Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de mayo de 2026
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que la Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 1041/2023, inicialmente dispuso la cesación de su detención preventiva, con la imposición de detención domiciliaria en un domicilio distinto al habitado por la parte víctima, el arraigo, la presentación de dos garantes solventes y la prohibición de involucrarse en hechos ilícitos; no obstante, bajo el argumento de que únicamente se encontraba complementando el Auto de Vista 1041/2023, emitió el Auto de 14 de diciembre de 2023, mediante el cual modificó la decisión previamente adoptada al incorporar nuevas medidas cautelares, consistentes en la detención domiciliaria con dos custodios, la imposición de una fianza económica y el registro biométrico ante el Ministerio Público. Ante ello, la autoridad demandada señaló que la complementación del Auto de Vista se encuentra sustentada en el art. 125 del CPP; además, la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales resguardan la integridad física y psicológica de toda mujer por la doble vulnerabilidad que tiene la misma; asimismo, con relación al imposible cumplimiento, no se demostró documentación idónea y pertinente, pues conforme al art. 250 del CPP, una medida cautelar es modificable o revocable, aun de oficio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 361/2023 de 15 de diciembre, cursante de fs. 23 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se dispone dejar sin efecto el Auto complementario de 14 de diciembre de 2023, debiendo la Vocal demandada, o quien se encuentre en ejercicio de funciones en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nueva resolución, en caso de que considere pertinente aclarar, complementar o enmendar elementos del Auto de Vista 1041/2023 de 13 de diciembre, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, sea en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación del accionante hubiese cambiado o se hubiese definido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0850/2026-S2 Sucre, 4 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 60628-2024-12-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 361/2023 de 15 de diciembre, cursante de fs. 23 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Antonio Apolinar Choque Torrez en representación sin mandato de David Wilder Quisbert Saire contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2023, cursante a fs. 1 y 10 a 14, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; en audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Posteriormente, en mérito al Auto Interlocutorio 634/2023 de 5 de diciembre, el Juez de instancia rechazó su cesación a la detención preventiva; por consiguiente, en vía de apelación incidental, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, mediante Auto de Vista 1041/2023 de 13 de diciembre, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva en su favor, entre ellas detención domiciliaria, arraigo, la presentación de dos garantes solventes, la prohibición de acercarse a la víctima, y la prohibición de involucrarse en hechos ilícitos iguales a la presente causa; no obstante, en dicha actuado pidió complementación y enmienda, e hizo conocer que necesita salir a trabajar; sin embargo, la autoridad demandada señaló que no merece ninguna complementación, aclaración o enmienda; motivo por el cual, el 13 y 14 del mismo mes y año, solicitó los correspondientes oficios para el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas. Ulteriormente, el 14 de diciembre de 2023, la autoridad demandada emitió un Auto complementario al Auto de Vista 1041/2023, por el cual cambió todas las medidas sustitutivas impuestas, sin considerar que en su momento ya se había pronunciado sobre una complementación anterior; sin embargo, de forma extraña modificó su detención domiciliaria con dos custodios; endose de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) ante el Consejo de la Magistratura; Registro Biométrico por el Ministerio Público una vez por semana; además, la autoridad demandada no explicó la necesidad de dos custodios y la fianza; asimismo, en audiencia de apelación, su persona señaló que no cuenta con recursos económicos e, incluso, se solicitó por la vía de la complementación que las medidas sustitutivas de la detención preventiva sean con salidas laborales, siendo que tiene una pequeña hija y debe cumplir con su obligación de asistencia familiar, aspectos que no fueron considerados y fueron modificados; por el contrario, dispuso aumentar otra medida sustitutiva pecuniaria gravosa.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 23, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto complementario de 14 de diciembre de 2023; y, b) Se establezca que el Auto de Vista 1041/2023 no requiere aclaración, complementación y enmienda, señalando que es clara y no merece ninguna aclaración.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de diciembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 19 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) El art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece la posibilidad de hacer uso de la explicación, complementación y enmienda, no existiendo arbitrariedad; si bien se emitió el Auto complementario al Auto de Vista 1041/2023, no se efectuó una modificación esencial al mismo, al contrario, se la hizo conforme a las normas que resguardan la integridad física y psicológica de toda mujer por su doble vulnerabilidad: por ello, se dispuso la detención domiciliaria con dos custodios, el endose de Bs50 000.- ante el Consejo de la Magistratura, que será para la recaptura en caso de fuga; registro biométrico ante el Ministerio Público una vez por semana, todos los lunes por la mañana; medida que debe ser cumplida en el plazo de setenta y dos horas, una vez devuelto el legajo de apelación al juzgado de origen, complementación que se efectuó para una mejor seguridad y resguardo de la hoy víctima en su condición de mujer; 2) Con relación al imposible cumplimiento, no se puede advertir el mismo, ya que el impetrante de tutela no demuestra con documentación idónea y pertinente la imposibilidad de su cumplimiento; asimismo, el accionante no toma en cuenta el art. 250 del CPP, el cual dispone que una medida cautelar es revocable o modificable, aun de oficio; y, 3) En el presente caso, no se estableció de manera cierta y concreta cómo se habrían vulnerado sus derechos y garantías por la resolución y el Auto impugnado; un Tribunal de garantías no es un tribunal ordinario ni de otra instancia para revisar las decisiones de la justicia ordinaria.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 361/2023 de 15 de diciembre, cursante de fs. 23 a 30 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) En este caso se presenta una antinomia entre los derechos de un imputado y los derechos de la víctima, una víctima que pertenece al sector vulnerable de las Mujeres y, en segundo lugar, pertenece al sector vulnerable de las víctimas de violencia en razón de género; y, por otro lado, el imputado, que ha cometido varios actos de violencia y que pertenece, en este momento, al sector vulnerable de los privados de libertad, así que, en esa antinomia, pesan más los derechos de la víctima, extremos que fueron analizados bajo el respaldo de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo; y, ii) La autoridad demandada actuó con la debida diligencia para con la víctima en este caso, así como con un elemento de protección a la misma, demostrando sensibilidad de la justicia por temas de género; iii) El Auto de Vista 1041/2023, complementado el 14 de diciembre de 2023, otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en favor del accionante y dispuso la medida sustitutiva a la detención preventiva que pesaba en su contra, las cuales son expresa prerrogativa de la autoridad jurisdiccional, de acuerdo al art. 231 del CPP. El peticionante de tutela, mediante incidentes, puede modificar las medidas cautelares conforme al Código de Procedimiento Penal.
En vía de aclaración, el abogado del accionante señaló que, sin que haya sido objeto de debate y que nadie lo haya pedido, se omitió considerar que la Vocal demandada refirió que no había nada que aclarar, enmendar ni que complementar y que, por ello, se rechazó la salida laboral del impetrante de tutela; la medida cautelar no podía ser dispuesta de oficio sin la petición de alguna de las partes. En respuesta, el Juez de garantías señaló que su resolución fue clara; además, debe considerarse que el accionante cuenta con sentencia condenatoria y que, por dicha situación, la víctima resulta más vulnerable y merece mayor protección del Estado.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2023, Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Antonio Apolinar Choque Torrez -hoy accionante-, por el lapso de noventa días, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Consta el Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2023, por el cual, el Juez de la causa, rechazó la cesación de la detención preventiva requerida por el accionante (fs. 6 a 8). II.3. A través de Auto de 14 de diciembre de 2023, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, dispuso la complementación del Auto de Vista 1041/2023 de 13 de igual mes, señalando que: “Se dispone 1.- la detención domiciliaria con dos Custodios que deberá ser tramitada por la parte procesada ante la instancia que corresponda, custodios que deberán dar cumplimiento a la detención domiciliaria 2. Deberá endosar la suma de 50.000 boliviano por ante el Consejo de la Magistratura mismo que será para la recaptura en caso de fuga. 3.- Registro Biométrico por ante el Ministerio Público una vez por semana todos los días lunes por la mañana; medidas que deberán ser cumplidas en el plazo de 72 horas una vez devuelto el legajo de apelación al juzgado de origen, dejándose sin efecto su ejecución por ante este tribunal de alzada, manteniéndose firme y subsisten los demás argumentos en la Resolución No. 1041/2023…” (sic [fs. 9]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que la Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 1041/2023, inicialmente dispuso la cesación de su detención preventiva, con la imposición de detención domiciliaria en un domicilio distinto al habitado por la parte víctima, el arraigo, la presentación de dos garantes solventes y la prohibición de involucrarse en hechos ilícitos; no obstante, bajo el argumento de que únicamente se encontraba complementando el Auto de Vista 1041/2023, emitió el Auto de 14 de diciembre de 2023, mediante el cual modificó la decisión previamente adoptada al incorporar nuevas medidas cautelares, consistentes en la detención domiciliaria con dos custodios, la imposición de una fianza económica y el registro biométrico ante el Ministerio Público. Ante ello, la autoridad demandada señaló que la complementación del Auto de Vista se encuentra sustentada en el art. 125 del CPP; además, la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales resguardan la integridad física y psicológica de toda mujer por la doble vulnerabilidad que tiene la misma; asimismo, con relación al imposible cumplimiento, no se demostró documentación idónea y pertinente, pues conforme al art. 250 del CPP, una medida cautelar es modificable o revocable, aun de oficio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1167/2015-S1 de 16 de noviembre, estableció: «El art. 125.I del CPP, establece que: “El juez o tribunal de oficio podrá aclarar las expresiones oscuras, suplir alguna omisión o corregir cualquier error material o de hecho, contenidos en sus actuaciones y resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de las mismas”. Conforme a dicha norma, el juez o tribunal se encuentra limitado a efectuar aclaraciones, complementar su resolución, ante la detección de omisiones encontradas en ella, o subsanar errores materiales o de hecho; empero, no le está permitido modificar sus resoluciones en su parte sustancial. Así mismo lo ha entendido la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0954/2004-R de 18 de junio, reiterada por la SC 0306/2011 de 29 de marzo y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0958/2012 de 22 de agosto y 1333/2013 de 15 de agosto, última de las cuales sostuvo que: “…las solicitudes de explicación, complementación y enmienda, tienen por finalidad dotar al justiciable de aclaraciones de carácter formal, errores de orden material o de hecho, con la condición de que los mismos no repercutan en la modificación de la esencia misma de la resolución o decisión; en consecuencia, estos medios no deben ser considerados como mecanismos para revertir el fondo de la decisión...”. Por su parte la SCP 0118/2014-S1 de 4 de diciembre, refiriéndose al alcance de la enmienda, establecida por el art. 125 del CPP, señaló que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional anterior, en la SC 0447/2011-R de 18 de abril, que citó la SC 1215/2006-R de 1 de diciembre, indicó: ‘De la disposición legal [art. 125 CPP] (…), se tiene que dictada la sentencia, auto interlocutorio, auto de vista o auto supremo, según sea el caso, y notificada la resolución judicial a las partes, el juez o tribunal de oficio podrá subsanar los siguientes aspectos, o bien las partes podrán impetrar su complementación o enmienda en los supuestos de que existan: 1) errores materiales o de hecho; 2) expresiones oscuras, u 3) omisiones concebidas como un defecto en la resolución de algo que debía existir en ella. Esto implica que la explicación o enmienda de una determinación judicial no procede sino cuando contiene alguna expresión oscura, omisión o error material o de hecho; sin embargo, la facultad reconocida al juzgador no es ilimitada conforme se establece incuestionablemente de la propia redacción de la norma citada, pues el juez a título de explicación o de enmienda no puede modificar la parte sustancial de la resolución pronunciada cuya explicación o enmienda se solicitó, al no ser un medio por el cual el tribunal de justicia pueda cambiar su propia decisión en el fondo; lo que implica que un pronunciamiento que contradiga y modifique esencialmente una sentencia o un fallo, constituye inobservancia y violación de los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, como refiere el art. 169 inc. 3) del CPP…”’» (énfasis añadido).
En el caso concreto, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (Conclusión II.1); posteriormente, el impetrante de tutela solicitó cesación de su detención preventiva, siendo esta rechazada por el Juez de instancia, la cual, al ser apelada en la vía incidental, derivó en la emisión del Auto de Vista 1041/2023 de 13 de diciembre, por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, disponiendo la cesación de dicha medida y, en su lugar, impuso la detención domiciliaria en favor del peticionante de tutela en un domicilio distinto al habitado por la parte víctima, el arraigo, la presentación de dos garantes solventes y la prohibición de involucrarse en hechos ilícitos (Conclusión II.2). Mediante Auto de 14 de igual mes y año, la Vocal demandada modificó las medidas cautelares impuestas inicialmente al accionante en el Auto de Vista 1041/2023 (Conclusión II.3).
Este último acto es el que el impetrante de tutela considera lesivo de sus derechos; en consecuencia, corresponde analizar si el Auto de 14 de diciembre de 2023 complementario dispuso nuevas medidas cautelares que modificaron el contenido del Auto de Vista y si dicha actuación vulneró los derechos denunciados por el peticionante de tutela. Primero, mediante Auto de Vista 1041/2023 se dispuso “…la detención domiciliaria en otro domicilio en el que no habite la parte víctima” (sic); de ello, se tiene que la autoridad judicial dispuso la primera de las dos posibilidades previstas en el art. 231 bis inc. 9 del CPP, es decir, sin vigilancia; empero, posteriormente, en el Auto de 14 de diciembre de 2023, complementario, cambia y se decanta por la segunda posibilidad de dicho artículo, estableciendo “…la detención domiciliaria con dos Custodios que deberá ser tramitada por la parte procesada…” (sic), es decir, con vigilancia. En ese sentido, se tiene que la autoridad judicial demandada, en el Auto complementario, evidentemente modificó su propia determinación, incluyendo una posibilidad distinta prevista por la norma; como se mostró, modificó la detención domiciliaria de sin vigilancia a con vigilancia, disponiendo dos custodios; por lo que, respecto a este punto, corresponde conceder la tutela solicitada, pues, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta fallo constitucional, un Auto complementario no puede cambiar, modificar o alternar aspectos sustanciales de la sentencia ni del fondo de la decisión adoptada, teniendo como límite exclusivamente cuestiones accesorias o formales; al obrar de manera distinta, lesionó la garantía del debido proceso del accionante, vinculado directamente con su libertad. Segundo, con relación a la fianza personal y económica, y la imposibilidad de imponerlas al mismo tiempo; al respecto, la SCP 0150/2025-S2 de 25 de marzo, señaló: “El art. 240.6 del CPP -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, sin las modificaciones ahora vigentes- establecía como medida sustitutiva: ‘Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca’; en este sentido, la interpretación de dicha norma durante su vigencia fue uniforme y la SC 1214/2002-R estableció que no era posible imponer simultáneamente la presentación de garantes económicamente solventes junto con el depósito de una fianza económica; dado que, el texto legal utilizaba la conjunción “o”, lo que implica que las modalidades de fianza deben aplicarse de forma alternativa, no acumulativa, ya que todas persiguen el mismo fin procesal. El art. 240.6 del CPP fue derogado por la Ley 1173, que reubicó su contenido en el art. 231 bis del mismo cuerpo normativo y posteriormente este artículo fue modificado por la Ley 1443 que mantiene la disyuntiva al establecer: ‘6. Fianza personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, o constitución de prenda o hipoteca’; por lo que, la jurisprudencia anterior pese al cambio normativo sigue teniendo vigencia por ser su contenido normativo similar al ahora vigente”; la citada jurisprudencia establece que ambas fianzas son de carácter alternativo y no acumulativo; no obstante, la Vocal demandada, en la decisión del Auto de Vista 1041/2023, dispuso dos garantes solventes; y, en el Auto de 14 de diciembre de igual año, la autoridad dispuso, como complementación, que el imputado -ahora accionante- deberá endosar la suma de Bs50 000.- ante el Consejo de la Magistratura; en consecuencia, la autoridad demandada no procedió a complementar aspectos formales; al contrario, modificó la parte dispositiva de la decisión, añadiendo otras medidas, y dispuso erróneamente la acumulación de la fianza económica y la fianza personal. Asimismo, la nueva medida implementada, consistente en ordenar su registro biométrico ante el Ministerio Público una vez a la semana, todos los lunes por la mañana, tampoco fue una complementación a la parte dispositiva del Auto de Vista 1041/2023, como afirma la autoridad demandada; al contrario, constituye una nueva medida cautelar personal añadida a la decisión, apartándose de la naturaleza de la complementación estrictamente formal. Ahora bien, la apelación incidental de resoluciones que impongan, mantengan o modifiquen medidas cautelares debe encontrarse en el marco de los principios de oralidad, inmediación y contradicción; al respecto, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre señaló: “…los tribunales de alzada, cuando resuelven las apelaciones incidentales planteadas contra el establecimiento, revocatoria o sustitución de medidas cautelares, están sujetos al cumplimiento de varios requisitos; entre ellos, por imperio de lo preceptuado por el art. 251 del CPP, a fijar audiencia para su consideración, a desarrollarse dentro de los tres días siguientes a la recepción del recurso, sin recurso ulterior. Obligación que constituye una potestad reglada, es decir, que no queda a criterio de los administradores de justicia, el señalamiento o no, de la audiencia para la resolución del caso, sino que están constreñidos a celebrarla, en cumplimiento de lo estipulado por la precitada norma legal, que más allá de ser un simple postulado, persigue fines específicos, como es la materialización de los principios de oralidad, contradicción e inmediación, pilares fundamentales del actual sistema procesal penal; y, precisamente por ello, se debe asegurar a las partes, la oportunidad de que fundamenten sus alegatos o de que los amplíen si así lo desean, en la oportunidad reservada para el efecto, como es el verificativo indicado al efecto, dado que como se demostró en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Resolución, es perfectamente posible expresar o desarrollar los argumentos de la apelación, de manera oral, en la propia audiencia”. En ese contexto, las medidas cautelares dispuestas en el Auto de Vista 1041/2023 fueron modificadas mediante Auto de 14 de diciembre del mismo año, de “complementación”, incorporándose nuevas medidas cautelares; en consecuencia, dicha actuación vulnera el derecho al debido proceso, toda vez que la modificación o imposición de medidas cautelares exige, previamente, la celebración de una audiencia en la que se garanticen los principios de oralidad, inmediación y contradicción, y no mediante una resolución de enmienda, complementación y aclaración, como ocurrió en el presente caso, conforme a los dos puntos antes analizados. Finalmente, se evidencia que el Auto complementario intentó justificar el cambio de fondo de la resolución principal, imponiendo al accionante nuevas cargas procesales y restricciones, agravando su situación, argumentando el resguardo de la integridad física y psicológica de toda mujer por la doble vulnerabilidad que tiene la misma; no obstante, debe tenerse presente que las medidas cautelares, si bien tienen la característica de variabilidad, esa variabilidad debe realizarse conforme a las reglas del procedimiento penal, no siendo admisible su variación mediante un Auto complementario, cuando la norma prevé incluso la modificación de oficio; empero, esta se da luego de un contradictorio, es decir, luego de incluso escuchar la defensa del imputado. Por lo que es viable asumir la protección tutelar requerida por el accionante, ya que, por su alcance, tiene relación con los derechos reclamados por el mismo, debiéndose en consecuencia, conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 361/2023 de 15 de diciembre, cursante de fs. 23 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se dispone dejar sin efecto el Auto complementario de 14 de diciembre de 2023, debiendo la Vocal demandada, o quien se encuentre en ejercicio de funciones en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nueva resolución, en caso de que considere pertinente aclarar, complementar o enmendar elementos del Auto de Vista 1041/2023 de 13 de diciembre, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, sea en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación del accionante hubiese cambiado o se hubiese definido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0850_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 12352dc12b1fe647968fdcdbceb9d2068eba81102ac2c550efa88cb56277f922
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