B.IA.LEGAL

SCP 0851/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
49071-2022-99-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de acceso a la justicia, fundamentación, motivación, congruencia, valoración adecuada de la prueba y justicia pronta oportuna y plural; toda vez que, habiendo presentado una denuncia ante el Ministerio Público, la misma fue desestimada; por lo que, formuló objeción ante el Fiscal Departamental demandado, quien a través de la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021 de 29 de diciembre, ratificó la decisión asumida precedentemente, con base en argumentos subjetivos; debido a que, no tomó en cuenta ninguno de los criterios previstos en el art. 55 de la LOMP; emitiendo en consecuencia, una resolución lesiva a sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 101/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 43 a 49 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. El principio de congruencia como componente del debido proceso
  3. III.3. La valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0851/2023-S2 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 49071-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 101/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 43 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Blanca Pamela Márquez Plata contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 de febrero y 17 de marzo de 2022, cursantes de fs. 10 a 15 y 18 a 22, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue sentenciada dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; por lo que, formuló apelación restringida y considerando que dichos actos desarrollados en su contra fueron ilegales, argumentando que el citado ente edil, no tiene facultad ni autorización para intervenir en conflictos suscitados entre privados, acudió al Ministerio Público, a efecto de iniciar una investigación por el delito de acusación y denuncia falsa, tipificado en el art. 166 del Código Penal (CP); empero, la señalada instancia fiscal rehusó aceptar la misma bajo la excusa que aquella pretensión no era legal; por ello, emitió la Resolución de Desestimación 28/2021 de 16 de noviembre; objetando dicha decisión, se remitió al Fiscal Departamental de La Paz -demandado-, quien dictó la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021 de 29 de diciembre, ratificando la determinación impugnada, realizando un análisis subjetivo y contrario a los presupuestos previstos en el art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); lesionando sus derechos y garantías constitucionales; el cual a su vez, incidió en la negativa del acceso a la justicia; aquello en mérito a que, el fundamento central esgrimido por el demandado fue que “…mi persona no puede presentar una denuncia en este caso, debido a que primero debería obtener una sentencia absolutoria, un sobreseimiento o un rechazo en mi favor” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de acceso a la justicia, fundamentación, motivación, congruencia, valoración adecuada de la prueba y justicia pronta oportuna y plural, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Desestimación 28/2021; y en consecuencia, se admita la denuncia interpuesta, ordenándose el inicio de la investigación correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 35 a 42, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional interpuesta.

I.2.2. Informe del demandado

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito presentado el 27 de abril de 2022, cursante de fs. 29 a 31, y en audiencia de garantías a través de su representante señaló que: a) La Resolución FDLP/WEAL/D-685/2021, realizó una descripción literal del delito de acusación y denuncia falsa, tomando en cuenta elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; b) La Resolución confutada contiene un análisis de los hechos que provinieron de la información de elementos documentales, los que refirieron a la falta de mayores datos que permitan establecer la existencia de una sentencia absolutoria, sobreseimiento o rechazo, que al apego de lo establecido por el Auto Supremo 155 de 25 de marzo de 2008 y la SCP 2258/2013 de 16 de diciembre, hicieron “…notar a la accionante que contrario a esas exigencias, en el caso que se presenta, fuera de no existir ninguna de esas decisiones jurisdiccionales o fiscales, en su caso existe una forma opuesta…” (sic); c) La falta de una sentencia absolutoria, resolución de rechazo o sobreseimiento dio lugar a la verificación de la atipicidad de la conducta que se aplicó a la Resolución de Desestimación 28/2021; y, d) La Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021, cumplió con los requisitos exigidos por los arts. 57, 72 y 73 de la LOMP, así como, los estándares jurisprudenciales sobre fundamentación y motivación de las resoluciones, teniendo en su estructura coherencia interna y externa, habiéndose realizado una valoración integral de los elementos de prueba, acompañados a la referida denuncia.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 101/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 43 a 49 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Fiscal Departamental demandado estableció en la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021, que las alegaciones formuladas por la accionante carecieron de elementos típicos para ser considerados como delitos, así como, de elementos de causalidad para establecer que su denuncia fuera viable; 2) No resultó lógico ni coherente hacer prevalecer un status de calidad o cualidad de un ciudadano o ciudadana, mediante una prueba que no se encontraba confirmada; 3) La acusación y la denuncia falsa en mérito al desarrollo jurisprudencial en materia penal posee dos elementos; el primero, referido a la existencia de un proceso penal; y, el segundo, concerniente a la determinación de no culpabilidad de una persona; y, 4) Los tipos penales tienen elementos y supuestos de hechos preconstituidos, que a criterio del Fiscal de Materia analista no fueron cumplidos; aquello, en mérito al no establecimiento de una acusación falsa, aspecto que fue ratificado por el Fiscal Departamental demandado en la indicada Resolución; la cual, se encuentra adecuadamente motivada y fundamentada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, efectuada por la peticionante de tutela, quien impetró se pueda compulsar la Resolución Ejecutiva “425”, emitida por el actual Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el entendido de que ese documento desestimaría el proceso penal instaurado en su contra; en sustanciación y resolución, la mencionada Sala Constitucional señaló que, no le compete ingresar a realizar un análisis al respecto o establecer criterio alguno; aquello, en el entendido de que al ser jurisdicción administrativa independiente, esta posee autonomía en referencia a la valoración probatoria; por lo que, no correspondería asignar un valor a la citada Resolución administrativa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021 de 29 de diciembre, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, ratificó la Resolución de Desestimación 28/2021 de 16 de noviembre, disponiendo en consecuencia, se proceda con el respectivo archivo de obrados (fs. 3 a 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de acceso a la justicia, fundamentación, motivación, congruencia, valoración adecuada de la prueba y justicia pronta oportuna y plural; toda vez que, habiendo presentado una denuncia ante el Ministerio Público, la misma fue desestimada; por lo que, formuló objeción ante el Fiscal Departamental demandado, quien a través de la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021 de 29 de diciembre, ratificó la decisión asumida precedentemente, con base en argumentos subjetivos; debido a que, no tomó en cuenta ninguno de los criterios previstos en el art. 55 de la LOMP; emitiendo en consecuencia, una resolución lesiva a sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Al respecto, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, ratificando el entendimiento de la SC 1523/2004-R de 28 septiembre, expresó que: “…se declaró la procedencia de un amparo constitucional en razón a que el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el Fiscal de Distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas y a partir de generalizaciones se llegó a la conclusión de que no existían suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, lesionándose el derecho de acceso a la justicia de la víctima e ignorándose que toda resolución que resuelva el fondo del asunto: ‘…no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver…’, de lo contrario su decisión resultaría arbitraria: ‘…pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…’; lo que en definitiva debió ser observado por el fiscal superior”. De la misma manera, la SCP 1630/2014 19 de agosto señaló que: “…cuando el Fiscal Departamental emita su resolución jerárquica ya sea revocando o ratificando el sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia en favor del imputado, por cuanto no puede limitarse únicamente a la citación de algunas pruebas, sin individualizar la actuación de los imputados y sin examinar su conducta en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los cuales se les imputó, por lo que el fiscal superior deberá verter el razonamiento jurídico de su decisión con la debida diligencia que merecen los justiciables. Por lo que la Resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a los mismos luego del contraste y valoración que hagan de ellos y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias” (el resaltado es nuestro). En similar sentido, la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, haciendo alusión a la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que: “‘…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP’. La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas nos corresponden).

III.2. El principio de congruencia como componente del debido proceso

Sobre este tópico, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, se tiene que la SC 0486/2010-R de 5 de julio, indicó que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes. Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’. En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (énfasis añadido). De igual forma, la SCP 0515/2020-S2 de 6 de octubre, estableció que: “La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que: ‘…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’. En efecto la congruencia externa debe ser entendida en la correspondencia necesaria que debe existir entre el agravio recurrido por el impugnante y la motivación contenida en la resolución emitida por la autoridad que administra justicia en alzada, misma que debe ser en el fondo -pertinencia-, sin dejar de considerar lo impugnado; por su parte, la congruencia interna, es entendida como la coherencia que tiene todo fallo, entre la parte considerativa y la dispositiva; es decir, el hilo conductor que debe haber entre la motivación determinativa que en suma sostiene de manera lógica la decisión (el resaltado es agregado).

III.3. La valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

Respecto al tema, la justicia constitucional citando a la SCP 1210/2022-S2 de 19 de septiembre, así como a la SCP 1094/2017-S3 de 18 de octubre, entre otras, entendió que: “…la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: ‘…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...’. Así también, la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó que: ‘…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación’ (…[0663/2010-R de 19 de julio]). De igual manera, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, concluyendo que: ‘…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento’. En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, precisó que: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes y la conclusión arribada en el presente fallo constitucional se tiene que, la accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de acceso a la justicia, fundamentación, motivación, congruencia, valoración adecuada de la prueba y justicia pronta, oportuna y plural; ya que, habiendo presentado una denuncia ante el Ministerio Público, la misma fue desestimada; a esa decisión formuló objeción, resuelta por el Fiscal Departamental de La Paz, mediante la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021 de 29 de diciembre, ratificando la aludida determinación fiscal con base en argumentos subjetivos; debido a que, no tomó en cuenta ninguno de los criterios previstos en el art. 55 de la LOMP; emitiendo en consecuencia, una resolución lesiva a sus derechos y garantías constitucionales.

De la compulsa de antecedentes cursantes en el legajo procesal, se tiene la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021, que ratificó la Resolución de Desestimación 28/2021 de 16 de noviembre; disponiendo en consecuencia, se proceda con el archivo de obrados respectivo (Conclusión II.1).

En ese contexto, considerando que la revisión de la decisión asumida se efectúa a partir de la última resolución pronunciada, en este caso en sede fiscal; toda vez que, aquella tuvo la posibilidad de corregir y/o enmendar la determinación dispuesta, se procederá con el análisis a partir de la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021, emitida por el Fiscal Departamental demandado. En tal sentido, conforme a los argumentos formulados por la impetrante de tutela, al momento de proceder con la objeción a la Resolución de Desestimación 28/2021, emitida por el Fiscal de Materia analista la prenombrada señaló como agravios los siguientes hechos:

i) Existió una persona -exfuncionario público- que cometió delitos y a sabiendas de que era inocente, la sindicó como autora de hechos delictivos; ii) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pretendió hacer ver que cometió un delito, que en el caso particular no correspondía; toda vez que, se trataba de un hecho sobre un inmueble particular;

iii) La jurisprudencia en la que se basó el Ministerio Público, al momento de emitir la Resolución de Desestimación 28/2021, resultó ser “…vetusta y además vencida…” (sic); siendo a su vez sobreestimada; debido a que, la misma no coincidió con los estándares internacionales de derechos humanos; y, iv) Las autoridades del Ministerio Público “…se quedaron en absorción del sistema procesal penal…” (sic); ya que, jamás avanzaron en la consideración de nuevos esquemas reales que hoy en día pregona la Constitución Política del Estado, al manifestar que en este tipo penal -acusación y denuncia falsa-, es necesario adjuntar una sentencia absolutoria.

Ahora bien, en resolución a los puntos anteriormente descritos, el Fiscal Departamental demandado, al momento de considerar y pronunciarse sobre la objeción presentada por la peticionante de tutela, emitió la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021 estableciendo los siguientes fundamentos: a) El tipo penal de acusación y denuncia falsa, previsto y sancionado en el art. 166 del CP, se basa en dos conceptos jurídicos distintos, dentro del cual, se debe considerar a la acusación como “…una de las formas de conclusión de la etapa preparatoria…” (sic); en tanto la denuncia, es un acto por medio del que se pone en conocimiento de la autoridad policial o fiscal, la perpetración de hechos que revisten características de un delito de acción pública; b) Cuando una denuncia o una acusación son opuestas o contrarias a la verdad, atentan contra el normal funcionamiento de la administración de justicia y contra el debido respeto que se debe prestar a las decisiones de los tribunales de justicia;

c) La denuncia falsa debe ser entendida como una forma de sindicación que realiza el agente respecto a un hecho delictivo, cuando este tiene conciencia de su inexistencia, siendo el factor que la condiciona, la presencia de dolo en el sujeto activo; por lo tanto, ese elemento subjetivo debe ser exigible y demostrable; ya que, el aludido tipo penal tiene como intención el “…perjudicar, desgastar o difamar al falso denunciado…” (sic);

d) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado legalmente por Aldo Rolando Ortiz Troche -funcionario municipal-, instauró una causa penal contra la solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, el cual contaría con una sentencia condenatoria, y siendo que el tipo penal que refiere sobre acusación o denuncia falsa, demanda la existencia de una sentencia absolutoria, sobreseimiento o rechazo; considerando aquello, se entiende que para una adecuación del comportamiento de la prenombrada al tipo penal descrito, necesariamente se requiere la instauración de un proceso penal de manera falsa; y, e) En virtud al razonamiento doctrinario realizado al Auto Supremo 155 en entiende que “…el delito de Acusación o Denuncia Falsa se consuma en el momento en que se ejecutoria la resolución que declara la absolución o que exista la procedencia de una excepción como la de falta de acción por comprobarse que el imputado no es autor del hecho denunciado…” (sic).

Conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se entiende que entre los componentes del debido proceso, se encuentran la fundamentación y motivación de las resoluciones, que implican precisar de forma objetiva las razones en las que se fundó una determinación a momento de asumir una decisión; aspecto que, en mérito a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es extensible a las decisiones emitidas por autoridades pertenecientes al Ministerio Público; toda vez que, los Fiscales -sean estos de Materia o Departamentales-, dentro de los procesos que tienen a su cargo, se encuentran en la obligatoriedad de fundamentar sus resoluciones y requerimientos, no pudiendo limitarse únicamente a realizar la descripción de antecedentes, lo que infiere que las resoluciones a ser emitidas por estas autoridades, necesariamente deberán cumplir exigencias de estructura, tanto de forma como de fondo, evitando así tomar decisiones arbitrarias.

Por otra parte, respecto al principio de congruencia, corresponde señalar lo discernido por el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual refiere que el mismo debe comprenderse desde dos acepciones, siendo estas la congruencia externa, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales, y la congruencia interna, entendida como la obligación de que el fallo debe mantener un hilo conductor que le dote de orden, racionalidad y coherencia entre la parte considerativa y la decisión.

En ese contexto, compete precisar que en el caso de autos, la accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de acceso a la justicia, fundamentación, motivación, congruencia y valoración adecuada de la prueba; puesto que, al haberse desestimado por parte del Ministerio Público, una denuncia por acusación y denuncia falsa, habiendo formulado la objeción a la misma, el Fiscal Departamental demandado dictó la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021, mediante la cual ratificó la decisión asumida, aseverando que aquella determinación se fundamentó con base en criterios subjetivos; toda vez que, esta en su análisis no tomó en cuenta que la prenombrada era inocente, y que la misma se basó en virtud a jurisprudencia vetusta, vencida y sobreestimada, no coincidiendo con los estándares internacionales de derechos humanos; y que a su vez, no consideró los nuevos esquemas que pregona la Constitución Política del Estado; aquello al manifestar que en este tipo penal -acusación y denuncia falsa-, es necesario adjuntar una sentencia absolutoria. En ese marco, examinando la Resolución confutada, se observa que la misma, en sus fundamentos realizó un análisis objetivo del tipo penal de acusación y denuncia falsa, previsto y sancionado en el art. 166 del CP, donde señaló que el mencionado tipo penal debe ser entendido como una forma de sindicación que realiza el agente respecto a un hecho delictivo cuando este tiene conciencia de su inexistencia, siendo el factor que la condiciona la existencia de dolo en el sujeto activo; aspecto por el cual, para una adecuación del comportamiento de la prenombrada al tipo penal descrito, en este caso, se requerirá la instauración de una causa penal de manera falsa, aspecto que en mérito a lo establecido por la SC 0997/2003-R de 15 de julio: “…no sería razonable ni admisible que, frente a una acusación o denuncia el acusado considere unilateralmente que la misma es falsa e instaure inmediatamente una acción penal, ello provocaría un caos y desorden total ya que se producirían acciones paralelas entre acusadores y acusados, hasta podría provocar que los acusados utilicen la acción penal recriminatoria como un medio de extorsión contra las víctimas…”; criterio que a su vez, infiere a efectos de la emisión de la Resolución de Desestimación 28/2021, el cumplimiento de lo establecido en el art. 55.II de la LOMP; aquello en mérito a la inexistencia de posibles hechos a ser adecuados a un tipo penal de acción pública, considerando a su vez que la desestimación se constituye en una determinación previa al inicio de la etapa preparatoria; circunstancia por la cual, de acuerdo a lo supra señalado, se advierte que la Resolución FDLP/WEAL/D- 685/2021, pronunciada por la autoridad demandada, resolvió los puntos recurridos por la impetrante de tutela, en objeción de desestimación de denuncia, conteniendo al respecto una clara exposición de las razones y motivos que sustentan la determinación asumida, poseyendo la misma una adecuada fundamentación, motivación y congruencia; hecho que denota el cumplimiento de exigencias jurisprudenciales requeridas; resultando necesario tener presente que, la sola discrepancia con la disposición asumida, no constituye suficiente fundamento para concluir la lesión de derechos y garantías constitucionales; ya que, la motivación y fundamentación de los fallos se orienta a que estos sean razonables, aspectos que contempló la aludida Resolución emitida por el Fiscal Departamental demandado, situación por la que, en virtud a los argumentos explanados, corresponde denegar la tutela solicitada, en referencia a la ausencia de motivación, fundamentación y congruencia de la Resolución confutada, en mérito a los argumentos mencionados anteriormente. Respecto a la valoración probatoria reclamada por la peticionante de tutela, impele señalar que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, aquella debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó la lesión de derechos fundamentales; aspecto que en el presente mecanismo de defensa, no fue fundamentado ni acreditado; toda vez que, la prenombrada omitió precisar de qué manera considera afectado dicho aspecto; ya que, a efectos de analizar ese extremo, la accionante debió fundamentar en su acción tutelar la concurrencia de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ingresar a dicho análisis, referidos a que la valoración se aparte de los marcos legales de razonabilidad y equidad o si la Resolución confutada omitió valorar arbitrariamente una prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales; correspondiendo al respecto, denegar la tutela sobre este punto. Finalmente, con relación a la vulneración de los derechos al acceso a la justicia, y a una justicia pronta oportuna y plural, alegados por la solicitante de tutela; se tiene que, al no haber fundamentado de qué manera aquellos hubiesen sido lesionados, no incumbe que estos sean analizados, concerniendo en ese sentido, también denegar la tutela peticionada en referencia a los mismos. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 101/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 43 a 49 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en la Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0851_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): d9142f241e9bbef2564183408d262f57cfd439ab4f6330cfa83c3be6c6ef7dfa

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