Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 28 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, legalidad y verdad material; toda vez que, SAFI UNIÓN S.A. mediante medidas de hecho consistentes en acoso laboral y trato denigrante además del inicio un proceso disciplinario dispuso su suspensión sin goce de haberes, viéndose obligado a presentar su renuncia; empero, la parte demandada al no poder continuar el proceso disciplinario envió una auditoria posterior a su desvinculación laboral y los antecedentes del truncado sumario ante el ICALP, denunciando faltas éticas en el manejo de ciertas contrataciones cuando fungía como abogado de la mentada Empresa. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 102/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 371 a 377, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0860/2023-S2 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 49398-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 102/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 371 a 377, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carla Andrea Oviedo Reguerin en representación legal de Erland Franz Oviedo Reguerin contra Luis Adolfo Palacios Yañez, Gerente General; Francisco Rubén Morales Quisbert, Jefe Legal; Pamela Virginia Suxo Mamani, Auditor interno; Ronald Juan Fuentes Valdivia, Jefe de Planificación, Organización y Métodos; Anahi Lucero Velasquez Goytia, Analista Legal y Fabiola Andrea Imaña Bellot, Analista de Gestión Integral de Riesgo todos de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) UNIÓN Sociedad Anónima (S.A.).
Por memoriales presentados el 8 y 21 de marzo de 2022, cursantes a fs. 1, 58 a 70, 77 y 89 vta., el accionante a través de su representante expresó:
Desde marzo de 2021, que fue ratificado como Jefe Legal de SAFI UNION S.A., los ejecutivos de dicha entidad comenzaron con actos de acoso laboral en su contra, no le asignaron la remuneración correspondiente a su cargo, posteriormente los problemas se agudizaron con la posesión del nuevo Directorio, quien ejerció acciones denigrantes en su contra consiguiendo su renuncia mediante medidas de hecho, como el sumario informativo iniciado en su contra y suspendido ante su renuncia, que decantó en la remisión de todos los antecedentes y denuncia ante el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP), carente de elementos de hecho y normativos sobre presuntas contravenciones, mismo que se encuentra en trámite, situación que le perjudica de sobremanera no pudiendo hallar una fuente laboral, afectándose sus derechos laborales porque no le cancelaron sus honorarios establecidos en la iguala profesional firmada el 13 de enero de 2021 que a la fecha se encuentra vigente.
Señaló como lesionados sus derechos al trabajo y al debido proceso así como los principios de seguridad jurídica, legalidad y verdad material; citando al efecto los arts. 46.II, 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, ordenar: a) La nulidad del Auto de Admisión de Proceso Sumario Informativo S.I./001/2021 de 6 de mayo; b) Se deje sin efecto el Informe de la Comisión Sumariante 01/2021 de 14 de mayo; c) Se deje sin efecto la nota CITE-SUN-2505/2021 de 27 de agosto denuncia ante el ICALP; y, d) Finalmente “…se obligue a que SAFI UNIÓN S.A. en cumplimiento a la iguala Profesional de 13 de enero de 2021, de cumplimiento a la cancelación de Bs. 3.352.771,00 (Tres millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y uno con 00/100 Bolivianos) que son adeudados a mi persona” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 361 a 370, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando que: 1) El último acto lesivo es la nota CITE SUN 2505/2021, que es la denuncia ante el ICALP sustentado con el Informe de la Comisión Sumariante 01/2021 de 14 de mayo y el Auto de Admisión de Proceso Sumario Informativo S.l./001/2021, esta nota emerge de la auditoria que le hicieron y notificaron el 20 de septiembre de 2021, el proceso se encuentra radicado en la mentada institución y no se tuvo aun el auto de inicio y descargo pero hay una acción de inconstitucionalidad que aún se tratará ante dicha instancia; y, 2) Existe un sumario informativo, el Auto de Admisión de Proceso Sumario Informativo S.l./001/2021, que dispuso abrir proceso sumario en su contra, presentar prueba de descargo en el plazo de veinticuatro horas, prestar su declaración informativa para el 3 del mismo mes y año y su suspensión sin goce de haberes, por lo que viendo que ya fue sancionado con la interrupción de funciones decidió renunciar; es así que, no declaró y la Comisión Sumariante sugirió que se inicien otras medidas ante el ICALP porque habrían antecedentes de que como Jefe Legal se hizo un contrato así mismo.
Luis Adolfo Palacios Yañez, Gerente General; Francisco Rubén Morales Quisbert, Jefe Legal; Pamela Virginia Suxo Mamani, Auditor Interno; Anahi Lucero Velasquez Goytia, Analista Legal y Fabiola Andrea Imaña Bellot, Analista de Gestión Integral de Riesgo, todos de SAFI UNIÓN S.A. presentaron sus informes escritos de 6 y 9 de mayo de 2022, cursantes de fs. 250 a 258; y, 351 a 359 vta. mediante los cuales solicitaron se deniegue la tutela, por las siguientes razones de orden jurídico y fáctico; i) El impetrante de tutela no establece de manera clara e inequívoca la fecha en la cual habría sufrido el agravio demandado, estableciendo simplemente dos, de 10 de mayo y 27 de agosto de 2021, fechas que no cumplen con el principio de inmediatez pues la fecha de recepción de la presente acción tutelar es de 8 de marzo de 2022, fuera del plazo de seis meses; ii) No cumplió con el principio de subsidiariedad porque los hechos demandados como vulneradores pueden ser reclamados en la vía correspondiente, porque primero tomó la decisión de renunciar a su cargo y no someterse a un sumario informativo, rehusando accionar los medios de defensa establecidos, por ende la comisión sumarial no pudo ingresar al fondo recomendando otras acciones legales, por tanto no se puede hablar de vulneración al debido proceso o la defensa; iii) No se puede argumentar medidas de hecho debido a que existieron actos consentidos, porque decidió de forma voluntaria no someterse al sumario informativo; iv) El ahora peticionante de tutela presentó un recurso de inconstitucionalidad dentro del proceso que le inició el ICALP antes de la interposición de la presente acción tutelar, por otro lado, la ejecución de la iguala profesional firmada el 13 de enero de 2021 no puede hacerse efectiva porque el proceso civil no concluyó; v) No establece la participación de cada uno de los demandados, individualizando su proceder y de qué manera habrían lesionados los derechos demandados; vi) La pretensión del impetrante de tutela resulta inviable; toda vez que, la nulidad del Auto de Admisión de Proceso Sumario Informativo S.l./001/2021 y el Informe de la Comisión Sumariante 01/2021 fueron dejados sin efecto, porque el Reglamento Interno de SAFI UNIÓN S.A. solo puede ser utilizado para procesar a funcionarios no así a exfuncionarios cual es el caso del impetrante de tutela; también pide, la nulidad de la denuncia ante el ICALP, no siendo procedente dicho aspecto porque ella fue aceptada y mereció la interposición de un recurso de inconstitucionalidad con el fin de paralizar el mismo, de donde se tiene claramente establecido que este se encuentra en plena ejecución, siendo esta instancia la que tiene el deber de dilucidar sobre la denuncia presentada; y, vii) Respecto al reclamo de honorarios, de no estar el profesional satisfecho en el pago de sus honorarios podrá reclamar al juez el pago de acuerdo a lo pactado.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 102/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 371 a 377, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Existen tres hechos identificados como vulneradores, primero el Auto de Admisión de Proceso Sumario Informativo S.l./001/2021, solamente este acto que no continuó porque el impetrante de tutela se sustrajo de la relación laboral con SAFI UNION S.A. y la condición para la prosecución de este proceso sumario en calidad de disciplinario es que el denunciado sea funcionario y al renunciar frenó dicho proceso, en este punto, existen dos elementos que recaen sobre los principios de subsidiariedad e inmediatez, porque dicho Auto de Admisión no se constituye como el último acto o pronunciamiento en una resolución definitiva que establezca una consecuencia jurídica o decisión que vaya en detrimento de los derechos del accionante, por tanto, no se constituye en un acto vulnerador de derechos; b) El precitado hecho cuenta con un impedimento de temporalidad previsto en los arts. 129 de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), aspecto que impide ingresar al fondo de la problemática planteada; c) El segundo acto establecido es la existencia de una auditoria que se traduce en el Informe de la Comisión Sumariante 01/2021, el cual refiere que fue notificado y surtió efectos de derecho porque se le dio una sanción anticipada disponiendo que se suspenda su salario, en el mismo sentido, se desconoce cuál fue el trámite o desarrollo procesal que tuvo porque ningún informe legal o auditoria impone una sanción, menos crea una consecuencia jurídica de manera directa y este Informe de la Comisión Sumariante 01/2021, hace recomendaciones y se encuentra dentro de lo establecido por el principio de inmediatez pues habría transcurrido más de un año de su emisión, siendo esta una causal de improcedencia; y, d) Un tercer elemento vulneratorio sería la nota de 27 de agosto de 2021 enviada por SAFI UNIÓN S.A. al ICALP denunciando faltas a la ética profesional, documento que violentaría su derecho al trabajo impidiéndole ejercer su profesión de abogado, esta denuncia fue presentada conforme a la norma al amparo de la Ley del Ejercicio de la Abogacía que conlleva a la prevención normativa para sancionar infracciones a la ética de los abogados y este accionar está siendo cuestionado a través de una acción tutelar, cuyo fin es precautelar los derechos y garantías sobre actos u omisiones que causen efecto pero no un proceso que no cuenta con una resolución de primera instancia, lo que indica que no se tomó en cuenta el principio de subsidiariedad, lo cual impide que este Tribunal pueda manifestarse respecto a lo reclamado y solicitado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Admisión de Proceso Sumario Informativo S.l./001/2021 de 6 de mayo, disponiendo se emita el auto inicial de proceso sumario informativo, abrir el término de veinticuatro horas para que los demandados presenten pruebas de descargo, disponiendo su declaración informativa para el 10 de igual mes y año y la suspensión de sus funciones sin goce de haberes a partir de la notificación con el Auto (fs. 9 a 16). II.2. Mediante nota de 10 de mayo de 2021, presentada por el impetrante de tutela dirigida a SAFI UNIÓN S.A. solicitó resolución de contrato de iguala profesional (fs. 29). II.3. Consta Informe de la Comisión Sumariante 01/2021 de 14 de mayo, que recomendó a la Gerencia General de SAFI UNIÓN S.A. remitir el caso del contrato de iguala profesional a instancias pertinentes para evaluar o proceder con las acciones legales que correspondan contra Erlan Franz Oviedo Reguerin -hoy accionante-, por presuntos daños ocasionados por sus acciones (fs. 17 a 28). II.4. Por nota de 11 de junio de 2021, la Empresa demandada dio respuesta a la nota de 10 de mayo del mismo año, supra citada indicando que no corresponde ningún honorario ni conciliación alguna porque el proceso se inició y llevó adelante cuando el peticionante de tutela era funcionario de la mentada institución y que por dichos servicios recibió una debida remuneración (fs. 30 a 31 vta.). II.5 Se tiene nota de 27 de agosto de 2021, dirigida a Edson Orlandini Foronda Paredes, Presidente del ICALP, interponiendo denuncia contra el impetrante de tutela, abogado que ejerció cargos de: Responsable de Transparencia y Jefe Legal de SAFI UNION S.A. recibida el 30 de igual mes y año (fs. 36 a 56). II.6. Consta proveído de 3 de septiembre de 2021, emitido por el Presidente del ICALP convocando a una audiencia de conciliación el 22 del mismo mes y año, notificada el 20 de los citados mes y año (fs. 56 vta.).
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, legalidad y verdad material; toda vez que, SAFI UNIÓN S.A. mediante medidas de hecho consistentes en acoso laboral y trato denigrante además del inicio un proceso disciplinario dispuso su suspensión sin goce de haberes, viéndose obligado a presentar su renuncia; empero, la parte demandada al no poder continuar el proceso disciplinario envió una auditoria posterior a su desvinculación laboral y los antecedentes del truncado sumario ante el ICALP, denunciando faltas éticas en el manejo de ciertas contrataciones cuando fungía como abogado de la mentada Empresa. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
En relación al cómputo del plazo de seis meses para la activación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas, la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. Respecto del cómputo del plazo de los seis meses, (…) se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado” (Entendimiento reiterado por el AC 0023/2015-RCA de 2 de febrero [las negrillas y el subrayado nos corresponden]).
La SCP 1112/2019-S2 de 18 de diciembre, al respecto refiere que: “El art. 53.1 y 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), responde a la naturaleza subsidiaria de esta acción de defensa, derivada de la norma constitucional contenida en el art. 129.I de la Ley Fundamental, que señala que ésta podrá ser interpuesta: ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’; previsión que se encuentra regulada de igual manera en el art. 54.I del CPCo, redactado en similar sentido. Estableciendo el parágrafo II de dicha norma procesal, que esta regla será excepcionalmente obviada, únicamente previa justificación fundada, cuando se demuestre que: ‘1. La protección puede resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. Resulta claro, en consecuencia, que la acción de tutela examinada, es viable sólo en la medida en que el impetrante de tutela agote previamente a su interposición, todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, únicamente ante la persistencia de la lesión, podrá formularla. Respecto a la subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo constitucional, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, aplicable en la actualidad al no ser contraria al nuevo orden constitucional ni a lo instituido en el Código Procesal Constitucional, al responder a su naturaleza jurídica; consignó las reglas y subreglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad, resumidas en que no es factible su interposición, y consecuentemente, su posterior admisión, tramitación y resolución, cuando: ‘…1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación ; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución…’. Estableciendo por su parte, la SC 0150/2010-R de 17 de mayo, que: ‘…el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron la vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia’” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, legalidad y verdad material; toda vez que, SAFI UNIÓN S.A. mediante medidas de hecho consistentes en acoso laboral y trato denigrante además del inicio de un proceso disciplinario dispuso su suspensión sin goce de haberes, viéndose obligado a presentar su renuncia; empero, la parte demandada al no poder continuar el proceso disciplinario envió una auditoria posterior a su desvinculación laboral y los antecedentes del truncado sumario ante el ICALP, denunciando faltas éticas en el manejo de ciertas contrataciones cuando fungía como abogado de la mentada Empresa. De lo traído en revisión la Empresa demandada emitió Auto de Admisión de Proceso Sumario informativo S.l./001/2021 de 6 de mayo, disponiendo que se formule el auto inicial de proceso sumario informativo, abrir el término de veinticuatro horas para que el demandado presente prueba de descargo, además de disponer su declaración informativa para el 10 del mismo mes y año y la suspensión en sus funciones sin goce de haberes a partir de la notificación con el referido Auto (Conclusión II.1), posteriormente, el impetrante de tutela presentó la nota de 10 de mayo de 2021, dirigida a la Empresa demandada solicitando resolución de contrato de iguala profesional dentro de un proceso civil en el cual fungió como abogado patrocinante (Conclusión II.2), ante dicha pretensión la mencionada Empresa respondió mediante nota de 11 de junio de igual año, indicando que no corresponde ningún honorario ni conciliación alguna porque el proceso se inició y llevó adelante cuando era funcionario de la mentada institución y que por dichos servicios recibió una debida remuneración (Conclusión II.4), tras la instauración del mencionado proceso y otros hechos, el impetrante de tutela decidió presentar su renuncia al cargo de Jefe Legal, aspecto que suspendió el sumario aperturado al no poder aplicarse el Reglamento Interno a exfuncionarios; en ese sentido, impedida de llevar adelante la acción disciplinaria pretendida, la Comisión Sumariante de la entidad antes mencionada emitió el Informe de la Comisión Sumariante 01/2021 de 14 de mayo, que recomendó a la Gerencia General de dicha empresa remitir el caso del contrato de iguala profesional a instancias pertinentes para evaluar o proceder con las acciones legales que correspondan en contra del hoy peticionante de tutela por presuntos daños ocasionados por sus acciones (Conclusión II.3); por último se tiene nota de 30 de agosto de similar año, dirigida a Edson Orlandini Foronda Paredes, Presidente del ICALP, interponiendo denuncia contra el solicitante de tutela abogado que ejerció cargos de Responsable de Transparencia y Jefe Legal de la citada empresa y notificada el 20 de septiembre del mismo año (Conclusión II.5). Respecto al Auto de Admisión de Proceso Sumario Informativo S.l./001/2021 de 6 de mayo y el Informe de la Comisión Sumariante 01/2021 de 14 del mismo mes y año, debemos observar el principio de inmediatez que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que: “…la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen), al respecto debemos establecer que ambos hechos demandados como lesivos a los derechos y garantías constitucionales del impetrante se tutela exceden el término instituido por la citada jurisprudencia para su reclamo a través de la interposición de la presente acción tutelar, convirtiéndose dicho extremo en una causal de improcedencia; motivo por el cual, no es posible que este Tribunal ingrese al análisis de fondo sobre estos puntos, que a decir del peticionante de tutela lesionó el debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad, debiendo denegar la tutela solicitada. Sobre la denuncia presentada ante el ICALP el “30 de agosto” y que fue notificada al solicitante de tutela el 20 de septiembre de 2021, esta superaría el principio de inmediatez y por ende correspondería su análisis, en ese sentido, la nota de acuerdo al accionante centraría su argumentación en el informe del Tribunal Sumariante y los antecedentes del truncado sumario informativo, que contendría muchas falsedades y que este procedimiento impediría que pueda trabajar en cargos públicos, al respecto el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, estableció que: “…no es factible su interposición, y consecuentemente, su posterior admisión, tramitación y resolución, cuando: ‘…1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno …” (el subrayado es nuestro), al presente tenemos que la remisión de una nota (denuncia) ante el ICALP, por parte de la Empresa demandada no constituye un acto ilegal pues de acuerdo al art. 47 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA) las denuncias pueden ser presentadas por cualquier persona que demuestre su interés legítimo y está de acuerdo a la documental adjunta aun no fue admitida habiéndose citado a una audiencia de conciliación, por ende, no es posible que en una documental de dichas características se pueda establecer daño alguno pues no se trata de un paso procesal dispuesto con el fin de investigar, sancionar o establecer la inocencia del denunciado dentro de un debido proceso, sino de un actuado tendiente a no llevar adelante un proceso que demande recursos y tiempo a las partes llegando a una solución temprana por la vía de la conciliación y que de encontrarse alguna acción u omisión que cause algún agravio en dicho actuado serán las autoridades disciplinarias quienes deben reparar los derechos y garantías lesionados en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados, por ende, no es posible conceder la tutela solicitada al ingresar en una causal de improcedencia. Sobre el derecho al trabajo el impetrante de tutela no explicó, ni presentó prueba alguna sobre la manera que se estaría vulnerando este derecho, por tanto, no es posible que este Tribunal se pronuncie al respecto; de igual manera, sobre las vías de hecho que se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, debiendo denegar la tutela sobre estos aspectos.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 102/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 371 a 377, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0860_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 23941784800de3fda04ef74497c7cdbdeccc8bb90e1fd758a0b1c6d76d1891ed
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