B.IA.LEGAL

SCP 0856/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 23 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
59770-2023-120-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, “seguridad jurídica”, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados sin realizar un análisis de fondo imparcial y exhaustivo, donde pudieron evidenciar la falta de elementos del tipo penal investigado y su subsunción al hecho; además, de omitir efectuar una correcta valoración de la prueba, a través del AS 629/2023-RRC de 14 de junio declararon infundado el recurso de casación, únicamente sobre el análisis de fondo del primer motivo, que fue admitido por AS 1473/2022-RA de 31 de octubre, cuando los otros dos agravios expuestos, se constituyen en defectos absolutos insubsanables.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución AAC 174/2023-SCII de 1 de diciembre, cursante de fs. 142 a 144, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia.

a) Disponer se deje sin efecto los Autos Supremos 1473/2022-RA de 31 de octubre y 629/2023-RRC de 14 de junio, debiendo los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitir nuevos autos supremos conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho a la defensa y a los principios de seguridad jurídica y legalidad. 3º Llamar la atención a Paola Valeria Barrón Guzmán, Vocal de la Sala Constitucional Segunda y a Edwihn Vásquez Rivera, Vocal de su similar Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por las razones expuestas en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la motivación y fundamentación como elementos del derecho al debido proceso
  2. III.2. La congruencia en las resoluciones judiciales como elemento del derecho al debido proceso
  3. III.3. La labor del Tribunal de casación ante las denuncias de defectos absolutos
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0856/2024-S3 Sucre, 23 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 59770-2023-120-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución AAC 174/2023-SCII de 1 de diciembre, cursante de fs. 142 a 144, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vladimir Lidio Herrera Medina contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 14 de noviembre de 2023, cursante de fs. 118 a 124 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 bis del Código Penal (CP), se emitió la Sentencia 10/2020 de 18 de noviembre, en la cual se le declaró culpable por el delito de feminicidio, condenándolo a la pena privativa de libertad de treinta años sin derecho a indulto, cuando no tenía conocimiento del estado de embarazo de la víctima ni mucho menos se demostró que el bebé que esperaba era suyo o tuvo algo que ver con la nombrada; por lo que, planteó recurso de apelación restringida contra dicha determinación, que fue resuelto por Auto de Vista 10/2022 de 17 de mayo, declarando sin lugar el indicado recurso, confirmando la citada Sentencia. Determinación contra la cual formuló recurso de casación, siendo declarado admisible únicamente para el análisis de fondo del primer motivo a través del Auto Supremo (AS) 1473/2022-RA de 31 de octubre, cuando expuso tres motivos fundamentales, que se constituyen en defectos absolutos insubsanables, los cuales son: a) Inexistencia de fundamentación al emitir el Auto de Vista 10/2022, en el “punto critica” impugnatoria por la indebida fundamentación de la Sentencia 10/2020 y falta de estructura, denunció que la referida Sentencia no cumple siquiera con el requisito de estructura mínima para ser considerada, porque no tomó en cuenta la tesis expuesta por el acusado -accionante- y las pruebas que las respaldan, a más de tener una estructura caótica, constituyéndose en una actuación prejuiciosa del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija; quienes se limitaron a realizar copias inextensas de los argumentos de los acusadores público y particular; asimismo, la indicada Sentencia no contiene una sola conclusión o consideración sobre los hechos no probados por los acusadores. Se le acusó por el delito de feminicidio sin seguir los fines de la interpretación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, lo que presupone la subsunción del hecho al referido delito que debe contener las circunstancias que motivaron la muerte, identificando los factores que lo promovieron y contextualizaron su comisión, más no, solo el resultado; empero, el hecho no fue subsumido a ninguno de los nueve numerales establecidos para ese delito, tampoco se efectuó una expresa fundamentación sobre el mismo, al no realizarse un análisis dirigido a las circunstancias que motivaron la muerte. El Tribunal de primera instancia expuso arbitrarias e ilógicas conclusiones sobre su culpabilidad sin proceder a motivar las pruebas de descargo que son contundentes sobre su inocencia, basando su culpabilidad en la omisión de valoración de las pruebas de descargo.

En el punto, insuficiente fundamentación de la Sentencia 10/2020 basada en una errónea valoración de la prueba, señala que en el juicio se debe considerar las pruebas sobre los hechos controvertidos, como quién, cómo, cuándo y por qué, aspectos que no forman parte del contenido ni de la citada Sentencia, Auto de Vista 10/2022 y menos del AS 1473/2022-RA; ya que, no existe una relación directa de ninguna de las pruebas con los hechos que se le atribuyen en calidad de autor, aspectos que fueron denunciados, debido a que el Tribunal de primera instancia expresó conclusiones luego de valorar solo la prueba de cargo, conclusiones a las que no se incorpora la valoración de la prueba judicializada a solicitud de la defensa, vulnerando el principio de comunidad probatoria y las reglas de la sana crítica. Se recibió declaraciones testificales y prueba documental de cargo como de descargo; por lo que, dicho Tribunal tenía la obligación de realizar la valoración integral de la misma con la finalidad de poder establecer el vínculo existente entre la prueba ofrecida y la conducta de los acusados, como la pericia balística, efectuada por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IIPCUP), si bien establece el probable calibre del proyectil; empero, no indica que el arma le pertenece, tampoco se demostró en absoluto el grado de autoría de quien disparó ese proyectil; la pericia química realizada por el perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció de manera científica que no se encontró en sus manos, zapatos, polera y pantalón ningún elemento de prueba o demuestre que su persona efectuó disparo alguno con arma de fuego el 21 de septiembre de 2018; la pericia informática efectuada por el perito del IDIF de 14 de enero de 2019 y la pericia ampliatoria informática de 26 de febrero de ese año, dio como resultado que la víctima desde hace tiempo tenía una relación sentimental con el teniente Marcos Pardo Águila producto de esa relación la víctima se encontraba embarazada de catorce semanas de gestación al día de su fallecimiento; sin embargo, de forma faláz se lo relacionó con la fallecida.

b) El Tribunal de primera instancia realizó una subsunción arbitraria de su conducta al delito de feminicidio sindicándolo como autor, sin subsumir los hechos a uno de los nueve numerales del referido delito, sin que exista una sola prueba que respalde el criterio arbitrario del citado Tribunal únicamente existen forzadas interpretaciones carentes de todo fundamento jurídico; es decir, no se acreditaron elementos subjetivos u objetivos contra su persona cuando el referido Tribunal tenía la obligación de efectuar una valoración integral de la prueba judicializada; es así que, en la Sentencia 10/2020 no se hizo la mínima referencia porque se tiene que considerar feminicidio y no otro tipo de delito; por lo que, existe una arbitraria calificación del tipo delictivo que se le atribuye.

c) El principio de congruencia entre la acusación y la sentencia implica que esta última pueda versar únicamente sobre los hechos o circunstancias contemplados en la acusación; por lo que, no se evidenció que dentro los antecedentes del hecho y lo consignado en la Sentencia 10/2020, no se refiere en absoluto sobre la autoría del el delito de feminicidio; por lo que la resolución debe tener congruencia con el hecho; además, de estar fundamentada y motivada con los hechos históricos investigados durante la etapa preparatoria de la investigación. Por consiguiente, en el análisis de fondo del recurso de casación que formuló, por AS 629/2023-RRC de 14 de junio, los Magistrados ahora accionados declararon infundado el citado recurso únicamente sobre el análisis de fondo del primer motivo, sin realizar el análisis objetivo de fondo de los otros dos agravios expuestos.

Por lo que, al dictase el AS 629/2023-RRC, los Magistrados hoy accionados no realizaron un análisis de fondo imparcial y exhaustivo, debido a que, si lo hubiesen efectuado, podrían advertir la evidente falta de elementos del tipo penal investigado y su subsunción al hecho; por lo tanto, no efectuaron el control de las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia, relacionado al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como omitieron efectuar una correcta valoración de la prueba.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, “seguridad jurídica”, a la defensa y al principio de legalidad; citando al efecto el art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la nulidad de los Autos Supremos (AASS) 1473/2022-RA de 31 de octubre y 629/2023-RRC de 14 de junio, debiendo resolver todos los agravios expuestos en su recurso de casación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 1 de diciembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 135 a 141 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) El “Auto Supremo” no hizo referencia a los medios de prueba y sobre la incidencia de la calificación del tipo penal, para determinar la existencia de su culpabilidad o no; 2) Existen informes periciales que desvirtúan contundentemente una probabilidad de autoría, porque dice “parece lavada la ropa” cuando debe ser categórico; y, 3) También se cuenta con los informes realizados al vehículo donde se encontró sangre y ropa, que fueron incorporados; empero, no se consideraron.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 128.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

“Roberto Quispe Apaza”, a través de su abogado en audiencia manifestó que estaría a la determinación que se asuma en la misma.

Carmelo Alegría Mollo, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional; asimismo, se hace constar que no cursa notificación al nombrado.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Primera-mediante Resolución AAC 174/2023-SCII de 1 de diciembre, cursante de fs. 142 a 144, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a la omisión de pronunciamiento a dos agravios formulados por el accionante en su recurso de casación, ciertamente mediante AS 1473/2022-RA se admitió el citado recurso únicamente con relación al primer agravio, los otros dos agravios no superaron el test de admisibilidad; es decir, que se delimitó su competencia solo a la resolución del indicado agravio, ii) Conforme establece el art. 418 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Tribunal Supremo de Justicia con carácter previo al análisis de fondo debe verificar la concurrencia de los requisitos exigidos para la procedencia del mismo, pudiendo admitirlo o declarar su inadmisibilidad, que implica un examen minucioso del cumplimiento de las exigencias previstas en el segundo párrafo del art. 417 del referido Código, lo que en el presente caso dio lugar a la admisión solamente del primer agravio, extremo que pudo ser cuestionado en esta acción de defensa; empero no lo fue, dando por bien hecho lo determinado por el indicado Auto Supremo, no siendo cierto que se incurrió en una incongruencia externa; y, iii) Con relación a la denuncia de falta de motivación y fundamentación, relacionada a que los Magistrados hoy accionados no realizaron un análisis de fondo imparcial y exhaustivo de la problemática, ni un control de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, es necesario hacer notar que el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece como requisito para la procedencia de las acciones de defensa que la relación de los hechos y la identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados; es decir, que se debe precisarse el nexo de causalidad entre los hechos denunciados y los derechos presuntamente vulnerados, exigencia que no fue cumplida únicamente se limitaron a identificar los derechos supuestamente vulnerados y transcribir separadamente partes del AS 629/2023-RRC, referidos al fundamento jurídico en abstracto; empero, omitieron referirse a los fundamentos específicamente del análisis del presente caso; es así que, no se explicó porque los Magistrados ahora accionados omitieron realizar un análisis de fondo que sea imparcial y exhaustivo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 10/2020 del 18 de noviembre, emitida por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, se declaró a Vladimir Lidio Herrera Medina -ahora accionante- culpable del delito de feminicidio y fue condenado a la pena privativa de libertad de treinta años de presidió sin derecho a indulto, pena que deberá cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 2 a 38 vta.).

II.2. Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2020, ante a los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija; el accionante planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 10/2020 (fs. 39 a 74 vta.). II.3. A través del Auto de Vista 10/2022 de 17 de mayo, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se declaró sin lugar el recurso de apelación restringida formulado por el accionante; en consecuencia, se confirmó la Sentencia 10/2020 con relación al nombrado (fs. 75 a 88).

II.4. Consta memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, dirigido a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; por el cual, el accionante planteó recurso de casación contra el Auto de Vista 10/2022 (fs. 89 a 103).

II.5. Mediante AS 1473/2022-RA de 31 de octubre, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, declararon admisible el recurso de casación formulado por el accionante, únicamente para el análisis de fondo del primer motivo e inadmisible dicho recurso formulado por Roberto Quispe Apaza (fs. 104 a 108).

II.6. A través del AS 629/2023-RRC de 14 de junio, los Magistrados hoy accionados declararon infundado el recurso de casación planteado por el accionante (fs. 110 a 116). Determinación que fue notificada al nombrado el 25 de agosto de 2023 (fs. 117).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, “seguridad jurídica”, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados sin realizar un análisis de fondo imparcial y exhaustivo, donde pudieron evidenciar la falta de elementos del tipo penal investigado y su subsunción al hecho; además, de omitir efectuar una correcta valoración de la prueba, a través del AS 629/2023-RRC de 14 de junio declararon infundado el recurso de casación, únicamente sobre el análisis de fondo del primer motivo, que fue admitido por AS 1473/2022-RA de 31 de octubre, cuando los otros dos agravios expuestos, se constituyen en defectos absolutos insubsanables.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la motivación y fundamentación como elementos del derecho al debido proceso

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció que: «“‘La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios f allos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).

De lo expuesto, inferimos que fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. (…) De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La congruencia en las resoluciones judiciales como elemento del derecho al debido proceso

La SCP 0177/2013 de 22 de febrero, establece que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…)

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas son nuestras).

III.3. La labor del Tribunal de casación ante las denuncias de defectos absolutos

La SCP 1092/2014 de 10 de junio, señala que: “En el sistema procesal penal imperante, el tribunal de casación se erige en el órgano especializado para efectuar el control de legalidad de los actos producidos en la justicia ordinaria. En ese marco, es importante recalcar que, el reclamo de los defectos absolutos no se restringe a una determinada etapa del proceso penal, pudiendo ser resueltos por la autoridad judicial en cualquier etapa del proceso penal, sea de oficio o a petición de parte; así, mientras un acto procesal conculque derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, es posible la declaratoria de nulidad del acto, sin necesidad de protesta por parte del afectado. En ese sentido, la previsión legal contenida en el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no es aplicable en el régimen de los defectos absolutos normados en el art. 169 del CPP.

El régimen de los defectos absolutos responde al sistema penal garantista, cuya finalidad es sancionar con ineficacia todo acto que implique arbitrariedad y abuso de poder por parte de los órganos del Estado en el ejercicio del poder punitivo; sin embargo, es preciso aclarar que, no todo acto procesal declarado nulo significa necesariamente la nulidad del proceso en su integridad, sino que, el acto declarado nulo por conculcar derechos fundamentales y garantías constitucionales, carece de eficacia jurídica para fundar cualquier decisión judicial; es decir, los jueces y Tribunales están impedidos en fundar sus decisiones en actos jurisdiccionales o investigativos que comprometan derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo tanto, la labor jurisdiccional compele a la autoridad judicial velar por el normal desarrollo del proceso, cuidando la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Pues bien, ante la denuncia de los defectos absolutos, el Tribunal de casación tiene la obligación de analizar y compulsar los antecedentes del proceso y resolverla, sin necesidad de exigir la cita o fundamentación en precedentes contradictorios; así, la SCP 0776/2013 de 10 de junio, sostuvo que:

‘…Esto provoca que todos los órganos jurisdiccionales tengan la labor de ejercer de oficio el control de la actividad procesal defectuosa incluso cuando no exista petición de parte procesal justamente por su naturaleza inconvalidable y por tanto no dependen de la voluntad del afectado ni requieren de cita de precedente contradictorio, aspecto que sin embargo, no se contrapone con la configuración procesal que el legislador constituido dio al recurso de casación referido en la SCP 0895/2012.

De lo anterior se concluye que la carga de presentar y argumentar el precedente contradictorio no es exigible cuando se aleguen defectos procesales absolutos referidos a la vulneración de derechos y garantías debiendo el Tribunal Supremo de Justicia en estos casos de oficio identificar y aplicar los precedentes contradictorios lo que implica una modulación a la SCP 0895/2012”’ (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, “seguridad jurídica”, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados sin realizar un análisis de fondo imparcial y exhaustivo, donde pudieron evidenciar la falta de elementos del tipo penal investigado y su subsunción al hecho; además, de omitir efectuar una correcta valoración de la prueba, a través del AS 629/2023-RRC de 14 de junio declararon infundado el recurso de casación, únicamente sobre el análisis de fondo del primer motivo, que fue admitido por AS 1473/2022-RA de 31 de octubre, cuando los otros dos agravios expuestos, se constituyen en defectos absolutos insubsanables. De la revisión de los antecedentes, se tiene la Sentencia 10/2020, que declaró al accionante culpable del delito de feminicidio y se le condenó a la pena privativa de libertad de treinta años de presidió sin derecho a indulto, pena que deberá cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.1.), determinación que el 8 de diciembre de 2020, fue impugnada por el nombrado a través del planteamiento de un recurso de apelación restringida (Conclusión II.2.); emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 10/2022, que declaró sin lugar el referido recurso formulado por el accionante; por consiguiente se confirmó dicha Sentencia con relación al accionante (Conclusión II.3.).

Por lo que, el accionante a través del memorial de 9 de septiembre de 2022, planteó recurso de casación contra el Auto de Vista 10/2022 (Conclusión II.4.), emitiendo los Magistrados ahora accionados el AS 1473/2022-RA, por el cual, declararon admisible el citado recurso, únicamente para el análisis de fondo del primer motivo (Conclusión II.5.), para finalmente, emitir el AS 629/2023-RRC declarando infundado dicho recurso, determinación con la que fue notificado al accionante el 25 de agosto de 2023 (Conclusión II.6.).

Conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del derecho al debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho en que basó sus decisiones, dejando pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió. Por otro lado, la congruencia responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes y su relación con lo resuelto.

Se advierte en virtud a la remisión de antecedentes, que en el recurso de casación planteado por el accionante, se expusieron los siguientes agravios, manifestando que se constituyen en defectos absolutos al tenor del art. 169.3 del CPP:

a) Se dictó el Auto de Vista 10/2022 en el que no existe una debida fundamentación, al ser arbitraria e insuficiente; ya que, que no tuvo cuidado de observar la inexistencia de algunos de los elementos configurativos del tipo penal del delito que fue condenado, ni explica porqué se probaron los hechos que se adecuarían al ilícito penal condenado y en el razonamiento probatorio que comprende una valoración en conjunto, no puede existir omisión valorativa de la prueba esencial o de carácter decisivo, como la prueba MP18 -contraprueba- consistente en un dictamen pericial de 23 de diciembre de 2018 se tiene que la prueba recolectada corresponde al accionante, como la muestra IDIF-3923-18-LP-E-9 consistente en un kit de absorción atómica e hisopado de manos del nombrado, la muestra IDIF-3923-18-LP-E-10, zapatos deportivos de color negro, la muestra IDIF-3923-18-LP-E-11 polera de color café con manga corta, la muestra IDIF-3923-18-LP-E-12 pantalón azul, los que no revelan la presencia de residuos de fulminante, como de residuos de disparo de arma de fuego, descartándose con los mismos cualquier posibilidad que el nombrado usó el arma de fuego; por lo que, el Tribunal de alzada no tuvo el cuidado de observar la falta de fundamentación del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, si bien ocurrió el hecho; empero, ninguno de los argumentos demostró de manera indubitable que su persona sea autor del disparo y consiguiente deceso de la víctima. El Tribunal de alzada no valoró la prueba pericial de carácter científico, cual es la química forense del IDIF y si bien, en la pericia balística realizada por el IIPCUP establece el probable calibre del proyectil; sin embargo, no demuestra absolutamente nada, en cuanto a la autoría de quien disparó.

b) El Tribunal de alzada no cumplió con su deber de debida fundamentación; puesto que, no contiene la motivación alguna que justifique objetiva o razonablemente porqué consideró que la subsunción fue correcta; puesto que, no existe fundamento alguno que explique cuáles fueron las razones de su sexo o de su identidad de género que su persona hubiese considerado para quitar la vida a la víctima; por lo tanto, el citado Tribunal no realizó el debido control respecto a la subsunción efectuada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, respecto a su conducta con el delito de feminicidio como autor inmediato; puesto que, su conducta no fue adecuada a ninguno de los nueve numerales del delito de feminicidio, en consecuencia, la subsunción realizada es arbitraria, siendo que no se acreditó elementos subjetivos ni objetivos contra su persona. c) El Tribunal de alzada no evidenció los antecedentes del hecho al ser procesado por la presunta comisión del delito de feminicidio, sin expresar los hechos y circunstancias temporales y “modales” de comisión, cuando toda resolución debe tener presente la congruencia; es decir, la concordancia que debe mantenerse en todo su contenido, porque existe una falta de especificación de las causales o circunstancias en la acusación pública como particular previstas para el delito de feminicidio.

A partir de la lectura del AS 629/2023-RRC, se tiene que los Magistrados hoy accionados declararon infundado el recurso de casación planteado por el accionante -únicamente con relación primer motivo-, manifestando que ciertas pruebas, como las de sustancias químicas que darían cuenta de manipulación o uso de armas de fuego fueron confrontadas con argumentos de la experiencia común que “mina” lo señalado por el acusado; es así que, los razonamientos por los que la Sentencia 10/2020 fundó su condena proviene de los resultados ofrecidos por la prueba practicada como del análisis que esta produjo en el Tribunal de primera instancia no de forma individual sino integral, y en el contexto propio de los aspectos característicos del presente caso, como fue la valoración relacionada a las condiciones especiales de instrucción policial de la víctima. Asimismo, refirieron que no corresponde a ninguno de los juzgados ni tribunales fuera de los de juicio oral, controvertir o realizar afirmaciones alternativas sobre los hechos establecidos en la sentencia, pretendiendo generar paralelismos narrativos y la ponderación de las condiciones de antijuricidad y culpabilidad que no fueron objeto de crítica o censura en el recurso de apelación restringida. En el terreno de las impugnaciones se deben cuestionar argumentadamente los errores que se considere posea el fallo que se impugna, situación que no ocurrió en el caso concreto; ya que, el citado recurso no atacó las bases fundamentales de la indicada Sentencia, tampoco se plantearon circunstancias que por natural transcendencia hagan suponer que la determinación de los hechos pueda modificarse, finalmente, no es posible estimar la suficiencia de la motivación; puesto que, se debe tener en cuenta no solamente el contenido explícito del texto de la resolución sino también su contenido implícito.

De lo que se concluye, que el AS 629/2023-RRC, no es congruente; ya que, si bien hizo mención a una de las pruebas extrañadas -pericia científica- por el accionante en su recurso de casación, aunque no de forma detalla, no se refirió específicamente respecto a las otras pericias -balística e informática-, argumentando realizar una valoración integral; además, se hizo mención a que no se tuvo cuidado de observar la inexistencia de los elementos configurativos del tipo penal del delito que fue condenado, extremo que no mereció ninguna consideración por parte de los Magistrados ahora accionados.

Asimismo, el AS 629/2023-RRC no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado en el marco de los puntos antes identificados; puesto que, manifiesta que en alzada se debe impugnar argumentadamente los errores en los que incurrió el fallo cuestionado y no debe tratar de generar paralelismos narrativos y cuestionar la ponderación de las condiciones de antijuricidad y culpabilidad que no fueron objeto de crítica o censura en el recurso apelación restringida -cuando dichos puntos si fueron parte de los reclamos al momento de plantearse el citado recurso, al reclamar que solo se valoró la prueba de cargo y no las pruebas de descargo, como la pericia balística, químico forense e informática, y que los hechos no se subsumieron a ninguno de los nueve numerales establecidos para el delito de feminicidio incluso no se realizó una expresa fundamentación sobre el mismo-, para posteriormente referir que para la evaluación de si una fundamentación es suficiente, no solo se debe tomar en cuenta el contenido explícito de la resolución sino también su contenido implícito, sin explicar en el presente caso como se entendería ese último contenido no expuesto, constituyéndose dichas consideraciones en retóricas e imprecisas, que no dan cuenta sobre cómo fueron valorados los elementos probatorios que extraña el accionante, es más no existe una justificación de hecho ni de derecho sobre los motivos que dieron lugar a la omisión de las pruebas referidas a momento de emitir el indicado Auto Supremo, como tampoco existió mención alguna sobre la inexistencia de los elementos configurativos del tipo penal endilgado, como ya se afirmó precedentemente; consecuentemente, dicho Auto Supremo no tiene una debida fundamentación, cuando incluso citó el art. 398 del CPP que señala que los tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; en consecuencia, se debe conceder la tutela solicitada.

Ahora bien, con relación al segundo y tercer motivo del recurso de casación, se tiene que los Magistrados hoy accionados al emitir el AS 1473/2022-RA, declarando admisible el citado recurso formulado por el accionante, únicamente para el análisis de fondo del primer motivo, siendo declarados inadmisibles los otros dos motivos, debido a que se consideró que si bien fueron alegados los precedentes no se precisó cual la contradicción con el Auto de Vista 10/2022, incurriendo con dicho razonamiento en inobservancia de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, que establece que el Tribunal de casación ante denuncias de defectos absolutos referidos a la vulneración de derechos y garantías, tiene la obligación de analizar y compulsar los antecedentes del proceso y resolverla de oficio, por su naturaleza inconvalidable, sin necesidad de exigir la cita o fundamentación en precedentes contradictorios; en ese entendido, los dos motivos referidos, del recurso de casación fueron expuestos de la siguiente forma: 1) vulneración a la garantía constitucional del debido proceso en su elemento de fundamentación, ante la ratificación de la inadecuada subsunción del hecho al tipo penal, constituyéndose en un defecto absoluto al tenor del art. 169.3 del CPP, señalando en su contenido que no ejerció a cabalidad la función de debido control; ya que, la subsunción efectuada por el Tribunal de primera instancia a partir de los elementos constitutivos descritos por el art. 252 bis del CP, que tipifica el delito, limitándose a asumir conclusiones genéricas sin la correspondiente motivación, vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, seguridad jurídica y al principio de legalidad y taxatividad de la norma; además, del derecho a la defensa, contraviniendo la doctrina legal aplicable, de los AASS 84 de 1 de marzo, 338 de 5 de abril de 2007, 316/2006 de 28 de agosto y 074/2013 de 20 de octubre; y, 2) Al momento de emitir el Auto de Vista 10/2022 se vulneraron los derechos al debido proceso respecto a la falta de fundamentación o motivación; a la defensa, seguridad jurídica, al principio de legalidad por inobservancia al principio de congruencia incurriendo en defectos absolutos; ya que, en la acusación pública como particular no se especificó cuál era la causal del delito de feminicidio que su persona asumió para que se habilite la facultad del Tribunal de pronunciarse sobre el mismo, incurriéndose por ello en un vicio de incongruencia que fue determinante para emitir la Sentencia 10/2020 contra del accionante, constituyéndose en un defecto absoluto insubsanable que vulnera el AS 239/2012-RRC de 3 de octubre.

De lo que se colige, que los Magistrados ahora accionados efectuaron el test de admisibilidad con excesivo formalismo, sin considerar los parámetros de flexibilización referidos en el citado Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, cuando el hecho generador fue identificado en ambos motivos de casación, como la falta de fundamentación y motivación respecto a la ratificación de la inadecuada subsunción del hecho al tipo penal -segundo motivo- y por inobservancia al principio de congruencia entre la acusación y la sentencia -tercer motivo-, extremos que ocasionaron la vulneración de los derechos alegados en cada caso en particular, lo que hace viable su admisibilidad para su análisis de fondo por parte de los Magistrados hoy accionados; por lo tanto, corresponde conceder la tutela solicitada también respecto al AS 1473/2022-RA.

Finalmente, respecto a la denuncia del accionante referente a la vulneración del derecho a la defensa y los principios de seguridad jurídica y legalidad, los mismos solo fueron citados, sin explicar de qué manera se vulneraron con relación al presente caso; además, los referidos principios no fueron vinculados a un derecho en específico para ser tutelado a través de esta acción de defensa; por lo que, corresponde también denegar la tutela solicitada con relación a los mismos.

Respecto a la notificación con la acción de amparo constitucional a uno de los terceros interesados

De la revisión del trámite procesal de la presente acción de defensa, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional pudo advertir la falta de notificación con el memorial de esta acción de amparo constitucional a Carmelo Alegría Apaza a pesar de disponerse su notificación en el Auto de admisión de 15 de noviembre de 2023 (fs. 127 y vta.).

Consecuentemente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional debería proceder a anular obrados, ordenando la notificación de citado tercero interesado, precautelando sus derechos que podrían ser afectados con la determinación a asumirse; sin embargo, se observó la evidente vulneración de los derechos del accionante, la subsanación o corrección de la notificación extrañada no incidirá en la forma de la resolución; por lo que, corresponde emitir el presente fallo constitucional; empero, llamando la atención a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a objeto que en futuras acciones de esta naturaleza, cumplan la notificación correspondiente a los terceros interesados. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución AAC 174/2023-SCII de 1 de diciembre, cursante de fs. 142 a 144, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia.

a) Disponer se deje sin efecto los Autos Supremos 1473/2022-RA de 31 de octubre y 629/2023-RRC de 14 de junio, debiendo los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitir nuevos autos supremos conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho a la defensa y a los principios de seguridad jurídica y legalidad. 3º Llamar la atención a Paola Valeria Barrón Guzmán, Vocal de la Sala Constitucional Segunda y a Edwihn Vásquez Rivera, Vocal de su similar Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por las razones expuestas en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0856_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 678986efa6eefd34cc0a9defdc87f287a896ff02c64e8e63141ea9775197b466

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