Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 4 de septiembre de 2023
Concede la tutela
El accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a no ser discriminado “por su condición de discapacidad” (sic); toda vez que, con anterioridad a su desvinculación laboral, hizo conocer de forma documentada que tiene a su hija con discapacidad intelectual en un 64%, extremo demostrado con el Carnet de Discapacidad emitido el 2 de diciembre de 2019, lo que le motivó solicitar inamovilidad laboral, misma que le fue negada por el Ministerio de la Presidencia, institución que en lugar de analizar dicha situación, le exigió la presentación de un sinfín de requisitos que no se encuentran contemplados en la Ley 977 ni en su Decreto Reglamentario, lo que generó lesión de los derechos fundamentales de su hija, pues es quien requiere de la asistencia económica y de salud constante por su sola condición de persona con discapacidad, lo que obliga al Estado su protección reforzada. En consecuencia, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 156/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 162 a 169 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia; CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo la inmediata reincorporación del accionante Willy Dávalos Pizarro, al último cargo que venía desempeñando en el Ministerio de la Presidencia, de manera permanente e indefinida, con todos los derechos y beneficios sociales que la ley laboral le reconoce, debiendo la entidad empleadora proceder al pago de los sueldos devengados desde la fecha de su desvinculación hasta su efectiva restitución laboral.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0850/2023-S4 Sucre, 4 de septiembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 49173-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 156/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 162 a 169 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Willy Dávalos Pizarro contra Gabriela Alcón Merubia, Viceministra de Comunicación, Jovana Schmith Valdivia, Directora General de Asuntos Administrativos y Ronny Emilio Pattzi Iporre, Jefe de la Unidad de Personal todos del Ministerio de la Presidencia.
Por memoriales presentados el 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 82 a 92, y de subsanación de 28 de igual mes y año (fs. 96 a 100), el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 24 de noviembre de 2020, fue incorporado dentro del plantel de funcionarios públicos del Viceministerio de Comunicación dependiente del Ministerio de la Presidencia, designándosele en una primera instancia como Responsable de Área de Difusión y Pauteo de la Unidad de Estrategias Comunicacionales siendo promovido como Jefe de Unidad de Estrategias Comunicacionales; sin embargo, luego de pocos días, empezó a recibir malos tratos de parte de la Viceministra, observaciones injustificadas al desempeño de su trabajo en tareas que no correspondían a su cargo, efectuándosele llamadas de atención verbales irrespetuosas y violentas, por lo que, mediante nota NI/MPR/VC/DGPC/UEC/0221/2021 MPR/2021-04419 de 31 de marzo, solicitó su cambio, siendo convocado por el Director de Políticas Comunicacionales, quien le comunicó que debía presentar renuncia al cargo, bajo el compromiso de la Viceministra de incorporarle en su cargo anterior de manera inmediata, es así que presentó su renuncia, mediante nota interna NI/MPR/DGPC/UEC/0225/2021 MPR/2021-05955 de 26 de abril, que fue aceptada por cite MPR-DGAA-RRHH-121/2021. De manera posterior, se le hizo entrega del Memorándum MPR- DGAA-RRHH 420/2021 de 28 de abril, designándosele nuevamente en el cargo de Responsable de Área de Difusión y Pauteo, constituyendo dicho acto discriminatorio y atentatorio a su economía, puesto que se le redujo el sueldo que percibía; empero, continuó cumpliendo sus funciones. El 23 de agosto de 2021, presentó una nota remitiendo la documentación respaldatoria de su hija Nora Fernanda Dávalos Pizarro, a fin de que sea incluida como su dependiente y poder afiliarla al seguro a corto plazo de la Caja Nacional de Salud (CNS), informando a su vez que la misma es una persona con discapacidad intelectual grave y que goza de ese derecho a pesar de su mayoría de edad; sin embargo, desde ese momento se agravaron las presiones laborales y malos tratos en su contra, tal es así que, mediante Nota Interna MP-DGAA-URH-NI-0323/2021 de 24 de agosto, se le devolvió la misiva presentada, pidiendo documentación adicional, en mérito a ello, mediante Nota Interna NI/MPR/VC/DGPC/UEC 0893/2021 de 30 de agosto, aclaró que su solicitud se enmarcaba por lo determinado en la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, mereciendo la nota MP-DGAA-URH-NI-0332/2021 de 31 de agosto, firmado por Ronny Emilio Pattzi Iporre en su calidad de Jefe de Recursos Humanos. del Ministerio de la Presidencia, con el visto bueno de Jovana Schmith Valdivia, señalándole que revisada la documentación presentada de su hija Norah Fernanda Dávalos Pizarra, en especial el Carnet de Discapacidad, muestra que la beneficiaria directa es Marina Pizarra Pinto, en ese entendido, advirtieron que debía existir un documento notariado por el que, la titular manifieste la aceptación de que el beneficio esté orientado a su persona en calidad de padre de la persona con discapacidad o actualizar el Carnet de Discapacidad con su nombre como responsable y beneficiario directo; asimismo, evidenciaron la inexistencia del registro de algún documento que establezca la asistencia familiar a su hija, por lo que, se requirió que su persona presente documentación idónea que establezca la relación con Norah Fernanda Dávalos Pizarro, su madre Marina Pizarro Pinto y la asistencia familiar brindada (por lo menos copia de tres boletas de asistencia), como parte del derecho a la protección y constitución de la familia. El 5 de octubre de 2021, luego de refutar su nombramiento como fiscal responsable de recepción de dos procesos de pago por servicios publicitarios de la gestión 2020, de los que no fue parte, es convocado por Félix Villacorta, Responsable de RR.HH., quien le manifestó que por instrucciones de la Viceministra se le iba a remover del cargo, para lo cual, debía presentar su renuncia al cargo de Responsable de Área de Difusión y Pauteo, con la promesa de que se le asignaría un puesto con el mismo nivel salarial del que estaba dejando, por lo que, presentó su renuncia mediante nota interna NII/MPR/VC/DGPC/UEC 1028/2021 MPR/2021-16785 de 7 de octubre, y aceptada por cite MPRDGAA-RRHH 378-2021 de igual fecha; de cuyo efecto, a través del Memorándum MPR-DGAA-RRHH 1003/2021 de 8 de octubre, se le designó en el cargo de Profesional Productor dependiente del Área de Producción del Viceministerio de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, incumpliendo el compromiso de no afectar sus derechos, ya que el sueldo asignado resultaba ser inferior al percibido en el anterior cargo, constituyéndose un acto discriminatorio y atentatorio a sus derechos y los de su hija, siendo objeto de violencia, acoso y hostigamiento laboral, cambiándole de ambiente físico sin asignarle ni siquiera un escritorio ni materiales para realizar su trabajo, seguramente para cansarle y, que presente su renuncia definitiva. No habiendo logrado aquel cometido, de manera intempestiva se presentó en su oficina un funcionario de RR.HH. a objeto de notificarle con el Memorándum MPR-DGA-RRHH 1028/2021 de 22 de noviembre, sobre desvinculación laboral; documento que se rehusó a recibir hasta no hablar con la Viceministra, a fin de que se le explique el motivo de su retiro, sin que se lograse dicho cometido, más al contrario se le solicitó que devolviera la tarjeta de identificación de funcionario, se le deshabilitó su ingreso en el sistema biométrico y al edificio; lo que motivó que el 6 de diciembre de ese año, presentara un recurso de revocatoria contra la ilegal determinación de desvincularle del Viceministerio de Comunicación, recurso que tampoco fue resuelto por la instancia correspondiente; razón por la que, el 13 de enero de 2022, planteó recurso jerárquico que tampoco fue resuelto hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa; incluso de ello, el 7 de abril de 2022, se adjuntó como más prueba la Declaración Voluntaria Notariada 111/2022 de 1 de abril, por la cual, la madre de su hija, Marina Pizarro Pinto, declaró que su persona cumple las obligaciones de padre desde el nacimiento a la fecha, cubriendo necesidades médicas, alimenticias, educacionales; empero, pese haber cumplido con las observaciones de la nota MP-DGAA- URH-NI-0332/2021 y con todos los requisitos que señala la Ley 977 de 27 de septiembre de 2017 – Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad-, a la fecha, no se le dio ninguna respuesta pese a que el plazo para la emisión de la resolución ya fue cumplido, tal y como señala el art. 124 del DS 27113 de 23 de julio de 2003. De la identificación de los derechos y garantías constitucionales vulnerados con la emisión del Memorándum MPR-DGAA-RRHH 1028/2021, se tiene la falta de fundamentación y la arbitraria e indebida interpretación de la Ley 977 y su Reglamento, ya que la autoridad demandada desconoció la Norma Suprema, no obstante, a tener el deber de cumplirla, más aún cuando se trata de tutelares derechos fundamentales.
El accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a no ser discriminado “por su condición de discapacidad” (sic); citando al efecto los arts. 109, 115.I y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga: a) La anulación del Memorándum MPR-DGAA-RRHH 1028/2021 de 22 de noviembre, con responsabilidad civil y la condenación del pago de daños y perjuicios; y, b) La cancelación de sus haberes devengados, bonos, pago de vacaciones, y otros, desde el momento en que quedó cesante en su trabajo.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 155 a 161 vta., presente el accionante y los representantes legales de las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela ratificó in extenso los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los mismos, expuso lo que sigue: 1) En relación a los recursos de revocatoria y jerárquico, hasta el día de hoy –se entiende la fecha de la audiencia de esta acción tutelar– no se tuvo una respuesta negativa o positiva de admisión o de observación de esos recursos dentro los plazos administrativos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento, menos se observaron los plazos de presentación de dichos recursos, que hoy pretenden cuestionar los demandados, más si ese no es el motivo de esta acción tutelar; 2) Según certificado de nacimiento, expedido el 23 de marzo de 2001, su persona figura como padre de Nora Fernanda Dávalos Pizarro, quien a la fecha de presentación de esta acción tutelar cuenta con más de veinte años, de igual forma se adjuntó el certificado o carnet de discapacidad donde se evidencia que su hija tiene una deficiencia intelectual en un 64%, es decir, tiene una discapacidad total de por vida, asimismo, se presentó el informe psicológico, base de la certificación, que no fue mencionado en el informe de las autoridades demandadas, que establece que su hija cuenta con una edad cronológica de cuatro años y un mes, es decir que, su incapacidad es plena; aspecto éste que es el que debe discutirse en esta acción tutelar, ya que se tiene una persona con discapacidad y un padre que es el tutor natural de la misma, no siendo posible exigir la presentación de una tutoría, ya que la Ley 977 en su art. 2.V, expresamente establece que el Estado garantiza la inamovilidad de la personas con discapacidad, así como de la madre o padre, cónyuge tutor que se encuentren a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave; 3) Llama la atención lo requerido a su persona respecto de la presentación del certificado judicial de nombramiento de tutor, cuando el propio Decreto Supremo (DS) 3437 de 20 de diciembre –Reglamento de la Ley 977–, establece cuáles son los requisitos generales para acreditar tal condición, siendo la presentación de la cédula de identidad y el carnet de discapacidad vigentes, y sobre los requisitos específicos para la madre o el padre, el certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad; 4) No es posible observar que no figura como tutor, pues debe considerarse que la madre no trabaja y es su persona que garantiza los ingresos, curaciones y todo tipo de tratamiento que requiere su hija; 5) El art. 70 de la CPE, resguarda los derechos de la persona con discapacidad, refiriendo que son dignas de una protección reforzada, no pudiendo negarse este derecho con ningún tipo de argumento, como se ha pretendido en el informe evacuado por las autoridades demandadas; 6) La SCP 0488/2017, vinculada a la SCP 1285/2015 de 22 de diciembre, establece que en este tipo de casos, no es posible aplicarse la subsidiariedad, es decir que, no es necesario continuar con el procedimiento administrativo, cuando ni siquiera han respondido en forma negativa o afirmativa aquellas impugnaciones; 7) En el informe manifestaron que su persona hubiera renunciado al cargo, sin embargo, de las pruebas ofrecidas se tiene que el 22 de noviembre de 2021, se le comunicó que a partir de esa fecha concluía su vínculo laboral con esa cartera de Estado, firmando al pie del Memorándum, la Directora General de Asuntos Administrativos, Jovana Smith Valdivia, sin que en dicho documento se indique que su persona hubiera cometido un hecho irregular, como tampoco conste la emisión de alguna sentencia o resolución de sanción administrativa en su contra, siendo estos los únicos presupuestos que implican la pérdida del derecho a la inamovilidad; 8) Se dijo que su persona al haber efectuado su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, habría aceptado su desvinculación; extremo que no resulta ser cierto, ya que todo servidor público conoce perfectamente que luego del retiro tiene que declarar sus bienes después de su desvinculación, no siendo ésta una aceptación a dicho acto; 9) Si bien presentó su renuncia en determinadas oportunidades, empero, ello se produjo a raíz de las peticiones efectuadas por las mismas autoridades, tal es así que, el 26 de abril de 2021, le aceptaron su renuncia y el 28 de igual mes y año, le volvieron a contratar, similar situación se produjo el 7 de octubre de 2021, siendo contratado nuevamente el 8 del mes y año citados, lo que hace evidente la presión en la que se encontraba, aclarando que las autoridades demandadas no son las responsables de aquello, ya que existe una autoridad superior que habría dado esas órdenes no obstante de conocer que tiene una hija con discapacidad total, emergiendo el memorándum de desvinculación definitiva en razón de no haber presentado la documentación idónea o necesaria y como si fuese un empleado regular lo retiran sin justificación alguna; 10) Su retiro fue dado el 22 de noviembre de 2021 y la acción de amparo constitucional es presentada el 16 de mayo de 2022, es decir, dentro de los seis meses que establece la norma, no correspondiendo hacer prevalecer los plazos administrativos impugnatorios ya que se está protegiendo a una menor con discapacidad; 11) Presentó la Declaración Voluntaria Notariada 111/2022 de 1 de abril, efectuada por Marina Pizarro Pinto, madre de su hija Nora Fernanda Dávalos Pizarro y que en toda forma derecho demuestra y establece que su persona como padre de la prenombrada, le da protección y corre con todos los gastos de alimentación, manutención y también médicos, extremos por los cuales, su persona se encuentra en la ciudad de La Paz con la finalidad de conseguir trabajo, y contar con un seguro establecido para su hija quien tiene deficiencias además de intelectuales también de salud, que deben ser asistidas; 12) La normativa establece que en caso de no contar con un empleo consolidado procede el bono, y considerando que en la actualidad su persona no tiene trabajo, es factible ser beneficiarios del bono, aclarándose que el día en el que tenga trabajo dicho bono se corta, conforme así lo manda la norma; y, 13) El día que puso en conocimiento la discapacidad de su hija, las autoridades de Presidencia pudieron haber dictado una resolución admitiendo la incapacidad y otorgando el seguro correspondiente, tomando en cuenta de que ella ya tiene veintiún años cumplidos, aspectos que no fueron considerados en el informe evacuado por las autoridades demandadas.
Gabriela Alcón Merubia, Viceministra de Comunicación, Jovana Schmith Valdivia, Directora General de Asuntos Administrativos y Ronny Emilio Pattzi Iporre, Jefe de la Unidad de Personal, todos del Ministerio de la Presidencia, por informe presentado el 22 de junio de 2022, cursante de fs. 147 a 153 vta., y en audiencia, manifestaron lo que sigue: i) El accionante refiere que se le desvinculó el 22 de noviembre de 2021, del cargo de Profesional Productor mediante Memorándum MPR-DGAA-RRHH-N0 1028/2021, decisión que habría sido impugnada mediante recurso de revocatoria presentado el 6 de diciembre de igual año, en razón a que se le estaría desconociendo el derecho a la inamovilidad funcionaria, impugnación presentada dentro del plazo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo; posteriormente interpuso recurso jerárquico al haber operado el silencio administrativo, sin embargo, conforme establece el art. 65 de la mencionada norma, el plazo para emitir la resolución de recurso de revocatoria vencía el 5 de enero de 2022, por lo que, de conformidad al art. 66 de la LPA, el accionante debía haber presentado su recurso jerárquico al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de revocatoria, es decir que su plazo fenecía el mismo 5 de enero de 2022, no obstante el ahora peticionario de tutela presentó su recurso jerárquico el 13 de enero de 2022; concurriendo con ello, la causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, toda vez que, ésta no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se hubiera hecho uso oportuno; asimismo, se incurrió en otra causal de improcedencia al haberse constituido actos consentidos por no presentar dentro del plazo el recurso jerárquico correspondiente y haber presentado su declaración jurada por dejación del cargo, consintiendo de esta forma su desvinculación; ii) El impetrante de tutela identificó a tres funcionarios que supuestamente habrían lesionado su derecho a la inamovilidad y al trabajo, sin embargo, el acto que supuestamente generó lesión de derechos es la emisión del Memorándum de desvinculación MPR-DGAA-RRHH-N0 1028/2021, el cual fue emitido por la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, a quien se le delegaron esas atribuciones mediante Resolución Ministerial; empero, el ahora accionante de forma expresa se sometió al procedimiento administrativo al interponer los recursos de revocatoria y jerárquico, solicitando se deje sin efecto el referido Memorándum. En ese sentido, al encontrarse el proceso administrativo en trámite, la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia carece de legitimación al no poder emitir ningún tipo de acto administrativo posterior, pues su atribución es únicamente incorporar y desvincular a funcionarios; iii) Similar situación acontece con los otros demandados, puesto que el impetrante de tutela no refirió cuál sería la relación que tienen estos con el supuesto acto que llegaría a vulnerar derechos constitucionales, siendo que las atribuciones de la Viceministra de Comunicación se encuentran claramente establecidas en el DS 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por el DS 4257 de 4 de junio de 2020; iv) Las observaciones realizadas por la Unidad de RR.HH. a las solicitudes presentadas por el ahora accionante, responden a criterios técnicos, que lo único que buscan es cumplir con los requisitos establecidos en la ley para poder asegurar a un dependiente, no considerándose dichas acciones como lesivas de derechos, más si no fueron subsanadas en su oportunidad; v) El 24 de noviembre de 2020, se habría incorporado al Viceministerio de Comunicación al accionante; sin embargo, recién el 23 de agosto de 2021, mediante una nota dirigida a la Unidad de RR.HH. anunció que su hija sería una persona con discapacidad, solicitando acogerse a lo determinado por la Ley, denotando la actitud irresponsable de éste, toda vez que, esperó más de ocho meses para iniciar dicho trámite, demostrando con ello, que no vela por el interés de la persona con discapacidad, sino busca beneficiarse de manera personal al intentar adquirir la calidad de un funcionario inamovible y no ser desvinculado; vi) La SCP 0114/2016-S1 de 29 de enero, determina que para que un trabajador o servidor público pueda acogerse a la inamovilidad laboral, éste deberá acreditar que bajo su dependencia tiene una persona con discapacidad, a través del certificado único de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, documento válido para acceder a ese beneficio, así también la normativa señala que serán beneficiados los padres o tutores, entendiéndose que los padres son beneficiarios de forma directa, mientras que los tutores deberán demostrar que tienen esa calidad, conforme establece el Código de las Familias y del Proceso Familiar; vii) En el presente caso, las observaciones realizadas por RR.HH. muy al contrario de lo postulado por el impetrante de tutela, fueron emitidas con el objetivo de que se cumpla con los requisitos establecidos por la Ley 977, en ese sentido, la citada Unidad emitió el Informe INF/MPR/DGAA/RRHH 021/2021, en el que se pudo apreciar que ante la solicitud de afiliar a Nora Fernanda Dávalos Pizarro como dependiente de la ficha personal del peticionario de tutela, realizada el 23 de agosto de 2021, se revisó el file personal de éste, por lo que se le solicitó documentación complementaria el 24 de igual mes y año, con Nota Interna MP-DGAA- URH-NI-0323/2021, al no encontrarse en sus registros el certificado de matrimonio y el certificado de nacimiento de su hija, mencionando a su vez que las gestiones de afiliación de dependientes, es personal; viii) Posteriormente, de forma reiterativa, el ahora accionante presentó documentación que a su criterio subsanaría los aspectos observados, aseveración que no responde a la verdad de los hechos, puesto que se volvió a solicitar documentación complementaria con Nota Interna MP-DGAA-URH-NI- 0332/2021 de 31 de agosto, para el registro de tutor de una persona con discapacidad; un documento notariado de aceptación de que el beneficio de tutor esté orientado al padre y la actualización del carnet de discapacidad en el que se consigna como persona de contacto a la madre y no así al padre y, la documentación idónea que establezca la relación con la hija, todo ello, amparados en que el beneficio es hacia la persona con discapacidad y no así el tutor; ix) A su vez velando por los derechos de la persona con discapacidad, mediante nota CAR/MPR/DGAA/RR.HH. 301/21 de 17 de noviembre de 2021, se solicitó al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad emita criterio técnico legal, respecto a las solicitudes realizadas por el ahora impetrante de tutela, el cual es atendido con CITE: CONALPEDIS/574/2021 de 19 de noviembre, en el que se adjuntó el Informe CONALPEDIS/U.A.J./INF/013/2021, de cuyo análisis se estableció que: “…el servidor público motivo del presente informe no se encuentra a cargo de la persona con discapacidad que llegaría a ser su hija, puesto que no se cuenta con el certificado de matrimonio, además de mencionar en sus notas que tiene el estado civil de soltero, radica o tiene su residencia en la ciudad de La Paz estando radicando su hija en la ciudad de Santa Cruz, el carnet de discapacidad de su hija establece como persona de referencia a la madre, por lo que, se evidencia que la persona con discapacidad se encontraría con su madre (…) en Santa Cruz y no con su padre que se encuentra en la ciudad de La Paz, no teniéndose ninguna prueba de que se encuentre cumpliendo el servidor público con la asistencia familiar correspondiente en favor de su hija con discapacidad, por lo que el servidor público NO SE ENCUENTRA SUJETO A LA INAMOVILIDAD LABORAL PUESTO QUE NO ESTA A CARGO DE SU HIJA” (sic); x) Después de la emisión del Memorándum MPR-DGAA-RRHH-N0 1028/2021 de agradecimiento de servicios, el ex servidor público Willy Dávalos presentó la nota de 5 de noviembre de 2021, la que fue recepcionada el 22 de igual mes y año, es decir el día de la desvinculación, buscando aprovecharse de manera irregular del beneficio de inamovilidad laboral, y forzar actos administrativos para poder acudir a la presente vía de protección constitucional, señalando expresamente que para hacer más factible la atención de su hija y sus necesidades inmediatas es que se fijó a su madre como tutora, pretendiendo confundir a las autoridades, señalando que por el solo hecho de ser padre podría beneficiarse de la inserción laboral para acceder a la inamovilidad, razonamiento contradictorio a lo que se establece en DS 3437 de 20 de diciembre de 2017, que determina que una vez que la persona cumpla la mayoría de edad se debe establecer quién será el tutor legal de ésta; xi) A su vez mediante carta CAR/MPR/DGAA/RR.HH. 316/2021 de 8 de diciembre, se solicitó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sirva certificar a través del área pertinente si la persona con discapacidad Norah Fernanda Dávalos Pizarro, realizó el cobro de los bonos mensuales hasta noviembre de 2021, conforme la revisión de la Plataforma Eustaquio Moto Méndez; de ser así, se requirió saber el nombre de quien figuraría como tutor de la persona con discapacidad; mereciendo el CITE: MTEPS-DGAJ-FPG-0311- CAR/21 de 9 de diciembre de 2021, refiriendo que se tiene registrada en la Plataforma citada a Marina Pizarro Pinto, como tutora de la misma; aspecto que vulnera la Ley 977, en su art. 3, denotando la mala fe del ahora accionante, al buscar beneficiarse de forma irregular de un beneficio que no le corresponde al no ser el tutor legal; xii) De lo precedentemente mencionado, se evidenció que no existió ninguna lesión al derecho a la inamovilidad laboral, toda vez que, el ahora accionante no gozaba con tal beneficio por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, y al ser éste un funcionario provisorio atendiendo su naturaleza jurídica, son removibles en cualquier momento por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad.
Marina Pizarro Pino, madre de Nora Fernanda Dávalos Pizarro, en audiencia de esta acción tutelar manifestó que es el accionante quien se hace cargo de su hija y también de su persona, en cuestiones de alimentación y salud; aclarando que al ser hipertensa no le es posible radicar en la ciudad de La Paz, lugar en el que se encuentra el impetrante de tutela desde el 2014; empero siempre está pendiente de ellas, ya que ha vivido con sus personas desde que la niña ha nacido.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 156/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 162 a 169 vta., concedió en parte la tutela solicitada; disponiendo que la autoridad demandada, mientras concluya el procedimiento administrativo, aún pendiente de emisión de resolución jerárquica, proceda a aplicar la Ley 977 así como el DS 3437, que reglamenta la referida Ley; en observancia a la inserción laboral y ayuda económica para personas con discapacidad, dentro la disponibilidad del Ministerio de la Presidencia, tomando en cuenta su formación profesional, y situación análoga a la que se encontraba el hoy accionante cuando fue desvinculado de su fuente laboral, en virtud a que figura como padre en el Certificado de Nacimiento de la persona con discapacidad grave Nora Fernanda Dávalos Pizarro; y denegó respecto al procedimiento de reincorporación con reconocimiento de pagos de salarios devengados, cancelación de bonos y otros solicitados, así como los daños y prejuicios que se reclaman en esta acción tutelar; decisión asumida con base a los siguientes argumentos: a) Dentro del procedimiento administrativo generado por la parte accionante, ante la activación de diferentes recursos administrativos, si bien no puede quedar pendiente el trámite interno para poder reparar o restablecer derechos o garantías constitucionales, empero, considerando que la activación de esos recursos, así como la tramitación de ese procedimiento, por el transcurso del tiempo, puede generar daños irreparables, bajo el enfoque de la protección reforzada a personas con discapacidad, es posible hacer abstracción del principio de subsidiariedad; considerando que de quien se requiere el resguardo de sus derechos es una persona mayor de 21 años, con una deficiencia intelectual en un 64%, es decir, que presenta una discapacidad plena, comparada en una edad cronológica de cuatro años y meses; b) En lo que corresponde al principio de la inmediatez en tiempo, oportunidad y eventualidad, se tiene que el memorándum de desvinculación data de 22 de noviembre de 2021, habiéndose presentado la acción tutelar el 16 de mayo de 2022, es decir, dentro de los seis meses que establece la norma constitucional; c) Según el Certificado de Nacimiento, se tiene que el 23 de marzo de 2021, se inscribe la partida de nacimiento de Nora Fernanda Dávalos Pizarro, quien nació el 27 de noviembre de 1999, figurando como padres Willy Dávalos Pizarro y Marina Pizarro Pinto, aclarando el accionante, de que la prenombrada no es su hija biológica, pero es el padre que reconoció a los efectos de establecer cualquier ayuda que pudiese tener o necesitar la menor, siendo el sostén de la misma, documento éste que no fue cuestionado por ninguna de las partes; d) La madre biológica presentó una declaración Voluntaria Notariada 111/2022, en la que señaló que quien da una asistencia mensual consensuada es el hoy impetrante de tutela y que por razones de trabajo reside en la ciudad de La Paz, haciendo saber que nunca convivió con el accionante pero sí reconoció desde niña a la menor como su hija; e) Desde el 2001, es decir, a los escasos dos años de vida que tenía la persona hoy con discapacidad, el peticionario de tutela ya se había hecho padre de aquella, por lo que, pretender exigir una tutoría, implicaría efectuar una interpretación gramatical, teleológica de la normativa y su Decreto Reglamentario; ante ello, de acuerdo con el art. 2 de la Ley 977, se tiene que todas las instituciones del sector público o privado tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, o a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor, que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave; bajo ese contexto, el solo figurar como padre o madre excluye a las otras personas, consiguientemente, la normativa no exige bajo un principio de legalidad, otro requisito general más que la cédula de identidad vigente, misma que cursaría en el cuaderno, el carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) o el Carnet de Afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) del beneficiario, de la hija o hijo, tutelado, tutelada, cónyuge, según corresponda; f) Resulta indudable que el padre, aunque no biológico de la persona con discapacidad, es Willy Dávalos Pizarro, quien figura como tal en el documento público como es el Certificado de Nacimiento, en tal circunstancia, siendo el objeto mismo de esa normativa el de lograr la inserción laboral en los sectores públicos y privados de personas con discapacidad en un porcentaje que señala la propia ley, se advierte que al margen de haberse activado un procedimiento administrativo no concluido, será la autoridad con plenitud de jurisdicción administrativa la que valore el Certificado de Nacimiento, Cédula de Identidad, Carnet de Discapacitado, Certificación de la Unidad Municipal de Personas con Discapacidad (UMUPEDIS); g) Miriam Pizarro Pinto, mediante Declaración Jurada y en la audiencia virtual, en su calidad de madre de la persona con discapacidad, refirió que es el accionante quien les ayuda y los provee voluntariamente, sin que exista ninguna orden judicial, menos petición de asistencia familiar; h) La madre no ha demostrado que a la fecha tenga una actividad de dependencia de un empleador para poder satisfacer las necesidades de su hija; i) La exigencia del certificado de matrimonio o reconocimiento de unión libre, se estará a lo que la autoridad administrativa, una vez resuelva el recurso jerárquico, determine, estableciendo con amplio criterio, sí es o no es su hija, si ese reconocimiento obedece a una cuestión de legalidad o no, o si se desmerece la misma afiliación que podría haberle dado en relación a tenerla registrada como padre de la persona de quien hoy se exige el cumplimiento de la Ley por tener o ser padre de una persona con discapacidad; j) Las autoridades hoy demandadas de una u otra manera deben adecuar un criterio propio para la aplicación de la Ley 977 y su Decreto Reglamentario, siendo claro y preciso a momento de contrastar si el hoy accionante es padre o no de la persona que se pide su protección reforzada por discapacidad de 64%; asimismo, establecer si la documentación es o no suficiente y si aquella no ha sido generada en su momento, oportunidad y eventualidad, por lo que, la observancia de la subsidiariedad así como de la falta de legitimación pasiva quedan superadas en la forma en cómo se resolvió la acción tutelar; y, k) Debe observarse la Ley 977, así como su Decreto Reglamentario, siendo necesaria la concesión de la tutela, para que en un plazo máximo de tres días hábiles de la notificación realizada a las autoridades demandadas éstas incorporen al accionante bajo los alcances de la citada normativa, a la actividad laboral que corresponda en cuanto a la función propia que venía cumpliendo o aquella que pueda ser similar de acuerdo a la capacidad profesional que tenga; sin establecerse salarios devengados, pago de bonos, responsabilidades civiles o daños y perjuicios, cuya otorgación de la tutela será de manera provisional, entre tanto la autoridad demandada logre emitir la resolución jerárquica que corresponda
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el Certificado de nacimiento de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, con fecha de nacimiento 27 de noviembre de 1999, consignándose como padres a Willy Dávalos Pizarro –ahora accionante- y Marina Pizarro Pinto (fs. 14). II.2. Cursa copia legalizada del Carnet de Discapacidad de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, emitido el 2 de diciembre de 2019, con vigencia al 9 de diciembre de 2023; por el Ministerio de Salud, por el que se acredita la discapacidad intelectual en un 64% de la prenombrada (fs. 16). II.3. Por Memorándums MPR-DGAA-RRHH 819/2020 de 24 de noviembre, MPR-DGAA-RRHH 1166/2020 de 21 de diciembre, MPR-DGAA-RRHH 0420/2021 de 28 de abril y MPR-DGAA-RRHH 1003/2021 de 8 de octubre, el ahora accionante Willy Dávalos Pizarro, fue contratado como Responsable de Área de Difusión y Pauteo de la Unidad de Estrategias Comunicacionales; Jefe de Unidad de Estrategias Comunicacionales de la Dirección General de Políticas Comunicacionales, Responsable de Área de Difusión y Pauteo de la Unidad de Estrategias Comunicacionales y Profesional Productor del Área de Producción dependiente del Viceministerio de Comunicación del Ministerio de la Presidencia (fs. 4 a 12). II.4. Mediante cite de 23 de agosto de 2021, el accionante remitió a la unidad de RR.HH. del Ministerio de la Presidencia, documentación complementaria consistente en original del certificado de nacimiento, cédula de identidad, copia legalizada del Carnet de Discapacidad 07-19991127 NDP, de su hija Norah Fernanda Dávalos Pizarro, así como el Certificado de Afiliación a UMUPEDIS, con el fin de que dicha documentación sea incluida en su carpeta personal de la institución; asimismo y al amparo de los arts. 45 y 70.1y 2 de la CPE, solicitó se hagan las gestiones necesarias para que su hija sea incluida como su dependiente en el seguro social al que se encuentra afiliado (fs. 20).
agosto, Ronny Emilio Patzi Iporre, Jefe de la Unidad de RR.HH. del Ministerio de la Presidencia, en atención al cite señalado al exordio, y a efectos de contar con la documentación completa, solicitó al accionante que acredite la condición de progenitor de la persona con discapacidad, presentando certificado de matrimonio o reconocimiento de unión libre; así como, por la edad de la persona con discapacidad copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento de tutor de Norah Fernanda Dávalos Pizarro; instando al accionante, acudir ante el gestor (Caja Nacional de Salud), para gestionar la dependencia de su hija, considerando que es mayor de dieciocho años, concediendo a ese efecto el plazo de tres días para la presentación de aquella documentación a fin de que su requerimiento sea atendido (fs. 18). II.6. En respuesta a dicha misiva, el accionante por Nota Interna NI/MPR/VC/DGPC/UEC 893/2021 - E-MPR/2021- 31534 de 30 de agosto de 2021, hace conocer y aclara a la unidad solicitante que los requisitos exigidos por la misma no aplican a su caso, toda vez que, la presentación de certificado de matrimonio o de unión libre contemplado en el art. 4.I inc. d) del DS 3437, es exigible al cónyuge de la persona con discapacidad, calidad que no ostenta su persona, ya que es el padre de Norah Fernanda Dávalos Pizarro; aclarando de igual forma, que en cuanto a la presentación de la resolución judicial de nombramiento de tutor, dicho requisito se encuentra contemplado en el art. 4.2.I inc. c) del mismo Decreto, empero el mismo es exigible a tutora o tutor cuando existiere una resolución de interdicción, lo que no resulta aplicable, ya que en su caso es el padre de la nombrada, quien depende económicamente de su persona y quien cubre cada una de sus necesidades físicas, biológicas, médicas, educacionales, etc. y tanto ella, como su madre dependen completamente de su persona; debiendo en su caso aplicarse el inciso b) del citado precepto legal (fs. 21 a 24). II.7. Ante ello, el Jefe de la Unidad de RR.HH. del Ministerio de la Presidencia, emite la Nota Interna MP/DGAA/URH/NI 0332/2021 de 31 de agosto, por la cual se requiere al accionante la presentación de documento notariado en el que la madre como titular directa de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, manifieste su aceptación de que el beneficio esté orientado al padre de la prenombrada, o actualizar el carnet de discapacidad con su nombre como responsable y beneficiario directo, así como documentación idónea que establezca la relación con su hija Norah Fernanda Dávalos Pizarro y su madre Marina Pizarro Pinto, y la asistencia familiar brindada, por lo menos copia de tres boletas de asistencia familiar, como parte del derecho a la protección y constitución de la familia (fs. 25 a 26). II.8. Por nota de 5 de noviembre de 2021, el solicitante de tutela accionante aclaró que su hija Norah Fernanda Dávalos Pizarro vive en Santa Cruz de la Sierra y en ese entendido, para hacer más factible la atención de ella y sus necesidades más inmediatas es que se consignó a su madre Marina Pizarro Pinto, como tutora en el Carnet de Discapacidad, sin que ello represente su exclusión como responsable de su hija, refiriendo además que el cambio de nombre de tutor en el referido documento solo es posible a tiempo de renovar el mismo, es decir, el 2023, añadiendo que no se le debería exigir ningún otro documento que el establecido en el inc. b) del art. 4 del DS 3437; por lo que, la presentación de un documento notariado y tres boletas de asistencia familiar, no se encuentran establecidos en la norma precedente; por lo que, su presentación no es obligatoria (fs. 27 a 28).
noviembre, a través del cual, Jovana Schmith Valdivia, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, comunicó al ahora accionante que a partir de esa fecha concluía su relación laboral con esa Cartera de Estado, ordenando la presentación de su declaración jurada de bienes y rentas por dejación del cargo, así como la entrega de activo fijos y documentación asignados (fs. 3); efectuando la entrega del credencial institucional mediante Acta de 23 de noviembre de 2021 (fs. 13). II.10. En atención al cite de 5 de noviembre de 2021, la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, por Nota CAR/MPR/DGAA/RRHH 317/2021 de 10 de diciembre, concluye que el art. 2.V de la Ley 977, no establece los requisitos para un progenitor que no tiene a su cargo a la persona con discapacidad, pues según reporte de la Plataforma Plurinacional de Información con Discapacidad “Eustaquio Moto Méndez, administrada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se tiene que es Marina Pizarro Pinto la que se encuentra registrada como tutora de Norah Fernanda Dávalos Pizarro (fs. 29 a 32). II.11. Mediante nota CAR/MPR/DGAA/RR.HH. 301/21 de 17 de noviembre de 2021, la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, solicitó al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad emita criterio técnico legal, respecto a las solicitudes realizadas por el ahora impetrante de tutela, emitiéndose al efecto, el Informe CONALPEDIS/U.A.J./INF/013/2021 de 19 de noviembre, de cuyo análisis se estableció que: “…el servidor público motivo del presente informe no se encuentra a cargo de la persona con discapacidad que llegaría a ser su hija, puesto que no se cuenta con el certificado de matrimonio, además de mencionar en sus notas que tiene el estado civil de soltero, radica o tiene su residencia en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz estando radicando su hija en la ciudad de Santa Cruz, el carnet de discapacidad de su hija establece como persona de referencia a la madre, por lo que, se evidencia que la persona con discapacidad se encontraría con su madre (…) en Santa Cruz y no con su padre que se encuentra en la ciudad de La Paz, no teniéndose ninguna prueba de que se encuentre cumpliendo el servidor público con la asistencia familiar correspondiente en favor de su hija con discapacidad, por lo que el servidor público NO SE ENCUENTRA SUJETO A LA INAMOVILIDAD LABORAL PUESTO QUE NO ESTA A CARGO DE SU HIJA” (sic) (fs. 119 a 121). II.12. Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, a la Directora de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, el accionante planteó recurso de revocatoria contra el Memorándum de desvinculación MPR-DGA-RRHH 1028/2021 de 22 de noviembre, solicitando se revoque dicho acto administrativo y se le restituya al cargo de Responsable de Área de Difusión y Pauteo, al gozar de inamovilidad laboral al ser padre de una persona con discapacidad plena (fs. 33 a 48); impugnación que al no ser resuelta por la instancia correspondiente, mereció la interposición del recurso jerárquico por silencio administrativo, mediante escrito presentado el 13 de enero de 2022, el cual no fue resuelto por la autoridad correspondiente (fs. 49 a 72) II.13. A través de la nota presentada el 7 de abril de 2022, por el peticionario de tutela, dentro del recurso jerárquico ya indicado, se hace conocer la Declaración Voluntaria Notariada 111/2022 de 1 de abril, por el que Marina Pizarro Pinto (madre de Norah Fernanda Dávalos Pizarro) indica que el accionante cumple sus obligaciones de padre desde el momento del nacimiento de su hija a la fecha, cubriendo todas sus necesidades y otorgando de manera voluntaria asistencia familiar, refiriendo además que tanto su persona como Norah Fernanda Dávalos Pizarro, dependen completamente de la asistencia material del ahora impetrante de tutela (fs. 73 a 79).
El accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a no ser discriminado “por su condición de discapacidad” (sic); toda vez que, con anterioridad a su desvinculación laboral, hizo conocer de forma documentada que tiene a su hija con discapacidad intelectual en un 64%, extremo demostrado con el Carnet de Discapacidad emitido el 2 de diciembre de 2019, lo que le motivó solicitar inamovilidad laboral, misma que le fue negada por el Ministerio de la Presidencia, institución que en lugar de analizar dicha situación, le exigió la presentación de un sinfín de requisitos que no se encuentran contemplados en la Ley 977 ni en su Decreto Reglamentario, lo que generó lesión de los derechos fundamentales de su hija, pues es quien requiere de la asistencia económica y de salud constante por su sola condición de persona con discapacidad, lo que obliga al Estado su protección reforzada. En consecuencia, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Con relación al cumplimiento del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1483/2011-R de 10 de octubre, se ha pronunciado sobre la no incidencia de la subsidiariedad cuando se trata de derechos fundamentales inherentes a las personas con discapacidad, estableciendo lo siguiente: “Si bien el art. 129.I de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, mediante la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, este Tribunal en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: ‘…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’. …si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, así la SC 0739/2010-R de 26 de julio, señala que: ‘…el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un «(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado. Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada” (el resaltado es nuestro).
En consonancia con lo precedentemente señalado, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, sostuvo que: “El principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, en la SC 0989/2011-R de 22 de junio de 2011, estableció: ‘Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado’. Bajo dicho entendimiento, en aquellos casos en los que se denuncie la lesión de derechos fundamentales de personas discapacitadas o de aquellas que se encuentran a cargo de las primeras, la acción amparo constitucional, se configura como el mecanismo idóneo para invocar tutela constitucional, sin que pueda exigirse previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues se comprende que la problemática planteada adquiere inmediata atención constitucional al tratarse de un sujeto de protección especial y preferente en situación de debilidad manifiesta, además de la posibilidad de que se trate de un acto discriminatorio (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 0105/2019-S2, indicó que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Por su parte, el art. 71 de la CPE, prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un cost[o] económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.
Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley” (las negrillas y subrayado nos corresponden). La Ley 977 de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, tiene por objeto establecer la inserción laboral en los sectores público y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave. Así, el art. 2 de dicha norma, establece que es obligación de las instituciones del sector público, Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, así como las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que desarrollen cualquier actividad en el territorio nacional, insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal. En el mismo porcentaje, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana respecto a su personal administrativo. En el caso del sector privado, dicho porcentaje es del dos por ciento (2%) de su personal. En ese marco, el Decreto Supremo 3437 de 20 de diciembre de 2017 – Reglamento de la Ley 977-, en su art. 4, contempla los requisitos de beneficiarias y beneficiarios para la inserción laboral obligatoria; desglosándolos de la siguiente manera: “I. Las personas con discapacidad, la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, que deseen acceder al beneficio de inserción laboral, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Requisitos Generales: a) Cédula de Identidad vigente; b) Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC, del beneficiario, de la hija o hijo, tutelada o tutelado y cónyuge, según corresponda. 2. Además de los requisitos generales según cada caso concreto se presentarán los siguientes requisitos específicos: a) Para personas con discapacidad: Únicamente los requisitos generales detallados en el numeral 1 del presente Parágrafo; b) Para madre o padre: Certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad; c) Para tutora o tutor: Copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento; d) Para cónyuge: Certificado de matrimonio o copia legalizada de la resolución judicial de reconocimiento de unión libre que demuestre el vínculo conyugal con la persona con discapacidad grave y muy grave, según corresponda” (el resaltado es nuestro). Quedando entonces claro que para ser beneficiario de la inserción laboral obligatoria, al tener la condición de padre o madre, solo es exigible la presentación de los requisito generales arriba citados y específicamente para el padre o madre el certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad, de cuya observancia se deberá garantizar la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
La SCP 1628/2022-S4 de 12 de diciembre, desarrolló el siguiente entendimiento: “El DS 29608 modificó el art. 4 del DS 27477, de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 4.- (OBLIGACIÓN DE CONTRATACIÓN PREFERENTE). I. El Poder Ejecutivo conformado por sus Entidades, Instituciones, Superintendencias y Empresas Públicas (sean de carácter descentralizado, desconcentrado, autárquico o de cualquier otra naturaleza); las Fuerzas Armadas; Policía Nacional; Prefecturas de Departamento; así como, los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local; tendrán la obligación de contratar a las personas con discapacidad, en un promedio mínimo de cuatro por ciento (4%) del total de su personal…’.
Así también lo entendió la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, que en su art. 2.I estableció la inserción laboral obligatoria al referir que: ‘Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal’. De una interpretación sistemática del art. 4 del DS 29608, y tomando en cuenta los principios de preferencia e integralidad que hacen parte de la normativa, se puede deducir que el fin de esta disposición es otorgar estabilidad laboral a la persona discapacitada, y a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, previendo para tal caso la preferencia de contratación sobre este y las personas que tengan bajo su dependencia a personas discapacitadas; en tal sentido, el artículo referido debe alcanzar no solo a las personas con discapacidad, sino también, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de deciocho años o con discapacidad grave o muy grave, esto, con el objetivo de obedecer a la cuestión teleológica de la construcción normativa que pretende una protección reforzada sobre una población vulnerable como son los discapacitados; y más aún, si se trata de un menor de edad discapacitado, por la necesidad y deber que tiene el Estado y su conjunto, de velar siempre por el interés superior del menor, así lo estableció la Norma Suprema en su art. 60 al señalar que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’ (las negrillas fueron añadidas). Ahora bien, a partir del entendimiento asumido por este Tribunal, se tiene por evidente, que uno de los pilares fundamentales en la protección y resguardo de los derechos de una persona con discapacidad o de quienes tienen a su cargo una o varias personas con esa condición, es la estabilidad laboral, entendida como un derecho fundamental para aquellos que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, de cuya realidad se hace exigible una protección reforzada. En ese marco, considerando que la estabilidad laboral se funda en los principios de igualdad, solidaridad y dignidad humana, es que se ha establecido que la persona con discapacidad, o en su defecto la madre o padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave, tiene preferencia de contratación en una u otra entidad; sin embargo, dicho trato privilegiado, en aplicación del principio de favoris debilis, debe traducirse en que dicha contratación no puede quedar sujeta a un tiempo o plazo que imponga el empleador; pues, por una parte, la situación de indefensión manifiesta debida a una discapacidad, al igual que esta, no habrá de desaparecer; por el contrario, más allá de perdurar, corre el riesgo de agravarse y consecuentemente, precisar de mayores atenciones; y, de otro lado, el establecimiento de un término de duración de la relación laboral, en los casos señalados en este acápite, únicamente generarán al trabajador (discapacitado o a cargo de una persona con discapacidad) una constante angustia e inseguridad sobre su situación laboral cada vez que esté por finalizar el vínculo contractual o en definitiva, concluya el plazo pactado en su contratación. En este espíritu, se hace necesario complementar la referida SCP 1628/2022-S4 de 12 de diciembre, estableciendo que la estabilidad laboral de una persona con discapacidad o de quien tenga a una a su cargo, implica que la misma tenga la seguridad de mantener su empleo de manera permanente, continua, a largo plazo y sin discriminación alguna, que le brinde para sí y su entorno familiar la seguridad económica necesaria para su subsistencia. Sin olvidar que la citada estabilidad, no solo incumbe conservar la fuente laboral de la persona con discapacidad o de aquella que tiene una a su cargo en dicha condición, sino también garantizar las condiciones necesarias y adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos de este grupo de individuos, estableciendo además de la preferencia laboral en razón a la protección constitucional de este sector vulnerable; la igualdad de la que deben gozar respecto del acceso a los beneficios laborales dispuestos por ley. No obstante y sin perjuicio de lo señalado, conviene aclarar que la estabilidad laboral reconocida a una persona con discapacidad o a quien la tenga a su cargo, no es un derecho absoluto, en razón a que el empleador tiene la posibilidad de dar por concluida la relación laboral, al estar condicionada la misma a una buena conducta del trabajador o trabajadora en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley, y es determinado al interior de un debido proceso y solo en virtud de una justa causa y de cuyo resultado sea imposible la reincorporación o reubicación del trabajador o trabajadora; situación en la cual se entenderá que el retiro laboral es justificado.
El accionante señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a no ser discriminado “por su condición de discapacidad” (sic); toda vez que, con anterioridad a su desvinculación laboral, hizo conocer de forma documentada que tiene a su hija con discapacidad intelectual en un 64%, extremo demostrado con el Carnet de Discapacidad emitido el 2 de diciembre de 2019, lo que le motivó solicitar inamovilidad laboral, misma que le fue negada por el Ministerio de la Presidencia, institución que en lugar de analizar dicha situación, le exigió la presentación de un sinfín de requisitos que no se encuentran contemplados en la Ley 977 ni en su Decreto Reglamentario, lo que generó lesión de los derechos fundamentales de su hija, pues es quien requiere de la asistencia económica y de salud constante por su sola condición de persona con discapacidad, lo que obliga al Estado su protección reforzada.
Con carácter previo al análisis de fondo de dicha problemática, corresponde precisar que si bien en antecedentes se advierte la interposición del recurso de revocatoria y jerárquico contra el Memorándum de desvinculación MPR-DGA-RRHH 1028/2021 de 22 de noviembre, emitido por la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, cuya impugnación se encuentra pendiente de resolución, empero, conforme se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien la subsidiariedad como uno de los principios procesales que hacen a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, exige que con anterioridad a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico; sin embargo, no es menos evidente que existen situaciones especiales que permiten hacer abstracción del principio de subsidiariedad, tal el caso de los denominados grupos vulnerables o en indefensión manifiesta entre los que se encuentran las personas con discapacidad, oportunidad en la cual, es posible aplicar la excepción a este principio a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos fundamentales, permisión que se hace extensiva a quienes tengan bajo su cargo a personas con discapacidad, como el caso que hoy nos ocupa analizar, que dada la situación del peticionario de tutela como padre de una hija mayor de dieciocho años en situación de discapacidad, le asiste la excepcionalidad de la aplicación del principio de subsidiariedad. Por otra parte, resulta importante remarcar que si bien de antecedentes se advierte que Willy Dávalos Pizarro refiere no ser padre biológico de Norah Dávalos Pizarro, que la reconoció el 2001, a los efectos de proporcionar cualquier ayuda que pudiese tener o necesitar la menor, siendo, según refiere la propia madre Marina Pizarro Pinto, en su Declaración Voluntaria Notariada 111/2022, el que da una asistencia mensual y les proporciona socorro desde el nacimiento de su hija, y que además dicha situación hubiera sido observada por el Ministerio de la Presidencia; al respecto, no es menos cierto señalar que, al interior de esta acción tutelar, la calidad de padre que ostenta el accionante, no se encuentra cuestionada ni discutida, por tanto el análisis del presente fallo constitucional no se centrará en ese extremo, máxime si conforme se tiene del certificado de nacimiento de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, es el impetrante de tutela quien figura como padre de la prenombrada. En tal circunstancia, en virtud a dicho documento público, resulta incuestionable determinar que Willy Dávalos Pizarro es el padre de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, condición que de ninguna manera puede ser desconocida por persona alguna, menos por la entidad contratante, quien no tiene la competencia para determinar o desechar el vínculo filial establecido entre el accionante y Norah Fernanda Dávalos Pizarro, aun éste no sea el padre biológico de la misma, debiendo regirse únicamente a los datos que arroja dicho certificado y al cumplimiento de los requisitos contemplados en el art. 4.1 y 2 inc. b) del DS 3437, a fin de considerar la inserción laboral obligatoria a la que está supeditada esa Cartera de Estado. Bajo ese contexto, considerando que la pretensión principal de esta acción de defensa se centra en lograr la reincorporación del accionante por inamovilidad laboral, se pasará a analizar la situación jurídica del accionante a partir de su desvinculación laboral y su condición como padre de una persona con discapacidad. Ahora bien, ingresando al análisis de fondo del problema jurídico constitucional traído a colación a esta acción de amparo constitucional, en virtud a lo establecido en la Ley 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, que en su art. 2, obliga a las instituciones del sector público así como a las empresas del sector privado, a insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave o muy grave, normativa que en definitiva impone al Estado una protección reforzada hacia las personas con discapacidad; así como, a los padres, madres y/o tutores de hijos o hijas con discapacidad, considerando su situación de vulnerabilidad; de manera que, ello obliga a las distintas instancias del Estado aplicar la normativa que resguarda los derechos fundamentales de este grupo de personas, haciendo viable con su observancia a la inamovilidad laboral, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Bajo ese marco constitucional, resulta importante remitirnos a los antecedentes que acompañan esta acción tutelar, teniéndose que por Memorándums MPR-DGAA-RRHH 819/2020 de 24 de noviembre, MPR-DGAA-RRHH 1166/2020 de 21 de diciembre, MPR-DGAA-RRHH 0420/2021 de 28 de abril y MPR-DGAA-RRHH 1003/2021 de 8 de octubre, el ahora accionante Willy Dávalos Pizarro, fue contratado como Responsable de Área de Difusión y Pauteo de la Unidad de Estrategias Comunicacionales; Jefe de Unidad de Estrategias Comunicacionales de la Dirección General de Políticas Comunicacionales, Profesional Productor del Área de Producción dependiente del Viceministerio de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, respectivamente; comunicando en el ínterin de su relación contractual, a la Unidad de RR.HH. del Ministerio de la Presidencia, que tiene una hija con discapacidad intelectual en un 64%, adjuntando al efecto el original del certificado de nacimiento, cédula de identidad, copia legalizada del Carnet de Discapacidad 07-19991127 NDP, de su hija Norah Fernanda Dávalos Pizarro, así como el Certificado de Afiliación a UMUPEDIS, con el fin de que dicha documentación sea incluida en su carpeta personal de la institución; solicitando asimismo, se hagan las gestiones necesarias para que su hija sea incluida como su dependiente en el seguro social al que se encuentra afiliado. Misiva que fue atendida por Nota Interna MP-DGAA-URH-NI-0323/2021 de 24 de agosto, a través de la cual, Ronny Emilio Patzi Iporre, Jefe de la Unidad de RR.HH. de ese Portafolio de Estado, solicitó al accionante acredite su condición de progenitor de la persona con discapacidad, presentando certificado de matrimonio o reconocimiento de unión libre; así como, por la edad de la persona con discapacidad copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento de tutor de Norah Fernanda Dávalos Pizarro; instando al accionante, acudir ante el gestor (Caja Nacional de Salud), para gestionar la dependencia de su hija, considerando que es mayor de dieciocho años, concediendo a ese efecto el plazo de tres días para la presentación de aquella documentación a fin de que su requerimiento sea atendido. En respuesta a dicha misiva, el accionante por Nota Interna NI/MPR/VC/DGPC/UEC 893/2021 - E-MPR/2021- 31534 de 30 de agosto de 2021, hace conocer y aclara a la unidad solicitante que los requisitos exigidos por la misma no aplican a su caso, toda vez que, la presentación de certificado de matrimonio o de unión libre contemplado en el art. 4.I inc. d) del DS 3437, es exigible al cónyuge de la persona con discapacidad, calidad que no ostenta su persona, ya que es el padre de Norah Fernanda Dávalos Pizarro; aclarando de igual forma, que en cuanto a la presentación de la resolución judicial de nombramiento de tutor, dicho requisito se encuentra contemplado en el art. 4.2.I inc. c) del mismo Decreto, empero el mismo es exigible a tutora o tutor cuando existiere una resolución de interdicción, lo que no resulta aplicable, ya que en su caso es el padre de la nombrada, quien depende económicamente de su persona y quien cubre cada una de sus necesidades físicas, biológicas, médicas, educacionales, etc. y tanto ella, como su madre dependen completamente de su persona; debiendo en su caso aplicarse el inciso b) del citado precepto legal. Ante ello, el Jefe de la Unidad de RR.HH. del Ministerio de la Presidencia, insistiendo con que el accionante debe presentar documentación complementaria, y cuestionando de manera arbitraria la relación filial entre el accionante y su hija, emite la Nota Interna MP/DGAA/URH/NI 0332/2021 de 31 de agosto, por la cual requiere al accionante la presentación de un documento notariado en el que la madre como titular directa de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, manifieste su aceptación de que el beneficio esté orientado al padre de la prenombrada, o actualizar el carnet de discapacidad con su nombre como responsable y beneficiario directo, así como documentación idónea que establezca la relación con su hija Norah Fernanda Dávalos Pizarro y su madre Marina Pizarro Pinto, y la asistencia familiar brindada, por lo menos copia de tres boletas de asistencia familiar, como parte del derecho a la protección y constitución de la familia. Es así que, por nota de 5 de noviembre de 2021, el accionante aclaró que su hija Norah Fernanda Dávalos Pizarro vive en Santa Cruz de la Sierra y en ese entendido, para hacer más factible la atención de ella y sus necesidades más inmediatas es que se consignó a su madre Marina Pizarro Pinto, como tutora en el Carnet de Discapacidad, sin que ello represente su exclusión como responsable de su hija, refiriendo además que el cambio de nombre de tutor en el citado documento solo es posible a tiempo de renovar el mismo, es decir, el año 2023, añadiendo que no se le debería exigir ningún otro documento que el establecido en el inc. b) del art. 4 del DS 3437, por lo que, la presentación de un documento notariado y tres boletas de asistencia familiar, no se encuentran establecidos en la norma precedente, por lo que, su presentación no es obligatoria. De manera posterior, y sin mayor consideración a la solicitud de inamovilidad laboral por ser padre de una persona con discapacidad, la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, procede a notificar al accionante con el Memorándum MPR-DGA-RRHH 1028/2021 de 22 de noviembre, de agradecimiento de servicios comunicando que a partir de esa fecha concluía su relación laboral con esa Cartera de Estado, ordenando la presentación de su declaración jurada de bienes y rentas por dejación del cargo, así como la entrega de activo fijos y documentación asignados; efectuando la entrega del credencial institucional mediante Acta de 23 de igual mes y año. El 10 de diciembre de 2021, en atención al cite de 5 de noviembre de 2021, presentado por el accionante, la Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, emite la Nota CAR/MPR/DGAA/RRHH 317/2021, concluyendo que el art. 2.V de la Ley 977, no establece los requisitos para un progenitor que no tiene a su cargo a la persona con discapacidad, pues según reporte de la Plataforma Plurinacional de Información con Discapacidad “Eustaquio Moto Méndez, administrada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se tiene que es Marina Pizarro Pinto la que se encuentra registrada como tutora de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, entendiéndose con ello, que se estaría negando la inamovilidad laboral solicitada. Ahora bien, con base a lo precedentemente desarrollado, se tiene por evidente que los derechos fundamentales que le asisten al ahora accionante y por sobre todo a la hija de éste, quien es una persona con discapacidad intelectual, fueron transgredidos por la entidad contratante (Ministerio de la Presidencia), quien dejando de lado la observancia estricta de la Ley 977 y su Reglamento, de manera arbitraria exigió al impetrante de tutela la presentación de un sinfín de documentos que acrediten su relación filial con su hija Norah Fernanda Dávalos Pizarro, desconociendo y restando validez al propio certificado de nacimiento, en el que se le consigna como padre de la prenombrada, siendo éste el único requisito junto al carnet de identidad y el carnet de discapacidad, los documentos necesarios para acreditar su parentesco y ser beneficiario de la inserción laboral obligatoria y por ende el respeto de su inamovilidad laboral en la entidad estatal, documentación que incuestionable y reiterativamente fue presentada por el peticionario de tutela desde agosto 2021, fecha en la que se encontraba cumpliendo funciones al interior del Ministerio de la Presidencia, empero, que no fue analizada y menos valorada por dicha Cartera de Estado, no obstante el deber al que se encuentra sometida por imperio de la Ley. En tal circunstancia, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se tiene por evidente que la estabilidad e inamovilidad laboral se fundan en los principios de igualdad, solidaridad y dignidad humana, por tanto, la persona con discapacidad, o en su defecto aquella que se encuentre a cargo de una o más personas con esa condición, tiene preferencia de contratación; estableciéndose claramente que dicha relación contractual no puede estar sujeta a un término de tiempo, salvo que se encuentre justificada por ley y previo debido proceso la desvinculación del beneficiario de la inamovilidad laboral. Consecuentemente, la estabilidad laboral de personas con discapacidad o de aquellas que tienen a una a su cargo, exige indiscutiblemente que sus funciones sean permanentes, continuas, a largo plazo y sin discriminación alguna, permitiéndosele acceder para sí y su entorno familiar a la seguridad económica necesaria que asegure su subsistencia, garantizándose con ello las condiciones indispensables y adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos de este grupo humano. Esta protección privilegiada del derecho laboral de las personas con discapacidad o de quienes se hallan a cargo de una, no solo pretende generar un marco de igualdad frente a los demás respecto al acceso a los beneficios laborales dispuestos por ley, sino y por sobre todo, busca materializar y garantizar el acceso eficiente, efectivo y preferente a los servicios médicos y educativos que les permitan acceder a los cuidados especiales que requieren; a fin de consagrar y consolidar la vigencia material de sus derechos fundamentales; por ello, en el caso concreto, al tratarse de una persona con discapacidad plena, aun siendo mayor de edad; por la gravedad de su discapacidad, es innegable la obligación del Estado de velar y proteger los derechos fundamentales de ésta por su sola condición de discapacidad, y su dependencia de por vida de una persona que le asista, debiendo en consecuencia protegerse el derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral del padre, ya que no es de desconocer, que la madre, pese a ser la persona de contacto consignada en el Carnet de Discapacidad de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, no cuenta con una fuente laboral que cubra para sí y su hija las necesidades básicas de subsistencia, siendo el padre de la prenombrada quien provee a la madre de todos los recursos necesarios para el cuidado de su hija, extremo que se encuentra expresamente señalado en su Declaración Voluntaria Notariada, que dicho sea de paso, no fue desconocido en momento alguno en la audiencia de esta acción tutelar. Por tanto, pretender justificar la desvinculación del accionante bajo el manto de lo referido en el Informe CONALPEDIS/U.A.J./INF/013/2021 de 19 de noviembre, que estableció que “…el servidor público motivo del presente informe no se encuentra a cargo de la persona con discapacidad que llegaría a ser su hija, puesto que no se cuenta con el certificado de matrimonio, además de mencionar en sus notas que tiene el estado civil de soltero, radica o tiene su residencia en la ciudad de La Paz estando radicando su hija en la ciudad de Santa Cruz, el carnet de discapacidad de su hija establece como persona de referencia a la madre, por lo que, se evidencia que la persona con discapacidad se encontraría con su madre (…) en Santa Cruz y no con su padre que se encuentra en la ciudad de La Paz, no teniéndose ninguna prueba de que se encuentre cumpliendo el servidor público con la asistencia familiar correspondiente en favor de su hija con discapacidad, por lo que el servidor público NO SE ENCUENTRA SUJETO A LA INAMOVILIDAD LABORAL PUESTO QUE NO ESTA A CARGO DE SU HIJA”, resulta un total desacierto, toda vez que, en el contexto normativo y jurisprudencial previamente referido, la ley de protección a la personas con discapacidad y resguardo laboral de aquellas que tienen a una bajo su dependencia, no establece como requisito en ninguna parte de su texto que se deba acreditar la relación matrimonial entre padres del discapacitado; tampoco estipula que la consignación del estado civil como soltero, constituye una causal inhabilitante para acceder a dicha tutela y menos aún, que debe probarse el cumplimiento de la asistencia familiar que presta el beneficiario en favor de su hija/o con discapacidad, por ser este último extremo materia a ser discutida en la vía familiar; además, que no puede exigirse al trabajador prestar sus servicios en el mismo lugar en el que se encuentra la persona a su cargo; menos aun cuando, como ocurre en el presente caso, existen razones laborales y /o médicas que obligan a la separación física del trabajador de su hija con discapacidad; consecuentemente, el informe analizado en el presente acápite, no resultar ser un documento idóneo que invalide el certificado de nacimiento de la hija del peticionario de tutela, en el que se consigna al accionante como su padre y que por ende es el que prima sobre toda otra cualquier prueba que pretenda desvirtuar el vínculo filial entre este y su hija con discapacidad, funda razón suficiente para reconocer el derecho a la inamovilidad laboral de éste, ya que es padre de una persona con discapacidad plena, conforme se tiene del Carnet de Discapacidad emitido por el propio CODEPEDIS. En tal sentido, y conforme a lo precedentemente señalado, en observancia de los principios de favorabilidad y justicia material, corresponde garantizar la inamovilidad del impetrante de tutela al encontrarse a cargo de su hija con discapacidad, que depende en su totalidad del cuidado y manutención que le provee su padre, entendiendo que si bien a éste último, no le es posible asistir personalmente en los cuidados a su hija, por tener su fuente laboral en otra ciudad, no es menos evidente que, el estar a cargo de una persona con esa condición, no solo implica estar presente en el cuidado físico, sino también representa la asistencia económica que el beneficiario otorgue a la persona con discapacidad, ya sea a través de su cuidadora o cuidador, tal es el caso de la madre de su hija, quien debe asistirle de manera continua en su cuidado, siendo el padre, quien cuenta con una fuente laboral, el que provee de los recursos económicos para otorgar y garantizar una vida digna no solo a su hija sino también a la madre, quien es la que se encuentra pendiente de las necesidades inmediatas que requiera aquella, situación que no puede ser cuestionada por la entidad demandada, por el solo hecho de que el padre no se encuentre radicando en la misma ciudad en la que se halle su hija con discapacidad, puesto que es razonable comprender que uno se encuentra sujeto al lugar donde le sea posible contar con una fuente laboral; más tratándose de un núcleo familiar en el que se tiene como integrante a una persona con discapacidad, siendo real la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la hija del accionante, quien por su condición no puede valerse por sí misma, por lo tanto, es deber del Estado, en todas sus instancias, protegerla y proporcionarle las más mínimas condiciones que le permitan desarrollarse; aspectos que no fueron debidamente compulsados por la entidad demandada. A ello se añade que la exigencia de demostración de vínculo matrimonial entre el impetrante de tutela y la madre de la persona con discapacidad a efectos de acreditar si al accionante le asiste o no la inamovilidad laboral, constituye un exabrupto inconcebible que esta jurisdicción no puede pasar por alto, toda vez que la decisión de formalización de una relación matrimonial entre dos personas, no puede ser exigida por el Estado y menos aún por sus instituciones como un requisito previo para el ejercicio del derecho al trabajo y aquellos que le son conexos; con mayor razón cuando se trata de grupos vulnerables exentos de cualquier exigencia; por ello, se insta a la autoridad demandada, reflexionar sobre la decisión asumida al respecto y asumir las medidas necesarias para que esta grave intromisión en la libertad de matrimonio, nunca vuelva a ser repetida. Consiguientemente, en resguardo principalmente en resguardo de los derechos de la hija del accionante y de este mismo, deberá restituirse al impetrante de tutela a su fuente laboral en las funciones que venía cumpliendo hasta el 22 de noviembre de 2021, debiendo ser su reincorporación de manera permanente e indefinida, a no ser que incurriera en causal justificada de desvinculación que operaría únicamente a través de un previo proceso y gozando de todos los derechos y beneficios sociales que la ley laboral reconoce; asimismo, corresponderá a la parte empleadora cancelar los sueldos devengados del peticionario de tutela en su calidad de padre de Norah Fernanda Dávalos Pizarro, que fue diagnosticada con discapacidad intelectual, desde el momento de su desvinculación hasta su efectiva restitución. Se aclara que la permanencia del accionante en su fuente laboral, no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, justificándose su retiro previo debido proceso, si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido en parte la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 156/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 162 a 169 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia; CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo la inmediata reincorporación del accionante Willy Dávalos Pizarro, al último cargo que venía desempeñando en el Ministerio de la Presidencia, de manera permanente e indefinida, con todos los derechos y beneficios sociales que la ley laboral le reconoce, debiendo la entidad empleadora proceder al pago de los sueldos devengados desde la fecha de su desvinculación hasta su efectiva restitución laboral.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0850_2023-S4.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1034a1d511798dea23c6c0611284ed09fb7afb1f8d8f811869aa365f5d5251f8
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