Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Deniega la tutela
La accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público contra Jesús Claudio Cano Coca, imputado y ahora tercero interesado, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, no concurrió a la lectura íntegra de la Sentencia 15/2023; por ello la Jueza demandada, notificó a su abogado mediante ciudadanía digital con el número 3057138 el 13 de abril de 2023; sin embargo, el 4 de mayo de 2023, el imputado presentó memorial solicitando que sea notificado personalmente; en ese sentido, la autoridad demandada mediante decreto de la misma fecha, 4 de mayo de 2023, de forma textual dispuso, que no correspondía realizar una nueva diligencia; el 5 de mayo del mismo año, el referido imputado, presentó recurso de reposición, emitiéndose el Auto Interlocutorio 155/2023, por el que la autoridad ahora demandada, resolvió declarar fundado el recurso de reposición, realizando una errada interpretación y de manera incongruente resolvió notificar al tercero interesado, en la ciudadanía digital 3057138, que fue notificado el 13 de abril del referido año, siendo esta la misma ciudadanía digital que correspondía a su abogado; además, señaló que el plazo para la interposición de la apelación restringida, correrá desde la notificación en ciudadanía digital. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 081/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 293 a 296 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0855/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56257-2023-113-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 081/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 293 a 296 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mónica Roxana Urquidi Aramayo contra Elizabeth Vargas Zambrana, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 76 a 82, la accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, contra Jesús Claudio Cano Coca -ahora tercero interesado-, se llevó a cabo la audiencia de alegatos conclusivos el 29 de marzo de 2023, dándose lectura solo a la parte dispositiva y conforme a procedimiento se señaló audiencia de lectura íntegra de la Sentencia 15/2023 de 29 de marzo, para el 3 de abril de 2023; empero, en la referida fecha el tercero interesado no se presentó a la audiencia, refiriendo la Jueza demandada en la Resolución que al no haber concurrido el sentenciado, conforme al art. 361 de Código Procesal Penal (CPP), su plazo para presentar la apelación, empezaba a correr desde la notificación mediante ciudadanía digital. En ese sentido, conforme se podrá evidenciar se notificó a la defensa técnica de Jesús Claudio Cano Coca, por Ciudadanía Digital el 13 de abril de 2023, con el número 3057138, realizando todas las notificaciones del proceso mediante este número hasta la conclusión del juicio oral; sin embargo, el tercero interesado el 4 de mayo de 2023, presentó memorial solicitando que se le notifique personalmente con la Sentencia, por lo que la autoridad demandada mediante decreto de igual data, dispuso, que no correspondía realizar una nueva diligencia; ya que, al día siguiente -el 5 de mayo- presentó su recurso de reposición contra el indicado decreto. Dicho recurso de reposición fue resuelto a través del Auto Interlocutorio 155/2023 de 8 de mayo -siendo lo correcto 9 de mayo-; en el cual, la autoridad judicial demandada, en una forma por demás ilegal, declaró fundado el recurso de reposición planteado por el ahora tercero interesado, disponiendo su notificación con la Sentencia dictada en dicha causa, por intermedio de la ciudadanía digital 3057138, momento desde el cual corrió el plazo para interponer el recurso de apelación restringida. En ese sentido, la Jueza demandada realizó una errada interpretación y desconoció el principio de congruencia interna, porque resolvió por notificar al sentenciado en la misma ciudadanía digital 3057138, en la que ya se había sido notificado el 13 de abril de 2023. Además, hizo notar que el ahora tercero interesado, reconoció tácitamente en su memorial de interposición del recurso de apelación, que se le notificó el 14 de abril de 2023, mediante su abogado defensor con la Sentencia 15/2023, lo que por lógica daría a entender que existe una renuncia tácita al memorial del recurso de reposición de 5 de mayo de 2023.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia y legalidad, citando al efecto los arts. 14.1, 24, 115.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.I, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 155/2023, y se emita uno nuevo.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional se realizó el 9 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 284 a 292, produciéndose los siguientes actuados:
La accionante mediante su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su demanda y añadiendo señaló que: a) La interposición del recurso de apelación restringida interpuesta por el tercero interesado reconoció tácitamente que el 14 de abril de 2023, fue notificado en la ciudadanía digital de su abogado defensor; b) Lo que pretende el tercero interesado es valerse del Auto Interlocutorio y que no importa que se hubiera notificado el 13 o 14 de abril de 2023, porque se tiene un Auto Interlocutorio que le permite y le da la posibilidad de que plantee el recurso de apelación quince días después de su notificación, pero él presentó el 8 de mayo de 2023, fuera de plazo; c) La defensa del tercero interesado desde las primeras notificaciones; es decir, todos los actuados, siempre fueron notificados por ciudadanía digital de su abogado -3057138-, y el ahora tercero interesado nunca reclamó, pero cuando se cometió error de los plazos procesales para presentar el recurso de apelación recién reclamaron, primero la Jueza de la causa conforme al art. 361 del CPP, mediante providencia de 4 de mayo de 2023 le rechazó, empero posteriormente interpuso recurso de reposición, argumentando que necesitaba ser notificado personalmente; d) La autoridad judicial resuelve con el Auto Interlocutorio el 9 del referido mes y año, con el siguiente razonamiento; evidentemente se advierte que no se le notificó al ahora tercero interesado, se le notificó en la Ciudadanía Digital 3057138, el cual corresponde a su abogado, por error que no fue advertido, por lo que se ordenó que se le notifique de nuevo -pero no señala de manera personal- dice por “Sistema de Registro Judicial (SIREJ)”; e) Ello implica una incongruencia interna, en la construcción intelectiva del Auto Interlocutorio ahora impugnado, ya que no puede decir, se le ha notificado en la Ciudadanía Digital “302” o “57” de manera equivoca, y se disponga que notifique de nuevo a la misma Ciudadanía Digital; y, f) Respecto al principio de legalidad, la regla del art. 361 del CPP, dice que se notifica en la Ciudadanía Digital para que a partir de ahí en el plazo que establece la Ley, interponga su recurso de apelación, que involucra esa regla general el art. 130 del CPP, en la cual señala que los plazos son perentorios, esa premisa mayor nos genera una sub regla que involucra el principio de legalidad de los arts. 130 o 361 ambos del CPP, que fueron construidos con el propósito de precautelar los plazos procesales por lo que la autoridad demandada está rompiendo legalidad, dado que con el Auto Interlocutorio, le está dando la oportunidad al tercero interesado, que a pesar de haber vencido su plazo pueda presentar el recurso de apelación restringida.
Elizabeth Vargas Zambrana, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Oruro, en el desarrollo de la audiencia, señaló que: 1) La notificación con la Sentencia, fue realizada por el Secretario del Juzgado, quién justamente esos días había sido recién posesionado -personal nuevo-, por lo que se procedió erróneamente a notificar a Julio Cesar Torrico con la Sentencia, y no consignó el nombre de Jesús Claudio Cano Coca, quien era la parte imputada; 2) Advertido del error se procedió a subsanar la notificación, disponiendo que se realice una nueva; asimismo se debe aclarar que unos minutos antes que se emita el Auto Interlocutorio del recurso de reposición, la parte imputada había interpuesto recurso de apelación; empero, su autoridad desconocía la presentación de dicho recurso, por lo que lo único que se hizo es cumplir la normativa y se procedió a notificar en ciudadanía digital al imputado, ya que si bien se notificó la ciudadanía digital, pero no se consignó el nombre del imputado; y, 3) En lo que corresponde a los trámites del recurso de apelación, se corrió en traslado; toda vez que, la misma no admite recurso de apelación, sino queda admitida conforme a la normativa.
Jesús Claudio Cano Coca, en calidad de imputado dentro del proceso que dio origen a la presente acción de amparo constitucional y tercero interesado, mediante informe escrito cursante de fs. 279 a 282, refirió que: i) Existen datos erróneos en los que se funda esta acción de defensa, al referir que su persona hubiera sido notificado por ciudadanía digital el 13 de abril de 2023; empero, se tiene que conforme al reporte, tal notificación fue ejecutada el 14 de abril de ese mismo año, por lo que se interpuso el recurso de apelación dentro del plazo legal; es decir, el 8 de mayo del referido año; en ese entendido, lo que presentó al Juzgado fue el recurso de apelación restringida contra la Sentencia, dentro del plazo que estipula el art. 130 del CPP; y para sustentar tal afirmación, adjuntó el reporte de ciudadanía digital; ii) Si la acción de amparo constitucional, tiene consignado un dato erróneo; que, en términos de fechas y actos procesales no resulta coincidente con el proceso, no podría materializarse ninguna tutela, porque indudablemente, la vulneración a derechos y garantías fundamentales, no se asienta en la verdad material; iii) El Auto Interlocutorio 155/2023, dispuso la notificación personal en su condición de imputado con la Sentencia pronunciada, no obstante dicha resolución no alcanzó ninguna relevancia en la causa, dado que el 8 de mayo de 2023, se presentó el recurso de apelación restringida, tomando en cuenta el plazo de la notificación con la Sentencia, el 14 de abril de 2023; ya que el citado Auto, fue emitido un día después de que el recurso de apelación restringida había sido presentado, consecuentemente; intra proceso, no sistematizó ninguna vulneración a derechos y garantías fundamentales de la accionante; y, iv) Si el citado Auto Interlocutorio, fue emitido por la autoridad demandada, el 9 de mayo de 2023 y el recurso de apelación restringida fue presentado el 8 de mayo de 2023, tomando en cuenta la notificación del 14 de abril del referido año, en Ciudadanía Digital a su abogado defensor, no tiene sentido la pretensión de tutela perseguida por la accionante, porque no hay relevancia alguna en la supuesta vulneración alegada de su parte, dado que el recurso estaba presentado, no tiene ningún sentido el análisis de fondo, en la medida de que no tiene ninguna trascendencia constitucional, porque dicha resolución, sólo existe como tal en el proceso, porque, reitera el recurso de apelación restringida ya estaba presentado un día antes que se materialice el mismo.
Asimismo, en audiencia, la abogada defensora de la tercera interesada, Ingela Urquidi Barrientos, refirió que: a) La Jueza cuando dictó la Sentencia condenatoria refirió que se notificaría a los presentes en este actuado procesal y se leerá la Sentencia “en fecha tantos” a tal efecto bajo el argumento del art. 361 del CPP, debe haber sido notificado en ciudadanía digital del abogado o en su caso del acusado que se apersona y ofrece la ciudadanía digital de su abogado; y, b) Si bien se manifestó que se debía notificar al imputado de manera personal ante una ciudadanía digital del abogado, presenta recurso de reposición y el mismo apela, no cabe duda que existió una vulneración al debido proceso.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 081/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 293 a 296 vta. denegó la tutela; determinación que se dio sobre la base a los siguientes fundamentos: 1) La acción de amparo constitucional tiene su origen como consecuencia de que, la autoridad demandada emitió el Auto Interlocutorio 155/2023, por lo que declaró fundado el recurso de reposición de la providencia de 4 de mayo de 2023, interpuesto por el ahora tercero interesado, disponiéndose la notificación mediante ciudadanía digital 3057138, aclarando que desde ese momento corre el plazo para interponer el recurso de apelación restringida; este Auto, según la parte accionante lesionaría el debido proceso en su vertiente de congruencia y legalidad; 2) Al efecto corresponde remitirnos a lo que contempla el art. 161 del CPP, que respecto a los medios de notificación indica: "las notificaciones, salvo las de carácter personales se practicarán por medio de comunicación electrónica a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital”; art. 163 del CPP, que señala: notificación personal "se notificará personalmente el inc. 3, las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo"; 3) Por su parte el art. 361 del CPP señala: "la sentencia será emitida Inmediatamente después de la deliberación sin interrupción la jueza, el juez o el tribunal sé constituirán, nuevamente en sola de audiencia para su pronunciamiento, excepcionalmente por la complejidad del proceso podrá diferirse el pronunciamiento de los fundamentos de la sentencia y se emitirá solo la parte resolutiva, señalando el día y hora de audiencia dentro del plazo de tres días para el conocimiento integro de la sentencia, bajo conminatoria las partes, en caso de Incomparecencia se procederá a la notificación de la sentencia mediante un buzón de notificaciones de ciudadanía digital en el plazo de veinticuatro horas, momento desde el cual comenzara a correr el cómputo del plazo para interponer los recursos establecidos en el presente Código, con el pronunciamiento integro de la sentencia se dará por notificado a las partes en audiencia dejando en constancia de este actuado"; 4) De los antecedentes, se advierte que el 3 de abril de 2023, se procedió a la lectura de la Sentencia condenatoria en contra de Jesús Claudio Cano Coca; se puede evidenciar la notificación del abogado del tercero interesado con la Sentencia 15/2023; así como se advierte las notificaciones a las partes, notificación que fue efectuada el 13 de abril de 2023, no obstante de ello, el hoy tercero interesado presentó recurso de reposición contra la providencia de 4 de mayo de 2023, solicitando que se le notifique en la ciudadanía o en su defecto de manera personal; 5) En vista de lo solicitado la Jueza ahora demandada emitió el Auto Interlocutorio 155/2023, por el que reiteramos ha dispuesto o ha declarado fundado el recurso de reposición, disponiendo la notificación al hoy tercero interesado Jesús Claudio Cano Coca con la Sentencia en la ciudadanía digital 3057138; 6) Se debe tomar en cuenta, que el imputado interpuso el recurso de apelación restringida de 8 de mayo del 2023; y que hasta el momento del recurso no habría sido notificado de manera personal o en su ciudadanía digital, sino ha sido notificado en la ciudadanía digital de su abogado, lo que podría entenderse como una probable vulneración de sus derechos constitucionales de manera que entendemos que no corría el plazo; y, 7) Sin embargo este aspecto fue superado por el tercero interesado al interponer el recurso de apelación restringida y la decisión de la Jueza plasmada en el Auto Interlocutorio 155/2023, no se adecua a los antecedentes del proceso, por lo que estado formulado el recurso de apelación, corresponde que la autoridad demandada adecúe sus actos conforme a la normativa legal, por lo que se considera que no se ha vulnerado los derechos a la parte accionante, correspondiendo denegar la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa, la Sentencia 15/2023 de 29 de marzo, emitida por Elizabeth Vargas Zambrana, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Oruro, en la cual se declaró a Jesús Claudio Cano Coca -ahora tercero interesado- como autor del delito de homicidio culposo y su pronunciamiento; cuya lectura integra de la referida Sentencia, fue el 3 de abril de 2023 (fs. 4 a 74).
II.2. Cursa diligencia de notificación con la Sentencia 15/2023, al abogado de defensor del ahora tercero interesado Julio César Torrico Salinas, efectuada el 13 de abril de 2023 a horas 20:03, mediante buzón de ciudadanía digital (fs. 75).
II.3. Memorial presentado por el ahora tercero interesado el 4 de mayo de 2023 donde se impetra la notificación personal con la Sentencia 15/2023; en respuesta la autoridad demandada mediante providencia de igual data, refirió que “dando fiel cumplimiento a lo dispuesto por el art. 361 del CPP, al haberse CONMINADO a la parte imputada a asistir a la audiencia de pronunciamiento, íntegro bajo alternativa de realizar la notificación con la sentencia en ciudadanía digital” (sic), no correspondía realizar nueva diligencia (fs. 270 a 271).
II.4. Posteriormente el hoy tercero interesado el 5 de mayo de 2023, interpuso recurso de reposición contra esa providencia de 4 de mayo de 2023, solicitando que la misma sea revocada y que se disponga la notificación con la Sentencia 15/2023 en su ciudadanía digital o en su caso de manera personal, reiterando que la notificación con la Sentencia debe ser personal, no importando en el medio, la notificación es al imputado y no a su abogado (fs. 131 y vta.)
II.5. Ante dicha solicitud la autoridad accionada emitió el Auto Interlocutorio 155/2023 de 9 de mayo, por el que declaró fundado el recurso de reposición de la providencia de 4 de mayo de 2023, planteado por el tercero interesado, disponiendo la notificación al sentenciado Jesús Claudio Cano Coca con la Sentencia 15/2023, sea en la ciudadanía digital 3057138, momento desde el cual corre el plazo para interponer recurso de apelación restringida (fs. 132 a 133 vta.).
La accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público contra Jesús Claudio Cano Coca, imputado y ahora tercero interesado, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, no concurrió a la lectura íntegra de la Sentencia 15/2023; por ello la Jueza demandada, notificó a su abogado mediante ciudadanía digital con el número 3057138 el 13 de abril de 2023; sin embargo, el 4 de mayo de 2023, el imputado presentó memorial solicitando que sea notificado personalmente; en ese sentido, la autoridad demandada mediante decreto de la misma fecha, 4 de mayo de 2023, de forma textual dispuso, que no correspondía realizar una nueva diligencia; el 5 de mayo del mismo año, el referido imputado, presentó recurso de reposición, emitiéndose el Auto Interlocutorio 155/2023, por el que la autoridad ahora demandada, resolvió declarar fundado el recurso de reposición, realizando una errada interpretación y de manera incongruente resolvió notificar al tercero interesado, en la ciudadanía digital 3057138, que fue notificado el 13 de abril del referido año, siendo esta la misma ciudadanía digital que correspondía a su abogado; además, señaló que el plazo para la interposición de la apelación restringida, correrá desde la notificación en ciudadanía digital. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0659/2021-S1 de 16 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento:
“El Código de Procedimiento Penal, a partir de los arts. 160 al 166, estableció la exigencia de que determinadas resoluciones deben ser notificadas de forma personal a las partes que intervienen dentro del proceso penal, instaurando una serie de requisitos formas y condiciones que deben ser cumplidas para tal efecto. Así, el art. 160 citado Código delimita el objeto principal de este acto procesal al determinar que “Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales”; bajo esa directriz, el art. 163 del mencionado Código, estableció excepciones a la regla general descrita en el art. 160 de la norma mencionada, citando específicamente el término personal, lo que implica que dicho acto procesal debe ser efectuado a las partes del proceso, permitiendo el ejercicio de derechos fundamentales como la defensa y la impugnación de las resoluciones. En esa línea, el art. 163 del CPP, modificado por disposición de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estableció los casos en los que la notificación debe ser realizada de forma personal, enumerándolos de la siguiente forma: 1. La denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de la acción penal; 2. La primera resolución que se dicte respecto de las partes; 3. Las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo; 4. Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales; y, 5. Otras resoluciones que por disposición del presente Código, deban notificarse personalmente. Cuando la notificación sea realizada en audiencia, se entregará una copia del registro digital dejando constancia de su recepción. Cuando la notificación no sea realizada en audiencia, se entregará una copia de los documentos o resolución al interesado en su domicilio real o donde sea habido con la advertencia de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado privado de su libertad, será notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital de la o el abogado. Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará dejando copia de los documentos o resolución en su domicilio real, en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia; la copia de los documentos o resoluciones también será enviada a su buzón de notificaciones de ciudadanía digital si lo tuviera. Entonces al tenor de dichos articulados, es concluyente manifestar que la notificación de las sentencias y resoluciones de carácter definitivo necesariamente deben ser cumplidas guardando las exigencias y formalidades establecidas; es decir, deben ser efectuadas de forma personal, con la entrega de la copia de la resolución a las partes, ya que lo contrario se configura en una notificación que no resulta valida, por el incumplimiento de las exigencias formales establecidas en la norma señalada, puesto que debe entenderse que el objeto principal de la notificación personal, es permitir que las partes procesales tengan conocimiento de las razones, motivos y fundamentos jurídicos que fueron base de la resolución, permitiendo a la vez el pleno ejercicio del derecho a recurrir o impugnarla. En esa línea, la SCP 0953/2019-S2 de 15 de octubre, estableció: Este instituto procesal, establecido en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuya efectivización compete a la autoridad jurisdiccional y personal subalterno en el marco de sus atribuciones, tiene por objeto hacer conocer a los sujetos procesales o a terceros con interés legítimo en el proceso, las providencias, autos, sentencias y todas las actuaciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales; cuya finalidad es garantizar los derechos de contradicción, defensa e impugnación, como elementos esenciales del debido proceso consagrados en los arts. 115.II y 180.II de la CPE; es decir, la notificación, permite la publicidad de los actos procesales y el uso de los mecanismos de impugnación a su alcance para la protección de aquellos; sobre el particular De Santo señaló “la notificación tiene por objeto, fundamentalmente, asegurar la vigencia del principio de contradicción y establecer un punto de partida para el cómputo de los plazos. De lo expuesto, se establece que la omisión de la notificación, hace que esta diligencia no cumple su finalidad, es susceptible de nulidad, porque anula la materialización del normal desarrollo del proceso; puesto que, impide a ejercer el derecho a la defensa e impugnación, ya que, el desconocimiento real y efectivo de las resoluciones emergentes del proceso, coloca al sujeto procesal en un estado de indefensión; al respecto, la SCP 1074/2014 de 10 de junio señaló: “…la falta de notificación de aquellos actos que involucren derechos y/o garantías constitucionales de las partes procesales, acarrea indiscutiblemente una disminución o el cercenamiento total y arbitrario de las posibilidades del ejercicio de la defensa, lo cual, afecta directamente el desarrollo del proceso dentro de los cánones del debido proceso”.
La SCP 0370/2018-S2 de 24 de julio citando a la SC 0995/2004-R de 29 de junio estableció que los errores o defectos de procedimiento, serán calificados como lesivos del derecho al debido proceso y corregidos vía acción de amparo constitucional, solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, en tal sentido indicó que: A tiempo de ingresar a considerar el fondo del recurso, corresponde recordar que los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) Esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados. Por su parte, la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló que: Es posible concluir que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso, sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales.
De la revisión de los antecedentes del cuaderno constitucional, se advierte que con la Sentencia 15/2023, emitida por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Oruro, se notificó al abogado defensor del ahora tercero interesado el 13 de abril de 2023 a horas 20:03, mediante buzón de ciudadanía digital, al no haber concurrido a la lectura de dicha Sentencia (Conclusiones II.1 y II.2). Por lo cual, el 4 de mayo de 2023, Jesús Claudio Cano Coca, presentó memorial solicitando su notificación personal; en respuesta, la autoridad demandada mediante, providencia de 4 de mayo de 2023, refirió que conforme al art. 361 del CPP, no correspondía realizar nueva diligencia (Conclusión II.3) El imputado interpuso recurso de reposición, contra esa providencia, solicitando que la misma sea revocada y que se disponga la notificación con la referida Sentencia en su ciudadanía digital o en su caso de manera personal, reiterando que la notificación con la Sentencia debe ser personal, no importando el medio, la notificación es al imputado y no a su abogado (Conclusión II.4). Ante dicha solicitud, la autoridad demandada emitió el Auto Interlocutorio 155/2023, declarando fundado el recurso de reposición planteado por el tercero interesado, disponiendo la notificación al sentenciado Jesús Claudio Cano Coca con la Sentencia 15/2023, sea en la ciudadanía digital 3057138, momento desde el cual corre el plazo para interponer recurso de apelación restringida (Conclusión II.5).
Descritos los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, corresponde ingresar al análisis del Auto Interlocutorio 155/2023, el cual declaró fundado el recurso de reposición, disponiendo la notificación al sentenciado con la Sentencia dictada por ciudadanía digital 3057138, refiriendo además que desde la notificación correría el plazo para la interposición de la apelación restringida, realizando, a criterio de la impetrante de tutela, una errada interpretación y desconociendo el principio de congruencia interna al resolver notificar al tercero interesado en ciudadanía digital 3057138, que es la misma ciudadanía digital que correspondía a su abogado y ya había sido notificado el 13 de abril del referido año.
Al respecto resulta evidente que dentro del Auto de Interlocutorio ahora impugnado, se determinó la notificación al tercero interesado en la plataforma de ciudadanía digital, con el mismo número usuario donde ya se había notificado a su abogado; en ese sentido, se debe precisar lo que establece el Código de Procedimiento Penal que conforme al art. 161, señala que: las notificaciones salvo las de carácter personal se practicaran por medio de comunicación electrónica, a través del buzón de notificación de la ciudadanía digital; en ese sentido, el art. 163 del CPP, refiere sobre el deber de notificación personal: Se notificarán personalmente las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo; vale decir, que esto conforme la Ley no puede ser modificado, así también lo entendió el Tribunal Constitucional Plurinacional la SCP 0659/2021-S1 de 16 de noviembre, refiriendo que: “…es concluyente manifestar que la notificación de las sentencias y resoluciones de carácter definitivo necesariamente deben ser cumplidas guardando las exigencias y formalidades establecidas; es decir, deben ser efectuadas de forma personal, con la entrega de la copia de la resolución a las partes, ya que lo contrario se configura en una notificación que no resulta valida, por el incumplimiento de las exigencias formales establecidas en la norma señalada, puesto que debe entenderse que el objeto principal de la notificación personal, es permitir que las partes procesales tengan conocimiento de las razones, motivos y fundamentos jurídicos que fueron base de la resolución, permitiendo a la vez el pleno ejercicio del derecho a recurrir o impugnarla.”
En ese contexto, lo que ocurrió en el presente caso va contra lo señalado en la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, dado que según consta en obrados, en el Auto Interlocutorio 155/2023, la Jueza demandada ordenó la notificación a Jesús Claudio Cano Coca ahora tercero interesado en ciudadanía digital 3057138, lo cual no correspondía, toda vez que, la Sentencia 15/2023, con la que se pretende la notificación al tercero interesado, tiene carácter definitivo, dado que se condena a Jesús Claudio Cano Coca, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por lo que correspondía, que la Jueza ahora demandada, realice la notificación personal, puesto que solo de esa forma, se asegura que el sujeto procesal tenga conocimiento efectivo de los fundamentos jurídicos de la decisión para ejercer su derecho de impugnarla, aspectos que deben ser de control y cuidado del Juez o tribunal competente, a fin de no vulnerar el mandato de ley, un entendimiento contrario vulneraría los derechos a recurrir de los fallos y la defensa; por ende, el de acceso a la justicia, al no existir certeza plena de que el acto de comunicación cumplió con su finalidad, que las partes tengan conocimiento de la resolución en cuestión, y a partir de la notificación personal, recién le correría el plazo de los quince días, para que interponga su recurso de apelación.
No obstante de todo lo señalado precedentemente se debe, tomar en cuenta que el tercero interesado, Jesús Claudio Cano Coca, interpuso el 8 de mayo de 2023, recurso de apelación restringida; es decir, el mismo día que la Jueza demandada emitió el Auto Interlocutorio 155/2023, sobre el recurso de reposición; por lo cual deja de tener trascendencia el recurso de reposición planteado, con los defectos que este Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que han sido cometidos por la autoridad jurisdiccional; y es así, que estando interpuesto el recurso de apelación se entendería que la autoridad jurisdiccional tendrá que darle el tratamiento que corresponde conforme a la normativa inherente al caso.
Consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien se advierte una incongruencia interna e ilegalidad dentro de la Resolución impugnada; sin embargo, conforme a lo explicado previamente, tal extremo carece de relevancia constitucional, correspondiendo denegar la tutela, lo que en el caso de autos es evidente; ya que, el recurso de apelación restringida fue presentado por el ahora tercero interesado, y la finalidad que tenía el Auto Interlocutorio 155/2023 que era la notificación -el hacer conocer a la parte la decisión judicial para permitir el ejercicio del recurso de apelación- ya fue alcanzada materialmente; por lo cual, en el caso de que se ordenara la emisión de un nuevo Auto Interlocutorio, tomando en cuenta el punto omitido por la autoridad demandada, tal determinación ya carece de sentido, porque ya no tiene incidencia alguna dentro del proceso, ya que materialmente el imputado ha demostrado tener conocimiento de la indicada Sentencia y precisamente ha activado su recurso de apelación.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 081/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 293 a 296 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0855_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): f3329ad2a6b7146f864feb0f677f0382a9b6cc15682ddad4138aac70b60dfeea
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