B.IA.LEGAL

SCP 0852/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54027-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso, y ser juzgado sin dilaciones indebidas, puesto que hasta la fecha de la presentación de la acción tutelar, no se habría elaborado su informe de cómputo de plazo en calidad de condenado, que fue dispuesto por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante decreto el 2 de febrero de 2023, a raíz de la admisión de su incidente de redención; razón por la cual atribuye la responsabilidad por la no elaboración y la demora injustificada a Jorge Nina Tinta, Secretario en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023, de 3 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponiendo, por efecto de la acción de libertad innovativa, que, en futuros casos observe los plazos establecidos por ley, y en caso de que no se encuentren estipulados, dentro de un plazo racional y prudente, emita los informes solicitados, más aún cuando tienen relación directa con el derecho a la libertad, para no incurrir en dilación indebida; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacía la Mujer y Primero de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante
  2. III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  3. III.3. La acción de libertad de pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia
  4. III.4. La intersección de la acción de libertad innovativa con otros tipos de acciones de libertad
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0852/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54027-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante en representación sin mandato de José Patricio Liquipe Álvarez contra Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de homicidio, se encuentra con privación de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a raíz de ello, el 1 de febrero de 2023, presentó incidente de redención ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del referido departamento, quien mediante decreto de 2 de febrero del mismo año, resolvió admitir el incidente y en consecuencia ordenar que mediante secretaría se elabore el informe correspondiente, sin embargo desde entonces, por el lapso de dos semanas intentó coordinar sin éxito la elaboración del mencionado informe, debido a que la Secretaria titular de dicho juzgado se encontraba designada en comisión por parte del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, razón por la que se encontraba ausente.

En ese sentido, se designó en suplencia legal a Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y ejecución penal Primero de El Alto del departamento de La Paz a quien, desde el jueves 23 de febrero de 2023, solicitó la elaboración de dicho informe, sin que hasta el 1 de marzo del mismo año, haya procedido a elaborar el mismo, argumentando una serie de excusas, razón por la que considera que se le está causando indefensión y una dilatación en su proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncio la lesión de sus derechos, a la libertad y al debido proceso, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.14 num.3; e, inc. c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del prenombrado departamento, a través de informe escrito presentado el 3 de marzo de 2023, cursante a fs. 11 y 12 vta., señalo que: 1) El 28 de febrero de 2023 a horas 14:00 fue notificado con el memorándum 251/2023/P.-TDJ a efectos de que ejerza la suplencia al cargo de Secretario de Juzgado de Ejecución Penal Primero de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, desde el 28 de febrero de 2023 a partir de las 13:45 hasta el 2 de marzo del mismo año, 2) No vulneró ningún derecho ni garantía constitucional de la parte accionante, puesto que del 24 al 28 de febrero antes de las 14:00 no se encontraba ejerciendo la suplencia legal de la Secretaría del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, 3) La emisión del informe de cómputo del privado de libertad fue negado en reiteradas oportunidades por la Secretaria titular, siendo dicha funcionaria quien le causo dilaciones indebidas, aspecto que no refuta con énfasis el impetrante de tutela al momento de plantear la acción de libertad respecto a la legitimación pasiva, 4) Conforme al art. 94.6 de la Ley del Órgano judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, referido a las obligaciones del Secretario, el 1 de marzo de 2023, emitió el informe dispuesto por decreto de 2 de febrero de 2023, respecto al cómputo de pena del privado de libertad José Patricio Liquipe Álvarez, de tal forma que mediante decreto de 2 de marzo de 2023 la autoridad jurisdiccional dispone que el informe y las piezas procesales se ponga en conocimiento de las partes, aspecto que la parte accionante no manifiesta al momento de plantear su acción de libertad; y, 5) Se debe tener presente que una vez que asumió la suplencia legal de la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, cumplió con la emisión del informe de cómputo de pena del privado de libertad José Patricio Liquipe Álvarez, dispuesto por la autoridad jurisdiccional mediante decreto de 2 de febrero de 2023, en los plazos que le correspondieron a su suplencia, no habiendo negado en ningún momento la emisión de dicho informe, y que al contrario, de lo aseverado por el impetrante de tutela se tiene que Edith Torres Camacho, en su condición de Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -titular- negó en reiteradas oportunidades la emisión del mismo.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 14 a 15 denegó la tutela solicitada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece las funciones que le atañen al secretario, quien asiste al juez de un determinado juzgado, consecuentemente, ante el no cumplimiento de lo solicitado, la parte accionante debió recurrir mediante documento escrito al inmediato superior, a fin de que se le atienda lo peticionado; y, ii) La acción de libertad debe estar vinculada de manera directa con la libertad y para alegar un indebido procesamiento debe demostrarse que la no realización de dicho informe pone en peligro su libertad, sin embargo la no realización del mismo pudo ser denunciado directamente ante el inmediato superior, teniendo expedita la vía ordinaria para hacer valer su pretensión, por lo que no se agotó los mecanismos de reclamo en la vía ordinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Memorándum 251/2023/P.-TDJ de 28 de febrero de 2023, emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el cual designa a Jorge Nina Tinta como Secretario en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto, a partir del 28 de febrero de 2023 desde horas 13:45, hasta el 2 de marzo del mismo año (fs. 8). II.2. Consta Informe de cómputo de pena de José Patricio Liquipe Álvarez, emitido el 1 de marzo de 2023 por Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento (fs. 9 y vta.). II.3. Mediante providencia de 2 de marzo de 2023, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, arrimo a los antecedentes el informe presentado por el Secretario del Juzgado ahora demandado, disponiendo la notificación de las piezas procesales instruidas (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso, y ser juzgado sin dilaciones indebidas, puesto que hasta la fecha de la presentación de la acción tutelar, no se habría elaborado su informe de cómputo de plazo en calidad de condenado, que fue dispuesto por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante decreto el 2 de febrero de 2023, a raíz de la admisión de su incidente de redención; razón por la cual atribuye la responsabilidad por la no elaboración y la demora injustificada a Jorge Nina Tinta, Secretario en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante

El Constituyente boliviano estableció la acción de libertad como mecanismo constitucional de protección de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, frente a acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos señalados precedentemente. En el ámbito de su carácter procesal, es factible resaltar la característica de la generalidad, por cuyo mérito es posible dirigir la acción contra toda persona natural responsable de la vulneración o la amenaza de los derechos señalados anteriormente, sin importarla condición de autoridad, servidor público o persona particular; es decir, al tratarse de la protección de tales derechos, la jurisdicción constitucional no reconoce ninguna clase de fueros ni privilegios a favor de los responsables de las presuntas vulneraciones. Con relación a la legitimación pasiva, el entonces Tribunal Constitucional, estableció un entendimiento uniforme, sosteniendo que la misma “…se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…” (SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001, reiterado posteriormente en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R, 0233/2003-R, 0396/2004-R, 0807/2004-R, 0103/2010-R, 0691/2001-R; y, SSCCPP 0701/2012, 0715/2012, 1000/2012, 1121/2012, entre muchas otras). Por otro lado, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, sobre la misma temática sostuvo: “…el recurso -ahora acción- sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”, entendimiento que fue reiterado en las SSCC 0082/2005-R, 0350/2006-R, 0136/2007, 0392/2010-R, 0517/2010-R, 1840/2011-R y SSCCPP 1121/2012, 1000/2012, 0750/2012, 0533/2012, 379/2012, 117/2012 y 0055/2012, entre otras. En ese contexto, en aras del principio de informalismo, la jurisprudencia constitucional citada estableció que, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, cuando la demanda sea interpuesta por error en la identidad de la persona o autoridad que vulneró el derecho, con la condición de que la persona demandada sea: "…de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal…", razonamiento que también fue asumido en las SSCC 0141/2011-R, 1310/2011-R, 1602/2011-R y SSCCPP 0379/2012, 1451/2012, 1933/2012, entre otras.

Por otro lado, desde el punto de vista del carácter informal de la acción de libertad, la protección de los derechos adquiere mayor relevancia frente al cumplimiento de formalidades de carácter meramente procesal; por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo garante de la eficacia de los derechos protegidos a través de la presente garantía jurisdiccional, debe asegurar la realización de una justicia material, en tal sentido, conforme con los entendimientos jurisprudenciales referidos precedentemente, la demanda de acción de libertad debe ser dirigida contra todo servidor público, autoridad y persona natural responsable de la presunta vulneración de los derechos; no obstante de ello, tratándose de servidores públicos cuya permanencia es temporal en una determinada función, para que la jurisdicción constitucional ingrese al análisis de fondo de la problemática planteada, es suficiente que la acción esté dirigida contra el cargo en el cual pudo haberse desempeñado el responsable de la vulneración; en ese sentido, la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, interpretando los alcances del art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), norma que concuerda con el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señaló: “…en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales…”. En armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié que, a la luz del art. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la SC 0499/2007-R de 19 de junio, se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haberse realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante (las negrillas son añadidas). La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 2027/2013-S3 de 13 de noviembre.

III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas son incorporadas). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;

estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo (el resaltado es agregado).

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante (las negrillas son añadidas). La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0259/2018-S2 de 18 de junio, 0500/2018-S2 de 14 de septiembre y 0173/2025-S3 de 31 de marzo, entre otras.

III.3. La acción de libertad de pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante sus legales notificaciones no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

Sobre el particular, la SCP 0327/2024-S2 de 9 de julio, precisó el entendimiento sobre el alcance y presupuestos de activación de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho ante solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, señalando:

[A]l respecto, es necesario realizar una consideración previa y aclarativa, sobre la procedencia de la acción de libertad cuando se invoca presuntas irregularidades del debido proceso en ejecución de sentencia, vinculado ello a beneficios extracarcelarios, casos en los cuales -con anterioridad- esta Relatoría inicialmente consideraba que para poder analizar vía acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, las denuncias de procesamiento indebido, en dichas situaciones fácticas, se requería como presupuesto que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, debían estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, (en esa línea, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0357/2021-S3, 0721/2021-S3, 0781/2021-S3, 0971/2021-S3 y 0797/2022-S3, entre otras); sin embargo, es el actual criterio de esta Relatoría, que tomando en cuenta que las mencionadas solicitudes presentadas por los accionantes siempre estarán destinadas a obtener un beneficio penitenciario, y por ende a mejorar su situación jurídica de privado de libertad; en consecuencia, en un nuevo razonamiento, se concluye que dichas situaciones que involucren un eventual pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, sí tienen vinculación con el derecho a la libertad; por cuanto, su finalidad es la modificación de la situación jurídico procesal del condenado, tomando en cuenta que es obligación del Estado boliviano atender con mayor prontitud las solicitudes que tengan por finalidad materializar la reinserción social del privado de libertad; siendo este un entendimiento razonable, dadas las particularidades de este tipo de casos, por lo que, la vía idónea para tutelar la vulneración al principio de celeridad que importe un indebido procesamiento es la acción de libertad, que tiene como finalidad precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica del privado de libertad. En ese mismo sentido los votos fundamentados desarrollados por esta Relatoría en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0147/2024-S2, 0153/2024-S2 y 0155/2024-S2” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

III.4. La intersección de la acción de libertad innovativa con otros tipos de acciones de libertad

La acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, debe establecerse la responsabilidad que corresponda, con la finalidad de evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Por otro lado, se debe entender a la acción de libertad innovativa como un mecanismo que permite a la justicia constitucional, ingresar a analizar el fondo de la problemática jurídica planteada, asumiéndose éste como un criterio procesal y que resulta perfectamente compatible examinar, de manera simultánea, con otros tipos de acciones de libertad, entiéndase como: acción de libertad traslativa o de pronto despacho, preventiva, restrictiva y correctiva, es decir, que es posible presentar diferentes acciones de libertad conjuntamente a la innovativa, en tal sentido, de ninguna manera puede entenderse que una resulta excluyente de la otra; más aún, cuando en la tramitación de las acciones tutelares, pueden cesar las vulneraciones de derechos denunciados.

Razonamiento extraído de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre, sobre la intersección de la acción de libertad innovativa con otros tipos de acción de libertad.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso, y a ser juzgado sin dilaciones indebidas, puesto que hasta la fecha de presentación de la acción tutelar no se habría elaborado su informe de cómputo de plazo en calidad de condenado, que dispuso el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante decreto de 2 de febrero de 2023, a raíz de la admisión de su incidente de redención; razón por la cual atribuye dicha responsabilidad a Jorge Nina Tinta, Secretario en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento.

Al respecto debe señalarse que, Jorge Nina Tinta, fue designado secretario en suplencia legal del referido Juzgado en horas de la tarde del 28 de febrero de 2023, conforme se evidencia en el memorándum 251/2023/P.-TDJ de la misma fecha, emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.1), de igual manera, de los antecedentes se extrae que, Jorge Nina Tinta, en su condición de Secretario suplente del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el 1 de marzo de 2023, emitió el informe de cómputo de pena del condenado José Patricio Liquipe Álvarez (Conclusión II.2), que desencadeno en la emisión del decreto de 2 de marzo de 2023, dictado por el Juez de Ejecución Penal Primero de la ciudad de El Alto del ya mencionado departamento, por el cual arrimo a los antecedentes dicho informe y dispuso su notificación (Conclusión II.3).

En ese sentido, se establece que Jorge Nina Tinta, en su condición de secretario suplente del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, demoró un día en la elaboración del referido informe, cumpliendo a cabalidad con su obligación contenida en el art. 94.6 de la Ley 025, y que la elaboración del mismo se dio dentro de un plazo razonable y prudente, razón por la cual, no vulneró ningún derecho del accionante, por lo que carece de legitimación pasiva en la acción de libertad en análisis; sin embargo no es menos evidente que desde que fue dictado el decreto de 2 de febrero de 2023, hasta la emisión del informe de cómputo de plazo transcurrieron más de tres semanas, situación que demuestra una evidente dilación en la emisión de dicho informe a objeto de resolver el trámite de redención del solicitante de tutela. Por lo precedentemente manifestado, es necesario señalar que, la Jurisprudencia Constitucional que se encuentra desglosada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, refiere que una de las prioridades que tiene el Estado boliviano, es la de tramitar con mayor celeridad las solicitudes que tengan como finalidad la reinserción social de privados de libertad, que devenga de tramites o solicitudes de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia; por lo que, en el caso particular corresponde indicar que el impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho a la libertad atribuible a la excesiva demora y no emisión del informe de cómputo de su pena a objeto de acceder a la redención de la misma, sin embargo no es menos evidente que pese a que el 1 de marzo de 2023, el mencionado informe fue elaborado por el Secretario en suplencia legal, la ilegalidad fue consumada y se vio reflejada en la demora injustificada que existió en su elaboración, razón por la cual corresponde a la justicia constitucional establecer responsabilidad a objeto de evitar que en un futuro se reiteren dichas conductas u omisiones dilatorias que afecten el derecho a la libertad del solicitante de tutela u otras personas que tengan algún proceso de esta naturaleza, así también lo entiende la jurisprudencia constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En razón de lo manifestado precedentemente, debemos referirnos a la dilación que existió desde que la autoridad jurisdiccional emitió el decreto de 2 de febrero de 2023, por el cual dispuso la elaboración del informe de cómputo de pena del accionante, hasta el 28 de febrero del mismo mes y año, fecha en la que se designó al Secretario en suplencia legal, estableciendo que durante ese lapso de tiempo, es Edith Torres Camacho, quien ejercía como Secretaria titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, y que conforme a los antecedentes, se concluye que el Secretario demandado permitió corroborar la existencia de una demora por más de tres semanas hasta la elaboración de su informe, por lo que no desvirtuó la existencia de dicha demora, más al contrario, permitió concluir que dicho informe no fue realizado hasta que él haya presentado el mismo en calidad de secretario suplente, en ese sentido corresponde aplicar la presunción de veracidad en los hechos denunciados por el impetrante de tutela, puesto que si bien se desvirtuó lo referido a la no realización del informe, pero no así a la demora que existió hasta la presentación del mismo, desde la emisión del decreto que dispuso su elaboración.

Bajo ese entendido, si bien, el Secretario suplente es el funcionario de apoyo judicial -demandado-, la jurisprudencia constitucional nos permite flexibilizar la legitimación pasiva en caso de que la demanda haya sido interpuesta de manera equivocada contra otra persona que con las mismas condiciones que el demandado, haya vulnerado ciertos derechos vinculados a la libertad; es decir cuando el demandado y quien no fue demandado pertenezcan a una misma institución, tengan un mismo rango o jerarquía e idénticas atribuciones, tal y como ocurre en el caso presente, por lo que la responsabilidad en la demora y dilación injustificada desde el 2 de febrero de 2023, fecha de emisión del decreto por el cual se dispuso la elaboración del informe de cómputo de plazo del condenado hasta la designación del secretario suplente del Juzgado de Ejecución Primero de El Alto del departamento de La Paz, corresponde a Edith Torres Camacho, secretaria titular del referido juzgado, quien en función de sus obligaciones y de manera específica a lo dispuesto en el art. 94.6 de la Ley 025 debió elaborar dicho informe en un tiempo razonable y prudente con la finalidad de evitar la lesión de los derechos invocados por el solicitante de tutela. En consecuencia, el tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023, de 3 de marzo, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponiendo, por efecto de la acción de libertad innovativa, que, en futuros casos observe los plazos establecidos por ley, y en caso de que no se encuentren estipulados, dentro de un plazo racional y prudente, emita los informes solicitados, más aún cuando tienen relación directa con el derecho a la libertad, para no incurrir en dilación indebida; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacía la Mujer y Primero de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales. ´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0852_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): ead45bfe042e105ba48368a76af39612144c1c8f91a6c94354e50e29d27c04e8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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