Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de octubre de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba, de los principios de razonabilidad, de justicia, de transversalidad de la perspectiva de género, de seguridad jurídica y de verdad material; a la igualdad y no discriminación; y, de acceso a la tutela judicial efectiva y a la propiedad; puesto que, los Vocales ahora accionados al momento de emitir el Auto de Vista SFNA 541/2023 de 4 de diciembre, contrariamente a lo determinado en primera instancia, a pesar de existir casos análogos que determinaron la ganancialidad de construcciones efectuadas en terreno de terceros; establecieron que la construcción en litigio no formaba parte del patrimonio ganancial, omitiendo la verdad material y el deber de juzgar bajo la perspectiva de género. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 114/2024-SCII de 18 de junio, cursante de fs. 777 a 780 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en cuanto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a la valoración razonable de la prueba, de los principios de razonabilidad, de justicia, de transversalidad de la perspectiva de género, de seguridad jurídica y de verdad material; a la igualdad y no discriminación; y, de acceso a la tutela judicial efectiva, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 541/2023 de 4 de diciembre ordenando a los Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emitir una resolución que cumpla las garantías de igualdad, de no discriminación, de debido proceso de aplicación de la perspectiva de género, en el plazo de tres días hábiles computables a partir de su notificación con este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la propiedad, y con relación al pago de costas y costos, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0859/2024-S3 Sucre, 1 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 65011-2024-131-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución AAC 114/2024-SCII de 18 de junio, cursante de fs. 777 a 780 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lourdes Picha Pareja contra Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocal de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia y Julio César Sandi Ustarez, Vocal -convocado- de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
La accionante, por memorial presentado el 27 de mayo de 2024, cursante de fs. 714 a 740 vta., manifestó lo siguiente:
Durante más de veinte años de matrimonio, contribuyó al hogar conyugal con su trabajo e ingresos. Junto a su esposo Víctor Hugo García Pinto -ahora tercero interesado-, generaron activos patrimoniales. En 2007, los padres del nombrado le asignaron verbalmente 250 m² de su terreno sito en Av. Canadá 789, zona San Juanillo de la ciudad de Sucre para que ambos cónyuges construyeran su vivienda. En virtud de que, sus ahorros no alcanzaban, en octubre de 2008 gestionaron un préstamo de Bs212 700.- (doscientos doce mil setecientos bolivianos) a nombre de su suegro. En ese orden, su persona -accionante- fue quien realizó los pagos de dicho crédito entre el 2008 y 2010. Más adelante, sus suegros traspasaron la responsabilidad del crédito a su esposo -hoy tercero interesado-, quien, a través del Banco BISA Sociedad Anónima (S.A.), consiguió otro préstamo el 2010, otorgando el señalado terreno como garantía.
Con los fondos precedentemente descritos, se construyó una casa de tres niveles que incluía dos canchas de Raquet-Wally en la planta baja, dos departamentos en el segundo nivel y dos dormitorios en el tercero. Tanto su persona como el ahora tercero interesado cubrieron los pagos del crédito; empero, ella fue quien supervisó la construcción, aportando en la compra de materiales, como lo evidencian las facturas a su nombre, debiendo considerarse que sus suegros no participaron en esa construcción. Para cubrir los gastos adicionales de la obra, sus suegros firmaron un primer contrato de anticrético el 8 de noviembre de 2009 por $us39 000.- (treinta y nueve mil dólares estadounidenses), y un segundo contrato en diciembre de 2016 por $us17 000.- (diecisiete mil dólares estadounidenses), aún vigente. Su persona colaboró en la devolución de esos montos. Además, durante el matrimonio adquirieron “vehículos”, incluyendo una vagoneta Renault, modelo DUSTER, manejada por el hoy tercero interesado. A finales del 2022, el hoy tercero interesado alquiló las canchas de Raquet-Wally, quitándole una fuente de ingresos. En diciembre de ese año, su persona presentó la demanda de divorcio, solicitando la guarda de los hijos, asistencia familiar y la división de bienes gananciales, entre ellos los muebles, el inmueble construido, y la vagoneta Renault, modelo DUSTER, con placa de control 4995 AAS. En la primera audiencia de conciliación, se reconocieron las deudas familiares, incluyendo un anticrético de $us17 000.- y otras deudas de la comunidad de gananciales. En la segunda audiencia, las pruebas admitidas confirmaron que la construcción del bien inmueble fue realizada por ambos cónyuges. También, testigos y trabajadores declararon que fue su persona quien coordinó los avances de la obra y la compra de materiales, sin la intervención de sus suegros. En primera instancia a través de la Sentencia 69/2023 de 9 de junio, la Jueza de la causa reconoció la ganancialidad del bien inmueble y de los quinquenios del ahora tercero interesado. Asimismo la referida Sentencia también incluyó una perspectiva de género; sin embargo, ante esa determinación el hoy tercero interesado planteó recurso de apelación, y el Auto de Vista SFNA 541/2023 de 4 de diciembre, revocó parcialmente la citada Sentencia de primera instancia, vulnerando sus derechos. El Auto de Vista SFNA 541/2023, vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y del principio de razonabilidad; por cuanto argumentó que debía aplicarse normas en la materia y otras especiales de aplicación obligatoria por ser idóneas para resolver el caso, concluyendo que la Jueza de primera instancia no consideró que su persona y el ahora tercero interesado no eran los propietarios sino ajenos a la relación del proceso extraordinario de divorcio, resultando lógico que quien sea propietario del terreno también lo sea de la construcción, y que por un acto de desprendimiento permita habitar su vivienda a los hijos hasta que puedan proporcionarse una vivienda propia. Este alegato no señala la normativa aplicable al caso concreto, lo que vulnera su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación. Tampoco ese Auto de Vista consideró que no existía una construcción en el terreno que pudiera habitar junto al ahora tercero interesado; puesto que, la construcción fue edificada durante el matrimonio y directamente a su cargo como cónyuges; esa insuficiencia vulneró el derecho al debido proceso en su principio de razonabilidad, obviando la lógica, la proporcionalidad y la justicia e incurriendo en la inobservancia del valor justicia. Asimismo, el Auto de Vista SFNA 541/2023 impugnado, alegó que por lógica se podría establecer que tanto su persona como el ahora tercero interesado no objetarían la competencia de la Jueza de instancia en lo relativo a la declaración de la ganancialidad de la construcción en terreno ajeno, lo cual les beneficiaba frente a los propietarios, quienes no pudieron defender sus derechos al ser excluidos del proceso extraordinario de divorcio; por lo que, la nombrada Jueza, al aplicar forzadamente la perspectiva de género, vulneró los derechos de los propietarios del terreno, sin pruebas suficientes de que la construcción fuese de ambos cónyuges; por lo tanto, el hecho de declarar la construcción como bien ganancial afecta a personas de la tercera edad, máxime cuando estas intentaron participar, pero su apersonamiento fue rechazado por la autoridad judicial, limitando el referido proceso a las partes involucradas en el divorcio. Bajo ese contexto, se tiene en primer lugar que, las autoridades accionadas citaron la lógica más no las reglas de esta en las que sustentaron su afirmación; en segundo lugar, no fundamentaron cuál era el supuesto perjuicio a la propiedad de sus suegros y el supuesto beneficio económico obtenido por su persona -accionante- al declararse el bien ganancial, puesto que al venderse el bien inmueble, a los nombrados propietarios les corresponderá la suma por el precio comercial del terreno que resulta ser superior al importe por el que fue adquirido, o caso contrario, de conservar el inmueble el tercero interesado y sus padres, corresponderá a su persona -accionante- la compensación por el monto del 50% del valor de la construcción y no así del terreno. Además, el Auto de Vista SFNA 541/2023 refutado incurre en incongruencia al indicar que la Jueza de primera instancia negó la participación de terceros ajenos al proceso principal; aquello, sin fundamentar en qué norma se basó para establecer esa participación en el proceso extraordinario de divorcio devenido de la participación de bienes gananciales, más aún cuando la obligación de demostrar que la construcción es de su propiedad de los cónyuges; es decir, de su persona y su ex esposo ahora tercero interesado al no negarse nunca el derecho propietario de sus ex suegros con relación al lote de terreno. Por su parte, debió considerarse que los padres del hoy tercero interesado fueron sus suegros; es decir, sus parientes por afinidad, quienes dieron su anuencia verbal para construir la vivienda con los fondos del matrimonio, lo cual se formalizó con el contrato de crédito bancario, cuya finalidad era la construcción por parte del ahora tercero interesado; documento que fue elevado a escritura pública por aquellos, correspondiendo la resolución del caso en la vía familiar; empero, vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y el principio de razonabilidad, la privaron de su derecho propietario con relación a la construcción del bien inmueble objeto de litigio, excluyéndola de la comunidad de gananciales, y fundamentando el Auto de Vista SFNA 541/2023 impugnado que el derecho a la titularidad de ese bien inmueble debía controvertirse en la vía idónea, determinación que resulta incongruente con los datos del proceso y el objeto del proceso ordinario de divorcio, sin establecer cuál era aquella vía, más aún, los Vocales ahora accionados incongruentemente excluyeron la vivienda de la ganancialidad, a pesar de alegar la existencia de controversia respecto al derecho propietario. El Auto de Vista SFNA 541/2023, también vulneró su derecho al debido proceso en su elementos de fundamentación y motivación, vinculados a la valoración razonable de la prueba; puesto que, los Vocales ahora accionados cuestionaron la declaración de ganancialidad de la construcción realizada junto a su ex esposo -ahora tercero interesado- en el lote de terreno de sus padres, alegando una valoración errónea de pruebas por parte de la Jueza de primera instancia; sin embargo, no fundamentaron adecuadamente por qué consideraron incorrecta esa valoración. Además, los referidos Vocales observaron que no se demostró si los padres del hoy tercero interesado son propietarios de toda o parte de la construcción del bien inmueble; ello, a pesar que la prueba debía enfocarse en la ganancialidad de esa construcción y que nunca se negó que aquellos sean dueños del terreno. En ese orden, su persona presentó evidencia que, durante veinte años de matrimonio, ambos cónyuges construyeron la vivienda y dos canchas de Raquet-Wally, contrayendo deudas comunes que no involucraron a sus suegros. No obstante, los Vocales hoy accionados no indicaron qué pruebas fueron consideradas o excluidas, limitándose a señalar que, aunque su persona compró los materiales, no acreditó que el matrimonio realizó toda la construcción en el bien inmueble. Ese argumento resulta contradictorio; ya que, implica reconocer que los cónyuges sí construyeron sobre el terreno; empero, no conocen si es en todo o en parte, lo que implica la ausencia de valoración de las pruebas notariadas de las personas directamente involucradas en la mencionada construcción. Asimismo, los Vocales ahora accionados no fundamentaron ni motivaron porqué las pruebas de cargo no fueron suficientes para demostrar que la construcción se efectuó en vigencia de su matrimonio con el caudal de ambos cónyuges, debido a que no excluyeron ninguna prueba no la revalorizaron ni tampoco refutaron la valoración realizada por la Jueza de primera instancia en la Sentencia 69/2023, vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados a la valoración razonable de la prueba.
En ese sentido, aunque por lo general la jurisdicción constitucional no ingresa a valorar pruebas, existen excepciones, como cuando se vulneran derechos fundamentales al apartarse de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir. En ese caso, la Jueza de primera instancia valoró exhaustivamente las pruebas, incluyendo: a) Documentos que acreditan la compra de materiales de construcción por parte del demandante; b) Testimonios de testigos presenciales de la construcción; c) Un peritaje técnico que considera el valor de la construcción; y, d) Documentos registrales y de propiedad que sustentan la ganancialidad del bien inmueble. A partir de ese análisis, la referida Jueza concluyó que la construcción era un bien ganancial, justificando su decisión con argumentos sólidos y razonables. Sin embargo, los Vocales ahora accionados rechazaron esa valoración sin presentar una justificación alternativa convincente. Además, omitieron considerar pruebas relevantes que avalan la conclusión de la Jueza de primera instancia, incluyendo el peritaje técnico, los testimonios, y la documentación de compra y de propiedad. Tampoco ponderaron adecuadamente los derechos de ambas partes, priorizando una perspectiva de género sin evaluar las particularidades del caso, y desprotegieron a su persona -accionante- como copropietaria de la construcción, al revocar la decisión de la Jueza de la causa sin considerar el impacto en su vida y la de sus hijos, uno de ellos menor de edad. Entonces, al ignorar esas pruebas, los Vocales hoy accionados vulneraron el principio de igualdad ante la ley, al no brindar a ambas partes las mismas oportunidades de defensa, y afectaron el derecho al debido proceso mediante una omisión arbitraria de la prueba que debilita la fundamentación del Auto de Vista SFNA 541/2023. También, el Auto de Vista SFNA 541/2023, afirmó que los propietarios del bien inmueble por un acto de desprendimiento permitieron al matrimonio habitar su vivienda. Empero, ese Auto de Vista omitió la existencia de alguna construcción en el terreno sito en Av. Canadá 789 que pudieran habitar su persona y el hoy tercero interesado, cuando fueron ellos quienes levantaron la vivienda y las canchas, lo que se demostró con las declaraciones de los testigos, omitiendo los Vocales hoy accionados la valoración de esa prueba de cargo vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a la valoración razonable de la prueba. En cuanto a la prueba inexistente o incongruente que ocurre cuando una decisión judicial se basa en pruebas irrelevantes para el caso, se tiene que en la presente causa los Vocales hoy accionados exigieron probar que los padres de su ex esposo -hoy tercero interesado- no eran propietarios de la construcción, cuando en primer lugar, aquellos no presentaron ninguna prueba de construcción mientras que su persona -accionante- aportó numerosas facturas y recibos de materiales. Y en segundo lugar, los padres autorizaron la construcción al dar el terreno en garantía para un crédito hipotecario el 2010, de acuerdo a la carpeta de créditos cursante de “fs. 342 a 346”, siendo que de “fs. 311 a 312” consta que el titular de la construcción fue su esposo -hoy tercero interesado-. Además, al momento de su autorización aquellos -suegros- estaban en pleno uso de sus facultades mentales; es decir, no eran adultos mayores. Asimismo, nunca se cuestionó la propiedad del terreno sino la ganancialidad de la construcción efectuada por ambos cónyuges, respaldada mediante pruebas documentales. Por consiguiente, al exigir esa prueba inexistente respecto a la propiedad de sus suegros sobre la construcción total o parcial de la vivienda, los Vocales ahora accionados vulneraron el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados a la valoración de la prueba, por cuanto se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, omitiendo arbitrariamente valorar la prueba de cargo cursante de “fs. 4 a 539 vta”. Al mismo tiempo, los Vocales ahora accionados reconocieron que en el presente caso no pueden intervenir terceros; empero, se protege su derecho propietario sobre la construcción realizada por los cónyuges, exigiéndose que se descarte con pruebas el hecho de que sus suegros sean propietarios del total o parte de la construcción, cuando el Auto de Vista SFNA 541/2023 refutado debía centrarse en analizar la ganancialidad de la construcción efectuada por ambos cónyuges, respaldada por pruebas documentales, vulnerándose su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados a la valoración de la prueba, exigiendo documental que no guarda relación con los hechos del caso, omitiendo valorar también la prueba de cargo cursante de “fs. 4 a 539 vta.”. En ese orden, los Vocales hoy accionados omitieron valorar la abundante prueba presentada que conforme a la verdad demuestran que la construcción se hizo con fondos de la comunidad de gananciales. El fallo de segunda instancia -Auto de Vista SFNA 541/2023- vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación por inaplicabilidad de la perspectiva de género en la valoración de la prueba, por cuanto la “SCP 0091/2016” establece la perspectiva de género como un principio del derecho procesal constitucional boliviano, necesario para visibilizar desigualdades de género, valorar pruebas imparcialmente y dictar resoluciones justas que protejan los derechos de las mujeres. En ese caso, los Vocales hoy accionados priorizaron la “tutela reforzada” a los padres del ahora tercero interesado -quienes no son parte del proceso extraordinario de divorcio- argumentando que son personas adultas mayores. Al hacerlo, ignoraron la contribución económica de su persona -accionante- en la construcción del bien inmueble objeto de litigio, reforzaron estereotipos de género, y omitieron su denuncia por violencia intrafamiliar o doméstica y su situación como madre de un hijo menor de edad. Además, no analizaron a fondo el caso, asumiendo la idea de un perjuicio para los padres del ahora tercero interesado sin ninguna justificación, menos consideraron que la ganancialidad de la construcción no afecta la titularidad del terreno, el cual recibiría una compensación económica. Por lo tanto, la falta de enfoque de género en la fundamentación vulneró tanto sus derechos como el de sus hijos.
El Auto de Vista SFNA 541/2023 refutado incurrió en la vulneración del derecho al debido proceso vinculado a la correcta interpretación y aplicación de la ley, y la omisión del deber de juzgar bajo perspectiva de género, los Vocales ahora accionados, contrario a lo fundamentado en la Sentencia 69/2023, consideraron como incumplido el art. 189 del Código de Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señalando que la Jueza de la causa respaldó forzadamente su argumento bajo la perspectiva de género para declarar la ganancialidad de la construcción sito en Av. Canadá 789, zona San Juanillo bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0048100. El principio de transversalidad de la perspectiva de género promueve la igualdad real entre hombre y mujer, así el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género aprobado el 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura establece que la perspectiva de género debe aplicarse de manera transversal en todos los procesos judiciales, sin limitarse únicamente a los de índole penal. Ese Protocolo recalca que, aunque la violencia y discriminación de género pueden ser más evidentes en casos penales, esos problemas son estructurales y están presentes en diversas áreas del Derecho, incluyendo lo civil y familiar, entre otros. Por lo tanto, la perspectiva de género es fundamental en todos los ámbitos judiciales para asegurar el trato justo e igualitario hacia las mujeres y personas con diversa orientación sexual o identidad de género. De acuerdo con el mandato constitucional, el Estado Plurinacional de Bolivia está obligado a cumplir con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, en especial aquellos orientados a la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, existen dos casos análogos al presente, en los cuales los propietarios del terreno son los padres del esposo en el matrimonio, estableciéndose que la negativa de reconocer judicialmente las construcciones afecta principalmente a las mujeres, quienes, al formar un matrimonio con hijos y patrimonio, suelen trasladarse junto con sus esposos al entorno familiar de este último. Es común que en estos contextos se otorgue un espacio de terreno al hijo varón para construir una vivienda, proyecto que se realiza con el esfuerzo conjunto de ambos cónyuges. Desconocer esta situación judicialmente implicaría ignorar la protección patrimonial de las mujeres, quienes frecuentemente se encuentran en esas circunstancias. Asimismo, para brindar mayor protección a las mujeres, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- creó nuevos tipos penales específicos sobre la violencia patrimonial hacia las mujeres. No obstante los Vocales ahora accionados omitieron su deber de juzgar bajo perspectiva de género y de fundamentar por qué no son aplicables ni la perspectiva de género ni los arts. 7 incs. d) y f) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Recomendación General 33 de la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuando existió violencia en su contra en el presente caso, al contrario, los Vocales hoy accionados concluyeron que el bien inmueble en litigio no puede ser un bien por sustitución conforme manda formalmente el art. 189 inc. c) del CFPF, omitiendo efectuar una interpretación teleológica y extensiva de ese artículo, vulnerando de esa manera sus derechos a la igualdad y no discriminación al impedirle acceder en igualdad de condiciones a la ganancialidad de la construcción realizada en vigencia de su matrimonio, así sea el terreno de los padres del ahora tercero interesado; es más, los Vocales ahora accionados la obligaron a pagar las deudas que fueron contraídas para la construcción del bien inmueble. También vulneraron su derecho al debido proceso en su elemento del principio de verdad material; puesto que, de valorarse la prueba bajo dicho principio hubiesen apoyado la interpretación teleológica del art. 189 inc. c) del CFPF y el juzgamiento bajo la perspectiva de género determinando su aplicabilidad. Asimismo, se vulneró el derecho a la justicia o tutela judicial efectiva al disponer en el Auto de Vista SFNA 541/2023 refutado que la ganancialidad se controvierta en otra vía, sin señalar cuál, dejándola en indefensión en cuanto a su patrimonio, sin considerar lo dispuesto por los arts.115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 219.III del CFPF y 15.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que la ganancialidad ya fue controvertida en la vía familiar y que el art. 189 inc. c) del citado Código reconoce la ganancialidad considerando la realidad boliviana. Además, los Vocales ahora accionados vulneraron el derecho al debido proceso en su elemento de seguridad jurídica por cuanto dichos Vocales en otras causas determinaron la ganancialidad de bienes inmuebles edificados a costa del fondo común en el terreno de los padres de uno de los esposos, por consiguiente, ya existe una línea; empero, en el presente caso se tuvo un criterio diferente por parte de los Vocales hoy accionados, vulnerando incluso la progresividad; por lo que, se concluye que la aplicación de la interpretación del art. 189 inc. c) del CFPF difiere en casos análogos al presente caso. Al excluir del Auto de Vista SFNA 541/2023 la ganancialidad del bien inmueble, que se la podría dejar sin vivienda y paradójicamente con deudas de la misma, y con dos hijos bajo su dependencia. Por consiguiente, la resolución en la jurisdicción constitucional es fundamental.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba, de los principios de razonabilidad, de justicia, de transversalidad de la perspectiva de género, de seguridad jurídica y de verdad material; a la igualdad y no discriminación; y, de acceso a la tutela judicial efectiva y a la propiedad; citando al efecto los arts. 14.II, 62, 63 y 115.I CPE.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Anular y dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 541/2023 de 4 de diciembre; 2) Se ordene la emisión de un nuevo auto de vista que cumpla las garantías de igualdad, de no discriminación, de debido proceso de aplicación de la perspectiva de género;
3) Se efectúe el control de convencionalidad del citado Auto de Vista; y, 4) Se establezcan costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de junio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 765 a 776 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que no se valoraron las licencias de funcionamiento otorgadas por la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a nombre del ahora tercero interesado y la certificación de la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima (CESSA) para la instalación de los medidores de energía eléctrica; además del Número de Identificación Tributaria (NIT) para negocios. Asimismo, su hijo menor de edad debe tener una protección reforzada del Estado. Finalmente, el ahora tercero interesado fue desalojado del bien inmueble en litigio, por ejercer violencia psicológica y económica contra su persona -accionante-; ya que, vive junto con sus hijos en la vivienda.
Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocal de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia y Julio César Sandi Ustarez, Vocal -convocado- de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado 17 de junio de 2024, cursante de fs. 753 a 756 vta., manifestaron que: i) En virtud del art. 68 inc. 2) de la LOJ fue convocado un Vocal en materia civil; ii) La accionante reconoció que el terreno era de propiedad de sus ex suegros, quienes obtuvieron dos créditos bancarios para construir el bien inmueble objeto de litigio; además, los deudores de los anticréticos suscritos son aquellos. Finalmente, la nombrada refirió que con el sueldo de ambos esposos se cubría el crédito bancario obtenido por su ex esposo -ahora tercero interesado- para seguir construyendo; sin embargo, desvirtuó esa afirmación al señalar que sus ex suegros dieron dos departamentos en anticrético porque ya se encontraban concluidos; iii) Los ex suegros de la accionante presentaron un memorial aclarando que nunca autorizaron que se realice una edificación, lo cual fue base para asumir su determinación en el Auto de Vista SFNA 541/2023 impugnado; ya que, los propietarios del terreno y de la construcción no dieron autorización “…no resulta lógico autorizar que la misma, pase a nombre de quienes no invirtieron recurso alguno…” (sic); iv) No existe ningún documento que acredite el derecho propietario de la accionante con relación a la construcción; v) La testificación que avale que la accionante fue quien compraba materiales debe ser entendida en sentido que ésta como nuera gozaba de la confianza de sus suegros para coadyuvarlos en el cuidado y compras que se realizaron; puesto que, reconoció que los réditos económicos provinieron de atender las canchas de Raquet-Wally, lo que no puede constituirse en motivo suficiente para acreditar el derecho propietario respecto a un bien inmueble, por consiguiente, la intervención de los testigos solo acreditó el hecho de que presenciaron a la accionante en el bien inmueble; declaración que no puede dejar sin efecto el registro de derecho propietario que tenga un ajeno al proceso; vi) El informe pericial observado por la accionante no tenía como objetivo probar el derecho propietario; vii) Existe incongruencia en la denuncia de la accionante; puesto que, afirma que el ahora tercero interesado sacó un crédito para luego indicar que desconocía a cuánto ascendían sus ingresos para cubrir el crédito que pretendía obtener; viii) La accionante afirmó que su ex esposo ganaba Bs3 812.- (tres mil ochocientos doce bolivianos) y ella Bs4 283.- (cuatro mil doscientos ochenta y tres bolivianos), y que con ese monto cubrían el crédito bancario mensual, en el supuesto que el crédito se cubría con el total ganado por el matrimonio, no podrían solventar los gastos de alimentación, vestimenta, educación -entre otros- correspondientes a la familia, no existiendo prueba de este extremo nada real; ix) La accionante no cumplió con lo establecido por el art. 328 del CFPF; x) La accionante no consideró lo previsto por el art. 1289 del Código Civil (CC), afirmando que en un proceso de división de bienes no pueden participar terceros. También, reconoció que sus ex suegros son personas adultas mayores; por lo que, si bien pide ponderación y aplicación favorable en su condición de mujer, desconoce que su ex suegra tendría una doble protección al ser una mujer de la tercera edad. Al mismo tiempo, la Jueza de primera instancia a través de una interpretación errada de la norma, no permitió que los ex suegros de la accionante participen en el proceso restringiéndoles su derecho a la defensa y generando una desigualdad procesal, siendo que al no ser vencidos en un proceso no podrían verse afectados en su derecho propietario. En ese sentido, si bien esos aspectos no se señalaron en el Auto de Vista SFNA 541/2023 fue debido a que no fueron objeto del recurso de apelación; empero, sí se tomaron en consideración para fines procesales; xi) El título de propiedad de los ex suegros de la accionante, los créditos por ellos obtenidos para la construcción, los anticréticos suscritos por éstos con fines de construcción acredita que son los titulares de la construcción y del terreno. Por lo anterior, piden que se deniegue la tutela solicitada.
Víctor Hugo García Pinto, mediante escrito presentado el 17 de junio de 2024, cursante de fs. 757 a 764, manifestó que: a) La accionante alegó que sus ex suegros permitieron que el matrimonio habite temporalmente en su propiedad, reconociendo un bien propio por medio directo conforme establece el art. 179 inc. b) del CFPF; b) En ningún momento solicitó apoyo a sus padres para una construcción, sino que por un acto de tolerancia y desprendimiento de aquellos se permitió que tanto su persona como su ex esposa -accionante- habiten en su propiedad sin que ello signifique la cesión de derechos ni de propiedad, y si bien inicialmente los mismos gestionaron los primeros dos créditos para contar con mayores recursos económicos; sin embargo, la finalidad de la construcción fue netamente comercial, lo que pretende la accionante es despojar a sus ex suegros de la construcción efectuada por estos en su favor; c) Respecto al supuesto tercer crédito, sus padres al ser observados en el Banco Bisa S.A., lo incorporaron como garante y en ningún momento lo liberaron de la deuda sino que continúan registrados como deudores; d) La interpretación que realiza la accionante invade el derecho propietario de sus padres que como terceros ajenos a la relación procesal, cuyo apersonamiento no fue considerado en primera instancia; por lo que, de concederse la tutela se ocasionaría un daño irreparable por la jurisdicción constitucional, cuando sus padres gozan de una protección reforzada, debiendo actuarse con proporcionalidad, careciendo la presente acción tutelar de relevancia constitucional; e) Jamás se acreditó que la accionante y el hoy tercero interesado se hubiesen hecho cargo de la construcción, primero, por la suma económica considerable para su realización, y segundo, porque los documentos de anticrético fueron firmados por sus padres; f) Resulta irracional lo propuesto por la accionante; puesto que, en dos años tendría que generarse junto a ella entre $us75 000.- (setenta y cinco mil dólares estadounidenses) a $us90 000.- (noventa mil dólares estadounidenses), que corresponde al costo de la construcción; g) En cuanto a la perspectiva de género también existe doble protección con relación a su madre como adulta mayor y mujer que goza de los mismos derechos que la accionante, conforme a los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), “7 de la Carta Africana” y “6.3 del Convenio Europeo”; h) Existe un amplio catálogo para la protección de derechos de adultos mayores; i) La accionante omitió exponer y precisar qué elementos del derecho al debido proceso fueron vulnerados y cómo los Vocales hoy accionados los suprimieron y restringieron; j) Los referidos Vocales se basaron en la ausencia de prueba que demuestre que la construcción fue efectuada por el matrimonio menos existe autorización expresa de sus padres para poder construir sobre su propiedad; k) La prueba presentada por la accionante consistente en recibos no pueden ser valorados por no ser documentos auténticos, y las facturas de teléfono evidencias que su padre figura como propietario de la línea de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre (COTES), al margen que las listas de materiales de 10 de mayo de 2021 no tienen relación con el tiempo de realización de la obra sino que tiene fecha posterior a la misma ; l) La accionante no cumplió con la carga argumentativa para ingresar al análisis sobre la supuesta vulneración del derecho al debido proceso; m) En ningún momento los Vocales hoy accionados se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad, sino que basaron su punto de vista en criterios sólidos como el hecho de no probarse que los cónyuges fueran propietarios del terreno menos basaron su decisión en pruebas inexistentes; n) Los Vocales ahora accionados advirtieron incongruencia y ausencia de fundamentación y motivación en la Sentencia 69/2023, no siendo viable la pretensión de ganancialidad de la accionante a través de faltas a la verdad; o) No corresponde la aplicación del art. 189 del CFPF, por el que la accionante pretende hacer ver a la construcción de sus padres como un bien común por sustitución, cuando los recursos no proceden del fondo familiar y el suelo no es propio de uno de los cónyuges; por lo tanto, no existe denegatoria de acceso a la justicia ni incumplimiento de tutela efectiva y oportuna ni respecto a la verdad material; p) La devolución del anticrético se encuentra a cargo de sus padres; y, q) Sus padres entregaban una gran cantidad de facturas a la accionante sobre los gastos erogados por ellos mismos y que esta nunca supo devolver, debiendo reconocerse el trabajo de sus padres. Por lo anteriormente expuesto, pide denegar la tutela solicitada. En audiencia, agregó que la denuncia instaurada en su contra -por violencia-fue archivada, y que no se acercó a la accionante desde el momento en que la “Jueza de Familia” emitió la Sentencia 69/2023, siendo su persona quien recibe amenazas vía WhatsApp.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución AAC 114/2024-SCII de 18 de junio, cursante de fs. 777 a 780 vta., concedió “parcialmente” la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 541/2023, y que los Vocales ahora accionados emitan un pronunciamiento en observancia del derecho al debido proceso y lo observado en esa Resolución constitucional; asimismo, denegó la tutela con relación al derecho a la valoración razonable e integral de la prueba con perspectiva de género; errónea aplicación e interpretación de la ley y la omisión de juzgar con perspectiva de género, la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, los principios de verdad material y seguridad jurídica, el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los Vocales ahora accionados asumieron conclusiones carentes de sustento jurídico y fáctico refiriéndose únicamente al testimonio presentado por el ahora tercero interesado para demostrar que el terreno era de sus padres, aludiendo a la errada valoración de la prueba por parte de la Jueza de primera instancia que la llevó a concluir en la ganancialidad de la construcción efectuada en el terreno de propiedad de los padres del nombrado; 2) Los Vocales hoy accionados no señalaron cuál era la vía para dilucidar el caso concreto, y luego contradictoriamente ingresaron al fondo de la problemática planteada revocando la determinación recurrida -Sentencia 69/2023- y excluyendo de la comunidad de gananciales las construcciones realizadas, cuando al advertir la supuesta indefensión -de los ex suegros de la accionante-, correspondía anular la referida Sentencia para que se emita una nueva. Por su parte, si el proceso extraordinario de divorcio no fue la vía idónea, la revocatoria solo alcanzaría a excluir la determinación de la ganancialidad de las construcciones y salvarla para su discusión en la vía idónea. Por consiguiente, se demostró que el Auto de Vista 541/2023 impugnado adolece de incongruencia interna y externa; 3) En el citado Auto de Vista no se expuso la normativa aplicable para resolver la ganancialidad de las construcciones efectuadas en suelo ajeno, y también para dilucidar su negativa por parte del hoy tercero interesado quien tampoco es titular del terreno; por lo que, no contaba con legitimación para reclamar en recurso de apelación la presunta afectación al derecho propietario de sus padres. Aspectos que no fueron considerados por los Vocales hoy accionados para analizar los presupuestos y parámetros de una supuesta valoración errónea de la prueba; 4) Los citados Vocales alegaron el supuesto error de la valoración de la prueba en primera instancia basados en el testimonio de propiedad de los padres del hoy tercero interesado; motivación que al no contar con sustento jurídico resulta subjetiva y retórica, por cuanto debieron exponer los parámetros que rigen el control de la labor de la valoración probatoria por parte del superior en grado para luego llegar a su conclusión, vulnerando de esa manera el derecho al debido proceso; y, 5) Esa Sala Constitucional considera que al advertirse una ausencia de fundamentación y una motivación discrecional y arbitraria, resulta inviable el análisis de las demás denuncias; puesto que, los Vocales hoy accionados señalaron el art. 189 inc. c) del CFPF indicando que el mismo fue erróneamente aplicado, sin establecer el alcance que le asignaron, menos señalaron cuáles son las normas que rige en el caso de la ganancialidad de construcciones realizadas en suelo de tercero; deficiencias que no permiten examinar las demás problemáticas planteadas; por lo que, no se ingresó al análisis de fondo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 69/2023 de 9 de junio, emitida por la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, en el proceso extraordinario de divorcio planteado por Lourdes Picha Pareja -ahora accionante- contra Víctor Hugo García Pinto -hoy tercero interesado-, en la cual, se declaró entre otros la ganancialidad de la construcción efectuada en la propiedad de los padres del ahora tercero interesado, de un bien inmueble bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0048100, sito en zona San Juanillo de la ciudad de Sucre, debiendo procederse a la división del valor de la construcción en ejecución de esa Sentencia (fs. 544 a 556 vta.).
II.2. Mediante memorial presentado el 28 de junio de 2023, ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca el ahora tercero interesado planteó recurso de apelación contra la Sentencia 69/2023 (fs. 560 a 562 vta.). Por memorial presentado el 7 de julio de igual año, la accionante respondió a dicho recurso (fs. 566 a 571). II.3. Consta Auto de Vista SFNA 541/2023 de 4 de diciembre, emitido por Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocal de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia y Julio César Sandi Ustarez, Vocal -convocado- de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; por el cual, revocaron parcialmente la Sentencia 69/2023, excluyendo de la comunidad de gananciales la construcción efectuada en el terreno de propiedad de los padres del hoy tercero interesado, debiendo controvertirse la titularidad en la vía y competencia idónea para la tutela de los derechos de los propietarios del terreno como de los poseedores del bien inmueble objeto de litigio; puesto que, ambas partes alegan ser propietarias de la construcción (fs. 585 a 589 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba, de los principios de razonabilidad, de justicia, de transversalidad de la perspectiva de género, de seguridad jurídica y de verdad material; a la igualdad y no discriminación; y, de acceso a la tutela judicial efectiva y a la propiedad; puesto que, los Vocales ahora accionados al momento de emitir el Auto de Vista SFNA 541/2023 de 4 de diciembre, contrariamente a lo determinado en primera instancia, a pesar de existir casos análogos que determinaron la ganancialidad de construcciones efectuadas en terreno de terceros; establecieron que la construcción en litigio no formaba parte del patrimonio ganancial, omitiendo la verdad material y el deber de juzgar bajo la perspectiva de género. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2199/2013 de 16 de diciembre, establece que: «Partiendo de que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o el derecho a una resolución motivada, se encuentra cimentado en la propia finalidad de la decisión que, siendo sometida a control permitirá verificar el respeto al orden jurídico y su eficacia en la resolución de conflicto, la SCP 0100/2013 de 17 de enero, estableció ciertos parámetros contrastables que determinan la existencia o no de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas; así, deberá observarse si en el fallo proferido existe: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: el principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: ‘Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución’, añadiendo el segundo parágrafo que: ‘La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…’. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE). 2) Lograr el convencimiento, de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia. Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o ‘Estado bajo el régimen de derecho’ con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de ‘Estado Constitucional de Derecho’, cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado ‘Estado bajo el régimen de la fuerza’. En ese sentido, Pedro Talavera señala: ‘la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen’. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno sostiene: ‘La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente’. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘insuficiente’. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: ‘Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado’. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: (SC 1312/2003-R, respecto al proceso como unidad); (SC 1009/20003-R, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa (SC 1797/2003-R, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto). La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’. 3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión -judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. Entonces, la ‘decisión sin motivación’, además de lesionar el derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La SCP 0140/2012 de 9 de mayo, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, citó el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) que precisó el alcance del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Luego, incluso vinculó la vulneración del derecho de recurrir ante un tribunal superior con la vulneración del derecho a la defensa. Dijo: ‘En efecto si se analiza la fase de impugnación del proceso disciplinario en sede administrativa, es posible concluir que sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE y 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior art. 8.2 inc. h) de la CADH…’. La verificación de la inobservancia de esta finalidad, es competencia en primer término de las autoridades judiciales ordinarias o administrativas, encargadas de materializar el derecho de recurrir ante un tribunal superior y en caso de persistir, de la justicia constitucional, que deberá ser evaluada en cada caso concreto. 4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que ‘…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales’, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), precisa: ‘Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley’. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: ‘Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley’. De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc., a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este ‘…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales - en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...’. A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.
De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento”» (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba, de los principios de razonabilidad, de justicia, de transversalidad de la perspectiva de género, de seguridad jurídica y de verdad material; a la igualdad y no discriminación; y, de acceso a la tutela judicial efectiva y a la propiedad; puesto que, los Vocales ahora accionados al momento de emitir el Auto de Vista SFNA 541/2023 de 4 de diciembre, contrariamente a lo determinado en primera instancia, a pesar de existir casos análogos que determinaron la ganancialidad de construcciones efectuadas en terreno de terceros; establecieron que la construcción en litigio no formaba parte del patrimonio ganancial, omitiendo la verdad material y el deber de juzgar bajo la perspectiva de género.
De la revisión de antecedentes, se tiene que mediante la Sentencia 69/2023, emitida en el proceso extraordinario de divorcio, planteado por la accionante contra el hoy tercero interesado, se declaró entre otros la ganancialidad de la construcción efectuada en la propiedad de los padres del ahora tercero interesado, de un bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0048100, sito en la zona San Juanillo de la ciudad de Sucre, debiendo procederse a la división del valor de la construcción en ejecución de esa Sentencia (Conclusión II.1.), la misma que fue apelada por el ahora tercero interesado mediante memorial presentado el 28 de junio de 2023. Recurso que fue respondido por la accionante a través del memorial presentado el 7 de julio de igual año (Conclusión II.2.). Posteriormente, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista SFNA 541/2023, mediante el cual revocaron parcialmente la Sentencia 69/2023, excluyendo de la comunidad de gananciales la construcción efectuada en el terreno de propiedad de los padres del hoy tercero interesado, debiendo controvertirse la titularidad en la vía y competencia idónea para la tutela de los derechos de los propietarios del terreno como de los poseedores del inmueble objeto de litigio; puesto que, ambas partes alegan ser propietarias de la construcción (Conclusión II.3.).
Establecidos los antecedentes, se tiene que para determinar si las alegaciones expuestas en la presente acción tutelar son evidentes, debe considerarse el contenido del Auto de Vista SFNA 541/2023 impugnado, en el que los Vocales hoy accionados, al momento de revocar parcialmente la Sentencia 69/2023, fundamentaron que: i) La Jueza de primera instancia razonó correctamente al determinar la ganancialidad de los beneficios sociales percibidos por el demandado -ahora tercero interesado-; un bien que aquel de mala fe pretendía excluir de la comunidad de gananciales; ii) En cuanto a la presunta errónea valoración de la prueba por parte de la Jueza de primera instancia que la llevó a determinar, como bien ganancial, el bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0048100, sito en la zona San Juanillo de la ciudad de Sucre, se pudo advertir ese error; puesto que, la referida autoridad judicial reflexionó que ninguna de las partes cuestionó la vía en la que se dilucida la causa y que si bien en materia familiar se regula el carácter del bien común por sustitución respecto a inmuebles construidos a costa del fondo común sobre suelo propio de uno de los cónyuges, descontándose el valor del terreno que le corresponde, no es menos evidente que situaciones como las del presente caso suelen darse con frecuencia en la sociedad boliviana, considerando que ante matrimonios jóvenes, los progenitores con el ánimo de ayudar a sus hijos, otorgan y ceden de su propiedad y sin documento alguno en favor de sus descendientes para que estos realicen construcciones con la finalidad de contar con vivienda propia. No obstante, en el presente caso, ninguna de las partes es propietaria del terreno sino que estos son terceros ajenos al proceso extraordinario de divorcio, siendo lo lógico y razonable que el dueño del terreno lo sea también de la construcción, y que los progenitores en un acto de tolerancia o desprendimiento permitan a los hijos o a la familia de estos, así como a sus cónyuges vivir en su casa hasta que puedan proporcionarse una propia; razonamiento que no es arbitrario ni forzado y que se apega a lo legalmente previsto en la ley civil, que rige lo relativo al derecho de propiedad de terrenos, construcciones en terreno ajeno, entre otros aspectos que inciden de una realidad fáctica de esa naturaleza; iii) Resulta lógico concluir que los cónyuges no se van a oponer a la competencia de la Jueza de primera instancia respecto a la declaración como bien ganancial de la señalada construcción efectuada en suelo ajeno, porque los beneficiaría en perjuicio de los propietarios del terreno, quienes son los únicos con interés real y legítimo para oponerse; empero, no fueron considerados tras apersonarse al proceso extraordinario de divorcio por parte de la Jueza de primera instancia, es por ello que no tuvieron la oportunidad de oponerse a los argumentos de los ex cónyuges ni de acreditar que la construcción era en realidad de su propiedad; iv) La Jueza de primera instancia, al aplicar forzadamente el entendimiento propuesto en la Sentencia 69/2023, bajo el respaldo de la perspectiva de género, vulneró el derecho propietario del terreno respecto a quienes no se descartó con pruebas válidas y legales el hecho que sean propietarios del total o parte de la construcción; ya que, la juzgadora concluyó en la ganancialidad del bien inmueble con argumentos y no así mediante prueba idónea que pueda dar certeza a la hipótesis propuesta por la demandante -accionante-, debido a que si bien existe prueba que la nombrada adquirió material de construcción no se acreditó que sean los ex esposos quienes efectuaron “…toda la construcción…” (sic), siendo que el hecho de declarar la ganancialidad de la accionante va en desmedro de dos personas de adultas mayores, pertenecientes a un sector vulnerable que merecen de tutela reforzada; y, v) Las partes procesales no pueden instrumentalizar el sistema judicial para evadir que la situación fáctica relativa a la naturaleza y titularidad de los derechos sobre la construcción sea legalmente considerada en la vía y competencia que corresponde; ya que, no puede obviarse que los propietarios del citado bien inmueble se apersonaron al proceso extraordinario de divorcio como únicos propietarios de ese bien conforme se evidencia de “fs. 415 a 416”; no obstante, esa autoridad judicial rechazó su apersonamiento por la naturaleza del proceso en el que los derechos de esas personas adultas mayores no pueden ser tutelados sino tan solo las partes del proceso de divorcio y sus incidencias. El Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación estableció que la motivación significa que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, observándose no incurrir en una decisión basada en una motivación arbitraria que deviene de la fundamentación, se estableció que dicho elemento se constituye en una garantía de que el juzgador -entendido este de manera amplia-, tanto en procesos judiciales como administrativos explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión. En cuanto a la congruencia estableció que la autoridad jurisdiccional o administrativa en su fallo debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; además, de guardar coherencia dentro de la estructura de su propio fallo, cuidando que no existan contradicciones de argumentos en su interior. Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, debe señalarse que la perspectiva de género es un principio fundamental en la legislación boliviana y en el derecho familiar internacional, que busca equilibrar las relaciones de poder y reconocer las contribuciones igualitarias dentro del matrimonio, incluyendo el trabajo no remunerado o doméstico. Sin embargo, se advierte que la aplicación de esta perspectiva en el presente caso resulta superficial y contradictoria; puesto que, en su argumentación, el Auto de Vista SFNA 541/2023 impugnado desestima la perspectiva de género bajo el argumento de que su aplicación resulta “forzada”; empero, no detalla ni desglosa cómo y en qué aspectos fue aplicada de forma incorrecta por la Jueza de primera instancia. Esa omisión no solo vulnera el principio de debida fundamentación sino que también minimiza la importancia de una valoración objetiva y equitativa de la contribución de ambos cónyuges para la construcción de su vivienda familiar. Además, en casos de división de bienes, la perspectiva de género exige considerar cómo cada cónyuge contribuyó al hogar, sea económicamente o a través de trabajo doméstico y de cuidado. Esto cobra aún mayor relevancia en situaciones de construcción o adquisición de bienes durante el matrimonio, especialmente cuando una de las partes pudo haber enfrentado limitaciones de ingresos debido a las responsabilidades familiares. Al omitir esta valoración profunda, el Auto de Vista SFNA 541/2023 refutado falla en su interpretación del principio de igualdad y en la protección de los derechos de ambos cónyuges conforme al bloque de constitucionalidad, considerando que el art. 14 de la CPE, reconoce el principio de igualdad y no discriminación, estableciendo que todas las personas, sin distinción de género, deben gozar de iguales derechos y protección por parte del Estado. Este principio es de aplicación directa en la resolución de bienes conyugales; ya que, garantiza que ambos cónyuges reciban un trato equitativo en la partición de bienes, sin importar si uno de ellos tuvo limitaciones para contribuir económicamente. Así también, el art. 56 de la Norma Suprema establece el derecho a la propiedad privada, el cual se extiende a los bienes adquiridos en el marco de la sociedad conyugal. Este derecho incluye tanto la propiedad exclusiva como los bienes gananciales, y se sostiene sobre el principio de equidad en la contribución y en el reconocimiento de que ambos cónyuges aportaron, de manera directa o indirecta, al patrimonio familiar. Al mismo tiempo, si bien el art. 67 de la CPE protege especialmente a personas de la tercera edad, asegurando que el Estado les brinde una “tutela reforzada” en los casos en que sus derechos puedan verse afectados; no obstante, esta protección debe entenderse de forma equilibrada, sin que esto signifique un perjuicio para los derechos de otros ciudadanos, como los ex cónyuges en la partición de bienes gananciales.
Asimismo, la CEDAW, ratificada por el Estado Plurinacional de Bolivia y con rango constitucional según el art. 410 de la CPE, establece en su art. 16 que los Estados deben garantizar la igualdad de derechos y deberes para ambos cónyuges en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio y su disolución, incluyendo la administración y disposición de bienes. Este artículo exige que los bienes adquiridos durante el matrimonio sean repartidos de manera equitativa al momento del divorcio, reconociendo la contribución de la mujer, incluso si esta no fue necesariamente financiera. Más aún, el Comité de la CEDAW estableció en su Recomendación General 21 que las contribuciones indirectas -como el cuidado del hogar y los hijos-, deben ser considerados en la partición de bienes, lo cual resulta aplicable a la presente acción tutelar en cuestión. Conforme a lo anterior, debe indicarse que la Constitución Política del Estado y los tratados, como la CEDAW, exigen una interpretación en la que ambos cónyuges sean reconocidos como partícipes equitativos en los bienes adquiridos. En el presente caso, se evidencia que los Vocales hoy accionados, al señalar que, la Jueza de primera instancia aplicó de manera “forzada” la perspectiva de género, omiten sus obligaciones internacionales y constitucionales con relación con la protección de la igualdad de derechos en la disolución matrimonial; por consiguiente, al desestimar la ganancialidad de la construcción con el argumento de que existen terceros propietarios del terreno, el Auto de Vista SFNA 541/2023 impugnado incumple el art. 189 inc. c) del CFPF, que prevé que las construcciones hechas con recursos comunes en suelo propio de uno de los cónyuges sean consideradas bienes gananciales, descontando el valor del suelo; en razón que esta normativa debe interpretarse conforme a los principios constitucionales de equidad y reconocimiento de la contribución indirecta de los cónyuges, con la finalidad de asegurar una resolución justa y conforme a los estándares internacionales de igualdad. En ese sentido, el Auto de Vista SFNA 541/2023 refutado sostiene que no se acreditó de manera suficiente que los ex cónyuges -accionante y tercero interesado- fueran los únicos que realizaron la construcción; empero, tampoco se basa ni presenta pruebas contundentes que los terceros -ex suegros de la accionante- sean los propietarios exclusivos de la construcción. Este doble estándar en la valoración de la prueba genera una contradicción en la lógica del referido Auto de Vista, debilitando la solidez de la resolución. Bajo ese contexto, la falta de evidencia concreta que respalde la propiedad exclusiva de terceros sobre la construcción, debería conducir a una valoración en favor de la presunción de comunidad de bienes gananciales; ya que el bien inmueble fue construido con recursos presuntamente comunes y durante la vigencia de la sociedad conyugal; por lo que, de acuerdo con lo previsto por el art. 189 inc. c) del CFPF, y en atención al principio de ganancialidad, las edificaciones financiadas por ambos cónyuges, aún en terrenos de terceros, podrían considerarse gananciales. En consecuencia, esta falta de claridad y la omisión de pruebas concluyentes generan dudas sobre la decisión, vulnerando los principios de seguridad jurídica y protección a la comunidad ganancial de los cónyuges, afectando también el derecho a una tutela judicial efectiva. Asimismo, el Auto de Vista SFNA 541/2023 impugnado cuestiona la declaración de ganancialidad de la construcción, argumentando que la Jueza de primera instancia vulneró derechos propietarios de terceros; empero, sin justificar adecuadamente de qué forma específica se infringió este derecho. Al respecto, debe señalarse que el derecho civil establece que una construcción en terreno ajeno puede estar sujeta a compensaciones o derechos de retención, mas no necesariamente excluida de la comunidad ganancial, especialmente si el bien es indivisible o si hay derechos de usufructo por parte de los cónyuges; por lo tanto, aquel fundamento expuesto en el referido Auto de Vista implica una omisión en la interpretación del art. 189 del CFPF, que prevé la posibilidad de que un bien sea común por sustitución cuando se construye en un terreno propio de uno de los cónyuges, descontando el valor del suelo. El citado artículo subyace al espíritu de la equidad y considera que los esfuerzos comunes merecen protección. La falta de aplicación de dicho artículo en su espíritu protectivo implica una contradicción que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, y por consiguiente, de fundamentación y motivación. Por otra parte, la competencia de la Jueza de primera instancia para conocer y resolver sobre la ganancialidad de bienes en un proceso de divorcio debería ser incuestionable; puesto que, el proceso de división de bienes gananciales es parte inherente de la disolución del vínculo matrimonial; empero, el Auto de Vista SFNA 541/2023 refutado cuestiona esta competencia argumentando que los propietarios del terreno -ex suegros de la accionante- no fueron considerados; empero, en realidad los derechos de terceros deben ser tratados en un proceso independiente para garantizar tanto los derechos de los cónyuges como de terceros. Entonces, al rechazar la declaración ganancial de la construcción sin justificación válida y cuestionando la competencia de la Jueza de primera instancia, el mencionado Auto de Vista contradice el principio de eficacia procesal, vulnerando el derecho de los cónyuges a una resolución integral en el marco del proceso de divorcio, como lo dispone la legislación familiar. En cuanto al argumento expuesto en el Auto de Vista SFNA 541/2023 sobre la protección reforzada, se tiene que aunque los propietarios del terreno son adultos mayores, esta característica no influye directamente en la naturaleza de la propiedad ni en la partición ganancial; en ese orden, utilizar su estado de vulnerabilidad sin establecer un vínculo jurídico directo con el asunto debatido resulta ser un argumento ad hominem que desvía la atención del punto central de la controversia, que es la ganancialidad de la construcción. Por consiguiente, la argumentación sobre el estado de vulnerabilidad de los terceros debería ser tratada en un proceso específico de protección de derechos y no así en la resolución de una cuestión patrimonial conyugal. Esto deja entrever un sesgo argumentativo y puede constituir una aplicación deficiente de los principios de tutela judicial efectiva y no discriminación, lo cual es objeto de protección constitucional. Conforme a lo anteriormente expuesto, se evidencia que la falta de fundamentación en el Auto de Vista SFNA 541/2023 impugnado mediante la presente acción tutelar, respecto a la ganancialidad de la construcción sito en zona San Juanillo de la ciudad de Sucre, registrado bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0048100, impide una decisión razonada, vulnerando el derecho de la accionante a entender la base legal del referido Auto de Vista emitido por los Vocales ahora accionados y la lógica que justifica por qué el bien inmueble construido durante el matrimonio no fue considerado ganancial, generando asimismo una decisión que no responde a lo planteado en el litigio, lo que afecta el derecho de la accionante a tener una respuesta coherente y directa; es decir, congruente. Bajo ese contexto, debe señalarse que esta jurisdicción constitucional está prohibida de ingresar al análisis de la labor de la valoración probatoria realizada en un proceso llevado en la vía ordinaria correspondiente, a no ser que se cumplan los presupuestos establecidos en la vasta jurisprudencia constitucional. En ese sentido, la accionante no cuestiona de manera directa la errónea valoración de la prueba de cargo sino que su reclamo está dirigido a la ausencia de fundamentación y motivación del fallo vinculada a la valoración razonable de la prueba. Al respecto se tiene que al momento de responder al agravio expuesto en el recurso de apelación referido a la errónea valoración de la prueba supuestamente realizada en primera instancia, los Vocales hoy accionados solo señalaron que ninguna de las partes del proceso extraordinario de divorcio es propietaria del terreno, sino que este pertenece a terceros ajenos al referido proceso, siendo razonable y conforme a la ley civil que el dueño del terreno sea también el propietario de la construcción. Asimismo, los referidos Vocales alegaron que la Jueza de primera instancia, al forzar su fallo aplicando una perspectiva de género, vulneró el derecho de propiedad del terreno de quienes no se descartó como propietarios con pruebas válidas y legales, concluyendo la ganancialidad del bien basada en argumentos, sin pruebas idóneas que dieran certeza a la hipótesis de la demandante -accionante-, ya que, aunque se demostró la compra de materiales de construcción, no se acreditó que los ex esposos hubiesen realizado toda la construcción. De ello, se advierte que no indicaron qué pruebas aportadas por las partes no resultan idóneas para demostrar la ganancialidad de la construcción; además, de vislumbrarse la duda de los Vocales ahora accionados respecto a la parte construida por los cónyuges. Por consiguiente, el argumento que desestima las pruebas que acreditan que la construcción fue financiada y utilizada conjuntamente por el matrimonio, implica una fundamentación y motivación arbitraria y parcial respecto a la valoración de la prueba realizada en el proceso extraordinario de divorcio, vulnerándose de esa manera el derecho al debido proceso. En ese orden, los Vocales ahora accionados al no reconocer el bien construido como ganancial utilizando una argumentación carente de fundamentación, motivación y congruencia, emitieron una Resolución de alzada irrazonable, vulnerando el principio de justicia, el cual dicta que los bienes adquiridos por esfuerzos comunes deben formar parte del patrimonio conyugal, debiendo su análisis circunscribirse al objeto y finalidad de la división y partición de bienes gananciales generada por la conclusión del proceso extraordinario de divorcio. Al margen de lo anterior, la falta de una correcta aplicación de la perspectiva de género vulnera el acceso equitativo a los derechos de la accionante. Por consiguiente, al no considerarse adecuadamente su contribución a través de un fallo debidamente fundamentado, motivado y congruente, no se respetó su rol dentro de la valoración de los bienes gananciales, afectando el principio de igualdad. Más aun, la omisión de reconocer o no la naturaleza ganancial de la construcción, sin siquiera analizarse si existen pruebas de aportes conjuntos, atenta contra la seguridad jurídica de la accionante y la verdad material, ya que el fallo debería reflejar la realidad de que el bien inmueble, producto de un esfuerzo mutuo, es parte del patrimonio conyugal. Ese aspecto también incide en la afectación del derecho a un trato igualitario al no analizarse ni considerarse su contribución en la construcción, lo que asimismo implica una discriminación indirecta por parte de los Vocales ahora accionados. Asimismo, la negación por parte de los Vocales hoy accionados respecto a la naturaleza ganancial de la construcción, mediante un Auto de Vista carente de fundamentación y motivación, priva a la accionante de una tutela judicial efectiva, impidiendo que sus derechos sean protegidos y reconocidos conforme a la ley. En cuanto a la vulneración del derecho a la propiedad, no corresponde ser dilucidado en la vía constitucional, al no ser un derecho constituido en favor de la accionante, quedando su análisis y consideración a cargo de las autoridades competentes, debiendo denegarse la tutela solicitada.
Finalmente, respecto a la petición de la accionante sobre el pago de costas y costos, esta no puede ser considerada en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder “parcialmente” la tutela solicitada, con similares argumentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 114/2024-SCII de 18 de junio, cursante de fs. 777 a 780 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en cuanto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a la valoración razonable de la prueba, de los principios de razonabilidad, de justicia, de transversalidad de la perspectiva de género, de seguridad jurídica y de verdad material; a la igualdad y no discriminación; y, de acceso a la tutela judicial efectiva, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 541/2023 de 4 de diciembre ordenando a los Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emitir una resolución que cumpla las garantías de igualdad, de no discriminación, de debido proceso de aplicación de la perspectiva de género, en el plazo de tres días hábiles computables a partir de su notificación con este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la propiedad, y con relación al pago de costas y costos, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0859_2024-S3.pdf · páginas 1 a 31.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1f6aa6e8530f2a4cc703d7492386d6116cb600e352b8ca2e4d44df0daf53206d
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →