Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la impugnación, al acceso a la justicia plural pronta y oportuna; y, al principio a la celeridad, aduciendo que en su condición de víctima de violencia familiar o doméstica, en audiencia de modificación de medidas cautelares, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que determinó la cesación de la detención preventiva de su agresor, impetrando al Juez demandado la remisión de su impugnación en el plazo dispuesto por el art. 251 del CPP; sin embargo, la autoridad judicial demandada, hasta la presentación de esta acción de defensa, omitió elevar los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, habiendo transcurrido dilatoriamente más de diecinueve días desde su requerimiento; y, la Auxiliar codemandada -quien fue habilitada para fungir como Secretaria en el acto procesal, pese a no ser aún abogada- omitió transcribir el acta correspondiente y le exigió cubrir el costo del impulso procesal al transcriptor si precisaba agilizar la elaboración del acta. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 52/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 54 vta. a 57 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar al Juez y Auxiliar demandados a tramitar con la máxima celeridad posible y con la debida diligencia en la protección de los derechos de la mujer en situación de violencia, los recursos de apelación incidental formulados por estas y los trámites inherentes al mismo como la remisión de antecedentes de la apelación al Tribunal de alzada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0854/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56250-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 52/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 54 vta. a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Janeth Castedo Paz contra Roberto Arias Sejas; y, Graciela Michelle Peña Parada, Juez y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 31 de marzo y 11 de abril de 2023, cursantes de fs. 27 a 31; y, 34 a 35, la accionante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya, contra Ruber Ernesto Velarde Carvalho, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por Auto Interlocutorio 70/2023 de 10 de febrero, el Juez demandado, dispuso la detención preventiva del acusado, al advertirse la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización contenidos en los arts. 234.1, 2, 4, y 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, en audiencia de cesación a la detención preventiva, celebrada el 22 de marzo de 2023, la autoridad judicial demandada, concedió dicho beneficio al imputado, realizando una incorrecta valoración de los elementos de convicción; fallo contra el cual, en su condición de víctima, interpuso recurso de apelación incidental, conjuntamente al Ministerio Público, conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP, solicitando al Juez demandado, la remisión del “cuaderno procesal” al Tribunal de alzada, en el plazo establecido para el efecto; sin embargo, pese a su solicitud, no fueron elevados los actuados a la instancia superior. Aclara que, el Juzgado de la causa, no contaba con una secretaria, por lo cual, las audiencias programas, eran suspendidas de manera reiterada; empero, al momento de la realización del precitado acto procesal, a objeto de llevar a cabo la misma, la autoridad demandada, habilitó a Graciela Michelle Peña, Auxiliar del despacho a su cargo, para participar como tal, pese a que aún no era abogada. No obstante a ello, el 27 del referido mes y año, reiteró su solicitud ante la autoridad judicial demandada; sin embargo, pese a haberse apersonado en diversas oportunidades al señalado Juzgado para conocer la causa de la demora en la remisión del recurso de apelación, únicamente recibió respuesta de la Auxiliar codemandada, quien le manifestó que aún no contaban con secretario, que tampoco se encontraba transcrita el acta de audiencia y que, si requería con urgencia dicho actuado, debía asumir el pago del impulso procesal a su transcriptor. Asimismo, le informó que el expediente no estaba en despacho ni foliado, constituyéndose tal omisión en una dilación indebida y en una denegación de justicia que le impidió ejercer de manera efectiva su derecho a impugnar la decisión judicial adoptada, restringiendo además su acceso al recurso legal correspondiente. A la fecha de presentación de su memorial de subsanación -11 de abril de 2023, el Juez demandado no había elevado su impugnación, habiendo transcurrido diecinueve días sin cumplir con el plazo previsto para el efecto, vulnerando no solo sus derechos y garantías constitucionales como víctima, sino también su obligación de considerar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, al saber que su agresor se hallaba en libertad y que podría intentar vengarse, poniendo en riesgo su integridad, además, incumplió su deber de otorgarle protección reforzada, conforme establece el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los Convenios Internacionales ratificados por el país, entre ellos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem do Pará-.
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación, al acceso a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, “a la protección reforzada en casos de violencia a la mujer, igualdad de oportunidades”, a la defensa, a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente e imparcial; y, al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 15.I y II, 115, 119.I, 120.I, 121.II, 178.I, 180.I y II de la CPE; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica; 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo, se ordene al Juez demandado y al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz la remisión de su impugnación al Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, a efectos de acceder a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación incidental correspondiente al expediente 293/22, signado con el Formulario Único de Denuncia (FUD) 701102022102058.
Celebrada la audiencia virtual el 21 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 53 a 54 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándolo señaló lo siguiente: a) En la audiencia de cesación de la detención preventiva del imputado celebrada el 22 de marzo de 2023, sorpresivamente le fue concedido dicho beneficio; por lo que en el mismo acto procesal, tanto el Ministerio Público como su abogado patrocinante formularon recurso de apelación incidental, solicitando que dicha apelación fuese remitida conforme lo previsto por el art. 251 del CPP; sin embargo, trascurrido el plazo para su remisión, no se cumplió con el mismo; b) Al día siguiente de dicho acto procesal, su persona se apersonó al Juzgado de la causa para pedir que se eleven los actuados de su impugnación a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; empero, le indicaron que el expediente se encontraba en despacho; asimismo, que no tenían secretario para elaborar el acta de audiencia, tampoco transcriptor, transcurriendo hasta esa fecha más de “diecinueve días”, sin remitirse el legajo de apelación, vulnerándose sus derechos a una justicia libre y sin dilaciones, así como los arts. 4, 45 y 86 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que busca erradicar la violencia hacia las mujeres.
Roberto Arias Sejas y Graciela Michelle Peña Parada, Juez y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, no remitieron informe escrito alguno, tampoco asistieron a la audiencia de garantías pese a su notificación, cursante a fs. 46 y 48.
Ruber Ernesto Velarde Carvalho, ahora tercer interesado, no remitió escrito alguno, tampoco concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 50. Juan Pablo Sánchez, Fiscal de Materia, no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 52.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 52/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 54 vta. a 57 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada en caso de no haberse elevado el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante, de manera inmediata, y previo cumplimiento de las formalidades de ley, remita el mismo de conformidad a lo previsto por el art. 251 del CPP; tal determinación fue asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Previo a analizar el fondo de la problemática planteada, correspondía reconducir la acción de amparo constitucional a la acción de libertad bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, de acuerdo con lo establecido por la SCP 0320/2020-S4 de 9 de enero; 2) La accionante interpuso la presente acción de defensa, ante la falta de remisión del recurso de apelación que interpuso contra la resolución que dispuso la cesación de la detención preventiva de su supuesto agresor, sin que hasta “la fecha” hubiese sido remitido el mismo, y siendo que este quedó en libertad, producto de ello se advierte que su vida corre peligro; y, 3) La autoridad demandada no presentó informe alguno que permita esclarecer si la remisión de los actuados procesales se produjo o no; razón por la cual, considerando el alcance de la acción de libertad cuando se trata de grupos en situación de vulnerabilidad con protección reforzada, lo señalado por la SCP 0320/2020-S4 en cuanto a la reconducción de acciones tutelares y lo dispuesto, entre otras, por la SCP 0002/2019-S3 de 15 de enero, se concedió la tutela en favor de la impetrante, a fin de que el Juez demandado remita el recurso de apelación incidental interpuesto por la prenombrada contra la resolución emergente del acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, en la cual se habría determinado la cesación de la medida extrema, bajo el argumento de que la libertad de su agresor podría poner en peligro su vida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ruber Ernesto Velarde Carvalho, a instancia de Janeth Castedo Paz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante Auto Interlocutorio 70/2023 de 10 de febrero, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, se dispuso la detención preventiva del imputado ante la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1, 2, 4 y 7, con relación al 235.2 del CPP, a ser cumplida en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el lapso de cuarenta y cinco días (fs. 20 a 24). II.2. Según memorial presentado el 27 de marzo de 2023 ante el Juez demandado, la impetrante de tutela puso en conocimiento de dicha autoridad que, en audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 22 del citado mes y año, se concedió dicha medida al imputado. Contra esa resolución, tanto el Ministerio Público como su defensa técnica interpusieron recurso de apelación incidental, solicitando la remisión de los actuados procesales dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP; sin que hasta la fecha indicada hubieran sido enviados. El personal subalterno del despacho le manifestó que no contaban con secretario y que debía “reconocer” al transcriptor para la elaboración del acta de audiencia, además de asumir el costo del traslado, advirtiéndole asimismo que todo el expediente se encontraba sin foliatura; por ello, solicitó la remisión del cuaderno procesal al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a fin de que se lleve a cabo la audiencia de apelación incidental con celeridad, considerando que su agresor se hallaba en libertad y su vida corría peligro; asimismo, pidió que se instruya al personal subalterno abstenerse de exigir cualquier monto para la remisión, debido a que no contaba con los recursos requeridos (fs. 25 y vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la impugnación, al acceso a la justicia plural pronta y oportuna; y, al principio a la celeridad, aduciendo que en su condición de víctima de violencia familiar o doméstica, en audiencia de modificación de medidas cautelares, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que determinó la cesación de la detención preventiva de su agresor, impetrando al Juez demandado la remisión de su impugnación en el plazo dispuesto por el art. 251 del CPP; sin embargo, la autoridad judicial demandada, hasta la presentación de esta acción de defensa, omitió elevar los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, habiendo transcurrido dilatoriamente más de diecinueve días desde su requerimiento; y, la Auxiliar codemandada -quien fue habilitada para fungir como Secretaria en el acto procesal, pese a no ser aún abogada- omitió transcribir el acta correspondiente y le exigió cubrir el costo del impulso procesal al transcriptor si precisaba agilizar la elaboración del acta. Ambas conductas constituirían dilación indebida y denegación de justicia, impidiéndole ejercer de manera efectiva su derecho a impugnar la decisión adoptada; de igual forma, la autoridad judicial demandada no consideró la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, sabiendo que su agresor estaba en libertad y podía intentar vengarse, poniendo en peligro su vida, incumpliendo su deber de otorgarle protección reforzada en su condición de víctima de violencia; por ello, solicitó se otorgue la tutela impetrada, ordenando al Juez demandado y al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz remitir su impugnación al Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, a efectos de acceder a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación incidental del expediente 293/22, identificado con el Formulario Único de Denuncia (FUD) 701102022102058. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto al principio de celeridad la Constitución Política del Estado en sus arts. 178.I dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; 180.I expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; y, 115.II señala que: “ El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). Complementando lo señalo, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y, la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; dicho entendimiento fue ratificado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero en el Fundamento Jurídico III.2.
Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías.
Entendimiento desarrollado en la SCP 0663/2018-S2 17 de octubre.
La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, modifica el Título II del Libro Quinto de la primera parte del Código de Procedimiento Penal -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-, entre uno de ellas el art. 251, bajo el siguiente texto:
(APELACION). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la 2 El FJ III.1, señala: “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad ʽcomprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia´. (…) En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
jurisprudencia constitucional, entre otras, en la SCP 0281/2013 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del citado Código. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
Entendimiento ratificado en la SCP 0732/2020-S3 de 13 de noviembre.
La debida diligencia se constituye en un estándar para evaluar si un Estado miembro cumple o no con sus obligaciones de protección de los derechos de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así quedó establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993. La Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994, a su vez determina como un deber inherente de los Estados signatarios el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha Convención fue ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 1599 de 18 de agosto de 1994.
Consecuentemente, la debida diligencia obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género; por lo que, en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Así quedó determinado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que estableció el siguiente precedente constitucional:
[E]n el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
En dicho contexto, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, resalta que la citada norma, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la investigación, señalando en el art. 59, que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, conforme ha concluido la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo:
[A]ún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia, y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En el contexto señalado, el Capítulo III de la Ley 348, Persecución Penal, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción.
En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.
7 El Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia. Entendimiento ratificado en la SCP 0012/2025-S3 de 19 de febrero de 2025.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (énfasis añadido). 8 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial de Bolivia. 9 El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en posteriormente por las SCP 0332/2010-R, 0345/2012 y 2171/2012, entre otras, que establecieron que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.1. (las negrillas son nuestras).
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas y notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas).
En el caso en revisión, la accionante, en su condición de víctima de violencia familiar o doméstica, denuncia dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio que otorgó al imputado la cesación de la detención preventiva; toda vez que: a) el Juez demandado, hasta la interposición de la presente acción tutelar, omitió remitir los actuados correspondientes de su impugnación ante el Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de “diecinueve” días sin efectuarlo; y, b) la Auxiliar codemandada incumplió su deber de transcribir el acta de cesación, pese a haber sido habilitada por la autoridad demandada para fungir como Secretaria en el precitado acto procesal, sin ser aún abogada. Ambas omisiones generaron demora indebida y denegación de justicia, impidiendo el ejercicio efectivo de su derecho a impugnar la decisión judicial adoptada; asimismo, la autoridad demandada no consideró la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la accionante, sabiendo que su agresor se hallaba en libertad y podría vengarse, poniendo en peligro su vida, además de incumplir su deber de otorgarle protección reforzada en su condición de víctima de violencia.
Al respecto, con carácter previo a ingresar al análisis de fondo, amerita referirse al principio de subsidiariedad de esta acción tutelar, que exige la activación de los mecanismos intraprocesales previstos por la jurisprudencia constitucional. En ese entendido, se evidencia que el 17 de marzo de 2025 -Conclusión II.2-, la accionante acudió ante la autoridad de control jurisdiccional a fin de reclamar la dilación denunciada, solicitando la remisión de su recurso de apelación en alzada, sin recibir respuesta alguna hasta la presentación de la acción tutelar. Por ello, al haber acudido oportuna y previamente ante el Juez de control jurisdiccional, dicho obstáculo procesal se tiene por superado, correspondiendo efectuar el análisis de fondo.
En ese contexto, cabe precisar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares de carácter personal, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo, por regla general, debe ser observado por las autoridades judiciales; sin embargo, es posible flexibilizar excepcionalmente hasta tres días, cuando exista justificación razonable y fundada relacionada con recarga laboral, suplencias o pluralidad de imputados; no obstante, vencido ese plazo flexibilizado, la omisión del juzgador constituye un acto ilegal, traducido en dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad.
De la revisión de antecedentes del expediente constitucional, se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ruber Ernesto Velarde Carvalho, a instancia de la demandante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica, mediante Auto Interlocutorio 70/2023 de 10 de febrero, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, se dispuso la detención preventiva del imputado ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2, 4 y 7, en relación con el 235.2 del CPP, a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola por cuarenta y cinco días.
Posteriormente, el acusado solicitó al Juez demandado la cesación de su detención preventiva; la cual -según lo afirmado por la accionante en su acción tutelar y no cuestionado por las partes- le fue otorgada en audiencia de medidas cautelares celebrada el 22 de marzo del mismo año.
Contra esa determinación, en el propio acto procesal, el Ministerio Público y la impetrante interpusieron recurso de apelación incidental, solicitando la remisión de los actuados al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP; sin embargo, ante la falta de remisión, según consta en el memorial de 17 del indicado mes y año, la accionante reiteró al Juez demandado la remisión del cuaderno procesal, pidiendo el envío inmediato de su impugnación, alegando que al haber acudido al Juzgado, la Auxiliar codemandada justificó la demora indicando que no contaban con secretario, que debía “reconocer” al transcriptor para elaborar el acta de audiencia y asumir los costos del traslado, además de señalar que todo el expediente carecía de foliatura; por ello, solicitó se considere su situación de vulnerabilidad al encontrarse su agresor en libertad y peligrar su vida; pidiendo también que se instruya al personal subalterno abstenerse de exigir pago alguno para la remisión, por no contar con los recursos requeridos (Conclusión II.2). Ahora bien, de acuerdo a lo supra mencionado, en relación a la actuación del Juez demandado, resulta ser evidente la demora de diecinueve días incurrida por dicha autoridad, al no haberse materializado hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar -11 de abril del indicado año-, la remisión del recurso de apelación incidental formulado por la accionante el 22 de marzo de 2023, demora que acorde a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no solo excede el plazo legal de las veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP, sino la flexibilización de tres días establecida en caso de justificación por las recargadas labores del despacho judicial; situación que en el caso de autos, no fue demostrada con elemento alguno para ser considerada por este Tribunal, ameritando concederse la tutela respecto a este punto, al constituir la dilación señalada, inobservancia al principio de celeridad procesal vinculado al debido proceso de la accionante, al no haber verificado el Juez demandado, en su condición de director del proceso, que el personal subalterno a su cargo, cumpla con el trámite de apelación efectuando la remisión en el plazo señalado por la citada normativa. La demora también revela falta de diligencia debida por parte del Juez demandado, quien debía actuar proactivamente en la tramitación del recurso, considerando que se encontraba comprometido el derecho a la impugnación de la impetrante -mujer víctima de violencia intrafamiliar o doméstica-; conforme a los razonamientos jurisprudenciales desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3, el Juez tenía el deber jurídico de despachar los asuntos a su cargo sin dilaciones indebidas; la falta de secretario en el Juzgado -según lo denunciado por la impetrante de tutela- no justifica la inacción procesal, pues el retardo injustificado privó a la solicitante de tutela del ejercicio de sus derechos al debido proceso, defensa, impugnación y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.; y, al principio de celeridad.
Del mismo modo, en relación a la situación de vulnerabilidad y falta de protección reforzada invocada por la demandante de tutela vinculada a su derecho a la vida ante la amenaza de saber en libertad al imputado; cabe hacer mención que, deviniendo la presente acción tutelar de un proceso penal vinculado con hechos de violencia familiar o doméstica, acorde al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Estado a través de sus autoridades judiciales como el Juez demandado, tiene la obligación de garantizar una protección efectiva y reforzada a las víctimas, en virtud del principio de no discriminación, el deber de prevención y la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, consagrados en los arts. 15, 60 y 66 de la CPE, así como en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; extremo que de lo examinado precedentemente, se advierte también que dicha obligación fue incumplida por la autoridad judicial demandado al no actuar con la diligencia debida.
Por otra parte, respecto a la Auxiliar codemandada, corresponde indicar que, conforme al Fundamento Jurídico III.4, los servidores públicos de apoyo judicial tienen legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares cuando incumplen órdenes del juez o cuando omiten sus deberes específicos; en ese sentido, la mencionada funcionaria, de acuerdo con las funciones inherentes a su cargo, tenía la obligación de coadyuvar con la Secretaría del Juzgado en la elaboración del acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 22 de marzo de 2023 y la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental; sin embargo, no cumplió con tales deberes, contraviniendo el art. 101.II de la LOJ. La demora injustificada de más de diecinueve días constituye vulneración del principio de celeridad consagrado en los arts. 178 y 180.I de la CPE, generando incumplimiento del ordenamiento jurídico, por lo que corresponde conceder la tutela también respecto a esta funcionaria.
Finalmente, en cuanto a la alegada exigencia de recaudos de ley por parte de la nombrada funcionaria de apoyo judicial para la transcripción del acta de audiencia de cesación de la detención preventiva, no habiendo sido controvertida dicha denuncia por la nombrada, corresponde mencionar que según lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, no puede condicionarse la remisión de antecedentes del recurso de apelación al Tribunal de alzada con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia; consiguientemente, es viable la tutela también respecto a este extremo.
Finalmente, corresponde señalar que la reconversión de acción efectuada por la Sala Constitucional que conoció la presente acción de defensa no era necesaria; ello conforme a la SCP 1278/2013-S2 de 2 de agosto, que establece que, en casos de denuncia de vulneración del derecho a la vida, corresponde a la parte accionante decidir si interpone una acción de libertad o una acción de amparo constitucional. Por otra parte, en relación con la habilitación de la Auxiliar codemandada para participar como Secretaria en la audiencia de cesación de detención preventiva -pese a no ser abogada según la accionante-, dicha atribución se encuentra prevista en la Ley de Organización Judicial como facultad de toda autoridad judicial ante el impedimento o ausencia de un Secretario o Secretaria del Juzgado, Sala o Tribunal de Sentencia.
Asimismo, el art. 99.I.1 de la citada normativa, contempla los requisitos para acceder al cargo de auxiliares de juzgado, estableciendo que los mismos pueden estudiantes regulares, al menos del tercer año de la carrera de derecho. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 52/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 54 vta. a 57 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar al Juez y Auxiliar demandados a tramitar con la máxima celeridad posible y con la debida diligencia en la protección de los derechos de la mujer en situación de violencia, los recursos de apelación incidental formulados por estas y los trámites inherentes al mismo como la remisión de antecedentes de la apelación al Tribunal de alzada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas Paola Verónica Prudencio Candia MAGISTRADO MAGISTRADA
1 El FJ III.6 refiere: “…(eficacia) supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material. El segundo, (eficiencia), persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos“.
3 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
4 El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
5 Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Art. 4 inc. c).
6 Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994; Art. 7 inc. b).
relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0854_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2a7b364cba256f470e3d62d6ba5fc08fca24f1131a14ae83e10512df123ab338
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