B.IA.LEGAL

SCP 0863/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 9 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
9 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
48937-2022-98-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y pertinencia de las resoluciones, y a la defensa; así como los principios de proporcionalidad y legalidad; puesto que dentro del proceso incidental de reducción de asistencia familiar que instauró contra la tercera interesada, el Juez de primera instancia mediante Auto Interlocutorio 13/2022, de manera correcta, declaró probada en parte su pretensión, reduciendo la asistencia familiar a la suma de Bs550.-; sin embargo, ante el recurso de apelación planteado por la tercera interesada, los Vocales accionados a través del Auto de Vista 138/2022, sin responder los agravios expuestos en dicho recurso, ni considerar los argumentos de su contestación; sin la motivación suficiente; y, realizando una incorrecta ponderación de los derechos de todos sus hijos; revocaron el señalado Auto Interlocutorio fijando una asistencia familiar en la suma de Bs700.-, que resulta desproporcional con relación a sus ingresos y posibilidades económicas. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 88/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 138 a 146 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0863/2023-S3 Sucre, 9 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 48937-2022-98-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 88/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 138 a 146 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandrina Balderrama Bohórquez de Corrales en representación legal de Crhistian Miguel Guzmán García contra Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial De Familia Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 y 7 de julio de 2022, cursantes de fs. 107 a 111; y, 115, el accionante a través de su representante legal, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Johana Auca Canaviri -ahora tercera interesada- en favor de su hijo menor de edad, radicado en el Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro, el 27 de septiembre de 2021, formuló demanda incidental de reducción de asistencia familiar alegando que el sueldo mensual que percibía como funcionario de la Policía Boliviana no era suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, constituida por su esposa y sus otros dos hijos; ya que, además de los descuentos establecidos por Ley, debía pagar las cuotas mensuales del crédito bancario que adquirió del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) y el alquiler del bien inmueble donde habita. En ese sentido, previa realización de la correspondiente audiencia, el titular del referido Juzgado emitió el Auto Interlocutorio 13/2022 de 10 de marzo, por el cual declaró probada en parte su pretensión, determinando la reducción de la asistencia familiar en la suma de Bs550.- (quinientos cincuenta bolivianos). Contra esa decisión, la tercera interesada interpuso recurso de apelación denunciando -que el Juez de primera instancia-: a) No consideró que, mediante Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2021, se determinó el incremento del monto de asistencia familiar, y ante su impugnación, se emitió el Auto de Vista de 29 de noviembre de igual año; sin embargo, el 27 de mismo mes y año, su persona solicitó la reducción de dicho monto; lo cual reflejaría una incongruencia “…porque se pregunta cómo puede ser posible que en diez días, haya podido cambiar la situación del beneficiario…” (sic); b) No habría valorado correctamente la prueba presentada, señalando que su persona percibía un sueldo de Bs4 577,86.- (cuatro mil quinientos setenta y siete 86/100 bolivianos), y no así Bs2 618,70.- (dos mil seiscientos dieciocho 70/100 bolivianos), como se estableció; puesto que los demás descuentos que están determinados por Ley no debían restar el líquido pagable de su sueldo al no ser erogados en beneficio de su hijo menor de edad; y, c) No habría valorado las pruebas relativas al pago de la colegiatura de dicho menor de edad. Teniendo en cuenta esos agravios, contestó dicho recurso; pronunciando los Vocales accionados el Auto de Vista 138/2022 de 27 de abril, por el cual revocaron el Auto Interlocutorio 13/2022, fijando una asistencia familiar de Bs700.-(setecientos bolivianos); quienes omitieron pronunciarse sobre el primer agravio expuesto por la tercera interesada, emitiendo argumentos a título personal sobre aspectos no reclamados en el recurso de apelación; asimismo, en cuanto al segundo agravio, únicamente reiteraron lo vertido por la apelante sin exponer ningún razonamiento, indicando: “‘…que no importa la economía del señor Crhistian Miguel Guzmán García, que debe hacer un esfuerzo para otorgar una vida digna a mi descendencia’” (sic). De lo expuesto, se advierte que ese fallo de segunda instancia no es congruente, al no responder a los agravios del recurso de apelación, ni mucho menos a los puntos de su contestación; así como tampoco se encuentra motivada, ya que no explica ni da las razones de su decisión -de revocar el Auto Interlocutorio 13/2022-; no habiéndose realizado una adecuada ponderación de los derechos de todos sus hijos para establecer que el beneficiario de la asistencia familiar tenga preferencia sobre sus otros dos hijos. Al no haberse tomado en cuenta los fundamentos de su contestación, los cuales ni siquiera fueron mencionados en el Auto de Vista 138/2022, se vulneró su derecho a la defensa; ya que en el recurso de apelación se enfatizó en la necesidad de la educación de su hijo menor de edad beneficiario de la asistencia familiar; sin embargo, en su contestación hizo notar que en las boletas de pago de colegiatura presentadas por la tercera interesada no consignaban el nombre de dicho menor de edad; por lo que no puede pretenderse su valoración por esa deficiencia.

El análisis realizado en el Auto de Vista 138/2022, sobre el líquido pagable que percibe y los descuentos que se realizan, vulnera el principio de proporcionalidad inmerso en el art. 116.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, respecto a los recursos económicos y las posibilidades de quien deba prestar la asistencia familiar; puesto que pese a reconocerse el pago por el crédito bancario adquirido, no se tomó en cuenta que el sueldo mensual que dispone para la manutención de todos sus hijos asciende a la suma de Bs1 718.- (mil setecientos dieciocho bolivianos); por lo que el monto fijado de Bs700.- no resulta proporcional. Así también, se indica de manera subjetiva que debería hacer un esfuerzo para que sus hijos vivan con dignidad, desconociendo su situación laboral y condición de funcionario policial que se encuentra limitado a buscar otra fuente de ingresos por la variación de horarios y los lugares de trabajo -a los que es destinado-. Asimismo, resulta irracional el argumento de que las obligaciones contraídas por su persona, no podían ser tomadas en cuenta porque no beneficiaban a su hijo menor de edad favorecido con la asistencia familiar, siendo que las mismas afectan sus posibilidades económicas y reducen su salario mensual; por lo que debieron ser considerados como lo hizo el Juez inferior. Finalmente, se indica que deberían prevalecer los derechos del beneficiario al ser parte de un grupo vulnerable; olvidando que se encuentra al cuidado y sustento de sus otros dos hijos menores de edad que también merecen la misma consideración, respeto y atención; en tal sentido, el desconocimiento de esos extremos lesiona el derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad y proporcionalidad.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante legal, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y pertinencia de las resoluciones, y a la defensa; así como los principios de proporcionalidad y legalidad, citando al efecto los arts. 13.I, 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: 1) Se anule el Auto de Vista 138/2022, emitido por los Vocales accionados; 2) Se disponga que dichas autoridades accionadas resuelvan el recurso de apelación considerando -los argumentos de-su contestación y respetando sus derechos y los de sus hijos menores d edad; y, 3) Se condene a la parte accionada -al pago- de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 130 a 137, presente la parte peticionante de tutela y ausentes los Vocales accionados y la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La representante legal del accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo en audiencia señaló que: i) Los Vocales accionados al emitir el Auto de Vista 138/2022, no consideraron los agravios expuestos por la tercera interesada en su recurso de apelación, ni los argumentos de su respuesta, limitándose a exponer criterios personales; ii) Se indica que el reclamo de la falta de congruencia debería hacerlo la recurrente; sin embargo, al contestar los agravios se expusieron sus argumentos, que debieron ser tomados en cuenta; iii) Si bien las autoridades accionadas indicaron en su informe que implícitamente valoraron su contestación; empero, en el Auto de Vista 138/2022, no existe ninguna mención al respecto; por lo que vulneraron su derecho a la defensa; iv) De conformidad con lo establecido por el art. 116.I del CFPF, la autoridad jurisdiccional debe emitir sus decisiones aplicando el principio de proporcionalidad; es decir, la asistencia familiar debe ser fijada tomando en cuenta las necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado; bajo ese contexto, se demostró que percibe un sueldo líquido de Bs2 618,70.-, de los cuales debe pagar Bs920.- (novecientos veinte bolivianos) por concepto del crédito bancario adquirido, quedándole disponible para su manutención y la de todos sus hijos, la suma de Bs1 718.-; motivo por el cual, la asistencia familiar fijada por los Vocales accionados es desproporcional a sus posibilidades; ya que tampoco toma en cuenta sus gastos personales, como transporte, uniformes y alimentación; v) Como funcionario de la Policía Boliviana que debe cumplir ciertos horarios, se encuentra limitado de realizar mayores esfuerzos como los esperados por las autoridades accionadas, ya que no se les permite trabajar en otro lugar; y, vi) Las boletas de pago de colegiatura de su hijo menor de edad, beneficiario de la asistencia familiar, que fueron presentadas por la tercera interesada, corresponden a la gestión pasada 2021.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial De Familia Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito, cursante de fs. 126 a 128, manifestaron lo siguiente: a) El Auto de Vista 138/2022, cuenta con la debida congruencia, ya que se sujetó a los fundamentos del Juez de primera instancia y los agravios expuestos por la tercera interesada. Y si bien se omitió la primera parte “del agravio”; ello fue debido a su falta de trascendencia con relación a los demás agravios que fueron considerados en el fallo ahora impugnado; lo que no lesionó ningún derecho de la parte impetrante de tutela, quien carecería de legitimación para realizar ese reclamo al no ser quien interpuso el recurso de apelación; además de no señalar como esa omisión pudiera cambiar el fondo de la resolución emitida; b) El reclamo sobre la errónea valoración de la prueba respecto a los ingresos del peticionante de tutela y las necesidades del beneficiario, fue resuelta a través del análisis de los agravios, la valoración de la respuesta del obligado y el re análisis de la prueba presentada; por lo que la congruencia no podría ser tutelada al carecer el accionante de legitimación sobre el cumplimiento de los agravios de la recurrente; c) El Auto de Vista 138/2022, cuenta con la debida fundamentación y motivación en el análisis de la prueba aportada, habiéndose ponderado los derechos del menor de edad beneficiario como parte de un sector vulnerable y del impetrante de tutela; además cuenta con los parámetros constitucionalmente establecidos, al describir los antecedentes, la expresión de agravios y los motivos y fundamentos jurídicos de la decisión asumida; d) El mencionado Auto de Vista realizó la valoración de las boletas de pago de la colegiatura extrañada por el peticionante de tutela, advirtiendo que las mismas contaban con el nombre del beneficiario de la asistencia familiar; por lo que se otorgó valor probatorio a las mismas en beneficio del menor de edad, siendo claro que los argumentos de la contestación no podrían ser considerados al sostener argumentos “viles”, ya que se negaba que esas boletas pertenecían a su hijo; e) No se vulneró el derecho a la defensa del accionante; toda vez que los argumentos que supuestamente no fueron respondidos, se sustentan en mentiras que fueron desvirtuadas por la prueba aportada que fue debidamente valorada en el Auto de Vista 138/2022; f) Los hechos denunciados por la parte impetrante de tutela en la acción de defensa no cuentan con la relevancia constitucional suficiente que permitan cambiar el análisis de la valoración de la prueba realizada en el referido fallo de segunda instancia; g) El Auto de Vista impugnado, se sustentó en la valoración de las necesidades del menor de edad beneficiario de la asistencia familiar, relativas al estudio, alimentación, vestimenta, vivienda y recreación, que se encuentran libres de carga probatoria; y se valoró los ingresos del peticionante de tutela, manifestando que los descuentos de su boleta de pago provenían de obligaciones contraídas unilateralmente por él, que no podrían ir en desmedro de la fijación de la asistencia familiar, ya que no fueron realizados en beneficio del menor de edad que pertenece a un sector vulnerable; siendo reprochable que pretenda evadir su responsabilidad de pagar la asistencia familiar de su hijo, excusándose en cargas económicas particulares; h) El accionante no puede pretender brindarles una vida privilegiada solo a sus hijos que se encuentran bajo su tutela, olvidándose de las necesidades de su hijo menor de edad beneficiario de la asistencia familiar; ya que ello constituye un acto de discriminación; e, i) El Auto de Vista 138/2022 no se alejó de los paramentos constitucionales y legales; al sustentar su decisión en lo señalado por la SCP 0140/2018-S3 de 20 de abril, sobre el principio de proporcionalidad.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Johana Auca Canaviri, a través de memorial cursante a fs. 129 y vta., -que no lleva su firma- refirió que: 1) El 17 de enero de 2020, solicitó el incremento de asistencia familiar, fijándose después de un año la suma de Bs700.- decisión que fue apelada y confirmada por Auto de Vista 405/2021 de 29 de noviembre; 2) El impetrante de tutela el 28 de septiembre de 2021, solicitó la reducción del monto de asistencia familiar, pedido que fue resuelta por Auto Interlocutorio 13/2022, reduciendo el monto a Bs550.- y apelada esa determinación, por Auto de Vista 138/2022 se mantuvo la suma de Bs700.-; 3) El referido Auto de Vista respondió a todos los agravios que expuso en su recurso de apelación, así como a los puntos de la contestación del peticionante de tutela, valorando su papeleta de pago, su patrimonio y haciendo énfasis en las necesidades de su hijo menor de edad beneficiario de la asistencia familiar; y, 4) La parte accionante prefirió erogar recursos impugnando la decisión que incrementó el monto de asistencia familiar y presentando esta acción de defensa, en lugar de disponer esos recursos en favor de dicho menor de edad.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 88/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 138 a 146 vta., denegó la tutela, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a la estructura de forma y fondo del Auto de Vista 138/2022, se consignaron los antecedentes procesales que originaron el recurso de apelación; asimismo, se transcribieron los agravios denunciados por la tercera interesada en dicho recurso; ii) Es evidente que en la parte introductoria de dicho Auto de Vista, se hace referencia a la contestación presentada por la parte impetrante de tutela; sin embargo, no se hace una transcripción de esa respuesta en sus argumentos; iii) De la lectura del Auto de Vista 138/2022, se establece que no vulneró los derechos invocados como lesionados por el peticionante de tutela; puesto que con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, se advierte la correspondencia con lo solicitado en el recurso de apelación interpuesto por la tercera interesada y lo resuelto en dicho Auto de Vista; y, si bien no se transcribió la contestación presentada por la parte accionante; sin embargo, se debe considerar que en el petitorio de ese escrito solicita que se rechace in límine el señalado recurso por carecer de requisitos de forma y fondo, lo que tiene relación con el principio de congruencia; iv) Al contestarse los agravios existe correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, no habiéndose vulnerado la motivación y congruencia, ya que se expone la parte legal y se explican los motivos de la decisión asumida; v) De lo resuelto por los Vocales accionados respecto al principio de proporcionalidad, se advierte que el mismo no fue vulnerado, en consideración a que la decisión asumida, tomó como fundamento la ponderación de los derechos del menor de edad beneficiario de la asistencia familiar y del impetrante de tutela, haciendo referencia a los gastos de este último y refiriéndose al contrato de préstamo de dinero que fue realizado en su beneficio ; vi) La tercera interesada es la única que podía reclamar la falta de valoración de la prueba observada por el peticionante de tutela; vii) No se conculcó el derecho a la defensa del accionante; toda vez que éste en todo momento estuvo asistido por su defensa técnica; y, viii) Si bien no se hizo mención a la contestación presentada por el impetrante de tutela; empero, en el análisis del Auto de Vista, no acreditó la relevancia constitucional correspondiente, que pudiera afectar la resolución emitida; tal cual lo establece la SCP 0275/2019-S4 de 22 de mayo; es decir, no explicó cuál debería ser la resolución correcta en caso de que el Tribunal de garantías opte por anular el Auto de Vista impugnado; ni tampoco expresó porque considera que la labor interpretativa efectuada por los Vocales accionados sería irrazonable y lesiva a sus derechos invocados. En audiencia (fs. 136 y vta.), en la vía de complementación y enmienda, la representante legal del peticionante de tutela a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional que: a) Aclare conforme a los agravios reclamados por la tercera interesada en su recurso de apelación; en qué punto del Auto de Vista 138/2022 y de qué manera existió la congruencia que se señaló en la Resolución emitida; b) Complemente porque razón se consideró que el Auto de Vista 138/2022 es proporcional, cuando solamente se tomó en cuenta el contrato de préstamo de dinero, y no así la existencia de sus otros dos hijos que dependen de su persona; y, c) Aclare porque se consideró que no hubo vulneración de su derecho a la defensa, cuando su contestación no fue tomada en cuenta, estando solamente “en la mente” de las autoridades accionadas. Al respecto, los Vocales Constitucionales rechazaron lo peticionado señalando que: 1) La falta de valoración y los dos agravios reclamados por la tercera interesada en su recurso de apelación, fueron debidamente respondidos y analizados por los Vocales accionados en el punto 4 del Considerando 3 del Auto de Vista 138/2022; y, 2) De acuerdo con el referido Auto de Vista, la decisión asumida por los Vocales accionados fue pronunciada conforme al principio de proporcionalidad, la ponderación de derechos y considerando el interés superior del menor de edad establecido en el art. 60 de la CPE; asimismo, se tomó en cuenta que tanto el accionante como la tercera interesada cuentan con otros hijos que dependen de ellos (fs. 136 vta. a 137).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursan memoriales presentados el 29 de septiembre y 18 de octubre, ambos de 2021, por los cuales Crhistian Miguel Guzmán García -hoy impetrante de tutela- formuló ante el Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro, incidente de reducción de asistencia familiar contra Johana Auca Canaviri -ahora tercera interesada-(fs. 8 a 9 vta., y 11); quien respondió a esa pretensión mediante memorial presentado el 14 de enero de 2022 (fs. 18 a 19 vta.). II.2. Consta el Acta de Audiencia Pública de 10 de marzo de 2022, en la cual el Juez de la causa emitió el Auto Interlocutorio 13/2022 de igual data, por el cual declaró probada en parte la demanda incidental de reducción de asistencia familiar formulada por el peticionante de tutela, fijándola en un monto de Bs550.- (fs. 76 a 79). II.3. Mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2022, la tercera interesada interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 13/2022 (fs. 82 a 84); siendo contestado por el accionante a través del memorial presentado el 28 de ese mes y año (fs. 88 y vta.). II.4. Por Auto de Vista 138/2022 de 27 de abril, Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial De Familia Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados- revocaron el Auto Interlocutorio 13/2022, fijando una asistencia familiar en favor del menor de edad beneficiario en la suma de Bs700.- (fs. 99 a 104).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y pertinencia de las resoluciones, y a la defensa; así como los principios de proporcionalidad y legalidad; puesto que dentro del proceso incidental de reducción de asistencia familiar que instauró contra la tercera interesada, el Juez de primera instancia mediante Auto Interlocutorio 13/2022, de manera correcta, declaró probada en parte su pretensión, reduciendo la asistencia familiar a la suma de Bs550.-; sin embargo, ante el recurso de apelación planteado por la tercera interesada, los Vocales accionados a través del Auto de Vista 138/2022, sin responder los agravios expuestos en dicho recurso, ni considerar los argumentos de su contestación; sin la motivación suficiente; y, realizando una incorrecta ponderación de los derechos de todos sus hijos; revocaron el señalado Auto Interlocutorio fijando una asistencia familiar en la suma de Bs700.-, que resulta desproporcional con relación a sus ingresos y posibilidades económicas. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La motivación y congruencia como elementos del debido proceso

La SCP 0559/2020-S3 de 16 de septiembre, citando a la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, estableció que: «“(…) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras”. (…) Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. (…) Por su parte, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, en lo concerniente al principio de congruencia, señaló que: «Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”» (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y pertinencia de las resoluciones, y a la defensa; así como los principios de proporcionalidad y legalidad; puesto que dentro del proceso incidental de reducción de asistencia familiar que instauró contra la tercera interesada, el Juez de primera instancia mediante Auto Interlocutorio 13/2022 de 10 de marzo, de manera correcta, declaró probada en parte su pretensión, reduciendo la asistencia familiar a la suma de Bs550.-; sin embargo, ante el recurso de apelación planteado por la tercera interesada, los Vocales accionados a través del Auto de Vista 138/2022 de 27 de abril, sin responder los agravios expuestos en dicho recurso, ni considerar los argumentos de su contestación; sin la motivación suficiente; y, realizando una incorrecta ponderación de los derechos de todos sus hijos; revocaron el señalado Auto Interlocutorio fijando una asistencia familiar en la suma de Bs700.-, que resulta desproporcional con relación a sus ingresos y posibilidades económicas. De la revisión de los antecedentes, se advierte que dentro del fenecido proceso de divorcio seguido por el accionante contra la tercera interesada, el 29 de septiembre y 18 de octubre, ambos de 2021, el mencionado, en la vía incidental formuló demanda de reducción de asistencia familiar, solicitando que el monto de Bs700.- fijado como asistencia familiar en favor de su hijo AA mediante la Sentencia 47/2021 de 26 de agosto, sea reducida a Bs433.- (cuatrocientos treinta y tres bolivianos); dicha pretensión que luego de ser respondida de manera negativa por la tercera interesada (Conclusión II.1); fue resuelta por Auto Interlocutorio 13/2022, a través del cual, el Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Oruro, declaró probada en parte la demanda incidental de reducción de asistencia familiar, reduciendo el monto de asistencia familiar fijado inicialmente, a la suma de Bs550.- (Conclusión II.2). Al no encontrarse conforme con lo señalado, la tercera interesada interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 13/2022; medio de impugnación que fue objeto de contestación por parte del impetrante de tutela mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2022 (Conclusión II.3), y que fue resuelto por Auto de Vista 138/2022, a través del cual los Vocales accionados decidieron revocar el Auto Interlocutorio apelado, y fijaron una asistencia familiar en la suma de Bs700.- (Conclusión II.4). Establecidos los antecedentes procesales y de la problemática identificada en la presente acción de amparo constitucional, se advierte que el peticionante de tutela a través de su representante legal denuncia que los Vocales accionados pronunciaron el Auto de Vista 138/2022 ahora impugnado, sin responder a los agravios expuestos por la tercera interesada en su recurso de apelación, ni considerar los argumentos de su contestación; además, sin la debida motivación y realizando una incorrecta ponderación de los derechos de todos sus hijos para fijar un monto de asistencia familiar que resulta desproporcional con relación a sus ingresos y posibilidades económicas; en ese sentido, con la finalidad de resolver esas problemáticas, corresponde previamente conocer cuáles fueron los agravios expuestos en el citado recurso de apelación, los argumentos de su memorial de contestación que supuestamente no fueron considerados y los fundamentos del Auto de Vista impugnado. En ese sentido, la tercera interesada en su recurso de apelación expuso los siguientes agravios: i) No se puede concebir que una resolución de incremento de asistencia familiar de 26 de agosto de 2021 y que fue confirmada a través del Auto de Vista 405/2021 de 29 de noviembre, sea modificada por una solicitud de reducción presentada “a 9 días” de la resolución que dispuso el incremento; toda vez que en “esos 10 días” no cambió en absoluto la situación del beneficiario ni de obligado -hoy accionante-; más aún si el referido Auto de Vista es posterior a la pretensión de reducción de asistencia familiar; por lo que el Auto apelado carece de congruencia; ii) No se valoraron los medios de prueba ofrecidos y producidos, siendo éstos: a) La boleta de pago del impetrante de tutela, en la cual se observa que del total ganado y el descuento de ley por la Administradora de Fondo de Pensiones, tiene un sueldo líquido pagable de Bs4 577,86.-, y no así Bs2 618,70, como estableció de manera errónea el Juez de primera instancia en el Auto de Vista apelado; por lo que no correspondía tomar en cuenta a efectos de fijar la asistencia familiar, otros descuentos como el realizado a su persona por concepto de asistencia familiar -en favor de su hijo menor beneficiario-, “al Sr. Rene Rube” (sic) y a la Mutual; obligaciones que no debían restar al líquido pagable para establecer el monto de asistencia familiar, debido a que esos préstamos -obligaciones- fueron contraídas en su propio beneficio y no así de dicho menor de edad; y, b) Las boletas de pago de la colegiatura de su hijo menor de edad, beneficiario de la asistencia familiar, que demuestran sus necesidades educativas, sin contar con la vestimenta, salud y alimentación; y, iii) Si bien el peticionante de tutela cuenta con otros dos hijos bajo su dependencia, ella también tiene otro hijo bajo su cuidado, además de cargas familiares y deudas; sin embargo, esa situación solo fue valorada en favor del accionante y no así de su persona.

En respuesta a esos agravios, la parte impetrante de tutela en su memorial de contestación refirió lo siguiente: 1) Se observa que con una diferencia de nueve días entre el Auto de Vista 405/2021, que confirmó el incremento de asistencia familiar y el incidente de reducción de asistencia familiar, se hubiera resuelto este último declarándolo probado en parte; empero, debe tomarse en cuenta que el Auto Interlocutorio 13/2022, que resolvió el incidente de reducción de asistencia familiar, fue emitido el 10 de marzo de 2022; es decir, después de cuatro meses; por lo que no tendría fundamento el reclamo de la tercera interesada;

2) Es totalmente irracional el reclamo de que no se consideren los descuentos por las demás obligaciones contraídas por su persona, como el préstamo “…de la mutual entre otros…” (sic); puesto que esas obligaciones a las que se encuentra reatado son un contra peso, para establecer la proporcionalidad de la suma que se debe fijar como asistencia familiar para el beneficiario, conforme lo establece el art. 116.I del CFPF; y,

3) Sobre el reclamo de la falta de valoración de las boletas de pago de colegiatura presentadas por la tercera interesada, cursantes a fs. “1366 - 1369”, se tiene que las mismas no llevan ni siquiera el nombre del estudiante; por lo que no se puede sobreentender algo que no refiere dicha prueba.

En virtud al mencionado recurso de apelación, los Vocales accionados en el Auto de Vista 138/2022 impugnado, expusieron los siguientes argumentos: i) La interpretación de las normas familiares, como el art. 116.I del CFPF sobre la fijación de la asistencia familiar, debe realizarse a la luz de una interpretación favorable a los sectores vulnerables como el menor de edad beneficiario; debiendo ponderarse los derechos patrimoniales del obligado con los derechos de subsistencia del beneficiario, ya que esa normativa establece como parámetro para fijar el monto de asistencia familiar, la proporcionalidad de las necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado; ii) Conforme a las documentales de “…fojas 1327, 1366, 1367 y 1368 de obrados…” (sic), el menor de edad beneficiario se encuentra cursando estudios de secundaria; carga a la que debe “consignarse implícitamente” las necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda y recreación, que no requieren de prueba; debiendo añadirse las necesidades emergentes de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) que generó gastos extraordinarios con relación a los medios de comunicación virtuales y el acceso a internet para que dicho menor de edad acceda a la educación;

iii) Si bien el peticionante de tutela acreditó un sueldo líquido disponible de Bs2 618,70.-; sin embargo, dicho monto no puede ser considerado como un parámetro para establecer la reducción de la asistencia familiar, como erróneamente lo determinó el Juez de primera instancia; ya que dicho monto deviene no solamente de los descuentos de Ley, sino también de descuentos -por otras obligaciones- que sólo irían en su beneficio, como el aporte a la Mutualidad y otros préstamos; los cuales no pueden ir en desmedro de la asistencia familiar que le corresponde al menor de edad, ya que dicho préstamo no fue realizado en su favor;

iv) Si bien las cargas correspondientes a los otros dos hijos del accionante -y la asistencia familiar- pueden significar un límite a su economía; empero, ello no debe ser un impedimento para que despliegue los esfuerzos necesarios para brindar una vida digna a todos sus hijos, que cuentan con las mismas necesidades conforme a los principios de igualdad y no discriminación previstos por el art. 14.II de la CPE; y, v) Los ingresos de la tercera interesada “…se encuentran en el mismo sentido en proporcionalidad a los razonamientos expuestos líneas arriba…” (sic), debiendo considerarse además que esta se encuentra con la guarda del menor de edad beneficiario de la asistencia familiar, estando a cargo de su desarrollo y cuidado.

Ahora bien, teniendo en cuenta la denuncia de falta de motivación y congruencia, corresponde señalar que respecto a estos elementos del derecho al debido proceso, la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, señaló que la motivación viene a ser la manifestación de los razonamientos a partir de los cuales se explican los motivos de por qué el caso concreto se encuadra a la hipótesis prevista en el proceso y la norma legal, y en cuanto a la congruencia, se manifiesta que la misma es entendida como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, y la coherencia que debe tener toda resolución; es decir, la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva y que debe mantenerse en todo su contenido. Bajo ese contexto jurisprudencial, con relación al primer reclamo expuesto en esta acción de defensa, relativo a que los Vocales accionados no se habrían pronunciado sobre los agravios expuestos por la tercera interesada en su recurso de apelación; es preciso señalar que conforme lo establecido por la SCP 0929/2014 de 15 de mayo: “La legitimación activa es un presupuesto procesal para la admisión de la demanda, implica la existencia de una correspondencia directa entre el accionante y el derecho que se invoca, para acreditar este presupuesto es necesario demostrar la vinculación entre el acto que se impugna y su derecho legítimo supuestamente lesionado. (…) es preciso que toda persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo… (...) no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad o particular recurrido, pues las únicas personas que pueden denunciar la violación de un derecho fundamental ajeno, son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público conforme a los arts. 124 y 129-I de la Constitución Política del Estado’”. (el resaltado nos pertenece). En ese sentido, corresponde hacer notar que el recurso de apelación que motivó la emisión del Auto de Vista 138/2021 hoy impugnado, no fue interpuesto por el impetrante de tutela, sino por la tercera interesada, quien resulta ser la directa afectada y la titular del derecho fundamental que considera lesionado y/o que podría haberse vulnerado con la presunta omisión advertida; en tal sentido, el referido peticionante de tutela, en el marco de la jurisprudencia antes mencionada, carece de legitimación activa para efectuar el reclamo de la aparente falta de pronunciamiento respecto a los agravios expuestos en el mencionado recurso de apelación, que como se tiene indicado, no fue interpuesto por él, y no recae en alguna solicitud o pretensión que hubiera sido formulada por su persona y desatendida por las autoridades accionadas;

En consecuencia, no habiéndose advertido una afectación directa de los derechos invocados por el accionante en el reclamo analizado; y toda vez que, la tercera interesada, como titular de los derechos emergentes de la presentación de su recurso de apelación, y directa afectada por la supuesta omisión denunciada por el impetrante de tutela, en su intervención en audiencia ante la Sala Constitucional, indicó que todos sus agravios fueron respondidos por los Vocales accionados mediante el Auto de Vista 138/2022; corresponde denegar la tutela solicitada sobre primer reclamo por falta de legitimación activa. Respecto al segundo reclamo, relacionado con la aparente falta de consideración y pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en su memorial de la contestación; se tiene que las autoridades accionadas al pronunciar el Auto de Vista 138/2022, si bien no consignaron los puntos de su contestación al recurso de apelación planteado por la tercera interesada; sin embargo, de su contenido queda claramente establecido que la mayoría de ellos si merecieron un pronunciamiento y fueron tomados en cuenta a fin de asumir la decisión de revocar el Auto Interlocutorio apelado; toda vez que: a) Con relación a los descuentos de su sueldo no determinados por Ley, que a decir del peticionante de tutela, se constituirían en un “contra peso” para fijar una asistencia familiar que resulte proporcional; los Vocales accionados indicaron de manera clara que al tener esos descuentos, su origen en obligaciones adquiridas en beneficio propio del accionante, y no así en favor de su hijo menor de edad beneficiario de la asistencia familiar, no correspondían ser deducidos de su sueldo líquido pagable, para que, a partir de ello, recién se fije la asistencia familiar; por lo que concluyeron que el monto de Bs2 618,70.-, no podía ser considerado como un parámetro para establecer la reducción de la asistencia familiar; además, que para la fijación de la pensión de dicha asistencia familiar, se debían interpretar las normas familiares de manera favorable a los sectores vulnerables al que pertenecería el indicado menor de edad, y las cargas relativas a su educación, alimentación, vestimenta, vivienda y recreación; b) En cuanto a la denuncia de que las boletas de pago de colegiatura presentadas por la tercera interesada, no consignarían el nombre del estudiante, en este caso del menor de edad beneficiario de la asistencia familiar; las autoridades accionadas con la finalidad de establecer que el señalado menor se encontraría cursando estudios de secundaria, lo que implicaría que a ello se deberían incrementar las necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda y recreación; hicieron referencia a la libreta escolar electrónica del indicado menor de edad beneficiario, e identificaron las boletas de pago de su colegiatura, en las que, contrariamente a lo cuestionado por el impetrante de tutela, claramente se encuentran asentados sus nombres y apellidos, figurando como estudiante del establecimiento educativo al cual realiza dichos pagos; aspecto que deja en evidencia que los vocales accionados se refirieron y consideraron su reclamo, valorando la documentación referida; cuyas fotocopias fueron aparejadas junto a su informe presentado dentro de esta acción de defensa, y que también se encuentran a fs. 16, 52, 53 y 54 del expediente constitucional; y, c) Si bien las autoridades accionadas no efectuaron una declaración expresa sobre la emisión del Auto Interlocutorio 13/2022, que resolvió el incidente de reducción de asistencia familiar, después de cuatro meses de la confirmación del incremento de asistencia familiar realizado por el Auto de Vista 405/2021; sin embargo, al tratarse de un argumento que no tiene ninguna relación con el fondo de la decisión asumida en el Auto de Vista 138/2022, carece de la relevancia constitucional necesaria para que pueda ser analizado por esta jurisdicción; más aún cuando el peticionante de tutela tampoco explicó la incidencia de ese argumento en la revocatoria dispuesta en el mencionado fallo de segunda instancia, ni reclamó de manera específica esa situación. En ese entendido, habiéndose evidenciado que los Vocales accionados al emitir el Auto de Vista hoy impugnado, sí tomaron en cuenta y se pronunciaron sobre los verdaderos argumentos del memorial de contestación presentado por el accionante, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este reclamo, relacionado con los derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de pertinencia y congruencia, este último en cuanto a la consideración de los puntos de respuesta al memorial de apelación presentado por la tercera interesada. Sobre el tercer reclamo referido a la supuesta falta de ponderación de los derechos de todos los hijos del impetrante de tutela con la finalidad de establecer que el beneficiario de la asistencia familiar tiene preferencia sobre sus otros dos hijos.

A pesar de que esa aseveración no fue argumentada por el peticionante de tutela en su memorial de contestación al recurso de apelación interpuesto por la tercera interesada; empero, las autoridades accionadas analizando las circunstancias que motivaron la imposición de la asistencia familiar y lo determinado por el Auto Interlocutorio 13/2022 que dispuso la reducción del monto de asistencia familiar; manifestaron que, si bien las cargas correspondientes a los otros dos hijos del accionante, tales como alimentación, vestido, estudio, etc., y consiguientemente el monto que se determine por asistencia familiar podrían afectar su economía; sin embargo, ello no debe constituirse en un impedimento o una limitante para que él despliegue los esfuerzos necesarios a fin de brindar una vida digna a todos sus hijos. En ese sentido, no resulta evidente el reclamo expuesto por la parte impetrante de tutela a través de este medio de defensa constitucional;

puesto que a pesar de no brindar mayores elementos que puedan ser analizados y considerados por los Vocales accionados, para determinar si existe la prevalencia de derechos entre sus propios hijos; dichas autoridades realizando una interpretación intelectiva sobre el alcance de la asistencia familiar prevista en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, asumieron el parámetro de los principios de igualdad y no discriminación respecto a sus otros dos hijos; concluyendo que tanto ellos, como el beneficiario de la asistencia familiar, merecen gozar de una calidad de vida similar que les garantice una existencia digna. Por consiguiente, con relación a este punto igualmente corresponde denegar la tutela solicitada. En definitiva, respecto el cuarto reclamo relativo a la falta de motivación, de acuerdo a lo señalado precedentemente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que las autoridades accionadas al emitir el Auto de Vista 138/2022, efectuaron un análisis integral del Auto Interlocutorio 13/2022, haciendo referencia al recurso de apelación formulado por la tercera interesada y tomando en cuenta el memorial de contestación presentado por la parte peticionante de tutela; exponiendo de manera clara y precisa las razones de hecho y de derecho que fundaron su decisión, estableciendo y valorando de manera proporcional las necesidades del menor de edad beneficiario de la asistencia familiar, relativas a su alimentación, vestimenta, vivienda, recreación y sobre todo educación; y, las posibilidades económicas del accionante, tomando en cuenta sus obligaciones de manutención respecto a sus otros dos hijos, y considerando de manera razonable y justificada que su sueldo líquido pagable acreditado no podía ser un parámetro para fijar la reducción de la asistencia familiar, tal como fue expuesto líneas arriba. Por consiguiente, tampoco resulta evidente la vulneración del derecho al debido proceso del impetrante de tutela en su elemento de motivación, así como tampoco en cuanto a los principios de proporcionalidad y legalidad, que fueron inmersos en su análisis, debiendo denegarse la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 88/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 138 a 146 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0863_2023-S3.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): f9dc371224d421f902c9af6f63278a991dbf8cb21f06c564284d35a1b54ec736

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