B.IA.LEGAL

SCP 0851/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53617-2023-108-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia externa; puesto que, la Vocal hoy accionada -en conocimiento del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, que rechazó la cesación de su detención preventiva-, mediante Auto de Vista de 26 de ese mes y año, ratificó su detención preventiva basado en presunciones y subjetividades respecto a que tuviera conocimientos informáticos para cometer el delito, permitiendo que su declaración informativa fuera usada en su contra contrariamente a los arts. 116 CPE y 92 y ss. del CPP, sustentándose en los hechos investigados y juzgados, a pesar de que se trata de medidas cautelares que no causan estado y pueden ser modificadas aun de oficio, derivando en una resolución con incongruencia externa que no resuelve el agravio referente a una arbitraria valoración de los elementos de prueba como la acusación fiscal y el informe del Ministerio de Educación que certifica que no cuenta con estudios en tecnología e informática. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; b) Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 54 a 65 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0851/2025-S1 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53617-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 54 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Miranda Gonzales en representación sin mandato de Eddy Nina Characayo contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 17 a 23, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión de los ilícitos de manipulación informática y delitos financieros, previstos y sancionados por los arts. 363 bis y 363 quater del Código Penal (CP), -a denuncia de Gualberto Céspedes Solíz, en representación del Banco BISA Sociedad Anónima (S.A.)-, por haber recibido fondos en sus cuentas bancarias como efecto de pago por la venta de “USDT” (criptomonedas) mediante la plataforma virtual multinacional BINANCE, el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2022, determinó su detención preventiva por seis meses, en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, la cual fue posteriormente ampliada por otros tres meses. Habiendo solicitado la cesación de su detención preventiva, el Juez de la causa por Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, rechazó su petición y a pesar de que formuló el recurso de apelación incidental contra esa determinación, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista de 26 de igual mes y año, lo declaró improcedente, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Sobre el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se sustentó en la presunción que tuviera conocimientos informáticos para cometer el delito, la cual se “extraería” de su propia declaración informativa, cuando por prohibición de los arts. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 92 y ss. del CPP, no es posible usar en contra de los imputados sus propias declaraciones, llegando a sustentarse en los mismos hechos investigados y juzgados, posibilidad también indebida por tratarse de medidas cautelares que no causan estado y pueden ser modificadas aun de oficio, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1215/2021” de 6 de septiembre y 0975/2016-S3 de 16 de igual mes, sin que su persona hubiese anteriormente o durante el proceso destruido o modificado algún elemento de prueba; además, no puede basarse en subjetividades como el hecho de que: “‘…en libertad con sus conocimientos informaticos puede realizar los mismos hechos…”’ (sic), debiendo fundarse en elementos objetivos y pertinentes al riesgo y no en posibles hechos a realizarse; además, que la causa se encuentra en juicio oral, público y contradictorio y las pruebas en poder del órgano judicial; y, b) Incurrió en incongruencia externa, al no haber resuelto el agravio referente a una arbitraria valoración de los elementos de prueba como la acusación fiscal de 18 de noviembre de 2022, que acompaña y detalla pruebas en físico de actos de investigación y el informe del Ministerio de Educación de 27 de diciembre de ese año, que certifica que no cuenta con estudios en tecnología e informática, no evidenciándose correlación con lo resuelto, debiendo garantizarse un exámen integral, tal cual estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004), Hohamed Vs. Argentina (Sentencia de 23 de noviembre de 2012) y Norin Catriman Vs. Chile (Sentencia de 29 de mayo de 2014).

I.1.2. Derecho, principios y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia externa; citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la CPE; y, 7 y 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia; se disponga: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 26 de enero de 2023, debiendo emitirse uno nuevo resolviendo cada uno de los agravios denunciados; y, 2) sea con costas y costos, y se aplique el art. 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 53, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: i) No resulta permisible que los riesgos procesales se funden en los mismos hechos investigados; puesto que, la Vocal hoy accionada se sustenta en que su persona conocería del manejo de la tecnología y, por ello concurriría ese peligro, aseveración que lo condena a nunca poder desvirtuar dicho aspecto; además que, la probabilidad de autoría se basa en presunciones, lo que vulnera el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación razonable; y, ii) A pesar de que el Juez de primera instancia, no valoró correctamente la prueba que se presentó antes de la acusación fiscal, la citada Vocal tampoco valoró la misma.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 50 a 51 vta., manifestó que: a) El 26 de enero de igual año, llevó a cabo la audiencia de recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 16 del mencionado mes y año, emitido por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del indicado departamento, cuestionando los presupuestos procesales establecidos por los arts. 234.1 y 235.1 del CPP, sin que sea evidente la existencia de un indebido juzgamiento, al existir una acusación formal contra el accionante; b) No es leal ni ético entender que a raíz de la resolución conclusiva de acusación emitida, desaparezca automáticamente el riesgo procesal de obstaculización, no correspondiendo vía acción de libertad corregirlo y, si bien en un inicio se hizo mención a presuntos indicios y presunciones, al presente esos se constituyeron en pruebas que hacen a la actividad ilegal de comercialización de criptomonedas, a la que se dedicaba el accionante; por lo que, se pretende otorgar valor probatorio a elementos de prueba que ya hubiesen sido valorados y/o observados por diferentes autoridades juridiciales, sin que se hubiese procedido a mejorar la prueba a los fines de darse curso a lo establecido por el art. 239.1 del CPP; y, c) El accionante pretende observar la concurrencia de los riesgos procesales que fundan su detención preventiva con argumentos incompletos, subjetivos e informales a lo fundamentado por el Auto de Vista de 26 de enero de 2023, que fue resuelto bajo una correcta valoración de los antecedentes, con motivación clara y precisa, de acuerdo a la exigencia prevista por los arts. 124 en el marco del 398 ambos del CPP y la SCP “077/2012”, sin vulnerarse el derecho al debido proceso, a partir de una interpretación objetiva e inherente a la norma de la materia, enmarcada en los principios de legalidad, proporcionalidad y jerarquía normativa, constituyendo un análisis razonado y suficiente con base en el acervo probatorio. Por todo lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 54 a 65 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista de 26 de enero de 2023, con relación al riesgo de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP, consideró la condición de estudiante del accionante y que el mismo se hubiese inscrito en el Instituto Técnico del Sur -en la Carrera de Fisioterapia- en agosto de 2022, otorgándose el correspondiente valor y fundamentación, en el marco de las SSCC 2517/2010-R de 19 de noviembre, 1110/2005-R de 12 de septiembre, 0227/2004-R de 16 de febrero y 0252/2003-R de 28 de febrero, infiriendo la necesidad de que el procesado presente nuevos elementos de juicio a objeto de destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron la detención preventiva, que si bien se pretendió demostrar una actividad lícita a futuro con la inscripción en dicho Instituto, ello no alcanzó a desvirtuar dicho riesgo procesal, al haber dicho extremo ser considerado y valorado en anteriores audiencias celebradas en las Salas Penales Primera y Tercera -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba- el 24 de noviembre y el 28 de diciembre de 2022, respectivamente, sin resultar posible una nueva valoración de documentación observada en su momento; 2) Con relación a la documentación de que el accionante no tendría conocimiento sobre informática; la Vocal ahora accionada refiere que el proceso ya pasó a fase de juicio oral, público y contradictorio, y ya se encontraría en el Juzgado Público de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba y que no se requiere ningún título formal para su ejecución, en virtud a que ese hecho hace a la práctica habitual; y, 3) Sobre el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, resolvió que no se desvirtuó que el procesado en su corta edad hubiese aperturado siete cuentas en entidades financieras, que anteriormente se dedicaba a actividades conocidas del sistema cibernético, enmarcándose a los arts. 124 y 398 del CPP, con fundamentos claros y precisos, conforme a la “SCP N° 0077/2012”, desplegando una interpretación objetiva de la misma con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y jerarquía normativa, constituyendo un análisis suficiente y razonado en virtud al acervo probatorio. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó se explique y desarrolle: i) Una correcta fundamentación con relación a la venta de criptomonedas; ii) Que se estaría basando en hechos que fundaron la prosecución del proceso; y, iii) Si lo fundamentado fuera acorde a la SCP 0975/2016-S3, en su caso se señale la jurisprudencia que permita a las autoridades sustentarse en presunciones basadas en el hecho y delito investigado. En mérito a esa solicitud la Jueza de garantías, resolvió que se remite a los fundamentos y motivación del Tribunal de alzada con relación a los riesgos procesales de los arts. 234.1 y 235.1 del CPP, que contiene una explicación bajo una correcta valoración de los antecedentes, considerando que el accionante en cualquier momento podría solicitar la modificación de su situación jurídica con nuevos elementos en el marco del art. 239 del CPP, sin que corresponda una aclaración de la jurisprudencia de respaldo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, dentro del proceso penal seguido contra su persona por el Ministerio Público, a denuncia de Gualberto Céspedes Solíz, en representación del Banco BISA S.A., por la presunta comisión de los ilícitos de manipulación informática y delitos financieros contra Eddy Nina Characayo -ahora accionante-, emitido en audiencia de cesación de la detención preventiva de esa fecha; por el que el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; rechazó la modificación de su detención preventiva, a cuya conclusión el abogado de la defensa planteó recurso de apelación incidental (fs. 38 a 44 vta.). II.2. Consta Acta de audiencia pública de vista y resolución de apelación de medida cautelar de 26 de enero de 2023, en la que se fundamentó el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, emitiendo Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionada- el Auto de Vista de esa fecha, cuya parte resolutiva declaró “…INFUNDADA la apelación solicitada por el mismo manteniéndose incólume el Auto emitido por el Juez Aquo” (sic [fs. 45 a 49]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia externa; puesto que, la Vocal hoy accionada -en conocimiento del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, que rechazó la cesación de su detención preventiva-, mediante Auto de Vista de 26 de ese mes y año, ratificó su detención preventiva basado en presunciones y subjetividades respecto a que tuviera conocimientos informáticos para cometer el delito, permitiendo que su declaración informativa fuera usada en su contra contrariamente a los arts. 116 CPE y 92 y ss. del CPP, sustentándose en los hechos investigados y juzgados, a pesar de que se trata de medidas cautelares que no causan estado y pueden ser modificadas aun de oficio, derivando en una resolución con incongruencia externa que no resuelve el agravio referente a una arbitraria valoración de los elementos de prueba como la acusación fiscal y el informe del Ministerio de Educación que certifica que no cuenta con estudios en tecnología e informática. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; b) Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada

Respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (as negrillas nos pertenecen). Asimismo, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia externa; puesto que, la Vocal hoy accionada -en conocimiento del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, que rechazó la cesación de su detención preventiva-, mediante Auto de Vista de 26 de ese mes y año, ratificó su detención preventiva basado en presunciones y subjetividades respecto a que tuviera conocimientos informáticos para cometer el delito, permitiendo que su declaración informativa fuera usada en su contra contrariamente a los arts. 116 CPE y 92 y ss. del CPP, sustentándose en los hechos investigados y juzgados, a pesar de que se trata de medidas cautelares que no causan estado y pueden ser modificadas aun de oficio, derivando en una resolución con incongruencia externa que no resuelve el agravio referente a una arbitraria valoración de los elementos de prueba como la acusación fiscal y el informe del Ministerio de Educación que certifica que no cuenta con estudios en tecnología e informática. En el caso que nos ocupa, considerando que el accionante formuló la presente acción de defensa pretendiendo que esta jurisdicción revoque el Auto de Vista de 26 de enero de 2023 -que mantuvo incólume el Auto Interlocutorio de 16 de ese mes y año-, el presente análisis se delimitará al contenido de aquella última determinación, emergente del recurso de apelación incidental resuelto por la Vocal ahora accionada, quien tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones asumidas por el Juez de primera instancia; ya que “…las ilegalidades denunciadas oportunamente pueden ser revisadas y corregidas en el mismo proceso y sólo cuando éstas se hayan mantenido pese a las diferentes observaciones, habiendo agotado así todos los medios de impugnación, recién se abre la vía constitucional, siendo por ello la competencia de este Tribunal el analizar la última resolución emitida dentro del proceso…” (las negrillas y el subrayado son nuestros [SCP 0431/2015-S3 de 4 de mayo]).

Para dicho cometido, de los datos del proceso penal por los ilícitos de manipulación informática y delitos financieros seguido por el Ministerio Público -a denuncia de Gualberto Céspedes Solíz, en representación del Banco Bisa S.A.- contra el accionante, se tiene Acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 16 de enero de 2023, donde se tramitó la solicitud de dicha cesación presentada por el accionante, siendo rechazada por Auto Interlocutorio de esa fecha, emitido por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, determinando se mantenga su detención preventiva, dando lugar a que el abogado de la defensa formulara recurso de apelación incidental (Conclusión II.1.), llevándose a cabo la respetiva audiencia pública de fundamentación el 26 de enero de 2023; en la que, la Vocal hoy accionada pronunció el Auto de Vista de la referida fecha, declarando “…INFUNDADA la apelación solicitada por el mismo manteniéndose incólume el Auto emitido por el Juez Aquo” (sic [Conclusión II.2.]). En ese contexto fáctico y documental, cuya pretensión decanta en identificar al Auto de Vista de 26 de enero de 2023, como el acto jurídico vulneratorio de los derechos, amerita efectuar el contraste de los aspectos reclamados por el recurrente en audiencia pública de fundamentación a objeto de determinar si resultan evidentes las aseveraciones denunciadas, teniéndose como puntos de agravio los siguientes: 1) Con relación al riesgo procesal de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP, no fue valorada su cédula de identidad, donde figura como estudiante y el Informe del Instituto Técnico del Sur; así como, la afirmación que su inscripción en dicha entidad educativa hubiese expirado, que tenía conclusión de semestre el 14 de diciembre de 2022, cuya inscripción era a futuro, la cual no se encuentra fenecida, cuyo inicio se hará efectivo cuando recobre su libertad. 2) Respecto del riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.1 del CPP, se omitió valorar la prueba presentada con el “memorial” de acusación y diferentes requerimientos, señalando que la misma ya hubiese sido considerada, relacionándose con los actos investigativos a realizarse en la etapa preparatoria, haciendo mención a las siete cuentas bancarias que habría aperturado, a pesar que su teléfono celular fue secuestrado, acompañando los respectivos informes periciales y el Informe Técnico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se realizó todos los actos investigativos.

Además, la prueba al encontrarse en sede del órgano judicial no existiría posibilidad alguna de poder destruirla, siendo que los hechos probados no pueden mantener los riesgos procesales según las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1215/2012 de 6 de septiembre y la 0975/2016-S3; así como, la SCP 0583/2017-S2 de 19 de “julio”, interpreta de manera amplia el art. 250 del CPP, estableciendo que las medidas cautelares y los argumentos no causan estado, debiendo observarse los criterios de favorabilidad con una valoración objetiva a tiempo de desvirtuar los riesgos procesales. Frente a los agravios argumentados por el accionante, la Vocal ahora accionada resolvió el recurso de apelación incidental con los siguientes fundamentos. i) Respecto del primer punto, sobre la prueba presentada a objeto de desvirtuar el riesgo procesal de fuga del 234.1 del CPP, resolvió que: “…estos aspectos han sido valoradas por el Juez que conoce la causa, otorgándole a cada uno su correspondiente valor y fundamentación, haciéndose mención para ello inclusive a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecidas en las SC 2517/2010- R de 19 de noviembre; SC 0252/2003- R de 28 de febrero de 2003, SC 0227/2004- R de 16 de febrero y la SC 1110/2005- R de 12 de septiembre de 2005 última resolución que señala: ‘...si bien se le otorga al imputado la posibilidad de solicitar la Cesación de la Detención Preventiva, éste debe acreditar (...) la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida por otras medidas; es decir que el Juez determinará la Cesación de la detención preventiva, sólo si con los nuevos elementos de juicio el imputado logra destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron la detención preventiva o, caso contrario, rechazará la solicitud explicando las razones por las cuales persisten los motivos que la fundaron’, es así que si bien es cierto que la defensa del imputado Eddy Nina Characayo pretende demostrar actividad lícita a FUTURO, señalando que el mismo si estuviera inscrito en el Instituto Técnico del Sur en la Carrera de Fisioterapia, conforme lo señalado por el abogado de la Institución Querellante y la autoridad Fiscal a su turno en la resolución apelada, esta actividad tenía una fecha de inicio que era el mes de agosto de 2022 y concluía el mes de diciembre de 2022. Este aspecto en las audiencias realizada en la Salas Penales Tercera en fecha 24 de noviembre de 2022 y Primera en fecha 28 de diciembre de 2022, ya fueron observadas al señalarse que el presupuesto de trabajo a futuro debe ser demostrado con documentación idónea y pertinente al hecho, se señala que el imputado al encontrarse inscrito en el Instituto Técnico del Sur el mismo en un futuro próximo empezará a estudiar la Carrera de Fisioterapia, sin embargo lo que se extraña y también fue extrañado por el Juez A quo, fue la circunstancia de que este hecho no se encuentra actualizado, no existe ningún documento de que el imputado Nina Characayo hubiese cursado el año 2022 alguna materia, así como el hecho de que al presente nos encontramos en el año 2023 y no existe ninguna documentación que haga entender de que el mismo estuviera inscrito nuevamente en esa Unidad Educativa Superior, pretendiéndose que se le otorgue el correspondiente valor a la Certificación emitida el año pasado. No se acompaña las materias que cursara el imputado, solicitándose que se dé por acreditado este hecho a raíz de que el imputado estuviese inscrito y las observaciones que se realizan estuvieran dentro el ámbito de lo formal, desconociendo que las autoridades judiciales a tiempo de analizar los riesgos de fuga y/o obstaculización deben garantizar en esencia la satisfacción de los fines que persigue el Art. 221 del CPP., entre ellos el sometimiento del imputado a las emergencias del proceso, más aún si en el presente caso se hubiese constituido en calidad de víctima una Institución Financiera quien a través de su defensa sostienen igualmente que todos los argumentos señalados por el abogado del imputado ya fueron resueltos a su turno por diferentes autoridades judiciales, haciéndose conocer la última efectuada en fecha 28 de diciembre de 2022, en ese contexto no habiéndose acompañado documentación objetiva y efectiva a tiempo de solicitarse la Cesación a la Detención Preventiva, pretendiendo al contrario que la misma documentación que en su momento ya fue observada a su turno por las autoridades jurisdiccionales sea valorada…” (sic); ii) Sobre el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP “…la calificación y ahora acusación del ahora imputado en relación a la conducta del imputado, hace entender que el imputado si cuenta con un alto grado de conocimiento en relación al sistema informático, aspecto que como bien lo ha señalado el Juez de la causa no requiere ningún título formal, toda vez que este hecho hace a la práctica habitual y el tiempo que se emplea en esta actividad, bien lo sostiene la defensa técnica del imputado que la actividad habitual de su defendido era la comercialización de monedas CRIPTOMONEDAS, actividad que conforme se tiene establecido por la autoridad Fiscal y el querellante no se encuentra acreditado por ningún ente financiero, estableciéndose que el mismo se trataría de una actividad ilegal, hecho que hace al conocimiento habitual que el mismo tiene en el rubro de la informática. Por otro lado también se sostiene que el mismo se dedicaba a venta y compra de mercadería conjuntamente su señora madre por Facebook, actividad que también requiere del conocimiento que el mismo tiene en el sistema informático, consiguientemente tomando en cuenta la naturaleza singular de los elementos probatorios que requieren que los mismos sean precautelados, se tiene que el numeral 1) del Art. 235 del CPP., que señala: ‘Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba’, no se encuentra desvirtuado, esto a raíz de que tampoco se ha desvirtuado que el imputado a su corta edad de 23 años en principio hubiese aperturado 7 cuentas en en entidades financieras y que anteriormente el mismo se dedica a alguna actividad conocida, aspecto que hace también al conocimiento del sistema cibernético…” (sic); Expuestas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación incidental y los fundamentos del Auto de Vista de 26 de enero de 2023 impugnado, se tiene que este ratificó la detención preventiva del accionante, el cual es hoy cuestionado al no observar el debido proceso. Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, entre los elementos del debido proceso se encuentran la fundamentación y motivación de las resoluciones, con base a la cual resulta la obligación de las autoridades jurisdiccionales al momento de emitir una decisión -incluso cuando estas tengan que ver con la resolución de recursos de apelación interpuestos contra fallos que modifiquen, dispongan o rechacen las medidas cautelares- de exponer de manera suficiente las razones de su determinación y el sustento jurídico pertinente, enmarcándose dentro de una estructura tanto en el fondo como en la forma que genere convicción en las partes. Ahora bien, bajo ese contexto jurisprudencial, respecto al riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, donde se cuestiona que no fue valorada su calidad de estudiante y el Informe del Instituto Técnico del Sur, que demuestra una inscripción en la carrera de Fisioterapia a futuro, con fecha de conclusión de semestre de 14 de diciembre de 2022, que iniciaría cuando recobre su libertad, del análisis de los fundamentos contenidos en el Auto de Vista de 26 de enero de 2023 cuestionado, se tiene que la Vocal ahora accionada respecto de la documental de una actividad lícita a futuro, señaló que, dicha prueba fue presentada y objeto de análisis por las Salas Penales Primera y Tercera -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba- en fechas pasadas, observándose en sentido que el señalamiento del presupuesto trabajo a futuro debe ser demostrado con documentación idónea y pertinente al hecho, documental que no contaría con actualización, sin que exista ningún documento de respaldo que el imputado hubiese cursado el citado año o que estuvo inscrito el 2023. De cuya explicación, se evidencia que la Vocal hoy accionada responde al punto cuestionado en su integridad, aclarándole que la prueba que pretende nuevamente hacer valer, ya mereció valoración con antelación y, que no puede intentar se considere documentación no actualizada y observada en relación a su condición de estudiante, más aun, si en el Instituto Técnico del Sur, su inscripción hubiese expirado y se pretendería hacer valer documentación a futuro, alegando que empezará dicha actividad -estudio- cuando el accionante se encuentre en libertad; por consiguiente, los fundamentos y motivos que tenían por objeto desvirtuar el citado riesgo de fuga, emergen de un análisis explicativo por parte de la citada Vocal en la necesidad de contar con nueva prueba y/o documentación idónea, objetiva y pertinente al hecho, constituyendo en el fondo una explicación clara y suficiente en la medida del aspecto recurrido. Con relación al riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.1 del CPP, el Auto de Vista de 26 de enero de 2023 en análisis, apoyándose en los fundamentos del Juez de la causa, concluyó a partir del comportamiento del imputado -accionante- que cuenta con conocimientos del sistema informático, para el cual no se requiere precisamente de un título formal sino, su accionar tuvo lugar en virtud a una práctica y conducta habitual por el tiempo que se dedicaba a la actividad de comercializador de criptomonedas y con veinte tres años aperturar siete cuentas en distintas entidades financieras; además, de considerar que se dedicaba a la compraventa de mercadería a través de la plataforma virtual Facebook, cuyo cúmulo de circunstancias lo llevaron a inferir que se trataba de un sujeto con conocimiento informático con posibilidad en el caso de destruir, modificar, ocultar, suprimir y/o falsificar elementos de prueba. Dichos razonamientos, responden a un análisis ponderativo de la conducta frecuente del recurrente -accionante-, quien se dedicaba no solo a las transacciones virtuales utilizando plataformas virtuales, sino también a la comercialización de mercadería por Facebook, y que al ser estas de uso cotidiano y que no cuentan necesariamente con formación academia, pueden todavía devenir en la posibilidad de interferir en la averiguación de los hechos, cuya explicación responde al aspecto cuestionado y aclara que para su inconcurrencia debe efectuarse una evaluación integral de las circunstancias existentes; de modo que, no resulta evidente que la Vocal ahora accionada no hubiese realizado una debida fundamentación y motivación, teniéndose que se orientó su decisión en que todavía pesa contra el accionante el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, explicando la necesidad de contar con nuevos elementos de prueba para su no persistencia, resultando un análisis suficiente dichas razones determinativas, sustentadas en normativa legal y constitucional. Por otra parte, con relación a la alegada inobservancia del principio de congruencia en su acepción externa, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento jurídico III.2. del presente fallo constitucional, es aquella por la que toda autoridad jurisdiccional o administrativa en sus decisiones, debe responder de manera pertinente a todos los aspectos peticionados como pretensión, sea en una demanda o un recurso; es decir, se trata de la correspondencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, o impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales o administrativas. Bajo ese marco, en el caso de autos, siendo el motivo de no haberse resuelto el agravio referente a la valoración de los elementos de prueba como la acusación fiscal de 18 de noviembre de 2022, que acompaña y detalla pruebas en físico de actos de investigación y el informe del Ministerio de Educación que certifica que no cuenta con estudios en tecnología e informática, tal como fue contrastado precedentemente, fueron absueltos todos los puntos cuestionados en el recurso de apelación incidental de manera coherente y razonable, y en particular la valoración de la prueba que ahora reclama, guardando coincidencia entre la extrañada valoración y lo resuelto por la Vocal hoy accionada, decantándose está en que no eran suficientes para desvirtuar los riesgos procesales que aún persisten motivo de su detención preventiva, exigencia cumplida conforme el citado entendimiento jurisprudencial.

Por todo lo expuesto, la Vocal ahora accionada al emitir el Auto de Vista de 26 de enero de 2023, se enmarcó en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional y asumió su decisión acorde al orden constitucional, conteniendo una clara y detallada explicación con una coherente parte considerativa, explicando razonablemente la concurrencia y persistencia de los riesgos procesales que subsisten contra el accionante, sin que sea evidente la falta de fundamentación y motivación el análisis sobre los riesgos procesales objeto de recurso de apelación, tampoco la omisión de resolver todos los agravios, deviniendo; en consecuencia, en la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 54 a 65 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0851_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 790f92abf7d05f99bacbc6ca4419a659b479bafa02e1fcf8b3c37f82a1565878

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