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SCP 0857/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de mayo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de mayo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
59228-2023-119-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante -se infiere- denuncia la lesión de su derecho a la libertad; por cuanto, la Jueza y Secretaria, no hubiese emitido la “orden de conducción”, para que pueda proceder a cumplir su detención domiciliaria y las medidas impuestas en la audiencia de aplicación de medidas cautelares; omisión que -a su consideración- causó que se encuentre y permanezca detenida en “celdas”, hasta la constitución de un domicilio distinto al de la víctima. La Jueza demanda informa que, dentro del proceso penal de origen, se impuso a la accionante detención domiciliaria, otorgándole tres días para fijar un domicilio distinto al de la víctima y prohibiéndole acercarse a esta. Asimismo, señaló que, no se agotó el principio de subsidiariedad, ya que dicha resolución fue apelada y estaba pendiente de decisión por el Tribunal de alzada. Finalmente, indicó que el Ministerio Público dispuso medidas de protección a favor de la víctima, incluyendo la prohibición de que la accionante acudiera a los lugares frecuentados por ella. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 369/2023 de 15 de octubre, cursante de fs. 45 a 48 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispositivos dispuestos por la Jueza de garantías, salvo que, por el tiempo transcurrido, la misma ya se hubiera realizado; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la Secretaria codemandada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la imposición de medidas cautelares que no sean la detención preventiva cuando el imputado se encuentre en libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0857/2026-S2 Sucre, 4 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 59228-2023-119-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 369/2023 de 15 de octubre, cursante de fs. 45 a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Germán Quispe Yujra en representación sin mandato de Alcira Mamani Chura contra Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza; y, Rocío Ángela Aguilera Peñaloza, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de octubre de 2023, cursante de fs. 6 a 7 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 13 de octubre de 2023 se celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, acto en el cual, la Jueza demandada dispuso su detención domiciliaria y concedió el plazo de tres días para el cumplimiento de dicha determinación, así como para que constituyera un domicilio distinto al de la víctima, en atención a la naturaleza del ilícito investigado. Ante la solicitud verbal formulada por su abogado patrocinante para que se librara el correspondiente mandamiento de conducción, la parte demandada respondió que, previamente debía acreditarse la constitución de un domicilio distinto al de la víctima y que, únicamente después de ello, se extendería el mandamiento de libertad. En consecuencia, señaló que permaneció privada de libertad e incomunicada y que, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, continuaba recluida en celdas policiales, sin que se hubiera expedido en su favor el referido “mandamiento de conducción”.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

No alegó ningún derecho vulnerado de forma expresa; sin embargo, del sustento argumentativo se infiere que, denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar disposición constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: disponga “En el acto se ordene que se proceda a extender el mandamiento de conducción de la Sra Alcira Mamani Chura” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 44, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 13 a 15, señaló que: a) Dentro del proceso penal de referencia se dictó el Auto Interlocutorio 663/2023 de 13 de octubre, mediante la cual se dispuso la detención domiciliaria de la accionante, concediéndole el plazo de tres días para constituir un domicilio distinto al de la víctima, además de imponérsele la prohibición de acercarse a ésta, ya sea en su fuente laboral, domicilio o lugar de estudios; b) No se agotó el principio de subsidiariedad; toda vez que, la referida Resolución fue impugnada y se encontraba pendiente de resolución por el Tribunal de alzada; y, c) El Ministerio Público dispuso medidas de protección en favor de la víctima, entre ellas, la prohibición de que la accionante concurriera a los lugares frecuentados por aquella. En mérito a ello, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Rocío Ángela Aguilera Peñaloza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del Departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 40 a 42 , señaló que: 1) Se concedió a la accionante el plazo de tres días hábiles para constituir un domicilio distinto al de la víctima, mismo que debía ser verificado por su persona, lugar en el cual se cumpliría la detención domiciliaria; 2) Sostuvo conversación con un individuo que se negó a identificarse y que exigió la emisión del mandamiento de libertad, oportunidad en la que se le explicó que no se dispuso una libertad pura y simple, sino una medida de detención domiciliaria, razón por la cual, previamente debía verificarse el domicilio señalado; y, 3) No pudo efectuar la verificación domiciliaria ni la posterior conducción, debido a que no se presentó documentación alguna destinada a acreditar dicho extremo, conforme determinó la autoridad jurisdiccional.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 369/2023 de 15 de octubre, cursante de fs. 45 a 48 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que la demandada “…en el día cumpla la disposición que ella misma ha señalado emitir el respetivo mandamiento de detención domiciliaria, oficio de detención domiciliaria, oficio de conducción o mandamiento de conducción, sea en el día porque no se puede presionar a la accionante para cumplir las medidas cautelares de carácter personal que han sido impuestas…” (sic), en virtud de los siguientes fundamentos: i) En el caso concreto concurrió un procesamiento ilegal e indebido, toda vez que la accionante permaneció en celdas policiales, extremo reconocido por todas las partes intervinientes; situación que, además, la colocó en un estado absoluto de indefensión; y, ii) la accionante se encontraba beneficiada con medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva, por lo que, no resultó admisible emplear la privación de libertad como mecanismo de presión para el cumplimiento de las medidas impuestas. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el representante de la accionante, solicitó se determine responsabilidad penal contra la autoridad demandada; petición a la cual, la Jueza de garantías, declaro no ha lugar a la solicitud; por cuanto, no se estableció responsabilidad alguna, sino que ha existió error administrativo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución PFGP 048/2023 de 12 de octubre, de imputación formal, presentado por Fernando Gutiérrez Pinto, Fiscal de Materia, dirigido al Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto del departamento de La Paz, con la suma “PRESENTA RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL Y SOLICITA CONSIDERACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR CON APREHENDIDO” (sic [fs. 25 a 32]). II.2. Consta Auto Interlocutorio 663/2023 de 13 de octubre sobre consideración de medidas cautelares de 13 de octubre de 2023, emitido por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del Departamento de La Paz, por el que se dispone la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en contra Alcira Mamani Chura -accionante- (fs. 34 a 39).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante -se infiere- denuncia la lesión de su derecho a la libertad; por cuanto, la Jueza y Secretaria, no hubiese emitido la “orden de conducción”, para que pueda proceder a cumplir su detención domiciliaria y las medidas impuestas en la audiencia de aplicación de medidas cautelares; omisión que -a su consideración- causó que se encuentre y permanezca detenida en “celdas”, hasta la constitución de un domicilio distinto al de la víctima. La Jueza demanda informa que, dentro del proceso penal de origen, se impuso a la accionante detención domiciliaria, otorgándole tres días para fijar un domicilio distinto al de la víctima y prohibiéndole acercarse a esta. Asimismo, señaló que, no se agotó el principio de subsidiariedad, ya que dicha resolución fue apelada y estaba pendiente de decisión por el Tribunal de alzada. Finalmente, indicó que el Ministerio Público dispuso medidas de protección a favor de la víctima, incluyendo la prohibición de que la accionante acudiera a los lugares frecuentados por ella. La Secretaria codemandada manifiesta que, la Jueza de la causa señaló que la accionante debía constituir un domicilio diferente al de la víctima, el cual debía ser verificado antes de ejecutar la detención domiciliaria con la que fue beneficiada; no obstante, ni verificación o la conducción de la accionante pudieron ser realizadas debido a la falta de documentación que acreditara el nuevo domicilio de la nombrada, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la imposición de medidas cautelares que no sean la detención preventiva cuando el imputado se encuentre en libertad

Al respecto, la SCP 1453/2022-S3 de 7 de noviembre, citando la SCP 0877/2022-S2 de 28 de julio, señaló que: «“‘Conforme el marco jurídico supra, no es posible restringir el derecho a la libertad física de una persona sujeta a una audiencia de consideración de medidas cautelar[es], respecto a la cual no se dispuso su detención preventiva sino otra medida personal menos restrictiva; a fin que previamente de cumplimiento a las mismas’. (…) En el caso concreto, el Vocal demandado, en total desconocimiento del régimen de medidas cautelares instituido mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; inobservó lo previsto en el art. 231.III bis del CPP y mantuvo la restricción del derecho a la libertad física del procesado, bajo el erróneo argumento que el imputado debía cumplir previamente las medidas impuestas como el arraigo, fianza personal y otra; lo cual evidencia que la restricción denunciada fue al margen de las causas y formas previstas por la Norma Suprema y el Código de Procedimiento Penal; y una flagrante vulneración al mandato inserto en el art. 23.II de la CPE, al entendimiento jurisprudencial previsto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional” . De ahí que, el art. 245 del CPP, establece: “(EFECTIVIDAD DE LA LIBERTAD). La libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza”, guarde concordancia con lo previsto por el art. 231 bis. III del mismo Código -modificado por la Ley 1173-, que prescribe: “Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar”. Preceptos y ámbito procesal inherente al régimen de medidas cautelares, que admiten concluir dos escenarios probables:

1) Cuando la situación jurídica del imputado o de la imputada, sea la de detenido o detenida preventiva, y en virtud a una resolución judicial -sea en primera o segunda instancia- se hubiera beneficiado con la cesación de dicha medida cautelar imponiéndosele medidas cautelares personales diferentes a la detención preventiva; a fin de materializar lo decidido dentro de la causa penal, imperativamente deberá cumplir con las medidas cautelares personales impuestas previo a la emisión del mandamiento de libertad; por lo que, su detención preventiva se extenderá hasta la efectivización de las mismas; y,

2) En los casos en los que la situación jurídica de la imputada o el imputado, es la de libertad pura y simple antes de la primera audiencia de consideración de medidas cautelares (independientemente del arresto o aprehensión); y sea que en dicho verificativo realizado en primera instancia o en apelación, se le haya impuesto medidas cautelares personales; no está permitido privarle de libertad o extender la duración de su detención preventiva impuesta -revocada en apelación- hasta que se ejecuten las condiciones aplicadas en sustitución a la detención preventiva» (negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme a la problemática planteada, de la revisión del expediente, se advierte la existencia de la resolución de imputación formal y solicitud de consideración de medida cautelar (Conclusión II.1), extremo que permite establecer que la impetrante de tutela se habría encontrado aprehendida y, por consiguiente, privada de libertad hasta la celebración de la audiencia de consideración de medidas cautelares (Conclusión II.2). En el desarrollo de dicha audiencia, la autoridad jurisdiccional dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre ellas la detención domiciliaria, otorgándole el plazo de tres días hábiles para constituir un domicilio distinto al de la víctima. Ahora bien, del informe presentado por Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, se advierte que, consintió que la accionante permaneciera privada de libertad en celdas, condicionando su salida a la presentación de otro domicilio susceptible de verificación, pese a que en la propia resolución emitida dentro de audiencia le otorgó un plazo de tres días hábiles para su constitución. Esta circunstancia evidencia una manifiesta contradicción en su actuación jurisdiccional, pues, por una parte, concedió un plazo para el cumplimiento de dicha condición y, por otra, supeditó en los hechos la recuperación de la libertad de la accionante a su verificación inmediata.

Sin embargo, más allá de la incongruencia advertida, resulta evidente que la privación de libertad que continuó soportando la accionante con posterioridad a la audiencia de consideración de medidas cautelares, no encontraba sustento en determinación judicial alguna; toda vez que, en dicha audiencia no se dispuso una medida restrictiva de libertad de esa naturaleza, ni otra de efectos equivalentes (Conclusión II.2). En consecuencia, la privación de libertad se tornó ilegal, advirtiéndose un desconocimiento a lo dispuesto en el art. 231 bis III del Código de Procedimiento Penal (CPP), todo ello conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, corresponde conceder la tutela respecto de la conducta omisiva atribuida a dicha autoridad. Por otra parte, con relación a Rocío Ángela Aguilera Peñaloza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz, si bien del informe presentado se advierte que tuvo conocimiento de que la accionante permanecía privada de libertad en celdas, no se evidencia que dicha situación haya sido ocasionada por su actuación funcional en el ejercicio del cargo. Asimismo, tampoco se advierte que, dentro del marco de las atribuciones inherentes a sus funciones, contara con facultades para modificar o revertir dicha situación. En consecuencia, al no concurrir una vinculación directa entre su actuación y el acto denunciado como lesivo, corresponde establecer que la nombrada Secretaria carece de legitimación pasiva en el presente caso, por lo que amerita denegar la tutela solicitada En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 369/2023 de 15 de octubre, cursante de fs. 45 a 48 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispositivos dispuestos por la Jueza de garantías, salvo que, por el tiempo transcurrido, la misma ya se hubiera realizado; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la Secretaria codemandada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0857_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): f46bb869dbcbbb87d4b6463f1890e49203d99fed967e5e872ffb8f77ec42f752

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