cual dependa la cuestión civil, la competencia debe ser reconocida al Juez de Familia. En el caso de demandas que buscan invalidar actos de disposición de bienes comunes de uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, será competente el Juez de Familia, porque resulta necesario la determinación del carácter común del bien objeto de la disposición cuestionada” (sic); y, ix) El proceso se desarrolló en ausencia del componente de “competencia” que otorgue legitimidad en las actuaciones desarrolladas en todas las instancias, habiéndose realizado un dispendio innecesario e inerte de actividad jurisdiccional provocado por la demandante, que no fue oportunamente advertido por el órgano jurisdiccional, siendo sus reclamos infundados; y, 2) En lo inherente a que el Tribunal de alzada no habría observado los arts. 105 a 109 del Código Procesal Civil (CPC), que contienen reglas básicas del régimen de las nulidades, ya que no resultaría cierto que para el caso deba tramitarse previamente un procedimiento familiar a fin de luego instaurar el proceso de anulabilidad de contratos, máxime si existiría un documento que demostraría que conocían el carácter ganancial de los inmuebles; por lo que, no existiría vulneración de derechos. Al respecto, se estableció que: i) La demanda de anulabilidad del contrato y Escrituras Públicas cuestionadas, fueron planteadas en aplicación del art. 192 del CFPF; no existiendo, se insiste, una cuestión civil que dependa de una familiar, sino una de orden llanamente familiar, “…con la aclaración que la invalidez por ser desde el orden familiar debe concentrar el análisis del juez sobre la ganancialidad, sin que signifique la presentación de pluralidad de procesos” (sic); ii) El art. 122 de la CPE, regula que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de quienes ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley; disposición que se refiere a la aplicación de nulidad referente a actuaciones y decisiones asumidas por un juez incompetente, siendo que los de instancia antes de emitir la demanda deben revisar su competencia y en caso de no tenerla, pueden emitir decisión de no proseguir con la causa en cualquier estado de la misma, por estar sus actos viciados de nulidad; y, iii) En la Litis se analizó la transferencia de un bien común sin el consentimiento del otro cónyuge, cuestión que se tramitó en la vía civil cuando concernía en la vía familiar, actuando el juez civil sin competencia en razón de la materia. Y, b) En lo pertinente al recurso de casación formulado por Víctor Alberto Cornejo Villarroel, como tercerista coadyuvante, se concluyó que todos los agravios que expuso en su medio de impugnación, serían copia a los de la copeticionante de tutela; por lo que, las respuestas otorgadas a la mencionada se allanarían al mismo. En este punto, en virtud a lo ampliamente detallado, se tiene que el AS 874/2022, contiene una estructura de forma y de fondo en el marco del debido proceso; habiendo desarrollado en su Considerando I, los antecedentes del proceso; en su Considerando II, detallado todos los agravios expuestos en los recursos de casación planteados por ambos demandantes de tutela, así como la contestación de los terceros interesados, individualizando cada aspecto contenido en los mismos; consignando en su Considerando III, la doctrina aplicable al caso, haciendo alusión al AS 559/2022 de 4 de agosto; concluyendo en el Considerando IV, confirmar el Auto de Vista impugnado declarando infundados los referidos medios de impugnación, cumpliendo en su exposición con la carga argumentativa a la que se hallaban constreñidos a objeto de respetar el debido proceso, resolviendo de forma clara e íntegra cada uno de los puntos de agravio sujetos a casación, haciendo especial énfasis en que, no existía una controversia de orden civil que dependa de una familiar, tratándose de una polémica contenciosa de orden enteramente familiar; considerándose que, Víctor Alberto Cornejo Villarroel -demandante de tutela-, al contraer dos matrimonios, uno con Michele May Cornejo -copeticionante de tutela-, el 4 de noviembre de 1978; y, otro con Lourdes Blanca Loma Panoso, el 13 de marzo de 1976, no estaba claramente previsto quién de las dos tendría derecho ganancialicio del bien inmueble. No siendo, el juez en materia civil, quien debía determinar aquello; por ende, al evidenciar la existencia de dos matrimonios, se concluyó la necesidad que en primer lugar se establezca quién de las dos esposas tendría derecho sobre los bienes gananciales para pretender la anulabilidad de los referidos contratos. Así, se resaltó, entre otros que, en el caso de demandas que buscan invalidar actos de disposición de bienes comunes de uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, es competente el Juez de Familia, porque resulta necesario la determinación del carácter común del bien objeto de la disposición cuestionada. Tratándose el presente caso, de una situación especial, por los dos matrimonios que contrajo el impetrante de tutela, uno en el Estado Plurinacional de Bolivia, y otro en EE.UU., persistiendo aún la vigencia de los efectos del primero al ser el divorcio posterior; lo que, fue considerado, se entiende por los Magistrados demandados, estableciendo ser competente para determinar a quién correspondía la gananciabilidad del bien inmueble objeto del proceso de anulabilidad, el Juez en materia familiar. En ese orden, el AS precitado resolvió todos los aspectos impugnados, cumpliendo con la fundamentación, motivación y congruencia; debiendo considerarse que, la exigencia a fin de materializar el debido proceso, no exige que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes, expresando la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones que justifican la decisión -Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución-. Lo que efectivamente fue cumplido por los Magistrados demandados, dando respuesta a todos los puntos impugnados, de forma concisa, clara e integra. En ese sentido, el AS 874/2022, cuestionado en la presente acción de defensa, se reitera, no incurrió en omisión ni arbitrariedad alguna; siendo evidente, al contrario que, sí cumplió con la debida fundamentación, motivación y congruencia; no resultando cierta la lesión del debido proceso en los elementos mencionados, correspondiendo tener presente más bien que, el fallo referido, detalló cada uno de los agravios expuestos en los recursos de casación, individualizándolos y resolviéndolos en el marco del debido proceso, expresando así las razones que justificaron la determinación de declararlos infundados, citando las normas sustantivas y adjetivas al efecto, otorgando solidez y certeza jurídica a su decisión. Finalmente, en cuanto a que se habría lesionado los derechos a la defensa, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la aplicación objetiva de la ley, al juez natural y a la impugnación, concierne también denegar la tutela, no habiendo expuesto los peticionantes de tutela la forma en que habrían sido vulnerados; no existiendo tampoco constancia sobre aquello, más aun si precisamente, se advierte que fueron ellos quienes activaron el proceso ordinario, en el que, activaron todos los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico, que merecieron las respectivas respuestas. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 085/2023 de 29 de junio, cursante de fs. 986 a 991, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0863_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): ea631fb04031361cfebd1f340b8d85d437bf8eceeb924b258ee6b7f6fbfb700f
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