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SCP 0863/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 4 de septiembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
4 de septiembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
55334-2023-111-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denunció como lesionado su derecho a la libertad vinculado a su vida y salud; alegando que se encuentra dos años y cinco meses detenido preventivamente con fines de extradición, y a pesar que su extradición fue declarada procedente con efecto diferido, dicha medida pone en riesgo su vida, pues su salud se encuentra deteriorándose por la enfermedad terminal que padece –cáncer de próstata‒; por lo que, mediante memorial de 6 de enero de 2023, acreditando de manera objetiva su condición médica, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la modificación de su detención preventiva con fines de extradición, sin que a la fecha de interposición de esta acción tutelar –“cinco meses y dieciocho días”‒ haya obtenido respuesta de fondo a su pretensión, pues la Sala Plena del referido Tribunal antepuso la formalidad por encima de su delicado estado de salud, ya que ordenaron diversas notificaciones y están a la espera de respuesta a las mismas. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0002/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 51 a 53 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción al principio de informalismo en la acción de libertad respecto a la prueba
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0863/2023-S4 Sucre, 4 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 55334-2023-111-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0002/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 51 a 53 vta. vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Islas Rivero y Marcelo Alejandro Pattzi Pino en representación sin mandato de Wilson Maldonado Balderrama contra Ricardo Torres Echalar, Presidente y Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de mayo de 2023, cursante de fs. 1; y, 13 a 25, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Efecto del Auto Supremo 110/2019 de 17 de julio, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra detenido preventivamente con fines de extradición dos años y cinco meses, en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, situación que contraviene el art. 20 del Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina, así como los noventa días que prescribe el art. 154.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), extremo que convierte su detención en arbitraria e ilegal, generando una actividad procesal defectuosa; máxime, cuando de los datos cursantes en el cuadernillo jurisdiccional no existe solicitud de extradición ante el incumplimiento de los plazos para su ejecución. Añadió que raya en lo inhumano que los demandados teniendo conocimiento de su estado de salud, el cual se acreditó con certificados médicos que evidencian el padecimiento de una enfermedad terminal: cáncer de próstata y el riesgo que representa para su vida; en el lapso de cinco meses y dieciocho días no hayan emitido un pronunciamiento de fondo a su solicitud de libertad, pues las autoridades que componen la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia antepusieron la formalidad por encima de la urgencia médica, ordenando diversas notificaciones y están a la espera de las respuestas, soslayando su delicado estado de salud; máxime, cuando a través de la SCP 0932/2021-S3 de 3 de diciembre, se estableció que “de tener conocimiento de la enfermedad y no acceder sería actuar con CRUELDAD HUMANA” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, alegó como lesionado su derecho a la libertad vinculado a la vida y salud, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene de forma inmediata su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 25 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 50, presente la parte accionante y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, por intermedio de su abogado, ratificó la acción de libertad y ampliándola señaló que: a) Fue detenido preventivamente el 25 de enero de 2021, efecto de un mandamiento de “aprehensión” emitido por Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, a través de un pedido realizado por la República de Argentina relativo a una extradición, por cuanto debía tenerse presente que de acuerdo al Tratado Bilateral suscrito entre Argentina y Bolivia, el art. 20 establece que la detención preventiva con fines de extradición debe ser limitada por un tiempo de cuarenta y cinco días, plazo en el que el Estado requiriente debe formalizar su solicitud para que se emita un criterio al respecto, entendido bajo el cual el Tribunal Supremo de Justicia mediante el Auto Supremo 110/2019 dispuso su detención preventiva con fines de extradición, siendo esos los antecedentes por los cuales se encuentra detenido, por un supuesto delito que hubiera cometido en Argentina; b) Presentó una anterior acción de libertad que fue resuelta en la SCP 0932/2021-S2 de 3 de diciembre, en la cual se hizo notar que su persona padece de una enfermedad irreversible, que viene agravándose ya que se encuentra detenido dos años y cinco meses, pese a que el Tratado Bilateral entre los países de referencia establece como plazo máximo de detención preventiva cuarenta y cinco días, existiendo por otro lado el Auto Supremo 32/2022, por el cual fue concedida su extradición en efecto diferido, mientras sea resuelto el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, habiendo el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija remitido informes al Tribunal Supremo de Justicia que establecen que a su favor fue emitida una sentencia absolutoria; sin embargo, el Ministerio Público habría apelado dicha determinación, recurso que no fue resuelto a la fecha debido a que la Sala Penal se encuentra con acefalía; c) La Sentencia Constitucional Plurinacional de referencia estableció que si el Tribunal Supremo de Justicia conoce los antecedentes de su enfermedad no se opondría que recupere su libertad, pues lo contrario sería actuar con absoluta crueldad humana, entonces tomando en cuenta ese lineamiento, mediante memorial de 6 de enero de 2023, hizo conocer al referido Tribunal que padece de una enfermedad terminal, extremo que fue acreditado con certificaciones; no obstante, el 10 de enero recibió respuesta, señalando que se tenía presente lo referido debiendo estarse al proveído de 25 de marzo de 2022 “hágase a conocer la presente providencia al Juzgado 12vo de Instrucción Penal y Liquidador del Departamento de Santa Cruz y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por su intermedio se haga conocer a la República requiriente, en este caso Argentina, sea con nota de atención, así mismo a efecto de establecer el estado actual de los procesos penales que pesan en su contra el sujeto requerido de extradición, ofíciese al Presidente del Tribunal Departamental de Tarija, todos estos aspecto mencionados en esta resolución emitida del 10 de enero del 2023” (sic); sin embargo, la Sala Plena ya habría oficiado al Tribunal Departamental de Tarija, el cual ya remitió todos los informes. De igual forma, se puso a conocimiento del referido Juzgado y al Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliéndose de esa forma lo dispuesto en el aludido decreto; por lo que, correspondería que se emita respuesta de fondo a la solicitud de modificación de su detención preventiva, ordenándose su libertad u otra medida menos gravosa a objeto que sea atendido por el cáncer de próstata que padece y por su condición de adulto mayor, pues transcurrieron cinco meses de la presentación de su solicitud, en virtud a que fueron antepuestas las formalidades por encima de su derecho a la vida, a ser atendido y hospitalizado en un centro oncológico donde pase de manera digna los pocos años de vida con los que cuenta; d) Su defensa se apersonó “ayer” al Tribunal Supremo de Justicia para recabar fotocopias de los documentos inmersos en el expediente 19/2018; empero, le fueron negadas “entonces yo no tengo ninguna herramienta para mostrarles a ustedes (…) simplemente me dieron esta fotocopias las cuales fueron de notificación que evidentemente es notificación a mi defendido” (sic); y, e) Finalizó, solicitando se conceda la tutela y se modifique su detención; puesto que, no cuenta con ninguna medida cautelar establecida por parte de la justicia ordinaria en Bolivia, simplemente el pedido de extradición que ya fue concedido con calidad diferida; por lo que, una vez resuelta la apelación restringida seguramente será enviado a Argentina para responder por el caso en virtud al cual fue requerido “pero no podemos esperar a que nos responda al Ministerio de Relaciones Exteriores, no sabemos cuándo no va a responder, no podemos esperar que nos responda el país de Argentina, no sabemos cuándo nos va a responder” (sic), mientras tanto se encuentra luchando por su vida con la incertidumbre de saber cuándo saldrá, siendo que ya se superaron los plazos establecidos en el Tratado Bilateral entre Argentina y Bolivia, más aún cuando el art. 154 del CPP establece un plazo máximo de noventa días para este tipo de situaciones, encontrándose los plazos completamente superados; debido a ello, al encontrarse su vida corriendo peligro por ser una persona adulta mayor con padecimiento de cáncer, diagnóstico corroborado a través de una biopsia, corresponde aplicar el principio pro homine, y todas las “sentencias internacionales que seguramente por el tema del tiempo no me permito desglosarlo” (sic), siendo conocidos el Pacto de San José de Costa Rica y otros decretos internacionales que vienen a ser un cúmulo a través del art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), aplicando el bloque de constitucionalidad; por lo que, reiteró se conceda la tutela impetrada y se modifique su situación jurídica por una medida menos gravosa, por cuanto el objetivo es salvaguardar su vida y que pueda ser tratado médicamente de forma adecuada.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito de 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 31 a 34 y vta., señaló que: 1) El accionante omitió mencionar los alcances de la extradición diferida, de igual manera, tampoco hizo conocer que en anteriores oportunidades expuso sin éxito acciones de libertad con los mismos fundamentos que en la presente; 2) El plazo máximo de cuarenta y cinco días de detención preventiva en el trámite de extradición procede únicamente ante la falta de formalización de la solicitud de extradición, en el caso fue emitido el Auto Supremo 32/2021 de 31 de marzo, mediante el cual se declaró procedente la extradición del hoy impetrante de tutela con efecto diferido, extremo que además ya mereció pronunciamiento a través de la SCP 0745/2022–S4 de 12 de julio, vinculante al presente caso, donde se evidenció que el país requiriente formalizó su solicitud y a raíz de ello se dispuso la procedencia de la extradición con efecto diferido; 3) Nuevamente se activa la acción de libertad para invocar hechos inciertos, debido a que el estado de salud del impetrante de tutela ya fue considerado incluso en sede constitucional por la SCP 0865/2022-S3 de 18 de julio, de donde puede colegirse respecto a su padecimiento de cáncer de próstata, que en ningún momento le fueron restringidos los respectivos tratamientos y valoraciones médicas; por cuanto no se advierte la lesión invocada por el accionante; por lo que, su pedido mediante esta acción tutelar resulta inconsecuente; 4) No fue acreditada la presunta vulneración a su derecho a la libertad, ya que su detención no fue ilegal, sino enmarcada en las reglas que derivan de la extradición solicitada por la República Argentina y en los principios de reciprocidad, solidaridad y cooperación internacional, que deben primar en los Estados; en cuyo defecto, no se evidencia transgresión alguna, por cuanto argüir vulneración a sus derechos fundamentales resultaría un exceso, pues con la activación de la presente acción tutelar el accionante pretende pasar por alto las normas que rigen el derecho internacional, así como eludir el procesamiento por la comisión de un delito atribuido en el referido país, lo que sin duda tornaría ineficaz la finalidad perseguida por la extradición, cuyo trámite obedece al deber de cooperación entre Estados; y, 5) Asimismo, solicitó que en el análisis de esta acción tutelar se tomen en cuenta los siguientes fallos constitucionales, los cuales fueron dictados contra el hoy accionante, consistentes en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0932/2021-S2 de 3 de diciembre, 0745/2022-S4 de 12 de julio; y, 0865/2022-S3 de 18 de julio. Finalmente, solicitó con base en los argumentos expuestos se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 0002/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 51 a 53 vta., concedió la tutela impetrada, en la modalidad traslativa o de pronto despacho, disponiendo que la autoridad demandada resuelva la situación jurídica del accionante en el plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de la notificación con la presente determinación; adicionalmente, solicitó que el Tribunal Supremo de Justicia en el plazo indefectible de tres días, emita informe respecto a cuáles fueron las acciones y gestiones que realizaron para garantizar la salud y vida del hoy solicitante de tutela, en cumplimiento de la SCP 0932/2021-S2, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante acudió el 6 de enero de 2023 ante el Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de hacer valer su pretensión respecto a la modificación de su detención preventiva con fines de extradición, poniendo en conocimiento su estado terminal de salud, habiendo transcurrido más de cinco meses sin haber obtenido respuesta de fondo; constando del informe presentado por el Magistrado Tramitador de la causa componente de la Sala Plena del aludido Tribunal, que no se motivaron ni fundamentaron las razones por las que no se hubiera dado respuesta pronta a dicha solicitud, ya que sólo manifestó que por decreto de 10 de igual mes y año, se hubiera requerido a la República Argentina mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y de Tarija; sin embargo, el aludido decreto no argumenta cuál el objeto de requerir a esas instancias a efectos de resolver el fondo de la problemática planteada por el solicitante de tutela en el escrito de referencia, entendiéndose únicamente que el requerimiento para el Ministerio de Relaciones Exteriores sería lógicamente para correr en traslado al país requiriente la petición de modificación de medida cautelar, pero en lo demás no se constata que se encuentre debidamente fundamentado para alegar algún óbice en cuanto a justificar el tiempo de demora en la Resolución del caso concreto; y, ii) Radicando el objeto procesal de esta acción de defensa en la dilación de respuesta del fondo de la solicitud de modificación de la situación jurídica del accionante, se tiene que si bien a través del Auto Supremo 32/2021 de 31 de marzo fue declarada procedente la extradición requerida por la República de Argentina, lo que generará lógicamente disponer su entrega a través de los órganos competentes, ello no puede constituir impedimento para que se resuelva su solicitud de modificación de medida cautelar, cuya demora tiene vinculación con su derecho a la vida y salud por su privación de libertad, aspecto que debe ser resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, como es su facultad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 6 de enero de 2023, Wilson Maldonado Balderrama ‒ahora accionante‒, se apersonó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo conocer el estado grave de su salud por enfermedad terminal que pone en riesgo su vida y solicitando modificación de la medida cautelar de detención preventiva (36 a 42 vta.). II.2. Se tiene decreto de 10 del citado mes y año, mediante el cual Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrado Tramitador de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en repuesta al escrito de referencia, dispuso tener presente lo referido, debiendo estarse a lo dispuesto en el proveído de 25 de marzo de 2022; asimismo, ordenó que se haga conocer la providencia y la documental adjunta al Juzgado de Instrucción Penal y Liquidador Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por su intermedio se haga conocer a la República requiriente, sea con nota de atención. Por otro lado, a efectos de establecer el estado actual de los procesos penales que pesan en contra del sujeto requerido de extradición, ofíciese a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 35). II.3. Del sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se evidencian las siguientes acciones de libertad planteadas por el hoy accionante, que en instancia de revisión merecieron el pronunciamiento de los siguientes fallos: a) SCP 0932/2021-S2 de 3 de diciembre, que resolvió la acción tutelar interpuesta por Franz Mario Reyes Cabrera en representación sin mandato de Wilson Maldonado Balderrama contra José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berríos Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torres Echalar, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; y, Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, cuya problemática versó en que: 1) El Auto Supremo 110/2019 de 17 de julio no fue fundamentado debidamente; 2) Previo a ser detenido no se le notificó con el indicado fallo; por consiguiente, no correspondía que sea ingresado en esa calidad al indicado Centro Penitenciario; puesto que, los Magistrados demandados conocían el lugar donde tiene establecida su familia y domicilio; por lo que, pidió su traslado a la Carceleta de Villamontes del departamento de Tarija; asimismo, el principio non bis in ídem fue lesionado; dado que, tiempo atrás ya fue privado de su libertad con el mismo fin y para que sea procedente una segunda detención, previamente el país requirente tendría que formalizar la extradición; así también, no puede ser extraditado por prohibición de lo previsto en el art. 153 del CPP; y, 3) Se encuentra en riesgo su derecho a la vida al ser una persona mayor de sesenta años y estar diagnosticado con cáncer de próstata, diabetes mellitus e hipertensión arterial, enfermedades que pueden causarle la muerte si contrae COVID-19; por tal razón, pidió se disponga su detención domiciliaria con derecho a trabajar; b) SCP 0745/2022-S4 de 12 de julio, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nineth Giovanna Romero Gutiérrez en representación sin mandato de Wilson Maldonado Balderrama contra José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Eguez Añez, Ricardo Torres Echalar, Olvis Eguez Oliva y Edwin Aguayo Arando, todos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; y, Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; por el que denunció que, ante el vencimiento de la duración de su detención preventiva con fines de extradición: i) La Jueza demandada no expidió el mandamiento de libertad solicitado mediante memorial de 17 de marzo de 2021, reiterado el 24 de igual mes y año, pese que el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó la potestad de resolver inmediatamente las solicitudes que sean realizadas; y, ii) Los Magistrados demandados, no obstante conocer del vencimiento del plazo referido, no se pronunciaron al respecto; y, c) SCP 0865/2022-S3 de 18 de julio, dentro de la acción de libertad interpuesta por Nineth Giovanna Romero Gutiérrez en representación sin mandato de Wilson Maldonado Balderrama contra José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torres Echalar, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; y, Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; enfocándose su denuncia en que, pese a que el plazo de duración de su detención preventiva con fines de extradición fue superado: 1) Los Magistrados demandados no se pronunciaron sobre ese aspecto ni pidieron la ampliación de la misma y menos dispusieron de oficio su libertad, incumpliendo con esa omisión la Norma Suprema y el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina; y, 2) La Jueza codemandada no emitió mandamiento de libertad solicitado por memorial el 17 de marzo de 2021, reiterado el 24 del mismo mes y año, siendo una petición que no mereció pronunciamiento, cuando el indicado Tribunal Supremo de Justicia le otorgó potestad y competencia legal en el marco de los principios de celeridad, legalidad y oportunidad para resolver de forma inmediata los requerimientos que se realicen.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denunció como lesionado su derecho a la libertad vinculado a su vida y salud; alegando que se encuentra dos años y cinco meses detenido preventivamente con fines de extradición, y a pesar que su extradición fue declarada procedente con efecto diferido, dicha medida pone en riesgo su vida, pues su salud se encuentra deteriorándose por la enfermedad terminal que padece –cáncer de próstata‒; por lo que, mediante memorial de 6 de enero de 2023, acreditando de manera objetiva su condición médica, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la modificación de su detención preventiva con fines de extradición, sin que a la fecha de interposición de esta acción tutelar –“cinco meses y dieciocho días”‒ haya obtenido respuesta de fondo a su pretensión, pues la Sala Plena del referido Tribunal antepuso la formalidad por encima de su delicado estado de salud, ya que ordenaron diversas notificaciones y están a la espera de respuesta a las mismas. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Excepción al principio de informalismo en la acción de libertad respecto a la prueba

Al respecto la SCP 0616/2020-S4 de 20 de octubre, en alusión a la jurisprudencia constitucional, señaló que: “…la acción de libertad podrá ser interpuesta sin ninguna formalidad procesal, dado que el principio de informalismo emerge de la misma Ley Fundamental, concordante con la Ley del Tribunal Constitucional, que en su art. 90, establece los requisitos de forma y contenido para su interposición, entre los que se encuentra, en el parágrafo I, la exposición clara y precisa de los hechos motivantes y el derecho o garantía que se considere afectado, debiendo el juez salvar los defectos u omisiones de derecho; asimismo, el parágrafo II del citado precepto dispone que el recurso no requerirá la observancia de requisitos formales; por lo tanto, no se encuentra sujeta a ningún ritualismo procesal; sin embargo, ello no debe confundirse con la obligación de la parte accionante de acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, dado que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos o garantías, debido a que la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre para tutelar los derechos protegidos por esta acción, para ello precisa compulsar los hechos denunciados en función a los elementos probatorios que los respalden. En ese sentido, en la SC 0320/2010-R de 15 de junio, este Tribunal indica que: ‘Conforme la naturaleza de esta acción tutelar inserta en la misma Constitución Política y de acuerdo a lo previsto por la Ley del Tribunal Constitucional en cuanto al procedimiento para interponer la acción, se evidencia que la misma no requiere de mayores formalidades para su interposición, pudiendo presentarse de manera oral o escrita, por el agraviado o cualquier persona a su nombre. Al respecto, se debe precisar que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada’” (el resaltado es nuestro).

III.2. Análisis del caso concreto

Con carácter previo al análisis del problema identificado, es necesario aclarar el cuestionamiento que efectúa en su informe el Magistrado Tramitador de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; por el que, sostiene que el hoy accionante interpuso con anterioridad otras acciones de libertad sobre los mismos aspectos que ahora cuestiona; al respecto, es menester aclarar que, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, si bien consta el planteamientos de varias acciones de libertad; no obstante, la problemática que hoy trae a materia, que se enfoca en denunciar una presunta dilación en la falta de respuesta de fondo a su solicitud de 6 de enero de 2023, no tiene analogía fáctica con anteriores –conforme se evidencia de la Conclusión II.3. del presente fallo constitucional‒, no existiendo por tanto óbice alguno para realizar el control tutelar de la denuncia. Aclarada dicha puntualización, se tiene de los antecedentes cursantes en el legajo procesal, que el hoy impetrante de tutela mediante memorial presentado el 6 de enero de 2023, al Tribunal Supremo de Justicia, se apersonó ante su Sala Plena haciendo conocer el estado grave de su salud por enfermedad terminal que pone en riesgo su vida y solicitando la modificación de su detención preventiva (Conclusión II.1.); que mereció el proveído de 10 del mismo mes y año, a través del cual, el Magistrado Tramitador de Sala Plena del aludido Tribunal dispuso tener presente lo referido; por lo que, debía estarse a lo dispuesto en el proveído de 25 de marzo de 2022; asimismo, ordenó que se haga conocer la providencia y la documental adjunta al Juzgado de Instrucción Penal y Liquidador Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por su intermedio sea puesto a conocimiento de la República requiriente, con nota de atención. Por otro lado, a efectos de establecer el estado actual de los procesos penales que pesan en contra del sujeto requerido de extradición, determinó que se oficie a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (Conclusión II.2.).

Ahora bien, considerando el problema jurídico planteado, resulta imperante resaltar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, es al máximo Tribunal de Justicia ordinario a quién corresponde determinar la procedencia de los pedidos de extradición, la imposición de medidas preventivas encaminadas a asegurar su éxito, entre ellas la detención preventiva del extraditable; y, como lógica consecuencia, valorar y decidir sobre la concurrencia de los presupuestos del cese de dicha medida extrema. En ese contexto, de los antecedentes previamente expuestos se advierte que la solicitud que formuló el impetrante de tutela tendiente a la modificación de su situación jurídica, fue respondida a través del proveído de 10 de enero de 2023, el cual remite al accionante a estar al decreto de 25 de marzo de 2022, además de disponer se haga conocer la providencia y la documental adjunta al Juzgado de Instrucción Penal y Liquidador Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por su intermedio sea puesto a conocimiento de la República requiriente, con nota de atención; y, por otro lado, a efectos de establecer el estado actual de los procesos penales que pesan en contra del sujeto requerido de extradición, determinó que se oficie a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; aspectos que el hoy accionante afirma que ya hubieran sido cumplidos, ante lo cual a su criterio correspondería la emisión de pronunciamiento de fondo en cuanto a la solicitud de modificación de su detención preventiva, ordenándose su libertad u otra medida menos gravosa a objeto que sea atendido por el cáncer de próstata que padece y por su condición de adulto mayor. Ahora bien, no obstante las amplias consideraciones expuestas por la parte accionante en torno a cuál debería ser el proceder de los demandados en atención de su delicado estado de salud; de la revisión minuciosa de los fundamentos expuestos en el memorial de acción de libertad y lo manifestado en audiencia, no se advierte que el impetrante de tutela haya hecho una mínima referencia en torno a lo que la providencia de 25 de marzo de 2022, –al cual el Magistrado tramitador demandado remitió su solicitud– hubiera considerado, resuelto o dispuesto; dado que la aludida providencia no cursa en los antecedentes que hacen parte del legajo procesal remitido para consideración de este Tribunal; lo que impide tener certeza primero, del contenido de dicha resolución, y en ese mérito, de la decisión de fondo que presuntamente ya se hubiere asumido en relación a la solicitud planteada por el ahora accionante, en relación la modificación de su situación jurídica; ante cuyo desconocimiento esta jurisdicción constitucional se ve impedida de ingresar al fondo de la problemática planteada, pues si bien la presente acción de libertad conforme el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se encuentra caracterizada por el principio de informalismo, ello no implica desconocer la obligación que le asiste a la parte accionante de presentar prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula a objeto de lograr sus pretensiones, asistiéndole la carga de demostrar la existencia del acto lesivo que considera restringió sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, pues para ello la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre para tutelar los derechos protegidos por esta acción, efecto para el cual precisa compulsar los hechos denunciados en función a los elementos probatorios que los respalden. En ese mérito, ante la imposibilidad de analizar de manera integral los antecedentes mínimos y necesarios que presuntamente generarían la vulneración de los derechos denunciada, es que corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0002/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 51 a 53 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0863_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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