Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de agosto de 2023
Concede la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida, a la alimentación y a la salud de su hijo menor de edad; debido a que, en vigencia de su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació su hijo; por lo que, efectuó los trámites necesarios a objeto de recibir las asignaciones familiares correspondientes; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, pese a sus solicitudes de pago, la autoridad accionada incumplió con la entrega de once subsidios de lactancia devengados, los cuales deben ser cancelados en dinero y no en especie; puesto que, su persona ya erogó los gastos por su alimentación y la de su hijo. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 063/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero del subsidio de lactancia -once meses-, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la citada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0857/2023-S3 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 48834-2022-98-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 063/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Visney Macabapi Tonore contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.
Por memorial presentado el 14 de junio de 2022, cursante de fs. 17 a 21, la accionante manifiesta lo siguiente:
Ingresó a trabajar en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, el 2 de septiembre de 2020, siendo designada por Memorándum SDAF/737 A-D/2020 en el cargo de “TECNICO III – FINANZAS” bajo la dependencia de Dirección de Finanzas de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, siendo posteriormente dispuesta su rotación y movilidad personal por requerimiento institucional a la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme se establece del “Memorándum” de rotación SDAF/182 R/2021 de 28 de septiembre, periodo en el cual, el 10 de mayo de 2021, nació su hijo; a cuyo efecto, realizó los trámites correspondientes ante la Caja de Salud de la Corporación Regional de Desarrollo (CORDES), solicitando de forma verbal y escrita el pago de los subsidios de lactancia; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no obtuvo ninguna respuesta. En ese sentido, José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -hoy accionado-, no cumplió con la entrega oportuna de once subsidios de lactancia de julio a diciembre de 2021 y de enero a mayo de 2022, en una suma total de Bs22 000.- (veintidós mil bolivianos); por lo que, corresponde sean cancelados en dinero; toda vez que, a la fecha de interposición de la presente acción de defensa su persona ya erogó los gastos de alimentación de su hijo, habiéndose generado con tal demora un riesgo a la nutrición y formación física del menor de edad, por ello en resguardo de los derechos a la vida y a la salud del mismo solicita la cancelación de dichas asignaciones familiares devengadas.
La accionante, señala como lesionados sus derechos a la seguridad social, a la vida, a la alimentación y a la salud de su hijo menor de edad; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45.I, II, III y V, 48.I, II, III y IV, 60 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y, 2 de la Declaración de los Derechos del Niño.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, consecuencia se ordene la cancelación en dinero de las asignaciones familiares devengadas de manera retroactiva, consistentes en once subsidios de lactancia.
Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 45 vta., presente la accionante asistida de su abogada, así como la representante legal de la autoridad accionada y el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada, ratificó los argumentos de su acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia en réplica al informe presentado por la autoridad accionada, manifestó que: a) Respecto a que no se habría dado cumplimiento al principio de subsidiariedad, la SCP 0343/2018-S4 de 17 de julio, estableció que con base al art. 60 de la CPE, se debe prescindir de la subsidiariedad de manera excepcional, tomando en cuenta el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, considerando que los subsidios familiares deben ser entregados de manera inmediata, lo contrario implica la afectación de los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación de los menores; y, b) Solicitó en reiteradas ocasiones la cancelación de las asignaciones familiares adeudadas; sin embargo, no fueron otorgadas de manera oportuna; por lo que, no corresponde su pago en especie.
José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes legales, por informe escrito cursante de fs. 37 a 38 vta., así como en audiencia, señaló lo siguiente: 1) De acuerdo a los antecedentes que motivan la presente acción de amparo constitucional resulta pertinente invocar una de las causales de improcedencia, prevista por el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), referente a la subsidiariedad, cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no utilizó un medio de defensa ni interpuso recurso alguno; asimismo, cuando en el plazo legal no se presentó ningún medio de impugnación o cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico (SCP 0471/2012 de 4 de julio); y, 2) En cuanto a la pretensión de la accionante que se le cancele de forma retroactiva e inmediata once subsidios de lactancia equivalentes a la suma total de Bs22 000.-, se tiene que la prenombrada intenta hacer incurrir en error a la Sala Constitucional -Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni-, puesto que respecto al subsidio de “mayo de 2022”, el cual solicita sea cancelado en dinero, el mismo se encuentra todavía dentro del plazo para ser entregado en especie, considerando además que el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado por la Resolución Administrativa (RA) ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, en su art. 4 inc. e) dispone que el subsidio de lactancia consiste en la entrega a la madre de productos alimenticios inocuos con alto valor nutritivo de origen nacional equivalente al pago de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) acorde a la norma vigente, por cada hija (o) vivo desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad, estableciendo expresamente en su art. “21” -lo correcto es 20- inc. a) la prohibición a los empleadores de otorgar el subsidio de lactancia en dinero; por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada teniendo en cuenta tal proscripción.
Geisel Marcelo Oliva Ruiz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en audiencia a través de su representante legal señaló que, al tratarse y estar involucrada la misma entidad en la presente acción de amparo constitucional, se adhiere al informe presentado por la representante legal de la autoridad ahora accionada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-, mediante Resolución 063/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 46 a 49 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada, en el plazo de veinte días hábiles a partir de su notificación proceda a cancelar de manera retroactiva y en dinero once subsidios de lactancia a favor de la accionante, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Respecto al principio de subsidiariedad, habiéndose denunciado la vulneración de derechos constitucionales vinculados con la seguridad social referida a las asignaciones familiares que están directamente relacionados con la vida y salud de la madre como del nuevo ser corresponde aplicar la excepción a dicho principio en razón a la necesidad de la protección inmediata que reviste a los indicados derechos; ii) De la revisión de antecedentes procesales se tiene que el hijo de la impetrante de tutela nació el 10 de mayo de 2021; asimismo, que la prenombrada a partir del 2 de septiembre de 2020, ocupó el cargo de “Técnica III”, bajo la dependencia de la Dirección de Finanzas de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, según consta del Memorándum de designación SDAF/737 A-D/2020 y posteriormente se dispuso su rotación a la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así también, de la Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 25 de mayo de 2021, se tiene la iniciación de pago de doce prestaciones a partir del 10 de junio de ese año al 10 de mayo de 2022; iii) La autoridad accionada no desvirtuó lo reclamado por la impetrante de tutela, limitándose a señalar que no corresponde el pago del subsidio de lactancia concerniente al citado mes y año; puesto que, aún puede ser cancelado en especie por estar vigente, solicitando se le otorgue el plazo de veinte días para dicho pago debido a los trámites de modificación presupuestaria; iv) Conforme el precedente jurisprudencial contenido en la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, las asignaciones familiares son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, pues se trata del derecho a la seguridad social relacionada con el ejercicio del derecho a la salud del ser gestante o recién nacido hasta que cumpla un año de edad, sustentado en el principio de interés superior del niño o niña, lo contrario implica la vulneración del contenido esencial de dichos derechos sea destruyéndolos o debilitándolos por falta de su provisión oportuna; y, v) Por lo expuesto, resulta viable determinar su pago en forma monetaria porque en especie resulta inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad; puesto que, la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad, considerando que el hijo de la peticionante de tutela “al presente” cuenta con un año y un mes de edad; en tal sentido, se tiene que con el incumplimiento de la autoridad accionada en la otorgación de once subsidios de lactancia a favor del hijo de la accionante se generó la lesión de los derechos invocados en esta acción tutelar; en consecuencia, corresponde disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero según la previsión contenida en el art. 19 del Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado por Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum de designación SDAF/737 A-D/2020 de 2 de septiembre, el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad ahora accionada-, comunicó a Visney Macabapi Tonore -hoy impetrante de tutela-, que fue designada para ejercer el cargo de “Técnico III – Finanzas” bajo la dependencia de la Dirección de Finanzas dependiente de la indicada Secretaría; asimismo, por Memorándum SDAF/157 R/2021 de 28 de junio, se le hizo conocer que por requerimiento institucional debía constituirse a la Unidad de Control y Bienes Públicos; y, posteriormente conforme al “Memorándum” de rotación SDAF/182 R/2021 de 28 de septiembre, se dispuso su rotación a la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales (fs. 3 a 5). II.2. Cursa certificado de nacimiento del menor edad AA hijo de la accionante, nacido el 10 de mayo de 2021 (fs. 7). II.3. Consta Formulario de Aviso de Altas y Bajas de Beneficiarios de 25 de mayo de 2021, y Certificación de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de la misma fecha, emitida por la Caja CORDES, en la que respecto al subsidio de lactancia se determiná que corresponde el pago de doce asignaciones familiares en especie a favor del hijo de la accionante a partir del 10 de junio de 2021 hasta el 10 de mayo de 2022 (fs. 9 a 10). II.4. Mediante Resolución 73/2021 de 23 de julio, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, se concedió la tutela solicitada por la ahora accionante, en una primera acción de amparo constitucional, fallo que ordenó que en el plazo de quince días desde su notificación se efectué el pago de cinco subsidios prenatales, uno de natalidad y un subsidio de lactancia en favor de la prenombrada (fs. 13 a 16 vta.).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida, a la alimentación y a la salud de su hijo menor de edad; debido a que, en vigencia de su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació su hijo; por lo que, efectuó los trámites necesarios a objeto de recibir las asignaciones familiares correspondientes; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, pese a sus solicitudes de pago, la autoridad accionada incumplió con la entrega de once subsidios de lactancia devengados, los cuales deben ser cancelados en dinero y no en especie; puesto que, su persona ya erogó los gastos por su alimentación y la de su hijo. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1176/2022-S3 de 15 de septiembre y 1306/2022-S3 de 28 de septiembre, sobre este tópico procesal de connotación constitucional, inherente a la seguridad social a corto plazo y la excepción al principio de subsidiariedad, citando a su vez a la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, precisaron que: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiari[e]dad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (las negrillas nos corresponden).
Jurisprudencia reiterada Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional efectuó un desarrollo de base normativa tanto constitucional como de legalidad ordinaria, respecto al alcance y finalidad de este beneficio inherente a la seguridad social a corto plazo; en ese sentido, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1519/2022-S3 de 21 de noviembre y 1566/2022-S3 de 2 de diciembre, entre otras señalaron que: “La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente: ‘I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales’. Asimismo, el art. 48.I de la Norma Suprema, prevé que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV del referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. Por su parte, el art. 5 inc. a) del Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, establece que: ‘Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva, en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral’. El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, que modificó el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, estableció, que se reconocían las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: ‘a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’” (el resaltado corresponde al texto original). De igual manera, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero, sostuvo que: «El art. 45.II de la CPE, establece: “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social”; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: “Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos…”» (las negrillas nos corresponden). Asimismo, corresponde precisar que en cuanto al subsidio de lactancia, el art. 2.I del DS 4167 de 27 de febrero de 2020, que modificó el inciso c) del art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987 que a su vez fue modificado por el Artículo Único del DS 3546 de 1 de mayo de 2018, estableció, que dicho subsidio consistía: “…en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce (12) meses de vida”. Por su parte, el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, aprobado por Resolución Administrativa (RA) ASUSS 013-2019 de 15 de enero, modificada en parte por la RA 076-2019 de 29 de marzo, en su art. 4, realiza las siguientes definiciones: “a) Asignaciones Familiares. Régimen de la Seguridad Social de Corto Plazo, consistente en prestaciones en especie (prenatal - lactancia) y/o en dinero (prenatal - natalidad - sepelio), que son otorgados por los empleadores a la titular beneficiaria (os) de acuerdo a disposiciones legales vigentes. (…) d) Subsidio Prenatal. Consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, excepcionalmente en dinero; equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento del niño y/o niña. e) Subsidio de Lactancia. Consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hija (o) vivo, desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad. f) Subsidio de Natalidad. Consiste en la otorgación a los beneficiarios (as) de una cancelación única en dinero, equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a). Para recibir este beneficio, el progenitor deberá presentar el Certificado de Nacimiento del recién nacido vivo al Ente Gestor al que se encuentra asegurado, para su autorización garantizando el derecho al subsidio de natalidad. g) Subsidio de Sepelio. Consiste en el pago a los beneficiarios (as) de un desembolso único en dinero, equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa por óbito o fallecimiento de cada hijo (a) menor a 19 años. Para recibir este beneficio, el trabajador (a) debe acreditar este derecho con la entrega de una fotocopia del Certificado de defunción al empleador” (el resaltado corresponde al texto original).
De acuerdo a lo previsto por el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, aprobado por RA ASUSS 013-2019 de 15 de enero, modificada en parte por la RA 076-2019, se podrá efectuar el pago retrasado del subsidio prenatal y de lactancia en los siguientes casos: “a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes, actualizando el valor del mismo al subsidio vigente. Asimismo, el SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes; el SEDEM, remitirá de manera mensual ante la ASUSS un informe de los pagos retrasados por los empleadores. b) La ASUSS queda facultada para determinar las sanciones que correspondan por el retraso en el pago de subsidios” Así, el art. 19.I del supra mencionado Reglamento, establece la posibilidad de la entrega excepcional del SUBSIDIO PRENATAL en dinero, debiendo el empleador a ese efecto realizar el trámite de autorización de pago ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), quien emitirá una resolución administrativa expresa, por beneficiaria (o), previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y del procedimiento establecido: a) NIT de la empresa; b) FUNDEMPRESA actualizado; c) ROE emitido por el Ministerio de Trabajo; d) Copia Legalizada de Afiliación a Ente Gestor; e) Nota fundamentada sobre razones para el pago excepcional en dinero; y, f) Fotocopia de la Nota de Cargo girada por la ASUSS, ante la falta del cumplimiento a la obligación del pago de subsidio prenatal en especie. Así, respecto al trámite a desarrollarse para el pago con carácter retrasado del subsidio prenatal, el referido precepto normativo, a partir de su parágrafo II., señala que: “Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de 15 días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de 2 días hábiles posteriores al recojo de su solicitud ante oficinas de la ASUSS. III. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos su solicitud. Si la solicitud fuese aceptada, la ASSUS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio prenatal en dinero ante el solicitante. IV. El EMPLEADOR será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero mediante depósito bancario a la beneficiaria del subsidio. V. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria” (el resaltado nos corresponden). En ese marco legal, se establece que, conforme la normativa aplicable a las asignaciones familiares se encuentra contemplada la posibilidad de que el subsidio prenatal sea efectivizado en dinero, situación que se halla condicionada al cumplimiento de los señalados requisitos y al trámite determinado en el citado Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida. En tal sentido, teniéndose en cuenta que el subsidio prenatal consiste en la entrega de una asignación mensual a la madre asegurada o beneficiaria de productos alimenticios inocuos, no transgénicos con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a las necesidades de la misma en su estado de gravidez (equivalente al pago de Bs2 000.-), tendientes a garantizar un desarrollo integral del nuevo ser que se encuentra en gestación, así como la provisión de los recursos y alimentos necesarios a la madre gestante, debe considerarse que el incumplimiento del pago oportuno del mismo por parte del empleador, involucra la afectación de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a la alimentación, que repercute en la vida digna de la madre y de la niña o niño que está por nacer, por lo que en caso de ser necesaria la compensación y pago con carácter retrasado de dicho beneficio; es decir, posterior al nacimiento del ser que se encontraba en gestación, y existiendo el requerimiento de la parte accionante del pago del mismo en dinero, se comprenderá que su otorgación en especie mediante los productos alimenticios necesarios en la etapa de embarazo de la madre beneficiaria, resulta inoportuna e ineficaz; dado que, ya no cumple con la finalidad a la que estaba destinada. A tal efecto, también deberá considerarse: a) Que el reclamo realizado por la beneficiaria o benificiario en cuanto al pago de subsidio prenatal debe efectuarse de forma oportuna y no con excesiva posterioridad, aspecto que se justifica precisamente en el propósito de la entrega de dicho beneficio, cual es la contribución al desarrollo integral del ser en etapa de gestación; y, b) El cumplimiento de las correspondientes obligaciones que adquieren los beneficiarios, entre ellas la debida afiliación y la asistencia mensual de la madre gestante ante el Ente Gestor para su respectivo control prenatal.
Asimismo, en cuanto al pago del SUBSIDIO DE LACTANCIA considerándose que el mismo se constituye en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalente a Bs2. 000.- por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida -art. 2.I del DS 4167-; ante el incumplimiento oportuno por parte del empleador y debiendo procederse a la compensación y pago con carácter retrasado; vale decir, posterior al cumplimiento del primer año de edad del menor beneficiario, se debe tener en cuenta que de acuerdo al mencionado Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se establece como prohibiciones: “Art. 21.- (PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADORES). Los empleadores están prohibidos de: a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero. (…) Art. 22.- (PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos de: a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero” (las negrillas nos corresponden). En consecuencia, respecto al subsidio de lactancia conforme a la norma vigente se dispone de manera expresa un impedimento para procederse con el pago de forma monetaria; por lo que, no resulta atendible su materialización en dinero.
La accionante denuncia que, en vigencia de su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació su hijo; por lo que, efectuó los trámites necesarios a objeto de recibir las asignaciones familiares correspondientes; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, pese a sus solicitudes de pago, la autoridad accionada incumplió con la entrega de once subsidios de lactancia, los cuales deben ser cancelados en dinero y no en especie; puesto que, su persona ya erogó los gastos por su alimentación y la de su hijo. Consideraciones previas Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, considerando lo alegado por la parte accionada respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional resulta necesario precisar que conforme a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, dicho principio no es aplicable en razón a la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, excepción que es extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida, a la salud y a la alimentación tanto de la madre/progenitor como fundamentalmente del nuevo ser, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, razón por la que, se apertura de manera excepcional el ámbito de protección de la jurisdicción constitucional. Del caso concreto
Precisado el problema jurídico planteado, de los argumentos vertidos por la accionante, así como de los datos que cursan en el expediente, se advierte que a través del Memorándum de designación SDAF/737 A-D/2020 de 2 de septiembre, el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni designó a la ahora impetrante de tutela, en el cargo de “Técnico III – Finanzas” bajo dependencia de la Dirección de Finanzas dependiente de la indicada Secretaría; asimismo, por Memorándum SDAF/157 R/2021 de 28 de junio, se le dio a conocer que por requerimiento institucional debía constituirse a la Unidad de Control y Bienes Públicos; y, posteriormente conforme al “Memorándum” de rotación SDAF/182 R/2021 de 28 de septiembre, se dispuso su rotación en la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales; alegando la prenombrada que dentro la vigencia de dicha relación laboral, el 10 de mayo de 2021 nació su hijo, conforme se advierte del certificado de nacimiento adjunto (Conclusiones II.1 y II.2). Consiguientemente, la impetrante de tutela efectuó el respectivo trámite de afiliación de su hijo a la Caja de Salud CORDES, lo cual se constata del Formulario de Aviso de Altas y Bajas de Beneficiarios de 25 de mayo de 2021 y Certificación de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de igual data, emitida por dicha entidad de salud, en la que respecto al subsidio de lactancia se establece que corresponde el pago de doce asignaciones familiares en especie a favor del referido menor de edad con fecha de iniciación de pago a partir del 10 de junio de 2021 hasta el 10 de mayo de 2022 (Conclusión II.3); no obstante, se advierte que como efecto de la interposición de una primera acción de amparo constitucional, resuelta mediante Resolución 73/2021 de 23 de julio, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, se dispuso el pago de cinco subsidios prenatales, uno de natalidad, y un subsidio de lactancia en favor de la peticionante de tutela los cuales se encontraban devengados hasta ese momento (Conclusión II.4), denunciando la ahora accionante mediante la presente acción de defensa que la entidad empleadora nuevamente incumplió con la otorgación oportuna de los once restantes subsidios de lactancia correspondientes desde julio a diciembre de 2021 y enero a mayo de 2022. Bajo ese contexto, de acuerdo al análisis efectuado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, conforme lo previsto por el art. 48.I de la CPE, el pago de las asignaciones familiares es de carácter obligatorio por parte del empleador en favor del trabajador que desempeña su labor tanto en el sector público como en el privado, así el DS 21637, con las modificaciones dispuestas por el DS 3546, regula el pago de las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares, consistentes en: 1) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- durante los cinco últimos meses de embarazo; 2) Subsidio de Natalidad por nacimiento de cada hijo, consistente en un pago único a la madre equivalente a Bs2 000.-; y, 3) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2 000.- por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; por lo que, considerando el alcance y finalidades de dichos beneficios, orientados a la protección reforzada de la madre gestante o progenitora y el núcleo protectivo esencial que es el desarrollo integral, la salud y vida del ser en gestación, y en el caso concreto de la niña o niño hasta que cumpla un año de edad, dichos beneficios deben satisfacerse de manera inmediata conforme a los principios de oportunidad y eficacia que rige la seguridad social a corto plazo. En esa línea de análisis, se tiene que la accionante alega que, pese a sus constantes reclamos la entidad ahora accionada incumplió con la cancelación de los subsidios que le corresponden, constatándose de la Nota de Comunicación Interna UDF 005/2022 -de 1 de junio-, con cargo de recepción de 2 de junio de 2022, por la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental de Beni (fs. 12), que la impetrante de tutela en su condición de funcionaria “TECNICO III-FINANZAS” solicitó el pago de once subsidios de lactancia; sin embargo, dicha solicitud no mereció respuesta, más aun cuando a la fecha de interposición de esta acción tutelar -14 de junio de 2022- el hijo de la peticionante de tutela ya cumplió su primer año de edad; evidenciándose de ello la omisión en la que incurrió la entidad empleadora al no otorgar de manera oportuna las asignaciones familiares reclamadas, pues al respecto la autoridad accionada a través de su representante legal no presentó elementos de prueba que desacrediten lo denunciado por la accionante, restringiéndose únicamente a cuestionar la pretensión de pago en dinero que la impetrante de tutela exige, en relación al subsidio de lactancia correspondiente a “mayo de 2022”, por considerar que se encontraría vigente a efectos de ser entregado en especie.
Consecuentemente, al no haberse efectivizado la entrega de las prestaciones familiares que le corresponden a la accionante de manera oportuna en efecto se vulneró su derecho a la seguridad social a corto plazo, tomando en cuenta que el mismo no solo comprende la garantía de acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños o niñas menores de un año, conlleva la obligación de otorgar los subsidios correspondientes, de manera que se cumpla su finalidad; ello deviniente a su vez de la protección del binomio madre-hijo vinculados a éste, ya que al igual que cualquier beneficio social el pago de las asignaciones familiares constituye una obligación prestacional del empleador, de cumplimiento inmediato, conforme lo previsto en el art. 48.I de la CPE, en razón a sus finalidades implícitas, orientadas a la protección reforzada de la madre gestante o progenitora y el núcleo protectivo esencial que es el desarrollo integral, la salud y vida del ser en concepción, y en el caso concreto del niño hasta que cumpla un año de edad; razón por la cual, los subsidios de lactancia que reclama la impetrante de tutela, debían satisfacerse conforme a los principios de oportunidad y eficacia que rige la seguridad social a corto plazo; considerando además que, conforme lo descrito en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de este fallo constitucional, el derecho a la seguridad social a corto plazo -como se tiene referido precedentemente- conlleva la obligación de otorgar las prestaciones que por derecho les corresponden, cumpliendo su finalidad; por lo tanto, la lesión a este derecho también repercutió en la vulneración de los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación de la peticionante de tutela y su hijo. Por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada, por el incumplimiento de pago oportuno de asignaciones familiares, correspondiendo en su efecto, en el caso concreto, el pago retroactivo de los subsidios de lactancia correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2021 y enero a mayo de 2022, los cuales se encontraban devengados a la fecha de presentación de esta acción de defensa -14 de junio de 2022-; efectivización que debe realizarse en el marco de lo previsto por el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que determina: “a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes…”. A partir de la concesión de la tutela, por el incumplimiento de los subsidios devengados, es necesario precisar que con referencia a la modalidad de pago del subsidio de lactancia en dinero, dicha pretensión no puede ser atendida por este Tribunal, teniendo en cuenta que la normativa legal vigente aplicable al caso, consignada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, únicamente admite esa posibilidad y de manera excepcional respecto a la entrega del subsidio prenatal, en cuyo caso, debe efectuarse el trámite de autorización respectivo ante la ASUSS, entidad que acorde a sus competencias, emitirá una resolución administrativa expresa. En tanto que respecto al subsidio de lactancia, la normativa descrita en el Fundamento Jurídico citado precedentemente prohíbe su pago en dinero, exigencia legal que se comprende se funda en la específica finalidad que persigue su otorgación, como es mejorar la alimentación durante el embarazo, extendiéndose esa cobertura al periodo de lactancia protegiendo de ese modo los derechos a la vida y a la salud tanto del ser en gestación o niño, así como de la madre, derechos que constituyen la piedra angular del derecho a la seguridad social, de lo que se entiende la necesidad de que el mismo sea otorgado en especie; pues su pago en dinero sin que existan mecanismos de control no cumpliría con lo pretendido por el Estado; no correspondiendo disponerse su pago en dinero conforme pretende la accionante.
Plurinacional No obstante lo señalado precedentemente, este Tribunal no puede soslayar el alcance de la concesión de tutela inicialmente otorgada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que provocó efectos jurídicos con relación a la modalidad de pago de las asignaciones familiares devengadas, en el entendido de que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del CPCo-; en función a ello, corresponde traer a colación lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia determinando, que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (las negrillas son añadidas), de modo que, los efectos del presente fallo constitucional deben ser dimensionados. En tal sentido, con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, se dispone que si como consecuencia de la decisión asumida mediante la Resolución 063/2022 de 27 de junio, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -que ordenó que la autoridad ahora accionada proceda al pago en dinero de once subsidios de lactancia, en favor de la accionante dentro del plazo de veinte días a partir de su legal notificación-, ya se hubiese procedido al pago de estas asignaciones familiares, dichos efectos quedan válidos y subsistentes; en razón a que retrotraer o modificar esta inicial determinación, agravaría la consecución de la finalidad que persigue este beneficio orientado a precautelar el bienestar del niño. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 063/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero del subsidio de lactancia -once meses-, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la citada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
VOTO ACLARATORIO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0857_2023-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 10902b5843ec6304fc93937c7f4d720bfca702692a5ae9c7b8dfe7500467792a
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