Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de octubre de 2024
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de motivación, vinculado a la interpretación de la legalidad ordinaria, y de valoración razonable de la prueba; puesto que, el AS 1207/2023 de 30 de noviembre, incurrió en una valoración arbitraria al desestimar las declaraciones testificales de cargo y al considerar irrelevante el contrato celebrado entre el Banco BISA S.A. y la ahora tercera interesada, desconociendo su importancia para demostrar la simulación del contrato entre la última nombrada y Timotea Yave Cardozo -fallecida-. En ese sentido, al no reconocer la conexión entre los contratos involucrados y al desestimar pruebas esenciales para el caso, presenta una motivación arbitraria. Finalmente, bajo una interpretación errónea del art. 127 del CPC, exigió que el allanamiento sea corroborado con otras pruebas, lo que llevó a declarar infundado su recurso de casación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 71/24 de 29 de mayo de 2024, cursante de fs. 1009 a 1013, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0858/2024-S3 Sucre, 1 de octubre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 64814-2024-130-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 71/24 de 29 de mayo de 2024, cursante de fs. 1009 a 1013, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Linares Mercado en representación legal de Jennifer Jeilen Linares Justiniano contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, actual y ex Magistrado, respectivamente, de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
La accionante a través de su representante legal, por memorial presentado el 29 de abril de 2024, cursante de fs. 869 a 879, manifestó lo siguiente:
En el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, se inició un proceso ordinario de nulidad de contrato por simulación, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, seguido por su persona contra Dina Mallón Párraga -hoy tercera interesada- y Timotea Yave Cardozo; -fallecida-. La pretensión consistía en que se declare nula, por simulada la supuesta venta; ya que la ahora tercera interesada no era la verdadera propietaria del bien inmueble vendido, y Timotea Yave Cardozo -fallecida- no pagó ningún precio por dicho bien inmueble, en ese sentido, se declaró probada la demanda través de la Sentencia 06 de 23 de mayo de 2022 y nulo el citado contrato. La Sentencia de 06 23 de mayo de 2022, fue objeto de recurso de apelación que mereció el Auto de Vista 04 de 17 de enero 2023, que revocó dicha Sentencia, declarando improbada la demanda principal. Por consiguiente, su persona planteó recurso de casación denunciando en la forma que: a) El Tribunal de alzada resolvió de manera ultra petita; ya que, el recurso de apelación no contenía petitorio; y, b) El citado Tribunal incurrió en incongruencia; puesto que, la recurrente no señaló como agravio la falta de acusación de nulidad de la Escritura Pública 362/2007 de 13 de marzo. Asimismo, demandó en el fondo: 1) Error de hecho en la valoración de la referida Escritura Pública; ya que, el referido Tribunal argumentó que no se impugnó dicha Escritura, correspondiente al contrato entre el Banco BISA Sociedad Anónima (S.A.) y la hoy tercera interesada; sin embargo, el recurso de casación aclaró que se demanda la nulidad por simulación de la venta entre la ahora tercera interesada y Timotea Yave Cardozo -fallecida-; 2) Error de hecho en la valoración de la prueba de confesión espontánea; 3) Error de hecho en la valoración de la prueba testifical de cargo; y, 4) Aplicación indebida del art. 1538 del Código Civil (CC). Por consiguiente, los Magistrados hoy accionados emitieron el Auto Supremo (AS) 1207/2023 de 30 de noviembre que: i) Respecto a la casación en la forma sostuvo que la ausencia de petitorio en el recurso de apelación no se constituía en un impedimento para pronunciarse sobre el fondo; por lo que, rechazó el primer punto del recurso de casación en la forma; y, ii) En cuanto a la casación en el fondo manifestó que: a) La pretensión de simulación no recayó sobre el contrato de venta entre el Banco BISA S.A. y la ahora tercera interesada, sino sobre la venta realizada por Timotea Yave Cardozo -fallecida-; b) El allanamiento y la confesión espontánea de la ahora tercera interesada fueron considerados insuficientes; ya que no estuvieron acompañados de pruebas; c) Las declaraciones testificales se limitaron a señalar que el bien inmueble fue registrado a nombre de la ahora tercera interesada y comprado por Miguel Ángel Linares Mercado para sus hijos, careciendo de trascendencia porque el objeto del proceso era otro. Asimismo, las pruebas presentadas por su persona -accionante- debieron demostrar la simulación del contrato por el que la hoy tercera interesada transfirió el citado bien inmueble a Timotea Yave Cardozo -fallecida-; y, d) Respecto al art. 1538 del CC, se indicó que la parte interesada tiene una vía legal para denunciar la doble venta, y que esta anomalía no constituye un presupuesto que viabilice la simulación alegada. En ese sentido, los Magistrados ahora accionados efectuaron una valoración irrazonable de la prueba e incurrieron en una evidente arbitrariedad, al momento de considerar el allanamiento y confesión espontánea de la hoy tercera interesada, quien se apersonó al proceso y se allanó a las pretensiones demandadas, reconociendo que los verdaderos titulares del bien inmueble en litigio son los demandantes, y que la venta que se realizó en favor de Timotea Yave Cardozo -fallecida- fue simulada; por cuanto, exigieron que su confesión espontánea sea corroborada con otros medios de prueba, cuando el art. 127 del Código Procesal Civil (CPC) no exige a la parte que se “allana” a la demanda que adjunte u ofrezca prueba. Por consiguiente, al existir allanamiento, la parte actora está exenta de aportar nuevos elementos de prueba; ya que, existe una declaración de voluntad del demandado de reconocer la procedencia de la pretensión. En consecuencia, si los Magistrados ahora accionados hubiesen aplicado los métodos gramatical, exegético o literal, otorgarían pleno valor al allanamiento de la ahora tercera interesada, ya que el art. 127. I y II CPC no supedita la eficacia, validez ni el alcance del allanamiento a la corroboración con otras pruebas. Por lo tanto, los Magistrados ahora accionados incurrieron en arbitrariedad al exigir un requisito no previsto por la ley procesal civil como es la corroboración del allanamiento con otros medios de prueba. La no aplicación del método exegético llevó a que el AS 1207/2023 hoy impugnado tuviese una motivación arbitraria, lo que constituye un atentado contra el derecho fundamental al debido proceso. Asimismo, en ningún momento se consideró que la ahora tercera interesada es la persona que suscribió el contrato simulado con Timotea Yave Cardozo -fallecida-. Además, los Magistrados hoy accionados arbitrariamente consideraron que el Tribunal de alzada actuó correctamente al momento de desestimar las dos declaraciones testificales; puesto que, los mismos solo se referían al contrato de venta celebrado entre el Banco BISA S.A. y la hoy tercera interesada y no al contrato simulado; es decir, se trataría de declaraciones no relevantes, cuando, sí lo son; ya que, demuestran que esta última nunca fue propietaria del bien inmueble objeto de litigio; que los verdaderos propietarios eran y son los hijos de Miguel Ángel Linares Mercado; y, que la “operación” de venta en favor de Timotea Yave Cardozo -fallecida- fue ficticia. En ese orden, los Magistrados ahora accionados pretenden desconocer la existencia de una conexión evidente entre el contrato de venta celebrado entre Banco BISA S.A. y la hoy tercera interesada; y, el contrato simulado de venta suscrito entre la ahora tercera interesada- y Timotea Yave Cardozo -fallecida-; ya que, si la primera era una propietaria ficticia, el contrato de venta en favor de Timotea Yave Cardozo -fallecida- también resulta ficto y simulado, y por lo tanto, nulo. De esa manera, resulta arbitraria la desestimación de las declaraciones testificales de cargo por parte de los Magistrados ahora accionados; además, se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento a la valoración razonable de la prueba, al establecerse que los contratos no tendrían relación alguna entre sí. Asimismo, en su recurso de casación explicó que, en el contrato suscrito con el Banco BISA S.A., Miguel Ángel Linares Mercado pagó el precio y compró el bien inmueble para sus hijos, aunque el título de propiedad fue registrado a nombre de la hoy tercera interesada por razones de confianza; ya que el propósito fue que, con posterioridad, la nombrada realice la transferencia del derecho a los primeros nombrados. La referida tercera interesada no fue la verdadera compradora ni propietaria, y su posterior venta del referido bien inmueble a Timotea Yave Cardozo -fallecida- fue simulada; puesto que, la última no tenía los recursos económicos para comprar dicho bien inmueble. No obstante, los Magistrados ahora accionados incurrieron en una valoración arbitraria y no razonable del contrato celebrado entre el Banco BISA S.A. y la hoy tercera interesada, considerándolo una prueba inconducente, a pesar de ser un elemento esencial para reconstruir el “mosaico probatorio”. Esa valoración errónea atentó contra el derecho al debido proceso; puesto que, se desestimó aquel contrato de venta, lo que derivó en la declaración de infundado el recurso de casación. Existe una relación causal entre el AS 1207/2023 ahora impugnado y la vulneración de su derecho a una valoración razonable de la prueba, ya que los Magistrados ahora accionados valoraron arbitrariamente la confesión espontánea de la hoy tercera interesada y las pruebas testificales de cargo. Esto llevó a que se declarara infundado el recurso de casación. También existe una relación causal con la vulneración de su derecho a una resolución motivada, debido a que el Tribunal de alzada interpretó de manera arbitraria el art. 127 del CPC, exigiendo lo que la norma no establece con referencia a: que el allanamiento esté corroborado por otros medios de prueba. En ese sentido, los Magistrados ahora accionados debieron aplicar los métodos literal, gramatical o exegético, reconociendo que el allanamiento no requiere corroboración adicional. Por su parte, si en instancia constitucional se considera arbitraria la aplicación del art. 127.I y II del CPC, se aplicará el método exegético, lo que llevará a reconocer la simulación del contrato entre la hoy tercera interesada y Timotea Yave Cardozo -fallecida-, consecuentemente casar el Auto de Vista 04 de 17 de enero 2023 y mantener la Sentencia de primera instancia. Al mismo tiempo, si se declara irrazonable la valoración de la prueba testifical, se concluirá que los verdaderos propietarios del bien inmueble son los hijos de Miguel Ángel Linares Mercado, lo que implica invalidar el contrato de venta simulado de la ahora tercera interesada, casar el referido Auto de Vista y mantener la Sentencia de primera instancia. Por consiguiente, la relevancia constitucional radica en que, si se concede la tutela solicitada, el nuevo auto supremo casará el referido Auto de Vista y mantendrá la Sentencia de primera instancia.
La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de motivación, vinculado a la interpretación de la legalidad ordinaria, y de valoración razonable de la prueba; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la nulidad del AS 1207/2023 de 30 de noviembre y se ordene la emisión de un nuevo auto supremo que se pronuncie de manera motivada y valore razonablemente lo expuesto en su recurso de casación en la forma y en el fondo.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de mayo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 1006 a 1009, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante legal y su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 29 de mayo de 2024, cursante de fs. 1102 a 1004 vta., manifestó que: 1) La accionante no señaló claramente el nexo causal entre el derecho al debido proceso supuestamente vulnerado y el AS 1207/2023 en la vía constitucional, incumpliendo el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) La accionante junto con sus hermanos demandaron la nulidad por simulación del contrato introducido en el Testimonio 752/2017 de 27 de junio, celebrado entre la ahora tercera interesada y Timotea Yave Cardozo -fallecida-, y la consiguiente reivindicación y desocupación del bien inmueble que fue objeto del contrato, por consiguiente, la hoy tercera interesada presentó un memorial confesando como ciertas las alegaciones de los demandantes, allanándose de esa manera a la demanda principal y solicitando que se declaren probadas las pretensiones demandadas, admitiendo que el 25 de noviembre de 2016 transfirió indebidamente dicho bien inmueble a Timotea Yave Cardozo -fallecida-, a quien calificó como testaferra; por lo tanto, alegó como ilícito el acto traslativo de dominio, pidiendo que se declare probada la demanda de simulación absoluta del referido Testimonio; empero, la hoy tercera interesada, quien se allanó a la demanda no presentó prueba alguna para corroborar lo que expresó en su memorial. En ese sentido, -la exigencia de la presentación de pruebas- de ninguna manera transgrede derechos constitucionales, y menos existe una interpretación errónea del art. 127 del CPC; ya que, el referido memorial no puede ser considerado como prueba suficiente para establecer la simulación del contrato sino que resulta necesario acreditar la conformidad de todas las partes contratantes, la discordancia intencional, y la voluntad de engañar. Estos presupuestos no fueron acreditados, ya que la carga probatoria aprobó otros presupuestos que no fueron objeto del proceso ni de probanza, menos observados por la hoy tercera interesada; 3) La accionante omitió señalar que el art.127.III del citado Código, permite inferir que existen casos en los que el allanamiento resulta inadmisible; por lo que, no corresponde dictar inmediatamente una resolución, entre ellos, cuando la pretensión es de orden público, como ocurre con la nulidad por simulación donde se atacan actos que se ejecutan materialmente en contravención a un mandato o una prohibición de la ley interpretativa y prohibitiva; razón por la que, no puede ser demostrada por confesión espontánea. De lo anterior, se tiene que el allanamiento no resulta ser un elemento probatorio que viabilice la nulidad pretendida por la accionante, más aún cuando ésta debió acreditar el acuerdo de partes. En consecuencia, no existe vulneración del citado artículo; ya que, la nombrada y sus hermanos debieron acreditar todos los presupuestos que hacen viable la nulidad del contrato por simulación y no solo la insolvencia de la compradora -Timotea Yave Cardozo fallecida-; 4) Respecto a la prueba testifical de cargo, su autoridad advirtió que la misma fue presentada para acreditar que el bien inmueble en litigio fue adquirido por el padre de los demandantes; es decir, para demostrar un hecho que no fue objeto del proceso y menos de probanza; puesto que, el Juez de primera instancia infirió que el objeto del proceso era determinar la simulación del contrato contenido en el Testimonio 752/2017 y no así la nulidad por simulación del contrato por el que Dina Mallón Párraga hoy tercera interesada obtuvo el bien inmueble del Banco BISA S.A.; por lo que, se determinó que las pruebas carecían de trascendencia. Por consiguiente, la alegada uniformidad en las declaraciones testificales de cargo carece de relevancia, cuando los medios probatorios debieron encaminarse a la acreditación del objeto del proceso y no otros extremos que no fueron pretendidos en la demanda; y, 5) En virtud de lo anteriormente expresado, el AS 1207/2023 impugnado no vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de motivación; ya que se expusieron los motivos de hecho y de derecho que sustentaron su determinación de confirmar el Auto de Vista 04 de 17 de enero 2023; además, de contener una estructura de forma y fondo que deja pleno convencimiento que se actuó de acuerdo a normas, principios y valores, eliminándose cualquier parcialidad o interés. Tampoco se incurrió en una valoración irrazonable de la prueba al no existir apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, y menos se vulneraron derechos o garantías constitucionales que lleven a establecer la nulidad del referido Auto Supremo, correspondiendo denegar la tutela solicitada. José Antonio Revilla Martínez, actual Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su citación cursante a fs. 933.
Dina Mallón Párraga no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 927. En el Acta de Diferimiento de Audiencia de Acción de Amparo Constitucional de 9 de mayo de 2024, cursante a fs. 920 y vta., se señaló que la tercera interesada Timotea Yave Cardozo, falleció; por consiguiente, fue notificado a su presunto heredero, José Farfán Yave, quien no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 938.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 71/24 de 29 de mayo de 2024, cursante de fs. 1009 a 1013, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el AS 1207/2023 y que los Magistrados ahora accionados emitan un nuevo auto supremo; todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) El art. 127.I del CPC es potestativo para el demandado, pudiendo allanarse al momento de contestar la demanda. En su parágrafo II el citado artículo es imperativo al establecer que “…se tendrá por probada la parte allanada debiendo proseguir la sustitución en lo demás” (sic); ii) En cuanto a las tres causales de inadmisibilidad, se tiene que la transferencia privada de un bien inmueble no se constituye en la pretensión de orden público, tratándose de derechos “disponibles” al tratarse de un bien específico y “mueble” del cual se usa, goza y disfruta. En el presente caso, cursa una confesión espontánea de Dina Mallón Párraga hoy tercera interesada en la que manifestó expresamente como ciertos y correctos los argumentos expuestos en la demanda principal; iii) Conforme a lo anterior, resulta irrazonable la interpretación efectuada por los Magistrados ahora accionados respecto al art. 127 del CPC; ya que, debieron realizar una interpretación bajo cánones constitucionales de interpretación establecidos en la “Sentencia Constitucional N° 1846/2004”; en particular, los métodos gramatical y teleológico; puesto que, de aceptar la demandada -hoy tercera interesada- los argumentos vertidos en la demanda principal, carece de sentido desarrollar el proceso en su integridad; y, iv) En cuanto a la valoración de la prueba, resulta irrazonable el argumento de los Magistrados ahora accionados que el contrato efectuado entre el Banco BISA S.A. y la hoy tercera interesada sea independiente del contrato efectuado por esta última y Timotea Yave Cardozo -fallecida-; ya que, no puede asignarse valor a un acto jurídico que carece de legitimidad y del cual devienen otros actos jurídicos, a título de legalidad. Por consiguiente, bajo la doctrina del fruto del árbol envenenado señalada en la SCP 0049/2017-S2 de 6 de febrero, corresponde que los Magistrados hoy accionados valoren, verifiquen y emitan un nuevo auto supremo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 3 de mayo de 2023, ante el Presidente y Vocales de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Jennifer Jeilen Linares Justiniano -ahora accionante- interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista 04 de 17 de enero 2023 (fs. 844 a 850 vta.).
II.2. Cursa el AS 1207/2023 de 30 de noviembre, mediante el cual Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, actual y ex Magistrado, respectivamente, de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados- declararon infundado el recurso de casación interpuesto por la accionante contra el Auto de Vista 04 de 17 de enero 2023 (fs. 852 a 863).
La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de motivación, vinculado a la interpretación de la legalidad ordinaria, y de valoración razonable de la prueba; puesto que, el AS 1207/2023 de 30 de noviembre, incurrió en una valoración arbitraria al desestimar las declaraciones testificales de cargo y al considerar irrelevante el contrato celebrado entre el Banco BISA S.A. y la ahora tercera interesada, desconociendo su importancia para demostrar la simulación del contrato entre la última nombrada y Timotea Yave Cardozo -fallecida-. En ese sentido, al no reconocer la conexión entre los contratos involucrados y al desestimar pruebas esenciales para el caso, presenta una motivación arbitraria. Finalmente, bajo una interpretación errónea del art. 127 del CPC, exigió que el allanamiento sea corroborado con otras pruebas, lo que llevó a declarar infundado su recurso de casación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0017/2016-S2 de 18 de enero, reiterando la jurisprudencia citada en la SC 1461/2003-R de 6 de octubre y en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, estableció que: «“‘…la facultad de valoración de la prueba aportada en cualesquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de aquellos, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes…'. Desarrollando este razonamiento, la propia jurisprudencia constitucional también determinó excepciones a esta regla, al señalar que existen supuestos en que la jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas, conforme se tiene de la SC 0285/2010-R de 7 de junio, que concluyo lo siguiente: ‘…el Tribunal Constitucional precautelando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, en cumplimiento de una de las finalidades por las que ha sido creado este órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, ha establecido la SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales’. (…) En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente: Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria…”» (las negrillas son nuestras).
La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de motivación, vinculado a la interpretación de la legalidad ordinaria, y de valoración razonable de la prueba; puesto que, el AS 1207/2023 de 30 de noviembre, incurrió en una valoración arbitraria al desestimar las declaraciones testificales de cargo y al considerar irrelevante el contrato celebrado entre el Banco BISA S.A. y la ahora tercera interesada, desconociendo su importancia para demostrar la simulación del contrato entre la última nombrada y Timotea Yave Cardozo -fallecida-. En ese sentido, al no reconocer la conexión entre los contratos involucrados y al desestimar pruebas esenciales para el caso, presenta una motivación arbitraria. Finalmente, bajo una interpretación errónea del art. 127 del CPC, exigió que el allanamiento sea corroborado con otras pruebas, lo que llevó a declarar infundado su recurso de casación.
De la revisión de antecedentes, se tiene que en el proceso ordinario de nulidad de contrato por simulación, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, seguido por la accionante contra Dina Mallón Párraga hoy tercera interesada y Timotea Yave Cardozo -fallecida-, mediante memorial presentado el 3 de mayo de 2023, memorial presentado el 3 de mayo de 2023, ante el Presidente y Vocales de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la accionante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista 04 de 17 de enero 2023 (Conclusión II.1.). En consecuencia, fue pronunciado el AS 1207/2023, a través del cual, los Magistrados ahora accionados declararon infundado el recurso de casación interpuesto por la accionante contra el señalado Auto de Vista (Conclusión II.2.). En cuanto al supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba, la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional determina que debe demostrarse que la valoración de las pruebas se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir. Esta exigencia implica identificar con precisión el acto arbitrario, especificar cómo este se contradice con las normas aplicables o las reglas de lógica y sana crítica, y fundamentar el impacto que dicha arbitrariedad tuvo en la resolución final del proceso. En el presente caso, la accionante no logró cumplir con ese estándar precedente; ya que, no identificó un acto específico que constituya arbitrariedad. Si bien alega que se exigió una corroboración adicional al allanamiento y que se desestimaron pruebas testificales de cargo, no demuestra cómo esas actuaciones vulneran el marco legal procesal o las reglas de la lógica. Tampoco explica en qué medida la actuación de los Magistrados ahora accionados se apartó de los principios de razonabilidad y equidad, limitándose a enunciaciones generales sobre una supuesta arbitrariedad. Asimismo, la accionante no aportó documentación ni referencias normativas que acrediten que las pruebas desestimadas fueron oportunamente ofrecidas y admitidas conforme a derecho, requisito indispensable para que exista un deber de valoración vinculante para los Magistrados hoy accionados. La falta de precisión respecto a qué norma, principio o regla fue vulnerado impide que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda realizar la labor de contrastación excepcional entre la valoración efectuada por los tribunales ordinarios y los parámetros constitucionales. Respecto a la supuesta omisión arbitraria en la valoración de la prueba, la jurisprudencia constitucional señala que, para su configuración, es necesario acreditar que existió una omisión en la valoración de pruebas que eran pertinentes y que fueron ofrecidas en tiempo y forma, y cuya falta de valoración resultó en la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, aunque la accionante mencionó las declaraciones testificales y el contrato entre el Banco BISA S.A. y la hoy tercera interesada, no fundamentó de manera adecuada por qué dichas pruebas eran esenciales para resolver el litigio, ni demostró que las mismas fueron ofrecidas conforme a los requisitos legales.
Por otro lado, la jurisprudencia constitucional exige establecer una relación causal concreta entre la supuesta irregularidad en la valoración de las pruebas y el resultado del proceso. Sin embargo, la accionante no demuestra cómo la Resolución final hubiese sido distinta en caso de valorar las pruebas de manera diferente. Esa ausencia de relación causal refuerza la improcedencia de la demanda constitucional; ya que el análisis de fondo no puede sustentarse en alegaciones meramente especulativas. Por lo tanto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional considera que no se cumplen los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para habilitar una revisión excepcional de la valoración probatoria realizada por los Tribunales ordinarios, que según la accionante se encuentra vinculada a la vulneración del principio de motivación como elemento del debido proceso; por lo que, no corresponde realizar análisis alguno respecto de esa supuesta vulneración. La falta de precisión respecto a los actos arbitrarios, la omisión de demostrar la pertinencia y ofrecimiento conforme a derecho de las pruebas y la inexistencia de una relación causal entre los actos impugnados y el fallo final, imposibilitan el ingreso al análisis de fondo. Consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Con relación con la interpretación del art. 127 del CPC, la amplia jurisprudencia constitucional establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede actuar como una instancia revisora de la legalidad ordinaria salvo en casos excepcionales, cuando se demuestre que dicha interpretación normativa vulnera derechos fundamentales y garantías constitucionales de manera directa y manifiesta. Para habilitar esta revisión, se deben cumplir ciertos presupuestos esenciales. En el presente caso, la accionante se limitó a afirmar que la exigencia de corroboración del allanamiento contraviene el art. 127 del CPC; sin embargo, no demuestra de manera clara cómo esa exigencia vulnera derechos fundamentales, debiendo aclararse que la simple discrepancia con la interpretación adoptada por los Magistrados ahora accionados no constituye por sí misma arbitrariedad ni vulneración. Además, para que proceda la revisión excepcional, debe probarse que la interpretación cuestionada tiene una relación causal directa con la vulneración de derechos fundamentales. En este caso, la accionante no establece de manera concreta cómo la interpretación del art. 127 del CPC vulneró su derecho al debido proceso, limitándose a alegar que fue arbitraria, sin fundamentar cómo esto derivó en una afectación constitucionalmente relevante.
La jurisprudencia constitucional exige que para revisar una interpretación normativa, debe demostrarse una arbitrariedad manifiesta. En este caso, la accionante no fundamentó cómo la exigencia de corroboración del allanamiento, realizada por los Magistrados hoy accionados, resulta irrazonable, inequitativa o contraria a la lógica. Tampoco precisó en qué medida ésta interpretación vulnera derechos fundamentales, limitándose a expresar disconformidad.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional requiere que la parte accionante demuestre que la interpretación cuestionada tuvo una incidencia directa y determinante en el resultado final del proceso. En el caso concreto, la accionante no acreditó que el fallo hubiese sido distinto de aplicarse la interpretación que propone respecto al art. 127 del CPC. Esa omisión impide que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar al análisis de fondo sobre la supuesta vulneración. Por consiguiente, al no cumplirse los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no está habilitada para revisar la interpretación del art. 127 del CPC realizada por los Magistrados ahora accionados; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 71/24 de 29 de mayo de 2024, cursante de fs. 1009 a 1013, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0858_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 587de574502239e0673ae792b35481551c79e00d845923e1d9a623d27e435d9d
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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