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SCP 0860/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53759-2023-108-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, en tres oportunidades solicitó la cesación de su detención preventiva; y ante ello, el Juez ahora accionado no llevó a cabo la respectiva audiencia, por causas no atribuibles a su persona; haciendo constar que en la última solicitud de 3 de enero de 2025, dicha autoridad judicial el 5 de ese mes y año, fijó audiencia para un día hábil; es decir, el 9 de igual mes y año, lo que representa una gran dificultad para que pueda cumplir con las notificaciones a los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/23 de 10 de enero de 2023, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, al advertirse la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

a) Disponer que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, verifique que el personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, realice las respectivas diligencias de notificación con la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante; y consiguientemente, celebre dicho acto procesal para considerar la situación jurídica de Jassir Congora Montero.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0860/2025-S1 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53759-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/23 de 10 de enero de 2023, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Israel Campos Mercado en representación sin mandato de Jassir Congora Montero contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 9 de enero de 2023, cursante de fs. 3 a 6, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jassir Congora Montero -accionante-, por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP), en más de tres oportunidades solicitó la cesación de su detención preventiva. La última vez fue el 3 de enero de 2023, e incluso su defensa se apersonó al Juzgado en el que radica su causa el 4 y 5 de dicho mes y año; empero, funcionarios de apoyo jurisdiccional le indicaron que el expediente no salió de despacho con decreto de señalamiento de audiencia. El 6 de enero de 2025, nuevamente su defensa acudió al Juzgado correspondiente y en esa ocasión se le informó que se fijó audiencia para el 9 de igual mes y año; es decir, para el día siguiente hábil, lo que representaba un tiempo insuficiente para realizar diligencias; dicha actuación, a su criterio representa que el Juez ahora accionado no tiene la más mínima intención de instalar su audiencia; puesto que, por memorial presentado el 3 del citado mes y año, expresó que renunciaba a las cuarenta y ocho horas, para la realización de audiencia con tal que se otorgue un tiempo prudencial para realizar las notificaciones, sin embargo, la referida autoridad judicial hizo caso omiso y fijó audiencia “de un día a otro”. Se debe considerar que desde “octubre” solicitó se fije audiencia de cesación de la detención preventiva; empero, la misma no se instaló por causas atribuibles al Juez hoy accionado; puesto que, se encuentra con otras audiencias y no atribuibles a su persona.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene al Juez hoy accionado: a) Señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva; b) Se lleve a cabo dicho acto procesal; y, c) Se realicen las respectivas notificaciones a las partes procesales con el tiempo prudente para la indicada audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: 1) El 3 de noviembre de 2022, fue la primera vez que solicitó la cesación de su detención preventiva y en esa ocasión ya expresó que renunciaba a los plazos para que se pueda notificar a los sujetos procesales; 2) El 14 de igual mes y año, nuevamente reiteró su solicitud y en esa ocasión por decreto de 17 de ese mes y año, que en realidad fue puesto “a la vista” el 24 de igual mes y año, el Juez ahora accionado fijó fecha para la audiencia de cesación de la detención preventiva ese mismo día; y, 3) Su tercera solicitud de 6 de enero de 2023, fue atendida señalándose audiencia para el 9 del indicado mes y año, o sea, un día hábil después, sin darle el tiempo suficiente para efectuar las notificaciones.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial accionada

Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 10 de enero de 2023, cursante de fs. 25 a 26, manifestó que: i) Conforme consta en el cuaderno procesal, se tiene el memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, que mereció el decreto de 5 de enero de 2023, en la cual se fijó audiencia “…para el día LUNES 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A HORAS 10:00 A.M.…” (sic), sin que se hubiesen diligenciado las notificaciones correspondientes a los sujetos procesales; ii) Cabe recordar que en el Juzgado a su cargo retomó funciones a partir del 3 del citado mes y año; por lo que, los expedientes que fueron remitidos al Juzgado de turno durante la vacación judicial, entre ellos el cuaderno procesal del accionante; siendo, devueltos recién el 4 de igual mes y año, a las 14:46 horas, según consta en el oficio respectivo; iii) En ese sentido, resulta incorrecto que el accionante afirme haberse constituido al Juzgado para verificar si su memorial ya había sido despachado, cuando dicho documento ni siquiera se encontraba en despacho por la falta del cuaderno procesal; iv) Por otro lado, el accionante mencionó que, a pesar de renunciar al plazo de cuarenta y ocho horas para el señalamiento y haber actuado en tiempo razonable para realizar las diligencias correspondientes, su autoridad habría ignorado tal renuncia y señalado audiencia “de un día para otro”, como “él” lo expresa; sin embargo, es necesario recordarle los plazos procesales establecidos por el art. 132 del código Procedimiento Penal (CPP), que indica que la autoridad jurisdiccional no puede someterse a los caprichos de las partes procesales; ya que, las actuaciones deben regirse conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y sus modificaciones vigentes; v) Asimismo, debe tenerse presente y ser considerado por su rectitud que las audiencias mencionadas por el accionante no fueron suspendidas por causas atribuibles al control jurisdiccional, sino que al igual que la audiencia que motiva la presente acción de libertad, fueron suspendidas por falta de notificaciones; es decir, la parte incidentista -accionante- no cumplió con la carga procesal que le corresponde para gestionar y/o diligenciar los actos de comunicación, lo que evidencia una negligencia de su parte que ahora pretende atribuir al suscrito juzgador; y, vi) Por lo mencionado, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/23 de 10 de enero de 2023, cursante de fs. 29 a 30, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez hoy accionado en el plazo de veinticuatro horas, fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, realizando todas las notificaciones a los sujetos procesales, todo ello bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE, establece que cualquier persona que considere que su vida está en riesgo, que es objeto de persecución ilegal, que está siendo procesada de manera indebida o que ha sido privada de su libertad personal, tiene el derecho de presentar una acción de libertad, Esta puede ser interpuesta de forma oral o escrita, por la propia persona o por otra en su nombre, sin necesidad de seguir formalidades procesales, ante un juez o tribunal penal competente, el propósito de esta acción de libertad es solicitar protección para la vida, el cese de la persecución injusta, la restitución de los procedimientos legales o la recuperación de la libertad; b) La acción de libertad ha sido consagrada por los arts. 125 y ss. de la CPE como un mecanismo de defensa de los derechos y garantías fundamentales relacionados con la vida y la libertad; c) Estos derechos, reconocidos por la Norma Suprema, son inherentes a todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia y no pueden ser vulnerados sin una causa legítima, mucho menos sin ningún proceso previo; d) La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, entre otras, realizó una breve sistematización del habeas corpus, actualmente denominado acción de libertad, y distinguió dos tipos: la acción traslativa y la de pronto despacho, esta última tiene como finalidad de agilizar los trámites judiciales o administrativos cuando existen demoras injustificadas en resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad, especialmente cuando se trata de su derecho a la libertad; y, e) En ese sentido, la SCP 0071/2012 de 12 de abril, señaló que la jurisprudencia constitucional, al referirse al principio de celeridad en relación con los operadores de justicia, establece que dicho principio impone la obligación jurídica de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento sin demoras indebidas, esta exigencia se vuelve más urgente en los casos relacionados con la libertad personal; ya que, tales solicitudes deben ser atendidas de manera inmediata si no existe una norma que fije un plazo, y si lo hay, este debe cumplirse estrictamente; así también lo establecieron las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R, entre otras.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 3 de enero de 2023, ante Rodrigo Aldo Vedia Espinoza Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, Jassir Gongora Montero -ahora accionante-, solicitó se fije audiencia de cesación de su detención preventiva (fs. 2); mereciendo en respuesta el decreto de 5 de igual mes y año, por el que, el Juez ahora accionado señaló audiencia para el 9 del referido mes y año (fs. 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, en tres oportunidades solicitó la cesación de su detención preventiva; y ante ello, el Juez ahora accionado no llevó a cabo la respectiva audiencia, por causas no atribuibles a su persona; haciendo constar que en la última solicitud de 3 de enero de 2025, dicha autoridad judicial el 5 de ese mes y año, fijó audiencia para un día hábil; es decir, el 9 de igual mes y año, lo que representa una gran dificultad para que pueda cumplir con las notificaciones a los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, establece que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, en tres oportunidades solicitó la cesación de su detención preventiva; y ante ello, el Juez ahora accionado no llevó a cabo la respectiva audiencia, por causas no atribuibles a su persona; haciendo constar que en la última solicitud de 3 de enero de 2025, dicha autoridad judicial el 5 de ese mes y año, fijó audiencia para un día hábil; es decir, el 9 de igual mes y año, lo que representa una gran dificultad para que pueda cumplir con las notificaciones a los sujetos procesales. Ahora bien, delimitada la problemática planteada por el accionante, de la revisión de antecedentes remitidos en el cuaderno procesal, se tiene que por memorial de 3 de enero de 2023, el accionante solicitó al Juez hoy accionado fije audiencia de cesación de su detención preventiva; mereciendo en respuesta el decreto de 5 de igual mes y año, por el que dicha autoridad judicial señaló audiencia para el 9 del referido mes y año (Conclusión II.1.). Delimitado el objeto procesal y conocidos los antecedentes fácticos y procesales, corresponde considerar que conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. En ese contexto a efectos de determinar si la alegada dilación es evidente, en el caso concreto, corresponde precisar la actuación del Juez hoy accionado, y en ese entendido, se tiene que el accionante evidentemente por memorial de 3 de enero de 2023, solicitó a la referida autoridad judicial, la cesación de su detención preventiva, ello, conforme al art. 239.1 del CPP, y en su memorial, expresamente precisó que “…solicito a su autoridad señala día y hora de audiencia para considerar mi solicitud de cesación a la detención preventiva y sea con un tiempo prudencial para realizar las notificaciones, renunciando a las 48 horas como lo establece nuestro ordenamiento jurídico…” (sic). En respuesta, por decreto de 5 de enero de 2023, el Juez ahora accionado señaló audiencia para el 9 de ese mes y año, a las 10:00 horas, mediante sistema WEBEX MEETINGS.

Y al respecto, en cuanto a esa tramitación, resulta pertinente recordar al accionante, que evidentemente del contenido del art. 239.1 del CPP, modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, se tiene que planteada la solicitud de cesación de su detención preventiva por la causal del numeral 1 del mencionado artículo, el juez o tribunal deberá fijar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; plazo procesal que efectivamente fue cumplido por el Juez ahora accionado; sin embargo, por la particularidad del caso concreto, en la que existe una falta de efectivización de la realización de la audiencia extrañada, lo cual se encuentra plenamente demostrado; puesto que, el mencionado Juez, en su informe presentado el 10 de noviembre de 2023, en la presente acción de libertad, se limitó a sostener que “…debe tenerse presente y considerarse por vuestra rectitud que las audiencias a las cuales señala y menciona el accionante se hubiesen suspendido por causas atribuibles al control jurisdiccional (lo cual falta a la verdad) se tiene que las mismas al igual que la que motiva la presente acción de libertad fueron suspendidas por falta de notificaciones, es decir la parte incidentistas (hoy accionante) no cumplió con la carga de la diligencia que recae sobre el para gestionar y/o diligenciar los actos de comunicación procesal, lo cual evidencia la negligencia en la cual incurre el mismo accionante y que hoy se pretende atribuir al suscrito juzgador” (sic [las negrillas son nuestras]); se advierte que el Juez ahora accionado supeditó la realización de la audiencia en reiteradas oportunidades, a que el accionante cumpla con la labor de realizar las diligencias de notificaciones; labor que si bien puede efectuarse con la ayuda y cooperación de la parte solicitante; empero, de ninguna manera se puede delegar a dicha parte, esa labor es netamente jurisdiccional que corresponde a funcionarios de apoyo jurisdiccional a su cargo. En ese entendido, de ninguna manera la omisión de notificación a las partes procesales por el accionante, constituye una razón para suspender la audiencia extrañada de manera recurrente; ya que, se reitera esa labor jurisdiccional, no es una carga que se le pueda atribuir al accionante; puesto que, lo contrario implicaría que el Juez esté supeditando el cumplimiento de una actuación que no corresponde para recién efectivizar la realización de una audiencia, cuando en realidad, es su responsabilidad ejercer la dirección de su Juzgado para que el personal bajo su control cumpla con las notificaciones respectivas. De esa manera, se advierte que el Juez hoy accionado actuó sin la debida diligencia y dilató de manera indebida la consideración de la situación jurídica del accionante al señalar audiencias dentro de plazo; empero, sin realizar las respectivas notificaciones, ocasionando que las mismas no puedan ser efectivizadas; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, disponiendo que dicha autoridad judicial verifique que el personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, realice las respectivas diligencias de notificaciones con la audiencia; y consiguientemente, celebre dicho acto procesal para considerar la situación jurídica del accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/23 de 10 de enero de 2023, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, al advertirse la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

a) Disponer que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, verifique que el personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, realice las respectivas diligencias de notificación con la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante; y consiguientemente, celebre dicho acto procesal para considerar la situación jurídica de Jassir Congora Montero. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0860_2025-S1.pdf · páginas 1 a 8.

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