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SCP 0853/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53622-2023-108-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad, al debido proceso y la impugnación; puesto que, la Vocal ahora accionada al momento de pronunciar el Auto de Vista 346 de 17 de agosto de 2022, estableció en los considerandos que su detención preventiva debía ser cumplida en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí; sin embargo, ese aspecto no fue precisado en el por tanto de ese Auto de Vista. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación. Jurisprudencia reiterada; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 67 vta. a 69, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0853/2025-S1 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53622-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 67 vta. a 69, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andres Ritter Zamora en representación sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 24 de enero de 2023, cursante de fs. 21 a 30, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nicolás Ricardo Loayza Yaksic -accionante- por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y parricidio en grado de tentativa, previstos y sancionados por los arts. 271 y 253 del Código Penal (CP); el 21 de julio de 2022, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; sin embargo, como consecuencia de una acción de libertad interpuesta se determinó, que dicha medida cautelar sea cumplida en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí con custodio hasta que se realice la correspondiente junta médica y se establezca su verdadero estado de salud; situación que fue consentida por el denunciante y por la Vocal ahora accionada, que en el Auto de Vista 346 de 17 de agosto de dicho año, indicando que se aclaraba que la acción de libertad fue posterior a la audiencia de aplicación de medidas cautelares la cual dispuso que su persona debía cumplir la detención preventiva en la referida Clínica; en ese sentido, no se presentó ningún recurso contra ese Auto de Vista.

En ese contexto, la parte denunciante indicó que su persona no estaría cumpliendo su detención preventiva; ya que, si bien en el Auto de Vista 346, el cual se encuentra claro en sus considerandos; no obstante, no se indicó en el por tanto que su persona debe guardar detención preventiva en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí; en ese sentido, al ser los considerandos solo opiniones y no así vinculante ante terceros ese aspecto genera dudas; por lo que, acude a la jurisdicción constitucional a efectos que se reestablezcan las formalidades legales y se disponga que la última parte del considerando, sea transcrita de igual formal en el por tanto del señalado Auto de Vista, a efecto de que su persona pueda solicitar en cualquier momento la cesación de su detención preventiva o en su defecto la modificación de las medidas cautelares; ya que, de lo contrario se produciría una condena firme.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad, al debido proceso y a la impugnación; citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se reestablezcan las formalidades legales dejando establecido que en aplicación del principio de favorabilidad y la duda en favor del imputado se tenga claramente establecido que la detención preventiva de su persona es en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí, en tanto la junta médica no determine las condiciones para ir detenido al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, o en su defecto se desvirtúe alguno de los presupuestos procesales o se disponga aplicar otra medida menos gravosa.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 25 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 67 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: a) Interpuso la acción de libertad en el plazo previsto por ley, tomando en cuenta que lo que se busca es la reparación de las formalidades legales vinculadas con el derecho a la libertad; b) De acuerdo con lo previsto por el legislador y lo señalado en la SCP 004/2013-L de 8 de enero, se determinó que considerando la vigencia de los principios de inmediación y legalidad; así como, las características uniformes, las medidas cautelares que son excepcionales a la proporcionalidad instrumentalizada, la versatilidad y la temporalidad jurisdiccional instrumentalizada, aspectos que deben ser tomados por las autoridades judiciales al momento de fundamentar los motivos de hecho y de derecho por los cuales se confirma una extrema medida o aplicar lo establecido por los arts. 7, 221 y 222 del CPP con relación a que las medidas cautelares se apliquen de carácter restrictivo y sean lo menos perjudiciales al imputado; c) El Auto de Vista 346, en uno de sus considerandos determina que la detención preventiva deba guardarse en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí; por lo que, la Vocal ahora accionada reconoció que en resguardo de los derechos a la salud y a la vida por concurrencia de los arts. 233.1 y 2 con relación al 234. 7 y 235.2 del CPP, la detención preventiva sea en dicha Clínica; no obstante, esa aclaración no fue plasmada en el por tanto de dicho Auto de Vista a efecto de que el accionante pueda solicitar, como lo hizo posteriormente, la cesación de la detención preventiva o la modificación de medidas cautelares; y, d) Al no existir otro recurso que permita el restablecimiento de sus derechos; ya que, contra el Auto de Vista 346 no procede recurso ulterior, se solicitó que se establezca de manera clara que se mantenga detención preventiva del accionante en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí en tanto una junta médica no determine las condiciones para que el nombrado sea trasladado al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, o en su defecto se determine aplicar otra medida cautelar menos gravosa. En ese sentido, si bien la Vocal ahora accionada resolvió de manera adecuada el recurso de apelación incidental que interpuso; sin embargo, la decisión de mantener la detención preventiva en dicha Clínica también debió ser plasmada en el por tanto del Auto de Vista 346 a efecto que el mismo quede absolutamente claro; por lo que, pidió que se conceda la tutela solicitada y sea sin costas.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 25 de enero de 2023, cursante de fs. 64 a 65 vta., manifestó que: 1) Fue citada con la acción de libertad el 25 de igual mes y año, a las 09:13 horas, con el Auto de Admisión de 24 de dicho mes y año, por el que se señaló día y hora de audiencia de consideración de la acción de libertad para el 25 de enero de 2023, a las 11:00 horas, de donde se tiene que considerar que fue notificada con una hora y media antes a la celebración de dicha audiencia, situación que vulnera las garantías del debido proceso en su elemento de igualdad de partes; ya que, su autoridad debió emitir el respectivo informe con la debida diligencia al tratarse de un hecho inmerso en la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa; 2) Su autoridad cumplió con lo previsto por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, que resolvió los agravios expuestos en la audiencia de apelación incidental de acuerdo con el art. 235 ter del indicado Código, se valoraron todos los elementos probatorios adjuntados al cuaderno procesal remitido por el Juez de primera instancia, al igual que los presentados por las partes procesales al tratarse de un recurso de apelación de consideración de probabilidad de autoría; por lo que, de acuerdo con los arts. 233.1 y 2 del citado Código se procedió a la imposición de medidas cautelares que dieron lugar a la emisión del Auto Interlocutorio 482/22 de 21 de julio de 2022 y en la audiencia de apelación al pronunciamiento del Auto de Vista 346, por su autoridad; en ese sentido, los riesgos procesales están latentes y fueron valorados de acuerdo a las exigencias de los arts. 171 y 173 del mencionado Código y se dictó una resolución acorde a lo previsto por los arts. 124 y 235 ter del CPP; 3) De la revisión de los antecedentes remitidos a revisión su autoridad observó que el Juez de primera instancia justificó y fundamentó conforme el art. 124 del mencionado CPP, las razones por las cuales le otorgó determinado valor, con base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba que fue presentada, cumpliendo a cabalidad el expresar los motivos de hecho y de derecho en que sustentó su decisión y el valor otorgado a cada elemento de prueba, en virtud a lo cual se confirmó el citado Auto Interlocutorio remitido a revisión; 4) De la lectura del Auto de Vista 346, se puede evidenciar que no existe ningún reclamo de la parte accionante con relación a la situación jurídica del imputado -accionante-; puesto que, no se presentó ninguna solicitud de complementación y enmienda por algo oscuro o no bien explicado que su autoridad hubiese dictado en el indicado Auto de Vista; por lo que, se entendió que se dio satisfacción a las partes; en ese sentido, se advierte que los fundamentos de la presente acción de libertad son falsos y temerarios; ya que, el accionante únicamente pretende beneficiarse con un resultado incorrecto; y, 5) La audiencia de apelación incidental fue celebrada el 17 de agosto de 2022; es decir que, “hasta la fecha” -se entiende 25 de enero de 2023-, transcurrieron más de seis meses; por todo lo expuesto y al no haberse demostrados ninguno de los presupuestos establecidos por el art. 128 de la CPE, pidió que la tutela solicitada sea denegada y se condene en costas.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 67 vta. a 69, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) En cuanto al reclamo de la Vocal hoy accionada respecto a que la citación con la presente acción de defensa fue una hora y media antes de la celebración de la respectiva audiencia de consideración, se debe tomar en cuenta que la acción de libertad debe ser resuelta de manera inmediata y sin ningún formalismo; asimismo, es necesario considerar la excesiva carga procesal por la que atraviesa el Juzgado que se encuentra a su cargo; ii) De la lectura del Auto de Vista 346 y del acta de audiencia de recurso de apelación incidental, concluyó que la Vocal ahora accionada cumplió con los requisitos del debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; en ese sentido, la solicitud del accionante de que se establezca en el por tanto de dicho Auto de Vista que su detención preventiva debería ser en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí, no vendría a ser una falta de fundamentación, valoración de prueba o congruencia; si bien no se encuentra esa especificación en el por tanto; sin embargo, el desarrollo se lo efectuó en los considerandos de ese Auto de Vista; iii) La acción de libertad debe ser activada una vez agotadas las instancias ordinarias a afecto de que no exista dualidad de resoluciones; y, iv) El accionante puede solicitar la cesación de su detención preventiva o una modificación de las medidas cautelares que le fueron impuestas tal como lo establecen los arts. 239 y 250 del CPP y una vez agotada la vía ordinaria recién acudir a la jurisdicción constitucional; por lo que, al no advertirse ninguna vulneración a los derechos del accionante o que el Auto de Vista 346, no se encuentre debidamente fundamentado, corresponde denegar la tutela solicitada.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares interpuesta por Nicolás Ricardo Loayza Yaksic -ahora accionante- y Luis Fernando Loayza Alayza -parte civil- contra el Auto Interlocutorio 482/22 de 21 de julio de 2022 (fs. 2 a 10); asimismo, consta Auto de Vista 346 de 17 de agosto de ese año, suscrito por Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionada- por el que confirmó el Auto Interlocutorio 482/22 impugnado y declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por los nombrados (fs. 11 a 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad, al debido proceso y la impugnación; puesto que, la Vocal ahora accionada al momento de pronunciar el Auto de Vista 346 de 17 de agosto de 2022, estableció en los considerandos que su detención preventiva debía ser cumplida en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí; sin embargo, ese aspecto no fue precisado en el por tanto de ese Auto de Vista. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación. Jurisprudencia reiterada; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señala que: “Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad, al debido proceso y la impugnación; puesto que, la Vocal ahora accionada al momento de pronunciar el Auto de Vista 346 de 17 de agosto de 2022, estableció en los considerandos que su detención preventiva debía ser cumplida en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí; sin embargo, ese aspecto no fue precisado en el por tanto de ese Auto de Vista. De antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Luis Fernando Loayza Alayza contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y parricidio en grado de tentativa; ambas partes procesales interpusieron recurso de apelación incidental sobre medidas cautelares y probabilidad de autoría contra el Auto Interlocutorio 482/22; celebrándose la respectiva audiencia el 17 de agosto, donde la Vocal ahora accionada pronunció el Auto de Vista 346, por el que confirmó al citado Auto Interlocutorio y declaró inadmisible el referido recurso de apelación incidental interpuesto por los nombrados (Conclusión II.1.). Ahora bien, establecido el problema jurídico a resolver y descritos los antecedentes, es preciso remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en cuanto a la naturaleza jurídica y los alcances de protección de la acción de libertad previsto por el art. 125 de la CPE, los cuales se encuentran constituidos sobre dos pilares fundamentales, el primero relacionado a su naturaleza procesal y el segundo en cuanto a los presupuestos de su activación; lo que equivale a decir que para que la acción de libertad proceda deben existir elementos necesarios que hacen a su tutela, los cuales se encuentran relacionados a su activación ante atentados al derecho a la vida, o cuando se encuentran afectados los derechos a la libertad física; así como, el derecho a la libertad de locomoción; o que existan actos u omisiones que impliquen procesamiento indebido o la concurrencia de una persecución indebida o ilegal. Presupuestos de activación que en el presente caso no concurren; puesto que, de lo denunciado por el accionante mediante esta acción de defensa referente a que se aclare que en la parte dispositiva del Auto de Vista 346 se especifique que la detención preventiva que debe cumplir deberá ser en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí, cuando en el texto y fundamentación del mencionado Auto de Vista se hace referencia específica a tal extremo, es más se indica que dicha determinación fue como efecto de una primera acción de libertad que el accionante interpuso; en ese sentido, no se advierte que esa situación afecte a su libertad física o de locomoción de manera arbitraria; ya que, la privación de su libertad fue dispuesta mediante Auto Interlocutorio 482/22, mejorada su situación jurídica mediante una primera acción de libertad que dispuso que dicha medida extrema sea cumplida en la referida Clínica; lo cual fue confirmado mediante Auto de Vista 346; por otra parte, la pretensión que efectúa el accionante mediante esta acción de defensa, pudo hacerla valer en su momento mediante una solicitud de aclaración, complementación y enmienda ante la Vocal ahora accionada; asimismo, tampoco se advierte que se hubiese configurado un procesamiento ilegal o una persecución indebida, siendo elementos necesarios para que se pueda conseguir una tutela a través de la presente acción de libertad; por todo lo señalado, lo denunciado en la presente acción tutelar, no pude ser atendido a través de la acción de defensa; ya que, no constituyen presupuestos que se encuentren inmersos en el art. 125 de la CPE y que permitan una protección de los derechos del accionante; por las razones señaladas y sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 67 vta. a 69, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0853_2025-S1.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3977ddf9716f92b7a4d84fb44fd43d14b6921cda547079d5fc40d3fd09d83e97

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